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Invitación a la Presentación de la Campaña Defensoras somos todas.

Invitación a la presentación de la “Campaña: Defensoras somos Todas”.

Ésta es una campaña que llevaremos a cabo para visibilizar la labor de las Defensoras de Derechos Humanos y los riesgos, amenazas y violencias que enfrentan en el desarrollo de sus actividades. 

El objetivo es difundir la labor de las Defensoras de Derechos Humanos en México, qué es lo que defienden y cómo lo hacen, como ejemplo de principios fundamentales (Solidaridad, Respeto, Libertad, Justicia, Equidad, Honestidad, entre otros) que se tienen que difundir en México ante la grave crisis de Derechos Humanos. Así como hacer un llamado a la sociedad para apoyar el trabajo de las Defensoras. Y promover la Solidaridad entre organizaciones. La campaña está centrada en las historias de vida de las Defensoras.

Contaremos con la participación de Elena Poniatowska y Sara Lovera como Embajadoras de Buena Voluntad de ésta campaña, que también será acompañada por la Cátedra UNESCO de la UNAM.

Se realizará en la Sala 1 del Auditorio Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Ubicada en la Avenida Universidad 1449, Colonia Pueblo Axotla, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. Cerca del Metro Viveros.

Día: 20 de Junio, a las 5 de la tarde. Se recomienda legar con 15 minutos de anticipación. 

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes a través del correo electrónico cidhmorelos@gmail.com, del teléfono 017773185568 (lunes a viernes de 11:00 am- 5:00 pm) o por éste mismo medio.

Atentamente,

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General

Paloma Estrada Muñoz, Coordinadora de Investigación

José Martínez Cruz, Coordinador de Comunicación

Marco Aurelio Palma Apodaca, Coordinador Jurídico

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LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.

Ponencia presentada por Marco Aurelio Palma Apodaca, Coordinador Jurídico de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, en el Foro sobre los Derechos de las Mujeres Trabajadoras, realizado en el auditorio del Instituto mexicano de Tecnología del Agua, el 3 de marzo de 2017, convocado por el SITIMTA y el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo con el Paro Internacional de las Mujeres.

 Los derechos laborales y desigualdad salarial.

Por causa del actual modelo económico neoliberal nuestro país está sumido en una crisis general, teniendo mucho que ver en esto el proceso de implementación de las llamadas reformas estructurales por parte del régimen priista de Peña Nieto. Hasta ahora se están poniendo en práctica toda una serie de medidas que están afectando los derechos de la mayoría de la población y muy especialmente de los que depende del trabajo asalariado para subsistir. La razón es fácil de explicar: quienes representan a la mayoría de las instituciones de este gobierno no fueron nombrados por los trabajadores y trabajadoras, ni nunca han representado sus intereses, sino los del gran capital transnacional. El pueblo enfrenta sacrificios, se aprieta el cinturón y la pobreza, la explotación, la injusticia y la represión crecen en forma por demás acelerada.

