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La transición gubernamental y la Alerta de Violencia de Género contra el feminicidio.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y feministas solicitantes de las Alertas de Violencia de Género en diversos estados de la república mexicana, estamos solicitando a los gobiernos, saliente de Peña Nieto y entrante de López Obrador, que prioricen en sus agendas de entrega recepción los casos de feminicidio y las medidas decretadas para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por tal motivo, hemos dirigido oficios a ambos mandatarios, en funciones y virtualmente electo, para que reciban en sus oficinas a integrantes de organizaciones el próximo lunes 6 de agosto, para hacer entrega de documentos e informes sobre éste grave flagelo que priva de la vida a miles de mujeres y lastima severamente al conjunto de la sociedad.

Nos dirigimos al actual mandatario del país porque tiene que asumir su responsabilidad hasta el último día de su mandato y al Presidente virtualmente electo para el período 2018-2024 en nuestro país, para solicitarle una reunión de trabajo en donde podamos hacer de su conocimiento  y de su equipo de gobierno nuestros planteamientos y propuestas sobre la entrega recepción de gobierno sobre los temas vinculados a los derechos de las mujeres y la violencia feminicida que se padecen ante omisiones, simulación, negligencia o irresponsabilidad en la aplicación de las medidas decretadas por la CONAVIM.

El año pasado 2,212 mujeres privadas de la vida de forma violenta y de estos casos 1,831 se consideran feminicidios; los otros 381, asesinatos violentos. Si cada día mueren violentamente 7 mujeres, víctimas de la violencia feminicida, es fundamental tomar todas las medidas extraordinarias como las establecidas en los decretos de Alerta de Violencia de Género, para atender, sancionar y erradicar el feminicidio en nuestro país.

En el recuento histórico en Morelos del año 2000 al 2018 fueron 861 casos de feminicidio, la inmensa mayoría impunes, a pesar de que existe la Alerta de Violencia de Género en 8 municipios de Morelos.

El procedimiento de Alerta de Género es un buen mecanismo para examinar de cerca al estado y detectar el procedimiento o la instancia donde se está reproduciendo la violencia feminicida, y determinar las medidas a subsanar.  Sin embargo, es necesario que las organizaciones solicitantes del mecanismo, estén incluidas en todo el proceso, con voz y voto.

En el municipio de Torreón hay varios feminicidas libres, por un mal trabajo al integrar las carpetas de investigación.  Aborto, por esta causal, Coahuila es el segundo lugar en embarazo de niñas y adolescentes. La fiscalía especializada en el delito de desaparición de personas no tiene los recursos para investigar las desapariciones, a pesar de que este delito tiene más prevalencia que el feminicidio en este municipio.

En el estado de Michoacán se decretó la AVGM en el 2016 en 14 municipios siendo el mayor número de ellos a nivel nacional; a la fecha han asesinado 400 mujeres, un promedio de 13 mujeres por mes, ni la CONAVIM, INMUJERES y Gobierno del estado han destinado recurso alguno para hacer efectiva la prevención, atención, sanción y erradicación de la misma.

Consideramos que el próximo gobierno debe atender de manera integral la defensa de los derechos de las mujeres y ponga un alto a los feminicidios que de manera creciente se han presentado en nuestro país, ante los altos niveles de impunidad y falta de medidas para atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida.

Por lo anterior, solicitamos al Presidente Virtualmente Electo, Andrés Manuel López Obrador, que se incluya en su agenda de trabajo una reunión para el día 6 de agosto de 2018, en donde podamos expresarle directamente nuestras propuestas y entregar materiales y documentos sobre feminicidio y la situación de las medidas de la Alerta de Violencia de Género.

Atentamente.

Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Verónica Cruz Sánchez, Directora del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro AC peticionaria de la AVGM en el estado de Guanajuato, Zacatecas y Coahuila,

 

Lucero Circe López Riofrio, Directora de Humanas sin Violencia, A.C. solicitante de la AVGM Michoacán

 

Red de Mujeres de la Laguna, Torreón Coahuila. Solicitantes de la AVGM Torreón

 

Merixtell Calderón, Directora de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos AC, y solicitante de la AVG en el estado de Baja California.

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INFORME SOMBRA enviado a la CEDAW ESTADO DE MORELOS

Del 2 al 6 de julio se llevarán a cabo sesiones de trabajo en la Comisión para la Eliminación de la Discriminación y la Violencia contra las Mujeres (CEDAW) en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, donde una delegación presentará un Informe Sombra sobre México, en el que está incluido un capítulo sobre el Estado de Morelos elaborado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Incluimos a continuación un resumen del mismo.

