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El Informe a 4 años de AVG en medios

ONG: imparable, ola de feminicidios en Morelos, pese a la alerta de género/ La Jornada El Centro Independiente de Derechos Humanos de Morelos (Cidhm) presentó ayer su más reciente informe sobre la violencia contra las mujeres en esa entidad. Indicó que de 2000 al 31 de julio de 2019 se han presentado en el estado mil casos de feminicidio; Cuernavaca ocupa el primer lugar, con 197.

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INFORME A 4 AÑOS DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS. AVGM EMERGENCIA NACIONAL

La investigación permite acercarse a los Feminicidios ocurridos en el Estado de Morelos durante los últimos casi 19 años (Del 2000 al 31 de Julio del 2019). El informe se organizó en dos grandes secciones, en la primera se realizó el recuento de los Feminicidios en Morelos y en la segunda, la Revisión del Cumplimiento de las Medidas Decretadas por el Grupo de Trabajo y las decretadas por la Alerta de Violencia de Género (AVG). Finalmente se exponen las Conclusiones, las Recomendaciones y los Anexos.

A cuatro años de haberse decretado la Alerta de Violencia de Género en Morelos, el Gobierno del Estado no entregó su Informe de acciones sobre su cumplimiento.

Esto es sumamente grave y preocupante, toda vez que no se ha eliminado el feminicidio en Morelos.

Esta realidad lastima profundamente los derechos de las mujeres y vulnera su derecho a una vida libre de violencia. Y lamentablemente vemos como a medidas emergentes, las reacciones lentas y discontinuas han sido la respuesta institucional.

De los 8 Municipios con Declaratoria de AVG en Morelos, 7 entregaron informes de cumplimiento a la CIDHM. Y sólo Cuautla no cumplió con dicha medida. Al evaluar las 11 recomendaciones concernientes a Municipios vemos que Xochitepec y Puente de Ixtla presentan el mayor avance. Xochitepec con 3 cumplidas, 5 en proceso de cumplimiento y 3 No cumplidas; y Puente de Ixtla con 2 cumplidas, 4 en proceso de cumplimiento y 5 No cumplidas. En tercer lugar, tenemos a Temixco con 1 cumplida, 5 en proceso de cumplimiento y 5 No cumplidas; seguidos de Jiutepec con 2 en proceso de cumplimiento y 9 No cumplidas; Emiliano Zapata con 1 en proceso de cumplimiento y 10 No cumplidas; finalmente tenemos a Cuernavaca y Yautepec con mayor retraso al tener las 11 medidas No cumplidas.

El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación, de la CONAVIM y del Instituto Nacional de las Mujeres, hasta el momento no ha cumplido a cabalidad sus múltiples tareas y compromisos en el sentido de dar un serio seguimiento al tema de la AVG en Morelos y ante ello podemos advertir un considerable nivel de violencia institucional ante los múltiples y recurrentes actos de omisión y falta de inmediatez del personal de las respectivas autoridades y dependencias gubernamentales en cuanto a la ausencia del cumplimiento total y debido de las distintas recomendaciones y medidas que mandata hoy el decreto de la AVG en Morelos.

El recuento de feminicidios en el Estado de Morelos es de 1000 casos en casi 19 años. En nuestra solicitud de la Alerta de Violencia de Género documentamos 530 casos en 13 años. El Gobierno de Morelos reporta 1455 muertes violentas de mujeres (suicidio, aborto, homicidio culposo, homicidio calificado y feminicidio) del 2000 al 2016.

Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles.

Los feminicidios del 2000 al 31 de Julio del 2019 se han registrado en 32 de los 33 Municipios que conforman el Estado de Morelos, incluyendo los 8 Municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género. Los 10 Municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 197, Jiutepec con 90, Temixco con 74, Yautepec con 59, Cuautla con 58, Xochitepec con 46, Puente de Ixtla y Emiliano Zapata con 41 cada uno, Jojutla con 36 y Tepoztlán con 32 casos.

Del 10 de Agosto del 2015 al 31 de Julio del 2019, durante el período de la AVGM, hemos documentado un total de 351 feminicidios. De Agosto a Diciembre del 2015 se reportaron 27. Durante el 2016 se registraron 97, mientras que en el 2017 ocurrieron 74 feminicidios y para el 2018 fueron 88. Finalmente tenemos que de Enero al 31 de Julio del 2019 se han documentado 65 casos, 22 más que los registrados en el 2018 para el mismo periodo, es decir, aumentaron alrededor de un 51%.

De acuerdo con el seguimiento de prensa realizado del 2000 al 31 de Julio del 2019 por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., el Rango de Edad de las mujeres asesinadas fluctuó entre algunas horas de nacida y los 94 años. Se hizo un análisis más fino por rangos de edad de las mujeres asesinadas y se observó que el mayor número (excluyendo la categoría de sin especificar, que fue la más alta por falta de información) se encuentra entre los 21 y 30 años, con 218 casos; seguida de la categoría de entre 31 y 40 años, con 151 feminicidios; y en tercer lugar tenemos el rango de entre 11 y 20 años, con 104 registros.

Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural. Es por ello que se hizo y se sigue haciendo un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables.

CONCLUSIÓN 1. Uno de los primeros objetivos de esta Alerta de Violencia de Género (AVG) ha sido que se analice la violencia feminicida y que se preste la atención social y política que se requiere para que las medidas de prevención, atención, sanción, justicia y restitución integral del daño, sean una política pública asumida por el Estado para garantizar que estos derechos de las mujeres estén vigentes en los hechos y no solo en las declaraciones. Es así que el procedimiento de Alerta de Violencia de Género es un buen mecanismo para examinar de cerca al Estado y detectar el procedimiento o la instancia donde se está reproduciendo la violencia feminicida y determinar las medidas a subsanar. Pero es necesario que las Organizaciones Solicitantes del Mecanismo estén incluidas en todo el proceso, con voz y voto. Si no es así, se abre la posibilidad de que el Estado simule los cambios que tiene que realizar.

CONCLUSIÓN 2. Se requiere un mecanismo público, veraz y confiable para recopilar sistemáticamente los datos desglosados sobre las violencias cometidas contra las mujeres (niñas, adultas y adultas mayores), y no uno discrecional al amparo de decisiones gubernamentales o personales incluso, como los existentes hoy en día.

CONCLUSION 3. Vemos como los recursos públicos para investigar el feminicidio no se usan como debieran y hoy en día existe una opacidad en el manejo de los recursos para ello. Por lo que exigimos una vigilancia minuciosa en la asignación y gasto de los recursos públicos para atender la AVG en el Estado. Así como auditorias en todas las instancias a las que se les asignaron dichos recursos, y si hubiera malos manejos, que se finquen los cargos correspondientes. Transparencia y Cero Impunidad.

