Después de 16 años, histórica condena por tortura sexual contra militares en México

Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., saludamos la importante condena histórica por tortura sexual cometida por militares contra Valentina Rosendo Cantú, mujer indígena Me’phaa. 

 El 1° de junio del 2018, la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitió una sentencia condenatoria contra los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca, por los delitos de violación y de tortura, derivados de los hechos ocurridos en 2002 contra Valentina Rosendo Cantú. Esta sentencia emerge tras 16 años de lucha de Valentina para que su voz fuera escuchada y valorada en un tribunal civil.

En dicha resolución, el Juzgado impuso a los imputados una pena de 19 años, cinco meses y un día de prisión, condenándolos además al pago de la reparación del daño a favor de Valentina Rosendo Cantú. En la sentencia se tiene por probado que los militares cometieron tortura sexual contra Valentina, quien en ese entonces era menor de edad. Para ello, el Juzgado reconoce el testimonio de la víctima como elemento probatorio fundamental, y señala que los delitos de esta naturaleza ocurren sin que haya posibilidad de acceder a testigos.

La resolución también se refiere a la tortura sexual como un acto de discriminación agravada e interseccional. Al respecto, en la sentencia se toma en cuenta “la desigualdad estructural en la que se encontraba al ser indígena, lo que la hizo susceptible de abuso y violación a sus derechos, que sumada a la circunstancia de ser mujer menor edad, también evidenció una asimetría de poder, pues sus agresores fueron militares con los cargos de cabo y soldado de infantería, respectivamente, ante una particular mujer indígena y menor de edad, mostrando una clara ventaja en la preparación y la instrumentación al portar armas de fuego”.

“Los militares, al ostentarse como un grupo armado, actúan como si no hubiera leyes que los obliguen a respetar los derechos de las personas. Por el hecho de que Valentina, una menor de edad, se viera obligada a lavar su ropa en un arroyo, para los militares fue una oportunidad para mancillarla y causarle un grave daño que ha trastocado su proyecto de vida como mujer, como esposa y como madre. Se infligió un daño a su dignidad, a la honra familiar y a la misma comunidad porque los elementos castrenses usaron su fuerza para causar terror y romper el tejido comunitaria”, afirmó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

La investigación por los hechos se inició ante la justicia militar en México, en donde la denuncia interpuesta no prosperó. Por ello, luego de un largo proceso ante el sistema interamericano, el 31 de agosto del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia contra del Estado mexicano.

Este órgano ordenó a México 16 medidas de reparación, dentro de las cuales se señaló investigar los hechos en el fuero civil y proceder a identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables, para así garantizar el acceso a la justicia de Valentina Rosendo Cantú.

Gracias a esta y otras sentencias dictadas por la Corte IDH, en el 2014 México modificó parcialmente el Código de Justicia Militar, estableciéndose que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra personas civiles se investigarían en tribunales civiles. Pese al avance, la reforma sigue siendo insuficiente.

“Esta es la primera vez que México cumple con su obligación de investigar, juzgar y sancionar, a militares responsables de violaciones de derechos humanos a raíz de una sentencia del tribunal interamericano. Por ello, esta sentencia es un hito y una prueba de que la impunidad se puede romper a pesar de no existir voluntad, porque Valentina persistió, las organizaciones continuaron acompañándola y hubo una jueza independiente”, destacó Marcia Aguiluz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (CEJIL).

“Se me llena de emoción el corazón porque soy una mujer indígena que habla Me’phaa y ganó mi palabra, ganó la verdad, porque desde el principio el gobierno no me creyó y ahora triunfó mi búsqueda de justicia; siento que hay una esperanza. Por todo este camino que he pasado quiero agradecer a mis abogados y a todas las demás organizaciones que me han acompañado porque si ellos no me hubieran creído ni apoyado, no hubiera llegado hasta aquí”, expresó Valentina Rosendo Cantú acerca de la sentencia.

CEJIL, Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acompañaron a Valentina durante el proceso ante los órganos interamericanos. Para las organizaciones, este caso emblemático demuestra las graves consecuencias que genera la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana y debe ser una llamada más de atención para que el Estado cambie su política de seguridad pública.

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El feminicidio y la violencia institucional.

Respuesta a Adriana Mújica, ex Directora del IMEM.

Hemos realizado una infografía para señalar las responsabilidades institucionales en Morelos ante 18 años de feminicidio ocurridos durante los gobiernos de Sergio Estrada Cajigal, Marco Adame y Graco Ramírez, los dos primeros del PAN y el tercero del PRD. El dato que presentamos es una muestra del horror feminicida: 851 casos ocurridos entre el año 2000 y enero de 2018. Incluimos el dato oficial de 1455 muertes violentas de mujeres ocurridas del 2000 al 2016. Decimos que: “ninguno de los tres Gobernadores reconoció la problemática del feminicidio en la Entidad, ni realizó acciones para investigar, prevenir, atender, sancionar y erradicar los feminicidios. Hasta que el 10 de agosto de 2015 se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos, y se obligó al gobierno a emprender acciones emergentes”.

Está infografía está sustentada en amplios y documentados informes que hemos realizado desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos y que se han dado a conocer a la opinión pública y a todas las autoridades federales, estatales y municipales, mismos que se encuentran disponibles en la página http://cidhmorelos.com.mx/

En ésta infografía hacemos el recuento del papel del Instituto de las Mujeres del Estado de Morelos (IMEM) sobre el feminicidio y señalamos lo que se ha dejado de hacer por parte de sus 8 directoras.

