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La militarización no garantiza seguridad sino represión.

La militarización del país ha ido de la mano de la grave crisis de derechos humanos. En lugar de mantener a los militares en las calles, deben regresar a sus cuarteles. A nadie escapa que a diez años de la guerra contra el narcotráfico el país es hoy más violento que hace una década. Militarizar no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal.

Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, organizaciones de derechos humanos han llamado a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas, enfatizando que: “El diseño de una política de seguridad compatible con los derechos humanos es urgente y necesaria. Pero esto sólo ocurrirá mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década.”

Este importante conglomerado de ONGs de derechos humanos emitieron un comunicado donde señalan que una Ley de Seguridad Interior plantea un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos. Actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció. Por otro lado, la adopción de una Ley a partir de este concepto rector, incumpliría también con los tratados internacionales que México se ha obligado a respetar y garantizar. En ese sentido, vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos.

Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”.

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Reprime Mando Unico a ejidatarios en Morelos. Uso excesivo de la fuerza contra Apatlaco

La policía de Mando Unico en Morelos reprimió a ejidatarios del pueblo de Apatlaco, Morelos, haciendo uso excesivo de la fuerza, golpeando brutalmente a campesinos, deteniendo a 14 de ellos, luego de criminalizar la legítima protesta que han venido realizando en contra de la construcción de un  Acueducto de 12 km con una capacidad de transporte de 580 l/s de agua, que aunado a una línea de torres de alta tensión de 20 km, y 400 kv, para el gasoducto que  se construye para alimentar a la central termoeléctrica de ciclo combinado ubicada en Huexca, Mpo. Yecapixtla, Morelos.  Exigimos la inmediata liberación de todos los detenidos, alto a la represión y la criminalización de la lucha social del pueblo de Apatlaco.

En un informe presentado ante instancias de la ONU que analizan el papel de las empresas trasnacionales y la violación a los derechos humanos en México, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra hizo un recuento que ubica el significado de lo que está atrás de ésta política represiva y neoliberal que lleva a cabo el gobierno del Estado de Morelos y del Gobierno Federal que ha venido imponiendo las obras  del Plan Integral Morelos.

Al conjunto de las 4 obras de infraestructura le denominaron El PIM se comenzó a instalar desde el año 2012 con el uso de la fuerza pública, estando en zona de riesgo del volcán Popocatépetl, y sin obedecer las observaciones técnicas de riesgo que le hiciera el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) e Instituto de Geofísica de la UNAM. Dicho proyecto es violatorio al Principio de Precaución, pues no se puede saber a ciencia exacta en que momento exista una erupción volcánica de magnitudes significativas, pero existe la suficiente certeza científica que existe un riesgo importante en las poblaciones que habitan las faldas del volcán, por lo que se le monitorea diariamente y existe un Plan de Contingencia que contempla diversas rutas de evacuación las cuales deben estar en buenas condiciones y libres de todo riesgo o bloqueo, sin embargo el Gasoducto Morelos atraviesa todas las rutas de evacuación del volcán Popocatépetl, imponiendo un mayor riesgo a las poblaciones innecesario, pues el proyecto se sustenta en la necesidad de generación eléctrica cuando existe un superávit de producción eléctrica en el país cercano al 40%, mientras que el porcentaje recomendable por la Cepal es del 17%. Del mismo modo la central de ciclo 264 CC Centro se encuentra en una zona de peligro catalogada por el mapa de riesgos como “Alto”, pues es una región denominada de Lahares, los cuales son flujos de lodo que avanzan a grandes velocidades y tienen un alto potencial destructivo, los lahares pueden ser generados por un evento volcánico significativo o a causa de deslaves por una lluvia torrencial. Dichas características y eventos de riesgo no fueron analizados en el Estudio de Riesgo de la Manifestación de Impacto Ambiental de la termoeléctrica. Además del riesgo que implica a la vida y seguridad de las poblaciones, la instalación del PIM tiene el objetivo de cambiar el uso de suelo de las diversas comunidades que atraviesa para convertirlo en uso industrial y urbano, siendo incompatible con los Planes de Ordenamiento Territorial de la Zona de Influencia del Volcán Popocatépetl, ya que estos establecen como restricciones no construir infraestructura de riesgo en la zona y/o que promueva la industrialización y crecimiento poblacional (IS3 Visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y DDHH Puntos desde Sociedad Civil 103 e IS13), debido a que ya está catalogada como zona de peligro y de valor ecológico para la región centro del país.

El PIM se ha impuesto por medio de la fuerza pública estatal y federal que es utilizada para desalojar a los pobladores de las comunidades indígenas que se oponen al proyecto y al mismo tiempo ha sido utilizado el ejército mexicano, en Puebla y Morelos, para resguardo de la maquinaria que va construyendo el ducto de gas. La forma de adquirir los derechos de vía para el proyecto ha sido mediante engaños, amenazas y cuando la gente no sede al paso del ducto, en muchos de los casos atravesaron por sus parcelas sin mediar contrato, autorización ni indemnización alguna, el problema de las irregularidades en la tenencia de la tierra en toda la zona, fue utilizada a ventaja por la CFE, empresa Bonatti, Enagas y Elecnor para instalar el ducto de manera arbitraria. Durante el proceso de construcción del PIM, han sido hostigadas judicialmente al menos 2 autoridades civiles y 3 agrarias en sus comunidades, encarcelando a una de ellas por 10 meses de nombre Enedina Rosas Vélez. Así también han sido hostigados defensores comunitarios y de derechos humanos, siendo encarcelado por el mismo periodo Juan Carlos Flores Solís. Ambos fueron encarcelados arbitrariamente por medio de delitos inventados por la CFE, empresa Bonatti y Gobierno del Estado de Puebla. Actualmente el proyecto encuentra un avance físico de obra significativo en sus 4 componentes (Termoeléctrica, gasoducto, acueducto y torres de alta tensión), sin embargo lleva un retraso de 4 años por problemas legales (dos amparos agrarios mantienen suspendida la obra del acueducto), técnicos y financieros, ya que la empresa encargada de la termoeléctrica, Abengoa S.A., se encuentra en un proceso de quiebra y renegociación de sus activos y pasivos por especular en la adquisición de concesiones y construcción de proyectos energéticos en todo el mundo.