En dicho contexto es necesario recordar la razón principal por la que existen los sindicatos y es sin duda alguna la defensa de los intereses de la clase trabajadora y coincidimos por demás, en que las organizaciones sindicales son una herramienta colectiva por la cual se pueden lograr nuevas conquistas de carácter social, económico, organizativo, y todo lo relativo a la organización del trabajo. El formar parte de un sindicato libre y democrático es sin duda un derecho laboral cuyo reconocimiento se ha ido conquistando a lo largo de la historia, principalmente a principios del pasado Siglo por lo que contribuyeron de manera importante en ello, la Revolución Mexicana (1910) y la Revolución Rusa (1917). Se considera que el goce de estos derechos por igual requiere de una participación activa y positiva del aparato del Estado y de los funcionarios públicos a fin de satisfacer las necesidades socioeconómicas de la población. El Derecho al Trabajo es un derecho social que implica: gozar de un salario justo y equitativo, de tener descanso, a sindicalizarse, a organizar y estallar una huelga cuando exista necesidad. Dichos derechos fundamentales todo el tiempo han sido reclamados por los trabajadores y trabajadoras y en nuestro país hasta fueron reconocidos en 1917 en la Constitución Política Mexicana especialmente en su Artículo 123 al establecer sustancialmente que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil” (…). Por consecuencia convirtió al Estado en el responsable de hacerlos efectivos. Todos y cada uno de estos derechos son indispensables para que los trabajadores y trabajadoras vivan con dignidad. La cruda experiencia vivida por la clase trabajadora en los últimos años es producto de un tejido de diversos factores, entre los que se cuenta la implementación de lo que gobierno ha dado en llamar –flexibilización-  representada hoy en la aprobación de la contrarreforma laboral (siendo parte también de las referidas reformas estructurales) que se manifiesta sobre todo en la reestructuración productiva, a través de la flexibilización de las relaciones laborales, que significa hacer flexible los derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras durante una larga historia de lucha. Con la implementación de dicho proyecto neoliberal, los derechos laborales sufren cada vez mayor deterioro: aumentan las cargas de trabajo; se pierde el poder adquisitivo del salario; se flexibilizan los contratos colectivos, hay dificultades para integrar una organización gremial democrática y se vive constantemente bajo la amenaza de perder el empleo bajo cualquier pretexto, por ejemplo, si el trabajador o trabajadora llega a manifestar algún tipo de denuncia o cuestionamiento sobre las condiciones de trabajo, es tratado como delincuente y castigado con el despido. La situación del país es alarmante, el gobierno afirma que se cumplen las leyes y se respetan los derechos humanos, pero por el contrario estos se están violentando de tal manera que son más los trabajadores y trabajadoras que se encuentra sin empleo estable y sin protección alguna. En el mismo contexto hacemos notar la terrible desventaja en cuanto a las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres en el mundo y nuestro país, por lo que nos permitimos rescatar algunos datos que ejemplifican con exactitud tal situación.

En México actualmente hay casi 20 millones de mujeres que trabajan y un número considerable de ellas no reciben remuneración por su labor; entre profesionistas, los hombres ganan más que las mujeres; entre funcionarios y administradores, acurre lo mismo y en el comercio los varones se benefician de ingresos bastante superiores a los percibidos por las mujeres. Según el índice de discriminación salarial calculado para el año 2016 era necesario incrementar en promedio 5.1% el salario que se les paga a las mujeres para lograr la equidad salarial.

El grupo de ocupación que representa la mayor desigualdad en ventaja para los hombres es el de los trabajadores industriales, artesanos y ayudantes, (grupo en el que tendría que incrementarse el salario de las mujeres un 31.8% para igualarlo con el de los hombres). En el caso de quienes se dedican al comercio corresponde un 10.8% y 14.0% para las y los profesionales, técnicos y trabajadores del arte. Entre las y los oficinistas la brecha es de 10.5% y para funcionarios públicos y gerentes del sector privado, la magnitud de cambio necesaria para igualar los salarios es del 28.4%; en tanto que para trabajadores de la educación la brecha de género es de 1.5%.

Para 2016 la disparidad salarial entre trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y de caza y pesca es de 3.1% de diferencias a favor de las mujeres y solamente entre trabajadores en servicios personales, el salario de la mujeres supera al de los hombres en 13.7%; entre las y los conductores y ayudantes de conductores de maquinaria móvil y medios de transporte la discriminación salarial alcanza 1.0% y entre trabajadores en servicios de protección y vigilancia y fuerzas armadas es de 2.0%.

Es importante señalar que cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen incluso más rápido.

En nuestro país 78 de cada cien hombres y 43 de cada cien mujeres participan en actividades económicas. A pesar del incremento durante las últimas décadas de la participación femenina en el trabajo remunerado, sigue siendo muy por debajo debido a muchos factores como la discriminación en las practicas de contratación, remuneración, movilidad y ascenso; las condiciones de trabajo inflexibles; la insuficiencia de servicios tales como guardería así como la distribución inadecuada de las tareas en el hogar, entre otros.

En este sentido, la tasa de participación de mujeres y hombres en el trabajo doméstico fue de 96.2 y 63.7 por ciento respectivamente (2015).

