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Se aprobó la Ley contra la tortura

La tortura es una práctica generalizada entre las corporaciones policíacas y militares en México. Los informes de organizaciones internacionales y nacionales defensoras de derechos humanos así lo demuestran. Prevenir, investigar y sancionar para erradicar la práctica de la tortura es una necesidad apremiante para salvaguardar los derechos humanos de todas las personas en nuestro país. La probación por el Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y sancionar la Tortura y otros Tratos y o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, significa un paso significativo en ésta dirección, sin embargo, será precisamente la aplicación práctica de éste instrumento legal lo que permita evitar que la tortura se siga utilizando para fabricar culpables y mantener la impunidad.

Sobre éste tema, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  Este organismo internacional destacó que la adopción de esta ley atiende una de las recomendaciones formulada al Estado Mexicano por varios mecanismos internacionales de derechos humanos, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, con ocasión de su visita al país en octubre de 2015.

La ley general de tortura es un instrumento fundamental para combatir uno de los retos más críticos que enfrenta el Estado mexicano en materia de derechos humanos. La ley establece la prohibición absoluta de la tortura, sanciona la conducta en todo el país bajo una misma definición acorde con los tratados internacionales, excluye las pruebas obtenidas mediante tortura y otras violaciones a los derechos humanos y determina reglas claras de combate a la impunidad. Asimismo, esta nueva normativa distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno, crea un registro nacional de casos de tortura e incluye medidas para la asistencia, atención y reparación de las víctimas. Igualmente, la ley aprobada establece la adopción de un programa nacional para erradicar el delito, refuerza las medidas de prevención y robustece al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, entre otras medidas transformativas importantes.

“Las potencialidades de la ley adquirirán pleno significado cuando se traduzcan en una práctica observable y evaluable, esto es, cuando se prevenga la tortura, se sancione a los culpables, se excluyan las pruebas obtenidas mediante tortura y se repare de manera integral a las víctimas. Por ello, la ONU-DH hace un llamado para que la ley se promulgue a la brevedad y, sobre todo, se garantice su aplicación efectiva”, sostuvo Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México. “De manera especial, la implementación de la ley debe asegurar que la tortura deje de emplearse como un método de investigación criminal y que sean los torturadores y no las víctimas de tortura quienes enfrenten cargos ante la justicia. Por ello, mi Oficina seguirá de cerca la implementación de esta importante pieza legislativa y aportará su asistencia y cooperación para favorecer su aplicación práctica”, agregó el Sr. Jarab.

Asimismo, la ONU-DH reconoce la apertura y disposición de los diversos actores involucrados en la aprobación de la ley. De manera especial, es destacable el trabajo realizado por el Senado de la República, mismo que fue profundizado por la Cámara de Diputados. De igual forma, merece ser subrayado el impulso desplegado desde la Procuraduría General de la República, así como las importantes contribuciones de la CNDH, de las organizaciones de la sociedad civil y algunas universidades. Pero ante todo, ha sido la valentía de las víctimas la que ha inspirado a múltiples actores a impulsar una ley cuyo objetivo central es erradicar el sufrimiento que implica la inadmisible práctica de la tortura. A las víctimas de tortura, reiteradamente estigmatizadas, así como a quienes defienden sus derechos humanos, la ONU-DH les reitera su solidaridad, respaldo y empatía.

Finalmente, la ONU-DH refrenda su plena disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado y la sociedad civil mexicanos en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.

Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos nos sumamos a la exigencia de que se aplique integralmente éste nuevo ordenamiento general contra la terrible práctica de la tortura hasta lograr su erradicación.

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Sociedad civil insta al Senado a aprobar Ley General contra la Tortura esta semana

  • Urgente contar con marco normativo que cumpla obligaciones internacionales.
  • La Ley aprobada por el Congreso de la Unión debe dar paso a su pronta publicación.

24 de abril de 2017. Las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones abajo firmantes hacemos un llamado al Senado de la República para que apruebe esta semana el dictamen de Ley General contra la Tortura enviado por la Cámara de Diputados el pasado 19 de abril, así posibilitando la publicación y entrada en vigor de la Ley.

Recordamos que, tras un proceso que se destacó por la participación activa de la sociedad civil, hace un año el Senado aprobó una minuta de Ley General que representaba un paso histórico hacia un marco normativo homologado e integral para el combate de la crisis de tortura en nuestro país.

