Archivo de la categoría: Seguridad ciudadana

La militarización no garantiza seguridad sino represión.

La militarización del país ha ido de la mano de la grave crisis de derechos humanos. En lugar de mantener a los militares en las calles, deben regresar a sus cuarteles. A nadie escapa que a diez años de la guerra contra el narcotráfico el país es hoy más violento que hace una década. Militarizar no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal.

Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, organizaciones de derechos humanos han llamado a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas, enfatizando que: “El diseño de una política de seguridad compatible con los derechos humanos es urgente y necesaria. Pero esto sólo ocurrirá mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década.”

Este importante conglomerado de ONGs de derechos humanos emitieron un comunicado donde señalan que una Ley de Seguridad Interior plantea un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos. Actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció. Por otro lado, la adopción de una Ley a partir de este concepto rector, incumpliría también con los tratados internacionales que México se ha obligado a respetar y garantizar. En ese sentido, vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos.

Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”.

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Seguridad Ciudadana, no policíaca ni militar.

En Morelos la violencia cotidiana ha llevado a sectores de la sociedad a priorizar la exigencia de seguridad por encima del respeto a los derechos humanos. Consideramos que es una dicotomía falsa. La utilización de la fuerza policiaca y militar no garantiza mayor seguridad, y sí representa una mayor violación de los derechos humanos. 

Por esa razón, ante los crímenes que se cometen en colonias populares y pueblos, se destruye el tejido social y eleva el grado de vulnerabilidad de los sectores más empobrecidos de la sociedad, quienes ahora también son víctimas de criminalización, y se les responsabiliza de su propia muerte, como si la violencia fuera consustancial a la pobreza. El uso desmedido de las fuerzas federales en contra de pueblos y comunidades, con retenes y operativos permanentes, no resuelve ni la violencia ni la impunidad, sino que tiende a elevar. De ahí que resulte necesario tener un diagnóstico claro de las causas de la violencia y tomar medidas para garantizar la vida, la seguridad y la justicia para el conjunto de la sociedad, y no solamente para un sector privilegiado económica, social y políticamente. Ninguna muerte violenta debe permanecer en la impunidad. Ninguna vida vale más que otra. La indignación no puede surgir como consecuencia de la discriminación, sino de la exigencia del respeto de derechos para todas y todos. 

La grave desigualdad social y la crisis de derechos humanos se debe precisamente a políticas enfocadas a defender privilegios. Pero la violencia criminal que se mantiene en la impunidad termina por afectar a todos los sectores tarde o temprano. Por eso es que se requiere una política de seguridad ciudadana con pleno respeto a los derechos humanos. No al ejército en labores de seguridad pública.

Nos oponemos a que siga la violencia criminal e institucional, mediante un cambio que permita construir una nueva convivencialidad, donde el respeto a los derechos humanos esté en el centro de las políticas públicas. El fracaso gubernamental del mando único requiere cambiar de estrategia, no de insistir en la misma visión autoritaria.

Mientras no haya una política de seguridad ciudadana seguiremos viendo como se utiliza a los cuerpos policiacos y militares para defender a las instituciones y los edificios públicos, mientras quienes cometen éstos crimenes siguen actuando a la luz pública sin sanción alguna.

En medio de esta violencia creciente el feminicidio se mantiene en los más altos niveles, por lo que no dejaremos de exigir pleno cumplimiento de todas las medidas de Alerta de Violencia de Género. Esta herramienta consideramos que es sin duda una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto ante esta violencia feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años.  Pues no olvidemos que la Violencia Feminicida proviene de un conjunto de conductas misóginas que perturban la paz social, por lo que exigimos se cumplan todas las medidas establecidas por el Grupo de Trabajo en su informe, así como las Acciones Mandatadas por la Alerta de Violencia de Género en Morelos. 

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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¡Exigimos justicia por el artero crimen de nuestro compañero Marco Antonio García Barrera!

El día 12 de julio nuestro compañero Marco Antonio García Barrera fue localizado víctima de un artero crimen en las inmediaciones de la Calera Chica, en el municipio de Zapata cerca de Jiutepec, Morelos.

Este crimen nos llena de indignación por lo que exigimos a las autoridades del gobierno del Estado de Morelos llevar a cabo una investigación a fondo para esclarecer los hechos que llevaron a la privación de la vida de nuestro querido compañero, para que este crimen no quede en la impunidad y se localice a los autores de éste terrible homicidio y haya justicia para los familiares del compañero Toño.

Toda una vida de lucha dedicó nuestro compañero Toño a la causa por los derechos y  la justicia de la clase trabajadora. Su ejemplo de compromiso y dedicación a la causa será recordada por quienes lo conocimos durante todos estos años, en donde no escatimó tiempo ni esfuerzo para asumir las tareas que le demandaba la lucha sindical, social y política de la clase trabajadora. Es por ello que fue reconocido por los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para elegirlo como integrante del Sub Comité durante varios períodos del 2002 al 2014, por lo que se encontraba como Subsecretario de Trabajo de la División Cuernavaca durante el período en que el criminal gobierno de Calderón ordenó el ilegal cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, despidiendo a mas de 44 mil compañeros trabajadores, lo que significó que se le criminalizara con  juicio penal acusándolo falsamente de secuestro por encabezar la toma de las instalaciones de la CFE en un mitin de protesta, juicio que aún permanece abierto en su contra ante la PGR y el que enfrentó sin doblegarse a pesar de las enfermedades que le aquejaron derivadas de haberse quedado desempleado y sin salario  durante años,  y posteriormente ocupó en 2014 la Subsecretaría General durante estos años de lucha y resistencia.

Su consciencia de clase le mantuvo en pie de lucha hasta el día en que le privaron arteramente de la vida, siendo uno de los impulsores y representantes de la Asamblea Nacional de Usuarias y usuarios en Morelos (ANUEE-Morelos) y como delegado estatal ante el Consejo nacional de la Organización Política del Pueblo y los trabajadores (OPT).

Sabemos que nada ni nadie podrá recuperar la vida de nuestro camarada de lucha, pero su ejemplo de toda la vida nos ratifica en el compromiso de mantener en alto las banderas de justicia y emancipación social que él supo mantener en alto, por lo que rendimos un homenaje a su memoria y no pararemos de exigir que cesen los niveles de violencia que existen en Morelos y en el país que hoy nos golpea directamente, arrancándole la vida a uno de nuestros queridos compañeros.

Con un abrazo solidario para todas y todos los miembros de la familia del compañero Toño García Barrera, a quienes les recordamos que no están solos, nos comprometemos a mantener la lucha hasta lograr que haya justicia.

Nuestras banderas de lucha están de luto querido compañero Toño, sabes que seguiremos en la lucha que tú llevaste: ¡hasta la victoria siempre, venceremos!

