A un año y medio de AVG en Morelos muertes que debieron evitarse.

 Boletín de prensa 30 de enero de 2017.

 Una vez que se han cumplido prácticamente un año y medio de la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios del Estado de Morelos, estamos presentando un balance negativo de las medidas que deberían haber sido aplicadas por las distintas instancias de gobierno. El único indicador que debería ser contundente y sin duda de interpretación es si se logra preservar la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres, por lo que más allá de los indicadores de cumplimiento de las medidas, vemos como el número de feminicidios es creciente.

Hemos realizado una serie de informes sombra porque la sociedad requiere información precisa y porque hay inconsistencias evidentes en los datos que se han proporcionado por las autoridades, además de incumplimiento en las medidas concretas que están establecidas en el Decreto de Alerta de Violencia de Género.

Durante el año 2016 el feminicidio en Morelos no cesa por incumplimiento de todas las medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género. Muertes que debieron evitarse. No dejaremos de denunciar la omisión, negligencia, simulación, en las medidas de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación del feminicidio.

De Enero a Diciembre del 2016, hemos documentado un total de 97 feminicidios. En Diciembre se documentó la cifra más alta de los últimos meses con 16 casos. De Agosto del 2015 a Diciembre del 2016, hemos documentado un total de 124 feminicidios. En Agosto del 2015 se reportaron 3. En Septiembre y Octubre del mismo año se reportaron 6, en Noviembre 5 y en Diciembre fueron 7 casos. Para Enero del 2016 se sumaron otros 10 feminicidios; mientras que en Febrero fueron 5; en Marzo 10; en Abril 6; en Mayo 7; en Junio 13, en Julio se contabilizaron 8 feminicidios al igual que en Agosto; en Septiembre 7; en Octubre la cifra bajo a 3; en Noviembre Sólo 4; y en Diciembre 16, con lo que se documentó la cifra más alta de los últimos meses.

Del 10 de Agosto del 2015 al 31 de Diciembre del 2016, los feminicidios sucedieron en por lo menos 24 Municipios diferentes, incluyendo los 8 Municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género. El Municipio con mayor número de feminicidios es Cuernavaca con 31; le siguen Jiutepec y Temixco con 10 casos; con 8 destaca Cuautla y con 7 Yautepec. Algo alarmante ha ocurrido en Ayala que se posiciona en el lugar seis con 6 casos de feminicidios, así como Jojutla y a Tepoztlan con 5 casos respectivamente que los colocaría en los lugares siete y ocho. En los lugares nueve, diez, once y doce estarían los Municipios de Coatlán del Río, Huitzilac, Tlaltizapan y Zacatepec con 4 casos cada uno.

Del año 2000 al 2005 documentamos 122 feminicidios en Morelos. En el año 2000 los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15, y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años. Para el año 2006 se contabilizaron 37 feminicidios; en el 2007 el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra quedo en 36; durante el 2009 se documentaron 37; el 2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la cifra aumento a 70 y en el 2012 creció aún más para quedar en 92. En el 2013 se contabilizaron 70. Durante el 2014 fueron 54 los feminicidios y en el 2015 concluimos con 57. De Enero al 31 de Diciembre del 2016 se han registrado 97. Dando un total de 773 feminicidios en 16 años. Cabe destacar que el 2016 se convierte en el año más violento para las mujeres.

La violencia Feminicida y en particular los Feminicidios en el Estado de Morelos, es ya una situación de extrema violencia que se ha ido acrecentando a lo largo de los años. Son 31 los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del feminicidio. Los únicos Municipios que no figuran en nuestro registro son: Mazatepec y Zacualpan. Los 10 Municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 152, Jiutepec con 75, Temixco con 51, Cuautla con 48, Yautepec con 42, Xochitepec con 36, Puente de Ixtla con 31, Emiliano Zapata con 30, Tepoztlan con 28 y Jojutla con 26.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHM), hemos realizado y publicado investigaciones sobre el Feminicidio en Morelos durante ya 16 años, donde hemos confrontado datos, derivados de una revisión pormenorizada de los medios de comunicación y de las denuncias presentadas por las familias de las mujeres asesinadas. Y observamos cómo las autoridades siguen siendo omisas y negligentes. No disminuye la Violencia Feminicida. Ante esto es obvio que en Morelos, quienes tienen la tarea de aplicar las medidas de la AVG, desconocen su objetivo y sus obligaciones, tareas, responsabilidades y el compromiso que tienen con la sociedad y con las mujeres.