Dicha minuta fue turnada a la Cámara de Diputados desde abril de 2016. Finalmente, el pasado miércoles la Cámara aprobó un dictamen de Ley basada en la minuta del Senado. Entre las modificaciones más destacables que introduce el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, se establece que la prohibición del uso de pruebas obtenidas mediante la tortura es absoluta y no admite excepciones, adecuando la Ley a la Constitución y los tratados internacionales en este punto fundamental. Asimismo, se fortalece el diseño del Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura y se aclara que la responsabilidad penal por actos de tortura no se limita a determinadas formas de autoría.

Saludamos la aprobación del producto legislativo alcanzado, que incorpora obligaciones internacionales. Sin embargo, dicho proceso no incidirá en la apremiante realidad del país hasta traducirse en la entrada en vigor y efectiva implementación de la Ley.

Por lo tanto, instamos al Senado a aprobar el dictamen de Ley General contra la Tortura enviado por la Cámara de Diputados la semana pasada, así dando paso a su publicación y a la etapa de implementación y aplicación de tan importante legislación.

Organizaciones e instituciones académicas nacionales

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social

Equis, Justicia para las Mujeres

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, s.j.

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA)

Laboratorio de Innovación para la Paz, A.C.

Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, Universidad Iberoamericana, Torreón

Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana

 

Organizaciones regionales e internacionales

 

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT Francia)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

 

Redes

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

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Llamado a la adopción pronta de una Ley General Contra la Tortura que cumpla con los estándares internacionales

Carta abierta conjunta

Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la República

Av. Congreso de la Unión #66. (entrada por Sidar y Rovirosa). Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15969, México, D.F

Correo electrónico:  maria.murguia@congreso.gob.mx

9 de marzo de 2017

Llamado a la adopción pronta de una Ley General Contra la Tortura que cumpla con los estándares internacionales

 Distinguida Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez,

 Reciba atentos saludos de las organizaciones abajo firmantes. Nos dirigimos a la Cámara de Diputados a través de su conducto en seguimiento al dictamen sobre el proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, actualmente pendiente de discusión y aprobación en esta H. Cámara.

 Como destacamos en una carta abierta previa transmitida al Presidente de la Mesa Directiva del Senado, consideramos que la promulgación de una ley general contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (LGT, de ahora en adelante) es una oportunidad única e histórica para el establecimiento de un marco legal eficaz e inequívoco que sienta las bases para la erradicación de la tortura en el país y aborde las problemáticas institucionales en este ámbito. Sin embargo, nos unimos a la preocupación expresada por la articulación de organizaciones de derechos humanos de México y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en las últimas semanas respecto varios cambios introducidos por parte de las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de esta Cámara a la minuta aprobada por el Senado el 29 de abril de 2016, los cuales conducirían a perpetuar la práctica de la tortura y la impunidad por este abominable crimen en México. Vinculado a lo anterior, queremos expresar nuestra inquietud por el hecho de que en el proceso que culminó en estos cambios no se contó con participación de personas y organizaciones expertas en la materia.

 En este marco, las organizaciones abajo firmantes exhortamos a la Cámara de Diputados a evitar que se introduzcan modificaciones a la minuta que supondrían un retroceso respecto la minuta aprobada por el Senado, la cual, salvo ciertos puntos puntuales que señalamos a continuación, consideramos que satisface los estándares internacionales en la materia, como también considera el Relator sobre Tortura de la ONU[1].

En particular, respecto a la minuta enviada por el Senado, insistimos en tres aspectos que se deberían modificar para alcanzar los más altos estándares internacionales en la materia, tal y como ya destacamos en la carta abierta anterior:

 1. Es absolutamente esencial garantizar la exclusión de la prueba obtenida mediante tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante (TPCID) sin contemplar excepción alguna: Nos parece sumamente importante que la LGT excluya cualquier precepto, supuesto o circunstancia susceptible de ser entendida o usada como una excepción a la regla de la inadmisibilidad de toda prueba obtenida directa o indirectamente bajo tortura y TPCID. La observancia de esta directriz constituye una conditio sine qua non para la erradicación de hecho y de derecho del uso de pruebas obtenidas bajo coacción y, en consecuencia, para la eliminación de la principal causa detrás de la práctica endémica de la tortura y TPCID en el sistema penal mexicano. La prohibición del uso de pruebas obtenidas mediante tortura o malos tratos es inequívoca y no admite excepción alguna[2]. Por estas razones, se debe eliminar las excepciones asociadas a los conceptos de “descubrimiento inevitable”, “fuente independiente” y “nexo atenuado” previstas en el artículo 50.