En replica, se ha publicado una respuesta de Adriana Mújica Murías, quien fue directora del IMEM del 2 de octubre de 2012 al mes de abril de 2014.  Ella señala que nuestra organización miente y exige una disculpa.

Al respecto, la CIDHM mantienen todo lo dicho en la infografía toda vez que nuestra información está debidamente respaldada en notas tomadas de medios de comunicación impresos y audiovisuales, así como en documentos oficiales. Y además señalamos que:

1.- Al menos durante la Administración de Adriana Mujica como directora del IMEM, se procedió a votar en contra de cuatro solicitudes de Alerta de Violencia de Género promovidas por los siguientes Estados: Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y Chiapas.

Para mayor información consultar los siguientes links:

Piden a Segob sesionar de nuevo para declarar AVG en Edomex

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/65209

Han sido rechazadas todas las solicitudes de alerta por feminicidios en 4 estados

http://www.jornada.unam.mx/2013/04/29/sociedad/043n1soc

¿Cuántos feminicidios son suficientes para una alerta de género?

https://www.animalpolitico.com/2014/05/cuantos-asesinatos-de-mujeres-son-suficientes-para-aplicar-una-alerta-de-genero/

Alerta de violencia de género, a expensas de la voluntad gubernamental

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2014/08/20/alerta-de-violencia-de-genero-expensas-de-la-voluntad-gubernamental/

Alerta de Violencia de Género: letra muerta

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2013/09/04/alerta-de-violencia-de-genero-letra-muerta/

Declaraciones de alerta por feminicidios, fallidas

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2013/04/01/declaraciones-de-alerta-por-feminicidios-fallidas/

 

2.- Asimismo, como directora del IMEM, se manifestó públicamente en contra de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Morelos.

Para mayor información consultar los siguientes links:

“La funcionaria no consideró necesario declarar alerta de género, pues la actual administración está reconociendo el problema para aplicar estrategias de prevención”. http://www.jornada.unam.mx/2012/11/08/estados/038n1est

La directora del IMEM en contra de la “alerta de género”

https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/45185-la-directora-del-imem-en-contra-de-la-%E2%80%9Calerta-de-g%C3%A9nero%E2%80%9D.html

IMEM sufre tercer cambio de titular en gestión de Graco

http://sinlineadiario.com.mx/archivos/17375

Finalmente, recordemos que en México son vigentes los Tratados y Convenciones internacionales en materia de los derechos humanos de las mujeres y  la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece medidas para atender, prevenir, investigar, sancionar y erradicar el Feminicidio y cualquier otro tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, por lo que es obligación de las y los gobernantes, funcionarios y servidores públicos tomar todas las medidas pertinentes a fin de que esto se cumpla en la realidad.

Asimismo, reiteramos nuestro compromiso social de dar seguimiento a los casos de feminicidios en la entidad de manera seria y metodológica, tal como dan cuenta nuestros múltiples y amplios informes sobre el tema, en favor de la dignidad y la vida de las mujeres.

Atentamente

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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    ¿Quién es quién en los derechos humanos?

   Infografía que muestra una parte de la realidad que los gobernantes tratan de ocultar.

Datos que indican como los derechos humanos de las mujeres no son garantizados.

Los gobernantes están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes  en beneficio de la población y asumen un cargo público para garantizar los derechos humanos, sin embargo, lejos de ello, además de incumplir el mandato constitucional y de los tratados internacionales, se niegan a rendir cuentas de su actuación al frente de las instituciones.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia establece medidas para atender, prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio mediante la Alerta de Violencia de Género, por lo que es obligación de las y los gobernantes y funcionarios y servidores públicos tomar todas las medidas pertinentes a fin de que esto se cumpla en la realidad.

En Morelos han pasado gobiernos de distintos partidos y ninguno de ellos asume a cabalidad la tarea de garantizar los derechos de las mujeres, como lo demostramos con datos que damos a conocer mediante infografías que difundiremos por todos los medios posibles, para que la sociedad asuma críticamente su opinión a la hora de que dichos gobernantes quieran ocupar otros cargos sin haber cumplido en su momento con sus tareas y responsabilidades.

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Exigimos reinstalación de trabajadoras despedidas de Rintex.

 

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética elevamos nuestra voz para protestar por que se han incrementado los despidos arbitrarios de trabajadoras de la confección en la empresa Rintex, por lo que exigimos su reinstalación y respeto a su derecho a la organización sindical independiente.

Después de los despidos injustificados  del lunes 21 de mayo de las 5 compañeras y un compañero se ha intensificado la represión laboral. Los despidos injustificados no paran dentro de la Planta RINTEX. El día 29 de Mayo fueron despedidas más de 35 personas. Las demás compañeras que se quedaron a laborar y las que estaban despedidas no les permitieron salir, ni entrar al área de Confección. Cerraron las puertas hasta las 6:30 porque tenían que terminar la producción.

El día lunes 21 de mayo siendo las 11:00 am las y los trabajadores fueron llamados uno por uno, con el señor Marco Tulio, encargado de recursos humanos y el Abogado Eduardo Vasabe, para decirles que estaban despedidos por falta de trabajo. Ante lo anterior, el trabajador y las trabajadoras despedidas fueron a comunicar a sus compañeras lo ocurrido, llegando rápidamente el señor Marcos Erazo jefe de seguridad de la empresa,  y personal de vigilancia y sacaron a las compañeras de la  empresa de con tono de voz agresiva.

