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Feminicidio y desapariciones requieren atención urgente en Morelos

José Martínez Cruz.

La grave violencia e inseguridad en Morelos se expresa crudamente en el incremento del feminicidio y las desapariciones. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco tiene el reto de asumir medidas inmediatas para atender los derechos humanos fundamentales a una vida libre de violencia y a la libertad de mujeres y de todas las personas. Contrariamente a las esperanzas de miles de votantes, hasta el momento se mantienen las mismas políticas que aplicó el gobierno de Graco Ramírez en materia de seguridad, con el mando único, ahora depositado en manos militares del contralmirante de la Marina armada proveniente de Veracruz, cuando lo que se requiere es una seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos.

A pesar de que la Ley contra la Desaparición Forzada en Morelos se aprobó por la LII Legislatura y se publicó el 3 de agosto de 2015, ésta no ha sido aplicada hasta el momento, además de incumplir con la aplicación de las disposiciones de la Ley Federal en la materia, por lo que urge que el actual Gobierno tome medidas y subsane las omisiones previas para atender, investigar, sancionar y erradicar ésta práctica de Lesa Humanidad. Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos impulsamos ésta Ley, por lo que demandamos integrar de manera inmediata los Mecanismos Garantes de los derechos de familiares y víctimas de Desaparición Forzada en Morelos.

En ésta ley se establece en el TÍTULO V, MECANISMOS GARANTES, en su CAPÍTULO II, sobre el MECANISMO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS, señala con toda claridad en su “Artículo 22.- Tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la Atención de Víctimas y Familiares de las Personas Desaparecidas. Todas las medidas que lleve a cabo el Estado deberán ser realizadas sin discriminación alguna. Por ello se considerará el idioma, la edad, el entorno psicosocial, la preferencia sexual, si pertenece a un determinado grupo étnico, o cualquier otra situación o condición para que se pueda acceder a la Justicia. Artículo 23.- El Mecanismo estará integrado por un Comité Consultivo, quedando de la siguiente manera su conformación: a) Un representante de la Secretaría de Gobierno, con poder de toma de decisión, quien la Presidirá; b) Dos representantes de la Comisión, con poder de toma de decisión; c) Un representante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, con poder de toma de decisión; d) Un representante del Sistema DIF Morelos, con poder de toma de decisión; e) Un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, quien coordinará el Mecanismo, con poder de toma de decisión; y f) Dos personas en representación de las organizaciones de la sociedad civil encargadas del seguimiento de los casos de personas desaparecidas. La función de las personas integrantes del Comité Consultivo será de carácter honorífico y todas contarán con derecho a voz y voto.” Urgimos a la Secretará de Gobierno a que emita la convocatoria de manera inmediata.

Aunque en recientes declaraciones el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Roberto Cabrera Alfaro, anunció que en los próximos días se echará a andar el Sistema Nacional de Búsqueda, un mecanismo interinstitucional, cuyo objetivo es conjuntar los esfuerzos y las políticas públicas en esa materia. Este Sistema deberá diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre los órdenes de Gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas. En 25 entidades, incluyendo Morelos, no existe una comisión local de búsqueda de personas, y en 11 no se cuenta con un organismo de atención a víctimas. El problema de las desapariciones en México es algo que no se ha podido detener, mientras el número de víctimas continúa en aumento. Las familias de las personas desaparecidas tienen el derecho de participar en la elaboración de protocolos de búsqueda y ser tomados en cuenta a la hora de la definición de las acciones a llevar a cabo, como lo establecen los mecanismos garantes establecidos en la LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE Morelos, misma que se puede consultar en http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LDESFORZADAMO.pdf

Es por ello que desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, condenamos la tardanza en la instalación del sistema y solicitamos que de inmediato se emitan las convocatorias correspondientes para crear el MECANISMO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS.

Por otra parte, hemos enviado un documento solicitando al Ejecutivo Estatal una mesa de trabajo para abordar las medidas contra el feminicidio, ya que desde el 10 de agosto de 2015, se emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en 8 Municipios del Estado de Morelos. La AVG ha sido una aportación desde el Movimiento Feminista y de Defensa de los Derechos Humanos que se inscribe en la lucha progresiva e integral de éstos derechos. Y en el caso concreto de la Declaratoria de la AVG en Morelos, la CIDHM fuimos la organización peticionaria. Por ello es que revisamos puntualmente todas y cada una de las acciones y medidas decretadas y las contrastamos con datos concretos, para tener un diagnóstico preciso sobre lo que se ha hecho y lo que falta por hacer para garantizar que no haya un solo feminicidio impune. Es fundamental ir a las causas de las violencias, por lo que se requiere el compromiso y la dedicación de todos los sectores de la sociedad, para que se logre erradicar la simulación, las omisiones y complicidades que perpetúan la violencia institucional. No permitir que sigan ocurriendo muertes violentas es parte de la lucha por construir una sociedad más justa. Por eso consideramos que si no se toman medidas a la altura de la situación de gravedad, en lugar de disminuir los hechos violentos tenderán a incrementarse. Es obligación del Estado tomar medidas para erradicar la violencia feminicida y responsabilidad de la sociedad  actuar organizadamente para exigir el cumplimiento de los derechos. Por ello, el nuevo Gobierno que entró en funciones a partir del primero de octubre del 2018, debe tomar las medidas para atender la AVG y que no haya pretexto de desconocimiento alguno para asumir desde el primer día las tareas y actividades que les corresponde, pues se requiere un cambio profundo en las políticas públicas que garanticen los Derechos Humanos de todas las Mujeres, pues es importante señalar que la AVG continúa vigente en Morelos hasta cumplir al 100% todas y cada una de las recomendaciones emitidas por el Decreto de creación de la AVG el 10 de agosto de 2015.

Es necesario mantener y reforzar la lucha porque no haya ni un feminicidio y ni una persona desaparecida más en Morelos.

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Carta al Gobernador Cuauhtémoc Blanco para reactivar mesas de Alerta de Violencia de Género en Morelos

C. Cuauhtémoc Blanco Bravo

Gobernador Constitucional del Estado de Morelos

Presente.

Por éste conducto quienes integramos la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHM), con domicilio para recibir toda clase de notificaciones en Privada de las Flores 16, Colonia San Antón, Cuernavaca, Morelos, con teléfono 3185568, nos dirigimos a usted para solicitar con base en el artículo 8º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una reunión de trabajo para hacer entrega de nuestro Informe a 3 años de la Alerta de Violencia de Género.

Como es de su conocimiento, a partir del 10 de agosto de 2015, se emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en 8 Municipios del Estado de Morelos. La AVG ha sido una aportación desde el Movimiento Feminista y de Defensa de los Derechos Humanos que se inscribe en la lucha progresiva e integral de éstos derechos. Y en el caso concreto de la Declaratoria de la AVG en Morelos, la CIDHM fuimos la organización peticionaria. Por ello es que revisamos puntualmente todas y cada una de las acciones y medidas decretadas y las contrastamos con datos concretos, para tener un diagnóstico preciso sobre lo que se ha hecho y lo que falta por hacer para garantizar que no haya un solo feminicidio impune. Es fundamental ir a las causas de las violencias, por lo que se requiere el compromiso y la dedicación de todos los sectores de la sociedad, para que se logre erradicar la simulación, las omisiones y complicidades que perpetúan la violencia institucional.

No permitir que sigan ocurriendo muertes violentas es parte de la lucha por construir una sociedad más justa. Por eso consideramos que si no se toman medidas a la altura de la situación de gravedad, en lugar de disminuir los hechos violentos tenderán a incrementarse. Y que es obligación del Estado tomar medidas para erradicarla la violencia feminicida y que la responsabilidad de la sociedad es actuar organizadamente para exigir el cumplimiento de los derechos.

Por ello, nos dirigimos a usted y a las y los representantes del Nuevo Gobierno que entró en funciones a partir del primero de octubre del 2018, para que se tomen las medidas para atender la AVG y que no haya pretexto de desconocimiento alguno para asumir desde el primer día las tareas y actividades que les corresponde, pues se requiere un cambio profundo en las políticas públicas que garanticen los Derechos Humanos de todas las Mujeres. Pues es importante señalar que la AVG continúa vigente en Morelos hasta cumplir al 100% todas y cada una de las recomendaciones emitidas por el Decreto de creación de la AVG el 10 de agosto de 2015.