2. Investigación y sanción de superiores jerárquicos: Nos parece fundamental que la LGT establezca la responsabilidad de todo superior jerárquico responsable por actos de tortura o TPCID por acción u omisión, esta última cuando no haya ejercido un control apropiado sobre sus subordinados o cuando aquél supiera o poseyese información que le permitiera concluir que los subordinados estaban cometiendo o iban a cometer tortura o TPCID. Teniendo en cuenta lo precedente, urgimos a la eliminación de la referencia en el artículo 13 de la responsabilidad por “ordenar” actos de tortura y su sustitución por un lenguaje que incluya todas las formas de autoría y responsabilidad previstas en la normatividad nacional e internacional. 

 3. Consentimiento para procedimientos médicos y científicos: En el artículo 24.III, instamos a que la Cámara modifique el lenguaje referente a la posibilidad de realizar procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento, para aclarar que dicha excepción se refiere a personas menores de 18 años. Lo anterior, para que no se interprete en el sentido de validar la práctica vigente de someter a personas adultas con discapacidad a procedimientos sin su consentimiento y sin haber proporcionado los apoyos necesarios para posibilitar una decisión acorde con la voluntad de la persona, tal y como exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en 2007. 

 Respecto a las modificaciones a la minuta introducidas en la Cámara de Diputados:

 1. Para ser conforme a los estándares internacionales, la LGT debería establecer de forma inequívoca que las autoridades competentes tienen la obligación de realizar u ordenar una investigación pronta e imparcial cuando hay motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura o TPCID (ver artículo 12 de la Convención contra la Tortura y otros TPCID) y/o ante cualquier queja o denuncia de tortura o TPCID (ver artículo 13 de la Convención contra la Tortura y otros TPCID). En este sentido, se debe suprimir el requisito adicional agregado por las Comisiones referidas en el artículo 33.II del dictamen, mismo que requeriría, en casos de denuncia, que además de la misma existan “elementos objetivos o evidencia razonable” de tortura. 

2. Respecto el artículo 16 del dictamen, todo servidor público, cuando existan indicios de que puede estar involucrado en actos de tortura o TPCID, debería ser apartado de la investigación de actos de tortura o TPCID y de la investigación en cuyo marco se cometió tales actos. Dicha medida no se puede limitar a casos de vinculación al proceso, tal y como está previsto en la minuta modificada por la Cámara de Diputados. La participación en la investigación sobre hechos susceptibles de constituir tortura o TPCID de quienes hay razones fundadas para creer que podrían estar implicados en dichos hechos pondría en cuestión la imparcialidad y, en consecuencia, la efectividad de tales investigaciones, las cuales muy improbablemente culminarían en el ejercicio de acción penal. En caso de sí existir vinculación a proceso, el servidor público debería ser suspendido del cargo mientras dure el proceso, para prevenir que se repitan hechos semejantes.

 3. La minuta de LGT aprobada por el Senado incluía una serie de causales que permitían al Ministerio Público de la Federación solicitar la remisión de una investigación estatal al fuero federal, incluyendo cuando los agentes implicados en actos de tortura pertenecían a la institución a la que correspondería la investigación en el fuero común, cuando la Fiscalía Especializada competente no iniciaba la investigación y cuando esta no se realizaba de forma pronta, imparcial y exhaustiva. Sin embargo, las Comisiones dictaminadoras de la Cámara eliminaron estas y otras causales de atracción (artículo 22), lo que puede representar un obstáculo insalvable a la imparcialidad y la efectividad de la investigaciones de tortura y TPCID. En consecuencia, las organizaciones firmantes instamos a que se retome la versión aprobada por el Senado.

 4. Finalmente, es muy importante que la LGT, respecto al establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), recoja los requisitos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), en particular en lo relativo a su autonomía funcional y financiera, así como en lo relativo a la participación de las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de garantizar el monitoreo efectivo de las condiciones de detención. Para lograr lo anterior, la LGT debería retomar los estándares y recomendaciones en la materia del Subcomité para la Prevención de la Tortura (que visitó México en diciembre pasado), así como de organizaciones especializadas como es la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT).

