Archivo de la categoría: Seguridad ciudadana

La militarización no garantiza seguridad sino represión.

La militarización del país ha ido de la mano de la grave crisis de derechos humanos. En lugar de mantener a los militares en las calles, deben regresar a sus cuarteles. A nadie escapa que a diez años de la guerra contra el narcotráfico el país es hoy más violento que hace una década. Militarizar no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal.

Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, organizaciones de derechos humanos han llamado a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas, enfatizando que: “El diseño de una política de seguridad compatible con los derechos humanos es urgente y necesaria. Pero esto sólo ocurrirá mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década.”

Este importante conglomerado de ONGs de derechos humanos emitieron un comunicado donde señalan que una Ley de Seguridad Interior plantea un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos. Actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció. Por otro lado, la adopción de una Ley a partir de este concepto rector, incumpliría también con los tratados internacionales que México se ha obligado a respetar y garantizar. En ese sentido, vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos.

Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”.

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Seguridad Ciudadana, no policíaca ni militar.

En Morelos la violencia cotidiana ha llevado a sectores de la sociedad a priorizar la exigencia de seguridad por encima del respeto a los derechos humanos. Consideramos que es una dicotomía falsa. La utilización de la fuerza policiaca y militar no garantiza mayor seguridad, y sí representa una mayor violación de los derechos humanos. 

Por esa razón, ante los crímenes que se cometen en colonias populares y pueblos, se destruye el tejido social y eleva el grado de vulnerabilidad de los sectores más empobrecidos de la sociedad, quienes ahora también son víctimas de criminalización, y se les responsabiliza de su propia muerte, como si la violencia fuera consustancial a la pobreza. El uso desmedido de las fuerzas federales en contra de pueblos y comunidades, con retenes y operativos permanentes, no resuelve ni la violencia ni la impunidad, sino que tiende a elevar. De ahí que resulte necesario tener un diagnóstico claro de las causas de la violencia y tomar medidas para garantizar la vida, la seguridad y la justicia para el conjunto de la sociedad, y no solamente para un sector privilegiado económica, social y políticamente. Ninguna muerte violenta debe permanecer en la impunidad. Ninguna vida vale más que otra. La indignación no puede surgir como consecuencia de la discriminación, sino de la exigencia del respeto de derechos para todas y todos. 

La grave desigualdad social y la crisis de derechos humanos se debe precisamente a políticas enfocadas a defender privilegios. Pero la violencia criminal que se mantiene en la impunidad termina por afectar a todos los sectores tarde o temprano. Por eso es que se requiere una política de seguridad ciudadana con pleno respeto a los derechos humanos. No al ejército en labores de seguridad pública.

Nos oponemos a que siga la violencia criminal e institucional, mediante un cambio que permita construir una nueva convivencialidad, donde el respeto a los derechos humanos esté en el centro de las políticas públicas. El fracaso gubernamental del mando único requiere cambiar de estrategia, no de insistir en la misma visión autoritaria.

Mientras no haya una política de seguridad ciudadana seguiremos viendo como se utiliza a los cuerpos policiacos y militares para defender a las instituciones y los edificios públicos, mientras quienes cometen éstos crimenes siguen actuando a la luz pública sin sanción alguna.

En medio de esta violencia creciente el feminicidio se mantiene en los más altos niveles, por lo que no dejaremos de exigir pleno cumplimiento de todas las medidas de Alerta de Violencia de Género. Esta herramienta consideramos que es sin duda una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto ante esta violencia feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años.  Pues no olvidemos que la Violencia Feminicida proviene de un conjunto de conductas misóginas que perturban la paz social, por lo que exigimos se cumplan todas las medidas establecidas por el Grupo de Trabajo en su informe, así como las Acciones Mandatadas por la Alerta de Violencia de Género en Morelos. 

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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¡Exigimos justicia por el artero crimen de nuestro compañero Marco Antonio García Barrera!