Entendiendo que hay medidas extraordinarias que requieren el empeño decidido de todo el aparato del Estado, en sus niveles gubernamentales como de participación social, para enfrentar el flagelo de la violencia feminicida, vemos que a casi un año y medio de la AVG en Morelos aún se tiene una deuda con las mujeres que han sido privadas de la vida, que no se ha podido saldar, justamente para evitar que éstos hechos se continúen realizando sin la sanción correspondiente. Algo que es real y contundente: la Violencia Feminicida se ha debido a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los Derechos Humanos de las mujeres, así como a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus Derechos Humanos. La violencia feminicida, cuando no se detiene, se expande hacia otros sectores y termina incrementando los niveles y las formas, como es el número creciente de mujeres desaparecidas con fines de trata de personas, que debe ser atendido por la discriminación y la explotación sexual.

El feminicidio en Morelos se puede detener con una mayor voluntad política de todas las instituciones de Gobierno. Este derecho a la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres no admite demora alguna. Si bien las causas estructurales de la violencia feminicida están asociadas al sistema patriarcal y capitalista de injusticia social y desigualdad que estamos padeciendo, no implica que haya que esperar hasta su modificación para ver un cambio en cuanto el respeto a los derechos que como mujeres se debe tener por parte del Estado. Por todo ello es claro que no se ha logrado el objetivo fundamental de garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas, cultural y políticamente que agravia sus Derechos Humanos. Por la Vida y la Libertad de las Mujeres.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Invitación a Conferencia de Prensa 30 de enero 2017 sobre AVG en Morelos

A un año y medio de la Alerta de Violencia de Género en Morelos, presentaremos un informe con gráficas y estadísticas sobre las muertes que debieron evitarse, con los datos actualizados que muestran los altos niveles de violencia feminicida, así como un análisis de los casos, los lugares donde ocurrieron, quiénes eran ellas y la exigencia de justicia y cumplimiento del principal indicador de cumplimiento de las medidas de la AVG que es la preservación de la vida y la libertad de las mujeres.
Lunes 30 de enero de 2017 a las 10 de la mañana en restaurante El Pastis, calle Hidalgo 20, Centro, Cuernavaca, cerca de la Escuela Benito Juárez y la Catedral, casi frente a donde desemboca la calle Netzahualcoyotl.
Atentamente
Comisión Independiente deDerechos Humanos de Morelos A. C.

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Condenamos la violencia e impunidad contra personas defensoras de DDHH; es deber del Estado garantizar derechos  

  • Exigimos atacar las causas estructurales para proteger a las personas defensoras de la corrupción e impunidad.
  • Instamos al Estado mexicano a cumplir las recomendaciones del Relator Especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de DDHH.
  • Deploramos el asesinato de Isidro Baldenegro que sucedió al inicio de la visita del Relator, el cual resulta un caso emblemático.

 

Ciudad de México, 25 de enero de 2017. En el contexto de la visita oficial del Sr. Michel Forst, Relator Especial de la ONU para la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil expresamos un enérgico ¡Ya Basta! de violencia cometida contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por parte de actores estatales y de otro tipo. Especialmente grave resulta el asesinato del defensor Isidro Baldenegro, -Premio Goldman- justo cuando la visita oficial daba inicio.

Desde la Sociedad Civil saludamos esta importante visita, así como la disposición del Relator Forst para reunirse con una amplia diversidad de personas defensoras, tanto en la Ciudad de México como en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México. Recordamos que, en el contexto de la Declaración sobre las personas defensoras de derechos humanos de la ONU, es responsabilidad estatal garantizar el derecho a defender derechos humanos.

Cabe destacar que ante el Relator, expresamos las dificultades y los obstáculos que enfrentamos personas, organizaciones y periodistas para desarrollar nuestra labor. Ante ello, resulta indispensable que el Estado mexicano se comprometa a cumplir las recomendaciones del relator Forst, de las cuales destacamos los siguientes aspectos:

  • Investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos, violencia y amenazas cometidas contra personas defensoras de derechos humanos, en el sentido de que policías de todos los niveles, militares y marinos forman parte de quienes les agreden. Es imprescindible garantizar medidas de reparación y no repetición.
  • Fortalecer el Estado de Derecho en el país, combatiendo la corrupción e impunidad que involucra tanto a agentes del Estado, empresas, grupos religiosos hegemónicos y miembros del crimen organizado, mismas que derivan en la violencia contra personas defensoras.
  • Cumplir las recomendaciones de las instancias de DH internacionales para retirar al Ejército de las funciones de seguridad pública y evitar con ello las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en los últimos años
  • Emprender una política de reconocimiento a las personas defensoras, a la labor de defensa de los derechos humanos y a la libertad de opinión y expresión, evitando y condenando su desacreditación pública,
  • Cumplir plenamente con las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos.
  • Garantizar la inclusión de las personas defensoras en los proyectos legislativos relacionados con tortura, desaparición y seguridad interior.
  • Evitar la presentación y aprobación de leyes restrictivas de los derechos, especialmente de la libertad de expresión y de asociación sindical, así como el uso de definiciones ambiguas que criminalizan, como “ataques a la paz pública”.
  • Demostrar su voluntad política mejorando el funcionamiento, fortaleciendo la solidez institucional e incrementando la participación de la sociedad civil en el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
  • Integrar un enfoque multicultural y colectivo para el Mecanismo en términos de la atención y protección que ofrece, así como de los análisis de riesgo para comunidades indígenas, ya que los enfoques rurales y remotos requieren un enfoque diferente al urbano.
  • Adoptar políticas específicas de protección a personas y colectividades defensoras indígenas, mujeres, desplazadas y LGBTI.
  • Mejorar el trabajo de los Organismos Públicos de Derechos Humanos y su participación en la protección de las personas defensoras.
  • Incorporar en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos un sólido componente sobre la responsabilidad de las empresas; sobre la consulta y decisión de las comunidades; así como que se incluya a las y los defensores en las decisiones y el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos.
  • Asegurar procesos de consulta significativos sobre aquellos proyectos que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas.
  • Asegurar que las y los inversionistas y las empresas cumplen con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y que se sancionan a las empresas asociadas con violaciones contra los defensores, tanto en el país como en el extranjero.

