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A un año de la aprobación de la Ley General contra la Tortura, instituciones del más alto nivel incumplen y violan la norma

Este 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, se cumple un año de la publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley General). A pesar de los avances en la materia, instituciones de alto nivel como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia han tomado acciones regresivas o abiertamente violatorias de la nueva norma que obstaculizan la erradicación de la tortura en el país.

En ese sentido, resulta sumamente preocupante la adopción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una tesis de jurisprudencia que contradice la regla absoluta de considerar inadmisible cualquier prueba obtenida bajo tortura, la cual es una obligación reconocida en la Ley General, pero también un deber preexistente del Estado mexicano de acuerdo al Derecho Internacional. La tesis, que representa una regresión frente a la jurisprudencia previa del Máximo Tribunal, dispone que no es necesario reponer un proceso penal donde la persona sentenciada afirma que su condena se basó en evidencias fabricadas bajo tortura, salvo que exista autoincriminación (normalmente una confesión)[1]. Este lenguaje deja abierta la posibilidad de utilizar declaraciones obtenidas bajo tortura distintas a una confesión, por ejemplo, cuando se detiene y tortura a un grupo de personas para que se inculpen mutuamente, como ha ocurrido en un sinnúmero de casos conocidos por las organizaciones firmantes.

Por otra parte, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia anunció en febrero de 2018 que había adoptado – mediante un proceso opaco – un nuevo Protocolo Homologado para la investigación de la tortura. Mientras la Ley establece que la denuncia de tortura llevará a una investigación realizada por la Fiscalía Especializada competente, el Protocolo dispone que el o la agente del Ministerio Público que reciba la noticia de tortura realizará una suerte de pre-investigación sin fundamento en norma alguna, y sólo en caso de considerar que existe una presunción de tortura, enviará el caso a la Fiscalía Especializada para que esta lo investigue y lo registre con fines estadísticos[2]. Así, el Protocolo crea una nueva categoría discriminatoria aplicable solamente a víctimas de tortura, al inventar nuevos procedimientos a agotarse antes de abrir una investigación. El Protocolo es actualmente objeto de un juicio de amparo que señala su incompatibilidad con la Ley General, con el nuevo sistema de justicia penal y con el derecho internacional.

En relación a otras acciones requeridas por la nueva Ley General, recordamos que este año se instaló el Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cuyos resultados dependerán del apoyo que reciba del presidente del Comité, que a la vez es presidente de la CNDH, y de la articulación de su aparato ejecutivo con otros actores, incluyendo a las defensorías públicas, que deben coadyuvar en la prevención de la tortura, y las fiscalías, que deben actuar para proteger la integridad de las personas privadas de la libertad en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Por otra parte, resulta cuestionable la falta de avances y de transparencia en el diseño del Programa Nacional contra la tortura previsto en la Ley General contra la tortura.

En conclusión, las organizaciones firmantes consideramos alarmante que diversas instituciones que deberían ser las primeras en comprometerse con el nuevo modelo contra la tortura lo desconozcan en sus acciones. Cumplir la Ley General y erradicar la tortura como estrategia de fabricación de pruebas, represión o con cualquier otro fin debería ser un elemento prioritario y fundamental de la agenda de justicia y seguridad ciudadana de todas aquellas personas que busquen ocupar cargos de elección popular el próximo 1º de julio, especialmente en el caso de los candidatos presidenciales.

Es por ello que, en este Día de Apoyo a las Víctimas de Tortura, hacemos un enérgico llamado a los candidatos y candidatas a cargos de elección popular a comprometerse con el cumplimiento de la Ley General contra la Tortura, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal, y exigimos a las autoridades estatales y federales adoptar inmediatamente acciones encaminadas a erradicar la tortura, tal como lo mandata la legislación aplicable.

 

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-Francia)

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social

Equis, Justicia para las Mujeres

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, s.j.

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana

Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

[1] TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO. Tesis: 1a./J. 101/2017 (10a.) Registro: 2015603.

[2] https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Prot_Inv_Tortura.pdf, p. 28-30.

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Exigimos justicia por caso de tortura y crimen de Erwin

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética elevamos nuestra voz para protestar por la muerte del joven Erwin, quien fue detenido y golpeado por policías del Mando Único, y a un año de ocurrida la Fiscalía General de Justicia del Estado intenta cerrar el caso, cuando Erwin murió en manos del Mando Único, con más de 30 lesiones en el cuerpo, y la FGJ tardó un año para entregar un dictamen de muerte “natural”.