El proyecto afecta directamente a más de 108 ejidos y comunidades, en su mayoría indígenas, las cuales no fueron consultadas, ni debidamente informadas previamente.

La CFE se encargó de coordinarse con la fuerza pública de cada estado, las empresas, el ejército mexicano y los gobiernos de los tres estados para realizar desalojos, protección de maquinaria con fuerzas castrenses, invasiones a predios, campañas de desprestigio, división en comunidades a través de generación de grupos de choque apoyados con programas sociales, etc.

Policía del Mando Único de Morelos.- quien desalojo el 23 de octubre de 2012 a la comunidad de Huexca, el 4 de diciembre de 2012 a la comunidad de Jantetelco, deteniendo arbitrariamente a 4 pobladores, el 19 de septiembre de 2013 deteniendo y torturando a Jaime Domínguez Pérez y el 13 de abril de 2014 atacando con armas de fuego y gas lacrimógeno a la comunidad de Amilcingo, deteniendo y torturando a 4 de sus pobladores.

Gobernación Federal. La actitud generalizada de las autoridades es manifestar la imposibilidad de hacer algo, dando largas al asunto y abandonando las mesas de diálogo cuando ya no hay tanta presión social y pública. En algunas ocasiones los diálogos derivaron en amenazas y formas de identificación de defensores de derechos humanos para su criminalización, como en el caso concreto de Juan Carlos Flores Solís en Morelos y Puebla, el primero Visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y DDHH Puntos desde Sociedad Civil 105 acusándolo en medios masivos de comunicación como agitador social y el segundo interponiendo denuncia penal contra él por encargarse de “asesorar campesinos contra proyectos de infraestructura, extorsionando al gobierno” Con el poder legislativo: Con los diputados y congreso de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y a nivel federal en las Cámaras de Diputados y Senadores se han emitido Puntos de Acuerdo para respetar los DDHH de las comunidades ante el PIM, diálogo y revisión de los procesos judiciales de las personas defensoras de derechos humanos detenidas, sin que haya obtenido de ello una respuesta positiva de las autoridades ejecutivas.

Existen también constantes hostigamientos y amenazas contra defensores comunitarios y de derechos humanos de Ayala, Cuautla, Huexca, Jantetelco, Amilcingo, todos de Morelos y Zacatepec, Puebla.

Todos estos antecedentes muestran que la política represiva del gobierno de Morelos, Puebla y Tlaxcala responden a una estrategia del gobierno federal de imponer el PIM mediante el uso excesivo de la fuerza pública, que eleva los costos sociales y la violación sistemática de los derechos humanos ante el afán desmedido de ganancias de las empresas trasnacionales.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, integrante de la REDTDT .

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Movilizaciones en Morelos contra violencia e inseguridad

Al cumplirse 16 meses de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, se llevará a cabo una marcha del Calvario al Zócalo de Cuernavaca a partir de las 4:30 de la tarde, convocada por sindicatos y organizaciones de derechos humanos.

La población en el Estado de Morelos está viviendo en medio de una grave crisis de inseguridad y violencia que pone al desnudo la vinculación entre las instituciones del Estado y la industria criminal que lleva a su extremo la descomposición capitalista en el aspecto fenoménico de la barbarie, con la agudización de la desigualdad social y la privación de derechos humanos de la mayoría, mientras crece el fortalecimiento del aparato represivo del Estado para impedir que las protestas sociales se transformen en luchas anticapitalistas, antineoliberales y por derechos humanos plenos para todas y todos.

Los niveles de violencia criminal e institucional se han mantenido en una espiral creciente. Las causas son estructurales y propias del sistema capitalista en crisis que, sin embargo, tratan de ocultar para utilizar políticamente pero no para resolver realmente. La violencia institucional diseñada para impedir que la protesta social crezca, se extiende como un cáncer que va infestando todo el cuerpo social y termina afectando gravemente la vida y la libertad de la mayoría de la sociedad.

No es mera coincidencia que los niveles de criminalidad hayan crecido a la par de las políticas neoliberales. El Estado se transforma acorde con las necesidades económicas y políticas de los grupos de poder capitalistas hegemónicos o dominantes a escala planetaria. Abandona las políticas de bienestar social y fortalece el aparato represivo policiaco y militar. La militarización de la seguridad pública es consecuencia de los afanes de elevar los niveles de ganancia de las industrias criminales. Los circuitos financieros donde se lava el dinero proveniente de toda clase de negocios ilícitos, se aceitan con la sangre del pueblo que padece los estragos de una guerra, oculta primero, y luego abierta. La producción, trasiego y consumo de drogas y toda clase de estupefacientes, crece al amparo de ésta supuesta guerra, donde en lugar de disminuir el narcotráfico se instala en prácticamente todo el cuerpo social. El involucramiento de policías y militares con la delincuencia no es meramente circunstancial. Es producto de los altos intereses económicos en juego. No hay delincuencia organizada sin complicidad y anuencia del Estado. La impunidad es generalizada porque las estructuras de poder están imbricadas con la corrupción y sus efectos corrosivos.