CONCLUSIÓN 4. Es necesario que la Fiscalía General de Justicia del Estado subsane la inexistencia de la Unidad de Contexto, ya que es una grave omisión por el hecho de que ya se destinaron recursos económicos para su creación sin resultado alguno, cuando es urgente realizar un análisis especial sobre violencia feminicida en la entidad, para identificar todas las causales y formas en que se presentan los casos, de tal manera que todo el personal de la dependencia cuente con éste diagnóstico al momento de integrar las carpetas de investigación, pues es urgente identificar factores de riesgo, conocer el contexto socio cultural en el que se desarrolla la violencia, así como las diferentes manifestaciones de la violencia en contra del género femenino, pues el feminicidio se debe combatir a fondo atendiendo las condiciones que favorecen su perpetración. Esta Unidad de Contexto deberá 149 analizar especialmente el tema de acceso pleno a la justicia, pues prevalece la impunidad en la mayoría de los casos de feminicidio. La falta de justicia en estos casos no es sólo un asunto que afecte a las mujeres, sino que tiene como consecuencia un gran daño social.

CONCLUSIÓN 5. Se requiere que los despachos o agencias consultoras a las que recurra el Estado para elaboración de Protocolos, Diagnósticos, Capacitaciones, Campañas Etc., obligadamente deben ser elegidas mediante una convocatoria pública y amplia, donde se contraten las mejores trayectorias con trabajo acreditado.

CONCLUSIÓN 6. La profesionalización y especialización en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, debe ser obligatoria y permanente para la Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, a la Fiscalía General, a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, así como al Tribunal Superior de Justicia.

CONCLUSIÓN 7. La Restitución Integral del Daño debe incluir apoyos inmediatos para las familias que han sufrido de violencia de género, especialmente a las de feminicidio, desaparición forzada y trata de personas.

CONCLUSIÓN 8. A las y los servidores públicos que por acción u omisión hagan un mal trabajo que impida a las victimas alcanzar justicia, debe aplicarse penas que contemplen una multa, prisión e inhabilitación para ocupar cargos en la administración pública y de elección popular. Por lo que se requiere modificar el código penal para incluir el Delito de Violencia Institucional donde se señale el no cumplimiento de las medidas de la AVG dentro de dicho delito.

CONCLUSIÓN 9. La investigación del feminicidio ha sido labor fundamentalmente de las organizaciones de la sociedad civil para revisar la información, escuchar las voces de familiares de las víctimas, analizar los contenidos de los medios de comunicación y hacer una amplia revisión hemerográfica, abrir expedientes de casos, y prácticamente obligar a las dependencias a rendir cuentas de la información oficial que se tiene. Pues mientras exista un feminicidio impune no habrá justificación legal, política y ética por parte de las autoridades para no tomar todas las medidas decretadas en la Alerta de Violencia de Género. Es así que hemos expresado en diversos foros la necesidad de que el Gobierno Federal, Estatal y Municipal den continuidad en las políticas y acciones de las instituciones emprendidas con anterioridad para atender la AVG. Pues la rotación y cambios de personal de las áreas de atención estratégicas solo muestran improvisación y el poco compromiso que se debería asumir desde el ámbito gubernamental y el académico para combatir este flagelo que priva de vidas a tantas mujeres y niñas en nuestro Estado.

Y EN ESTE SENTIDO, OBSERVAMOS QUE LAS CONTROVERSIAS POLÍTICAS Y/O PERSONALES DENTRO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL ÚNICAMENTE CONTRIBUYEN A UNA INACCIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y POR ENDE, UNA DESATENCIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DECRETADAS POR LA AVG. POR LO QUE HACEMOS UN ENÉRGICO LLAMADO A TODOS LOS PODERES DEL ESTADO Y A TODOS SUS NIVELES DE GOBIERNO PARA QUE CUMPLAN Y HAGAN CUMPLIR LA LEY, PUES EL PUEBLO SE LOS DEMANDA.

Atentamente.

Cuernavaca, Morelos, a 5 de septiembre de 2019.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Pueden consultar el informe completo en

http://cidhmorelos.com.mx/lo-nuevo.html

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Cuando el pasado no se ha ido y el futuro aún no llega.

José Martínez Cruz/ La Jornada Morelos

El primer informe de gobierno de López Obrador se realiza en medio de un escenario donde el pasado no se ha ido y el futuro aún no llega. En medio de un paisaje de guerra con violencia creciente, feminicidio imparable, inseguridad, desempleo, injusticia, ataques a periodistas y defensoras de derechos humanos, criminalización de movimientos sociales y a feministas, el pueblo no puede celebrar acríticamente, sino actuar conscientemente y reforzar la lucha.  El elemento central del cambio ocurrido con motivo de la elección presidencial del 2018 se ubica en el terreno político. Las líneas centrales de la política neoliberal se mantienen por parte del nuevo gobierno. Los cambios principales ocurridos con motivo de la elección presidencial se ubican en el terreno político. La salida del PRIAN, prácticamente un desfondamiento,  por la crisis de legitimidad que arrastró todo el sexenio de EPN, y el proceso abierto de configuración de un nuevo régimen político y una nueva forma de dominación política de clase, ha fracturado también a todo el sistema político de partidos y en general ha provocado una nueva reconfiguración de las fuerzas políticas del país. El descrédito del sistema de partidos que veíamos desde antes de las elecciones (recuérdense los gritos de Ayotzinapa de “Fue el Estado”, prácticamente un nuevo “que se vayan todos”) ha explotado después del reconocimiento del triunfo de AMLO. Todos los partidos del viejo sistema entraron en crisis, se han dividido, han desaparecido  o se han reconvertido, al mismo tiempo que se configura un nuevo régimen político.