  • El lunes 4 de junio, se tendrá audiencia para inconformarse ante el dictamen oficial. El 28 de febrero de 2017, cinco policías del Mando Único detuvieron a Erwin en una calle de Cuernavaca, por el supuesto motivo de que el joven de 29 años se parecía a un “ladrón”. Menos de dos horas después, Erwin estaba muerto en un local de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tenía más de 30 lesiones en todo el cuerpo. En la tarde del mismo día, el comisionado de Seguridad en Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, negó en las redes sociales que sus elementos hayan matado a Erwin a golpes. Los policías quienes arrestaron a Erwin fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP), bajo el cargo de homicidio. Sin embargo, durante una audiencia del 3 de marzo de 2017, la juez Nancy Aguilar Tovar ordenó reponer el proceso de imputación contra los policías, debido a la “nula” investigación presentada por los agentes del MP, Jonathan Valladares y Adrián Mújica. Consecuentemente, la juez ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) seguir investigando la causa de muerte de Erwin. Apenas dos semanas después, el Fiscal General del Estado, Javier Pérez Durón, declaró en conferencia de prensa que Erwin había muerto no por golpes, sino por una causa natural: “Una úlcera”, dijo. A pesar de lo anterior, el MP tardó un año para entregar un informe de necropsia, que fue avalado por la FGE. Según dicho informe, Erwin tampoco había muerto por golpes, sino por una nueva causa natural: un “infarto al miocardio”, esta vez. Frente a las inconsistencias de la investigación sobre la muerte de Erwin, se tendrá el próximo lunes 4 de junio una audiencia en el Tribunal de Juicios Orales. En esta audiencia, la familia de Erwin se inconformará ante la decisión de la FGE de no ejercitar acción penal en contra de los cinco policías que detuvieron al joven, por considerar que no hubo homicidio, sino una simple muerte “natural”.

¡Se exige justicia para Erwin!

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

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Justicia, reclaman familiares de Erwin

Desde la CIDHM nos sumamos a la exigencia de justicia por el asesinato producto de la tortura que sufrió Erwin a manos de policías, y llamamos a la sociedad a no permitir que haya más crímenes impunes en Morelos. El 4 de junio se llevará a cabo audiencia en el Tribunal de Primera Instancia de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Estado,  de acuerdo a lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de procedimientos Penales, en la cual se decidirá en definitiva sobre el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, dictado en beneficio de los policías imputados por la muerte del joven Erwin.

Compartimos a continuación una nota publicada en La Unión sobre éste caso.

Erwin y su hija.Erwin y su hija.

Publicado en SOCIEDAD Lunes, 07 Mayo 2018 05:46

Erwin: una vida rota

Escrito por

Para Delia Delgado Estrada el tiempo no es un remedio que todo lo cura. Hace más de un año mataron a Erwin y su dolor no cede.

“Exijo justicia, quiero que los responsables del asesinato de mi hijo paguen, ellos lo mataron, esto no me lo va a devolver, pero va a aliviar un poco mi dolor y mi coraje”, dice mientras pone sobre la mesa dos carpetas con el expediente de estos hechos.

De acuerdo con los documentos que Delia tiene en su poder y que obran en los autos, en el informe del Servicio Médico Forense SEMEFO 118/17-02, de fecha 28 de febrero de 2017, realizado por el perito anatomopatólogo Ramiro Calva Calva, el cadáver de Erwin Itzel Salgado Altamirano, tenía más de 20 lesiones internas y externas: “las heridas, hematomas, equimosis y excoriaciones mencionadas en el cuerpo del dictamen son huellas de lesión por contusión donde un objeto romo sin punta ni filo, de consistencia dura, con movimiento o sin movimiento entra en contacto con el cuerpo de la víctima”, se consigna en las conclusiones del dictamen.

Sin embargo, en la conclusión médico legal del examen histopatológico del 25 de abril de 2017, emitido por el doctor Celso Rodríguez Jiménez, en el Expediente Semefo 2972/17-04, carpeta de investigación: SC01/2064/2017, éste concluye: “Se determina como causa de muerte del C. ERWIN ITZEL DELGADO ALTAMIRANO, la de infarto agudo del miocardio”.

En el análisis, el médico legista expone que “el ahora occiso, sin lugar a dudas, sufrió una muerte súbita, ya que fue una muerte de aparición, repentina e inesperada en una persona aparénteme sana”.

La madre de Erwin no está de acuerdo con estas conclusiones y dice que va a continuar insistiendo en que los hechos se aclaren y se haga justicia. En el expediente están todas las pruebas que involucran a los culpables de la muerte de su hijo y en los noticiarios, periódicos y portales de noticias de diferentes fechas también constan las declaraciones del comisionado de Seguridad en Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra y del ex fiscal general del estado, Javier Pérez Durón, entre otros, que encubrieron a los autores materiales del asesinato.