Actualmente el gobierno perredista de Morelos está embarcado en justificar su estrategia policiaca y militarista de fortalecimiento del Mando Único, sin modificar un ápice las políticas dominantes que criminalizan a los jóvenes y a los consumidores de estupefacientes, lanzando todo el poder de fuego contra supuestos o reales integrantes de bandas de crimen organizado que hoy son identificados de una manera y mañana crecen y se multiplican porque se mantiene la impunidad y el motivo principal de su surgimiento, que es la obtención de la mayor ganancia en el menor tiempo posible, divisa del capital neoliberal y mafioso. Todas estas denominaciones no alcanzan a identificar plenamente la enorme descomposición institucional en aras de mantener el poder en unas cuantas manos.

Vivimos en un estado de guerra donde el pueblo sufre las consecuencias. Es una expresión de la barbarie. Descomposición del tejido social que implica romper las relaciones de solidaridad por el sálvese quien pueda del individualismo egoísta.

La lucha por los derechos humanos forma parte sustancial de la lucha por una sociedad socialista, con justicia social, sin clases que opriman y exploten unas a otras y sin discriminación ni violencia. Derechos y libertades democráticas que han sido producto de las luchas históricas de los pueblos y no concesión gratuita de las clases dominantes. Derechos que son violados sistemáticamente bajo el capitalismo. Derechos que son irrenunciables desde ahora y que son imprescindibles para la vida, la libertad, la dignidad. La lucha por hacer vigentes los derechos humanos forma parte de la lucha de la izquierda socialista en nuestro país. Desde los años 70s la formación de los comités contra la represión, por la libertad de las y los presos políticos, por la presentación de los desaparecidos, ha sido impulsada por familiares como las doñas del Comité Eureka y apoyadas por el PRT y múltiples organizaciones políticas de izquierda, sociales y sindicales. Un amplio movimiento independiente, no gubernamental, de organizaciones de derechos humanos, se fortaleció sobre todo durante los años 80s a la fecha. Una cultura de respeto a los derechos humanos ha permeado en amplias capas sociales que resienten las consecuencias de la ofensiva privatizadora, represiva y neoliberal del capitalismo dominante.

El gobierno de Graco Ramírez en Morelos se asume como el promotor principal de la estrategia de centralización de la policía con un Mando Único, bajo una perspectiva militarista y autoritaria, represiva, que no garantiza seguridad humana y ciudadana. La impunidad generalizada no puede ser eliminada mediante el uso de la fuerza letal, sino con la aplicación de la justicia que éstos gobiernos son incapaces de garantizar por la corrupción generalizada en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.

Desnudar las violencias y los beneficiarios del sistema es luchar por el respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos. Recuperar la capacidad humana de indignarse frente a cualquier dolor que sufren las víctimas a manos de criminales y perpetradores. Exigir justicia y verdad frente al Estado no significa confiar en las instituciones, sino en la capacidad de organización autónoma para conseguirlo.

Por eso es necesario sacar las lecciones de enormes movimientos que han impactado socialmente en nuestro país, para no olvidar que si es el Estado el responsable, por acción u omisión, de éstos crímenes, se requiere una estrategia de lucha unitaria que coloque en el centro una perspectiva de derechos humanos sin concesión alguna a quienes usan y abusan del poder. Nuestro compromiso en esta lucha lo debemos asumir cotidianamente en donde quiera que nos encontremos. Fortalezcamos las movilizaciones nacionales e internacionales por los 43 de Ayotzinapa y por la Alerta de Violencia de Género en todo el país. Esta será una forma de respaldo a la lucha en Morelos por lograr que haya seguridad humana y ciudadana sin militarización ni mando único, con pleno respeto a los derechos humanos.

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MANDO UNICO POLICIAL Y MILITARIZACION NO RESUELVEN INSEGURIDAD

Seguridad Ciudadana y no estado policíaco

El combate al crimen en el contexto del Estado neoliberal

José Martínez Cruz, Juliana G. Quintanilla, Paloma Estrada Muñoz y Marco Aurelio palma Apodaca (*Integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos)

El asesinato de Gisela Mota, Presidenta Municipal de Temixco, Morelos, México, muestra el alto grado de descomposición política y social que provoca una creciente inseguridad y violencia que destruye el tejido social y afecta gravemente la vida, la libertad y la seguridad de las personas en la entidad, ya que forma parte de los cientos de crímenes que se padecen cotidianamente y que se mantienen en la impunidad la inmensa mayoría de los mismos, sobre todo en la zona conurbada de Cuernavaca y los Municipios colindantes, incluido Temixco (uno de los 8 municipios donde se decretó en agosto de 2015 la Alerta de Violencia de Género debido al feminicidio creciente). Los crímenes ocurren en forma cada vez más despiadada sin que se logre detener esta escalada de violencia que viene incrementándose desde hace ya varios años atrás, derivado de las políticas impuestas por gobiernos de distinto signo partidario e iguales resultados, ya que son gestores de la injusticia y desigualdad social y promotores de combatir la violencia con la violencia misma.

En Temixco existe alta violencia feminicida, ahí asesinaron a Gisela Mota. Violencia feminicida que priva de la vida violentamente a una mujer a quien se le trata con odio machista, muestra la grave situación que se vive en Morelos.  Cientos de muertes violentas en la entidad muestran las consecuencias de la descomposición social y política que llega a altos niveles. Siempre estaremos por la justicia y verdad, en cualquier caso de feminicidio. Por eso exigimos una investigación a fondo y castigo a los verdaderos culpables.

No podemos permanecer indiferentes ante el dolor. Ahí mismo en las colonias de Temixco hemos conocido muchos otros casos donde se priva de la vida a mujeres y a jóvenes casi de manera cotidiana en calles obscuras se arrojan los cuerpos, ante la certeza de que habrá impunidad en la inmensa mayoría de los casos, como se ha demostrado en las estadísticas oficiales que dan cuenta de hasta un 95% de impunidad.