Por todo lo anterior,  le solicitamos una audiencia para entregar los informes que hemos elaborado sobre la AVG en Morelos y conocer su propuesta para dar seguimiento al cumplimiento de la AVG en Morelos. En espera de una respuesta positiva, como lo establece el artículo 8º. Constitucional, nos despedimos con un saludo cordial.

Cuernavaca, Morelos, a 12 de octubre de 2018.

Juliana García Quintanilla

Coordinadora General.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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Dolores y sentimientos de víctimas del sismo del 19 de Septiembre en Morelos

Testimonios en  el Informe sobre el SISMO 19S. A UN AÑO DE LA TRAGEDIA. DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS EN EL ESTADO DE MORELOS.

Durante la aplicación de la encuesta a 86 víctimas del sismo del 19S en Jojutla, que realizamos la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, se expresaron las voces de dolor que a un año requieren de acompañamiento psicosocial para superarlo. Respetamos los datos personales, mismos que están plenamente identificados en cada registro que realizamos, en éste ejercicio de recuperar los testimonios personales y colectivos de una tragedia que sólo se podrá superar mediante la solidaridad y el pleno respeto a los derechos humanos de quienes sufrieron en carne propia los efectos devastadores del sismo del 19 de septiembre de 2017.

  • “Iba rumbo a Jicarero para una diligencia cuando comenzó a temblar. Regresé a casa como pude, porque todo era caos. Conforme iba avanzando vi la capilla colapsada. En el segundo piso de mi casa teníamos una bandera que miré doblada, después vi que mi casa se colapsó. En ese momento llamó mi hermana de Estados Unidos, le dije que no sabía dónde estaban mi mamá de 62 años y mi niña, Amor Guadalupe de dos años de edad. Por donde pude comencé a buscarlas. Vi que me robaron mi computadora portátil donde tenía fotografías de mi niña, ya no pude continuar con la búsqueda, llegaron rescatistas quienes hicieron un agujero entre los escombros y las encontraron muertas. Me entregaron a mi niña envuelta en una cortina. Me fui al Hospital Meana. Todo el tiempo la tuve en brazos. Nunca vi su cara. Esperé que llegara mi mamá, pero la llevaron al SEMEFO. Después nos fuimos a la funeraria. A un amigo le pedí que me consiguiera ropa para mi niña y para mi mamá. Me dicen los médicos que no sufrieron tanto porque tuvieron fractura cráneo encefálica. Las velé en la funeraria. Llegaron algunos amigos para acompañarme. Sin embargo me sentía muy sola. Mi hermana volvió a llamar por teléfono. Ya sabía lo que me pasaba. Ella no pudo venir a acompañarme porque está ilegal y tiene dos niños, soy madre soltera, avisé al papá de mi niña y llegó con sus padres al día siguiente. El entierro fue con mariachis porque en el camino vi a uno de ellos y le pedí que fueran. El sacerdote celebró la misa en la funeraria, pues las iglesias sufrieron daños.”

“Estaba en la casa con mi nieta y mi esposo, los tres nos colocamos bajo un arco que estaba entre la sala y el comedor, ahí recordé que estaba la estufa prendida y corrí a la cocina para apagarla. En eso me caí y mi esposo fue a levantarme y en ese momento el temblor fue mayor, los tabiques del arco empezaron a volar por todos lados hasta que ese arco se cayó. Y las paredes se empezaron a caer, eso nos salvó de salir con vida, nos protegimos cerca de la cocina y ya como pudimos salimos de entre los escombros hacia el patio. Parecía un bombardeo. La casa quedó toda de lado. Mi nieto estaba en la escuela fui a buscarlo pero cuando salgo a la calle quedé impactada de ver como estaba todo, era un caos, se veía mucho susto en los rostros de las personas y la escuela estaba toda destruida, los profesores estaban tratando de cuidar a los alumnos. Fui a buscar a mi mamá a su casa, esa noche ahí dormimos pero nos llovió. Ya luego un hermano nos prestó su casa.”

  • “Aún tengo mucho dolor. Perdí todo.”

“Solo puedo decir que la primer semana viví a la intemperie ya luego fui a rentar un localito para dormir ahí con mi hijo. Y ahora sigo viviendo en casa de campaña de las donadas.”

  • “Estaba en la casa cuando tembló y vi que se cayó la casa, quede bajo los escombros pero pude salir y ayude a la vecina que se encontraba aplastada por los escombros. A pesar de estar golpeado salí a ayudar a la vecina.”

“Estaba en mi casa pero afuera por el tanque de agua, escuché como un crujido y le grité a mi hijo que estaba adentro. Mi hija estaba en la escuela. Mi casa de adobe toda se cuarteo. Mi sobrino nos dio alojamiento temporal y luego hice un techo donde está la casa de campaña para mayor protección de la lluvia.”

  • “Vi tanta destrucción, mucho dolor por las personas fallecidas, me bloquee. Días después cuando se demolió la casa, mi madre murió de un infarto.”

“Cuando sentimos el temblor salimos para atrás de la casa, al patio y de ahí luego salimos al callejón que es la entrada para las demás casas y fuimos a ayudar a los vecinos para salir de sus casas. Me asome a mi casa que estaba todo en escombro y como pude saque un canasto de ropa, como la puerta quedo atorada con las paredes fue difícil sacar otras cosas, todo quedó aplastado. Nos fuimos con un familiar por aquí cerca. Fue muy triste ver lo que pasó con el esfuerzo de muchos años y que en un abrir y cerrar de ojos no quedara nada. Quedamos sin nada. Recordé todo lo que sufrimos para tener esa casa, era triste ver como acabaría mi vejez.”

  • “Nos quedamos sin nada, sin casa, sin trabajo, sin escuela. Mi esposo trabajaba en una ruta de chofer, ese día tuvo que dejar la combi y el dueño ya se la dio a otro. Yo no tengo dónde ni cómo hacer mis gelatinas. Mi esposo ahora hace trabajos de electricista en casas particulares y de chalán. Esto cambio toda nuestra vida.”

“Cuando tembló estaba con un cliente cortándole el pelo y se salió justo cuando se desplomó la casa y cayó encima de mi esposa y yo quedé bajo los escombros, ella se acercó a una silla antes de que la golpearan los tabicones en la cabeza. Tres personas me ayudaron a sacar de los escombros a mi esposa y se la llevaron en una patrulla al hospital y ya cuando llegó al Hospital Meana ella ya estaba muerta. Se llamaba Gloria Arcos Carpio, de 63 años originaria de Zicatlacotla, Higuerón. A mi esposa le quitaron el anillo de matrimonio y aretes y se los quedaron. Recibí apoyo de mis vecinos y de policías que me auxiliaron.”

  • “Me rescataron de los escombros, me encontraba dentro de la casa en mi cuartito, vi cómo se empezaron a caer los pedazos de loza. Pensé en mi hijo y mi mamá que salió a comprar pollo. Quedé atrapada y para sacarme entre 4 personas tuvieron que romper la ventana, un tabicón me golpeo en la cabeza, salí con tierra en mi boca, no podía ver, quedé como ciega. No lloré luego, sino que luego me deprimí, quedé traumada, con nervios cada que recuerdo, tengo miedo. Mi hijo se había ido a la escuela, me reencontré con mi ex esposo porque vivimos separados, vino y me abrazó para fortalecerme.”

“Estaba afuera de la casa terminando de almorzar el día del temblor. Alcanzamos a movernos cuando cae la casa de al lado de la nuestra, sentí mucha frustración de no poder hacer nada. De ahí camine como pude para ir a buscar a la familia, viendo en el camino como todo se caía empecé a ayudar junto con otras personas para sacar de los escombros a quienes estaban atrapados, aprendí que la organización colectiva es muy importante.”

  • “Estábamos aquí justo preparando la comida para los tacos. Asustadas porque tuvimos fuga de gas, salimos y un vecino vino para cerrar el gas. Todo se destruyó, tardamos un poco pero salimos entre polvo y cosas tiradas, mi mamá se cayó y se lastimó una mano creo que el hueso se salió de su lugar. Sus dientes se le cayeron. Las dos quedamos muy asustadas, nos fuimos a vivir con unos familiares y los alimentos los tomábamos en el albergue que se instaló para toda la gente afectada.”