A las más de 35 personas despedidas  las mantuvieron todo el tiempo en un lugar del Área de Fumar (como si fuese un lugar de castigo) porque en ningún momento les dejaron mover, de hecho hubo compañeras que pidieron Salir a comprar algo para comer, entre ellas  compañeras embarazadas.  El jefe de seguridad Marcos Erazo no le importó la situación de la compañeras que no habían comido, menos a las embarazadas.

Por lo anterior solicitamos:

Primero: La reinstalación inmediata de las trabajadoras despedidas:, Olga Lidia Catalán Maldonado, Claudia Minerva Fierro, María Guadalupe Leizama Enedina Cruz Sánchez  y el trabajador Rogelio Cuevas y los más de 35 despidos masivos del día 29 de Mayo, Así como también solución a los casos de Nohemí Duran García  y Ruth Rodríguez Simón.

Segundo: El cese inmediato de cualquier acto de violencia y acoso contra las y los trabajadores de Rintex.

Tercero: Garantizar los medios efectivos para que las y los trabajadores de Rintex ejerzan de manera libre y segura su derecho de libertad sindical.

Cuarto: Entablar  una mesa de dialogo con los directivos de la Empresa, la Coalición sindical y las y los asesores.

 

Centro de Apoyo al Trabajador, Frente Autentico del Trabajo, Coalición Independiente de Trabajadoras/es de Rintex. Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

31 mayo 2018

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Exigimos justicia por caso de tortura y crimen de Erwin

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética elevamos nuestra voz para protestar por la muerte del joven Erwin, quien fue detenido y golpeado por policías del Mando Único, y a un año de ocurrida la Fiscalía General de Justicia del Estado intenta cerrar el caso, cuando Erwin murió en manos del Mando Único, con más de 30 lesiones en el cuerpo, y la FGJ tardó un año para entregar un dictamen de muerte “natural”.

  • El lunes 4 de junio, se tendrá audiencia para inconformarse ante el dictamen oficial. El 28 de febrero de 2017, cinco policías del Mando Único detuvieron a Erwin en una calle de Cuernavaca, por el supuesto motivo de que el joven de 29 años se parecía a un “ladrón”. Menos de dos horas después, Erwin estaba muerto en un local de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tenía más de 30 lesiones en todo el cuerpo. En la tarde del mismo día, el comisionado de Seguridad en Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, negó en las redes sociales que sus elementos hayan matado a Erwin a golpes. Los policías quienes arrestaron a Erwin fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP), bajo el cargo de homicidio. Sin embargo, durante una audiencia del 3 de marzo de 2017, la juez Nancy Aguilar Tovar ordenó reponer el proceso de imputación contra los policías, debido a la “nula” investigación presentada por los agentes del MP, Jonathan Valladares y Adrián Mújica. Consecuentemente, la juez ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) seguir investigando la causa de muerte de Erwin. Apenas dos semanas después, el Fiscal General del Estado, Javier Pérez Durón, declaró en conferencia de prensa que Erwin había muerto no por golpes, sino por una causa natural: “Una úlcera”, dijo. A pesar de lo anterior, el MP tardó un año para entregar un informe de necropsia, que fue avalado por la FGE. Según dicho informe, Erwin tampoco había muerto por golpes, sino por una nueva causa natural: un “infarto al miocardio”, esta vez. Frente a las inconsistencias de la investigación sobre la muerte de Erwin, se tendrá el próximo lunes 4 de junio una audiencia en el Tribunal de Juicios Orales. En esta audiencia, la familia de Erwin se inconformará ante la decisión de la FGE de no ejercitar acción penal en contra de los cinco policías que detuvieron al joven, por considerar que no hubo homicidio, sino una simple muerte “natural”.

¡Se exige justicia para Erwin!

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

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Valentina Rosendo Cantú: combate a la impunidad militar a partir de una sentencia internacional

Las organizaciones defensoras de derechos humanos de la Región Sur de la REDTDT hemos enviado una carta que transcribimos a continuación:

Causa penal: 62/2013. Ref: Caso Valentina Rosendo Cantú

Iliana Fabricia Contreras Perales

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero

Boulevard Vicente Guerrero no. 125 KM, 274 Fraccionamiento la Cortina Chilpancingo, Gro. CP. 39090. Teléfonos: (747) 4942500 ext.1036 conmutador y fax (747) 4942548

Correo electrónico: 7jdo21cto@correo.cjf.gob.mx

P R E S E N T E.-

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C., con domicilio en Privada de las Flores 16, colonia San Antón, Cuernavaca, Morelos, somos una organización que surgimos en 1989 para la defensa de los derechos humanos y en este caso de los derechos de las mujeres indígenas.

En ese sentido, nos dirigimos a usted con el debido respeto a fin de expresarle nuestro profundo interés respecto a la resolución que está próxima a emitir relativa a los hechos de violación y tortura sexual cometidas contra la Señora Valentina Rosendo Cantú, en el 2002, desahogados en la causa penal en referencia.

Desde ese año, la señora Rosendo Cantú buscó acceder a la justicia por vía de las instancias de procuración de justicia mexicana; no obstante, en aquel momento este derecho le fue obstaculizado por las instancias civiles locales, federales y militares. Además de ser revictimizantes y no garantizar su atención médica integral, las instancias nacionales consideraron que el fuero competente para conocer y juzgar los hechos era la justicia castrense, lo que impidió que la señora Rosendo Cantú pudiera acceder a la justicia en México y la llevó a dirigirse al máximo tribunal interamericano para ser escuchada.

Durante todo el proceso, la señora Rosendo Cantú y su familia fueron víctimas de amenazas, hostigamientos y agresiones que impactaron tanto a nivel personal como comunitario, obligándola a salir de su comunidad y desplazarse para el resguardo de ella y su hija.