La reconfiguración política en curso no ocurre solamente en el sistema de partidos políticos. Es, sobre todo, una reconfiguración y reacomodo en el marco de un nuevo régimen político en curso (y con final no determinado) en donde por medio de giros bonapartistas pero también conflictos y pugnas interburguesas, se va estableciendo una nueva forma de dominación burguesa, con sectores distintos que establecerán la nueva forma de dominio. Si lo logra consolidar, puede abrir un periodo de relativa estabilidad por lo menos de dos sexenios;  si no logra consolidarlo, si las clases dominantes que lo vieron como el “mal menor” para evitar que se soltara “el tigre” consideran que ya no les sirve, la inestabilidad se mantendrá. En cualquiera de estos casos el riesgo es la pérdida de independencia política y de clase de la izquierda y del movimiento de masas. Finalmente, esta reconfiguración se expresará también en el terreno del sistema de partidos políticos. El riesgo y reto principal es que, abierta la dinámica institucionalista después de julio del 2018, no haya opción político partidaria en el terreno institucional propia de la izquierda anticapitalista y socialista, así como de la clase trabajadora. El riesgo es por tanto la cooptación del movimiento y de la izquierda por parte del “progresismo”. Debido a que el nuevo régimen está en curso, desarrollándose, definiéndose y definiendo qué sectores de la burguesía se hacen parte de la nueva forma de dominación, se hace frecuente la expresión de conflictos y diferencias y choques en el aparato del Estado que no debería llevar a la izquierda y a los movimientos sociales a perder su autonomía quedando atrapados y subordinados a cualquiera de esos.

En este periodo es necesario luchar contra la continuidad de las políticas neoliberales y la creación de este polo alternativo de lucha. Estos son objetivos estratégicos para este periodo. Construir un polo alternativo a nivel social que empodere a las luchas de los trabajadores y el pueblo, asegurando su autonomía e independencia. Impulsar un polo anticapitalista alternativo al gobierno para luchar contra la continuidad de las políticas neoliberales, que es el corazón del gobierno “progresista” y la 4T, hace más evidente las diferencias con la derecha resentida por su derrota electoral y hace evidente el carácter calumnioso de la afirmación que dice que la crítica favorece a la derecha. Hay temas que deben ser abordados críticamente, como el de la Guardia Nacional, porque nos oponemos y la denunciamos como la continuación de la militarización iniciada desde Calderón y de hecho como continuación de la estrategia de guerra. La reforma energética, como parte del pacto con la “Mafia del Poder” y el gobierno de Peña, ya que AMLO ha declarado que “honrará” es decir, respetará todos los contratos suscritos al amparo de la reforma energética. La reforma educativa es el otro caso donde ciertamente ha habido una lucha de masas contra la reforma educativa neoliberal y por la defensa del normalismo, especialmente las Normales Rurales, no solo por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, sino como parte de la ofensiva neoliberal contra la carrera docente. Los megaproyectos ecocidas y de despojo de los pueblos, donde expresamos nuestra alternativa ecosocialista. Ante la Reforma laboral y el nuevo corporativismo sindical, destacamos la importancia del respeto a la independencia y autonomía sindicales, así como la defensa de las organizaciones colectivas y contra con el individualismo, paradigma del neoliberalismo. Frente a la crisis de derechos humanos, el feminicidio, las alertas de género, denunciamos una realidad terrible que muestra que, junto con la desaparición forzada de personas, la impunidad y la violencia general, existe una verdadera crisis de derechos humanos en México al límite. Con un saldo actual de más de 40 mil desaparecidos en todo el país y por la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de todos los gobiernos (del PRI y del PAN) desde la época de Luis Echeverría que inició la práctica de la desaparición forzada, resolver positivamente el caso es un reto y una prueba histórica para el nuevo gobierno y la llamada 4T.

Las tareas de organización al mismo tiempo que el impulso de un polo anticapitalista alternativo tanto a nivel social como político, entran en una fase que puede ser muy intensa, con muchos retos pero también con mucha emoción por un nuevo ciclo de lucha. Es importante subrayar la independencia de clase del movimiento con respecto al gobierno de la 4T y AMLO.  Lo primordial es apostar al movimiento y la organización social. Colocar en primer término a la resistencia de la gente contra lo que ha significado 30 años de neoliberalismo y la profundización de políticas contra las y los trabajadores del país.

En Morelos, se mantiene el movimiento de resistencia contra el Proyecto Integral Morelos y por los derechos humanos ante la violencia e inseguridad cotidiana.  Por eso es necesario fortalecer el polo anticapitalista desde las organizaciones que integramos el Pacto Morelos por la soberanía alimentaria y los derechos de las y los trabajadores. Hoy más que nunca se necesita de una alternativa radical de independencia de clase, entendiendo que el futuro se construye hoy mediante la conciencia organizada.

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Caso Santa Catarina. Amicus curiae sobre apelación caso JO/40/2019

Lic. Maria del Carmen Verónica Cuevas López

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia

Presente.

Por éste conducto quienes integramos la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., con domicilio para oír y recibir oficios en Privada de las Flores 16, colonia San Antón, correo electrónico cidhmorelos@gmail.com y teléfono 7773185568.

Como es de su conocimiento, las organizaciones independientes aportamos a traves del amicus curie, elementos para que se incluyan los màximos avances en materia de derechos humanos desde el principio pro persona vigente en tratados y convenciones que deben ser revisados y tomados en cuenta por las y los jueces en sus decisiones autónomas.

Nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento el caso de agresion a los representantes comunales ocurridos en Santa Catarina, del municipio de Tepoztlan, para solicitarle se apliquen los protocolos para juzgar con pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas, como lo establece la Constitución y los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que aportamos los siguientes Elementos para la apelación del caso JO/40/2019 de Santa Catarina.

 Consideraciones

La sentencia emitida en contra de Darío Adrián Martínez, por homicidio en grado de tentativa cometido en contra de Catalino Santiago Salazar Provisor, con una sanción de 13 años y 4 meses de prisión y 58 mil 847 pesos de reparación del daño, da la razón a las víctimas de la comunidad indígena de Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos, ya que se demostró la culpabilidad del imputado los delitos de referencia. No obstante, la decisión dividida de los jueces, en la línea del voto particular emitido por el Juez presidente Licenciado Daniel Adán Rodríguez Apac, en el sentido de no culpabilidad del indiciado, representa un agravio a las víctimas, ya que incurre en ciertos niveles de discriminación y no incorpora en sus juicios y razonamientos lo establecido sustancialmente en los respectivos protocolos emitidos por la SCJN para juzgar con una perspectiva de respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En el caso de la resolución que tiene que ver con las lesiones graves provocadas al C. Mauricio Franco Sánchez, exonerando de responsabilidad y absolviendo al imputado Darío Adrián Martínez, es lesivo a los derechos de la víctima ya que deja en la impunidad la acción delictiva llevada a cabo por el referido perpetrador, misma que quedó debidamente acreditada durante el desarrollo del juicio oral, tanto con los testimonios fehacientes de las víctimas, policías, peritos y del propio testimonio y confesión del sentenciado, así como de las documentales y pruebas periciales que se desahogaron durante el desarrollo del juicio oral, razón por la cual consideramos se debe revisar a la luz de los criterios fundamentales para llegar al establecimiento de la verdad y la forma en que ocurrieron los hechos delictivos, así como a las diversas causas que motivaron ésta acción criminal que le ocasionó lesiones que básicamente hoy dañaron su integridad y además pusieron en riesgo su vida y que fundamentalmente quedaron debidamente acreditadas por los reportes médicos y pruebas que se desahogaron en el presente juicio oral causa de la presente apelación.