Pero la inseguridad no se genera de manera espontánea. Existen causas profundas e inmediatas. Enormes fortunas amasadas por los dueños del poder que construyen sus mansiones sobre el despojo y la explotación de los pueblos. Violencia primera que proviene del abuso de poder, del negocio ilícito que transforman en legal, de un sistema que todo lo pervierte en aras del poder del dinero. Y en ese panorama, los gobiernos en sus distintos niveles, únicamente se desempeñan como las juntas de administración de los verdaderos dueños del capital, abandonando las políticas públicas para garantizar derechos de la sociedad, priorizando el uso desmedido de la fuerza pública, trátese de policía municipal corrupta o de Mando Único que busca recuperar el monopolio de la fuerza en manos de un Estado donde las fronteras entre lo legal y lo ilegal se ha perdido hace mucho tiempo, por lo que el uso recurrente a las fuerzas armadas, incluyendo patrullajes y retenes del Ejército e inclusive la Marina, son presentadas como la salvación desde hace décadas, en una lógica estratégica de Militarización de la Seguridad Pública que no resuelve la inseguridad y sólo dispara las violaciones a los Derechos Humanos y la espiral de violencia criminal-institucional, con enormes pérdidas en vidas humanas.

Por eso, desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos demandamos modificar la estrategia de Militarización y Estado Policíaco, es fundamental para garantizar la seguridad ciudadana y combatir la impunidad. Sin embargo, es claro que ésta no vendrá de ninguno de los actuales gobiernos, Municipal ni Estatal o Federal, porque todos responden a la securitización del Estado, que prioriza el aparato represivo en aras de una seguridad que se coloca por encima de cualquier otro derecho, diseñado mundialmente a partir de la criminalización de la protesta y para mantener sometido al pueblo para impedir que defienda sus derechos que están siendo pisoteados  desde arriba.

Una verdadera seguridad humana-ciudadana significaría priorizar los derechos de la mayoría de la población frente a los intereses económicos y políticos de una minoría privilegiada, donde no solo se impongan las decisiones tomadas desde el poder, sino que se consulte y se actúe acorde a las decisiones tomadas por la mayoría a través de mecanismos de democracia participativa.

No es con el fortalecimiento de las instituciones policíacas y militares como se garantizará la tranquilidad de la población, sino con mayor participación ciudadana, no con el miedo de por medio, sino con la consciencia de la acción colectiva y solidaria, fraterna y humana, que nos permitirá no permanecer indiferentes ante el dolor de tanta gente.

Ante esta grave inseguridad y violencia impune en Morelos, exigimos justicia y alto a los asesinatos en todo el estado de Morelos.

Duele tanta muerte diaria. No podemos permanecer indiferentes. El debate sobre la estrategia de seguridad no puede ser obviado, si bien el Mando Único policíaco se aprobó en Morelos. ¿Acaso se puede combatir ilegalidad con ilegalidad? La seguridad no surge de más armas en las calles, sino de prevención y medidas integrales, de combate a la impunidad y a la complicidad. Superar la crisis institucional es fundamental para una verdadera seguridad ciudadana. Cuando se prefiere perder libertades a cambio de seguridad se avanza peligrosamente en el terreno del autoritarismo y la antidemocracia. Si no se identifican las causas del crecimiento de la criminalidad y la violencia, se imponen medidas que terminan incrementándolas. Cuando se pretende ocultar la raíz del problema, termina aflorando con mayor fuerza.  En Morelos nos enfrentamos a un grave problema de inseguridad, de violencia criminal e institucional, de impunidad, de silencios cómplices y omisiones gubernamentales que ocultan el hecho de que son los poderosos grupos económicos  quienes son beneficiarios del poder aunque no lo ejerzan directamente sino por medio de sus representantes en los tres partidos del pacto por México. La clase trabajadora sufre la peor violencia desde hace décadas y los patrones no se inmutan: la violencia económica, social y política, las causas de la violencia criminal hay que buscarlas en la injusticia social y económica que beneficia a los dueños del poder y del dinero. ¿Qué violencia mayor que la que nos priva cotidianamente de una vida digna? Es el sistema capitalista violento y destructor de las mejores relaciones humanas, ya que prioriza la ganancia y la competencia antes que la solidaridad y la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. Las y los jóvenes en Morelos no tienen garantía de acceso a una educación y a un empleo que les permita vivir dignamente. Según cifras del INEGI, existen 35 mil desempleados en el Estado, principalmente en edades de 18 a 35 años. Por lo que se ocupa el lugar 24, ya que Morelos tiene una tasa de desempleo del 6.49% que representa un total de 183,235 personas. Jornadas de trabajo tan largas como cien años atrás y salarios de hambre que muestran cómo crece la esclavitud asalariada moderna. Carencia de prestaciones sociales como vacaciones, días de descanso, seguridad social, jubilaciones. En cambio, becas-salario menores a un salario mínimo que no alcanza ni para los transportes. Casi 40 mil solicitaron entrar a la Universidad y solo hubo 7 mil espacios. El resto, a buscar empleos mal pagados. El desempleo galopante. La miseria creciente. La violencia cada día peor. Casi 70% de las victimas carecía de educación más allá de la primaria o secundaria. Jóvenes que no tienen opción y son víctimas del sistema, ya sea que se incorporen a la delincuencia o sean discriminados por su forma de vestir o ahora inclusive de viajar en motocicleta. La fotografía de los homicidios de jóvenes y adolescentes en México muestra que el mayor número de los asesinatos violentos ocurren entre la población de 20 a 24 años, la mitad mueren por arma de fuego, y el número de feminicidios respecto a los hombres es mayor que en otros países de Latinoamérica. México es el País que tiene un mayor índice de feminicidios, del total de los homicidios de jóvenes el 12.3 por ciento corresponden al sexo femenino, por encima del 8.9 por ciento de Argentina, 8.7 por ciento de Guatemala, 7.6 por ciento de Colombia y 6.8 por ciento de Brasil.  Factores de riesgos individuales, familiares, escolares y comunitarios son la falta de proyecto de vida, desempleo, exclusión social y discriminación, violencia institucional del Estado, entre otros problemas estructurales del capitalismo actual. El número de policías crece exponencialmente casi a la par de la inseguridad y la violencia. El uso desmedido de la fuerza es propio de gobiernos autoritarios y antidemocráticos que ven cuestionada su legitimidad ante los pueblos. Lejos de garantizar derechos, el uso sistemático de las fuerzas represivas los va eliminando progresivamente. Un orden social impuesto mediante el uso exclusivo de la fuerza deviene en un régimen contrario a un estado de derechos humanos para la población. Nos envían  mensajes cotidianos de que solo se impone la ley del más fuerte, del que posee los medios de producción, del que aumenta estratosféricamente sus ganancias mientras se anuncian nuevos efectos apocalípticos por una crisis capitalista que sólo termina afectando a la mayoría de la población. Aumentan las muertes violentas de jóvenes y crece el feminicidio. El clima de temor se generaliza, no solo ante la violencia delincuencial, sino ante la presencia de quien usa las armas para imponer su autoridad por encima de cualquier derecho. Las medidas de fuerza se imponen ante la ausencia de políticas integrales de respeto a los derechos humanos, porque hay simulación, complicidad, intolerancia y una impunidad a todas luces. Es claro que los tres niveles de gobierno son responsables de esta grave situación. Las armas de las policías se usan más contra el pueblo que contra los delincuentes. El poder económico de la delincuencia sigue intacto porque así conviene al capital. Las políticas autoritarias y represivas que toman los gobiernos de Peña Nieto, Graco Ramírez y Morales Barud o actualmente Cuauhtemoc Blanco, es la misma política con actores distintos y una sola lógica represiva, violatoria de los derechos humanos. Salir a las calles a exigir seguridad es un derecho que nadie debe coartar. Llamamos al pueblo a levantar las banderas de la lucha por las libertades ciudadanas y los derechos a una vida libre de violencia para todas y todos mediante la participación organizada y consciente, organizándonos de manera autónoma e independiente. La ciudadanía requiere de una verdadera seguridad ciudadana, sin militarización de la seguridad pública.