Fraternalmente.

Sindicato Mexicano de Electricistas – División Cuernavaca, ANUEE-Morelos, OPT-Morelos. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética.

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Por seguridad humana y ciudadana no a un Estado policíaco.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

En Morelos la violencia impune se mantiene en los más altos niveles. Y corre de la mano de la crisis política y social ante la descomposición de las instituciones. Es indignante que en lugar de justicia y verdad se utilice la lógica del miedo para imponer un estado policiaco. El debate sobre la estrategia de seguridad no puede ser obviado. ¿El Mando Único policíaco en Morelos acaso puede combatir ilegalidad con ilegalidad? La seguridad no surge de más armas en las calles, sino de prevención y medidas integrales, de combate a la impunidad y a la complicidad. Superar la crisis institucional es fundamental para una verdadera seguridad ciudadana. Cuando se prefiere perder libertades a cambio de seguridad se avanza peligrosamente en el terreno del autoritarismo y la antidemocracia. Si no se identifican las causas del crecimiento de la criminalidad y la violencia, se imponen medidas que terminan incrementándolas. Cuando se pretende ocultar la raíz del problema, termina aflorando con mayor fuerza.  En Morelos nos enfrentamos a un grave problema de inseguridad, de violencia criminal e institucional, de impunidad, de silencios cómplices y omisiones gubernamentales que ocultan el hecho de que son los poderosos grupos económicos  quienes son beneficiarios del poder aunque no lo ejerzan directamente sino por medio de sus representantes en los partidos que se reparten el poder. La clase trabajadora y el pueblo pobre sufre la peor violencia desde hace décadas y los patrones no se inmutan: la violencia económica, social y política, las causas de la violencia criminal hay que buscarlas en la injusticia social y económica que beneficia a los dueños del poder y del dinero. ¿Qué violencia mayor que la que nos priva cotidianamente de una vida digna? Es el sistema capitalista violento y destructor de las mejores relaciones humanas, ya que prioriza la ganancia y la competencia antes que la solidaridad y la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. La fotografía de los homicidios de jóvenes y adolescentes en México muestra que el mayor número de los asesinatos violentos ocurren entre la población de 20 a 24 años, la mitad mueren por arma de fuego, y el número de feminicidios respecto a los hombres es mayor que en otros países de Latinoamérica. México es el País que tiene un mayor índice de feminicidios, del total de los homicidios de jóvenes el 12.3 por ciento corresponden al sexo femenino, por encima del 8.9 por ciento de Argentina, 8.7 por ciento de Guatemala, 7.6 por ciento de Colombia y 6.8 por ciento de Brasil.  Factores de riesgos individuales, familiares, escolares y comunitarios son la falta de proyecto de vida, desempleo, exclusión social y discriminación, violencia institucional del Estado, entre otros problemas estructurales del capitalismo actual. El número de policías crece exponencialmente casi a la par de la inseguridad y la violencia. El uso desmedido de la fuerza es propio de gobiernos autoritarios y antidemocráticos que ven cuestionada su legitimidad ante los pueblos. Lejos de garantizar derechos, el uso sistemático de las fuerzas represivas los va eliminando progresivamente. El clima de temor se generaliza, no solo ante la violencia delincuencial, sino ante la presencia de quien usa las armas para imponer su autoridad por encima de cualquier derecho. Las armas de las policías se usan más contra el pueblo que contra los delincuentes. El poder económico de la delincuencia sigue intacto porque así conviene al capital. Las políticas autoritarias y represivas que toman los gobiernos de Peña Nieto, Graco Ramírez y  Cuauhtemoc Blanco, es la misma política con actores distintos y una sola lógica represiva, violatoria de los derechos humanos. Salir a las calles a exigir seguridad es un derecho que nadie debe coartar. Llamamos al pueblo a levantar las banderas de la lucha por las libertades ciudadanas y los derechos a una vida libre de violencia para todas y todos mediante la participación organizada y consciente, organizándonos de manera autónoma e independiente. La ciudadanía requiere de una verdadera seguridad ciudadana, sin militarización de la seguridad pública.

Por otra parte, los gobiernos no promueven ni construyen ciudadanía democrática y participativa, que tiene su base en el ámbito comunitario-municipal. Las garantías y la dignidad de las personas se someten al interés central del Estado. En lugar de ello, debería promover la democratización de las policías, proceso que necesariamente tendrá que pasar por la desmilitarización de la Seguridad Pública; comenzar por el Servicio Civil de Carrera en las policías preventivas e investigadoras, para que las plazas de base, mandos y jefes policiales, sean sometidas a Concurso en base a Convocatoria Pública, calificando y certificando por un órgano autónomo y ciudadano.  Existen comités ciudadanos y rondas comunitarias, procesos de autoorganización en pueblos y colonias que pueden ser fundamentales para una verdadera seguridad ciudadana. Para terminar con las historias del horror que vive el pueblo ante el terrorismo de Estado y la violencia criminal, es fundamental fortalecer la organización popular independiente, la movilización y la lucha por una seguridad humana y ciudadana con respeto a los derechos humanos de todas y todos.

cidhmorelos@gmail.com

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MANDO UNICO POLICIAL Y MILITARIZACION NO RESUELVEN INSEGURIDAD

Seguridad Ciudadana y no estado policíaco

El combate al crimen en el contexto del Estado neoliberal

José Martínez Cruz, Juliana G. Quintanilla, Paloma Estrada Muñoz y Marco Aurelio palma Apodaca (*Integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos)

El asesinato de Gisela Mota, Presidenta Municipal de Temixco, Morelos, México, muestra el alto grado de descomposición política y social que provoca una creciente inseguridad y violencia que destruye el tejido social y afecta gravemente la vida, la libertad y la seguridad de las personas en la entidad, ya que forma parte de los cientos de crímenes que se padecen cotidianamente y que se mantienen en la impunidad la inmensa mayoría de los mismos, sobre todo en la zona conurbada de Cuernavaca y los Municipios colindantes, incluido Temixco (uno de los 8 municipios donde se decretó en agosto de 2015 la Alerta de Violencia de Género debido al feminicidio creciente). Los crímenes ocurren en forma cada vez más despiadada sin que se logre detener esta escalada de violencia que viene incrementándose desde hace ya varios años atrás, derivado de las políticas impuestas por gobiernos de distinto signo partidario e iguales resultados, ya que son gestores de la injusticia y desigualdad social y promotores de combatir la violencia con la violencia misma.

