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Luego de la consulta crece la polarización social en Morelos por proyectos ecocidas.

José Martínez Cruz/ La Jornada Morelos

Un día después de la consulta, Morelos a la hora de la polarización social. Las luchas acumuladas durante años estallan en protestas de diversa naturaleza y se extienden por casi todo el estado. La consulta sobre Huexca ha sido el escenario político para confrontar ideas, posturas y estrategias, que confrontan al gobierno de López Obrador con pueblos y organizaciones independientes. Aun cuando se cuestionó la validez de la consulta de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, ésta se llevó a cabo con toda la fuerza del Estado, operada desde Gobernación y con la utilización de la fuerza pública, sobre todo el segundo día, con patrullajes de militares y patrullas resguardando las casillas, luego de que pobladores de Amilcingo y pueblos solidarios llevaran a cabo diversas acciones de protesta en las casillas de la región oriente y se realizaran asambleas rechazando la consulta y diciendo no a la termoeléctrica. Aún en espera de conocer los resultados oficiales, el primer día se informó que votaron poco más de 16 mil y tal vez otro tanto el domingo, de las que 13,297 son de Morelos y el resto de Puebla y Tlaxcala. Muy lejos de los más de 600 mil votos que obtuvo López Obrador y de los 500 mil de Blanco apenas en julio pasado. Y el margen de triunfo muy apretado, siendo evidente que en lugares donde las afectaciones son directas aumenta la oposición. La fotografía de la realidad sin embargo aparece movida, ya que las cifras oficiales no incluyen las actas de asamblea de diversos pueblos que dijeron no a la termoeléctrica y sí a la vida.

Es importante destacar que previamente a la consulta, se llevaron a cabo las primeras manifestaciones de protesta contra el gobierno de López Obrador, que se extendieron por diversas partes del país  en protesta por el asesinato de Samir Flores y contra la termoeléctrica de Huexca. Los resultados de la consulta habrá que evaluarlos aún, pero en el primer día de consulta sobre la termoeléctrica en Huexca, con quema de urnas en Temoac, no instalación en Amilcingo, retiro en Huexca, detenciones de tres activistas opositores en la Paloma de la Paz y su posterior liberación, la propaganda oficial masivamente distribuida y la contrainformación de activistas mediante volantes y carteles, la presencia policiaca en patrullas y helicópteros con vuelos rasantes, con mucha votación en algunas de las 137 casillas y casi vacías en otras, una alta polarización social y política, la exigencia de cancelación y protestas por el asesinato de Samir Flores y un conflicto que avizora continuar y crecer después de esta consulta del 23 y 24 de febrero, que tendría consecuencias graves si no hay las medidas políticas a la altura de la crisis abierta en Morelos. Un día lleno de protestas, luchas y noticias en curso, que indican que la inconformidad social es contra las políticas neoliberales y ecocidas que hoy más que nunca deben cambiarse.

La condena al artero asesinato del compañero Samir Flores Soberanes y la exigencia de justicia y verdad, sumó voces contra los megaproyectos ecocidas contemplados en el Plan Integral Morelos (PIM), integrado por la Termoeléctrica de Huexca, el gasoducto de Puebla, Tlaxcala y Morelos, así como el acueducto del río Cuautla. Ante el clima de violencia, inseguridad y falta de respeto a los más elementales procedimientos democráticos, todo ello coronado con el asesinato de Samir, conocido opositor al PIM, cuestionó la legitimidad de una consulta para realmente conocer la opinión de la mayoría de la población sobre los impactos de la termoeléctrica.

Luego de la consulta hoy más que nunca exigimos que se realice una investigación seria para esclarecer la verdad de lo ocurrido y que se haga justicia para Samir y su familia, ya que quedan en la orfandad 4 hijos e hijas además de su viuda, cuyo único sostén era el trabajo de Samir. Ninguna credibilidad tiene el gobierno para llevar a cabo una investigación de ésta naturaleza, por las enormes y directas implicaciones políticas que ello tiene. Por esa razón es que además de que el caso se lleve a instancias nacionales, se requiere elevar las investigaciones en el marco internacional, como en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. La historia político personal de Samir es importante no solo en el contexto de su asesinato sino de la lucha que el pueblo de Amilcingo ha llevado a cabo históricamente. El tío de Samir, Vihn Flores Laureano, militante del partido comunista mexicano de la época, fue uno de los que encabezaron la lucha por conseguir la creación de la Normal Rural “Emiliano Zapata” de Amilcingo que se creó en los años 70s y se enfrentó al gobierno y los caciques quienes lo mandaron asesinar y tirar su cuerpo en las curvas de Tepexco, rumbo a Puebla.