El día 12 de julio nuestro compañero Marco Antonio García Barrera fue localizado víctima de un artero crimen en las inmediaciones de la Calera Chica, en el municipio de Zapata cerca de Jiutepec, Morelos.

Este crimen nos llena de indignación por lo que exigimos a las autoridades del gobierno del Estado de Morelos llevar a cabo una investigación a fondo para esclarecer los hechos que llevaron a la privación de la vida de nuestro querido compañero, para que este crimen no quede en la impunidad y se localice a los autores de éste terrible homicidio y haya justicia para los familiares del compañero Toño.

Toda una vida de lucha dedicó nuestro compañero Toño a la causa por los derechos y  la justicia de la clase trabajadora. Su ejemplo de compromiso y dedicación a la causa será recordada por quienes lo conocimos durante todos estos años, en donde no escatimó tiempo ni esfuerzo para asumir las tareas que le demandaba la lucha sindical, social y política de la clase trabajadora. Es por ello que fue reconocido por los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para elegirlo como integrante del Sub Comité durante varios períodos del 2002 al 2014, por lo que se encontraba como Subsecretario de Trabajo de la División Cuernavaca durante el período en que el criminal gobierno de Calderón ordenó el ilegal cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, despidiendo a mas de 44 mil compañeros trabajadores, lo que significó que se le criminalizara con  juicio penal acusándolo falsamente de secuestro por encabezar la toma de las instalaciones de la CFE en un mitin de protesta, juicio que aún permanece abierto en su contra ante la PGR y el que enfrentó sin doblegarse a pesar de las enfermedades que le aquejaron derivadas de haberse quedado desempleado y sin salario  durante años,  y posteriormente ocupó en 2014 la Subsecretaría General durante estos años de lucha y resistencia.

Su consciencia de clase le mantuvo en pie de lucha hasta el día en que le privaron arteramente de la vida, siendo uno de los impulsores y representantes de la Asamblea Nacional de Usuarias y usuarios en Morelos (ANUEE-Morelos) y como delegado estatal ante el Consejo nacional de la Organización Política del Pueblo y los trabajadores (OPT).

Sabemos que nada ni nadie podrá recuperar la vida de nuestro camarada de lucha, pero su ejemplo de toda la vida nos ratifica en el compromiso de mantener en alto las banderas de justicia y emancipación social que él supo mantener en alto, por lo que rendimos un homenaje a su memoria y no pararemos de exigir que cesen los niveles de violencia que existen en Morelos y en el país que hoy nos golpea directamente, arrancándole la vida a uno de nuestros queridos compañeros.

Con un abrazo solidario para todas y todos los miembros de la familia del compañero Toño García Barrera, a quienes les recordamos que no están solos, nos comprometemos a mantener la lucha hasta lograr que haya justicia.

Nuestras banderas de lucha están de luto querido compañero Toño, sabes que seguiremos en la lucha que tú llevaste: ¡hasta la victoria siempre, venceremos!

Fraternalmente.

Sindicato Mexicano de Electricistas – División Cuernavaca, ANUEE-Morelos, OPT-Morelos. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética.

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Por seguridad humana y ciudadana no a un Estado policíaco.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

