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Después de 16 años, histórica condena por tortura sexual contra militares en México

Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., saludamos la importante condena histórica por tortura sexual cometida por militares contra Valentina Rosendo Cantú, mujer indígena Me’phaa. 

 El 1° de junio del 2018, la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitió una sentencia condenatoria contra los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca, por los delitos de violación y de tortura, derivados de los hechos ocurridos en 2002 contra Valentina Rosendo Cantú. Esta sentencia emerge tras 16 años de lucha de Valentina para que su voz fuera escuchada y valorada en un tribunal civil.

En dicha resolución, el Juzgado impuso a los imputados una pena de 19 años, cinco meses y un día de prisión, condenándolos además al pago de la reparación del daño a favor de Valentina Rosendo Cantú. En la sentencia se tiene por probado que los militares cometieron tortura sexual contra Valentina, quien en ese entonces era menor de edad. Para ello, el Juzgado reconoce el testimonio de la víctima como elemento probatorio fundamental, y señala que los delitos de esta naturaleza ocurren sin que haya posibilidad de acceder a testigos.

La resolución también se refiere a la tortura sexual como un acto de discriminación agravada e interseccional. Al respecto, en la sentencia se toma en cuenta “la desigualdad estructural en la que se encontraba al ser indígena, lo que la hizo susceptible de abuso y violación a sus derechos, que sumada a la circunstancia de ser mujer menor edad, también evidenció una asimetría de poder, pues sus agresores fueron militares con los cargos de cabo y soldado de infantería, respectivamente, ante una particular mujer indígena y menor de edad, mostrando una clara ventaja en la preparación y la instrumentación al portar armas de fuego”.

“Los militares, al ostentarse como un grupo armado, actúan como si no hubiera leyes que los obliguen a respetar los derechos de las personas. Por el hecho de que Valentina, una menor de edad, se viera obligada a lavar su ropa en un arroyo, para los militares fue una oportunidad para mancillarla y causarle un grave daño que ha trastocado su proyecto de vida como mujer, como esposa y como madre. Se infligió un daño a su dignidad, a la honra familiar y a la misma comunidad porque los elementos castrenses usaron su fuerza para causar terror y romper el tejido comunitaria”, afirmó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

La investigación por los hechos se inició ante la justicia militar en México, en donde la denuncia interpuesta no prosperó. Por ello, luego de un largo proceso ante el sistema interamericano, el 31 de agosto del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia contra del Estado mexicano.

Este órgano ordenó a México 16 medidas de reparación, dentro de las cuales se señaló investigar los hechos en el fuero civil y proceder a identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables, para así garantizar el acceso a la justicia de Valentina Rosendo Cantú.

Gracias a esta y otras sentencias dictadas por la Corte IDH, en el 2014 México modificó parcialmente el Código de Justicia Militar, estableciéndose que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra personas civiles se investigarían en tribunales civiles. Pese al avance, la reforma sigue siendo insuficiente.

“Esta es la primera vez que México cumple con su obligación de investigar, juzgar y sancionar, a militares responsables de violaciones de derechos humanos a raíz de una sentencia del tribunal interamericano. Por ello, esta sentencia es un hito y una prueba de que la impunidad se puede romper a pesar de no existir voluntad, porque Valentina persistió, las organizaciones continuaron acompañándola y hubo una jueza independiente”, destacó Marcia Aguiluz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (CEJIL).

“Se me llena de emoción el corazón porque soy una mujer indígena que habla Me’phaa y ganó mi palabra, ganó la verdad, porque desde el principio el gobierno no me creyó y ahora triunfó mi búsqueda de justicia; siento que hay una esperanza. Por todo este camino que he pasado quiero agradecer a mis abogados y a todas las demás organizaciones que me han acompañado porque si ellos no me hubieran creído ni apoyado, no hubiera llegado hasta aquí”, expresó Valentina Rosendo Cantú acerca de la sentencia.

CEJIL, Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acompañaron a Valentina durante el proceso ante los órganos interamericanos. Para las organizaciones, este caso emblemático demuestra las graves consecuencias que genera la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana y debe ser una llamada más de atención para que el Estado cambie su política de seguridad pública.