Las repercusiones políticas en Morelos y en el país de este asesinato son evidentes y coloca al gobierno de López Obrador en el candelero de la historia al plantearle definiciones sobre el tipo de desarrollo que el país y los pueblos originarios requieren. La falta de cumplimiento de la normatividad internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas para llevar a cabo esta consulta, como las establecidas en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, firmadas y ratificadas por México, ya ha sido impugnada inclusive en tribunales y organismos de derechos humanos. Por supuesto que se requieren mecanismos de democracia participativa, pero sin simulación ni inequidad en los recursos para que la sociedad conozca, valore y decida el rumbo del país y en particular sobre el futuro de obras que son verdaderos monumentos a la corrupción que significa transferir recursos públicos, de toda la nación, para el enriquecimiento de empresas privadas, nacionales e internacionales, como es el caso de la termoeléctrica de Huexca, el gasoducto y el acueducto.

Ya basta de crímenes de luchadores sociales que son estigmatizados y señalados por el gobierno de López Obrador y sometidos a ataque sistemático por quienes tratan de mantener la misma política neoliberal y privatizadora a pesar de las exigencias de cambio que millones de personas demandan en éste país.

Un día después de la consulta el escenario es de polarización social y de resistencia en esta lucha por la vida de los pueblos y comunidades de Morelos.

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Archivos y memoria histórica

Abrir los archivos históricos en México es una necesidad para alimentar la memoria y establecer la verdad sobre graves violaciones a los derechos humanos. Si bien es importante que se abran algunos archivos del CISEN que se encuentran bajo secresía, también se requiere de una política integral en materia de archivos, para garantizar que el conjunto de la sociedad tenga conocimiento de los oscuros sótanos del poder.

Compartimos las demandas expresadas en éste sentido por diversas organizaciones.

Piden extender apertura de archivos de seguridad a más dependencias

*Se debe garantizar una política integral de memoria y verdad, señalan organizaciones. 

Ciudad de México, 13 de febrero de 2019. 

Organizaciones de la sociedad civil y especialistas en historia llamaron al Gobierno federal a implementar una estrategia integral en materia de memoria, verdad y justicia que permita que la apertura de archivos de inteligencia anunciada por el titular del Ejecutivo sea de utilidad en el combate contra la impunidad.

El pasado 23 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmará un decreto para abrir los archivos pertenecientes al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), sin que hastel momento se haya decretado ninguna acción al respecto, a pesar de la urgencia por generar medidas de protección para resguardar la integridad del acervo documental de dicha institución, señalaron ARTICLE 19, el Comité Mexicano de Ciencias Históricas y la Escuela Mexicana de Archivos.

“La apertura de archivos del CISEN es un buen precedente para abrir los acervos de otras instituciones de seguridad que cuentan con información relativa a graves violaciones de derechos humanos del pasado y del presente, tales como SEDENA, SEMAR o PGR, así como promover la apertura de archivos en los estados. México se encuentra sumergido en una grave crisis de derechos humanos y la documentación de las instituciones del estado es, sin duda, una fuente importante de información para las víctimas y la sociedad sobre los hechos que no quisiéramos que se repitan”, explicaron las organizaciones.

Algunas de las recomendaciones ofrecidas por las y los expertos para este proceso son: organizar y resguardar estos archivos para garantizar que no sean destruidos en el proceso de la transferencia secundaria; que el Decreto Presidencial contemple la transferencia completa al Archivo General de la Nación con el carácter de documentación histórica; generar un Registro Nacional de archivos vinculados a violaciones de derechos humanos; generar mecanismos de acceso que no pongan en riesgo la integridad de testigos o de personas que fueron objeto de las labores de inteligencia del CISEN; abrir los archivos de todas las fuerzas de seguridad, y en particular de la SEDENA; implementar otras medidas que abonen a la rendición de cuentas en cuanto a concesiones, contratos, designaciones públicas, ejecución de gasto, etcétera; incrementar el presupuesto al Archivo General de la Nación; hacer que la Ley General de Archivos entre en vigor inmediatamente y reglamentar la Ley General de Archivos de manera abierta a la sociedad civil y la academia.

“En este sentido, el Estado debe crear una política integral en cuanto a memoria, verdad y justicia de las violaciones a derechos humanos cometidas en las últimas cinco décadas, que garantice que las víctimas y la sociedad puedan tener acceso a conocer la verdad sobre lo que pasó en esas décadas, sobre quiénes fueron las víctimas, los perpetradores, y en qué contexto se dieron las violaciones a derechos humanos. El derecho a la verdad se convertirá así en un paso indispensable para alcanzar la justicia, y a partir de ahí garantizar la no repetición de violaciones graves a derechos humanos”, finalizaron.

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Carta a AMLO sobre feminicidio en Morelos

El 6 de febrero hicimos entrega en Palacio Nacional de una carta dirigida al presidente López Obrador, solicitando atención al feminicidio y la Alerta de Violencia de Género en Morelos, misma que quedó asentada para su seguimiento en el folio 2019026QUGJMF, firmado por la Directora General de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez Anaya, que transcribimos a continuación.

Asunto: Solicitud de reunión para abordar Alerta de violencia de género en Morelos

 

Cuernavaca, Morelos, 6 de febrero de 2019.

Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de la República Mexicana.

Presente.