OBSERVACIONES: Caso Santa Catarina,

En la sentencia definitiva de mérito nunca se valora y ni se toma en consideración el respectivo expediente médico que obra en autos remitido por el Hospital Militar de la Ciudad de México en relación a una nota de egreso y valoración clínica, firmada por Juan Lidio el cual explica que es enviado el paciente de su unidad militar y del mismo se desprende que dichas lesiones dejaron u ocasionaron la incapacidad laboral para el C. Mauricio Franco Sánchez por más de seis meses y menos de un año para laborar en su oficio, de lo cual el tiene su sustento económico, como acertadamente en el juicio lo argumenta en su declaración la Médico Legista Jessica Corrales Reynoso, acorde al delito de LESIONES CALIFICADAS previsto y sancionado en términos del artículo 121, fracciones III, V y VII en relación con los numerales 108 y 126, fracción II, inciso b) del Código Penal en vigor.

 

ARTÍCULO 121.- Al que cause a otro un daño en su salud, se le impondrán:

III. De un año a dos años de prisión y de cien a quinientos días-multa, si tardan en sanar más de treinta días;

V. De dos a cinco años de prisión y de doscientos a mil quinientos días-multa, cuando disminuyan gravemente facultades o el normal funcionamiento de órganos o miembros;

VII. De tres a seis años de prisión y de trescientos a dos mil días-multa, si causan incapacidad por más de un mes y menos de un año para trabajar en la profesión, arte u oficio que desarrolla el ofendido y de la que obtiene sus medios de subsistencia;

(…)

ARTÍCULO 123.- Cuando las lesiones sean calificadas, se aumentará la pena hasta en dos terceras partes.

ASI MISMO AL MOMENTO DE RESOLVER DICHO ASUNTO, SE PASA POR ALTO TRATADOS INTERNACIONALES TAL COMO LO ESTABLECE EN SU PARTE ESPECÍFICA:

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

(…)

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José)

CAPITULO II – DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

(…)

Artículo 4. Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

 

(…)

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Parte III

Artículo 6

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

ASI MISMO TRANSGREDE DE MANERA CLARA, PARTES SUSTANTIVAS DE LA:

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

CAPÍTULO III DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.

Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación.

CAPÍTULO IV DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL

Artículo 11. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la presente Ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los Tratados Internacionales.

Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:

I. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos;

II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;

III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas;

(…)

V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño;

(…)

X. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;

(…)

    XIII.   En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas. La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda. Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

(…)

Derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las tierras, los territorios y los recursos.

Los pueblos indígenas han establecido conexiones espirituales, culturales, sociales y económicas con sus tierras, territorios y recursos, todos ellos elementos básicos para su propia identidad y existencia. Su tradición en materia de derechos colectivos sobre las tierras y los recursos (a través de la comunidad, la región o el estado) contrasta con los modelos dominantes de propiedad individual, privatización y desarrollo. Cada vez más se reconoce que el fomento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las tierras, los territorios y los recursos no solo contribuye a su bienestar, sino también al bien común, mediante la solución de problemas como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Las tierras indígenas constituyen alrededor del 20 % del territorio terrestre y contienen el 80 % de la biodiversidad restante del planeta, lo que supone una clara señal de que los pueblos indígenas son los mejores administradores del medioambiente.

En algunos países, se han realizado progresos en relación con el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras, los territorios y los recursos. Por ejemplo: • En Australia, más del 20 % de la tierra, la mayor parte de ella en áreas remotas, es propiedad legal de pueblos indígenas bajo títulos nativos y regímenes estatutarios de derechos sobre las tierras. • En Canadá, el mayor acuerdo de reivindicación de tierras aborígenes entre el gobierno y el pueblo inuit dio lugar a la creación de Nunavut en 1999, un territorio patrio para el pueblo inuit de Canadá. • En 2011, la República del Congo se convirtió en el primer país africano en adoptar una ley específica sobre los derechos de los pueblos indígenas, incluida la conservación de la tenencia preexistente de las tierras de los pueblos indígenas ante la ausencia de títulos de propiedad. • La ley de derechos forestales de la India de 2006 reconoce los derechos de las tribus registradas sobre las tierras forestales bajo ocupación común o individual mediante asambleas de aldea y requiere el consentimiento de la comunidad para su reasentamiento. • En 2013, el Tribunal Constitucional de Indonesia restituyó los derechos de las comunidades indígenas sobre sus bosques consuetudinarios, que antes eran considerados «bosques estatales». • En Nueva Zelanda, el Tratado de Waitangi en Aotearoa mantiene los derechos individuales y colectivos de los maoríes sobre sus tierras, bosques, industrias pesqueras y otras propiedades, además del establecimiento en 1975 de un tribunal permanente con el fin de considerar cualquier violación del tratado. • En Noruega, la ley de derechos sobre las tierras de Finnmark de 2005 estableció una comisión y un tribunal para considerar y tomar una decisión sobre las reclamaciones de derechos sobre las tierras del pueblo indígena sami, entre otros. • En Panamá, cuatro regiones (comarcas) están reconocidas en virtud de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas; además, la Ley 72 establece un procedimiento especial para conceder títulos colectivos sobre las tierras de los pueblos indígenas que no pertenezcan a comarcas desde 2008. • En 2001, la Federación de Rusia adoptó una ley sobre los territorios de uso tradicional de los recursos naturales, una ley federal que da reconocimiento a la tenencia de las tierras de los pueblos indígenas. • Otros países, como Colombia y Estados Unidos, han reservado extensiones de tierra o territorios para el control colectivo de los indígenas.

Desafíos para reconocer derechos de los pueblos indígenas.