 

En Morelos la estrategia policiaca militar centrada en el Mando Único Policial además de que trastoca al Municipio Libre, es regresiva, pragmática y reactiva; responde a la lógica de la Economía del Mercado más que de un Estado garante de las libertades y del desarrollo económico, social y comunitario. No va al fondo de la inseguridad, conflicto que se agudizó en el mundo a raíz de la instauración del modelo neoliberal en la década de los 80’, terminando así con el “Estado Garante o Estado Benefactor”, instaurado en 1948 con la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por todos los países miembros de la ONU, México incluido.  Este cambio conlleva el retiro gradual del Estado de sus responsabilidades para satisfacer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (principios plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales), dejando éstos a merced de un mercado lucrativo, sobre todo en las naciones pobres como la nuestra. Las reservas del Banco de México, por consigna del Banco Mundial, se encuentran en garantía para asegurar la estabilidad cambiaria, en lugar de invertirlas para estimular el progreso social. Mientras, derechos sociales como la educación, la salud, la vivienda, la recreación y cultura, la seguridad social y los servicios públicos (transporte, obra pública, basura, energía eléctrica, seguridad pública, etc.), sufren un gradual proceso de privatización, por tanto de retroceso, en tanto que avanza la pauperización de los trabajadores y de sus familiares, sobre cuyas espaldas recae el costo de la crisis.

Respecto al Derecho a la Educación, México se encuentra en el último lugar en el nivel educativo, en el último lugar en gasto por alumno y en último lugar en inversión en ciencia y tecnología entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE. Este nivel repercute en la mala calidad de la enseñanza, en la falta de oportunidades para que los jóvenes accedan a estudios superiores y en el atraso tecnológico del país. Los niños y jóvenes desertan de la educación básica insertándose en la economía informal, en los puestos de trabajo de más baja calidad y/o en las pandillas. Los egresados de las universidades y de estudios técnicos medios son utilizados como mano de obra barata. Todo ello, de acuerdo a las necesidades del aparato productivo (maquiladoras, comercio y servicios privados), inversiones nacionales y extranjeras alentadas por los gobiernos que no requieren de mano de obra calificada.