El último día de febrero y el de Erwin

En la carpeta de investigación consta que el martes 28 de febrero de 2017, por la tarde, Erwin transitaban por la avenida Paseo del Conquistador, de Cuernavaca, y los policías de la patrulla 1740 le marcaron el alto, pero no hizo caso y se resistió al arresto, por lo que los elementos del Mando Único lo sometieron y lo subieron a la batea de la unidad. Según el informe policiaco al muchacho se le encontró un cigarro de marihuana (tres envoltorios, refiere otra versión) y una pantalla de televisión pequeña que los policías reportan (sin comprobarlo), se había robado. De allí lo llevaron a los separos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en Buenavista, localizada al norte de la ciudad, cerca del distribuidor vial.

Algunas versiones aseguran que los policías lo golpearon y se desvaneció en la batea de la patrulla, de allí no volvió en sí.

Uno de los testigos de la detención de Erwin refiere que el día de los hechos, como a las 3:55 de la tarde se percató que tres policías estaban forcejeando con un sujeto y lo hacían en una de las jardineras del fraccionamiento residencial Las Flores ubicado en la calle Pedro de Alvarado, colonia Lomas de Cortés, percatándose que lo esposaron, pero antes de hacer esto los policías lo golpearon. Después que fue asegurada la persona, el policía encontró una bolsa al parecer de color la cual tenía una pantalla chica de las que entregó Sedesol y misma que se observó cuando lo subieron a la patrulla. También logró ver cuando la persona detenida se encontraba arriba de la batea de la patrulla y uno de los policías ponía su pie sobre la persona detenida a la cual no podía ver si se encontraba boca arriba o boca abajo, fue que escuchó que el policía le dijo a su compañero que pisaba al detenido: “Oye ya no se mueve creo que ya está muerto”.

La madre de Erwin relata que el 2 de noviembre de 2016 (poco más de tres meses antes de que mataran a Erwin), por la noche, un amigo de su hijo le platicó que policías municipales los habían detenido, golpeado y atracado, en la autopista, a la altura del puente que une Cuernavaca con Ocotepec, y los fueron a abandonar a la colonia Maravillas.

“Erwin no me dijo nada para no preocuparme, y yo no tengo la seguridad que estos mismos policías fueran los que lo mataron el 28 de febrero”.

 

Fotoperiodistas captan el cadáver de Erwin

Varios reporteros y fotoperiodistas acudieron a las oficinas de la SSC (la “Metropolitana” llaman a esas oficinas) a documentar los hechos y esta casa editorial tienen una serie de tres fotografías de una persona (Erwin) que va siendo trasladada de los separos hacia una camioneta del Servicios Médico Forense. El personal del Semefo (a cargo de Samuel Nava Vázquez. coordinador Central de Servicios Periciales) lleva trajes tipo tibek blancos, y el cadáver no va cubierto con ninguna bolsa o manta de las que se deben utilizar, por reglamento, para el caso. Esto ocurrió a las 18:00 horas.

 

Una testigo por accidente

La existencia del cuerpo (sin vida) de Erwin la corroboró de manera accidental Jessica, una joven de 25 años, detenida con un familiar suyo ese mismo día por policías en Cuernavaca, al parecer por llevar en su vehículo cervezas. La reportera Leticia Villaseñor entrevistó a la chica (y lo consignó en un portal de noticias local), quien le dijo que una vez que los policías los trasladaron a los separos y después, antes de las seis de la tarde, los condujeron con el médico para que los examinara, y allí Jessica relató que desde donde estaba podía ver a Juan Rodrigo Montelongo Guilbert (su primo) aún en la patrulla 035. “Salí del ‘consultorio’ y entonces vi a un hombre muerto, estaba tirado en el pasillo con los ojos abiertos”.

 

La autoridad al rescate

El comisionado de Seguridad Pública del estado, Jesús Alberto Capella Ibarra “subió” a las redes sociales un video, alrededor de las 18:00 horas de ese día, para deslindar de toda responsabilidad a la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Aseguró que, según el informe oficial, al momento de ser aprehendido Erwin “genera cierta actitud de resistencia y de violencia en contra de los elementos aprehensores, por lo cual (éstos) solicitan apoyo a otros dos compañeros, quienes llegan de forma inmediata para apoyar en esta detención. Al momento de llegar a las instalaciones de la Secretaría esta persona empieza a convulsionarse y pierde la vida”.