Sin embargo, en muchos países no se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas o no se realizan los procedimientos necesarios, como la cartografía de recursos, la demarcación y la titulación. Incluso cuando los pueblos indígenas obtienen protección legal o títulos de propiedad para sus tierras y recursos, la escasa aplicación de las leyes, así como la existencia de leyes contradictorias, suelen dar lugar a la denegación de facto de los derechos de los pueblos indígenas. Además, la entidades estatales o empresariales a menudo realizan proyectos, como presas, autopistas, minas, explotaciones forestales, monocultivos o plantaciones con biocombustibles, sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. A pesar de las decisiones positivas de los tribunales y los órganos de derechos humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas a tierras y recursos, los problemas relacionados con el despojo de tierras y recursos, la expulsión o traslado forzosos, la denegación de los derechos sobre la tierra y la continua violencia son una realidad para las comunidades indígenas de todo el mundo. Los defensores de los derechos humanos que protegen sus derechos y sus tierras, territorios y recursos suelen ser víctimas de violencia. Sin el reconocimiento completo ni la implementación de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, hay pocas probabilidades de que los pueblos indígenas se beneficien de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es «no dejar a nadie atrás». Marcos internacionales Los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las tierras, los territorios y los recursos están firmemente arraigados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (Artículos 3 y 26), así como en el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales n.º 169 y en su convenio predecesor n.º 107 de la Organización Internacional del Trabajo. Otros instrumentos internacionales, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, cuentan con referencias implícitas a los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras, los territorios y los recursos. Los mecanismos regionales sobre los derechos humanos de África y América también han reconocido los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las tierras, los territorios y los recursos. Asimismo, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU incluyen la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos de los pueblos indígenas y de resolver cualquier abuso. Desde su creación en el año 2000, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas ha instado repetidamente a los Estados a que tomen medidas efectivas para detener la alienación de tierras en los territorios indígenas, a que proporcionen asistencia financiera y técnica para que los pueblos indígenas cartografíen las lindes de sus tierras comunales, a que pongan fin a los marcos legales y normativos para el registro de títulos colectivos y a que adopten legislaciones nacionales con el principio de consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas cuando se vean involucrados sus territorios, tierras y recursos. El Foro también ha insistido en que el sistema de las Naciones Unidas debe esforzarse más por implantar mecanismos a nivel nacional e internacional que garanticen el respeto por los derechos de los pueblos indígenas.

 

Por todo lo anterior, es que consideramos se debe incorporar una visión de justicia con perspectiva de respeto a los derechos colectivos indígenas, lo cual en el caso de referencia no ocurre así, tanto en los argumentos esgrimidos en el voto particular que niega validez a las declaraciones testimoniales de las víctimas, como en la resolución mayoritaria de los dos jueces (Jueza y Juez) que exoneraron al agresor Darío, ya que en ambos razonamientos se resta validez a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y se establece en el numeral 82 de la Sentencia definitiva de mérito que:

 

·  82. LOS MOTIVOS QUE ESTE TUVO PARA COMETER EL DELITO. De las circunstancias que integran la presente causa penal no se advierte cuáles fueron los motivos del acusado DARIO ADRIAN MARTINEZ para cometer el delito que se le imputa.

 

Lo anterior carece de un estudio riguroso de los declaraciones testimoniales durante el juicio, ya que los testigos se identificaron plenamente como integrantes de las autoridades auxiliares de Bienes Comunales de Santa Catarina, y señalaron todos y cada uno de ellos, tanto las víctimas directas como los demás integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, que su labor es todo lo relacionado con los tramites agrarios que tienen que ver con la posesión de las tierras comunales, y el propio agresor reconoció que su acción se debió al trámite particular de una expedición de constancia de posesión de la tierra que llegó a solicitar a la oficina donde cometió a todas luces el acto delictivo.

 

El juzgador no debe pasar por alto el origen indígena de las víctimas, de acuerdo a lo establecido por los respectivos protocolos emitidos por la SCJN para juzgar con  perspectiva de respeto a los derechos colectivos indígenas.

Santa Catarina es una comunidad nahua que defiende sus raíces y ha luchado contra los megaproyectos que excluyen a los pueblos y son beneficiosos únicamente para el desarrollo capitalista y la urbanización salvaje que destruye el medio ambiente, los bosques y contamina el agua sin importar que disminuya la calidad de vida de la población. Actualmente hay una lucha en defensa del área estatal de reserva ecológica de El Texcal, que está comprendida dentro del territorio definido por los decretos presidenciales del Corredor Biológico de Flora y Fauna del Ajusco al Chichinautzin de 1989 y del Parque Nacional El Tepozteco de 1939. Esta área ha sido invadida y se pone en riesgo la selva baja caducifolia como los mantos freáticos de recarga acuífera en torno a la laguna de Hueyapan que surte de agua potable a miles de personas de los municipios de Jiutepec y Zapata entre otros.

El pueblo de Santa Catarina ha trabajado en la defensa de la tierra, el territorio, la lengua y los derechos de los pueblos indígenas durante décadas, sobre todo a partir del Decreto de Expropiación que dio origen en 1962 a la construcción de CIVAC en terrenos donde manteníamos un litigio con la comunidad de Tejalpa, en un polígono que va de Acolapa a Acolala y Tetenco y que representan más de 3 mil Hectáreas,  ya que el Decreto de 1939 establecía que dichos terrenos pertenecían a Tepoztlán y el Amparo de 1942 favorecía a Tejalpa, por lo que se opusieron a que CIVAC se extendiera a los terrenos colindantes y en 1975 la comunidad tuvo que movilizarse para defender esas tierras comunales.

Las invasiones continúan y se aceleraron posteriormente a la construcción del fraccionamiento de la Unidad Habitacional de Acolapa, a pesar de las advertencias que es una zona altamente inundable y que año con año padecen sus habitantes, muchos de los cuales han sufrido las consecuencias del sismo del 19 de septiembre por que sus viviendas fueron construidas con engaños por empresarios que no les importa garantizar sus derechos.

Desde ése período, a principios de los años 90s, la comunidad de Santa Catarina ha dado la lucha y ha sufrido la represión, agresión y persecución a sus dirigentes comunales, quienes han tenido que permanecer en prisión injustamente hasta por 15 meses como ocurrió con Mauricio Franco en 1994-1996. También otros representantes como Don Fernando Guerrero Luna, han estado con órdenes de aprehensión por defender la tierra.

Actualmente la Comunidad indígena de Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos, se encuentra conmocionada por al artero ataque a balazos que sufrieron los representantes de Bienes Comunales en sus oficinas a manos de una persona de nombre DARIO ADRIAN MARTINEZ, que les disparó y dejó con heridas a Catalino Santiago Salazar y a Mauricio Franco Sánchez, Presidente y Secretario, quienes recibieron tres balazos cada uno y fueron atendidos en el Hospital G. Parres de Cuernavaca, donde afortunadamente mejoró su estado de salud por la inmediata intervención del personal de salud.