Esta situación ha sido aprovechada no sólo por los inversionistas, sino también por la delincuencia organizada al encontrar en las comunidades en descomposición, en las colonias y barrios pobres, en la violencia familiar, en los jóvenes sin oportunidades de estudio y de trabajo seguro con ingreso digno. Ante este panorama, el narco ha penetrado las comunidades rurales y urbanas porque ofrece trabajo e ingreso, por supuesto ilegales, que el Estado es incapaz de generar. A pesar de los decomisos históricos de droga y del abatimiento y aseguramiento de grandes capos, las cifras de crímenes violentos y desaparecidos crecen escandalosamente. Por otra parte, hay que entender que la producción y tráfico de los narcóticos responde a las leyes del mercado, a la oferta y la demanda, tanto en los Estados Unidos como en México y otros países. De ahí que los gobiernos hablen ahora de “administrar” los asuntos de la droga (al igual que la inmigración indocumentada), cuya producción, consumo y tráfico, por ahora, son imposibles de frenar. Por ello, el Estado no puede acabar con una delincuencia organizada que actúa haciéndose de una base social, que rompe la unidad e identidad comunitaria y familiar, que promueve la cultura de la violencia, corrompe a las policías y a otras autoridades, abona a la pérdida de los valores y principios democráticos y trastoca la identidad cultural. Pero la delincuencia organizada no actúa sola, ha penetrado también la estructura del poder político, económico y financiero, promoviendo la complicidad y la simulación, que por supuesto no se combaten con militares y con iniciativas como el Mando Único Policial, medidas que aparecen como un distractor de gobiernos necesitados de legitimación. La centralización no es un antídoto contra la corrupción policial, que no es la más letal y lucrativa aunque sí la más visible. La centralización operativa y administrativa del mando policial puede provocar a su vez la centralización de la corrupción. El pasar de un régimen policiaco municipal a uno estatal no cambia esencialmente las cosas, porque la corrupción y la impunidad son un cáncer en el sistema político mexicano, siendo más graves en los altos niveles de gobierno y en los grandes negocios, incluso los del tipo “concesiones”, “licitaciones” y “subrogaciones”.

Por otra parte, los gobiernos no promueven ni construyen ciudadanía democrática y participativa, que tiene su base en el ámbito comunitario-municipal. Las garantías y la dignidad de las personas se someten al interés central del Estado, en este caso, al combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico. Entonces, estamos hablando de que las razones del Estado se imponen a las razones del Derecho. El Mando Único aborda la reestructuración policíaca desde la perspectiva del combate a la delincuencia organizada, no de la Seguridad Pública como un Derecho Humano, o mejor aún, de la Seguridad Ciudadana. Al contrario, evade el tema de los Derechos Humanos, incluidos los derechos de los policías. En lugar de ello, debería promover la democratización de las policías, proceso que necesariamente tendrá que pasar por la desmilitarización de la Seguridad Pública; comenzar por el Servicio Civil de Carrera en las policías preventivas e investigadoras, para que las plazas de base, mandos y jefes policiales, sean sometidas a Concurso en base a Convocatoria Pública, calificando y certificando por un órgano autónomo y ciudadano, de alta valía moral, la trayectoria, experiencia, formación, honorabilidad y respeto a los derechos humanos mostrados por los postulantes durante su carrera policial.  Existen comités ciudadanos y rondas comunitarias, procesos de autoorganización en pueblos y colonias que pueden ser fundamentales para una verdadera seguridad ciudadana. En cambio, prevalecen estructuras poco efectivas como los “Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública”, municipales y estatales, con un perfil empresarial, que muchas veces son utilizados para legitimar las acciones del gobierno en turno. En realidad el objetivo es hacerse de más poder mediante una fuerza policial única bajo su mando, que amplíe su control económico, político, social y hasta electoral, aunque para ello haya que reformar otra vez la Carta Magna.  Estos postulados son una invitación a politizar la seguridad pública, no sólo de los gobernadores sometiendo a la autoridad municipal, sino también del presidente sometiendo a los gobernadores, y todo ello aprobado por el Congreso de la Unión.

El Estado mexicano aplica la teoría del Derecho Penal del Enemigo para identificar a los enemigos de la nación. En esta visión, es obvio que la delincuencia organizada ocupa el primer lugar. Y tal parece que quienes siguen en esta clasificación son los policías, colocando en una visión maniquea a las corporaciones municipales como eje de la corrupción.  Por lo general, los policías son mal seleccionados, mal capacitados, mal supervisados y mal pagados. Sucumben a la corrupción por los bajos salarios que perciben, pero también por el bajo nivel educativo y cultural que tienen, por la falta de valores y principios democráticos y de solidaridad, por las injusticias que los mandos cometen contra ellos, por las violaciones a sus derechos y porque son sometidos a múltiples presiones diarias (de los mandos, las autoridades judiciales, las Sindicaturas municipales, las comunidades, los medios de comunicación y la opinión pública).  El estar en contacto cotidiano con el conflicto social (adictos, pandillerismo, robos, crímenes, violencia familiar, accidentes, hechos de sangre, etc.) debilita las defensas psicológicas de los policías y sus mecanismos de autocontrol, de resistencia a la frustración y a la agresión y su sensibilidad social. La mayoría de los jefes policiacos omiten atender esta problemática. Difícilmente un mando militar lo entendería y resolvería porque su perfil y formación profesional van en otra dirección. Esto hace que se rompa la confianza, la credibilidad y el respeto mutuo entre el policía, sus directivos, sus mandos, la sociedad, las comunidades y el gobierno. ¿En estas condiciones quieren pasarlos al ámbito estatal y bajo un mando militar, sin resolver antes estos graves rezagos? ¿Desnaturalizar su función y desarraigarlos de sus comunidades, más de lo que ya está? Si todo esto se superara y se apoyara a los municipios más pobres, entonces ¿para qué enviar a las policías municipales al fuero estatal?  De hecho, el gobierno federal mexicano intenta seguir el modelo colombiano de policía única. La cadena de mando de la Policía Nacional de Colombia parte del Presidente de la República, enseguida el Ministerio de Defensa Nacional, luego la Dirección General de Policía Nacional, los gobernadores y al final los alcaldes. Sin embargo, la realidad política, social, económica, cultural e incluso criminal de Colombia, es muy diferente a la de México como para seguir ese modelo. Todo ello a pesar de la intervención norteamericana mediante el Plan Colombia, apoyado en la “Iniciativa Andina Contra las Drogas” y el “Financiamiento para Fuerzas Militares Extranjeras” del Departamento de la Defensa, que desde 1999 ha suministrado a Colombia pertrechos militares, inteligencia militar, alta tecnología, contratistas militares y tropas (el Congreso ha fijado un tope de hasta 1,400) mediante siete bases militares; todo ello con recursos de los contribuyentes norteamericanos. En estricto sentido, dada la composición pluriétnicay pluricultural de la nación mexicana y de sus regiones, no deberían existir policías estatales ni policía federal. La prevención de los delitos, no así los asuntos de Seguridad Nacional y Seguridad Interior, debe seguir siendo una función exclusiva de la autoridad municipal, con policías de proximidad, comunitaria, no reactivas, como hoy. Por otra parte, las policías estatales y federales incurren más que las municipales en violaciones a los derechos humanos. En los hechos actúan con una especia de “fuero” especial que les da mayor estatus, como si fuera una “carta de impunidad”, y no faltan los jefes policíacos municipales que se quejen de la soberbia y prepotencia de aquellos, así como de las fuerzas armadas que actúan por cuenta propia. Cuando agentes estatales o federales violan derechos de ciudadanos o presuntos delincuentes, se ha observado una tendencia de sus superiores a protegerlos de las denuncias que se presentan en su contra, lo que fomenta la impunidad. Incluso, el Ministerio Público se abstiene de tomar de oficio la queja, a pesar de que el acto ilegal haya sido profusamente difundido en los medios.  A nivel municipal, son las Sindicaturas las que vigilan y sancionan la actuación de los policías municipales. Sindicatura Municipal es una institución del Estado cuyo titular es electo mediante el sufragio popular. En cambio, las policías estatales y federal son reguladas por las áreas de Honor y Justicia y de Asuntos Internos de sus corporaciones o dependencias, que actúan bajo la más absoluta discrecionalidad, omisiones que corren el riesgo de reproducirse bajo el modelo de Mando Único que propone el ejecutivo federal.