“Me tocó ese día salir a vender así que fue peor la angustia por saber cómo estaba mi hija y mis nietos, ella estaba en la casa, quedó atrapada pues la puerta se atoró con los escombros caídos, de la casa de al lado. El niño chiquito estaba en el kínder y apenas salía, el otro estaba en la escuela. Yo en la angustia porque no teníamos forma de comunicación hasta que por fin entró la llamada de mi hija y me contó que le ayudaron a salir de los escombros para ir en busca de sus hijos. Así que como no había transporte camine y camine, quería volar. Ya cuando estuve aquí vi que ya no teníamos nada. La crisis era generalizada para donde volteara. Me afectó mucho, me quedé sin casa, sin trabajo, mis nietos sin escuela y mi hija sin trabajo, por lo mismo ella se fue para otro Municipio con familiares que le apoyan y yo fui con un familiar aquí en Jojutla, estamos cada quien por otros lados, ahora yo hago limpiezas en casas dos días a la semana, pues no hay trabajo y mis cosas para vender no las tengo y pues tampoco hay dinero acá para salir y saber que voy a vender. Estoy sola acá y mi hija por otro lado.”

  • “Mi hijo iba camino a la secundaria, el temblor le agarró en la calle. Yo estaba en la puerta viendo que se iba y me tocó ver como caían las casas y él quedo bajo una losa y una mujer que iba al lado suyo ahí quedo aplastada por los escombros. Yo quedé sin moverme pues me cubrieron los escombros y quedé enterrada de los pies y no podía salir de ellos hasta que me ayudaron a salir. Vi cómo se abría la calle y seguían cayendo casas, todo se llenó de polvo. Ahí me toco ayudar a una mujer en su parto. En la zona quedamos sin luz.”

“Estaba en mi trabajo y éste se cayó, me tocó ver como quedaron bajo los escombros dos personas que ahí murieron. Como pude salí a buscar a mis hijos a la escuela, llegamos a la casa y vimos que estaba toda caída, estaba yo muy impactada. Al principio dormíamos a la intemperie cerca de la casa y acudíamos a los albergues. Ya después me tocó casa de campaña.”

  • “Ese día estaba en mi casa porque mi hija me pidió cuidar a mi nieta, pedí apoyo a una compañera que cubriera mi turno, así que estaba con mi nieta y vi cómo se caía una pared y luego la otra y después la casa de al lado se fue hacia abajo, de ahí siguieron las demás paredes, yo solo camine hacia afuera y detrás de mi cayó otra parte de la pared, esa fue la que me dejo muy afectada, con mi cuerpo cubrí a mi nieta, ella salió bien. Yo con múltiples heridas y fracturas. Llego mi esposo y me llevaron al Hospital y de ahí me trasladaron en helicóptero al Hospital Rubén Leñero en la Ciudad de México. Desde ese momento mi esposo estuvo ahí conmigo, acá la casa se quedó sola.”

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INFORME DEL SISMO 19S A UN AÑO DE LA TRAGEDIA.

 

DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS EN EL ESTADO DE MORELOS.

 

A un año del 19 de septiembre del 2017, cuando a las 13:14 horas se registró un sismo de magnitud 7.1 grados en la escala de Richter y cuyo epicentro se localizó en el límite de los Estados de Puebla y Morelos, vemos con preocupación que continúan sin resolverse las necesidades apremiantes de miles de personas damnificadas que se quedaron sin vivienda y muchas de ellas sin empleo, con el dolor y la tristeza a cuestas por las muertes y las heridas, pero dando muestras de resistencia, de lucha y solidaridad para enfrentar la tragedia encarar a las autoridades que no han cumplido con los beneficios del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) ni con los recursos provenientes de la ayuda internacional. Vivir en casas de campaña alivia la necesidad de quien perdió toda su vivienda, pero cuando pasan los meses y cambia el clima, se presentan enfermedades de todo tipo, incluyendo las psicosociales que merecen una atención integral, ya que además de sanar las heridas físicas se requiere sanar los estados de ánimo para seguir luchando con la fortaleza que se requiere. Ante ésta situación, la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) llevamos a cabo una investigación en la Colonia Emiliano Zapata del Municipio de Jojutla, Morelos, con el objetivo de contar con un Diagnóstico en Materia de Derechos Humanos sobre la Situación de las Personas Afectadas en el Estado de Morelos después del Sismo del 19 de septiembre, que sirva de base para elaborar Protocolos de Prevención y Atención ante desastres de tal magnitud. Es necesario recuperar las historias del subsuelo. Recuperar palmo a palmo, polvo a polvo lo acumulado, los sentimientos y las vivencias de quienes reconstruyen sus vidas. Ésta es una tarea que implica acompañamiento psicosocial, una buena dosis de paciente impaciencia y esas ganas infinitas de que resurjan las esperanzas de abajo de los escombros.

Esta es una investigación que nos permite Documentar, Atender y Visibilizar las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos de las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017 en el Municipio de Jojutla, Morelos.

Éste Diagnóstico nos permite caracterizar a las personas damnificadas, su sexo; su edad; dónde vivían; dónde trabajaban y qué actividad desempeñaban, y cuál es su actividad económica en la actualidad; y cuáles fueron las afectaciones materiales y emocionales sufridas. En este informe se presentan algunos hallazgos de la investigación diagnóstica.

En cuanto a las violaciones a los Derechos Humanos y sobre las principales Instituciones señaladas de tales violaciones. En él se reúnen tres procesos: la investigación empírica; el análisis de fuentes oficiales (estatales, nacionales e internacionales), y la revisión de documentos internacionales. Asimismo, articula varias aproximaciones analíticas de género.

El hilo conductor de estos procesos y aproximaciones es la afirmación política, sustentada en este informe, de que en Morelos hay una violación a los Derechos Humanos de las personas Damnificadas. Para mostrar esta situación, el informe se organizó en cinco partes. En la primera, los Derechos Humanos, se destaca el Marco Legal Nacional e Internacional que es Responsabilidad del Estado acatar y cumplimentar. La segunda parte tiene que ver con la descripción de las características de las Personas Damnificadas por el Sismo del 19 de Septiembre del 2017, las afectaciones materiales; las defunciones de familiares; la situación económico-laboral; la atención de salud física y emocional; la asesoría jurídicoadministrativa; si han sido o no beneficiadas por el FONDEN; y las quejas o denuncias que quisieron realizar. En la tercera etapa se describen las Reglas Generales y los Lineamientos de Operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN). En la cuarta sección se exponen las Respuestas Institucionales ante la tragedia vivida después del Sismo. Finalmente se presentan los últimos apartados con las Consideraciones Finales y las Recomendaciones. Cabe destacar que se contempla un Anexo que contiene la Encuesta Aplicada y otro Anexo que presenta los Oficios con las Respuestas Institucionales.

Durante los meses de julio y agosto del 2018, se aplicaron y sistematizaron 86 encuestas para contar con información de primera mano sobre la situación psicosocial (afectaciones materiales; defunciones de familiares; situación económico-laboral; atención de salud física y emocional; asesoría jurídico-administrativa; adecuado funcionamiento del FONDEN; así como las quejas o denuncias que quisieron realizar) de las personas damnificadas.

La mayoría de las personas encuestadas fueron mujeres. Su principal ocupación era el comercio y muchas de ellas perdieron su fuente de trabajo después del sismo, algunas aún están desempleadas. Por otro lado, la principal ocupación de los hombres encuestados está en el campo. Las personas adultas y adultas mayores fueron la mayoría. La pérdida de la vivienda fue la más mencionada, pues la inmensa mayoría sigue viviendo en casas de campaña o con familiares, por lo que las condiciones de vida siguen siendo precarias, sin los servicios públicos necesarios ni con una seguridad adecuada. Mientras que la tragedia más sentida fue la pérdida de 6 vidas. Pese a todo lo acontecido, la mayoría de las personas aún no cuentan con un Plan de Seguridad (ni en la casa, empleo o en espacios públicos). Los protocolos de seguridad oficiales quedan reducidos a anuncios de simulacros conmemorativos, lo que de ninguna manera permite fomentar una cultura de prevención. El daño psicosocial postraumático se observa en la mayoría de las personas que siguen sin superar el tremendo choque emocional que significa la destrucción de sus viviendas y en algunos casos la pérdida de la vida de sus familiares. Al mismo tiempo observamos que la mayoría de las personas no contó con Atención Psicosocial: Médica, PsicoEmocional y Jurídico-Administrativa. Y constatamos la ausencia de programas de atención por parte de instituciones públicas. Observamos que hay omisión de responsabilidad por parte de funcionarios de la Fiscalía General de Justicia ante denuncias presentadas en contra de particulares que defraudaron y no construyeron las viviendas como se habían comprometido. Un dato importante nos señala que la principal ayuda provino de las Brigadas de la Sociedad Civil procedentes de toda la República Mexicana y del Extranjero. Finalmente podemos decir que aunque la mayoría dijo haber sido beneficiada por el FONDEN, también, la mayoría de las quejas fueron para FONDEN, Unidos por Morelos y SEDATU. Por otro lado, cuando realizamos la solicitud de información al FONDEN sobre el censo y las características de las personas damnificadas, así como de la reconstrucción de los espacios públicos, se nos dijo que la información relativa a todo lo concerniente al censo era confidencial. Sin embargo, al utilizar recursos públicos y tratarse de una información de trascendencia social para todo el Estado de Morelos y para el País, ésta información debiera entregarse en aras de la transparencia y del principio de máxima publicidad.