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Valentina Rosendo Cantú: combate a la impunidad militar a partir de una sentencia internacional

Las organizaciones defensoras de derechos humanos de la Región Sur de la REDTDT hemos enviado una carta que transcribimos a continuación:

Causa penal: 62/2013. Ref: Caso Valentina Rosendo Cantú

Iliana Fabricia Contreras Perales

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero

Boulevard Vicente Guerrero no. 125 KM, 274 Fraccionamiento la Cortina Chilpancingo, Gro. CP. 39090. Teléfonos: (747) 4942500 ext.1036 conmutador y fax (747) 4942548

Correo electrónico: 7jdo21cto@correo.cjf.gob.mx

P R E S E N T E.-

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C., con domicilio en Privada de las Flores 16, colonia San Antón, Cuernavaca, Morelos, somos una organización que surgimos en 1989 para la defensa de los derechos humanos y en este caso de los derechos de las mujeres indígenas.

En ese sentido, nos dirigimos a usted con el debido respeto a fin de expresarle nuestro profundo interés respecto a la resolución que está próxima a emitir relativa a los hechos de violación y tortura sexual cometidas contra la Señora Valentina Rosendo Cantú, en el 2002, desahogados en la causa penal en referencia.

Desde ese año, la señora Rosendo Cantú buscó acceder a la justicia por vía de las instancias de procuración de justicia mexicana; no obstante, en aquel momento este derecho le fue obstaculizado por las instancias civiles locales, federales y militares. Además de ser revictimizantes y no garantizar su atención médica integral, las instancias nacionales consideraron que el fuero competente para conocer y juzgar los hechos era la justicia castrense, lo que impidió que la señora Rosendo Cantú pudiera acceder a la justicia en México y la llevó a dirigirse al máximo tribunal interamericano para ser escuchada.

Durante todo el proceso, la señora Rosendo Cantú y su familia fueron víctimas de amenazas, hostigamientos y agresiones que impactaron tanto a nivel personal como comunitario, obligándola a salir de su comunidad y desplazarse para el resguardo de ella y su hija.

En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia a favor de la señora Rosendo Cantú en agosto del 2010; en dicha resolución, quedó asentado que la señora Rosendo Cantú fue víctima de tortura sexual por parte de elementos de las fuerzas armadas en un contexto caracterizado por la pobreza, discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”[1].

Igualmente, el máximo tribunal regional determinó que se violaron sus derechos a una vida libre de violencia, a no ser torturada, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada, y al debido proceso y las garantías judiciales. Asimismo, determinó que México incumplió su obligación de adecuar el marco jurídico nacional a los parámetros derivados de los tratados internacionales.

El impacto de la perseverancia de Valentina Rosendo por acceder a la justicia es invaluable. La sentencia de la Corte IDH ha sentado precedentes respecto de la calificación de la violación sexual como tortura y ha desarrollado a detalle los estándares para juzgar con perspectiva de género y etnicidad; igualmente se han logrado reformas en materia de Amparo y Justicia Militar.

Sin embargo, como es de su información, Valentina ha esperado más de dieciséis años para acceder a la justicia. Los procesos penales que hoy enfrentan los dos imputados en la causa penal en referencia han sido impulsados por ella misma. Primero buscando que las investigaciones fueran remitidas al fuero ordinario y una vez que fueron consignados ante este Juzgado, participando activamente en el proceso; incluso teniendo que enfrentar un careo procesal frente a uno de los procesados, a más de doce años de los hechos y a pesar de todos los obstáculos y amenazas previamente enfrentados.

Hoy nos encontramos ante una oportunidad histórica. Este es el primer caso de tortura sexual cometida por elementos del Ejército, derivado de una sentencia internacional, a punto de resolverse en el fuero ordinario y bajo un encuadre de los delitos correctos.

En virtud de lo anterior, respetuosamente consideramos que ante su inminente resolución, se tiene la oportunidad de desarrollar los estándares emitidos por la propia Corte IDH sobre cómo juzgar casos similares con perspectiva de género y etnicidad, así como los desarrollados por la SCJN en el expediente Varios 1396/2011 estableciendo un precedente a nivel nacional. Más importante aún, se tiene la oportunidad de garantizar la protección y el acceso a la justicia a una mujer indígena que por más de una década ha sostenido dignamente su testimonio y su denuncia a pesar de los diversos obstáculos y amenazas para acceder a la justicia.