Por éste medio la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., con domicilio en Privada de las Flores # 16, colonia San Antón, Cuernavaca Morelos, organización solicitante de la Alerta de Violencia de Género en el Estado de Morelos, vigente desde el 10 de agosto de 2015 para 8 municipios del Estado, nos dirigimos a usted en su carácter de Presidente Constitucional para el período 2018-2024 en nuestro país, para solicitarle una reunión de trabajo en donde podamos hacer de su conocimiento, de su equipo de gobierno y de la comisionada de la CONAVIM, nuestras  propuestas sobre los temas vinculados a los derechos de las mujeres y la violencia feminicida.  Ante omisiones, simulación, negligencia o irresponsabilidad en la aplicación de las medidas decretadas por la CONAVIM para el establecimiento de las Alertas de Violencia de Género durante los últimos tres años.

Hemos documentado en la geografía del feminicidio en Morelos del año 2000 al 2018, la cantidad de 935 casos de feminicidio, la inmensa mayoría impunes, a pesar de que existe la Alerta de Violencia de Género en 8 municipios de Morelos.

Consideramos que el procedimiento de Alerta de Violencia de Género es un buen mecanismo para examinar de cerca al Estado y detectar el procedimiento o la instancia donde se está reproduciendo la violencia feminicida, y determinar las medidas a subsanar.  Sin embargo, es necesario que las organizaciones solicitantes del mecanismo, estén incluidas en todo el proceso, con voz y voto.  Si no es así, se abre la posibilidad de que el estado simule los cambios que tiene que realizar.

Por lo anterior, Presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitamos que incluya en su agenda una reunión en la que esté presente su equipo de gobierno y la comisionada de la CONAVIM, para expresarle directamente nuestras propuestas y entregar documentos sobre feminicidio y la situación de las medidas de la Alerta de Violencia de Género en la entidad morelense.

Atentamente.

Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Ccp: Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para su intervención.

Ccp. Sub Secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para su intervención.

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La geografía del feminicidio en Morelos del 2000-2018 y la AVG.

Al presentar el mapa del feminicidio en Morelos llevamos a cabo un esfuerzo de sistematización de toda la información que hemos ido presentando a través de las diversas investigaciones e informes a lo largo de 18 años, desde el año 2000 al 2018. Son datos que muestran de manera contundente que todo el Estado de Morelos tiene casos de feminicidio y que está plenamente demostrado con datos duros que los diferentes gobiernos que han pasado durante varios sexenios han incumplido con su obligación de preservar la vida y la libertad de las mujeres. Una interpretación basada en los hechos que laceran la dignidad humana al privar de la vida a mujeres que tenían todo un mundo por vivir. Cada caso es una historia de vida. Cada número implica contrastar la información proporcionada por diversas fuentes, tanto de los medios de comunicación como de estadísticas oficiales de instituciones obtenidas por oficio o bien a través de solicitudes de acceso a la información ante la opacidad con que se manejan autoridades que prefieren maquillar sus cifras antes que reconocer que no están cumpliendo con su labor mandatada constitucionalmente y por las leyes locales e internacionales en la materia. También de su lectura podemos sacar como conclusión las variaciones que a lo largo del tiempo se han presentado entre los municipios y regiones de la entidad, dependiendo de las acciones que se llevan a cabo para enfrentar el feminicidio o bien de las omisiones y carencias que se ha tenido en el seguimiento de las mismas.

Contenido.

La investigación permite acercarse a los Feminicidios ocurridos en el Estado de Morelos durante los últimos 18 años (Del 2000 al 2018). Se graficó la información tomada de la Base de Datos de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHM). Asimismo, se utilizó un Sistema Geográfico de Información con el programa QGIS que nos permitió generar los Mapas. METODOLOGÍA El hilo conductor de estos procesos y aproximaciones es la afirmación política sustentada en este informe de que en Morelos hay feminicidio pese a la Alerta de Violencia de Género debido a la persistencia de condiciones de exclusión social, injusticia y violación de los Derechos Humanos. No se respeta el Estado de Derecho y hay Violencia Institucional en cuanto a los Derechos para las Mujeres, que se visibiliza en la falta de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a la justicia y en la impunidad en torno a los casos de Feminicidios. Análisis Hemerográfico El seguimiento de la prensa permitió registrar las causas de las situaciones extremas de violencia; documentar la violencia contra las mujeres y dar cuenta de la actuación de las instancias gubernamentales. A través de los medios de comunicación se ha obtenido información cualitativa y cuantitativa que complementa en muchos casos la falta de información oficial de las instancias encargadas de registrarla. Se pudo registrar los aspectos inherentes a la Violencia Feminicida, las características de las mujeres asesinadas y de sus agresores, así como los antecedentes, el contexto y algunas características particulares de los crímenes, lo que nos ha permitido construir la Base de Datos de la CIDHM.

A continuación presentamos los datos obtenidos del análisis de la Violencia Feminicida en el Estado de Morelos del 2000 al 2005. Los datos fueron obtenidos a través de la investigación «Violencia Feminicida en el Estado de Morelos y en la República Mexicana» realizada en conjunto con la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la Republica Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada. Cabe destacar que fue ésta primera investigación sobre los feminicidios, la que permitió legislar en la materia y crear la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA y tipificar el FEMINICIDIO como un DELITO GRAVE.