 Agradeciéndole de antemano la atención a la presente, nos despedimos muy respetuosamente,

 Las organizaciones que suscribimos esta carta:

 – Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

– Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT Francia)

– Amnistía Internacional (AI)

– Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)

– Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

– Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

– Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT)

– Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG)

– Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

– Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PI)

– Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights)

 

Con copia a:

 

Cámara de Diputados

Dip. Álvaro Ibarra Hinojosa

Presidente, Comisión de Justicia, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

alvaro.ibarra@congreso.gob.mx

 

Dip. Armando Luna Canales

Presidente, Comisión de Derechos Humanos, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

armando.luna@congreso.gob.mx

 

Dip. Francisco Martínez Neri

Coordinador, Grupo Parlamentario del PRD, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

fmartinez.neri@congreso.gob.mx

 

Dip. César Octavio Camacho Quiroz

Coordinador, Grupo Parlamentario del PRI, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

cesar.camacho@congreso.gob.mx

 

Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza

Coordinador, Grupo Parlamentario del PAN, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

marko.cortes@congreso.gob.mx

 

Dip. Jesús Sesma Suárez

Coordinador, Grupo Parlamentario del Partido Verde, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

jesus.sesma@congreso.gob.mx

 

Dip. Norma Rocío Nahle García

Coordinadora, Grupo Parlamentario de Morena, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

norma.nahle@congreso.gob.mx

 

Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich

Coordinador, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

clemente.castaneda@congreso.gob.mx

 

Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza

Coordinador, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

luis.valles@congreso.gob.mx

 

Dip. Alejandro González Murillo

Coordinador, Grupo Parlamentario de Encuentro Social, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

alejandro.gonzalez@congreso.gob.mx

 

Administración federal

 

Humberto Castillejos Cervantes

Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal

hcastillejos@cjef.gob.mx

 

Raúl Cervantes Andrade

Procurador General de la República

raul.cervantes@pgr.gob.mx 

 

Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario de Gobernación

secretario@segob.gob.mx  

 

Luis Videgaray Caso

Secretario de Relaciones Exteriores

canciller@sre.gob.mx 

 

 


[1] Ver Informe de seguimiento del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sobre México, Doc. ONU A/HRC/34/54/Add.4, 17 de febrero de 2017, párr. 9.
[2] Cabe destacar que ningún Estado parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradantes ha formulado una reserva al artículo 15 (exclusión de la prueba ilícita), lo que refleja su aceptación universal y su condición de norma de derecho internacional consuetudinario.

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Demoras, falta de diálogo y propuestas regresivas en combate a la tortura

  Las modificaciones planteadas en la Ley General contra la Tortura desde la Cámara de Diputados tienden a invisibilizar y debilitar investigaciones por tortura 
 La ley que se apruebe debe incorporar los más altos estándares de protección de derechos humanos, conforme el bloque de constitucionalidad vigente 
 
El pasado 5 de enero se cumplió un año de la fecha límite señalada por el Congreso de la Unión para aprobar, dentro de un plazo de 180 días contados a partir del 10 de julio de 2015, las leyes generales para combatir la tortura y la desaparición forzada. Dicha disposición, deviene de la reforma al artículo 73, fracción XXI de la Constitución, en donde se otorgan facultades al Congreso para legislar sobre esas materias. 
 
Diversos organismos e instituciones internacionales y de la sociedad civil mexicana –como las que firmamos este pronunciamiento–, nos hemos pronunciado en numerosas ocasiones sobre la grave crisis de tortura generalizada que existe en el país. En 2015, el entonces Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó las obligaciones de las autoridades bajo diversos tratados ratificados por México; de la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos de la ONU, han señalado ampliamente la necesidad imperiosa de contar con marcos normativos acordes a los más altos estándares internacionales que conlleven a la erradicación de esta grave práctica. En un primer momento en sede legislativa, el Senado aprobó una minuta sobre la Ley General para Prevenir la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, con avances considerables para cumplir con los más altos estándares de derechos humanos.
 
 La minuta de ley se encuentra actualmente en el seno de la Cámara de Diputados desde mayo de 2016, en donde se frenó el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas que han aportado elementos de discusión y contenidos al debate. Lo anterior, originó que en el último día del período legislativo anterior –el 15 de diciembre de 2016– la Cámara de Diputados pretendiera votar un dictamen sobre la ley, que modificaba regresivamente el dictamen y sin considerar la corrección de algunas expresiones y estipulaciones de la minuta original. 
 