El ingreso promedio por hora trabajada fue de 32.6 pesos para los hombres y 32.2 para las mujeres, mientras que el promedio de horas trabajadas a la semana por parte de los hombres fue de 45.4 y por parte de las mujeres 37.6 horas. La Población Económicamente Activa (PEA) no ocupada o desempleada correspondió a 4.2 por ciento de la población masculina y la femenina 4.6. Como resultado de la diferencia en la participación económica de hombres y mujeres, en la población adulta mayor (60 y mas) de igual manera se ven reflejadas pues en el año 2015 la tasa de jubilación de la población de 60 años y más edad fue de 25.9 para los hombres y 9.1 por ciento para las mujeres.

También a nivel internacional las cifras hablan por sí solas:

Según la ONU esa drástica disparidad salarial amenaza (si no se toman medidas al respecto) con seguir durante muchos años, y en las organizaciones sindicales no es la  excepción.

A lo largo de su vida laboral, las mujeres siguen experimentando grandes dificultades para acceder a empleos decentes. Solo se han logrado mejoras mínimas desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, por lo que existen grandes brechas que deben colmarse con la puesta en marcha de distintas agendas, acciones e iniciativas.

Las mujeres tienen más probabilidades de estar desempleadas que los hombres, y las tasas de desempleo son del 5,5 por ciento en el caso de los hombres y del 6,2 por ciento en lo respecta a las mujeres (de acuerdo a las consideraciones de la Organización Internacional del Trabajo OIT, el desempleo trae consigo dificultades que inciden negativamente en la calidad de vida y la seguridad de las personas. Asimismo, los priva del acceso a los beneficios del desarrollo).

A escala mundial, la brecha salarial entre hombres y mujeres se estima en el 23 por ciento; en otras palabras, las mujeres ganan el 77 por ciento de lo que ganan los hombres. Se necesitaran más de 70 años para colmar totalmente la desigualdad salarial por motivo de género (según estudio e investigaciones de la OIT).

Ahora bien, si las humillantes condiciones de vida de los trabajadores mexicanos resultan escandalosas desde la perspectiva de los derechos humanos, aquellas vividas por las mujeres en el campo laboral lo son aún más, Como lo muestran los datos anteriores. Y por si no fuera suficiente, enfrentan además de las condiciones que les obligan, el ser parte también de una planta productiva, la responsabilidad de la maternidad, educación, salud y alimentación de los hijos e hijas; la administración de la economía familiar; y la responsabilidad de erguirse como el pilar de la familia.

Hacer compatibles estas responsabilidades con las que exige el trabajo asalariado significa para las mujeres un doble esfuerzo, el cual se incrementa con la tarea de desarrollar un proceso personal, con más mujeres y con su familia y grupos de referencia, para reivindicar sus derechos e ir construyendo una identidad de persona libre digna, lo cual representa un gran reto para quienes se han dado a la tarea de promover y defender los derechos laborales.

Las mujeres mexicanas enfrentan una doble paradoja social:

La responsabilidad exclusiva de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos; junto con un ambiente de discriminación, desigualdad y segregación en el trabajo.

Esa discriminación está justificada por las diferencias biológicas entre los sexos y se aplica sobre todo cuando la mujer se embaraza, ante la cual es hostilizada y despedida del empleo, o cuando los jefes o compañeros de trabajo pretenden imponer un mal entendido para hostigar sexualmente a sus compañeras y subordinadas.

En el mercado laboral se establecen las condiciones para preservar la división sexual del trabajo. A las mujeres se les limitan las posibilidades, a un conjunto de actividades consideradas tradicionalmente como “femeninas” a saber: en el comercio informal, preparación y venta de alimentos, servicio doméstico, costura de prendas de vestir; puestos de trabajo que requieren poca calificación, perciben baja remuneración, con menor prestigio social y en áreas no industrializadas.

A pesar de que existen convenios internacionales y disposiciones legales nacionales que garantizan la igualdad entre los sexos, en la práctica, estas reglamentaciones son letra muerta. En México las mujeres enfrentan cotidianamente problemáticas como el hostigamiento y el abuso sexual en el empleo, los despidos por embarazo, la segregación y la violencia laboral.