Después de que el funcionario saliera a dar estas declaraciones algunos medios de circulación nacional, como Grupo Milenio, informaron, violando la presunción de inocencia: “Muere presunto ladrón durante traslado en Morelos”.

Días después el ex fiscal general del Estado, Javier Pérez Durón exoneraría a los cinco elementos acusados de dar muerte al joven, ya que de acuerdo con los resultados forenses el muchacho había muerto “por causa de una úlcera”.

 

Jueza regaña a fiscal

En Morelos nunca había ocurrido un hecho similar al que sucedió el 3 de marzo de 2017 durante la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso:

El día 3 de marzo, la juez Nancy Aguilar Tovar ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) reponer el procedimiento de investigación contra cinco policías preventivos del Mando Único que detuvieron y golpearon a Erwin Altamirano; debido a que el Agente del Ministerio Público no pudo acreditar la causa de la muerte de este joven. En esa audiencia, incluso, se dio lectura al resultado de la necropsia en el que se especificaron 20 lesiones en la víctima, por lo que la juez sugirió a la FGE solicitar el apoyo de un médico legisla de la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecer las causas de la muerte de Erwin y dar vista a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por actos de tortura.

“Estamos ante un asunto, donde una vez más, lo digo con todas sus letras, la Procuraduría del Estado de Morelos deja de asumir su responsabilidad, y pretende que sea este tribunal a través de esta juzgadora, quienes asuman las consecuencias sociales en relación a la resolución que en este momento se va a dictar. En primer lugar para poder dictar un auto de vinculación a proceso se debe estar al hecho materia de formulación de imputación, tal y como lo establece el artículo 316 del código nacional de procedimiento penales vigente en esta entidad federativa, a esta juzgadora le esta vedado cambiar los hechos materia de formulación de imputación, ´pueda cambiar la calificación jurídica cuantas veces sea necesario, pero el ejercicio de formular imputación es una facultad d exclusiva del agente del Ministerio Público, en términos del artículo 21 constitucional. En el presente asunto ni siquiera tengo las bases para entrar al fondo del estudio, toda vez que existe una formulación incongruente, se supone que estoy frente a agentes del ministerio Público, que son peritos en derecho, que son técnicos en derecho, que están obligados a actuar en todo momento con total objetividad, con total lealtad en el proceso, no obstante la formulación de imputación y aquí lo más lastimoso sería pensar que se está frente a una formulación ya no sé si por ignorancia, porque en verdad ya no sé cómo calificarla, o si es adrede esa falta de pericia, en la formulación de imputación… No puedo ser partícipe de lo que pretende la Procuraduría: vincularlos con una formulación de imputación con notorias deficiencias. Ello daría a la postre una libertad lisa y llana”.

Un muchacho muy generoso

En la carpeta de investigación SC1/2064/2017 para el SEMEFO Erwin es o fue un “cadáver de sexo masculino, de veinte a veinticinco años de edad, estatura de ciento setenta centímetros y perímetro cefálico de cincuenta y cuatro centímetros, de complexión delgado, color de piel moreno, pelo negro, frente amplia, cejas pobladas, ojos color café, nariz recta, boca mediana, labios regulares, mentón oval, m bigote sin rasurar corto y barba sin rasurar…”

Delia Delgado Estrada asevera que su hijo no era ninguna “perita en dulce”, lo había enseñado a defenderse, pero tampoco era un delincuente como lo quieren hacer aparecer las autoridades.

El muchacho fue rebelde siempre, le gustaba cuestionar las cosas, no se conformaba, le gustaba aprender y comprender las cosas, no aceptaba las cosas por órdenes nada más, cuestionaba, hiperactivo, muchacho guapo, estudiante muy bueno, muy hábil, él era el más pequeño de sus dos hermanos, estaba estudiando mercadotecnia en una universidad particular, y dejó huérfana a su hija que va a cumplir cuatro años el 11 de mayo. Le gustaban las enmoladas con mucho queso, cebolla; le gustaban los relojes, sus gorras y su trabajo de mantenimiento, sus herramientas, asegura Delia.

“Es una historia de vida, siempre ayudando a los demás, siempre metiéndose en problema por los demás, mucha bondad, mucha generosidad. Adoraba a su abuela. Desde el 2003 a 2017 vivió con la abuela en la colonia San Cristóbal, en la calle Gobernadores”.