En ese sentido, las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pretendieron: 1) eliminar diversas causales de competencia federal sobre investigaciones por tortura, incluso en casos en que los agentes denunciados por tortura pertenezcan a la misma procuraduría estatal; 2) restringir la facultad actual de las y los jueces de ordenar una investigación cuando personas procesadas denuncien haber sido objeto de tortura, aun cuando esta es no solamente obligación de las autoridades, sino también la única vía por la que muchas víctimas logran iniciar investigación, así como una de las fuentes más relevantes para contar con un diagnóstico del problema; 3) limitar los casos en que proceda la separación de agentes posiblemente implicados en tortura, de las investigaciones correspondientes (medida necesaria para evitar que los agentes implicados se investiguen a sí mismos); y 4) construir el registro de víctimas de tortura únicamente a partir de casos judicializados, dejando fuera a la gran mayoría de víctimas cuyos victimarios nunca enfrentan un proceso penal. Todas las propuestas mencionadas, van encaminadas a un menor acceso a información sobre denuncias de tortura y una menor posibilidad de contar con una investigación imparcial de la misma. 
 
Aunado a lo anterior, dichas comisiones no contemplaron mejorar y elevar los estándares de la ley aprobada por el Senado, que si bien contiene importantes avances en la materia, aún cuenta con algunas deficiencias como: 1) el lenguaje sobre el carácter absoluto de la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura; 2) la tipificación de la tortura en su vertiente de procedimientos médicos o científicos sin consentimiento, práctica que actualmente genera violaciones a los derechos humanos de personas con alguna discapacidad; así como 3) la ausencia de disposiciones claras para establecer responsabilidad de las y los superiores jerárquicos que autoricen, toleren o de otra forma incurran en responsabilidad por actos de tortura. 
 
En diciembre de 2016, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU visitó nuestro país para hacer una documentación sobre la prevención efectiva de la tortura; al fin de su visita a diversos centros de privación de libertad, así como de entrevistas con autoridades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil, concluyeron que “las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”1 . 
 
Por lo anterior, quienes aquí suscribimos exhortamos a la Cámara de Diputados a revertir las demoras y propuestas regresivas que caracterizaron el último periodo legislativo y de aprobar una Ley General en la materia que tienda realmente a la erradicación de la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que fortalezca los controles de prevención y sanción de la misma y elimine cualquier posibilidad de utilizar pruebas obtenidas bajo tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, todo esto, con la convicción de no retroceder en el marco jurídico e interpretaciones ya implementadas en nuestro país, y armonizar el mismo con los estándares más altos para la protección de los derechos humanos. 
 
Firman más de un centenar de organizaciones: 
 
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos, Asociadas por lo Justo (JASS), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social; Equis, Justicia para las Mujeres, Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Fundar, Centro de Análisis e Investigación Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM) I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, s.j., Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA), Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, Universidad Iberoamericana, Torreón. Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana.
 
 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREALDF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

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Retroceso de la SCJN: criterio de la Primera Sala podría validar condenas basadas en tortura

 

  • Primera Sala publica tesis aislada que pretende limitar supuestos en los que se debe investigar denuncias de la defensa del uso de tortura en el proceso penal
  • SCJN invita a Corte Interamericana a sesionar en nuestro país, pero incumple jurisprudencia de ésta en materia de tortura

23 de agosto de 2016.- Externamos nuestro rechazo ante la tesis aislada CCV/2016 publicada el 19 de agosto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual plantea que no procede reponer procesos penales para investigar actos de tortura denunciados por la defensa, a no ser que exista confesión o “autoincriminación” de la persona acusada.

En otras palabras, si la declaración bajo tortura de la persona acusada no es calificada como confesión; si una persona es torturada para que incrimine a otra; o si la tortura produce cualquier otra prueba distinta a la autoincriminación, podrían quedar intactas las condenas basadas en tales pruebas ilícitas, según la regla aprobada por los Ministros Pardo Rebolledo, Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea.

Por esta razón, la tesis es violatoria de la prohibición absoluta de dar validez a cualquier prueba obtenida mediante tortura, reflejada en la Constitución (“Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”[1]), el Código Nacional de Procedimientos Penales y numerosos tratados internacionales.

El año pasado, el Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó las obligaciones de las autoridades judiciales bajo diversos tratados ratificados por México, incluyendo la de excluir “cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura”[2]. La Corte Interamericana, misma que actualmente se encuentra en México a invitación de la propia SCJN, ha reiterado que “la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura… ostenta un carácter absoluto e inderogable”[3], observando además que “las declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser veraces”[4].