Por otro lado, la resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo Cantú, llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, así como su regulación en un nuevo marco normativo que ha sido criticado por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos.

Por lo anterior, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, respetuosos de la independencia judicial, consideramos que este H. Juzgado tiene la oportunidad de emitir una sentencia acorde a los estándares delimitados por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos de tortura sexual infligida a la señora Rosendo Cantú y que repare el daño que se le ha causado en dieciséis  años de búsqueda de justicia.

Conscientes de que su resolución reflejará su compromiso con la impartición de justicia en México y de sus compromisos internacionales, nos despedimos, no sin antes reiterarle nuestras más distinguidas consideraciones.

Atentamente.

Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Anexos:

[1] Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216 (de aquí en adelante Rosendo Cantú y otra Vs. México), párr. 71.  La presencia del Ejército cumpliendo labores policiales en el estado de Guerrero ha sido un tema controvertido en relación con los derechos y libertades individuales y comunitarias, y ha colocado a la población en una situación de gran vulnerabilidad, afectando a las mujeres de una manera particular. De acuerdo con la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero “[l]as mujeres indígenas siguen padeciendo las consecuencias de una estructura patriarcal ciega a la equidad de género, especialmente en instancias como fuerzas armadas o policiales, donde se les entrena para la defensa, el combate o el ataque a criminales, pero no se les sensibiliza en los derechos humanos de la comunidad y de las mujeres”. En este contexto, entre 1997 y 2004 se presentaron seis denuncias de violaciones sexuales a mujeres indígenas atribuidas a miembros del Ejército en el estado de Guerrero, las cuales fueron conocidas por la jurisdicción militar  sin que conste que en alguno de esos casos se hubiera sancionado a los responsables.

Mayo 2018

Valentina Rosendo Cantú es una mujer indígena Me’phaa, originaria de la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec, en la región de la Montaña en el estado de Guerrero. Valentina es sobreviviente de tortura sexual cometida por elementos del Ejército en el 2002. En agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra del Estado mexicano en la que señaló que había quedado plenamente probado que había sido víctima de graves violaciones de derechos humanos – incluida tortura sexual –  en un contexto marcado por la pobreza, discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”.[1]

No sobra mencionar, que Valentina Rosendo Cantú ha exigido justicia durante dieciséis años de la mano de Inés Fernández Ortega – mujer indígena Me’phaa sobreviviente de tortura sexual – cuyo caso ha sido igualmente resuelto por la Corte IDH y en el que, al igual que en el caso de Valentina, elementos del ejército enfrentan cargos en la jurisdicción ordinaria, la cual aún se encuentra en proceso de integración.

  1. Antecedentes

En el año 2002, Valentina residía en la Comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, Guerrero; tenía apenas 17 años y una hija de 3 meses de edad y no hablaba español. Valentina fue torturada sexualmente en febrero de 2002 por elementos del Ejército – en específico del 41 Batallón de Infantería en Guerrero – quienes llevaban detenido a una persona e interrogaron a Valentina respecto de nombres de personas de la comunidad. Tras ser agredida, Valentina inició un difícil camino, caracterizado por la negligencia, el encubrimiento y la discriminación por parte de las autoridades estatales y federales. En el ámbito de la justicia, a pesar de que denunció los hechos inmediatamente, las investigaciones fueron parciales y poco diligentes. De igual forma, se le negó atención efectiva a servicios integrales de salud, por parte de las instancias estatales en su condición de mujeres víctimas de violencia, lo que a la postre se tradujo en graves afectaciones para su salud física y emocional. Valentina tuvo que enfrentarse a la discriminación que las mujeres víctimas de violencia sexual experimentan, la cual se agravó por su identidad indígena y por ser menor de edad al momento  de denunciar: no contó con servicios de traducción y en todas las ocasiones en las que acudía para exigir justicia se enfrentaba a un proceso de revictimización en virtud de que era constantemente cuestionada por los hechos que describía. Aunado a ello, las autoridades civiles permitieron que las indagatorias abiertas fueran derivadas hacia el fuero militar, donde la falta de independencia e imparcialidad característica de las instancias que lo conforman propició que la impunidad prevaleciera, a pesar de que se impugnara infructuosamente esa decisión a través del juicio de amparo. Además, Valentina al atreverse a denunciar lo ocurrido tuvo significativas implicaciones, enfrentando estigmatización y amenazas derivada de hacer públicos los hechos y los riesgos por alzar la voz contra el Ejército.