Insiste en que el asunto de su hijo es uno de los ejemplos más evidente de corrupción en Morelos: a pesar de las constancias que existen en el expediente no se ha procedido en contra de los autores materiales de la muerte de su hijo, ni de los funcionarios que encubrieron el asesinato:

“No voy a descansar hasta que este asunto se aclare. Estoy sola se puede decir, frente a todos ellos, los que tienen el poder, son autoridades, que quieren dar carpetazo y tratar este asunto como eso, un expediente más, una cifra más, pero se trata de mi hijo, un muchacho al que le quedaba mucho por vivir”.

 

Pinche Erwin

En el panteón San José, de la colonia Ampliación Chipitlán, a la orilla de Cuernavaca, en la última hilera que da a la barranca seca hay una cripta que se distingue de todas, es de cemento de colores azul y blanco y está al pie de un árbol frondoso. Tiene un florero, un quinqué y algunas cactáceas, varios corazones rojos pintados y un pequeño duende.

Labradas sobre la piedra, se pueden leer estas frases, que definieron la vida rota del muchacho nacido el 19 de octubre de 1987:

“Piche Erwin, tan alegre, tan generoso, tan humano. Te extrañamos. Te amamos. Descansa en paz”.

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Se aprobó la Ley contra la tortura

La tortura es una práctica generalizada entre las corporaciones policíacas y militares en México. Los informes de organizaciones internacionales y nacionales defensoras de derechos humanos así lo demuestran. Prevenir, investigar y sancionar para erradicar la práctica de la tortura es una necesidad apremiante para salvaguardar los derechos humanos de todas las personas en nuestro país. La probación por el Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y sancionar la Tortura y otros Tratos y o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, significa un paso significativo en ésta dirección, sin embargo, será precisamente la aplicación práctica de éste instrumento legal lo que permita evitar que la tortura se siga utilizando para fabricar culpables y mantener la impunidad.

Sobre éste tema, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  Este organismo internacional destacó que la adopción de esta ley atiende una de las recomendaciones formulada al Estado Mexicano por varios mecanismos internacionales de derechos humanos, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, con ocasión de su visita al país en octubre de 2015.

La ley general de tortura es un instrumento fundamental para combatir uno de los retos más críticos que enfrenta el Estado mexicano en materia de derechos humanos. La ley establece la prohibición absoluta de la tortura, sanciona la conducta en todo el país bajo una misma definición acorde con los tratados internacionales, excluye las pruebas obtenidas mediante tortura y otras violaciones a los derechos humanos y determina reglas claras de combate a la impunidad. Asimismo, esta nueva normativa distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno, crea un registro nacional de casos de tortura e incluye medidas para la asistencia, atención y reparación de las víctimas. Igualmente, la ley aprobada establece la adopción de un programa nacional para erradicar el delito, refuerza las medidas de prevención y robustece al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, entre otras medidas transformativas importantes.

“Las potencialidades de la ley adquirirán pleno significado cuando se traduzcan en una práctica observable y evaluable, esto es, cuando se prevenga la tortura, se sancione a los culpables, se excluyan las pruebas obtenidas mediante tortura y se repare de manera integral a las víctimas. Por ello, la ONU-DH hace un llamado para que la ley se promulgue a la brevedad y, sobre todo, se garantice su aplicación efectiva”, sostuvo Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México. “De manera especial, la implementación de la ley debe asegurar que la tortura deje de emplearse como un método de investigación criminal y que sean los torturadores y no las víctimas de tortura quienes enfrenten cargos ante la justicia. Por ello, mi Oficina seguirá de cerca la implementación de esta importante pieza legislativa y aportará su asistencia y cooperación para favorecer su aplicación práctica”, agregó el Sr. Jarab.

Asimismo, la ONU-DH reconoce la apertura y disposición de los diversos actores involucrados en la aprobación de la ley. De manera especial, es destacable el trabajo realizado por el Senado de la República, mismo que fue profundizado por la Cámara de Diputados. De igual forma, merece ser subrayado el impulso desplegado desde la Procuraduría General de la República, así como las importantes contribuciones de la CNDH, de las organizaciones de la sociedad civil y algunas universidades. Pero ante todo, ha sido la valentía de las víctimas la que ha inspirado a múltiples actores a impulsar una ley cuyo objetivo central es erradicar el sufrimiento que implica la inadmisible práctica de la tortura. A las víctimas de tortura, reiteradamente estigmatizadas, así como a quienes defienden sus derechos humanos, la ONU-DH les reitera su solidaridad, respaldo y empatía.

Finalmente, la ONU-DH refrenda su plena disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado y la sociedad civil mexicanos en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.

Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos nos sumamos a la exigencia de que se aplique integralmente éste nuevo ordenamiento general contra la terrible práctica de la tortura hasta lograr su erradicación.

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