En Temixco existe alta violencia feminicida, ahí asesinaron a Gisela Mota. Violencia feminicida que priva de la vida violentamente a una mujer a quien se le trata con odio machista, muestra la grave situación que se vive en Morelos.  Cientos de muertes violentas en la entidad muestran las consecuencias de la descomposición social y política que llega a altos niveles. Siempre estaremos por la justicia y verdad, en cualquier caso de feminicidio. Por eso exigimos una investigación a fondo y castigo a los verdaderos culpables.

No podemos permanecer indiferentes ante el dolor. Ahí mismo en las colonias de Temixco hemos conocido muchos otros casos donde se priva de la vida a mujeres y a jóvenes casi de manera cotidiana en calles obscuras se arrojan los cuerpos, ante la certeza de que habrá impunidad en la inmensa mayoría de los casos, como se ha demostrado en las estadísticas oficiales que dan cuenta de hasta un 95% de impunidad.

Pero la inseguridad no se genera de manera espontánea. Existen causas profundas e inmediatas. Enormes fortunas amasadas por los dueños del poder que construyen sus mansiones sobre el despojo y la explotación de los pueblos. Violencia primera que proviene del abuso de poder, del negocio ilícito que transforman en legal, de un sistema que todo lo pervierte en aras del poder del dinero. Y en ese panorama, los gobiernos en sus distintos niveles, únicamente se desempeñan como las juntas de administración de los verdaderos dueños del capital, abandonando las políticas públicas para garantizar derechos de la sociedad, priorizando el uso desmedido de la fuerza pública, trátese de policía municipal corrupta o de Mando Único que busca recuperar el monopolio de la fuerza en manos de un Estado donde las fronteras entre lo legal y lo ilegal se ha perdido hace mucho tiempo, por lo que el uso recurrente a las fuerzas armadas, incluyendo patrullajes y retenes del Ejército e inclusive la Marina, son presentadas como la salvación desde hace décadas, en una lógica estratégica de Militarización de la Seguridad Pública que no resuelve la inseguridad y sólo dispara las violaciones a los Derechos Humanos y la espiral de violencia criminal-institucional, con enormes pérdidas en vidas humanas.

Por eso, desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos demandamos modificar la estrategia de Militarización y Estado Policíaco, es fundamental para garantizar la seguridad ciudadana y combatir la impunidad. Sin embargo, es claro que ésta no vendrá de ninguno de los actuales gobiernos, Municipal ni Estatal o Federal, porque todos responden a la securitización del Estado, que prioriza el aparato represivo en aras de una seguridad que se coloca por encima de cualquier otro derecho, diseñado mundialmente a partir de la criminalización de la protesta y para mantener sometido al pueblo para impedir que defienda sus derechos que están siendo pisoteados  desde arriba.

Una verdadera seguridad humana-ciudadana significaría priorizar los derechos de la mayoría de la población frente a los intereses económicos y políticos de una minoría privilegiada, donde no solo se impongan las decisiones tomadas desde el poder, sino que se consulte y se actúe acorde a las decisiones tomadas por la mayoría a través de mecanismos de democracia participativa.

No es con el fortalecimiento de las instituciones policíacas y militares como se garantizará la tranquilidad de la población, sino con mayor participación ciudadana, no con el miedo de por medio, sino con la consciencia de la acción colectiva y solidaria, fraterna y humana, que nos permitirá no permanecer indiferentes ante el dolor de tanta gente.

Ante esta grave inseguridad y violencia impune en Morelos, exigimos justicia y alto a los asesinatos en todo el estado de Morelos.

Duele tanta muerte diaria. No podemos permanecer indiferentes. El debate sobre la estrategia de seguridad no puede ser obviado, si bien el Mando Único policíaco se aprobó en Morelos. ¿Acaso se puede combatir ilegalidad con ilegalidad? La seguridad no surge de más armas en las calles, sino de prevención y medidas integrales, de combate a la impunidad y a la complicidad. Superar la crisis institucional es fundamental para una verdadera seguridad ciudadana. Cuando se prefiere perder libertades a cambio de seguridad se avanza peligrosamente en el terreno del autoritarismo y la antidemocracia. Si no se identifican las causas del crecimiento de la criminalidad y la violencia, se imponen medidas que terminan incrementándolas. Cuando se pretende ocultar la raíz del problema, termina aflorando con mayor fuerza.  En Morelos nos enfrentamos a un grave problema de inseguridad, de violencia criminal e institucional, de impunidad, de silencios cómplices y omisiones gubernamentales que ocultan el hecho de que son los poderosos grupos económicos  quienes son beneficiarios del poder aunque no lo ejerzan directamente sino por medio de sus representantes en los tres partidos del pacto por México. La clase trabajadora sufre la peor violencia desde hace décadas y los patrones no se inmutan: la violencia económica, social y política, las causas de la violencia criminal hay que buscarlas en la injusticia social y económica que beneficia a los dueños del poder y del dinero. ¿Qué violencia mayor que la que nos priva cotidianamente de una vida digna? Es el sistema capitalista violento y destructor de las mejores relaciones humanas, ya que prioriza la ganancia y la competencia antes que la solidaridad y la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. Las y los jóvenes en Morelos no tienen garantía de acceso a una educación y a un empleo que les permita vivir dignamente. Según cifras del INEGI, existen 35 mil desempleados en el Estado, principalmente en edades de 18 a 35 años. Por lo que se ocupa el lugar 24, ya que Morelos tiene una tasa de desempleo del 6.49% que representa un total de 183,235 personas. Jornadas de trabajo tan largas como cien años atrás y salarios de hambre que muestran cómo crece la esclavitud asalariada moderna. Carencia de prestaciones sociales como vacaciones, días de descanso, seguridad social, jubilaciones. En cambio, becas-salario menores a un salario mínimo que no alcanza ni para los transportes. Casi 40 mil solicitaron entrar a la Universidad y solo hubo 7 mil espacios. El resto, a buscar empleos mal pagados. El desempleo galopante. La miseria creciente. La violencia cada día peor. Casi 70% de las victimas carecía de educación más allá de la primaria o secundaria. Jóvenes que no tienen opción y son víctimas del sistema, ya sea que se incorporen a la delincuencia o sean discriminados por su forma de vestir o ahora inclusive de viajar en motocicleta. La fotografía de los homicidios de jóvenes y adolescentes en México muestra que el mayor número de los asesinatos violentos ocurren entre la población de 20 a 24 años, la mitad mueren por arma de fuego, y el número de feminicidios respecto a los hombres es mayor que en otros países de Latinoamérica. México es el País que tiene un mayor índice de feminicidios, del total de los homicidios de jóvenes el 12.3 por ciento corresponden al sexo femenino, por encima del 8.9 por ciento de Argentina, 8.7 por ciento de Guatemala, 7.6 por ciento de Colombia y 6.8 por ciento de Brasil.  Factores de riesgos individuales, familiares, escolares y comunitarios son la falta de proyecto de vida, desempleo, exclusión social y discriminación, violencia institucional del Estado, entre otros problemas estructurales del capitalismo actual. El número de policías crece exponencialmente casi a la par de la inseguridad y la violencia. El uso desmedido de la fuerza es propio de gobiernos autoritarios y antidemocráticos que ven cuestionada su legitimidad ante los pueblos. Lejos de garantizar derechos, el uso sistemático de las fuerzas represivas los va eliminando progresivamente. Un orden social impuesto mediante el uso exclusivo de la fuerza deviene en un régimen contrario a un estado de derechos humanos para la población. Nos envían  mensajes cotidianos de que solo se impone la ley del más fuerte, del que posee los medios de producción, del que aumenta estratosféricamente sus ganancias mientras se anuncian nuevos efectos apocalípticos por una crisis capitalista que sólo termina afectando a la mayoría de la población. Aumentan las muertes violentas de jóvenes y crece el feminicidio. El clima de temor se generaliza, no solo ante la violencia delincuencial, sino ante la presencia de quien usa las armas para imponer su autoridad por encima de cualquier derecho. Las medidas de fuerza se imponen ante la ausencia de políticas integrales de respeto a los derechos humanos, porque hay simulación, complicidad, intolerancia y una impunidad a todas luces. Es claro que los tres niveles de gobierno son responsables de esta grave situación. Las armas de las policías se usan más contra el pueblo que contra los delincuentes. El poder económico de la delincuencia sigue intacto porque así conviene al capital. Las políticas autoritarias y represivas que toman los gobiernos de Peña Nieto, Graco Ramírez y Morales Barud o actualmente Cuauhtemoc Blanco, es la misma política con actores distintos y una sola lógica represiva, violatoria de los derechos humanos. Salir a las calles a exigir seguridad es un derecho que nadie debe coartar. Llamamos al pueblo a levantar las banderas de la lucha por las libertades ciudadanas y los derechos a una vida libre de violencia para todas y todos mediante la participación organizada y consciente, organizándonos de manera autónoma e independiente. La ciudadanía requiere de una verdadera seguridad ciudadana, sin militarización de la seguridad pública.