Ante la solicitud de la información para conocer la versión oficial de las acciones gubernamentales emprendidas luego del Sismo del 19 de septiembre del 2017, se giraron oficios al Gobernador del Estado, al Órgano Desconcentrado denominado “Unidos por Morelos” y a la Cruz Roja Mexicana. El Gobierno del Estado y la Cruz Roja Mexicana no respondieron, por lo que se giraron oficios al IMIPE para obtener la información solicitada. Al no transparentar la información sobre las acciones realizadas y los recursos utilizados, generan desconfianza de la ciudadanía y violan principios fundamentales del acceso a la información. Además se abre la posibilidad de que los recursos destinados para atención de ésta catástrofe sean desviados para otro fines. La respuesta de “Unidos por Morelos” llego el 31 de julio del mismo año. Al revisar la página de internet referida, observamos que el “Padrón de Beneficiarios de Unidos por Morelos” refiere que son 15,504 los registros existentes, 612 personas reconocidas en el Municipio de Jojutla, de las cuales 48 fueron beneficiadas por el FONDEN.

Mientras que la información presentada en su Diagnóstico y que aparece en su misma página de internet10 es la siguiente: […] Balance de afectaciones: • 74 fallecidos. • Se brindaron 1,944 atenciones médicas y se realizaron 146 hospitalizaciones. Resultados del censo Fonden • De acuerdo a las reglas del Fonden se identificaron 15,801 viviendas con afectaciones: • 5,370 con daño total o reubicación. • 5,881 con daño parcial. • 4,550 con daños menores. Censo estatal de vivienda • Por su parte el Gobierno del estado contabilizó un total de 23,793 viviendas con daños: • 7,410 con daño total. • 16,386 con daño parcial […] Estos datos no coinciden con los arriba presentados, dejando ver una contradicción en la información presentada entre el Censo y el Diagnóstico. Esto deja en claro que el Estado a través del Órgano Desconcentrado denominado “Unidos por Morelos” desconoce la legislación vigente que le dio origen. Generando una mala atención a las personas damnificadas, violando con ello sus Derechos Humanos.

Ante éste panorama podemos decir que los Derechos Humanos de las Personas Damnificadas por el Sismo del 19 de septiembre el 2017, consagrados en el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/)), y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), no han sido garantizados por el Estado Mexicano. La terea de reconstrucción no es fácil, pues no debemos verla únicamente en términos materiales, sino en procesos de vidas que ya no volverán a ser las mismas. Es nuestra responsabilidad como sociedad visibilizar ésta situación y exigir al Estado Mexicano garantizar los Derechos Humanos de todas y cada una de las personas damnificadas.

Recomendaciones.

1.- Atender de inmediato las 116 quejas realizadas por las personas damnificadas del sismo del 19 de septiembre del 2017.

2.- Que la Fiscalía General de Justicia del Estado atienda el caso de particulares que defraudaron a personas damnificadas.

3.-Debe haber una rendición de cuentas del Gobierno Federal y del Estado de Morelos sobre los recursos públicos destinados para la reconstrucción a través del FONDEN y de “Unidos por Morelos”.

4.- Las instituciones privadas, como la Cruz Roja, deben igualmente transparentar el uso de recursos destinados a apoyar a damnificados, aun cuando estos fondos sean provenientes de donaciones particulares.

5.- Que las Instituciones del Gobierno del Estado garanticen la asesoría JurídicoAdministrativa para las personas damnificadas que expresaron no contar con ella hasta el momento, para culminar con éxito el proceso jurídico de reclamo de sus Derechos Humanos ante las instancias correspondientes.

6.- El Estado, a través de sus diferentes Niveles de Gobierno, debe implementar un programa de Atención Psicosocial (Médica y Psico-Emocional) para que se garantice el derecho a la salud de todas las personas damnificadas.

7.- Desarrollar a través de las autoridades de protección Civil del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado, un Plan de Seguridad y Prevención, que implique capacitar y difundir los Protocolos ante Riesgos para crear una Cultura de la Prevención.

8.- Para garantizar el derecho al empleo se requiere de un Programa Estatal y Municipal de Empleo temporal con recursos de FONDEN, con especial énfasis para las mujeres, ya que la inmensa mayoría de ellas se dedicaban al comercio y con el sismo se perdieron las condiciones para efectuar ésta actividad económica, lo que redunda en incremento del desempleo, la pobreza y la imposibilidad de contar con recursos propios para el proceso de reconstrucción.

9.- Se deben incorporar diferentes instituciones encargadas de velar por los Derechos de las Personas Afectadas, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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A 3 años de la AVG en Morelos.

Al cumplirse tres años de la Alerta de Violencia de Género en Morelos éste 10 de agosto de 2018, es necesario realizar un balance de su significado a la luz de su principal objetivo de atender, prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio, así como las aportaciones en la lucha por la defensa jurídica y en el ámbito de las políticas públicas en materia de Derechos de las Mujeres, establecer los límites y contradicciones que se han expresado en el nivel de las Instituciones del Estado, sin dejar de lado lo que ha significado para que diversos sectores de la sociedad tomen conciencia de las causas estructurales que llevan a estos graves niveles de violencia feminicida, fuertemente anclada en una sociedad capitalista donde predomina la dominación patriarcal, machista, misógina y discriminatoria.

Ningún esfuerzo es menor cuando se trata de garantizar el acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia. Muy lejos de quienes pretenden minimizar o descalificar la AVG como un mecanismo inútil, consideramos que éste ha sido una aportación desde el Movimiento Feminista y de Defensa de los Derechos Humanos que se inscribe en la lucha progresiva e integral de éstos derechos. Por ello es que revisamos puntualmente todas y cada una de las acciones y medidas decretadas y las contrastamos con los datos de la realidad, para tener un diagnóstico preciso sobre lo que se ha hecho y lo que falta por hacer para garantizar que no haya un solo feminicidio impune. Sin una crítica fundada y motivada no hay posibilidad de ir a las causas de las violencias, por lo que se requiere el compromiso y la dedicación de todos los sectores de la sociedad, para que se logre erradicar la simulación, las omisiones y complicidades que perpetúan la violencia institucional y la impunidad generalizada que es precisamente lo que impide que se detenga el feminicidio y se ponga un alto, como lo ha expresado el grito de indignación de una sociedad que clama fuertemente por un ya basta, ni un feminicidio más.

No permitir que sigan ocurriendo muertes violentas es parte de la lucha por construir una sociedad distinta, donde no se normalice el horror y el dolor de ver y sentir como se utilizan los peores métodos para cortar de tajo vidas de mujeres que aún tienen un mundo por vivir. Estar en alerta permanente puede llevar a normalizar lo que debería ser una situación extraordinaria o inusual.

Por eso consideramos que si no se toman medidas a la altura de la situación de gravedad, en lugar de disminuir los hechos violentos tenderán a incrementarse. Hemos constatado que los niveles de información y respuesta organizada de la sociedad, acompañando a familiares de víctimas, fortaleciendo la solidaridad y la exigencia de justicia, son más fuertes hoy que hace años, previamente al establecimiento de la Alerta de Violencia de Género, por lo que podemos asegurar que en Morelos se ha pasado de la indiferencia y la negación a tomar conciencia de que es grave el feminicidio y que es obligación del Estado tomar medidas para erradicarlo y que la responsabilidad de la sociedad es actuar organizadamente para denunciar la violencia contra las mujeres. Actualmente estamos en un período de transición política en el Gobierno del Estado y en los 8 Municipios que en Morelos tienen AVG. Por ello, nos hemos dirigido a las y los representantes del Nuevo Gobierno que entrará en funciones para que se tomen las medidas adecuadas para que el feminicidio y la AVG estén dentro de sus prioridades en la agenda de entrega y recepción de un Gobierno a otro. Que no haya pretexto de desconocimiento alguno para asumir desde el primer día las tareas y actividades que les corresponde, pues se requiere un cambio profundo en las políticas públicas que garanticen los Derechos Humanos de todas las Mujeres.