En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia a favor de la señora Rosendo Cantú en agosto del 2010; en dicha resolución, quedó asentado que la señora Rosendo Cantú fue víctima de tortura sexual por parte de elementos de las fuerzas armadas en un contexto caracterizado por la pobreza, discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”[1].

Igualmente, el máximo tribunal regional determinó que se violaron sus derechos a una vida libre de violencia, a no ser torturada, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada, y al debido proceso y las garantías judiciales. Asimismo, determinó que México incumplió su obligación de adecuar el marco jurídico nacional a los parámetros derivados de los tratados internacionales.

El impacto de la perseverancia de Valentina Rosendo por acceder a la justicia es invaluable. La sentencia de la Corte IDH ha sentado precedentes respecto de la calificación de la violación sexual como tortura y ha desarrollado a detalle los estándares para juzgar con perspectiva de género y etnicidad; igualmente se han logrado reformas en materia de Amparo y Justicia Militar.

Sin embargo, como es de su información, Valentina ha esperado más de dieciséis años para acceder a la justicia. Los procesos penales que hoy enfrentan los dos imputados en la causa penal en referencia han sido impulsados por ella misma. Primero buscando que las investigaciones fueran remitidas al fuero ordinario y una vez que fueron consignados ante este Juzgado, participando activamente en el proceso; incluso teniendo que enfrentar un careo procesal frente a uno de los procesados, a más de doce años de los hechos y a pesar de todos los obstáculos y amenazas previamente enfrentados.

Hoy nos encontramos ante una oportunidad histórica. Este es el primer caso de tortura sexual cometida por elementos del Ejército, derivado de una sentencia internacional, a punto de resolverse en el fuero ordinario y bajo un encuadre de los delitos correctos.

En virtud de lo anterior, respetuosamente consideramos que ante su inminente resolución, se tiene la oportunidad de desarrollar los estándares emitidos por la propia Corte IDH sobre cómo juzgar casos similares con perspectiva de género y etnicidad, así como los desarrollados por la SCJN en el expediente Varios 1396/2011 estableciendo un precedente a nivel nacional. Más importante aún, se tiene la oportunidad de garantizar la protección y el acceso a la justicia a una mujer indígena que por más de una década ha sostenido dignamente su testimonio y su denuncia a pesar de los diversos obstáculos y amenazas para acceder a la justicia.

Por otro lado, la resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo Cantú, llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, así como su regulación en un nuevo marco normativo que ha sido criticado por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos.

Por lo anterior, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, respetuosos de la independencia judicial, consideramos que este H. Juzgado tiene la oportunidad de emitir una sentencia acorde a los estándares delimitados por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos de tortura sexual infligida a la señora Rosendo Cantú y que repare el daño que se le ha causado en dieciséis  años de búsqueda de justicia.

Conscientes de que su resolución reflejará su compromiso con la impartición de justicia en México y de sus compromisos internacionales, nos despedimos, no sin antes reiterarle nuestras más distinguidas consideraciones.

Atentamente.

Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Anexos:

[1] Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216 (de aquí en adelante Rosendo Cantú y otra Vs. México), párr. 71.  La presencia del Ejército cumpliendo labores policiales en el estado de Guerrero ha sido un tema controvertido en relación con los derechos y libertades individuales y comunitarias, y ha colocado a la población en una situación de gran vulnerabilidad, afectando a las mujeres de una manera particular. De acuerdo con la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero “[l]as mujeres indígenas siguen padeciendo las consecuencias de una estructura patriarcal ciega a la equidad de género, especialmente en instancias como fuerzas armadas o policiales, donde se les entrena para la defensa, el combate o el ataque a criminales, pero no se les sensibiliza en los derechos humanos de la comunidad y de las mujeres”. En este contexto, entre 1997 y 2004 se presentaron seis denuncias de violaciones sexuales a mujeres indígenas atribuidas a miembros del Ejército en el estado de Guerrero, las cuales fueron conocidas por la jurisdicción militar  sin que conste que en alguno de esos casos se hubiera sancionado a los responsables.

Mayo 2018

Valentina Rosendo Cantú es una mujer indígena Me’phaa, originaria de la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec, en la región de la Montaña en el estado de Guerrero. Valentina es sobreviviente de tortura sexual cometida por elementos del Ejército en el 2002. En agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra del Estado mexicano en la que señaló que había quedado plenamente probado que había sido víctima de graves violaciones de derechos humanos – incluida tortura sexual –  en un contexto marcado por la pobreza, discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”.[1]

No sobra mencionar, que Valentina Rosendo Cantú ha exigido justicia durante dieciséis años de la mano de Inés Fernández Ortega – mujer indígena Me’phaa sobreviviente de tortura sexual – cuyo caso ha sido igualmente resuelto por la Corte IDH y en el que, al igual que en el caso de Valentina, elementos del ejército enfrentan cargos en la jurisdicción ordinaria, la cual aún se encuentra en proceso de integración.