 

En Morelos la estrategia policiaca militar centrada en el Mando Único Policial además de que trastoca al Municipio Libre, es regresiva, pragmática y reactiva; responde a la lógica de la Economía del Mercado más que de un Estado garante de las libertades y del desarrollo económico, social y comunitario. No va al fondo de la inseguridad, conflicto que se agudizó en el mundo a raíz de la instauración del modelo neoliberal en la década de los 80’, terminando así con el “Estado Garante o Estado Benefactor”, instaurado en 1948 con la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por todos los países miembros de la ONU, México incluido.  Este cambio conlleva el retiro gradual del Estado de sus responsabilidades para satisfacer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (principios plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales), dejando éstos a merced de un mercado lucrativo, sobre todo en las naciones pobres como la nuestra. Las reservas del Banco de México, por consigna del Banco Mundial, se encuentran en garantía para asegurar la estabilidad cambiaria, en lugar de invertirlas para estimular el progreso social. Mientras, derechos sociales como la educación, la salud, la vivienda, la recreación y cultura, la seguridad social y los servicios públicos (transporte, obra pública, basura, energía eléctrica, seguridad pública, etc.), sufren un gradual proceso de privatización, por tanto de retroceso, en tanto que avanza la pauperización de los trabajadores y de sus familiares, sobre cuyas espaldas recae el costo de la crisis.

Respecto al Derecho a la Educación, México se encuentra en el último lugar en el nivel educativo, en el último lugar en gasto por alumno y en último lugar en inversión en ciencia y tecnología entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE. Este nivel repercute en la mala calidad de la enseñanza, en la falta de oportunidades para que los jóvenes accedan a estudios superiores y en el atraso tecnológico del país. Los niños y jóvenes desertan de la educación básica insertándose en la economía informal, en los puestos de trabajo de más baja calidad y/o en las pandillas. Los egresados de las universidades y de estudios técnicos medios son utilizados como mano de obra barata. Todo ello, de acuerdo a las necesidades del aparato productivo (maquiladoras, comercio y servicios privados), inversiones nacionales y extranjeras alentadas por los gobiernos que no requieren de mano de obra calificada.

Esta situación ha sido aprovechada no sólo por los inversionistas, sino también por la delincuencia organizada al encontrar en las comunidades en descomposición, en las colonias y barrios pobres, en la violencia familiar, en los jóvenes sin oportunidades de estudio y de trabajo seguro con ingreso digno. Ante este panorama, el narco ha penetrado las comunidades rurales y urbanas porque ofrece trabajo e ingreso, por supuesto ilegales, que el Estado es incapaz de generar. A pesar de los decomisos históricos de droga y del abatimiento y aseguramiento de grandes capos, las cifras de crímenes violentos y desaparecidos crecen escandalosamente. Por otra parte, hay que entender que la producción y tráfico de los narcóticos responde a las leyes del mercado, a la oferta y la demanda, tanto en los Estados Unidos como en México y otros países. De ahí que los gobiernos hablen ahora de “administrar” los asuntos de la droga (al igual que la inmigración indocumentada), cuya producción, consumo y tráfico, por ahora, son imposibles de frenar. Por ello, el Estado no puede acabar con una delincuencia organizada que actúa haciéndose de una base social, que rompe la unidad e identidad comunitaria y familiar, que promueve la cultura de la violencia, corrompe a las policías y a otras autoridades, abona a la pérdida de los valores y principios democráticos y trastoca la identidad cultural. Pero la delincuencia organizada no actúa sola, ha penetrado también la estructura del poder político, económico y financiero, promoviendo la complicidad y la simulación, que por supuesto no se combaten con militares y con iniciativas como el Mando Único Policial, medidas que aparecen como un distractor de gobiernos necesitados de legitimación. La centralización no es un antídoto contra la corrupción policial, que no es la más letal y lucrativa aunque sí la más visible. La centralización operativa y administrativa del mando policial puede provocar a su vez la centralización de la corrupción. El pasar de un régimen policiaco municipal a uno estatal no cambia esencialmente las cosas, porque la corrupción y la impunidad son un cáncer en el sistema político mexicano, siendo más graves en los altos niveles de gobierno y en los grandes negocios, incluso los del tipo “concesiones”, “licitaciones” y “subrogaciones”.