La investigación para éste informe permite acercarse a los Feminicidios ocurridos en el Estado de Morelos durante los últimos 17 años (Del 2000 al 31 de Julio del 2018). El informe se organizó en tres grandes secciones, en la primera se realizó el recuento de los Feminicidios en Morelos, en la segunda el Informe Sombra para la CEDAW y en la tercera se presenta una Propuesta para la Construcción de un Protocolo de Entrega Recepción para la AVG. Finalmente se exponen las Conclusiones, las Recomendaciones y se agrega un Anexo con las Infografías de la AVG.

FEMINICIDIOS EN EL ESTADO DE MORELOS

2000 – 31 JULIO 2018 TOTAL= 890

Del año 2000 al 2005 documentamos 122 feminicidios en Morelos. En el año 2000 los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15, y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años. Para el año 2006 se contabilizaron 37 feminicidios; en el 2007 el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra quedo en 36; durante el 2009 se documentaron 37; el 2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la cifra aumento a 70 y en el 2012 creció aún más para quedar en 92. En el 2013 se contabilizaron 70. Durante el 2014 fueron 54 los feminicidios y en el 2015 concluimos con 57. El 2016 se contabilizaron 97 y el 2017 fueron 74 los feminicidios registrados. Durante el 2018 se han contabilizado 43. Dando un total de 890 feminicidios del 2000 al 31 de Julio del 2018. Cabe destacar que el 2016 sigue siendo el año más violento para las mujeres con 97 feminicidios.

FEMINICIDIOS DURANTE LA AVGM Total= 241

Del 10 de Agosto del 2015 al 31 de Julio del 2018, hemos documentado un total de 241 feminicidios. De Agosto a Diciembre del 2015 se reportaron 27. Durante el 2016 se registraron 97, mientras que en el 2017 ocurrieron 74 feminicidios. Finalmente tenemos que de Enero al 31 de Julio del 2018 se han documentado 43 casos.

Los feminicidios del 2000 al 31 de Julio del 2018 se han registrado en 32 de los 33 Municipios que conforman el Estado de Morelos, incluyendo los 8 Municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género. Los 10 Municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 176, Jiutepec con 86, Temixco con 65, Cuautla con 53, Yautepec con 48, Xochitepec con 39, Puente de Ixtla con 34, Emiliano Zapata con 33, y Jojutla y Tepoztlán con 31 casos cada uno.

Durante la AVGM los 8 Municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 55, Temixco con 24, Jiutepec con 21, Cuautla y Yautepec con 13 cada uno, Jojutla con 10, y Tlaltizapan y Ayala con 10 cada uno.

PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOCOLO

DE ENTREGA -RECEPCIÓN PARA LA AVG

Ante el panorama anteriormente descrito, es importante comprender que si no hay continuidad en las políticas y acciones de las Instituciones encargadas de atender la Alerta de Violencia de Género en Morelos, más lejos quedan los objetivos trazados. La rotación y cambios de personal de las áreas de atención estratégicas, sin notificación alguna a las Organizaciones Peticionarias de la AVG, sólo muestran improvisación y el poco compromiso que se debería asumir desde el ámbito Federal, el Estatal y el Municipal para combatir éste flagelo que priva de la vida a tantas mujeres y niñas.

La CIDHM hemos documentado a lo largo de 36 meses como se dificulta la interlocución con las y los funcionarios y responsables de rendir informes sobre el Cumplimiento de la AVG en Morelos, máxime en tiempos electorales, por lo que proponemos la creación de un Protocolo de EntregaRecepción de la Información derivada de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en el Estado de Morelos para que en los cambios de poderes y administraciones de la Federación, el Estado y los Municipios, se garantice la continuidad en las acciones, planes y programas emprendidos a partir de la AVG.

Es importante señalar que la AVG continúa vigente en Morelos hasta cumplir al 100% todas y cada una de las recomendaciones emitidas por el Decreto de creación de la AVG el 10 de agosto de 2015.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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Contribución al Informe Sombra a la CEDAW sobre derechos de las mujeres

Jan Jařab Representante en México de la Oficina

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

 

Por medio de la presente le estamos entregando para su conocimiento las aportaciones de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., al Informe Sombra para la CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer), sobre las Recomendaciones realizadas a México y que deberá dar respuesta el Estado Mexicano en 2018.

 

  1. Recomendaciones a México 2012[1]– Estrategia de seguridad pública, debida diligencia, capacitación y datos estadísticos de violencia contra las mujeres.

Violencia de género.

  1. El Comité exhorta al Estado parte a:
  2. a) Revisar su estrategia de seguridad pública para la lucha contra la delincuencia organizada a fin de adaptarla a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluida la Convención, y poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia en el país, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y las muchachas
  3. b) Invertir los efectos negativos de esta estrategia para las mujeres y las muchachas y cumplir sus obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, las desapariciones forzosas, las torturas y los asesinatos, en particular el feminicidio; investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos, ya sean entidades estatales o no estatales, y proporcionar reparación a las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, independientemente del contexto y de los presuntos responsables;
  4. c) Impartir capacitación sistemática en materia de derechos humanos, en particular sobre los derechos de la mujer, a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a las fuerzas del ejército y la armada que participan en operaciones en el contexto de la estrategia de seguridad pública y establecer y hacer cumplir un código estricto de conducta a fin de garantizar de modo efectivo el respeto de los derechos humanos;
  5. d) Adoptar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió el acto de violencia, que incluya información sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos.

 

Al respecto, la CIDHM señalamos lo siguiente:

  1. Aprobación de la Ley de Seguridad Interior violatoria a los Derechos Humanos. Se dan facultades al Ejército en tareas de seguridad pública y de investigación que viola la Constitución y fortalece la militarización de las calles y el uso de la violencia institucional para enfrentar a la población civil.
  2. De los 1007 casos de feminicidios reportados por la CIDHM (del año 2000 al 31 de Enero del 2018), el TSJ del Estado de Morelos reporta 139 sentencias condenatorias ejecutoriadas (sin especificar los años de las sentencias), en donde se ordenó la reparación del daño a favor de las víctimas a 112 mujeres y a 27 hombres. Ésta cifra de sentencias sólo equivaldría al 13.8% de la totalidad de casos señalados por la CIDHM.

La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos informó que con fecha 19 de julio de 2017, fue pagada la reparación del daño a través del Fideicomiso público denominado “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos”, a una víctima. Y en términos de los dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Victimas en el Estado de Morelos, se proporcionó el pago de gastos funerarios a las victimas indirectas por el fallecimiento de: 5 víctimas directas de feminicidio y 4 mujeres víctimas directas de Homicidio Calificado que reúne las características de un Feminicidio. Ésta cifra equivaldría al 0.99% de los feminicidios reportados por la CIDHM.

  1. El TSJ del Estado de Morelos reporta diversos cursos, talleres conferencias, foros y capacitaciones, sin embargo en ninguno de ellos reporta el método de evaluación y seguimiento. Así como tampoco refiere lo siguiente: i) el diseño de los programas; ii) la contratación del personal especializado; iii) la implementación de los programas; iv) la evaluación de resultados y v) la generación de datos que refieran al número de cursos o talleres por autoridades al año (distinguiendo por tipos de funcionarias y funcionarios).
  2. Cabe destacar que por Acuerdo del Pleno del TSJ del Estado de Morelos, se aprobó la propuesta y se ordenó al Consejo de la Judicatura que instruyera a las y los juzgadores del Tribunal para generar el registro de víctimas mediante una liga que contiene campos para la captura de datos, sin embargo, no hay información alguna que permita saber si existe avance alguno en ésta labor.

 

Obstáculos

  1. La aprobación misma de la Ley de Seguridad Interior violatoria a los Derechos Humanos.
  2. Reconocemos que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN es un gran avance, pues es una herramienta auxiliar para las y los juzgadores en la tarea de impartir justicia con perspectiva de género, adecuándose a los más altos estándares nacionales e internacionales, sin embargo, éste no es vinculante, al escudarse en la autonomía e independencia judicial, limitando exponencialmente su utilización.
  3. La burocracia dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Los requisitos para acceder a los apoyos son muchos y los procedimientos para evaluar los casos son bastante tardados y poco transparentes. Consideramos que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas no cumple su función, pues el mayor gasto se va en pagos de salarios de quienes ahí laboran y en otros rubros distintos para la cual fue creada.
  4. Las pugnas políticas internas al interior hacen que el personal éste más preocupado en quién será designado /a como Presidenta /e del TSJ del Estado de Morelos, que en atender sus tareas en relación a los derechos humanos de las mujeres.