Del año 2000 al 2005 se reportaron 122 feminicidios en Morelos. Para el año 2000 en los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15, y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años.

Se hizo un análisis fino por rangos de edad de las mujeres asesinadas y se observo que el mayor número (excluyendo la categoría de sin especificar) se encuentra entre los 21 y 30 años, con un 26.22%, seguida de las mujeres de 11 a 20 años, con un 13.93%, y en tercer lugar tenemos a las mujeres de entre 31 y 40 años, con un 12.29%. Son 21 de los 33 Municipios de la entidad morelense que forman parte del Mapa del Feminicidio.

Geografía del feminicidio en Morelos 2006-2013

Datos obtenidos del análisis de la Violencia Feminicida en el Estado de Morelos del 2006 al 2013.

Para el año 2006 se contabilizaron 37 feminicidios; en el 2007 el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra quedo en 36; durante el 2009 se documentaron 37; el 2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la cifra aumento a 70 y en el 2012 creció aún más para quedar en 92. Y hasta el 30 de junio del 2013 se contabilizaron 35. Fueron 30 de los 33 Municipios de la entidad morelense que forman parte del Mapa del Feminicidio.

Geografía del feminicidio en Morelos del 2000 al 2013

Datos obtenidos del análisis de la Violencia Feminicida en el Estado de Morelos del 2000 al 2013. Ésta información fue presentada en el libro INFORME DE INVESTIGACIÓN. ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO ANTE 13 AÑOS DE FEMINICIDIOS IMPARABLES EN MORELOS., realizado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHM), en el año 2013. Es justo destacar que fue ésta investigación la base para que la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHM), solicitara la ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO (AVG) EN EL ESTADO DE MORELOS. La cual fue Declarada el 15 de Agosto del 2015 para 8 Municipios del Estado.

Dando un total de 530 feminicidios en 13 años. Son 31 de los 33 Municipios de la entidad morelense que forman parte del Mapa del Feminicidio

GEOGRAFÍA DEL FEMINICIDIO EN Morelos 2013-2015

Datos obtenidos del análisis de la Violencia Feminicida en el Estado de Morelos del 2013 al 2015. Ésta información fue presentada en el libro ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS. INFORME SOMBRA., realizado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHM), en el año 2015.

De julio a diciembre del 2013 se reportaron 35 Feminicidios, durante el 2014 se contabilizaron 54 y de enero a febrero del 2015 fueron 14. De julio del 2013 a febrero del 2015 se reportaron 103 Feminicidios. Fueron 24 de los 33 Municipios de la entidad morelense que forman parte del Mapa del Feminicidio.

GEOGRAFÍA DEL FEMINICIDIO 2016

Datos obtenidos del análisis de la Violencia Feminicida en el Estado de Morelos durante el año 2016. Ésta información fue recabada durante el primer año de la Declaratoria de ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS.

Fueron 97 feminicidios. Son 23 de los 33 Municipios de la entidad morelense que forman parte del Mapa del Feminicidio.

GEOGRAFÍA DEL FEMINICIDIO 2017

Datos obtenidos del análisis de la Violencia Feminicida en el Estado de Morelos durante el año 2017. Ésta información fue recabada durante el segundo año de la Declaratoria de ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS.

Fueron en total 74 feminicidios. Son 21 de los 33 Municipios de la entidad morelense que forman parte del Mapa del Feminicidio

GEOGRAFÍA DEL FEMINICIDIO 2018

Ésta información fue recabada durante el tercer año de la Declaratoria de ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS.

Fue un total de 88 feminicidios. Son 22 de los 33 Municipios de la entidad morelense que forman parte del Mapa del Feminicidio.

GEOGRAFÍA DEL FEMINICIDIO AVG 2015-2018

Datos obtenidos del análisis de la Violencia Feminicida en el Estado de Morelos durante la ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS (15 de Agosto del 2015 al 31 de Diciembre del 2018). Recordemos que la AVG fue Declarada el 15 de Agosto del 2015 para 8 Municipios del Estado de Morelos: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. Los datos fueron registrados y analizados de acuerdo a lo establecido en la investigación «Violencia Feminicida en el Estado de Morelos y en la República Mexicana».

FEMINICIDIOS DURANTE LA AVGM Total= 286. Son 27 de los 33 Municipios de la entidad morelense que forman parte del Mapa del Feminicidio

GEOGRAFÍA DEL FEMINICIDIO 2000-2018

FEMINICIDIOS EN EL ESTADO DE MORELOS POR AÑO (2000 – 2018) TOTAL= 935

El rango de edad de las mujeres asesinadas con un mayor porcentaje (excluyendo la categoría de sin especificar) se encuentra entre los 21 a 30 años, con un 21.6%, seguida de las mujeres de entre 31 a 40 años, con un 14.65%, y en tercer lugar tenemos a las de 11 a 20 con un 10.69%. Son 32 de los 33 Municipios de la entidad morelense que forman parte del Mapa del Feminicidio.