Seguridad Pública o Derechos Humanos

El gobierno coloca a la población en la falsa disyuntiva de escoger entre Seguridad Pública o Derechos Humanos, ahondando en el desconocimiento y la confusión popular sobre la labor de los defensores.  Esta tendencia explota los sentimientos de la población, alentando las iniciativas orientadas a promover el endurecimiento de las penas, la cadena perpetua, la pena de muerte y, ahora, elMando Único Policial, medidas que encuentran eco entre una población desinformada, temerosa y ávida de venganza antes que de justicia. La falta de una Cultura de los Derechos Humanos y el incremento de la violencia criminal, permiten la impunidad en las violaciones a los derechos y libertades de los presuntos delincuentes, creándose la percepción popular de que todo es válido, incluso los abusos de autoridad, para hacer cumplir la ley.  “Los buenos”, que por supuesto son las autoridades y las fuerzas armadas, y “los malos”, que son los criminales, los narcos y los policías corruptos (todos los policías, en el imaginario popular), merecen un castigo ejemplar, generalizándose la criminalización hacia los jóvenes, los migrantes, los adictos y los pobres.  Es ahí donde toma vigencia el gastado discurso de que “derechos humanos defiende delincuentes”, que permea entre muchos sectores de la sociedad, ahondando los sentimientos de venganza y de odio antes que los valores y sentimientos de solidaridad, de justicia y de paz. En el fondo lo que se busca es legitimar el exceso y el abuso de la fuerza para incrementar las estadísticas de detenidos, incluso exhibiéndolos cuando a veces ni siquiera se ha iniciado la integración de la averiguación previa, lo que es una flagrante violación al derecho a la presunción de inocencia que ampara el orden jurídico mexicano, y un abuso de la medida cautelar como medida excepcional, cuando la libertad es la regla general.[1]

Así, el Estado evade su responsabilidad de detener, procesar y juzgar a las personas por lo que hicieron, no por lo que son o se presume que sean. Cuando un delincuente, narcotraficante, criminal o simple infractor cae bajo la responsabilidad de los agentes del Estado, éstos se deben “humanizar”, tomar conciencia de que es un ser humano quien está bajo su custodia. Ello es el fundamento de los derechos al Debido Proceso y a la Presunción de la Inocencia, principios que contradictoriamente se promueven por el Estado bajo los fundamentos de la Cultura de la Legalidad.  Hay gobernantes que imponen sus políticas punitivas y de fuerza, una gradual y peligrosa militarización de la vida civil y avanzan en la suspensión de las garantías con apoyo popular, basados en la desinformación de los ciudadanos y en el manejo de una política mediática de miedo como mecanismo de control social.  En un país que se precie de ser democrático, los organismos públicos y privados de Derechos Humanos aparecen como mecanismos de rendición de cuentas y de equilibrios del poder, y que pueden ser un auxiliar efectivo para los gobernantes.

La Seguridad Ciudadana como alternativa

 