  1. Proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y retorno de la competencia al fuero civil

Debido a la falta de avances en la investigación a nivel nacional y dado que ésta se estaba desahogando en un fuero que no era competente o independiente, Valentina decidió llevar su caso a instancias internacionales.[2]

La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó su sentencia en octubre de 2010 en la que determinó que se violaron los derechos en de Valentina Rosendo: a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; y al debido proceso y las garantías judiciales. Asimismo, determinó que México incumplió su obligación de adecuar el marco jurídico nacional a los parámetros derivados de los tratados internacionales.  Como consecuencia, la sentencias contiene 16 medidas de reparación del daño ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a los derechos humanos cometidas en su agravio, de carácter individual, familiar, colectivo, estructural y comunitario.

Desde la emisión de la sentencia la Corte IDH ha emitido 3 resoluciones dentro del proceso de supervisión de cumplimiento en el caso[3]. Los avances en el cumplimiento de algunas reparaciones ordenadas por el Tribunal, son principalmente resultado de la participación activa de Valentina Rosendo Cantú y sus representantes para impulsar el diálogo con el Estado mexicano; ejemplo de ello, son los procesos judiciales en el fuero ordinario contra dos elementos del ejército por los crímenes cometidos en contra la Señora Rosendo, hecho inédito en el país, sobre el que nos referimos a continuación.

III. El camino a la justicia en México a raíz de una sentencia internacional

En su sentencia, la Corte IDH resolvió[4] que el Estado debía conducir las investigaciones de manera eficaz para determinar dentro de un plazo razonable las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias previstas por la ley, respecto de las autoridades involucradas con las violaciones a derechos humanos sufridas por la señora Rosendo Cantú. De la misma forma, la Corte estableció que la investigación debía ser efectuada por la jurisdicción penal ordinaria competente, con la debida perspectiva de género y de diversidad cultural, así como con todas las condiciones de seguridad que posibiliten una amplia participación de las víctimas.

No obstante, el camino para acceder a la justicia en México no fue acucioso, sino que continuó recayendo en la fortaleza de Valentina. Por cerca de dos años después de la emisión de la sentencia, el caso continuó en el fuero militar, a pesar de las múltiples solicitudes formales de la Señora Cantú. Fue hasta el 12 de agosto de 2012, que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) notificó por escrito a Valentina Rosendo que las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometida en su contra por miembros del Ejército Mexicano en el año 2002, habían sido remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR). Después de esta notificación, Valentina y sus representantes colaboraron estrechamente con la PGR para que se consolidara las acusaciones en contra de los perpetradores, incluso teniendo que enfrentarse una vez más a una serie de peritajes y colaborar en inspecciones de la PGR.

Consecuentemente, en octubre de 2013, la PGR, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) consignó ante la Justicia Federal la averiguación previa PGR/FEVIMTRA-C/110/2011 iniciada por los delitos de tortura, violación y abuso de autoridad, cometidos en contra de Valentina Rosendo Cantú, solicitando las respectivas órdenes de aprehensión de dos personas  (un elemento del Ejército en activo y uno fuera del mismo). Tras la consignación y hasta la fecha la causa penal 62/2013 está radicada en el Juzgado Séptimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial, con sede en Chilpancingo, Guerrero.