Conclusiones.

El recuento de feminicidios en el Estado de Morelos es de 935 casos en 18 años. En nuestra solicitud de la Alerta de Violencia de Género documentamos 530 casos en 13 años. El Gobierno de Morelos reporta 1455 muertes violentas de mujeres (suicidio, aborto, homicidio culposo, homicidio calificado y feminicidio) del 2000 al 2016. Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural. Es por ello que se hizo y se sigue haciendo un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables. Uno de los primeros objetivos de ésta Alerta de Violencia de Género (AVG) ha sido que se atienda la violencia feminicida y que se preste la atención social y política que se requiere para que las medidas de prevención, atención, sanción, justicia y restitución integral del daño, sean una política pública asumida por el Estado para garantizar que éstos derechos de las mujeres estén vigentes en los hechos y no solo en las declaraciones. Es así que el procedimiento de Alerta de Violencia de Género es un buen mecanismo para examinar de cerca al Estado y detectar el procedimiento o la instancia donde se está reproduciendo la violencia feminicida y determinar las medidas a subsanar. Pero es necesario que las Organizaciones Solicitantes del Mecanismo estén incluidas en todo el proceso, con voz y voto. Si no es así, se abre la posibilidad de que el Estado simule los cambios que tiene que realizar.

Por otro lado vemos como los recursos públicos para investigar el feminicidio no se usan como debieran, ya que aún no hay un funcionamiento adecuado del Banco Estatal de Datos sobre hechos de violencia que sufren las mujeres, que sirva para homologar la información y sistematizar las medidas que se desprendan de su análisis. Asimismo, es necesario que la Fiscalía General de Justicia del Estado subsane la inexistencia de la Unidad de Contexto, ya que es una grave omisión por el hecho de que ya se destinaron recursos económicos para su creación sin resultado alguno, cuando es urgente realizar un análisis especial sobre violencia feminicida en la entidad, para identificar todas las causales y formas en que se presentan los casos, de tal manera que todo el personal de la dependencia cuente con éste diagnóstico al momento de integrar las carpetas de investigación, pues es urgente identificar factores de riesgo, conocer el contexto socio cultural en el que se desarrolla la violencia, así como las diferentes manifestaciones de la violencia en contra del género femenino, pues el feminicidio se debe combatir a fondo atendiendo las condiciones que favorecen su perpetración. Esta Unidad de Contexto deberá analizar especialmente el tema de acceso pleno a la justicia, pues prevalece la impunidad en la mayoría de los casos de feminicidio. La falta de justicia en estos casos no es sólo un asunto que afecte a las mujeres, sino que tiene como consecuencia un gran daño social. Se requiere además que los despachos o agencias consultoras a las que se recurra para elaboración de Protocolos, Diagnósticos, Capacitaciones, Campañas Etc., obligadamente deben ser elegidas mediante una convocatoria pública y amplia, donde se contrasten las mejores trayectorias con trabajo acreditado. De igual modo, la profesionalización y especialización en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, debe ser obligatoria y permanente para la Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, a la Fiscalía General, a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, así como al Tribunal Superior de Justicia. La Restitución Integral del Daño debe incluir apoyos inmediatos para las que han sufrido de violencia de género, especialmente a las de feminicidio. A servidores públicos que por acción u omisión hagan un mal trabajo que impida a las victimas alcanzar justicia, debe aplicarse penas que contemplen una multa, prisión e inhabilitación para ocupar cargos en la administración pública o de elección popular.

La investigación del feminicidio ha sido labor fundamentalmente de las organizaciones de la sociedad civil para revisar la información, escuchar las voces de familiares de las víctimas, escudriñar los contenidos de los medios de comunicación y hacer una amplia revisión hemerográfica, abrir expedientes de casos, y prácticamente obligar a las dependencias a rendir cuentas de la información oficial que se tiene. Pues mientras exista un feminicidio impune no habrá justificación legal, política y ética por parte de las autoridades para no tomar todas las medidas decretadas en la Alerta de Violencia de Género. Es así que hemos expresado en diversos foros la necesidad de que el próximo Gobierno Federal, Estatal y Municipal atienda de manera integral la defensa de los Derechos de las Mujeres y ponga un alto a los feminicidios que de manera creciente se han presentado en nuestro país, ante los altos niveles de impunidad y falta de medidas para atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida. Pues es un hecho que si no hay continuidad en las políticas y acciones de las instituciones, más lejos quedan los objetivos trazados. La rotación y cambios de personal de las áreas de atención estratégicas solo muestran improvisación y el poco compromiso que se debería asumir desde el ámbito federal, el académico, hasta el municipal para combatir éste flagelo que priva de vidas a tantas mujeres y niñas.

 Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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Defensoras Semillas de Cambio

Defender a las defensoras ante ataques y calumnias para cambiar la realidad y construir la justicia.

Del 25 de noviembre, día internacional por la erradicación de la violencia contra las mujeres, al 10 de diciembre, 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se llevan a cabo 16 días de activismo para hacer visibles los derechos de las mujeres.