Este artero ataque criminal fue cometido por una persona quien llegó a las oficinas de la representación de Bienes Comunales de Santa Catarina, a solicitar la expedición de una constancia de posesión de un terreno que asegura haber comprado en terrenos del área protegida de El Texcal, por lo que se le informó que no se podía extender dicha constancia por tratarse un lugar de reserva ecológica, por lo que su reacción fue sacar una pistola que ya llevaba oculta en un morral donde aparentaba llevar documentos y disparar a corta distancia del presidente y el secretario de Bienes Comunales, como quedó asentado en la Carpeta de Investigación HG01/512/2018 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Inmediatamente se le impidió huir y se le sometió por parte del resto de integrantes del comisariado de bienes comunales y se le entregó a elementos de la policía municipal a quienes se les dio inmediato aviso y los heridos fueron trasladados en una ambulancia al Hospital Civil de Cuernavaca “José G. Parres”, siendo las 8:10 de la noche del 2 de julio de 2018.

En ningún momento se debe perder de vista que estos hechos ocurrieron de manera  lamentable; luego de que se ha estado denunciando públicamente y de manera recurrente la invasión de tierras comunales  ubicadas en el área de reserva ecológica de El Texcal por parte de los mencionados representantes de bienes comunales, sin que hasta el momento las correspondientes autoridades tomen las medidas pertinentes de protección y conservación ecológica, lo que de manera evidente aún pone en riesgo la vida y la integridad de quienes hoy defienden la tierra comunal ante invasores y vende tierras.

Por todo lo anterior, no podemos permanecer sin exigir que social y jurídicamente se defienda la tierra comunal frente a las invasiones y a la destrucción ecológica de una gran cantidad de hectáreas en las colindancias con El Texcal, en el polígono que se ubica entre Milpillas, Tetenco y Acolala, por lo que todo el tiempo se ha exigido al Gobierno del Estado de Morelos tomar todas las medidas para su protección y defensa, antes de que sean arrasadas todas estas tierras comunales. En su momento solicitamos que la Fiscalía general de Justicia de Morelos integrara adecuadamente la carpeta de Investigación HG01/512/2018 por el homicidio en grado de tentativa cometido por Darío “N” en contra de nuestro compañero Catalino Santiago Salazar y lesiones calificadas Mauricio Franco Sánchez, de tal manera que haya justicia y no quede éste acto criminal en la impunidad. Que el gobierno a través de las instancias correspondientes tome las medidas de protección y seguridad para la comunidad indígena de Santa Catarina y se den garantías para el trabajo (hoy en riesgo) que llevan a cabo los representantes de Bienes Comunales y que el Gobierno del estado en coordinación con el Gobierno Federal lleve a cabo todas las acciones jurídicas y legales correspondientes a la defensa plena de las tierras comunales de Santa Catarina en el área colindante con la zona de reserva ecológica de El Texcal, pertenecientes al parque nacional El Tepozteco y al corredor ecológico de flora y fauna del Ajusco al Chichinautzin.

 

Estos elementos sin lugar a dudas, deben ser tomados en consideración por los jueces al momento de revisar la sentencia de mérito que injustamente exonera de responsabilidad a DARIO ADRIAN MARTINEZ en el caso de las lesiones cometidas en contra de MAURICIO FRANCO SANCHEZ, para que éste delito e ilegítima acción no quede en la impunidad, como se desprende tanto del voto particular como de la resolución mayoritaria de los jueces que firmaron la sentencia definitiva.

 

El argumento esgrimido por los jueces para exonerar a DARIO ADRIAN MARTINEZ en el delito de lesiones calificadas contra MAURICIO FRANCO SANCHEZ, es que hubo, según el numeral 65 de la Sentencia Definitiva: “…la mayoría de éste Tribunal, sostiene que por deficiencias en el hecho materia de la acusación, no se puede arribar a la acreditación de tal delito”, lo cual consideramos contrapone y paso por alto los testimonios a la prueba científica (Numeral 66). Y si bien es cierto que los testimonios de los policías aseguran que el arma homicida tenía 8 cartuchos, tres percutidos y cinco cartuchos útiles, afirmando que “la prueba material no miente”, sin tomar en cuenta lo que es del conocimiento de los jueces, en el sentido de que si bien se mantuvo la cadena de custodia del arma en cuestión, no se aplicaron debidamente los protocolos de embalaje del arma, ya que según el propio dicho de los policías, fue hasta un kilómetro del pueblo, a la altura de san Andrés de la cal, donde procedieron a embalar el arma. Más aún, la actuación de los policías incurrió en omisión y negligencia al no respetar el protocolo de puesta a disposición tanto del arma como del detenido DARIO ADRIAN MARTINEZ, al grado tal que el Juez de Control ordenó en pasados meses su puesta en libertad al determinar que éste no había sido detenido en flagrancia y que fue detenido ilegalmente, razón por la cual ordenó su liberación y no fue sino transcurrido un mes cuando nuevamente fue detenido mediante una orden de aprehensión que se vio precisada la Fiscalía a solicitar para evitar que el imputado evadiera la acción de la justicia. Es aquí precisamente donde se muestra la incongruencia de reconocer que están acreditadas las lesiones cometidas en contra de MAURICIO FRANCO SANCHEZ durante el forcejeo con DARIO ADRIAN MARTINEZ al exonerarlo de culpabilidad alguna tanto por los dos magistrados como por el voto particular del Juez presidente. La frase extraída del derecho anglosajón de “más allá de toda duda razonable” que invocan los jueces, para adquirir la certeza sobre la condena a ésta persona, deja precisamente de lado juzgar acorde a lo que establece la SCJN de incluir la perspectiva de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que se deja de lado precisamente el testimonio de las víctimas y del pueblo indígena que se reunió para impedir que el agresor terminara con la vida de los representantes de las autoridades auxiliares de Bienes Comunales como era la pretensión del agresor de referencia. Aun cuando los jueces concluyen que absuelven a DARIO ADRIAN MARTINEZ por deficiencias de la Fiscalía, es claro que no se apegaron a los principios que ellos mismos enuncian como los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos afianzados.

 

Atentamente.

Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General de la

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

José Martínez Cruz, Coordinador de Comunicación, Marco Aurelio Palma Apodaca, Coordinador Jurídico, Paloma Estrada Muñoz, Coordinadora de Investigación

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Alto a los ataques a defensores de la tierra y del territorio en Morelos

Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos 5 de agosto de 2019.

Alto a los atentados criminales contra quienes defienden la tierra y el territorio en Santa Catarina.