Entre noviembre diciembre de 2013 los probables responsables fueron aprehendidos y sometidos a procesos. El primer imputado, responsable de los delitos cometidos contra Valentina Rosendo Cantú, fue detenido el 25 de noviembre de 2013 y se dictó auto de formal prisión en su contra el 28 de noviembre de 2013, dentro de la causa penal 62/2013, por lo que permanece recluido en un centro reclusión de Chilpancingo desde esas fechas, dado que ya no se encuentra en activo en el Ejército. Posteriormente, fue aprehendido un segundo imputado en dicha causa, quien por tener calidad de militar en activo fue recluido en la Prisión Militar 1-A, ubicada dentro del Campo Militar 1, ubicado en el Distrito Federal. Precisamente, por encontrarse en dicho recinto, el expediente fue enviado al Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal para que este órgano desahogara el término constitucional y determinara la situación jurídica del acusado. Fue así que el 29 de diciembre de 2013, se dictó auto de formal prisión también en contra de este segundo probable responsable.

Los imputados recurrieron el auto de formal prisión en su contra, a través de un recurso de apelación que se radicó en el toca penal 57/2014, resolviéndose el 10 de marzo de 2014, por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, en Chilpancingo, Guerrero, que confirmó el mismo. Inconformes, ambos procesados interpusieron un amparo indirecto en contra de la confirmación del auto de formal prisión el cual recayó en el Segundo Tribunal Unitario, en Acapulco, Guerrero en el expediente 17/2014.

En diciembre del 2014, el Tribunal Unitario negó el amparo solicitado, por lo que como último recurso contra el auto de formal prisión, los imputados interpusieron un recurso de revisión en contra de las sentencias de amparo el cual fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, radicando en el expediente 223/2014, confirmando la negativa de amparo, el 9 de julio de 2015, quedando con ello agotado el último recurso legal para impugnar el auto de formal prisión en su contra.

Al igual que durante la consolidación de las acusaciones ya durante el proceso judicial, Valentina tuvo que enfrentarse a nuevos procesos revictimizantes, a pesar de que siempre se buscó que Valentina tuviera condiciones de seguridad, dignas y no revictimizantes. Por ejemplo, en abril del 2014, se sostuvo un careo procesal frente a uno de los inculpados; Valentina con fortaleza, sostuvo su testimonio en la diligencia procesal; tal y como lo hizo frente a instancias internacionales.

El valor probatorio del testimonio de Valentina continúa siendo la pieza central del proceso, tal y como lo definió la Corte Interamericana en su sentencia. Así, una vez agotados todos los recursos, el 14 de febrero de 2018 se llevó a cabo la audiencia de vista, en la que la PGR presentó sus conclusiones acusatorias en contra de los dos procesados por los hechos cometidos en contra de Valentina Rosendo Cantú.

Hoy nos encontramos ante una oportunidad histórica. El primer caso de tortura sexual cometida por elementos del Ejército, derivado de una sentencia internacional, está a punto de resolverse en el fuero ordinario y bajo un encuadre de los delitos correctos. La Juez de primera instancia tiene la oportunidad de desarrollar los estándares emitidos por la propia Corte IDH sobre cómo juzgar estos casos con perspectiva de género y etnicidad, estableciendo un precedente a nivel nacional. No sobra mencionar que para Valentina Rosendo, los procesos penales contra los perpetradores son clave para su acceso a la justicia, por lo que no será hasta que se cuente con sentencias firmes que las reparaciones en materia de justicia se considerarán como cumplidas.

La eminente resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo Cantú, llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, así como su regulación en un nuevo marco normativo que ha sido criticado por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos.

Por todo lo anterior, a dieciséis años de los hechos y a ocho años de la emisión de las sentencias de la Corte IDH en los casos de Valentina Rosendo Cantú y de Inés Fernández Ortega, la próxima resolución tiene un significado que va más allá de la obligación estatal respecto el acceso a la justicia de Valentina, sino que marca un camino para que violaciones a derechos humanos tan graves como las que ella vivió, no vuelvan a ocurrir.

Para obtener más información, favor de escribir a:

internacional@tlachinollan.org

[1]. Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216 (de aquí en adelante Rosendo Cantú y otra Vs. México), párr. 71. La sentencia de la Corte IDH está disponible en: http://www.corteidh.or.cr

[2] La petición individual se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de noviembre de 2003. La Comisión rindió su informe de admisibilidad durante el 2006 y otorgó una audiencia de fondo en octubre de 2007. Después de emitir su informe de fondo, la Comisión decidió someter los casos al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el 2009.