Esa discriminación de género, perpetuada a través de las relaciones sociales de poder, establece las condiciones para que las mujeres asuman sobrecargas de trabajo que afectan su salud y les resta tiempo para fortalecer su preparación y su liderazgo; lo que les dificulta el acceso a posiciones de poder; y conlleva a que se encuentren sometidas bajo las órdenes de sus jefes varones, quienes las consideran como objetos de los que pueden disponer en razón de su sexo.

Ante dicha problemática los gobiernos no pueden descartar la aplicación de políticas públicas a favor de la equidad. En el ámbito laboral, se podrían aplicar programas permanentes que atiendan de manera especial a las mujeres trabajadoras a partir de equipos interdisciplinarios de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, médicas y psicólogas quienes podrían brindar una atención especial, humana y de calidad con perspectiva de género, sobre todo en los casos de hostigamiento sexual, despido por embarazo y violencia laboral.

Hace falta crear más instancias a favor de la equidad en el trabajo, además de impulsar una serie de acciones para avanzar en este tema como son: el establecimiento de instancias especializadas en la atención a la mujer trabajadora en todo el país; la generación de políticas públicas de equidad en el ámbito laboral, a fin de dar su justo valor a la contribución de las mujeres en términos económicos, culturales y políticos; la profundización e incorporación de la problemática de género en la Ley Federal del Trabajo para atender problema de hostigamiento sexual y despido por embarazo; la difusión de campañas de sensibilización y educación sobre la problemática humana y laboral de las mujeres trabajadoras; y la creación de las condiciones sociales y laborales para una más equitativa distribución de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos e hijas. Solo así se podrá construir un país más democrático y justo, ya que ninguna política de combate a la pobreza o de desarrollo social será viable si persiste la discriminación y segregación contra el trabajo de la mujer.

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Red TDT llama a la sociedad a articularse en favor de los derechos humanos ante tentaciones autoritarias.