En Morelos la violencia impune se mantiene en los más altos niveles. Y corre de la mano de la crisis política y social ante la descomposición de las instituciones. Es indignante que en lugar de justicia y verdad se utilice la lógica del miedo para imponer un estado policiaco. El debate sobre la estrategia de seguridad no puede ser obviado. ¿El Mando Único policíaco en Morelos acaso puede combatir ilegalidad con ilegalidad? La seguridad no surge de más armas en las calles, sino de prevención y medidas integrales, de combate a la impunidad y a la complicidad. Superar la crisis institucional es fundamental para una verdadera seguridad ciudadana. Cuando se prefiere perder libertades a cambio de seguridad se avanza peligrosamente en el terreno del autoritarismo y la antidemocracia. Si no se identifican las causas del crecimiento de la criminalidad y la violencia, se imponen medidas que terminan incrementándolas. Cuando se pretende ocultar la raíz del problema, termina aflorando con mayor fuerza.  En Morelos nos enfrentamos a un grave problema de inseguridad, de violencia criminal e institucional, de impunidad, de silencios cómplices y omisiones gubernamentales que ocultan el hecho de que son los poderosos grupos económicos  quienes son beneficiarios del poder aunque no lo ejerzan directamente sino por medio de sus representantes en los partidos que se reparten el poder. La clase trabajadora y el pueblo pobre sufre la peor violencia desde hace décadas y los patrones no se inmutan: la violencia económica, social y política, las causas de la violencia criminal hay que buscarlas en la injusticia social y económica que beneficia a los dueños del poder y del dinero. ¿Qué violencia mayor que la que nos priva cotidianamente de una vida digna? Es el sistema capitalista violento y destructor de las mejores relaciones humanas, ya que prioriza la ganancia y la competencia antes que la solidaridad y la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. La fotografía de los homicidios de jóvenes y adolescentes en México muestra que el mayor número de los asesinatos violentos ocurren entre la población de 20 a 24 años, la mitad mueren por arma de fuego, y el número de feminicidios respecto a los hombres es mayor que en otros países de Latinoamérica. México es el País que tiene un mayor índice de feminicidios, del total de los homicidios de jóvenes el 12.3 por ciento corresponden al sexo femenino, por encima del 8.9 por ciento de Argentina, 8.7 por ciento de Guatemala, 7.6 por ciento de Colombia y 6.8 por ciento de Brasil.  Factores de riesgos individuales, familiares, escolares y comunitarios son la falta de proyecto de vida, desempleo, exclusión social y discriminación, violencia institucional del Estado, entre otros problemas estructurales del capitalismo actual. El número de policías crece exponencialmente casi a la par de la inseguridad y la violencia. El uso desmedido de la fuerza es propio de gobiernos autoritarios y antidemocráticos que ven cuestionada su legitimidad ante los pueblos. Lejos de garantizar derechos, el uso sistemático de las fuerzas represivas los va eliminando progresivamente. El clima de temor se generaliza, no solo ante la violencia delincuencial, sino ante la presencia de quien usa las armas para imponer su autoridad por encima de cualquier derecho. Las armas de las policías se usan más contra el pueblo que contra los delincuentes. El poder económico de la delincuencia sigue intacto porque así conviene al capital. Las políticas autoritarias y represivas que toman los gobiernos de Peña Nieto, Graco Ramírez y  Cuauhtemoc Blanco, es la misma política con actores distintos y una sola lógica represiva, violatoria de los derechos humanos. Salir a las calles a exigir seguridad es un derecho que nadie debe coartar. Llamamos al pueblo a levantar las banderas de la lucha por las libertades ciudadanas y los derechos a una vida libre de violencia para todas y todos mediante la participación organizada y consciente, organizándonos de manera autónoma e independiente. La ciudadanía requiere de una verdadera seguridad ciudadana, sin militarización de la seguridad pública.

Por otra parte, los gobiernos no promueven ni construyen ciudadanía democrática y participativa, que tiene su base en el ámbito comunitario-municipal. Las garantías y la dignidad de las personas se someten al interés central del Estado. En lugar de ello, debería promover la democratización de las policías, proceso que necesariamente tendrá que pasar por la desmilitarización de la Seguridad Pública; comenzar por el Servicio Civil de Carrera en las policías preventivas e investigadoras, para que las plazas de base, mandos y jefes policiales, sean sometidas a Concurso en base a Convocatoria Pública, calificando y certificando por un órgano autónomo y ciudadano.  Existen comités ciudadanos y rondas comunitarias, procesos de autoorganización en pueblos y colonias que pueden ser fundamentales para una verdadera seguridad ciudadana. Para terminar con las historias del horror que vive el pueblo ante el terrorismo de Estado y la violencia criminal, es fundamental fortalecer la organización popular independiente, la movilización y la lucha por una seguridad humana y ciudadana con respeto a los derechos humanos de todas y todos.

cidhmorelos@gmail.com

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