[3] Las resoluciones de cumplimiento de fecha 25 de noviembre del 2010, 21 de noviembre de 2014 y 17 de abril del 2015, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden consultarse en: http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm

[4] Corte IDH- Resolutivo 10.

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La militarización no garantiza seguridad sino represión.

La militarización del país ha ido de la mano de la grave crisis de derechos humanos. En lugar de mantener a los militares en las calles, deben regresar a sus cuarteles. A nadie escapa que a diez años de la guerra contra el narcotráfico el país es hoy más violento que hace una década. Militarizar no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal.

Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, organizaciones de derechos humanos han llamado a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas, enfatizando que: “El diseño de una política de seguridad compatible con los derechos humanos es urgente y necesaria. Pero esto sólo ocurrirá mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década.”

Este importante conglomerado de ONGs de derechos humanos emitieron un comunicado donde señalan que una Ley de Seguridad Interior plantea un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos. Actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció. Por otro lado, la adopción de una Ley a partir de este concepto rector, incumpliría también con los tratados internacionales que México se ha obligado a respetar y garantizar. En ese sentido, vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos.

Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”.

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Seguridad Ciudadana, no policíaca ni militar.

En Morelos la violencia cotidiana ha llevado a sectores de la sociedad a priorizar la exigencia de seguridad por encima del respeto a los derechos humanos. Consideramos que es una dicotomía falsa. La utilización de la fuerza policiaca y militar no garantiza mayor seguridad, y sí representa una mayor violación de los derechos humanos. 

Por esa razón, ante los crímenes que se cometen en colonias populares y pueblos, se destruye el tejido social y eleva el grado de vulnerabilidad de los sectores más empobrecidos de la sociedad, quienes ahora también son víctimas de criminalización, y se les responsabiliza de su propia muerte, como si la violencia fuera consustancial a la pobreza. El uso desmedido de las fuerzas federales en contra de pueblos y comunidades, con retenes y operativos permanentes, no resuelve ni la violencia ni la impunidad, sino que tiende a elevar. De ahí que resulte necesario tener un diagnóstico claro de las causas de la violencia y tomar medidas para garantizar la vida, la seguridad y la justicia para el conjunto de la sociedad, y no solamente para un sector privilegiado económica, social y políticamente. Ninguna muerte violenta debe permanecer en la impunidad. Ninguna vida vale más que otra. La indignación no puede surgir como consecuencia de la discriminación, sino de la exigencia del respeto de derechos para todas y todos. 

La grave desigualdad social y la crisis de derechos humanos se debe precisamente a políticas enfocadas a defender privilegios. Pero la violencia criminal que se mantiene en la impunidad termina por afectar a todos los sectores tarde o temprano. Por eso es que se requiere una política de seguridad ciudadana con pleno respeto a los derechos humanos. No al ejército en labores de seguridad pública.

Nos oponemos a que siga la violencia criminal e institucional, mediante un cambio que permita construir una nueva convivencialidad, donde el respeto a los derechos humanos esté en el centro de las políticas públicas. El fracaso gubernamental del mando único requiere cambiar de estrategia, no de insistir en la misma visión autoritaria.

Mientras no haya una política de seguridad ciudadana seguiremos viendo como se utiliza a los cuerpos policiacos y militares para defender a las instituciones y los edificios públicos, mientras quienes cometen éstos crimenes siguen actuando a la luz pública sin sanción alguna.

En medio de esta violencia creciente el feminicidio se mantiene en los más altos niveles, por lo que no dejaremos de exigir pleno cumplimiento de todas las medidas de Alerta de Violencia de Género. Esta herramienta consideramos que es sin duda una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto ante esta violencia feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años.  Pues no olvidemos que la Violencia Feminicida proviene de un conjunto de conductas misóginas que perturban la paz social, por lo que exigimos se cumplan todas las medidas establecidas por el Grupo de Trabajo en su informe, así como las Acciones Mandatadas por la Alerta de Violencia de Género en Morelos. 

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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