Procesos democráticos sobre Ley de desaparecidos, Fiscalía General de la Republica y Fiscalía Anticorrupción serán indicadores clave.
Las pretensiones de militarización de la llamada Seguridad Interior y los procedimientos para suspender y restringir los derechos y garantías en México son claras señales de alerta para la Sociedad Civil Organizada.
Esto se suma a los casos y procesos que de por sí acompañan las 80 organizaciones que forman parte de la Red TDT.
La unidad nacional no puede imponerse ni debe justificar más violaciones a los derechos humanos.  Los recientes llamados desde el Poder Ejecutivo no son creíbles porque no incorporan una evaluación autocrítica sobre la vigencia de los derechos humanos en México. En el contexto de una realidad global marcada por la hostilidad y el cuestionamiento de los derechos más básicos por políticos, corporaciones y Estados en todo el mundo, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) hace un llamado a la Sociedad Civil organizada a estar alertas y articularnos para denunciar y detener el despojo de nuestras conquistas como pueblos, colectividades y personas.
La conmemoración por la Declaración Universal de los Derechos Humanos hoy no es un acto nostálgico, sino de reivindicación. Hoy presenciamos peligrosamente como de manera paralela al discurso oficial de respeto a los derechos, se pretende construir un andamiaje autoritario que neutraliza precisamente las endebles señales de un compromiso real por la justicia. La articulación de distintas modificaciones legislativas recientes en torno a temas de justicia, corrupción y militarización, así como la falta de concreción de los compromisos oficiales en los temas de desaparición y tortura deben llamar la atención de la sociedad civil organizada.
Como Red Nacional nos acompañamos en la defensa y promoción de situaciones que involucran los derechos de personas y colectivos. Distintas organizaciones que forman parte de la Red TDT y otros espacios que respetamos y saludamos, han realizado articulaciones desde su capacidad técnica en materia de derechos humanos, para llamar la atención y generar procesos de monitoreo civil que respondan a estas amenazas que pretenden ser impuestas argumentando lo mismo que nos están arrebatando: El cumplimiento irrestricto de nuestros derechos, de manera integral e interdependiente.
Uno de los temas estructurales de mayor importancia en la actualidad es el de la Fiscalía General de la República (FGR). Sólo la movilización decidida de la sociedad civil en torno al proceso #FiscalíaQueSirva ha logrado contener los intentos por neutralizar su efectividad, como en su momento se hizo con la Secretaría de la Función Pública. Estamos convencidos que las aportaciones que desde el campo ciudadano hemos realizado favorecen una discusión al respecto basada en estándares técnicos que garanticen el debido proceso para las víctimas y las personas que les defienden y acompañan. La legitimidad de la FGR es la única medida posible de su éxito. Sabemos que no estaremos solos para impedir una simulación que pretenda garantizar la impunidad. Las leyes sobre desaparición forzada y a manos de particulares y la tortura siguen siendo una asignatura pendiente de éste gobierno. Familiares y organizaciones hemos documentado la grave crisis humanitaria que significan miles de desapariciones y el uso sistemático y generalizado de la tortura a manos de policías, militares y servidores públicos
Por la estrecha vinculación que tiene con el tema de legitimidad, la Fiscalía Anticorrupción también es objeto de acompañamiento desde otros espacios de sociedad civil. Es fundamental fortalecer el ejercicio de la función pública en uno de sus peores momentos. No sólo porque el ejercicio ilegitimo del poder nos afecta directamente en nuestra calidad de vida, sino porque el tamaño del reto que como Nación enfrentamos es un desafío histórico. ¿Será nuestra sociedad capaz de superar este cúmulo de adversidades?
Lo que resulta absolutamente claro es que si lo vamos a superar no será permitiendo el ejercicio de la violencia institucional que sólo vulnera el Estado de Derecho y el Debido Proceso. Consideramos que es necesaria una justicia que responda a los derechos de las víctimas, a los más altos estándares de investigación policial y que favorezca una funcionalidad real del sistema de justicia, entre otros criterios orientados a una gobernabilidad democrática. La tentación de militarizar la justicia sólo ha evidenciado el fracaso de las reformas y políticas de seguridad y generado un inaceptable incremento de graves violaciones a los derechos humanos. Claramente la militarización no es el camino de la justicia.  Tampoco la flexibilización para suspender garantías individuales.
Las 80 organizaciones que conformamos esta Red tenemos un trabajo concreto y cotidiano que documenta el tamaño de nuestros rezagos. En este 10 de diciembre queremos reiterar nuestro llamado a la sociedad a articularse para salvaguardar nuestras garantías básicas. Nosotras y nosotros hemos hecho de los derechos humanos nuestro camino de vida y por eso hoy reiteramos que no permitiremos una regresión autoritaria. Como parte de una sociedad civil, vigorosa, activa y comprometida con los principios descritos en este texto y en nuestra Agenda Política 2015-2020 estamos alertas.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)

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  ¡Defiende hoy los derechos de las y los demás!    

El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de diciembre. Se conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1950, la Asamblea adoptó la resolución 423 (V), invitando a todo los Estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos.
Este año, el Día de los Derechos Humanos es una llamada a todos para defender los derechos del otro. Es responsabilidad de todos defender los derechos humanos. Cada uno de nosotros debe tomar una posición. Un paso adelante y defender los derechos de un refugiado o migrante, una persona con discapacidad, una persona LGBT, una mujer, un indígena, un niño, un afrodescendiente, o cualquier otra persona en riesgo de ser discriminada o sufrir algún acto violento
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida en más de 500 idiomas. 
Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.
 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2.
 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3.
 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4.
 
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5.
 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7.
 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8.
 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10.
 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11.
 
(1) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
(2) Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12.
 
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13.
 
(1) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
(2) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14.
 
(1) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
(2) Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15.
 
(1) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
(2) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Artículo 16.
 
(1) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
(2) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
(3) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 17.
 
(1) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
(2) Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18.
 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19.
 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20.
 
(1) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
(2) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21.
 
(1) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
(2) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
(3) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo 22.
 
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23.
 