En el informe regional sobre agresiones a mujeres defensoras, basado en los datos recabados a través de nuestro sistema de registro en 2015 y 2016. Los números hablan por sí solos: al menos 2,197 defensoras fueron objeto de algún tipo de agresión en El Salvador (102), Guatemala (231), Honduras (810), México (862) y Nicaragua (192), lo que supone 30% de incremento sobre el período anterior. Las defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales fueron las más agredidas, en sintonía con lo que parece ser una constante global. Nuevamente, los Estados aparecen como los principales responsables de las agresiones: policías, militares, funcionarios públicos o autoridades de diverso nivel de gobierno fueron identificados como los atacantes en 54% de los casos. Junto a agresiones más frecuentes como intimidaciones o amenazas, comienza a resultar muy preocupante el uso sistemático de la criminalización como un instrumento para castigar e inhibir la labor de las mujeres defensoras.

Estos datos concuerdan con el contexto que vive la región, caracterizado por la profundización del modelo extractivista, el auge de los grupos fundamentalistas anti-derechos con cada vez mayor incidencia en las políticas estatales y la opinión pública, la militarización, la violencia social y, de manera específica, la violencia misógina, feminicida y los crímenes de odio, la desigualdad, el racismo, la impunidad o el cierre del espacio democrático, como algunos de los elementos más destacados.

Esta situación, durante el último año, lejos de mejorar, se ha agravado y, en casos como los de Honduras y Nicaragua, de forma muy alarmante hasta el punto de haber sumido a ambos países en una grave crisis de derechos humanos cuyos efectos se dejan sentir en toda la región, como testimonian las miles de personas nicaragüenses y hondureñas exiliadas o desplazadas y, de forma paradigmática, la Caravana Migrante que actualmente se encuentra atravesando México en dirección a la frontera con Estados Unidos.

El impacto de este contexto sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres tiene consecuencias muy específicas: feminización de la pobreza, feminicidios, violencia sexual, redes de trata, penalización del aborto, presas políticas, exiliadas, estigmatización, restricciones al acceso a la verdad y la justicia… Quizás por ello, es que también de cada vez más mujeres alzamos nuestras voces y nos organizamos para denunciar y combatir colectivamente contra las políticas de muerte que acechan nuestros cuerpos y territorios.

En Morelos se incrementan los ataques a mujeres que defienden sus derechos laborales y además de ser víctimas de despidos sufren calumnias y campañas de desprestigio.

Por todo ello, porque somos conscientes de los peligros pero también de las fortalezas, frente a las políticas de muerte que nos quieren solas, aisladas y en silencio, desde nuestro abrazo colectivo las defensoras alzamos nuestras miradas y reconocemos las unas a las otras como hermanas, labradoras de futuros, sembradoras de vida… como semillas de cambio.

Arrecian agresiones contra defensoras de derechos sexuales y reproductivos. En dos meses ocurrieron ocho agresiones contra defensoras de los derechos sexuales y reproductivos en México. Las integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) alertamos sobre el notable incremento de los ataques contra las centinelas de estos derechos.

Para inhibir su labor, las defensoras padecieron amenazas de muerte, ataques cibernéticos y diversos actos de intimidación y hostigamiento, ya sea vía directa o electrónica. También fueron blanco de campañas de odio y descrédito, por parte de reconocidos personajes del conservadurismo mexicano.

Demandamos al gobierno mexicano que garantice a nuestras compañeras el ejercicio de su labor de defensa en condiciones de seguridad e igualdad, tomando en cuenta que el contexto actual agrava su nivel de riesgo. Le demandamos también que, en el marco de sus obligaciones, investigue y sancione sin demora estas agresiones, pues la impunidad permite que continúen y que se agraven.

Finalmente demandamos al Estado mexicano que emprenda las acciones necesarias para garantizar el cese definitivo de las violencias de grupos fundamentalistas, ya que, como lo ha señalado la Organización de las Naciones Unidas, el actuar de estos grupos representa una de las principales amenazas contra el sistema de derechos humanos y especialmente contra los derechos de las mujeres y personas LGBTI.

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Centro de Apoyo al Trabajador y la Trabajadora.

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El feminicidio continúa en Morelos.

El feminicidio se mantiene en los más altos niveles en la entidad morelese. El Estado está obligado en la aplicación de todas las medidas de Alerta de Violencia de Género para garantizar a todas las mujeres y niñas el acceso a una vida libre de violencia.

Nuestro estudio realizado durante 18 años muestra:

FEMINICIDIOS EN MORELOS  del  2000  al  31 JULIO 2018,  TOTAL= 890

FEMINICIDIOS DURANTE LA AVGM  Total= 241

FEMINICIDIOS EN MORELOS EN LOS 8 MUNICIPIOS CON AVG Del 2000 a Julio del 2018: Cuautla 53, Cuernavaca 176, Emiliano Zapata 33, Jiutepec 86, Puente de Ixtla 34, Temixco 65, Xochitepec  39, Yautepec 48, y 2 casos ocurridos en las inmediaciones de dos municipios.