Recomendaciones

  1. Abrogación de la Ley de Seguridad Interior.
  2. Que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN sea de observancia obligatoria en todo el Territorio Nacional Mexicano.
  3. Reducir los requisitos para acceder a los apoyos, agilizar los procedimientos para evaluar los casos, y dar máxima publicidad para que las personas conozcan los requisitos y procedimientos. Y de manera más profunda se requiere una revisión de la Ley General de Atención y Reparación de Víctimas, con el objetivo de que los recursos destinados a ella no se vayan en pagos excesivos en rentas de inmuebles y en salarios ostentosos, y que de verdad cumpla con el apoyo a las personas victimadas.
  4. Crear un método unificado y de carácter obligatorio de seguimiento y de evaluación de resultados para cada capacitación (curso, taller y/o seminario) que este directamente vinculado a las sentencias emitidas.
  5. Establecer como obligación que todas las capacitaciones (charlas, foros, cursos, talleres y seminarios) cuenten de manera obligatoria con lo siguiente: i) el diseño de los programas con perspectiva de género y derechos humanos; ii) la contratación del personal especializado avalado por la presentación del currículum vitae; iii) proporcionar lugar y fechas de la implementación de los programas; iv) la generación de datos por año que refiera cada curso que han tomado el personal (magistradas /os, juezas, jueces, secretarias /os de acuerdos, proyectistas, y operadoras /res jurídicos) en relación al total de personal que labora en el TSJ; v) la información sobre los recursos destinados a tales actividades; y vi) toda ésta información debe estar disponible en sus páginas de internet oficiales.

 

  1. Recomendaciones a México 2012[2] -Legislación
  2. El Comité insta a las autoridades federales del Estado parte a:
  3. a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar, en particular mediante una coordinación efectiva, la armonización coherente y consecuente de la legislación pertinente en todos los planos con las reformas de la Constitución en materia de derechos humanos (2011) y del sistema de justicia penal (2008); (página 4)
  4. b) Adoptar las medidas necesarias para eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos federal, estatal y municipal, entre otras cosas integrando en la legislación estatal y municipal pertinente el principio de la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y derogando las disposiciones discriminatorias contra las mujeres, de conformidad con el artículo 2 g) de la Convención, y proporcionando definiciones y sanciones coherentes, entre otras cosas sobre la violación, el aborto, las desapariciones forzosas, la trata de personas, las lesiones y los homicidios por motivos llamados “de honor”, así como sobre el adulterio; (página 4)
  5. c) Acelerar sus esfuerzos para armonizar de manera coherente, entre otras cosas, su legislación penal, procesal y civil con la Ley General o las leyes locales sobre el acceso de la mujer a una vida libre de violencia y con la Convención; (página 5)
  6. d) Establecer mecanismos efectivos en los planos federal y estatal para supervisar la aplicación de leyes sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la legislación relativa al acceso de las mujeres a los servicios de atención de salud y la educación (página 5)
  7. e) Poner en práctica mecanismos para supervisar y sancionar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los del poder judicial, que discriminan a las mujeres y que se niegan a aplicar la legislación que protege los derechos de la mujer. (Página 5)

De acuerdo con la información anterior las observaciones de la CIDHM son las siguientes:

Contexto:

  1. b) c) Si bien es cierto que en el Estado de Morelos se han interpuesto iniciativas legislativas en favor de los derechos de las mujeres, también es cierto que sobre diversas disposiciones existen controversias presentadas por el Legislativo en contra del Congreso Local, que están en espera de resolución en la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que se requiere mantener diversas acciones y proyectos para lograr la armonización legislativa total, porque por ejemplo se mantiene la contradicción entre  los artículo 129  y 130 del Código Penal y el artículo 19 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que permite la impunidad en casos de feminicidio.

 

  1. d) La Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de Morelos ha servido como un mecanismo de observancia general (federal, estatal y municipal) para supervisar la aplicación y cumplimiento de las leyes en favor de las Mujeres. Sin embargo, la declaratoria sólo se emitió para 8 de 33 Municipios del Estado, no obstante que se solicitó para todo el territorio morelense. Además, que ha sido la CIDHM la única dependencia que ha estado emitiendo informes de seguimiento para verificar el cumplimiento de la norma, mientras que el gobierno federal denota su ausencia. Pues al no haber un protocolo de actuación para la AVG, la omisión se hace presente.

 

  1. e) En cuanto al proceso sancionador para las autoridades se menciona que actualmente se encuentran en investigación 4 servidores públicos, sin embargo todavía no existe sanción alguna puesto que no ha finalizado el proceso. Cabe destacar que no se ha señalado los plazos del proceso sancionador, por lo que desconocemos la fecha de término.

 VG/SV/411/2016-09 derivada de la carpeta de investigación UEHMYF/ZM/044/16

 VG/SV/048/2017-02 derivada de la carpeta de investigación YA/UIDD/B/202/2017

 VG/SV/022/2017-02 derivada de la carpeta de investigación CT-UIDD-C/1825/2016, CT-UIDD-A/1517/2015, YA-UIDD/B/506/2016 (DILACIÓN)

 VG/SV/024/2017-01 derivada de la carpeta de investigación JO/UEDD/866/2016 y JO/UEDF/1886/2016 (DILACIÓN) […]”

 

Obstáculos

  1. La intervención de diversas iglesias en las decisiones de las y los legisladores locales para que se opongan al avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
  2. La corrupción aunada a la violencia institucional por omisión, dilación o ignorancia es el principal obstáculo.

Recomendaciones

  1. Solicitar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal y al Congreso del Estado de Morelos para que se revise y analice exhaustivamente la Legislación Estatal existente relacionada con los derechos de las mujeres y niñas para detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos. Consecuentemente, se deberá establecer una agenda legislativa en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil encaminada a reformar, derogar o abrogar dichas disposiciones. Toda esta información deberá estar publicada en las páginas de internet oficiales de la institución.
  2. Se deberán establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en violación al orden jurídico aplicable en materia de violencia de género. El Estado de Morelos deberá dar continuidad a los procesos iniciados previamente por posibles omisiones de servidores públicos en la integración de carpetas de investigación en casos de feminicidios. Toda esta información deberá estar publicada en las páginas de internet oficiales de la institución.

 

 

  1. Recomendaciones a México 2012[3]– Banco Nacional de datos y AVGM.
  2. El Comité exhorta al Estado parte a:
  3. a) Dar prioridad a la plena aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras cosas ejecutando completamente el Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y activando el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, con la participación de los 32 estados federales;
  4. b) Revisar el mecanismo nacional en vigor para hacer frente a la violencia contra las mujeres con miras a simplificar los procesos y mejorar la coordinación entre sus miembros y fortalecer su capacidad en los planos federal, estatal y municipal, proporcionándole suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para aumentar su eficacia en la ejecución de su mandato general de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;
  5. c) Acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes de la importancia de emitir órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes de protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo.
  6. d) Abordar urgentemente los obstáculos que limitan la activación del Mecanismo de Alerta de Género. (pág. 5)

De acuerdo con la información anterior la CIDHM realizo las siguientes aportaciones:

Contexto:

El 27 de mayo de 2014, Juliana García Quintanilla, José Martínez Cruz, Paloma Estada Muñoz y Marco Aurelio Palma Apodaca, en representación de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos en Morelos, A.C. presentaron ante la Secretaría Ejecutiva una solicitud de la declaratoria de AVGM respecto del estado de Morelos. El 17 de junio de 2014 la Secretaría Ejecutiva informó al Gobernador del estado de Morelos, mediante oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/CAJ/423/2014, la admisión de la solicitud de AVGM presentada por la solicitante. En esa misma fecha, la Secretaría Ejecutiva mediante oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/CAJ/425/2014 comunicó al Sistema Nacional sobre la admisión de la solicitud de AVGM respecto del estado de Morelos. La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), emitió el 10 de Agosto del 2015 la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los siguientes ocho municipios del Estado de Morelos: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. La Secretaria de Gobernación resolvió que con fundamento en el artículo 23, fracción II, y 26, de la Ley General de Acceso, así como 38 BIS, fracción I de su Reglamento, el Gobierno del Estado de Morelos deberá adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de Seguridad, Prevención y Justicia y todas aquellas que se requieran para garantizar a las mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el Derecho a Vivir una Vida Libre de Violencia. Las medidas que se establecen son complementarias, no excluyentes, a las propuestas por el grupo de trabajo en su informe, y a las que surjan a partir de la implementación de las mismas o de las necesidades que vayan presentándose.