Por otra parte, los gobiernos no promueven ni construyen ciudadanía democrática y participativa, que tiene su base en el ámbito comunitario-municipal. Las garantías y la dignidad de las personas se someten al interés central del Estado, en este caso, al combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico. Entonces, estamos hablando de que las razones del Estado se imponen a las razones del Derecho. El Mando Único aborda la reestructuración policíaca desde la perspectiva del combate a la delincuencia organizada, no de la Seguridad Pública como un Derecho Humano, o mejor aún, de la Seguridad Ciudadana. Al contrario, evade el tema de los Derechos Humanos, incluidos los derechos de los policías. En lugar de ello, debería promover la democratización de las policías, proceso que necesariamente tendrá que pasar por la desmilitarización de la Seguridad Pública; comenzar por el Servicio Civil de Carrera en las policías preventivas e investigadoras, para que las plazas de base, mandos y jefes policiales, sean sometidas a Concurso en base a Convocatoria Pública, calificando y certificando por un órgano autónomo y ciudadano, de alta valía moral, la trayectoria, experiencia, formación, honorabilidad y respeto a los derechos humanos mostrados por los postulantes durante su carrera policial.  Existen comités ciudadanos y rondas comunitarias, procesos de autoorganización en pueblos y colonias que pueden ser fundamentales para una verdadera seguridad ciudadana. En cambio, prevalecen estructuras poco efectivas como los “Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública”, municipales y estatales, con un perfil empresarial, que muchas veces son utilizados para legitimar las acciones del gobierno en turno. En realidad el objetivo es hacerse de más poder mediante una fuerza policial única bajo su mando, que amplíe su control económico, político, social y hasta electoral, aunque para ello haya que reformar otra vez la Carta Magna.  Estos postulados son una invitación a politizar la seguridad pública, no sólo de los gobernadores sometiendo a la autoridad municipal, sino también del presidente sometiendo a los gobernadores, y todo ello aprobado por el Congreso de la Unión.

El Estado mexicano aplica la teoría del Derecho Penal del Enemigo para identificar a los enemigos de la nación. En esta visión, es obvio que la delincuencia organizada ocupa el primer lugar. Y tal parece que quienes siguen en esta clasificación son los policías, colocando en una visión maniquea a las corporaciones municipales como eje de la corrupción.  Por lo general, los policías son mal seleccionados, mal capacitados, mal supervisados y mal pagados. Sucumben a la corrupción por los bajos salarios que perciben, pero también por el bajo nivel educativo y cultural que tienen, por la falta de valores y principios democráticos y de solidaridad, por las injusticias que los mandos cometen contra ellos, por las violaciones a sus derechos y porque son sometidos a múltiples presiones diarias (de los mandos, las autoridades judiciales, las Sindicaturas municipales, las comunidades, los medios de comunicación y la opinión pública).  El estar en contacto cotidiano con el conflicto social (adictos, pandillerismo, robos, crímenes, violencia familiar, accidentes, hechos de sangre, etc.) debilita las defensas psicológicas de los policías y sus mecanismos de autocontrol, de resistencia a la frustración y a la agresión y su sensibilidad social. La mayoría de los jefes policiacos omiten atender esta problemática. Difícilmente un mando militar lo entendería y resolvería porque su perfil y formación profesional van en otra dirección. Esto hace que se rompa la confianza, la credibilidad y el respeto mutuo entre el policía, sus directivos, sus mandos, la sociedad, las comunidades y el gobierno. ¿En estas condiciones quieren pasarlos al ámbito estatal y bajo un mando militar, sin resolver antes estos graves rezagos? ¿Desnaturalizar su función y desarraigarlos de sus comunidades, más de lo que ya está? Si todo esto se superara y se apoyara a los municipios más pobres, entonces ¿para qué enviar a las policías municipales al fuero estatal?  De hecho, el gobierno federal mexicano intenta seguir el modelo colombiano de policía única. La cadena de mando de la Policía Nacional de Colombia parte del Presidente de la República, enseguida el Ministerio de Defensa Nacional, luego la Dirección General de Policía Nacional, los gobernadores y al final los alcaldes. Sin embargo, la realidad política, social, económica, cultural e incluso criminal de Colombia, es muy diferente a la de México como para seguir ese modelo. Todo ello a pesar de la intervención norteamericana mediante el Plan Colombia, apoyado en la “Iniciativa Andina Contra las Drogas” y el “Financiamiento para Fuerzas Militares Extranjeras” del Departamento de la Defensa, que desde 1999 ha suministrado a Colombia pertrechos militares, inteligencia militar, alta tecnología, contratistas militares y tropas (el Congreso ha fijado un tope de hasta 1,400) mediante siete bases militares; todo ello con recursos de los contribuyentes norteamericanos. En estricto sentido, dada la composición pluriétnicay pluricultural de la nación mexicana y de sus regiones, no deberían existir policías estatales ni policía federal. La prevención de los delitos, no así los asuntos de Seguridad Nacional y Seguridad Interior, debe seguir siendo una función exclusiva de la autoridad municipal, con policías de proximidad, comunitaria, no reactivas, como hoy. Por otra parte, las policías estatales y federales incurren más que las municipales en violaciones a los derechos humanos. En los hechos actúan con una especia de “fuero” especial que les da mayor estatus, como si fuera una “carta de impunidad”, y no faltan los jefes policíacos municipales que se quejen de la soberbia y prepotencia de aquellos, así como de las fuerzas armadas que actúan por cuenta propia. Cuando agentes estatales o federales violan derechos de ciudadanos o presuntos delincuentes, se ha observado una tendencia de sus superiores a protegerlos de las denuncias que se presentan en su contra, lo que fomenta la impunidad. Incluso, el Ministerio Público se abstiene de tomar de oficio la queja, a pesar de que el acto ilegal haya sido profusamente difundido en los medios.  A nivel municipal, son las Sindicaturas las que vigilan y sancionan la actuación de los policías municipales. Sindicatura Municipal es una institución del Estado cuyo titular es electo mediante el sufragio popular. En cambio, las policías estatales y federal son reguladas por las áreas de Honor y Justicia y de Asuntos Internos de sus corporaciones o dependencias, que actúan bajo la más absoluta discrecionalidad, omisiones que corren el riesgo de reproducirse bajo el modelo de Mando Único que propone el ejecutivo federal.