  1. Antecedentes

En el año 2002, Valentina residía en la Comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, Guerrero; tenía apenas 17 años y una hija de 3 meses de edad y no hablaba español. Valentina fue torturada sexualmente en febrero de 2002 por elementos del Ejército – en específico del 41 Batallón de Infantería en Guerrero – quienes llevaban detenido a una persona e interrogaron a Valentina respecto de nombres de personas de la comunidad. Tras ser agredida, Valentina inició un difícil camino, caracterizado por la negligencia, el encubrimiento y la discriminación por parte de las autoridades estatales y federales. En el ámbito de la justicia, a pesar de que denunció los hechos inmediatamente, las investigaciones fueron parciales y poco diligentes. De igual forma, se le negó atención efectiva a servicios integrales de salud, por parte de las instancias estatales en su condición de mujeres víctimas de violencia, lo que a la postre se tradujo en graves afectaciones para su salud física y emocional. Valentina tuvo que enfrentarse a la discriminación que las mujeres víctimas de violencia sexual experimentan, la cual se agravó por su identidad indígena y por ser menor de edad al momento  de denunciar: no contó con servicios de traducción y en todas las ocasiones en las que acudía para exigir justicia se enfrentaba a un proceso de revictimización en virtud de que era constantemente cuestionada por los hechos que describía. Aunado a ello, las autoridades civiles permitieron que las indagatorias abiertas fueran derivadas hacia el fuero militar, donde la falta de independencia e imparcialidad característica de las instancias que lo conforman propició que la impunidad prevaleciera, a pesar de que se impugnara infructuosamente esa decisión a través del juicio de amparo. Además, Valentina al atreverse a denunciar lo ocurrido tuvo significativas implicaciones, enfrentando estigmatización y amenazas derivada de hacer públicos los hechos y los riesgos por alzar la voz contra el Ejército.

  1. Proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y retorno de la competencia al fuero civil

Debido a la falta de avances en la investigación a nivel nacional y dado que ésta se estaba desahogando en un fuero que no era competente o independiente, Valentina decidió llevar su caso a instancias internacionales.[2]

La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó su sentencia en octubre de 2010 en la que determinó que se violaron los derechos en de Valentina Rosendo: a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; y al debido proceso y las garantías judiciales. Asimismo, determinó que México incumplió su obligación de adecuar el marco jurídico nacional a los parámetros derivados de los tratados internacionales.  Como consecuencia, la sentencias contiene 16 medidas de reparación del daño ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a los derechos humanos cometidas en su agravio, de carácter individual, familiar, colectivo, estructural y comunitario.

Desde la emisión de la sentencia la Corte IDH ha emitido 3 resoluciones dentro del proceso de supervisión de cumplimiento en el caso[3]. Los avances en el cumplimiento de algunas reparaciones ordenadas por el Tribunal, son principalmente resultado de la participación activa de Valentina Rosendo Cantú y sus representantes para impulsar el diálogo con el Estado mexicano; ejemplo de ello, son los procesos judiciales en el fuero ordinario contra dos elementos del ejército por los crímenes cometidos en contra la Señora Rosendo, hecho inédito en el país, sobre el que nos referimos a continuación.

III. El camino a la justicia en México a raíz de una sentencia internacional

En su sentencia, la Corte IDH resolvió[4] que el Estado debía conducir las investigaciones de manera eficaz para determinar dentro de un plazo razonable las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias previstas por la ley, respecto de las autoridades involucradas con las violaciones a derechos humanos sufridas por la señora Rosendo Cantú. De la misma forma, la Corte estableció que la investigación debía ser efectuada por la jurisdicción penal ordinaria competente, con la debida perspectiva de género y de diversidad cultural, así como con todas las condiciones de seguridad que posibiliten una amplia participación de las víctimas.

No obstante, el camino para acceder a la justicia en México no fue acucioso, sino que continuó recayendo en la fortaleza de Valentina. Por cerca de dos años después de la emisión de la sentencia, el caso continuó en el fuero militar, a pesar de las múltiples solicitudes formales de la Señora Cantú. Fue hasta el 12 de agosto de 2012, que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) notificó por escrito a Valentina Rosendo que las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometida en su contra por miembros del Ejército Mexicano en el año 2002, habían sido remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR). Después de esta notificación, Valentina y sus representantes colaboraron estrechamente con la PGR para que se consolidara las acusaciones en contra de los perpetradores, incluso teniendo que enfrentarse una vez más a una serie de peritajes y colaborar en inspecciones de la PGR.

Consecuentemente, en octubre de 2013, la PGR, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) consignó ante la Justicia Federal la averiguación previa PGR/FEVIMTRA-C/110/2011 iniciada por los delitos de tortura, violación y abuso de autoridad, cometidos en contra de Valentina Rosendo Cantú, solicitando las respectivas órdenes de aprehensión de dos personas  (un elemento del Ejército en activo y uno fuera del mismo). Tras la consignación y hasta la fecha la causa penal 62/2013 está radicada en el Juzgado Séptimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial, con sede en Chilpancingo, Guerrero.

Entre noviembre diciembre de 2013 los probables responsables fueron aprehendidos y sometidos a procesos. El primer imputado, responsable de los delitos cometidos contra Valentina Rosendo Cantú, fue detenido el 25 de noviembre de 2013 y se dictó auto de formal prisión en su contra el 28 de noviembre de 2013, dentro de la causa penal 62/2013, por lo que permanece recluido en un centro reclusión de Chilpancingo desde esas fechas, dado que ya no se encuentra en activo en el Ejército. Posteriormente, fue aprehendido un segundo imputado en dicha causa, quien por tener calidad de militar en activo fue recluido en la Prisión Militar 1-A, ubicada dentro del Campo Militar 1, ubicado en el Distrito Federal. Precisamente, por encontrarse en dicho recinto, el expediente fue enviado al Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal para que este órgano desahogara el término constitucional y determinara la situación jurídica del acusado. Fue así que el 29 de diciembre de 2013, se dictó auto de formal prisión también en contra de este segundo probable responsable.