El Mando Único Policial plantea un reforzamiento de la capacidad represora del Estado bajo el principio de que “la violencia es monopolio del Estado”. Pero olvida que la Seguridad Pública es un Derecho Humano con todas las implicaciones que esto conlleva.  La actual estrategia gubernamental es una “reingeniería” de las acciones dirigidas al combate a la delincuencia organizada, basada en la capacidad de coordinación, de disciplina y de depuración de las policías preventivas e investigadoras, sometidas a tácticas militares propias para enfrentar las amenazas a la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior, diseñadas con ayuda del Pentágono. No va al fondo y estructura de la inseguridad y la violencia criminal, como es la corrupción, la impunidad oficial y la inequidad en la distribución de la riqueza, que arroja a millones a la pobreza, forzándolos a la economía informal, a la migración y a la delincuencia como recursos extremos de sobrevivencia ante la crisis, con todos los riesgos que esto conlleva. Por el contrario y tomando como base la experiencia de la Policía Federal y las fuerzas armadas, el modelo de Mando Único Policial pudiera desarraigar a los policías de sus comunidades, por tanto de su origen, y enviarlos a plazas y lugares con lo que no se identifiquen, se involucren ni se comprometan, como sucede hoy con los estatales, federales y militares metidos en tareas de prevención e investigación de los delitos, que van de una región a otra sin identidad comunitaria. Si a esto le agregamos que las policías preventivas de seguridad pública no tienen claro el concepto de “PREVENCIÓN”, porque en los institutos y academias de policías no les enseñan que el mantenimiento del orden público y la paz social, la protección de la integridad, la vida, el patrimonio y las libertades, y la prevención de los delitos y las faltas administrativas, se logran con vigilancia, patrullaje, rondines, recorridos, presencia y diálogo, y no estigmatizando a las personas, deteniéndolas por “actitud sospechosa”, “por no traer identificación”, por tener antecedentes, etc. Al detener o asegurar a una persona de manera prejuiciosa por su aspecto, porque “qué tal si va a robar” o por presiones de los propios vecinos, sin que hubiere flagrancia de delito o de falta administrativa, sin existir orden judicial de por medio o “urgencia administrativa” expedida por Agente del Ministerio Público, se incurre en un acto de discriminación, de molestia y de violación a la libertad de tránsito sancionados por los Artículos 1º., 11 y 16 Constitucionales, respectivamente, constituyendo así una DETENCIÓN ARBITRARIA, que es una modalidad de violación a los derechos humanos. Esta práctica es tolerada y en ocasiones promovida por los propios mandos policiales, por interés recaudatorio de la autoridad municipal o para incrementar artificialmente las estadísticas de detención, simulando así efectividad en el combate a la inseguridad y la delincuencia. De no obedecer las órdenes ilegales de sus jefes, los policías son sujetos de sanciones irregulares por los jefes policíacos. De esta manera se les coloca en contra de las comunidades a las que pertenecen y juran proteger. La detención arbitraria es una violación recurrente, sistemática y generalizada, practicada por todas las policías del país. Es por ello que las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Protección promueven, desde finales de los 90, el modelo de la Seguridad Ciudadana con una dimensión de Seguridad Humana, por lo tanto de Desarrollo Humano. Por ello, en materia de Seguridad Pública, se exige a los Estados respetar los estándares internacionales de Derechos Humanos, evitando toda política autoritaria.  La Seguridad Ciudadana propone que la Seguridad Pública no sea sólo responsabilidad de las policías, sino de toda la administración pública en su conjunto. Por lo tanto, las tareas de los policías municipales van más allá de la pura labor punitiva y preventiva del delito (defensa del patrimonio, la integridad, la vida y las garantías y libertades de las personas y la manutención del orden público y la paz social).  Ahora, incluye también el apoyo a las comunidades mediante la gestión, para que la estructura institucional de los tres ordenes de gobierno satisfaga las necesidades de obra pública, los servicios comunitarios y otros derechos como la educación, la salud, la vivienda, la protección social, etc. “La perspectiva de los derechos humanos permite abordar la problemática de la criminalidad  y la violencia, así como su impacto en la seguridad ciudadana, mediante el fortalecimiento de la participación democrática y la implementación de políticas centradas en la protección de la persona humana.”[2]

 

Un elemento que resulta indispensable plantear es la relación entre políticas de seguridad y políticas sociales dentro de la concepción más amplia de la política criminal, pues un riesgo latente es considerar que la criminalidad tiene su base únicamente en el comportamiento individual y que no está relacionada con causas sociales, eximiendo la obligación del Estado de procurar una condición de vida más digna a los sectores marginados en una sociedad profundamente desigual, donde tengan plena vigencia los derechos económicos y sociales.[3] Bajo este paradigma, el modelo de policía comunitaria plantea la necesidad de rediseñar los esquemas de reclutamiento, selección y formación policial en los Institutos y Academias de policía, tanto de los cadetes como de los elementos en activo, equilibrando el acondicionamiento físico y la disciplina con los procesos de enseñanza-aprendizaje sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego, las tácticas y estrategias de operatividad, la capacitación legal, etc., con la formación humana integral. El modelo de Mando Único policial está muy alejado de esta concepción holística, humanista y progresista. Es necesario vincular seguridad ciudadana y derechos humanos mediante una política integral que atienda las causas estructurales de la desigualdad, la injusticia y la violencia, con evitar toda clase de abusos por parte de las autoridades.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

 

Nota: Un estudio de Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste A.C., con sede en Baja California Norte, sobre el Mando Único Policiaco, realizado en octubre de 2010, aporta las ideas fundamentales de la critica a esta iniciativa presentada por Calderón. Agradecemos sus aportes para este documento.

[1] El 28 de octubre de 2009, la Primera Sala de la SCJN aprobó la Tesis Aislada CLXXXVIII/09 según la cual “es un acto de molestia… la toma de fotografías a quienes no tienen la calidad de detenidos o presuntos responsables”, en virtud de que “menoscaba o restringe derechos de la persona, al hacer uso de su imagen, aunado a que la obtención de fotografías puede resultar violatorias a los derechos a la honra y a la dignidad contenidos en artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosy 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, si el Estado incumple con sus obligaciones relativas con la protección de datos personales”. “… mientras el resultado del acto (fotografías) no se elimine, el acto de molestia continúa”.

El 14 de enero de este año, la CNDH determinó que: “La presentación de personas ante medios de comunicación, a quienes se les imputan delitos y más tarde no son comprobados, son flagrantes violaciones a las garantías individuales que vulneran el derecho a la presunción de inocencia”.

[2] “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH/OEA, Washington, 10 de mayo de 2010.

[3] Pérez Escobedo, Leticia, “La seguridad desde los derechos humanos”, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, Instituto de Derechos Humanos y Democracia, AC, México, enero de 2010.

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