Seguridad Pública o Derechos Humanos

El gobierno coloca a la población en la falsa disyuntiva de escoger entre Seguridad Pública o Derechos Humanos, ahondando en el desconocimiento y la confusión popular sobre la labor de los defensores.  Esta tendencia explota los sentimientos de la población, alentando las iniciativas orientadas a promover el endurecimiento de las penas, la cadena perpetua, la pena de muerte y, ahora, elMando Único Policial, medidas que encuentran eco entre una población desinformada, temerosa y ávida de venganza antes que de justicia. La falta de una Cultura de los Derechos Humanos y el incremento de la violencia criminal, permiten la impunidad en las violaciones a los derechos y libertades de los presuntos delincuentes, creándose la percepción popular de que todo es válido, incluso los abusos de autoridad, para hacer cumplir la ley.  “Los buenos”, que por supuesto son las autoridades y las fuerzas armadas, y “los malos”, que son los criminales, los narcos y los policías corruptos (todos los policías, en el imaginario popular), merecen un castigo ejemplar, generalizándose la criminalización hacia los jóvenes, los migrantes, los adictos y los pobres.  Es ahí donde toma vigencia el gastado discurso de que “derechos humanos defiende delincuentes”, que permea entre muchos sectores de la sociedad, ahondando los sentimientos de venganza y de odio antes que los valores y sentimientos de solidaridad, de justicia y de paz. En el fondo lo que se busca es legitimar el exceso y el abuso de la fuerza para incrementar las estadísticas de detenidos, incluso exhibiéndolos cuando a veces ni siquiera se ha iniciado la integración de la averiguación previa, lo que es una flagrante violación al derecho a la presunción de inocencia que ampara el orden jurídico mexicano, y un abuso de la medida cautelar como medida excepcional, cuando la libertad es la regla general.[1]

Así, el Estado evade su responsabilidad de detener, procesar y juzgar a las personas por lo que hicieron, no por lo que son o se presume que sean. Cuando un delincuente, narcotraficante, criminal o simple infractor cae bajo la responsabilidad de los agentes del Estado, éstos se deben “humanizar”, tomar conciencia de que es un ser humano quien está bajo su custodia. Ello es el fundamento de los derechos al Debido Proceso y a la Presunción de la Inocencia, principios que contradictoriamente se promueven por el Estado bajo los fundamentos de la Cultura de la Legalidad.  Hay gobernantes que imponen sus políticas punitivas y de fuerza, una gradual y peligrosa militarización de la vida civil y avanzan en la suspensión de las garantías con apoyo popular, basados en la desinformación de los ciudadanos y en el manejo de una política mediática de miedo como mecanismo de control social.  En un país que se precie de ser democrático, los organismos públicos y privados de Derechos Humanos aparecen como mecanismos de rendición de cuentas y de equilibrios del poder, y que pueden ser un auxiliar efectivo para los gobernantes.

La Seguridad Ciudadana como alternativa

 

El Mando Único Policial plantea un reforzamiento de la capacidad represora del Estado bajo el principio de que “la violencia es monopolio del Estado”. Pero olvida que la Seguridad Pública es un Derecho Humano con todas las implicaciones que esto conlleva.  La actual estrategia gubernamental es una “reingeniería” de las acciones dirigidas al combate a la delincuencia organizada, basada en la capacidad de coordinación, de disciplina y de depuración de las policías preventivas e investigadoras, sometidas a tácticas militares propias para enfrentar las amenazas a la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior, diseñadas con ayuda del Pentágono. No va al fondo y estructura de la inseguridad y la violencia criminal, como es la corrupción, la impunidad oficial y la inequidad en la distribución de la riqueza, que arroja a millones a la pobreza, forzándolos a la economía informal, a la migración y a la delincuencia como recursos extremos de sobrevivencia ante la crisis, con todos los riesgos que esto conlleva. Por el contrario y tomando como base la experiencia de la Policía Federal y las fuerzas armadas, el modelo de Mando Único Policial pudiera desarraigar a los policías de sus comunidades, por tanto de su origen, y enviarlos a plazas y lugares con lo que no se identifiquen, se involucren ni se comprometan, como sucede hoy con los estatales, federales y militares metidos en tareas de prevención e investigación de los delitos, que van de una región a otra sin identidad comunitaria. Si a esto le agregamos que las policías preventivas de seguridad pública no tienen claro el concepto de “PREVENCIÓN”, porque en los institutos y academias de policías no les enseñan que el mantenimiento del orden público y la paz social, la protección de la integridad, la vida, el patrimonio y las libertades, y la prevención de los delitos y las faltas administrativas, se logran con vigilancia, patrullaje, rondines, recorridos, presencia y diálogo, y no estigmatizando a las personas, deteniéndolas por “actitud sospechosa”, “por no traer identificación”, por tener antecedentes, etc. Al detener o asegurar a una persona de manera prejuiciosa por su aspecto, porque “qué tal si va a robar” o por presiones de los propios vecinos, sin que hubiere flagrancia de delito o de falta administrativa, sin existir orden judicial de por medio o “urgencia administrativa” expedida por Agente del Ministerio Público, se incurre en un acto de discriminación, de molestia y de violación a la libertad de tránsito sancionados por los Artículos 1º., 11 y 16 Constitucionales, respectivamente, constituyendo así una DETENCIÓN ARBITRARIA, que es una modalidad de violación a los derechos humanos. Esta práctica es tolerada y en ocasiones promovida por los propios mandos policiales, por interés recaudatorio de la autoridad municipal o para incrementar artificialmente las estadísticas de detención, simulando así efectividad en el combate a la inseguridad y la delincuencia. De no obedecer las órdenes ilegales de sus jefes, los policías son sujetos de sanciones irregulares por los jefes policíacos. De esta manera se les coloca en contra de las comunidades a las que pertenecen y juran proteger. La detención arbitraria es una violación recurrente, sistemática y generalizada, practicada por todas las policías del país. Es por ello que las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Protección promueven, desde finales de los 90, el modelo de la Seguridad Ciudadana con una dimensión de Seguridad Humana, por lo tanto de Desarrollo Humano. Por ello, en materia de Seguridad Pública, se exige a los Estados respetar los estándares internacionales de Derechos Humanos, evitando toda política autoritaria.  La Seguridad Ciudadana propone que la Seguridad Pública no sea sólo responsabilidad de las policías, sino de toda la administración pública en su conjunto. Por lo tanto, las tareas de los policías municipales van más allá de la pura labor punitiva y preventiva del delito (defensa del patrimonio, la integridad, la vida y las garantías y libertades de las personas y la manutención del orden público y la paz social).  Ahora, incluye también el apoyo a las comunidades mediante la gestión, para que la estructura institucional de los tres ordenes de gobierno satisfaga las necesidades de obra pública, los servicios comunitarios y otros derechos como la educación, la salud, la vivienda, la protección social, etc. “La perspectiva de los derechos humanos permite abordar la problemática de la criminalidad  y la violencia, así como su impacto en la seguridad ciudadana, mediante el fortalecimiento de la participación democrática y la implementación de políticas centradas en la protección de la persona humana.”[2]

 