Recordamos que permitir que las condenas sigan basándose en declaraciones o pruebas fabricadas bajo tortura, significaría frenar desde el inicio el proyecto de transformación que debería representar el nuevo sistema penal. En tal escenario, en vez de mejorar la calidad de las investigaciones penales, el país seguiría en un ciclo vicioso, en el que la poca capacidad para investigar conlleva la falta de esclarecimiento y sanción de la gran mayoría de delitos cometidos, así como la fabricación de culpables mediante la tortura, entre otros, con tal de ocultar el tamaño de la impunidad.

Por todo lo anterior, hacemos un enérgico llamado a la Primera Sala a modificar su criterio, aclarando que ninguna prueba obtenida mediante tortura es válida.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social

Equis, Justicia para las Mujeres

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos Para Todas y Todos (REDTDT)

[1] Artículo 20(A)(9).

[2] Informe sobre México del Relator Especial sobre tortura, A/HRC/28/68/Add.3, párr. 83(d).

[3] Corte IDH, Cabrera García y Montiel Flores v. México, párr. 165.

[4] Ibíd., párr. 167.

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Eliminar el uso de la tortura obligación pendiente

  • Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura
  • Imprescindible que la Ley General anti-tortura cumpla obligaciones del Estado para que funcione nuevo sistema penal y se atienda a víctimas

 

26 de junio de 2016.- Hoy, en el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, las organizaciones e instituciones académicas firmantes, quienes durante los últimos diez meses hemos aportado insumos técnicos para la Ley General anti-tortura, hacemos un llamado por que el Estado garantice los derechos de las víctimas y el funcionamiento del nuevo sistema penal eliminando el uso de la tortura como método para la fabricación de pruebas. Al mismo tiempo, reprobamos la desinformación que todavía existe sobre la tortura y las víctimas de este grave delito.

El Estado mexicano anunció su compromiso de erradicar la tortura cuando se reformó la Constitución para contemplar una Ley General contra esta práctica. No obstante, ese compromiso con las víctimas de tortura y con la sociedad se materializará en la medida en que el Congreso apruebe una Ley acorde a la Constitución y las obligaciones internacionales del Estado.

En ese contexto, diversos expertos y expertas, incluyendo en días pasados al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han resaltado la centralidad de la obligación de eliminar el uso en procesos penales de pruebas producidas mediante tortura. Sólo así el Estado brindará justicia mediante investigaciones reales, evitando la fabricación de culpables.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha reiterado que “la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura o tratos crueles e inhumanos… ostenta un carácter absoluto e inderogable”[1].

De la misma manera, el Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó al Estado sus obligaciones bajo diversos tratados de Naciones Unidas ratificados por México, al señalar que se debe excluir “cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura o malos tratos o en violación de garantías fundamentales”[2].

En efecto, nuestra Constitución establece que “Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”[3], estándar también adoptado en jurisprudencia de la SCJN[4].

En este sentido, cualquier propuesta de permitir la admisibilidad de pruebas obtenidas mediante tales violaciones, o de limitar la regla de exclusión solamente a cierto tipo de prueba, demuestra un desconocimiento del derecho nacional e internacional aplicable. Más grave, es que tales propuestas fomentarían la repetición en el nuevo sistema penal de los mismos vicios que siempre han generado arbitrariedad, errores e injusticias en el sistema tradicional.

A la luz de la larga serie de casos documentados en años recientes de tortura a personas inocentes, vale la pena recordar que en los casos de liberación de sobrevivientes de tortura -mismos que suelen ser ampliamente mediatizados aunque no representen la mayoría de casos- esta procede porque al excluir las pruebas ilícitas y no confiables, resulta que no hay pruebas para acusar o condenar a una persona. Es decir que procede liberar, por la ausencia de pruebas sólidas y confiables ofrecidas por el Ministerio Público.