(1) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
(2) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
(3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
(4) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24.
 
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25.
 
(1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
(2) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26.
 
(1) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de  los méritos respectivos.
 
 
(2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
(3) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.
 (1) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
(2) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28.
 
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29.
 
(1) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
(2) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
(3) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30.
 
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

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El derecho a defender los derechos humanos en riesgo.

 

76 casos de violaciones de derechos humanos (VDH) y agresiones cometidas contra defensores y defensoras de derechos humanos en 20 estados de la república. 

Defender los derechos humanos es una actividad de alto riesgo en México. En la investigación “Defensoras somos Todas” (1), la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, documentó diversas violencias que se padecen, desde la feminicida hasta la institucional. El año 2015 ha sido un año marcado por la impunidad en los grandes casos emblemáticos de Violaciones Graves a los Derechos Humanos, pero también por la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Ambas situaciones resultan muy graves y son atribuibles al Estado mexicano que ha sido incapaz de resolver casos tan delicados como los mencionados un poco más abajo, pero que también ha participado en cerca de 58% de las violaciones de derechos humanos (VDH) y agresiones cometidas contra defensores y defensoras de derechos humanos, según registró de manera preliminar la Red TDT hasta el 1 de diciembre del 2015. Quienes defienden la tierra y el territorio, los derechos de las mujeres y migrantes o los derechos económicos y sociales, han sufrido toda clase de ataques. Otra vía de vulneración fueron las reformas legales que violentan de manera estructural la capacidad de ejercicio y defensa de derechos, así como la de protestar, como en el caso de la Reforma educativa y más recientemente la nueva Ley de Hidrocarburos (para más detalles de esto último ver (2). Sin duda , las reivindicaciones por hechos ocurridos en el año 2014 como la ejecución extrajudicial de 6 personas y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, o como los ocurridos en el municipio mexiquense de Tlatlaya, dinamizaron la indignación nacional. Las masacres en Apatzingan y Tanhuato y el multihomicidio en la Narvarte, son algunos ejemplos graves. Estos hechos forman parte de un patrón que hemos detectado, en el cual la mayor parte de las violaciones de Derechos Humanos y Agresiones contra personas defensoras de derechos humanos se dan contra líderes comunitarios que suelen favorecer la defensa de los derechos humanos de sus comunidades. En un registro preliminar, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) identificó del 1 de enero al 1 de diciembre de 2015, 76 casos de violaciones de derechos humanos (VDH) y agresiones cometidas contra defensores y defensoras de derechos humanos en 20 estados de la república. En consistencia con el informe anterior de la Red TDT, los estados con mayor número de VDH y agresiones a defensores y defensoras son Chiapas, Oaxaca, el Distrito Federal, Guerrero y Veracruz. De estas situaciones, alrededor del 85% fueron cometidas hacia personas defensoras de derechos humanos, y el 15% hacia colectivos. Cabe resaltar que la mayor parte de los y las defensoras agredidas pertenecen a procesos colectivos, mismos que se ven directamente afectados por dichas agresiones, lo que incrementa el contexto de riesgo en el que llevan a cabo su labor de defensa. Esto nos indica una estrategia clara para desarticular dichas colectividades a favor de los intereses económicos y políticos afectas por sus luchas. La mayoría de los casos registrados pertenecen al campo de lucha de Tierra y Territorio, seguidos por Violencia e Inseguridad y DESCA (Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales) y Políticas Públicas. Esta división nos ayuda a comprender los principales intereses afectados, pero al mismo tiempo es necesario recordar que los derechos humanos son interdependientes e inseparables, y que el contexto nacional de violencia e inseguridad afecta transversalmente a todas las luchas. El principal derecho afectado es el derecho a la integridad personal, el cual es sistemáticamente violado a través de agresiones físicas, amenazas, hostigamiento, intimidación y amenazas de muerte, lo que nos indica que existe un riesgo a la vida de las personas y a la permanencia de los colectivos y procesos de defensa de los derechos humanos. Alrededor del 58% de las VDH y agresiones fueron cometidas por actores estatales, mientras que cerca del 42% por actores no estatales (Grupos empresariales, organizaciones charras, Corporaciones transnacionales y otras) lo que nos muestra la existencia de una cultura de criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Frente a esto, el Estado está obligado a generar estrategias integrales para la protección de la labor de defensa de los derechos humanos, al igual que visibilizar su importancia para la construcción de un país democrático.  De ahí la importancia de mantener la movilización social como las Caravanas Nacionales por justicia y verdad para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que estará en Morelos el 24 de enero y la marcha del 26 de enero que partirá del Calvario al zócalo a 16 meses de su desaparición.

​Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.​

 

Notas:

1.-www.frayba.org.mx/archivo/articulos/informedefensoras.

2.-http://redtdt.org.mx/?p=4996

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Solicitud al Congreso exhorto al Ejecutivo por AVG

Cuernavaca, Morelos, 26 de noviembre de 2015.

Diputada Norma Alicia Popoca

Presidenta de la Comisión de Equidad de Género  de la LIII Legislatura del

Congreso del Estado de Morelos

Nos dirigimos a usted en el marco de la lucha por los derechos de las mujeres a una vida libre de todo tipo de violencias, en estos 16 días de activismo del 25 de noviembre al 10 de diciembre, para que el Congreso del Estado de Morelos exprese su más enérgico rechazo y adopte las medidas legislativas acordes con los más altos estándares internacionales para proteger estos derechos humanos.

El feminicidio en Morelos es grave como lo demuestra el hecho de que 633 mujeres han sido privadas de la vida de manera violenta desde el año 2000 a febrero de 2015 y se siguen presentando casos casi cotidianamente. Por la vida y la libertad, por la seguridad y los derechos de todas las mujeres, sumamos nuestra voz a la demanda de aplicación inmediata de todas las medidas de la Alerta de Violencia de Género en todo el país.

La situación de mujeres desaparecidas en México, hay 7 mil 185 mujeres desaparecidas en el país, de las cuales el 96 % se han suscitado en los dos últimos sexenios. El 44 % son mujeres menores de edad. Del total, el 52 % de las desapariciones corresponden al sexenio  actual.

Desafortunadamente, en diversas esferas gubernamentales la simulación y omisión sigue siendo la tónica, en lugar de transparentar todas las medidas para garantizar la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres, ​las estadísticas muestran que van a la alza, es urgente que los gobiernos nacionales y estatales actúen, ya que se ha declarado mucho y se ha realizado muy poco.

En Morelos se ha decretado la alerta en 8 municipios, Cuernavaca, Cuautla, Yautepec, Xochitepec, Jiutepec, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla y Temixco

La Alerta de Violencia de Género establece medidas urgentes de prevención, de atención, que permita erradicar la violencia feminicida e impune en la entidad. Es sin duda una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto.

El problema de la violencia que vive la entidad, se ha incrementado y los casos de violencia tanto a mujeres periodistas, como a mujeres defensoras de los derechos humanos siguen en aumento a pesar de que estamos en un proceso de que se apliquen las acciones urgentes para erradicar la violencia.

Rechazamos absolutamente todo tipo de violencia misógina que lacera gravemente los derechos humanos de las mujeres y termina privándolas de la vida. El feminicidio está tipificado penalmente, así mismo contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que establece el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género como un recurso jurídico para el establecimiento de políticas públicas de emergencia, mismas que únicamente se han aprobado para 8 municipios del Estado de Morelos, sin que se cumplan cabalmente, en esta lógica perversa de simulación, omisión y complicidad. Han surgido múltiples acciones de organización y protesta en varios estados del país denunciando y exigiendo justicia y verdad en donde han desempeñado un importante papel los familiares de las víctimas de feminicidio y las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos.

Es por ello que, solicitamos desde este espacio, que se busquen acuerdos en el pleno del Congreso para que se haga un extrañamiento al gobernador del Estado, por su falta de atención puntual a las acciones de emergencia en materia de violencia feminicida en el marco de la Alerta de Violencia de Género decretada para 8 municipios de la entidad.