Un elemento que resulta indispensable plantear es la relación entre políticas de seguridad y políticas sociales dentro de la concepción más amplia de la política criminal, pues un riesgo latente es considerar que la criminalidad tiene su base únicamente en el comportamiento individual y que no está relacionada con causas sociales, eximiendo la obligación del Estado de procurar una condición de vida más digna a los sectores marginados en una sociedad profundamente desigual, donde tengan plena vigencia los derechos económicos y sociales.[3] Bajo este paradigma, el modelo de policía comunitaria plantea la necesidad de rediseñar los esquemas de reclutamiento, selección y formación policial en los Institutos y Academias de policía, tanto de los cadetes como de los elementos en activo, equilibrando el acondicionamiento físico y la disciplina con los procesos de enseñanza-aprendizaje sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego, las tácticas y estrategias de operatividad, la capacitación legal, etc., con la formación humana integral. El modelo de Mando Único policial está muy alejado de esta concepción holística, humanista y progresista. Es necesario vincular seguridad ciudadana y derechos humanos mediante una política integral que atienda las causas estructurales de la desigualdad, la injusticia y la violencia, con evitar toda clase de abusos por parte de las autoridades.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

 

Nota: Un estudio de Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste A.C., con sede en Baja California Norte, sobre el Mando Único Policiaco, realizado en octubre de 2010, aporta las ideas fundamentales de la critica a esta iniciativa presentada por Calderón. Agradecemos sus aportes para este documento.

[1] El 28 de octubre de 2009, la Primera Sala de la SCJN aprobó la Tesis Aislada CLXXXVIII/09 según la cual “es un acto de molestia… la toma de fotografías a quienes no tienen la calidad de detenidos o presuntos responsables”, en virtud de que “menoscaba o restringe derechos de la persona, al hacer uso de su imagen, aunado a que la obtención de fotografías puede resultar violatorias a los derechos a la honra y a la dignidad contenidos en artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosy 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, si el Estado incumple con sus obligaciones relativas con la protección de datos personales”. “… mientras el resultado del acto (fotografías) no se elimine, el acto de molestia continúa”.

El 14 de enero de este año, la CNDH determinó que: “La presentación de personas ante medios de comunicación, a quienes se les imputan delitos y más tarde no son comprobados, son flagrantes violaciones a las garantías individuales que vulneran el derecho a la presunción de inocencia”.

[2] “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH/OEA, Washington, 10 de mayo de 2010.

[3] Pérez Escobedo, Leticia, “La seguridad desde los derechos humanos”, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, Instituto de Derechos Humanos y Democracia, AC, México, enero de 2010.

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Criminalización de las luchas sociales

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca
Nos colocamos del lado de quienes luchan en defensa de sus derechos. Es parte de la construcción de relaciones sociales basadas en la solidaridad. Nos oponemos al uso de la fuerza pública contra los movimientos sociales. Consideramos que la protesta social ocurre cuando se cierran otras vías legales para hacer valer las demandas. El derecho de petición contemplado en la Constitución que no es respetado por los de arriba. Es un derecho político a la libertad de expresión, de manifestación y de organización. Derechos humanos, que son cada vez más violentados por los dueños del poder y del dinero. No podemos permanecer neutrales. Quien permanece impávido ante un abuso de poder lo convalida. La impotencia es un sentimiento que se genera cuando la rabia acumulada por las injusticias no encuentra opciones de lucha. No callar, no aceptar, no claudicar, es parte de la toma de conciencia de que otro mundo es posible, donde la justicia se siente entre nosotras y nosotros. Así lo entendemos, como parte de nuestra decisión de comprender la irracionalidad del poder para construir una racionalidad distinta. No las razones del dinero, ni de la fuerza del que no le importan las razones. No la razón del poder, sino el poder de la razón. Cuando nos unimos y organizamos con objetivos claros y precisos, podemos desarrollar estrategias y planes que nos coloquen en mejores condiciones y circunstancias que las impuestas por el sistema capitalista. No es fácil. No, en medio de la desinformación y desorganización, así no es posible. Si lo es, cuando nos atrevemos a luchar. Es cierto que los procesos sociales son de largo plazo. Nunca los cambios han sido de un momento a otro. Por eso, nuestra determinación de construir una fuerza organizada desde abajo, que tenga la lucha por los derechos humanos como un objetivo estratégico. Es lo que nos permite resistir y no claudicar. No al uso de la fuerza pública para solucionar conflictos sociales en Morelos.
Hace ya cuatro años se utilizó la PFP para desalojar a los trabajadores del SME y cerrar la Compañía de Luz, a la vez que se detuvo a los dirigentes sindicales y se les acusó de secuestrar a funcionarios, hecho por los que compañeros como Marco Antonio García y Héctor Salazar siguen firmando su libertad provisional y están sujetos a proceso. En Atenco fue utilizado el esquema de acusar a los dirigentes de secuestro y permanecieron años en prisión. Actualmente son víctimas de agresiones por grupos paramilitares y provocadores para imponerles el mismo proyecto que ya fue derrotado.
El anuncio de la creación del nuevo grupo represivo de la Gendarmería y la militarización de 21 de los municipios en Morelos, lejos de ser buenas señales para el pueblo, significa mayor amenaza para la lucha social. Las detenciones de opositores al Plan Integral Morelos y la campaña de desprestigio a opositores a la autopista en Tepoztlán, así como el desalojo del campamento de 5 trabajadoras de la construcción quienes tras 9 días de permanecer en huelga de hambre a las puertas de gobierno, y la detención de Luis Alejo Rosales, del sindicato de la construcción, bajo el montaje de secuestro en contra del Sub Secretario de Gobierno, son una muestra. Por otra parte, a un año de la arbitraria detención y traslado a un penal federal de Nestora Salgado, Comandanta de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Tepic, Nayarit exigimos la liberación inmediata de la defensora, quien fue detenida en un operativo mixto por efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal el 21 de agosto de 2013.
Estos casos se ubican en el contexto de la aprobación de diversas iniciativas legislativas, a nivel federal, que giran en torno al ejercicio del derecho a la protesta social y a la libertad de expresión. Estas leyes más que proteger y ampliar, buscan inhibir y limitar derechos básicos de las y los ciudadanos en una sociedad democrática, tales como la libertad de expresión, protesta, reunión y asociación, por lo que denunciamos el andamiaje que se construye para criminalizar la protesta social. Encontramos sumamente preocupante el cerco a las libertades democráticas construido desde el Estado para violentar derechos en las calles, y ahora también en internet, así como las acciones violatorias de derechos por parte del gobierno, tales como la censura previa al establecer avisos o permisos para reuniones públicas, la posibilidad de disolver las marchas si bloquean un edificio de gobierno o una vía pública, una sobre burocratización para ejercer derechos en el espacio público, la criminalización del simple aspecto o forma de vestir de las personas, y el aumento desproporcional de penas para delitos relacionados con concentraciones. Este tipo de legislaciones vulneran, coartan y restringen el ejercicio de los derechos humanos de las personas y pueblos, y buscan criminalizar la protesta social en todas sus expresiones. Es el caso de las reformas al Código Penal en materia de terrorismo, la geolocalización en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la inminente aprobación de la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia se suspensión de garantías. Esta forma de cerrazón y autoritarismo político es un pésimo mensaje para toda la clase trabajadora que está en pie de lucha contra las políticas neoliberales y privatizadoras que el gobierno lleva a cabo, por lo que exigimos que no se continúe criminalizando la protesta social en el estado de Morelos.