Los imputados recurrieron el auto de formal prisión en su contra, a través de un recurso de apelación que se radicó en el toca penal 57/2014, resolviéndose el 10 de marzo de 2014, por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, en Chilpancingo, Guerrero, que confirmó el mismo. Inconformes, ambos procesados interpusieron un amparo indirecto en contra de la confirmación del auto de formal prisión el cual recayó en el Segundo Tribunal Unitario, en Acapulco, Guerrero en el expediente 17/2014.

En diciembre del 2014, el Tribunal Unitario negó el amparo solicitado, por lo que como último recurso contra el auto de formal prisión, los imputados interpusieron un recurso de revisión en contra de las sentencias de amparo el cual fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, radicando en el expediente 223/2014, confirmando la negativa de amparo, el 9 de julio de 2015, quedando con ello agotado el último recurso legal para impugnar el auto de formal prisión en su contra.

Al igual que durante la consolidación de las acusaciones ya durante el proceso judicial, Valentina tuvo que enfrentarse a nuevos procesos revictimizantes, a pesar de que siempre se buscó que Valentina tuviera condiciones de seguridad, dignas y no revictimizantes. Por ejemplo, en abril del 2014, se sostuvo un careo procesal frente a uno de los inculpados; Valentina con fortaleza, sostuvo su testimonio en la diligencia procesal; tal y como lo hizo frente a instancias internacionales.

El valor probatorio del testimonio de Valentina continúa siendo la pieza central del proceso, tal y como lo definió la Corte Interamericana en su sentencia. Así, una vez agotados todos los recursos, el 14 de febrero de 2018 se llevó a cabo la audiencia de vista, en la que la PGR presentó sus conclusiones acusatorias en contra de los dos procesados por los hechos cometidos en contra de Valentina Rosendo Cantú.

Hoy nos encontramos ante una oportunidad histórica. El primer caso de tortura sexual cometida por elementos del Ejército, derivado de una sentencia internacional, está a punto de resolverse en el fuero ordinario y bajo un encuadre de los delitos correctos. La Juez de primera instancia tiene la oportunidad de desarrollar los estándares emitidos por la propia Corte IDH sobre cómo juzgar estos casos con perspectiva de género y etnicidad, estableciendo un precedente a nivel nacional. No sobra mencionar que para Valentina Rosendo, los procesos penales contra los perpetradores son clave para su acceso a la justicia, por lo que no será hasta que se cuente con sentencias firmes que las reparaciones en materia de justicia se considerarán como cumplidas.

La eminente resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo Cantú, llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, así como su regulación en un nuevo marco normativo que ha sido criticado por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos.

Por todo lo anterior, a dieciséis años de los hechos y a ocho años de la emisión de las sentencias de la Corte IDH en los casos de Valentina Rosendo Cantú y de Inés Fernández Ortega, la próxima resolución tiene un significado que va más allá de la obligación estatal respecto el acceso a la justicia de Valentina, sino que marca un camino para que violaciones a derechos humanos tan graves como las que ella vivió, no vuelvan a ocurrir.

Para obtener más información, favor de escribir a:

internacional@tlachinollan.org

[1]. Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216 (de aquí en adelante Rosendo Cantú y otra Vs. México), párr. 71. La sentencia de la Corte IDH está disponible en: http://www.corteidh.or.cr

[2] La petición individual se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de noviembre de 2003. La Comisión rindió su informe de admisibilidad durante el 2006 y otorgó una audiencia de fondo en octubre de 2007. Después de emitir su informe de fondo, la Comisión decidió someter los casos al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el 2009.

[3] Las resoluciones de cumplimiento de fecha 25 de noviembre del 2010, 21 de noviembre de 2014 y 17 de abril del 2015, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden consultarse en: http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm

[4] Corte IDH- Resolutivo 10.

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Justicia, reclaman familiares de Erwin

Desde la CIDHM nos sumamos a la exigencia de justicia por el asesinato producto de la tortura que sufrió Erwin a manos de policías, y llamamos a la sociedad a no permitir que haya más crímenes impunes en Morelos. El 4 de junio se llevará a cabo audiencia en el Tribunal de Primera Instancia de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Estado,  de acuerdo a lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de procedimientos Penales, en la cual se decidirá en definitiva sobre el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, dictado en beneficio de los policías imputados por la muerte del joven Erwin.

Compartimos a continuación una nota publicada en La Unión sobre éste caso.

Erwin y su hija.Erwin y su hija.

Publicado en SOCIEDAD Lunes, 07 Mayo 2018 05:46

Erwin: una vida rota

Escrito por

Para Delia Delgado Estrada el tiempo no es un remedio que todo lo cura. Hace más de un año mataron a Erwin y su dolor no cede.

“Exijo justicia, quiero que los responsables del asesinato de mi hijo paguen, ellos lo mataron, esto no me lo va a devolver, pero va a aliviar un poco mi dolor y mi coraje”, dice mientras pone sobre la mesa dos carpetas con el expediente de estos hechos.

De acuerdo con los documentos que Delia tiene en su poder y que obran en los autos, en el informe del Servicio Médico Forense SEMEFO 118/17-02, de fecha 28 de febrero de 2017, realizado por el perito anatomopatólogo Ramiro Calva Calva, el cadáver de Erwin Itzel Salgado Altamirano, tenía más de 20 lesiones internas y externas: “las heridas, hematomas, equimosis y excoriaciones mencionadas en el cuerpo del dictamen son huellas de lesión por contusión donde un objeto romo sin punta ni filo, de consistencia dura, con movimiento o sin movimiento entra en contacto con el cuerpo de la víctima”, se consigna en las conclusiones del dictamen.