  1. Recomendaciones de la CEDAW a México 2012[1]- Estrategia de seguridad pública, debida diligencia, capacitación y datos estadísticos de violencia contra las mujeres.

VIOLENCIA DE GÉNERO

  El Comité exhorta al Estado parte a:

Revisar su estrategia de seguridad pública para la lucha contra la delincuencia organizada a fin de adaptarla a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluida la Convención, y poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia en el país, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y las muchachas

Adoptar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió el acto de violencia, que incluya información sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos.

Diseñar mecanismos de articulación entre las distintas Fiscalías que atienden a mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de registrar adecuadamente los tipos de violencia que éstas sufren, pero sobre todo que garanticen la debida diligencia en la prevención e investigación de los casos de feminicidio y otros tipos de violencia contra las mujeres. Los indicadores de cumplimiento serán: i) el diseño de un programa de articulación; ii) la implementación de dicho programa y iii) la evaluación de sus resultados.

RESPUESTA

 

  1. a)                  b)  c) Si bien es cierto que en el Estado de Morelos se han interpuesto iniciativas legislativas en favor de los Derechos de las Mujeres, también es cierto que sobre diversas disposiciones existen controversias presentadas por el Legislativo en contra del Congreso Local, que están en espera de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se mantiene la contradicción entre el artículo 130 del Código Penal y el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que permite la impunidad en casos de feminicidio.

“Artículo 130. Cuando el agente actúe en estado de emoción violenta, el juzgador podrá reducir hasta en una cuarta parte la sanción aplicable a las lesiones o al homicidio. Existe emoción violenta cuando en virtud de las circunstancias en que ocurre el delito y de las propias del agente, se halla considerablemente reducida la culpabilidad de éste, sin que exista inimputabilidad plena o imputabilidad disminuida.”

“Artículo 21. Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal.”

  1. d) La Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de Morelos ha servido como un mecanismo de observancia general (federal, estatal y municipal) para supervisar la aplicación y cumplimiento de las leyes en favor de las Mujeres.Sin embargo, la declaratoria sólo se emitió para 8 de 33 Municipios del Estado, no obstante que se solicitó para todo el territorio morelense. Además, que ha sido la CIDHM la única dependencia que ha estado emitiendo informes de seguimiento para verificar el cumplimiento de la norma, mientras que el gobierno federal denota su ausencia. Pues al no haber un protocolo de actuación para la AVG, la omisión se hace presente.

  1. e) En cuanto al proceso sancionador para las autoridades se menciona queactualmente se encuentran en investigación 4 servidores públicos, sin embargo todavía no existe sanción alguna puesto que no ha finalizado el proceso. Cabe destacar que no se ha señalado los plazos del proceso sancionador, por lo que desconocemos la fecha de término.

 VG/SV/411/2016-09 derivada de la carpeta de investigación UEHMYF/ZM/044/16

 VG/SV/048/2017-02 derivada de la carpeta de investigación YA/UIDD/B/202/2017

 VG/SV/022/2017-02 derivada de la carpeta de investigación CT-UIDD-C/1825/2016, CT-UIDD-A/1517/2015, YA-UIDD/B/506/2016 (DILACIÓN)

 VG/SV/024/2017-01 derivada de la carpeta de investigación JO/UEDD/866/2016 y JO/UEDF/1886/2016 (DILACIÓN) […]”

 

OBSTÁCULOS

La aprobación misma de la Ley de Seguridad Interior violatoria a los Derechos Humanos. Esto es resultado de que la Ley fuera aprobada de una manera precipitada y sin la participación adecuada Organizaciones de la Sociedad Civil Defensoras de Derechos Humanos, Organismos Públicos de Derechos Humanos y Organismos Internacionales garantes de los mismos.

-La burocracia dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Los requisitos para acceder a los apoyos son muchos y los procedimientos para evaluar los casos son bastante tardados y poco transparentes.

RECOMENDACIONES

  1. a)Abrogación de la Ley de Seguridad Interior.

-Adoptar todas las medidas que sean necesarias, por parte de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia del Estado de Morelos, para garantizar que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y en un plazo razonable, los casos de feminicidio, adoptando una perspectiva de género y de derechos humanos y con ello, garantizar a las mujeres víctimas y a sus familiares el acceso a la justicia y a la reparación integral.