Hasta la fecha el gobierno de Cuauhtémoc Blanco no ha dado respuesta a las solicitudes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos y la CONAVIM, de llevar a cabo una mesa de trabajo para revisar los casos de feminicidio y el estado que guarda la entrega recepción de las medidas de Alerta de Violencia de Género. A pesar de los oficios entregados el 12 de octubre por nuestra organización y el 24 de octubre firmado por la Dra. Ángela Quiroga Quiroga, Comisionada Nacional de la CONAVIM. La respuesta en el mes de noviembre sigue sin llegar.

Las políticas gubernamentales llevan a que la sociedad se acostumbre al horror cotidiano del feminicidio. Nuestro llamado es Superar los miedos y el silencio. Hacer a un lado la indiferencia. Tocar las fibras sensibles del corazón. Forjar la consciencia social para transformar las relaciones capitalistas de opresión, explotación, violencia y discriminación que viven las mujeres. Porque la lucha por los derechos de las mujeres forma parte fundamental de la defensa integral de los derechos humanos.

En el marco del “Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer” para denunciar la violencia feminicida en el estado, así como los demás tipos de violencias que se ejercen cotidianamente sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas y acciones colectivas en todos los países para su erradicación.

 Este tipo de violencia se suma a la estadística nacional que diariamente siete mujeres son asesinadas en México. En América Latina, diariamente se reporta el asesinato de 12 mujeres, por tanto, México aporta más de la mitad de estos asesinatos de mujeres o casos de feminicidio.

Ante este aumento de todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, especialmente la violencia feminicida, se estableció en la legislación federal la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres -único en el mundo- para responder, atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en lugares del país donde la violencia feminicida sea más alta. De esa manera, a partir de 2015 a la fecha, el gobierno federal ha decretado alertas de género para algunos municipios de 12 estados de la República: 11 municipios del Estado de México, 8 de Morelos, 14 de Michoacán, 7 de Chiapas, 5 de Nuevo León, 11 de Veracruz, 5 de Sinaloa, 5 de Colima, 6 de San Luis Potosí, 8 de Guerrero, 3 de Quintana Roo, y 7 de Nayarit. Aunque la violencia feminicida ha provocado también que las organizaciones feministas y de defensa de derechos humanos de las mujeres soliciten en cada entidad la declaratoria de alerta de género. A más de tres años de las primeras declaratorias de alertas, las organizaciones civiles solicitantes han denunciado que existe un desinterés generalizado de las autoridades responsables para aplicar las medidas para proteger la vida y los derechos de las mujeres.

En los últimos dos años, ha crecido masivamente la expresión del malestar de las mujeres, en un contexto de crisis mundial capitalista, este hecho marca un punto de inflexión. Particularmente en América Latina, las protestas irrumpen en un contexto de incremento de la violencia contra las mujeres y el feminicidio. La mayor parte de las movilizaciones han tenido como referentes inmediatos diversos casos emblemáticos de feminicidio. Protestas masivas que convocan a la sociedad a dejar la indiferencia de lado y posicionarse junto con las mujeres para salvar sus vidas.

El contexto de violencia e inseguridad ha favorecido el incremento de violencia contra las mujeres y el incremento de violencia feminicida a nivel nacional. Así, varios municipios del Estado de México se han convertido en un infierno para las mujeres; pero también otros estados como Guerrero, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Chihuahua, Colima, Baja California y Baja California Sur. La consigna “Feminicidio emergencia nacional” que inunda las redes sociales refleja el impacto y la magnitud por los múltiples casos de asesinatos de mujeres que diariamente se conocen, en diversos municipios y estados,. Y en particular en algunas universidades las mujeres se han estado organizando en colectivas feministas, y en asambleas en algunas facultades para dirimir con relación a los casos de acoso sexual en el ámbito universitario.

Estamos frente a un incremento de la violencia contra las mujeres y un alto nivel de protesta y movilizaciones que, sin embargo, necesita confluir en sectores y movimientos sociales, sindicales y populares, para avanzar en acciones unitarias, que impidan tantas muertes cotidianas y se ponga un alto al feminicidio desde la propia sociedad, exigiendo al Estado la aplicación de todas las medidas de Alerta de Violencia de Género para garantizar a todas las mujeres y niñas el acceso a una vida libre de violencia.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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Feminicidio y desapariciones requieren atención urgente en Morelos

José Martínez Cruz.

La grave violencia e inseguridad en Morelos se expresa crudamente en el incremento del feminicidio y las desapariciones. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco tiene el reto de asumir medidas inmediatas para atender los derechos humanos fundamentales a una vida libre de violencia y a la libertad de mujeres y de todas las personas. Contrariamente a las esperanzas de miles de votantes, hasta el momento se mantienen las mismas políticas que aplicó el gobierno de Graco Ramírez en materia de seguridad, con el mando único, ahora depositado en manos militares del contralmirante de la Marina armada proveniente de Veracruz, cuando lo que se requiere es una seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos.