  1. Cuauhtemoc Blanco Bravo

Gobernador Constitucional del Estado de Morelos.

Presente.

  1. Uriel Carmona Gándara

    Fiscal General del Estado.

Presente.

Denunciamos ante ustedes, como ya lo hicimos ante el Ministerio Público, en la Carpeta de Investigación SC01/7511/2019, con fecha del cuatro de agosto de 2019, el ataque con arma de fuego cometida en contra del domicilio de nuestro presidente de las autoridades auxiliares de Bienes Comunales de Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, Morelos, en hechos ocurridos aproximadamente a las 10:30 de la noche del día sábado 3 de agosto del presente.

Este criminal ataque cometido por varios sujetos que se transportaban en dos vehículos estuvieron a punto de privar de la vida a nuestro representante y a su familia, quienes en ese momento se encontraban en sus respectivas habitaciones de su domicilio, lugar al que llegaron los agresores y realizaron hasta 9 disparos de arma de fuego de alto calibre 9 milímetros, ocasionando daños en las cosas ya que los impactos de bala destrozaron vidrios y se incrustaron en las paredes de las habitaciones, sin que afortunadamente ocasionaran lesiones a las personas que en ese momento se encontraban dentro. Los agresores huyeron en sus vehículos sin lograr privar de la vida a nuestro compañero y su familia, sin que hasta el momento hayan sido ubicados ni detenidos.

Cabe señalar que ésta es la segunda ocasión en que el compañero presidente auxiliar de Bienes comunales de Santa Catarina sufre un atentado de ésta naturaleza, ya que el día 2 de julio de 2018 recibió tres impactos de bala por parte de un sujeto que pretendía obtener una constancia de posesión de terrenos ubicados en la zona protegida de reserva ecológica de El Texcal, lográndose una condena de 13 años y 4 meses por homicidio en grado de tentativa.

Como es de su conocimiento, ya que les hemos enviado oficios con anterioridad, estos arteros ataques criminales pretenden impedir que las autoridades auxiliares apliquen los acuerdos de la asamblea del pueblo de Santa Catarina de defender El Texcal e impedir que se siga afectando la reserva ecológica por las personas que invaden, fraccionan y venden terrenos ilegalmente en ésta zona sin que sean investigados ni sancionados por las autoridades.

Ante este segundo atentado que pone en serio riesgo la vida de integrantes de las autoridades de bienes comunales de Santa Catarina que luchan en defensa de la tierra comunal, les solicitamos se tomen todas las medidas de protección cautelar para impedir que continúen los ataques criminales y se realicen las investigaciones hasta lograr que haya justicia y se sancione penalmente a los autores materiales del atentado y se llegue hasta las últimas consecuencias para determinar quienes son los autores intelectuales de éstos hechos.

Nuestro llamado es para que las autoridades presten la debida atención a las denuncias que hacemos como pueblo indígena que lucha en defensa de la tierra y el territorio, por los derechos colectivos establecidos claramente en el artículo 2 de la Constitución que dice: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.”

De igual manera en el Convenio 169 de la OIT que establece el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, y en la reciente Ley sobre Derechos Indígenas para el Estado de Morelos. Exigimos que el gobierno a través de las instancias correspondientes tome las medidas de protección y seguridad para la comunidad indígena de Santa Catarina y se den garantías para el trabajo que llevan a cabo los representantes de Bienes Comunales.

Atentamente.

El Comisariado Auxiliar de Bienes Comunales del Poblado de Santa Catarina, Municipio de Tepoztlán, Morelos.

PRESIDENTE

CATALINO SANTIAGO SALAZAR PROVISOR

 

SECRETARIO

MAURICIO FRANCO SANCHEZ

 

TESORERO

BRIGIDO JESUS OLAMENDI PEREZ

 

CONSEJO DE VIGILANCIA

PRESIDENTE

ANTOLIN REMEDIOS PORTUGAL MARTINEZ

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No permitir que las huellas de la memoria desaparezcan.

José Martínez Cruz/ La Jornada Morelos

Buscar a los desaparecidos en vida debe ser una prioridad de la Comisión de Búsqueda y no permitir que las huellas de la memoria desaparezcan. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que no prescribe hasta lograr esclarecer los hechos, localizar a los desaparecidos, identificar a los culpables y sancionarlos, para que haya verdad, justicia, no impunidad, reparación del daño, reconocimiento institucional de la responsabilidad del Estado y establecimiento de garantías de no repetición. Cada día que pasa es un dolor para quienes no olvidan a sus seres queridos. Priorizar la búsqueda en vida, ya que son más de 40 mil en todo el país y como dice el Comité Eureka y los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa: ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Necesitamos tu apoyo para exigir que se identifiquen los más de 26 mil cuerpos que se encuentran sin nombre y que la búsqueda de las más de 40 mil personas desaparecidas sea exhaustiva, como lo propone la campaña #Busquen en Vida.

Por lo que se requieren medidas integrales de prevención y seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos, para garantizar que no haya impunidad en crímenes violentos, feminicidios y desapariciones. En Morelos existe una Ley contra la desaparición forzada desde 2015, que fue propuesta por familiares y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, y aprobó el Congreso del Estado. Han pasado cuatro años y aún no se crea la comisión de búsqueda. En ésta lucha han muerto familiares de desaparecidos. Sin haber dejado de luchar ni un día por sus hijos (Everardo y Julio César) y por sus 41 compañeros normalistas de Ayotzinapa, murieron doña Minerva Bello y don Tomás Ramírez. Se mantienen vivos en la memoria y en el corazón están en los lugares que amaban, son luz y verdad, los desaparecidos. Hasta lograr tenerlas de regreso a casa es el objetivo de la lucha de las familias de las y los desaparecidos. Ser escuchadas por las autoridades es justo reclamo para lograr justicia y recuperar a sus familiares. Porque buscar a personas desaparecidas requiere compromiso con las víctimas y no con el aparato burocrático. El mal manejo de los fondos para la búsqueda de personas desaparecidas es inaceptable y solo aumenta dolor e incertidumbre. Familiares de personas desaparecidas exigen información veraz sobre la Comisión de Búsqueda. El abuelo de uno de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, nos recuerda con la tristeza reflejada en su mirada, que el dolor no desaparece mientras no aparezcan los desaparecidos.