 

Recomendaciones a México 2012[2] -Legislación

El Comité insta a las autoridades federales del Estado parte a:

  1. a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar, en particular mediante una coordinación efectiva, la armonización coherente y consecuente de la legislación pertinente en todos los planos con las reformas de la Constitución en materia de derechos humanos (2011) y del sistema de justicia penal (2008); (página 4)

 

OBSTÁCULOS

-La intervención de diversas iglesias en las decisiones de las y los legisladores locales para que se opongan al avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Así como la falta de una revisión exhaustiva del Código Penal del Estado de Morelos en razón de homologarlo en función de la Leyes Locales y Nacionales en favor de los Derechos de las Mujeres.

RECOMENDACIONES

  1. b) c) Solicitar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal y al Congreso del Estado de Morelos para que se revise y analice exhaustivamente la Legislación Estatal existente relacionada con los Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas para detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos.
  2. d)Crear un Protocolo de Actuación de la AVG que establezca las responsabilidades de cada nivel y orden de gobierno; las tareas de cada dependencia; un Mecanismo de Seguimiento y Vigilancia del Cumplimiento de las Medidas de la AVG; la Participación de las Organizaciones Peticionarias; Establecer Tiempos de Cumplimiento para las Medidas; un Procesos Sancionador para las Autoridades que no las Apliquen de Manera Urgente y/o hagan procesos dilatorios o de simulación; un procedimiento de revisión, de quejas y denuncias; y establecer la erradicación de la violencia feminicida como criterio único de cumplimiento.
  3. e)Se deberán establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en violación al orden jurídico aplicable en materia de violencia de género. El Estado de Morelos deberá dar continuidad a los procesos iniciados previamente por posibles omisiones de servidores públicos en la integración de carpetas de investigación en casos de feminicidios. Toda esta información deberá estar publicada en las páginas de internet oficiales del Estado.

 

Recomendaciones a México 2012[3]- Banco Nacional de datos y AVGM.

El Comité exhorta al Estado parte a:

  1. a) Dar prioridad a la plena aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras cosas ejecutando completamente el Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y activando el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, con la participación de los 32 estados federales;

OBSTÁCULOS

  1. a)-La falta de voluntad política para dar transparencia en la información de casos de violencia contra las mujeres y en especial, de los feminicidios.

-Opacidad en la utilización de los recursos públicos para atender la AVG.

  1. b)-La violencia institucional es uno de los principales obstáculos.

El no cumplimiento de las Medidas establecidas en la Declaratoria de la AVG y de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo.

RECOMENDACIONES

  1. a)Solicitar lo siguiente: i) el diseño del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres como una base integral y única, conforme a la Ley local de Acceso; ii) la sistematización y actualización de la información por parte de las instancias responsables; iii) la interconexión de los sistemas de información de las instituciones responsables de alimentar la base de datos, iv) elaborar y publicar reportes sobre la administración de la base de datos y alimentación del BANAVIM, y v) la publicación de información estadística sobre la violencia contra las mujeres en la entidad a partir de los datos incorporados al Banco Estatal. El objetivo de dicha base de datos será proveer al Estado de Morelos y a la sociedad en su conjunto, información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad, sus patrones y características, a fin de diseñar políticas públicas a nivel estatal y municipal para prevenirla, atenderla y erradicarla.

 

Recomendaciones a México 2012[4]- Feminicidio, desaparición forzada, investigaciones, centros de justicia, refugios, NOM-046, Campo Algodonero, acceso a la justicia.   

El Comité recomienda al Estado parte:

  1. a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la codificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales; acelerar su codificación en esos códigos penales pendientes; normalizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país; e informar sin demora a las familias de las víctimas;

OBSTÁCULOS

 

  1. a)-La falta de voluntad política para dar transparencia en la información de casos de violencia sexual y los diferentes tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres.
  2. b)f)   g)-La violencia institucional es uno de los principales obstáculos.

“Artículo 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.” (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia)

-El no cumplimiento de las Medidas establecidas en la Declaratoria de la AVG y de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo.

RECOMENDACIONES

  1. a)Se requiere armonizar el delito de feminicidio con la entrada en vigor del Código Nacional Penal para evitar contradicciones, y actualizar el Protocolo de Investigación del Feminicidio de la Fiscalía, así como capacitar a todo el personal de la Fiscalía General para el adecuado cumplimiento del mencionado Protocolo.
  2. b)El Cumplimiento al 100% de todas las Medidas establecidas en la Declaratoria de la AVG y de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo.