 

  1. En el mes de enero de 2017, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos tuvo la administración del Software del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres BANAVIM-M, administrando la aplicación, generando altas de cuentas, bajas y desbloqueos. Derivado de lo anterior, fueron aperturadas las cuentas de las siguientes dependencias: 1.-Fiscalía General; 2.- Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos; 3.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 4.- Poder Ejecutivo; 5.- Servicios de Salud Morelos; 6.- TSJ- Juzgado menor Jojutla y 7.- TSJ- Juzgado VIII Familiar. Sin embargo se dijo sólo las dependencias señaladas podrán acceder a la información del Banco Estatal. Al respecto es necesario insistir en que si no hay un manejo adecuado del Banco Estatal, impidiendo el acceso público, no se podrá realizar un monitoreo adecuado de las tendencias de la violencia contra las mujeres en Morelos. Hasta el momento no hemos podido acceder a la información del Banco Estatal por lo que no sabemos si ya está en funcionamiento o no.

 

  1. La CIDHM hace un recuento de feminicidios en el Estado de Morelos de 1007 casos del año 2000 al 31 de Enero del 2018. En la solicitud de la Alerta de Violencia de Género para el Estado de Morelos se documentaron 530 casos en 13 años (del año 2000 al 30 de junio del 2013). El Gobierno de Morelos reporta 1455 muertes violentas de mujeres (suicidio, aborto, homicidio culposo, homicidio calificado y feminicidio) del año 2000 al 2016. Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural. Es por ello que se hizo y se sigue haciendo un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables. Hoy más que nunca consideramos que la AVG es una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto ante esta Violencia Feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años. Pues no olvidemos que la Violencia Feminicida proviene de un conjunto de Conductas Misóginas que Perturban la Paz Social. Es fundamental por ello comprender que la violencia contra las mujeres es al mismo tiempo violencia estructural que divide a los grupos humanos en sexos favorecidos y desfavorecidos, basada en una estructura política-social que diferencia las actividades que realizan los hombres y las mujeres, otorgándoles valoraciones desiguales en la jerarquía de puestos poder, recursos, decisiones, entre otros. El resultado de esta desigualdad de género es la discriminación sistemática de las mujeres que trae consigo cientos de feminicidios. Una verdadera crisis humanitaria en la que el Estado es el principal responsable, configurándose así un Genocidio, Crimen De Lesa Humanidad.
  2. En cuanto a las órdenes de protección, el Estado de Morelos informó que se han brindado a 1736 mujeres y 121 niñas, se mantienen activas 533 a mujeres y 33 a niñas, lo que indica un aumento significativo en éste terreno, donde prácticamente era inexistente la aplicación de éste tipo de medidas de protección antes de la instrumentación de la AVG en Morelos, aún en casos tan graves como violencia feminicida, violencia familiar, lesiones, amenazas de muerte, violación, abuso sexual, desaparición forzada, extorsión y secuestro.

Obstáculos

  1. La falta de voluntad política para dar transparencia en la información de casos de violencia contra las mujeres y en especial, de los feminicidios.
  2. La AVG no establece el momento en que se levanta. El reglamento fija los requisitos para solicitarlo y para su aprobación, no así para su conclusión. Sin embargo, lejos de una visión política que busca legitimar al gobierno, el objetivo fundamental es garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y por ello mismo, sólo debería concluir las medidas extraordinarias de la AVG en la medida en que se atiende, investiga, previene, sanciona y erradica el feminicidio en Morelos.

 

Recomendaciones

  1. Solicitar lo siguiente: i) el diseño del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres como una base integral y única, conforme a la Ley local de Acceso; ii) la sistematización y actualización de la información por parte de las instancias responsables; iii) la interconexión de los sistemas de información de las instituciones responsables de alimentar la base de datos, iv) elaborar y publicar reportes sobre la administración de la base de datos y alimentación del BANAVIM, y v) la publicación de información estadística sobre la violencia contra las mujeres en la entidad a partir de los datos incorporados al Banco Estatal. El objetivo de dicha base de datos será proveer al Estado de Morelos y a la sociedad en su conjunto, información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad, sus patrones y características, a fin de diseñar políticas públicas a nivel estatal y municipal para prevenirla, atenderla y erradicarla.

 

  1. Crear un Protocolo de Actuación de la AVG que establezca las responsabilidades de cada nivel y orden de gobierno; las tareas de cada dependencia; un Mecanismo de Seguimiento y Vigilancia del Cumplimiento de las Medidas de la AVG; la Participación de las Organizaciones Peticionarias; Establecer Tiempos de Cumplimiento para las Medidas; un Procesos Sancionador para las Autoridades que no las Apliquen de Manera Urgente y/o hagan procesos dilatorios o de simulación; un procedimiento de revisión, de quejas y denuncias; y establecer la erradicación de la violencia feminicida como criterio único de cumplimiento.

 

  1. Dictar las órdenes de protección correspondientes en todos los casos en los que exista un riesgo de daño a las mujeres víctimas de violencia, de conformidad a lo dispuesto por las leyes general y local de acceso, y el Reglamento para la Aplicación en Materia de Violencia contra las Mujeres y Violencia Familiar para el Estado de Morelos. Realizar un análisis de riesgo, en todos los casos, a fin de que las medidas de protección ordenadas sean adecuadas e idóneas. Asimismo, deberá implementarse un mecanismo de seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas de forma periódica. Crear un registro administrativo de todas las órdenes de protección dictadas por las autoridades competentes. El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) la creación de un registro administrativo de órdenes de protección; ii) la elaboración de un modelo de análisis de riesgo, y iii) la generación y publicación de reportes sobre el seguimiento de las medidas de protección implementadas. Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; particularmente, se brindará protección inmediata y pertinente en casos de violencia familiar. Para ello, se deberá revisar y corregir el actual Protocolo de Órdenes de Protección de la Fiscalía General del Estado de Morelos (fecha de creación: 18 de noviembre del 2015).

 

Recomendaciones a México 2012[4]– Feminicidio, desaparición forzada, investigaciones, centros de justicia, refugios, NOM-046, Campo Algodonero, acceso a la justicia.         

  1. El Comité recomienda al Estado parte:
  2. a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la codificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales; acelerar su codificación en esos códigos penales pendientes; normalizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país; e informar sin demora a las familias de las víctimas;
  3. b) Desarrollar un registro oficial sistemático de las desapariciones forzosas a fin de poder evaluar la magnitud del fenómeno y adoptar políticas apropiadas; examinar los códigos penales locales para tipificar como delito las desapariciones forzosas; simplificar los procedimientos existentes para activar el Protocolo Alba y la Alerta AMBER, a fin de poner en marcha sin demora la búsqueda de las mujeres y muchachas desaparecidas; y normalizar los protocolos de búsqueda policial;
  4. c) Adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra la mujer, como la violación, y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia contra la mujer;
  5. d) Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, entre otras cosas mejorando la capacidad de los centros de justicia para las mujeres y poniendo estos centros al alcance de las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia;
  6. e) Adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia, entre otras cosas garantizando su acceso a centros de atención y refugios establecidos, y también garantizando que los profesionales de la educación, los proveedores de servicios de salud y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados con la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 para la prevención de la violencia contra las mujeres y el trato a las víctimas, que estén sensibilizados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y sean plenamente capaces de ayudar y apoyar a las víctimas de la violencia;
  7. f) Continuar aplicando las recomendaciones y decisiones sobre la violencia contra la mujer formulada por diversos mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluida la decisión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero;
  8. g) Acelerar la detención de los presuntos autores de delitos de violencia contra la mujer y proporcionar información sobre el enjuiciamiento y las sanciones impuestas a los autores en su próximo informe periódico, incluidos las relacionadas con el caso Atenco. (pág. 7)

De acuerdo con la información anterior las observaciones de la CIDHM son las siguientes:

Contexto:

  1. La LI Legislatura aprobó el 23 de junio de 2011 la iniciativa, que dio lugar a la emisión del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Morelos, mismo por la que se incorporó al catálogo de delitos el de Feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 213 quintus, cuya publicación se efectuó el 1 de septiembre de 2011. En cumplimiento al artículo Tercero Transitorio del señalado Decreto 4916 emitido por la Legislatura, así como al contenido del numeral 57 fracción XVII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, se procedió a la expedición del Protocolo Especializado para la investigación del delito de Feminicidio para el Estado de Morelos, de conformidad con los parámetros establecidos en los protocolos especializados con perspectiva de género.
  2. A partir del 2 de septiembre de 2015, entró en vigor la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, que fue impulsada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, familiares de víctimas y ofendidos, así como organizaciones sociales y aprobada por la recién extinta LII legislatura.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, cobra vigencia esta ley que durante mucho tiempo fue reclamada por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que alertaron sobre el creciente fenómeno delictivo y la tragedia de decenas de familias morelenses que hasta hoy no saben el paradero de hijos, padres, madres y hermanos.