Por ello es que la acción #Ayotzinapa58meses reivindica que somos memoria intacta, terca, incansable. Voz que no calla ante crímenes del régimen. A Madres y Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa no los paralizan ni el dolor ni el cansancio. Que sepan que no los abandonamos en su lucha. Y aun cuando ya trabaja la Comisión de la Verdad, exigimos que se den resultados de sus investigaciones, como la que recientemente se llevó a cabo dentro de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército en Iguala, Guerrero. Tuvieron que pasar casi 5 años para que se abrieran las puertas del cuartel donde se localizaron las señales del GPS de teléfonos celulares de algunos de los desaparecidos posteriormente a su detención, como lo indica una de las líneas de investigación planteada por el Grupo de Expertos Internacionales que se negó a llevar a cabo el gobierno de Peña Nieto.  Mientras se acumulan los días y los años, los perpetradores de la desaparición forzada apuestan a borrar todas las huellas que los impliquen, como se ha demostrado también en los intentos de la Policía Federal por encubrir a quienes participaron la noche del 25 y la madrugada del 26 de septiembre de 2014 en los retenes que establecieron en Iguala, Guerrero y cambiar de adscripción a todos los policías y sus mandos a otras regiones del país para no ser llamados a declarar. Más grave aún el hecho de que aun cuando se realizó una solicitud de orden de aprehensión desde noviembre de 2018 contra policías federales, nunca se mostraron los documentos a los expertos internacionales ni a los abogados de los familiares de los 43 desaparecidos. La cantidad de responsables del hecho supera con creces los 235 funcionarios que la propia CNDH solicitó se investigara su participación en los hechos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso seis demandas penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 235 funcionarios públicos por violaciones graves a derechos humanos en la investigación por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayozinapa, Guerrero.

El gobierno actual de AMLO ha realizado actos de reconocimiento de la responsabilidad histórica y política del Estado en las desapariciones forzadas y creó esta comisión para esclarecer el caso de los 43 de Ayotzinapa, medidas que han sido reconocidas por familiares de víctimas de desaparición, sin embrago han sido a todas luces insuficientes ante la contundente realidad de que siguen sin ser localizados, como lo señalamos las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores, durante la 58 Acción Global por Ayotzinapa y Mexico, por los 43+40 mil desaparecidos, llevada a cabo el viernes 26 de julio a las 10 am en el zócalo de Cuernavaca.

Por eso es necesario recordar  la carta publicada recientemente por familiares de desaparecidos desde los años setentas que dicen de manera contundente: “¿Por qué el Comité ¡Eureka! decidió no asistir a la inauguración del Memorial Circular de Morelia 8? Porque desde que Andrés Manuel López Obrador asumió como presidente hemos solicitado audiencia con él y con el subsecretario Encinas para tratar los casos de desaparición forzada que denunciamos, documentamos y reclamamos desde hace 42 años, y no hemos tenido respuesta. No se pueden erigir memoriales cuando ni siquiera se ha querido iniciar una investigación de los hechos criminales que les dieron origen; y más cuando todavía se reclama justicia para las víctimas: los desaparecidos políticos del Comité ¡Eureka! El enemigo más perverso, además de la impunidad, ha sido la simulación; por ésta se formaron en el salinato las comisiones de Derechos Humanos en contraposición a nuestras denuncias; ahora se hacen memoriales en los edificios y lugares que deberían estar siendo investigados como escenas del terrible crimen de la desaparición forzada.”

¿Dónde están todas las desaparecidas y los desaparecidos? Como lo dice el poema “Desaparecidos” de Mario Benedetti: Están en algún sitio/ concertados desconcertados / sordos buscándose / buscándonos bloqueados por los signos y las dudas.

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Se llevó a cabo la 58 Acción Global por Ayotzinapa y Mexico, por los 43+40 mil desaparecidos

Este viernes 26 de julio a las 10 am en el zócalo de Cuernavaca, el  Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, llevó a cabo la 58 Acción Global por Ayotzinapa y Mexico, por los 43+40 mil desaparecidos, con la participación de representantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, del SME, del MMB, del SITIMTA, de la OPT y del PRT.
Cada día que pasa es un dolor para quienes no olvidan a sus seres queridos. Priorizar la búsqueda en vida, ya que son mas de 40 mil en todo el país y como dice el Comite Eureka y los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa: vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Por lo que se requieren medidas integrales de prevención y seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos, para garantizar que no haya impunidad en crímenes violentos, feminicidios y desapariciones.
En Morelos existe una Ley contra la desaparición forzada desde 2015, que fue propuesta por familiares y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, y aprobó el Congreso del Estado. Han pasado cuatro años y aun no se crea la comisión de búsqueda.
En ésta lucha han muerto familiares de desaparecidos. Sin haber dejado de luchar ni un día por sus hijos (Everardo y Julio César) y por sus 41 compañeros normalistas de Ayotzinapa, murieron doña Minerva Bello y don Tomás Ramírez. Se mantienen vivos en la memoria y en el corazón están en los lugares que amaban, son luz y verdad, los desaparecidos.
Hasta lograr tenerlas de regreso a casa es el objetivo de la lucha de las familias de las y los desaparecidos. Ser escuchadas por las autoridades es justo reclamo para lograr justicia y recuperar a sus familiares. Porque buscar a personas desaparecidas requiere compromiso con las victimas y no con el aparato burocrático.
El mal manejo de los fondos para la búsqueda de personas desaparecidas es inaceptable y solo aumenta dolor e incertidumbre. Familiares de personas desaparecidas exigen información veraz sobre la Comision de Búsqueda.
El abuelo de uno de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, nos recuerda con la tristeza reflejada en su mirada, que el dolor no desaparece mientras no aparezcan los desaparecidos.
Necesitamos tu apoyo para exigir que se identifiquen los más de 26 mil cuerpos que se encuentran sin nombre y que la búsqueda de las más de 40 mil personas desaparecidas sea exhaustiva #Busquen en Vida!
Necesitamos tu apoyo para exigir que se identifiquen los más de 26 mil cuerpos que se encuentran sin nombre y que la búsqueda de las más de 40 mil personas desaparecidas sea exhaustiva #BusquenEnVida
DESAPARECIDOS

Están en algún sitio/ concertados desconcertados / sordos buscándose / buscándonos bloqueados por los signos y las dudas. [Mario Benedetti]
#Ayotzinapa58meses

Somos memoria intacta, terca, incansable. Voz que no calla ante crímenes del régimen. A Madres y Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa no los paralizan ni el dolor ni el cansancio. Que sepan que no los abandonamos en su lucha. Ya trabaja la Comisión de la Verdad y exigimos que se den resultados de sus investigaciones, como la que recientemente se llevó a cabo dentro de las instalaciones del 38 Batallón de Infantería del Ejército en Iguala, Guerrero.
Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

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