-Crear un Protocolo de entrega/recepción de la información correspondiente a la AVG para que en los cambios de poderes y administraciones de la Federación, el Estado y los Municipios, se garantice la continuidad en las acciones, planes y programas emprendidos a partir de la AVG.

[1] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

[2] Observaciones finales del Comité para la Eliminación sobre todas las formas de Discriminación contra la mujer.http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

[3] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

[4] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

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Después de 16 años, histórica condena por tortura sexual contra militares en México

Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., saludamos la importante condena histórica por tortura sexual cometida por militares contra Valentina Rosendo Cantú, mujer indígena Me’phaa. 

 El 1° de junio del 2018, la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitió una sentencia condenatoria contra los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca, por los delitos de violación y de tortura, derivados de los hechos ocurridos en 2002 contra Valentina Rosendo Cantú. Esta sentencia emerge tras 16 años de lucha de Valentina para que su voz fuera escuchada y valorada en un tribunal civil.

En dicha resolución, el Juzgado impuso a los imputados una pena de 19 años, cinco meses y un día de prisión, condenándolos además al pago de la reparación del daño a favor de Valentina Rosendo Cantú. En la sentencia se tiene por probado que los militares cometieron tortura sexual contra Valentina, quien en ese entonces era menor de edad. Para ello, el Juzgado reconoce el testimonio de la víctima como elemento probatorio fundamental, y señala que los delitos de esta naturaleza ocurren sin que haya posibilidad de acceder a testigos.

La resolución también se refiere a la tortura sexual como un acto de discriminación agravada e interseccional. Al respecto, en la sentencia se toma en cuenta “la desigualdad estructural en la que se encontraba al ser indígena, lo que la hizo susceptible de abuso y violación a sus derechos, que sumada a la circunstancia de ser mujer menor edad, también evidenció una asimetría de poder, pues sus agresores fueron militares con los cargos de cabo y soldado de infantería, respectivamente, ante una particular mujer indígena y menor de edad, mostrando una clara ventaja en la preparación y la instrumentación al portar armas de fuego”.

“Los militares, al ostentarse como un grupo armado, actúan como si no hubiera leyes que los obliguen a respetar los derechos de las personas. Por el hecho de que Valentina, una menor de edad, se viera obligada a lavar su ropa en un arroyo, para los militares fue una oportunidad para mancillarla y causarle un grave daño que ha trastocado su proyecto de vida como mujer, como esposa y como madre. Se infligió un daño a su dignidad, a la honra familiar y a la misma comunidad porque los elementos castrenses usaron su fuerza para causar terror y romper el tejido comunitaria”, afirmó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

La investigación por los hechos se inició ante la justicia militar en México, en donde la denuncia interpuesta no prosperó. Por ello, luego de un largo proceso ante el sistema interamericano, el 31 de agosto del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia contra del Estado mexicano.

Este órgano ordenó a México 16 medidas de reparación, dentro de las cuales se señaló investigar los hechos en el fuero civil y proceder a identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables, para así garantizar el acceso a la justicia de Valentina Rosendo Cantú.

Gracias a esta y otras sentencias dictadas por la Corte IDH, en el 2014 México modificó parcialmente el Código de Justicia Militar, estableciéndose que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra personas civiles se investigarían en tribunales civiles. Pese al avance, la reforma sigue siendo insuficiente.

“Esta es la primera vez que México cumple con su obligación de investigar, juzgar y sancionar, a militares responsables de violaciones de derechos humanos a raíz de una sentencia del tribunal interamericano. Por ello, esta sentencia es un hito y una prueba de que la impunidad se puede romper a pesar de no existir voluntad, porque Valentina persistió, las organizaciones continuaron acompañándola y hubo una jueza independiente”, destacó Marcia Aguiluz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (CEJIL).

“Se me llena de emoción el corazón porque soy una mujer indígena que habla Me’phaa y ganó mi palabra, ganó la verdad, porque desde el principio el gobierno no me creyó y ahora triunfó mi búsqueda de justicia; siento que hay una esperanza. Por todo este camino que he pasado quiero agradecer a mis abogados y a todas las demás organizaciones que me han acompañado porque si ellos no me hubieran creído ni apoyado, no hubiera llegado hasta aquí”, expresó Valentina Rosendo Cantú acerca de la sentencia.

CEJIL, Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acompañaron a Valentina durante el proceso ante los órganos interamericanos. Para las organizaciones, este caso emblemático demuestra las graves consecuencias que genera la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana y debe ser una llamada más de atención para que el Estado cambie su política de seguridad pública.