Las víctimas de tortura, como toda víctima del delito y de violaciones a derechos humanos, tienen derecho a la justicia y a la reparación del daño. No menos urgente es garantizar la no repetición de este crimen en el contexto de la justicia penal, de privación de la libertad, de represión de la protesta social y en cualquier otro. La Ley General pendiente en la Cámara de Diputados debe reflejar esta obligación en cada uno de sus artículos, en congruencia con su objeto de combatir y erradicar la tortura.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social

Equis, Justicia para las Mujeres

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J., 

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos Para Todas y Todos (REDTDT)

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Declaración de OSC contra la tortura

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SE PRONUNCIAN POR EL VIDEO DIFUNDO EN EL QUE SE OBSERVA A MILITARES Y POLICIAS REALIZANDO INTERROGATORIOS BAJO TORTURA 
En un video difundido en redes sociales se observa como elementos del ejército y policía federales torturan a una joven mujer como para obtener información. 
La Secretaría de la Defensa Nacional abrió la investigación en la jurisdicción militar por el delito de “desobediencia”. 
Estos hechos ameritan una profunda investigación y demuestran la necesidad de contar en México con un marco normativo adecuado que reconozca la grave problemática de la tortura y ésta se investigue, se castigue y se repare conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Este jueves 14 de abril, circuló por redes sociales un video en el que un grupo de militares y policías torturan a una joven con el empleo de bolsas para provocar ahogamiento y con la simulación de ser ejecutada. Según la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, pero fueron hechos públicos hasta el día de hoy mediante la difusión de un video en redes sociales. Destacamos que en su comunicado, la propia SEDENA reconoció la autenticidad del video y los hechos que se documentan. De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades militares tuvieron conocimiento de los actos hasta el 10 de diciembre de 2015 por lo que la SEDENA dio “vista inmediata al Ministerio Público Militar” y el 4 de enero del 2016, a un año de los hechos, informó a la Procuraduría General de la República para que “determine la responsabilidad en cuanto a “las afectaciones civiles”. Las autoridades militares, señalan también, que fue hasta el 11 de enero que se dictó auto de formal prisión a la policía militar y el elemento de tropa, “quienes están a disposición del Juez Quinto Militar como probables responsables de los hechos y sujetos a proceso penal por el delito de encubrimiento.”.
Los firmantes rechazamos que los militares involucrados estén sujetos a un proceso penal en el fuero de guerra, ante un juez militar, y no ante un juez ordinario, pues los actos de tortura de acuerdo a la legislación nacional deben ser competencia de la PGR y los involucrados deben ser procesados ante los jueces civiles. Al respecto, la SEDENA argumentó que el proceso se desarrollará en los “dos fueros”; en el militar, por “desobediencia”, únicamente, y en el ordinario, por el delito que la PGR considere.
Estos hechos, incluyendo la conducta pública de los mandos militares minimizando la gravedad de los hechos, explican la institucionalidad de la tortura en nuestro país y demuestran la necesidad que el marco normativo se modifique para que todo acto de tortura se prevenga, investigue, castigue y repare conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Por ello, los hechos que exhibe el video, y otros muchos casos más de tortura, deben ser considerados para acelerar y profundizar la discusión que actualmente se llevan a cabo en el Senado sobre los contenidos de la Ley General de la materia.
Exigimos de la Procuraduría General de la República, como una instancia civil, investigue y acuse ante jueces ordinarios a los responsables de estos hechos sucedidos en 2015, e informe de los avances sobre las investigaciones. De la misma forma exigimos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que realice el contacto con la persona, que se observa en el video siendo torturada, para verificar su situación legal y su afectación psicológica, ya que como señalan los medios de comunicación, esta persona actualmente se encuentra detenida.
Consideramos, que Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debe intervenir e integrar de oficio una queja por violaciones graves a los derechos humanos e investigar: la cadena de mando la conducta de las autoridades superiores que ordenaron estas conductas y el alcance de la autoría intelectual de estos hechos.
A la Comisión Nacional de Seguridad, exigimos también, informe sobre la situación legal de los elementos que intervinieron en esta tortura, de su posición sobre los hechos e informe sobre el seguimiento de los casos, las sanciones disciplinarias y penales a los Policías Federales involucrados.
Firmantes
ASILEGAL A.C Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, AFADEM Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. A.C. Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P., A.C. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADHAC A.C Colectivo contra la Tortura y la Impunidad CCTI Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, CCDH. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. Documenta A.C. Fundación para el Debido Proceso Legal A.C Fundar, Centro de Análisis e Investigación. A.C IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. A.C. México, Derechos Humanos. Presunción de Inocencia A.C. Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Miguel Sarre, Maestro en Derechos Humanos y actual académico del ITAM. Carlos Ríos, Consultor en Derechos Humanos.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa,A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.(CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad IberoamericanaPuebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.(CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales yCulturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C.(SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)

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