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Urgen medidas integrales de seguridad

Paloma Estrada Muñoz y José Martínez Cruz

Duele tanta muerte diaria. No podemos permanecer indiferentes. El debate sobre la estrategia de seguridad no puede ser obviado, si bien el Mando Único policíaco se aprobó en Morelos. ¿Acaso se puede combatir ilegalidad con ilegalidad? La iniciativa de Mando Único de Felipe Calderón ahora retomada por Graco Ramírez. ¿Gobierno de nueva visión? Esta es una vieja estrategia puesta en practica en otro estado que ha dado resultados negativos. Más aún cuando se plantea que en 3 meses funcione con un millar de elementos con un salario de 16,800 pesos cada uno, lo que da unos 168 millones mensuales, significa que en otras áreas disminuirá el gasto público. A la vista del atentado, no puede uno menos que alertar sobre el crecimiento de acciones violentas protagonizadas por este tipo de policías. La seguridad no surge de más armas en las calles, sino de prevención y medidas integrales, de combate a la impunidad y a la complicidad. Superar la crisis institucional es fundamental para una verdadera seguridad ciudadana.

 

En este contexto ocurre el atentado al Procurador. Está claro y es muy grave. 3 de sus guardaespaldas muertos y un policía herido. Una serie de dudas no esclarecidas. Pero también hay claridad en otras. Cuando una acción descoordinada entre policías tiene saldos mortales, hay responsabilidades políticas, no sólo operativas. El nivel de crisis institucional ha llegado demasiado lejos. Falta de credibilidad aunada a la desconfianza interna llevan al gobierno a denunciar un atentado planeado desde sus propias filas para descarrilar su estrategia de seguridad. Pero el gobernador se equivoca en el destinatario de sus críticas defensivas. ¿Detractores? Claro, hay abogados con historial poco ético que lucran con causas y aprovechan para golpear y luego tratan de ser incluidos en el aparato gubernamental. También hay dirigentes de partidos que ya ocuparon el gobierno estatal y demostraron actuar contrariamente al pueblo. Pero hay muchas voces críticas que se levantan contra los desaciertos del gobierno actual. Si no se escuchan no se toman en cuenta en el diseño de políticas públicas incluyentes. Lo que está claro es que los niveles de violencia e inseguridad en Morelos han crecido. Y los desatinos también. Siguen siendo asesinados jóvenes en las calles y el feminicidio resulta imparable. El atentado contra el Procurador es la secuela de otros hechos igualmente graves. Lo deliberado está claro: un retén fuertemente armado implica alto riesgo para quien pasa por ahí, menos para los delincuentes, que eluden! Hay 10 policías detenidos y sujetos a investigación pero, ¿se irá a fondo en la investigación, o solo se trata de fabricar culpables a modo?

Hay que recordar que la iniciativa de Calderón, ex presidente panista,  y ahora de Graco, para crear el Mando Único, evadió ceñirse al Artículo 115 Constitucional de 1999 que dice: “La índole social y natural del municipio como unidad política, administrativa y territorial, de nuestra vida nacional (…) devolviéndole al municipio la función principal del gobierno directo de la comunidad básica, en virtud de que éste es una comunidad social que posee territorio y capacidad política, jurídica y administrativa (…)”. De esta manera, el municipio se reconoce como la forma primaria de relación entre los gobernantes y los gobernados. Las fracciones II y III del Artículo 115 otorgan a los municipios personalidad jurídica propia, facultades para manejar su patrimonio, expedir los bandos de policía, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas y para tener bajo su cargo las funciones y servicios públicos. Los “servicios públicos” incluyen a la Seguridad Pública en los términos del Artículo 21 Constitucional.

Por otra parte, el Municipio es como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, un poder público de los estados miembros de la Federación, división consagrada en el Artículo 49 Constitucional. De esta manera se puede afirmar que el “poder municipal” tiene como titular a todos los miembros de los ayuntamientos en un estado parte de la Federación, por lo que es válido y aplicable la prohibición que el Artículo 49 establece respecto a que “no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación”. Bajo esta interpretación, la iniciativa de Calderón y ahora retomada por el Gobernador de Morelos, para desaparecer las corporaciones policíacas municipales e integrarlas a un Mando Único estatal, viola las disposiciones contenidas en el Artículo anterior, al trasladar el mando de las policías municipales al Poder Ejecutivo. Así, el presidente municipal, responsable de la Seguridad Pública en su respectivo ayuntamiento por mandato de ley, se somete a la autoridad del gobernador perdiendo toda autonomía; además, supeditado a un mando militar.

Aunque el gobernador ha hecho innumerables llamados a la unidad; a la corresponsabilidad y participación activa de gobierno y ciudadanos en la lucha contra el crimen organizado, cuando es el Estado, el único garante y responsable de la seguridad pública. Y, contradictoriamente, quitó a los alcaldes facultades en la materia reduciéndolos a simples administradores de los territorios municipales. Los principios consagrados en la Constitución, no pueden ser modificados discrecionalmente por el legislativo federal y estatal sólo con una votación de mayoría calificada, emitida por consigna o por factores coyunturales, como tampoco pueden ser modificados de facto por los Poderes Ejecutivos federal y estatales, como se hizo en Morelos. Pues estos principios no surgen de manera espontánea ni son un capricho u ocurrencia de nadie. Son fundamentos de un Estado democrático que van acordes al desarrollo histórico y cultural de la Nación, a los procesos sociales y a la inserción del país a la comunidad internacional, por lo que dichos principios deben prevalecer o, en su caso, mejorar, pero nunca retroceder, privilegiando en todo momento el interés público, el bien común, la dignidad y los derechos de las personas. Los primeros resultados, negativos, están a la vista no solo de los “detractores”, sino del pueblo que no comulga con ruedas de molino, pues sabe que  retenes fuertemente armados con la vieja estrategia de militarizar la policía, coloca en mayor riesgo a la ciudadanía en Morelos, por eso es necesaria la movilización de la sociedad civil para decir ¡ya basta!

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