A pesar de que la Ley contra la Desaparición Forzada en Morelos se aprobó por la LII Legislatura y se publicó el 3 de agosto de 2015, ésta no ha sido aplicada hasta el momento, además de incumplir con la aplicación de las disposiciones de la Ley Federal en la materia, por lo que urge que el actual Gobierno tome medidas y subsane las omisiones previas para atender, investigar, sancionar y erradicar ésta práctica de Lesa Humanidad. Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos impulsamos ésta Ley, por lo que demandamos integrar de manera inmediata los Mecanismos Garantes de los derechos de familiares y víctimas de Desaparición Forzada en Morelos.

En ésta ley se establece en el TÍTULO V, MECANISMOS GARANTES, en su CAPÍTULO II, sobre el MECANISMO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS, señala con toda claridad en su “Artículo 22.- Tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la Atención de Víctimas y Familiares de las Personas Desaparecidas. Todas las medidas que lleve a cabo el Estado deberán ser realizadas sin discriminación alguna. Por ello se considerará el idioma, la edad, el entorno psicosocial, la preferencia sexual, si pertenece a un determinado grupo étnico, o cualquier otra situación o condición para que se pueda acceder a la Justicia. Artículo 23.- El Mecanismo estará integrado por un Comité Consultivo, quedando de la siguiente manera su conformación: a) Un representante de la Secretaría de Gobierno, con poder de toma de decisión, quien la Presidirá; b) Dos representantes de la Comisión, con poder de toma de decisión; c) Un representante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, con poder de toma de decisión; d) Un representante del Sistema DIF Morelos, con poder de toma de decisión; e) Un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, quien coordinará el Mecanismo, con poder de toma de decisión; y f) Dos personas en representación de las organizaciones de la sociedad civil encargadas del seguimiento de los casos de personas desaparecidas. La función de las personas integrantes del Comité Consultivo será de carácter honorífico y todas contarán con derecho a voz y voto.” Urgimos a la Secretará de Gobierno a que emita la convocatoria de manera inmediata.

Aunque en recientes declaraciones el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Roberto Cabrera Alfaro, anunció que en los próximos días se echará a andar el Sistema Nacional de Búsqueda, un mecanismo interinstitucional, cuyo objetivo es conjuntar los esfuerzos y las políticas públicas en esa materia. Este Sistema deberá diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre los órdenes de Gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas. En 25 entidades, incluyendo Morelos, no existe una comisión local de búsqueda de personas, y en 11 no se cuenta con un organismo de atención a víctimas. El problema de las desapariciones en México es algo que no se ha podido detener, mientras el número de víctimas continúa en aumento. Las familias de las personas desaparecidas tienen el derecho de participar en la elaboración de protocolos de búsqueda y ser tomados en cuenta a la hora de la definición de las acciones a llevar a cabo, como lo establecen los mecanismos garantes establecidos en la LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE Morelos, misma que se puede consultar en http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LDESFORZADAMO.pdf

Es por ello que desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, condenamos la tardanza en la instalación del sistema y solicitamos que de inmediato se emitan las convocatorias correspondientes para crear el MECANISMO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS.

Por otra parte, hemos enviado un documento solicitando al Ejecutivo Estatal una mesa de trabajo para abordar las medidas contra el feminicidio, ya que desde el 10 de agosto de 2015, se emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en 8 Municipios del Estado de Morelos. La AVG ha sido una aportación desde el Movimiento Feminista y de Defensa de los Derechos Humanos que se inscribe en la lucha progresiva e integral de éstos derechos. Y en el caso concreto de la Declaratoria de la AVG en Morelos, la CIDHM fuimos la organización peticionaria. Por ello es que revisamos puntualmente todas y cada una de las acciones y medidas decretadas y las contrastamos con datos concretos, para tener un diagnóstico preciso sobre lo que se ha hecho y lo que falta por hacer para garantizar que no haya un solo feminicidio impune. Es fundamental ir a las causas de las violencias, por lo que se requiere el compromiso y la dedicación de todos los sectores de la sociedad, para que se logre erradicar la simulación, las omisiones y complicidades que perpetúan la violencia institucional. No permitir que sigan ocurriendo muertes violentas es parte de la lucha por construir una sociedad más justa. Por eso consideramos que si no se toman medidas a la altura de la situación de gravedad, en lugar de disminuir los hechos violentos tenderán a incrementarse. Es obligación del Estado tomar medidas para erradicar la violencia feminicida y responsabilidad de la sociedad  actuar organizadamente para exigir el cumplimiento de los derechos. Por ello, el nuevo Gobierno que entró en funciones a partir del primero de octubre del 2018, debe tomar las medidas para atender la AVG y que no haya pretexto de desconocimiento alguno para asumir desde el primer día las tareas y actividades que les corresponde, pues se requiere un cambio profundo en las políticas públicas que garanticen los Derechos Humanos de todas las Mujeres, pues es importante señalar que la AVG continúa vigente en Morelos hasta cumplir al 100% todas y cada una de las recomendaciones emitidas por el Decreto de creación de la AVG el 10 de agosto de 2015.

Es necesario mantener y reforzar la lucha porque no haya ni un feminicidio y ni una persona desaparecida más en Morelos.

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