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El feminicidio y la violencia institucional.

Respuesta a Adriana Mújica, ex Directora del IMEM.

Hemos realizado una infografía para señalar las responsabilidades institucionales en Morelos ante 18 años de feminicidio ocurridos durante los gobiernos de Sergio Estrada Cajigal, Marco Adame y Graco Ramírez, los dos primeros del PAN y el tercero del PRD. El dato que presentamos es una muestra del horror feminicida: 851 casos ocurridos entre el año 2000 y enero de 2018. Incluimos el dato oficial de 1455 muertes violentas de mujeres ocurridas del 2000 al 2016. Decimos que: “ninguno de los tres Gobernadores reconoció la problemática del feminicidio en la Entidad, ni realizó acciones para investigar, prevenir, atender, sancionar y erradicar los feminicidios. Hasta que el 10 de agosto de 2015 se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos, y se obligó al gobierno a emprender acciones emergentes”.

Está infografía está sustentada en amplios y documentados informes que hemos realizado desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos y que se han dado a conocer a la opinión pública y a todas las autoridades federales, estatales y municipales, mismos que se encuentran disponibles en la página http://cidhmorelos.com.mx/

En ésta infografía hacemos el recuento del papel del Instituto de las Mujeres del Estado de Morelos (IMEM) sobre el feminicidio y señalamos lo que se ha dejado de hacer por parte de sus 8 directoras.

En replica, se ha publicado una respuesta de Adriana Mújica Murías, quien fue directora del IMEM del 2 de octubre de 2012 al mes de abril de 2014.  Ella señala que nuestra organización miente y exige una disculpa.

Al respecto, la CIDHM mantienen todo lo dicho en la infografía toda vez que nuestra información está debidamente respaldada en notas tomadas de medios de comunicación impresos y audiovisuales, así como en documentos oficiales. Y además señalamos que:

1.- Al menos durante la Administración de Adriana Mujica como directora del IMEM, se procedió a votar en contra de cuatro solicitudes de Alerta de Violencia de Género promovidas por los siguientes Estados: Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y Chiapas.

Para mayor información consultar los siguientes links:

Piden a Segob sesionar de nuevo para declarar AVG en Edomex

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/65209

Han sido rechazadas todas las solicitudes de alerta por feminicidios en 4 estados

http://www.jornada.unam.mx/2013/04/29/sociedad/043n1soc

¿Cuántos feminicidios son suficientes para una alerta de género?

https://www.animalpolitico.com/2014/05/cuantos-asesinatos-de-mujeres-son-suficientes-para-aplicar-una-alerta-de-genero/

Alerta de violencia de género, a expensas de la voluntad gubernamental

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2014/08/20/alerta-de-violencia-de-genero-expensas-de-la-voluntad-gubernamental/

Alerta de Violencia de Género: letra muerta

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2013/09/04/alerta-de-violencia-de-genero-letra-muerta/

Declaraciones de alerta por feminicidios, fallidas

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2013/04/01/declaraciones-de-alerta-por-feminicidios-fallidas/

 

2.- Asimismo, como directora del IMEM, se manifestó públicamente en contra de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Morelos.

Para mayor información consultar los siguientes links:

“La funcionaria no consideró necesario declarar alerta de género, pues la actual administración está reconociendo el problema para aplicar estrategias de prevención”. http://www.jornada.unam.mx/2012/11/08/estados/038n1est

La directora del IMEM en contra de la “alerta de género”

https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/45185-la-directora-del-imem-en-contra-de-la-%E2%80%9Calerta-de-g%C3%A9nero%E2%80%9D.html

IMEM sufre tercer cambio de titular en gestión de Graco

http://sinlineadiario.com.mx/archivos/17375

Finalmente, recordemos que en México son vigentes los Tratados y Convenciones internacionales en materia de los derechos humanos de las mujeres y  la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece medidas para atender, prevenir, investigar, sancionar y erradicar el Feminicidio y cualquier otro tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, por lo que es obligación de las y los gobernantes, funcionarios y servidores públicos tomar todas las medidas pertinentes a fin de que esto se cumpla en la realidad.

Asimismo, reiteramos nuestro compromiso social de dar seguimiento a los casos de feminicidios en la entidad de manera seria y metodológica, tal como dan cuenta nuestros múltiples y amplios informes sobre el tema, en favor de la dignidad y la vida de las mujeres.

Atentamente

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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