Sin embargo, en la conclusión médico legal del examen histopatológico del 25 de abril de 2017, emitido por el doctor Celso Rodríguez Jiménez, en el Expediente Semefo 2972/17-04, carpeta de investigación: SC01/2064/2017, éste concluye: “Se determina como causa de muerte del C. ERWIN ITZEL DELGADO ALTAMIRANO, la de infarto agudo del miocardio”.

En el análisis, el médico legista expone que “el ahora occiso, sin lugar a dudas, sufrió una muerte súbita, ya que fue una muerte de aparición, repentina e inesperada en una persona aparénteme sana”.

La madre de Erwin no está de acuerdo con estas conclusiones y dice que va a continuar insistiendo en que los hechos se aclaren y se haga justicia. En el expediente están todas las pruebas que involucran a los culpables de la muerte de su hijo y en los noticiarios, periódicos y portales de noticias de diferentes fechas también constan las declaraciones del comisionado de Seguridad en Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra y del ex fiscal general del estado, Javier Pérez Durón, entre otros, que encubrieron a los autores materiales del asesinato.

El último día de febrero y el de Erwin

En la carpeta de investigación consta que el martes 28 de febrero de 2017, por la tarde, Erwin transitaban por la avenida Paseo del Conquistador, de Cuernavaca, y los policías de la patrulla 1740 le marcaron el alto, pero no hizo caso y se resistió al arresto, por lo que los elementos del Mando Único lo sometieron y lo subieron a la batea de la unidad. Según el informe policiaco al muchacho se le encontró un cigarro de marihuana (tres envoltorios, refiere otra versión) y una pantalla de televisión pequeña que los policías reportan (sin comprobarlo), se había robado. De allí lo llevaron a los separos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en Buenavista, localizada al norte de la ciudad, cerca del distribuidor vial.

Algunas versiones aseguran que los policías lo golpearon y se desvaneció en la batea de la patrulla, de allí no volvió en sí.

Uno de los testigos de la detención de Erwin refiere que el día de los hechos, como a las 3:55 de la tarde se percató que tres policías estaban forcejeando con un sujeto y lo hacían en una de las jardineras del fraccionamiento residencial Las Flores ubicado en la calle Pedro de Alvarado, colonia Lomas de Cortés, percatándose que lo esposaron, pero antes de hacer esto los policías lo golpearon. Después que fue asegurada la persona, el policía encontró una bolsa al parecer de color la cual tenía una pantalla chica de las que entregó Sedesol y misma que se observó cuando lo subieron a la patrulla. También logró ver cuando la persona detenida se encontraba arriba de la batea de la patrulla y uno de los policías ponía su pie sobre la persona detenida a la cual no podía ver si se encontraba boca arriba o boca abajo, fue que escuchó que el policía le dijo a su compañero que pisaba al detenido: “Oye ya no se mueve creo que ya está muerto”.

La madre de Erwin relata que el 2 de noviembre de 2016 (poco más de tres meses antes de que mataran a Erwin), por la noche, un amigo de su hijo le platicó que policías municipales los habían detenido, golpeado y atracado, en la autopista, a la altura del puente que une Cuernavaca con Ocotepec, y los fueron a abandonar a la colonia Maravillas.

“Erwin no me dijo nada para no preocuparme, y yo no tengo la seguridad que estos mismos policías fueran los que lo mataron el 28 de febrero”.

 

Fotoperiodistas captan el cadáver de Erwin

Varios reporteros y fotoperiodistas acudieron a las oficinas de la SSC (la “Metropolitana” llaman a esas oficinas) a documentar los hechos y esta casa editorial tienen una serie de tres fotografías de una persona (Erwin) que va siendo trasladada de los separos hacia una camioneta del Servicios Médico Forense. El personal del Semefo (a cargo de Samuel Nava Vázquez. coordinador Central de Servicios Periciales) lleva trajes tipo tibek blancos, y el cadáver no va cubierto con ninguna bolsa o manta de las que se deben utilizar, por reglamento, para el caso. Esto ocurrió a las 18:00 horas.

 

Una testigo por accidente

La existencia del cuerpo (sin vida) de Erwin la corroboró de manera accidental Jessica, una joven de 25 años, detenida con un familiar suyo ese mismo día por policías en Cuernavaca, al parecer por llevar en su vehículo cervezas. La reportera Leticia Villaseñor entrevistó a la chica (y lo consignó en un portal de noticias local), quien le dijo que una vez que los policías los trasladaron a los separos y después, antes de las seis de la tarde, los condujeron con el médico para que los examinara, y allí Jessica relató que desde donde estaba podía ver a Juan Rodrigo Montelongo Guilbert (su primo) aún en la patrulla 035. “Salí del ‘consultorio’ y entonces vi a un hombre muerto, estaba tirado en el pasillo con los ojos abiertos”.

 

La autoridad al rescate

El comisionado de Seguridad Pública del estado, Jesús Alberto Capella Ibarra “subió” a las redes sociales un video, alrededor de las 18:00 horas de ese día, para deslindar de toda responsabilidad a la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Aseguró que, según el informe oficial, al momento de ser aprehendido Erwin “genera cierta actitud de resistencia y de violencia en contra de los elementos aprehensores, por lo cual (éstos) solicitan apoyo a otros dos compañeros, quienes llegan de forma inmediata para apoyar en esta detención. Al momento de llegar a las instalaciones de la Secretaría esta persona empieza a convulsionarse y pierde la vida”.