En esta ley la desaparición forzada está tipificada como un delito imprescriptible y se prohíbe tajantemente a los servidores públicos, denegar el acceso a personal de organizaciones internacionales de derechos humanos a edificios o instalaciones en donde se presuma se pudo cometer este ilícito.

También se permite coadyuvar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con el Ministerio Público en la investigación del delito de desaparición forzada;  establecer medidas cautelares para la búsqueda y localización de las víctimas; y conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario entre servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial, instituciones educativas y grupos de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, así como expertos en materia de desaparición forzada. De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General Región Oriente, Metropolitana y Sur Poniente, a través del IMIPE29, las mujeres reportadas como desaparecidas en el Estado son 1742 y 1425 hombres. Asimismo, se reporta que se han localizado 1535 mujeres y 1092 hombres. Lo alarmante es que aún están en calidad de desaparecidas 207 mujeres y 333 hombres. Es decir, un total de 540 personas. Cabe destacar que aunque la información solicitada fue a partir del año 2000, la Fiscalía Región Oriente reporta datos desde el 2009, la Fiscalía Región Metropolitana desde el 2011 y la Fiscalía Región Sur Poniente desde el 2008.

 

Obstáculos

  1. Si bien se tipificó el feminicidio en el Código, no se armonizó con otras disposiciones, lo que es utilizado por los feminicidas para mantener la impunidad. El protocolo de investigación sobre el feminicidio no está actualizado con el sistema de justicia adversarial, por lo que tiene deficiencias en los juicios orales.
  2. Para efecto de instaurar el Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas Desaparecidas y el Comité Consultivo, el Ejecutivo estatal debió emitir la convocatoria respectiva dirigida a la sociedad en general para que la integración de ambos órganos se concrete en un plazo máximo de 60 días hábiles. Pasaron 3 años y nunca se ha cumplido esta disposición.

Al no existir el Mecanismo y su consejo consultivo, no hay seguimiento de los casos de desaparición forzada de personas a través del Ministerio Público una vez que sea presentada la denuncia ante la Fiscalía estatal, ya que su función sería dictaminar las medidas necesarias para garantizar la integridad de cualquier persona que como consecuencia de la desaparición forzada se encuentre en riesgo, y ordenar las medidas cautelares que amerite cada caso.

Recomendaciones

  1. Se requiere armonizar el delito de feminicidio con la entrada en vigor del Código Nacional Penal para evitar contradicciones, y actualizar el Protocolo de Investigación del Feminicidio de la Fiscalía.
  2. Como la ley local de desaparición prevé, se recomienda implementar la figura de Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas, la cual consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo fundamental, recuperar la memoria histórica de los hechos y conocer la verdad jurídica de los hechos.

El estado a través de la Fiscalía General del Estado, deberá crear una Base de Datos con los registros de las personas fallecidas y que se encuentran en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense o en las fosas comunes designadas para la Fiscalía General del Estado, con el fin de obtener su registro morfológico y dental, así como muestras para estudios genéticos, extraídas por personal altamente especializado en el tema. Esta información generada a partir de la Base de Datos servirá para compararlos con los registros morfológicos y dentales de la o las personas desaparecidas, así como las muestras genéticas de sus familiares.

 

Cuernavaca, Morelos, a 3 de mayo de 2018

 

Atentamente

 

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C.

[1] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

[2] Observaciones finales del Comité para la Eliminación sobre todas las formas de Discriminación contra la mujer.http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

[3] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

[4] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

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Urge integrar Comisión de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Morelos

Se realizó reunión en Morelos con familiares de víctimas de desaparición forzada y organizaciones con el Comisionado Nacional de Búsqueda y Localización y el Sub Secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

​Durante ésta reunión se escucharon las denuncias y reclamos de familiares y organizaciones.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos hicimos entrega de documentos y oficios solicitando audiencia con el Secretario de Gobernación para ver los casos de feminicidio en el marco de la Alerta de Violencia de Género, así como la demanda de que se armonice legislativamente para tomar en cuenta la ley Estatal para prevenir la Desaparición Forzada con la legislación nacional y la integración del mecanismo y comisión estatal de búsqueda y localización​ de las personas desaparecidas priorizando su localización con vida.
El Comisionado Nacional de Búsqueda y Localización anunció el compromiso de atender cada uno de los reclamos y enviar la propuesta de formato para la integración de la Comisión Estatal para el lunes 9 de abril ya que el plazo para integrarla es el 16 de abril.

LA DESAPARICIÓN FORZADA DE MUJERES EN EL ESTADO DE MORELOS (2016)*

De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General Región Oriente, Metropolitana y Sur Poniente, a través del IMIPE29, las mujeres reportadas como desaparecidas en el Estado son 1742 y 1425 hombres. Asimismo, se reporta que se han localizado 1535 mujeres y 1092 hombres.

Lo alarmante es que aún están en calidad de desaparecidas 207 mujeres y 333 hombres. Es decir, un total de 540 personas. Cabe destacar que aunque la información solicitada fue a partir del año 2000, la Fiscalía Región Oriente reporta datos desde el 2009, la Fiscalía Región Metropolitana desde el 2011 y la Fiscalía Región Sur Poniente desde el 2008.

* INFORMACIÓN TOMADA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS. VIOLENCIA INSTITUCIONAL: ENTRE LA DILACIÓN, LA OMISIÓN Y LA IGNORANCIA. INFORME SOMBRA. 2017. CIDHM.

29 IMIPE. Oficio 01178 de fecha 23 de enero del 2017. Recibido por la CIDHM el 2 de febrero del 2017.

De manera general, podemos decir que de los 33 Municipios que comprende el Estado de Morelos, en 32 de ellos se ha reportado al menos 1 caso de Desaparición Forzadas de Personas. El único Municipio que no está registrado en los informes de la Fiscalía General del Estado es Jiutepec.

De las 138 Mujeres reportadas como desaparecidas por la Fiscalía Región Oriente, el mayor número se sitúa dentro del rango de edad de los 11 a los 17 años, con 71 casos; seguido por el grupo de los 18 a los 25 años, con 21 desapariciones; y en tercer lugar tenemos a las mujeres de 26 a 35 años, con 16 reportes.

De los 140 Hombres reportados como desaparecidos por la misma Fiscalía, el mayor número se sitúa dentro del rango de edad de los 26 a los 35 años, con 37 casos; seguido por el grupo de los 18 a los 25 años, con 22 desapariciones; y en tercer lugar tenemos a los hombres de 11 a 17 años, con 18 reportes.

Al comparar los números de desapariciones de mujeres y de hombres, notamos que las gráficas están invertidas, es decir que las mientras las mujeres de los 11 a los 17 años son las que más han desaparecido, seguido de quienes tienen 18 a 25 años y después las de 26 a 35 años; los hombres de 26 a 35 años son los que principalmente han desaparecido, seguido de quienes tienen 18 a 25 años y después los de 11 a 17 años. Por lo que la diferencia principal es que las mujeres jóvenes menores de edad son las que más han sufrido la desaparición forzada, en contraposición a las cifras altas de los hombres adultos desaparecidos.

Por otra parte, la Fiscalía Región Sur Poniente reporta 507 personas desaparecidas (no desagregado por sexo en la tabla de edades), de las cuales el mayor número se sitúa dentro del rango de edad de los 11 a los 17 años, con 182 casos; seguido por el grupo de los 18 a los 25 años, con 112 desapariciones; y en tercer lugar tenemos a las mujeres de 26 a 35 años, con 83 reportes.

Cabe destacar que esta esta gráfica nos deja ver que las personas jóvenes menores de edad son las que más han desaparecido en la Región Sur Poniente.

La Fiscalía Metropolitana no da información suficiente para que cada uno de los casos pueda ser desagregado por edad y sexo.

​Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.​

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