Llamamos a las diputadas y diputados a tomar conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo, actuar desde sus espacios y asumir de manera responsable su tarea como legisladores y legisladoras.

¡Ni una más, ni un feminicidio más, Alerta de Violencia de Género Nacional!

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Resolutivo del Encuentro Nacional Feminista sobre AVG en Morelos

 

 Reunidas del 16,17 y 18 de octubre en Toluca, Edo. De México

 Como parte de los resolutivos de este Encuentro se hace un EXHORTO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, para que sin más dilación, APLIQUE LAS MEDIDAS URGENTES PARA ATENDER LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO (AVG) EN MORELOS, DECRETADA EL 10 DE AGOSTO DEL 2015 PARA 8 DE LOS 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO.

En el entendido de que la Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Y tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

Por lo cual, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación: El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial (Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables); La rehabilitación (Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas); La satisfacción (Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran “La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las Víctimas a la impunidad; El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.”).

Asimismo recomendamos al Estado Mexicano y en particular al de Morelos a:

  1. Restitución Integral.Tomar acciones por parte del Estado para hacer valer el artículo 11 de la Convención Americana, sobre el derecho a la honra y a la dignidad de las personas, en este caso de las mujeres victimizadas, como una medida de restitución integral del daño y garantía de no repetición. Así como asegurar que, en casos necesarios, se deben aplicar medidas cautelares y/o provisionales a favor de sus familiares, así como la atención psico-social que permita enfrentar los duelos por muertes violentas o por desaparición/desaparición forzada.
  2. Acceso Pleno a la Justicia.LaCorte Interamericana ha señalado que los Estados tienen la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. Conforme a lo señalado por la Convención Americana, una de las medidas positivas que los Estados Partes deben suministrar para salvaguardar la obligación de garantía es proporcionar recursos judiciales efectivos de acuerdo con las reglas del debido proceso legal, así como procurar el restablecimiento del derecho conculcado, si es posible, y la reparación de los daños producidos.
  3. Garantías Efectivas de no Repetición.Las Garantías de no Repetición son acciones, medidas y procesos encaminados a evitar repetición de violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres; generar cambios en el funcionamiento de las instituciones; transformar factores estructurales de la violencia y lograr una incidencia positiva en la cultura política de la población y de las autoridades; con el fin de fortalecer la política de prevención general en contra de la violencia feminicida.
  4. Plan de Atención y Prevención.Se observó que, en un número importante de casos de feminicidios, el agresor es la pareja o ex pareja sentimental de la víctima, ello sugiere la necesidad de un plan de reforzamiento de Atención a la Violencia contra las mujeres que permita una prevención de esta problemática desde sus primeras manifestaciones y evitar un escalamiento de la violencia.

 

EN CASO DE MUJERES DESAPARECIDAS

Primero: Atender de inmediato las demandas de las y los familiares de personas desaparecidas.

Segundo: Llevar a cabo todas las medidas de investigación tendientes a localizar y presentar con vida a las personas desaparecidas.

Tercero: Que la Fiscalía General del estado de Morelos aplique los Protocolos de Investigación adecuados al amparo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y la aprobada para el Estado de Morelos.

Cuarto: Que se implemente la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos (2015), así como subsanar las deficiencias de la Ley.

Finalmente, consideramos que la AVG es sin duda una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto ante esta violencia feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años. De igual modo, a la vez que celebramos la emisión de esta AVG y le damos las GRACIAS a todas las personas y organizaciones por sumarse a esta exigencia, también expresamos que estaremos dando puntual seguimiento a todas y cada una de las acciones y medidas que se plantean para hacer válidos todos los derechos de las mujeres que permitan alcanzar claramente los objetivos de la AVG, asimismo, convocamos a toda la sociedad a estar atenta de la implementación de ésta Declaratoria en Morelos, pues entendemos que es el último recurso jurídico para salvaguardar la Vida, la Libertad, la Dignidad, la Memoria, la Justicia y la atención integral para las mujeres.

Encuentro Nacional Feminista,  reunidas del 16,17 y 18 de octubre de 2015 en Toluca, Edo. De México

 

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