Después de que el funcionario saliera a dar estas declaraciones algunos medios de circulación nacional, como Grupo Milenio, informaron, violando la presunción de inocencia: “Muere presunto ladrón durante traslado en Morelos”.

Días después el ex fiscal general del Estado, Javier Pérez Durón exoneraría a los cinco elementos acusados de dar muerte al joven, ya que de acuerdo con los resultados forenses el muchacho había muerto “por causa de una úlcera”.

 

Jueza regaña a fiscal

En Morelos nunca había ocurrido un hecho similar al que sucedió el 3 de marzo de 2017 durante la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso:

El día 3 de marzo, la juez Nancy Aguilar Tovar ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) reponer el procedimiento de investigación contra cinco policías preventivos del Mando Único que detuvieron y golpearon a Erwin Altamirano; debido a que el Agente del Ministerio Público no pudo acreditar la causa de la muerte de este joven. En esa audiencia, incluso, se dio lectura al resultado de la necropsia en el que se especificaron 20 lesiones en la víctima, por lo que la juez sugirió a la FGE solicitar el apoyo de un médico legisla de la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecer las causas de la muerte de Erwin y dar vista a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por actos de tortura.

“Estamos ante un asunto, donde una vez más, lo digo con todas sus letras, la Procuraduría del Estado de Morelos deja de asumir su responsabilidad, y pretende que sea este tribunal a través de esta juzgadora, quienes asuman las consecuencias sociales en relación a la resolución que en este momento se va a dictar. En primer lugar para poder dictar un auto de vinculación a proceso se debe estar al hecho materia de formulación de imputación, tal y como lo establece el artículo 316 del código nacional de procedimiento penales vigente en esta entidad federativa, a esta juzgadora le esta vedado cambiar los hechos materia de formulación de imputación, ´pueda cambiar la calificación jurídica cuantas veces sea necesario, pero el ejercicio de formular imputación es una facultad d exclusiva del agente del Ministerio Público, en términos del artículo 21 constitucional. En el presente asunto ni siquiera tengo las bases para entrar al fondo del estudio, toda vez que existe una formulación incongruente, se supone que estoy frente a agentes del ministerio Público, que son peritos en derecho, que son técnicos en derecho, que están obligados a actuar en todo momento con total objetividad, con total lealtad en el proceso, no obstante la formulación de imputación y aquí lo más lastimoso sería pensar que se está frente a una formulación ya no sé si por ignorancia, porque en verdad ya no sé cómo calificarla, o si es adrede esa falta de pericia, en la formulación de imputación… No puedo ser partícipe de lo que pretende la Procuraduría: vincularlos con una formulación de imputación con notorias deficiencias. Ello daría a la postre una libertad lisa y llana”.

Un muchacho muy generoso

En la carpeta de investigación SC1/2064/2017 para el SEMEFO Erwin es o fue un “cadáver de sexo masculino, de veinte a veinticinco años de edad, estatura de ciento setenta centímetros y perímetro cefálico de cincuenta y cuatro centímetros, de complexión delgado, color de piel moreno, pelo negro, frente amplia, cejas pobladas, ojos color café, nariz recta, boca mediana, labios regulares, mentón oval, m bigote sin rasurar corto y barba sin rasurar…”

Delia Delgado Estrada asevera que su hijo no era ninguna “perita en dulce”, lo había enseñado a defenderse, pero tampoco era un delincuente como lo quieren hacer aparecer las autoridades.

El muchacho fue rebelde siempre, le gustaba cuestionar las cosas, no se conformaba, le gustaba aprender y comprender las cosas, no aceptaba las cosas por órdenes nada más, cuestionaba, hiperactivo, muchacho guapo, estudiante muy bueno, muy hábil, él era el más pequeño de sus dos hermanos, estaba estudiando mercadotecnia en una universidad particular, y dejó huérfana a su hija que va a cumplir cuatro años el 11 de mayo. Le gustaban las enmoladas con mucho queso, cebolla; le gustaban los relojes, sus gorras y su trabajo de mantenimiento, sus herramientas, asegura Delia.

“Es una historia de vida, siempre ayudando a los demás, siempre metiéndose en problema por los demás, mucha bondad, mucha generosidad. Adoraba a su abuela. Desde el 2003 a 2017 vivió con la abuela en la colonia San Cristóbal, en la calle Gobernadores”.

Insiste en que el asunto de su hijo es uno de los ejemplos más evidente de corrupción en Morelos: a pesar de las constancias que existen en el expediente no se ha procedido en contra de los autores materiales de la muerte de su hijo, ni de los funcionarios que encubrieron el asesinato:

“No voy a descansar hasta que este asunto se aclare. Estoy sola se puede decir, frente a todos ellos, los que tienen el poder, son autoridades, que quieren dar carpetazo y tratar este asunto como eso, un expediente más, una cifra más, pero se trata de mi hijo, un muchacho al que le quedaba mucho por vivir”.

 

Pinche Erwin

En el panteón San José, de la colonia Ampliación Chipitlán, a la orilla de Cuernavaca, en la última hilera que da a la barranca seca hay una cripta que se distingue de todas, es de cemento de colores azul y blanco y está al pie de un árbol frondoso. Tiene un florero, un quinqué y algunas cactáceas, varios corazones rojos pintados y un pequeño duende.

Labradas sobre la piedra, se pueden leer estas frases, que definieron la vida rota del muchacho nacido el 19 de octubre de 1987:

“Piche Erwin, tan alegre, tan generoso, tan humano. Te extrañamos. Te amamos. Descansa en paz”.

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