Consideramos que para que dichas recomendaciones sean cumplidas, se requiere una participación activa de la Sociedad. En un contexto de violencia, impunidad y corrupción generalizada, en donde las respuestas por parte de los actores estatales resultan ineficaces e insuficientes, y sólo incorporando a las y los agraviados se logrará conseguir avances.

Finalmente, exigimos al Estado mexicano que renueve la invitación al relator, ya que él mismo solicitó dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.

Atentamente

Organizaciones

  1. Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH)
  2. Agenda LGBT
  3. Albergue Tochan
  4. Article 19
  5. Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)
  6. Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI)
  7. Cauce Ciudadano
  8. Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C.
  9. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
  10. Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. (CEDEHM)
  11. Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa
  12. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
  13. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
  14. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
  15. Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi
  16. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh)
  17. Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
  18. Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo
  19. Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local
  20. Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
  21. CIC-Propuesta Cívica
  22. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
  23. Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH)
  24. Colectiva de Mujeres de la CIudad de México
  25. Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
  26. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos
  27. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
  28. Comité Cerezo México
  29. Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha
  30. Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha
  31. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”
  32. Comite de Solidaridad y DH Monseñor Romero
  33. Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)
  34. Comunidad Magdala
  35. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
  36. i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos
  37. Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
  38. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
  39. Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana
  40. Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia
  41. Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC)
  42. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
  43. Red Retoño para la prevención social de la delincuencia
  44. Resonar
  45. Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
  46. SMR; Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados
  47. Tequio Jurídico

 

Redes

Espacio OSC Para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas

Las organizaciones del Espacio_OSC que firman el comunicado son: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC­Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Instituto Mexicano Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras; SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). Acompañado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.

 

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

 

Personas

Carolina Pimentel

Consuelo Morales E.

Nestora Salgado

 

 

 

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En Morelos urge aplicar todas las medidas de AVG para enfrentar ola feminicida.

En Morelos el feminicidio se puede enfrentar, detener, sancionar y erradicar. Es urgente y necesario que se apliquen todas las medidas de Alerta de Violencia de Género. Es inadmisible que haya omisiones, negligencia, irresponsabilidad y complicidad de autoridades.

El feminicidio de una mujer a manos de su esposo en un bar ubicado en Cuernavaca en este 2017 sigue sumando ésta ola feminicida que durante 2016 siguió creciendo.

La responsabilidad de garantizar la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres es del Estado, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, sistematizada en las medidas decretadas en la Alerta de Violencia de Género vigentes en  8 municipios del Estado de Morelos desde el 10 de agosto de 2015, por lo que el 10 de febrero de 2017 se cumplirá un año y medio de su establecimiento.

Muertes que se pudieron evitar mediante políticas públicas. Muertes que ocurren por negligencia e irresponsabilidad de quienes tienen la tarea conferida por la sociedad para que preserven los derechos humanos de todas ellas. Es claro que los responsables directos de estos crímenes se sienten con las facultades para hacerlo porque existe una impunidad en la inmensa mayoría de los casos de muertes violencias de mujeres que es precisamente el significado del feminicidio.

Hemos mantenido la exigencia de que todo caso de muerte violenta de mujer sea investigado acorde con el protocolo de feminicidio y se establezca el Banco de Datos que permita elaborar políticas públicas contra ésta grave situación que se vive en Morelos. Hemos recibido copia del oficio emitido por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación Federal que envió al Instituto de la Mujer de Morelos, donando el Software para la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), por lo que éste debe instrumentarse a la brevedad, ya que es sorprendente que ocurra casi 18 meses después de que la propia CONAVIM emitió el decreto de AVG en Morelos.

Esta información se nos ha proporcionado, al igual que otros documentos que previamente habíamos solicitado sin respuesta, durante la primera mesa de trabajo de las instituciones vinculadas a la AVG a petición de nuestra organización como solicitante de la AVG, para aclarar las dudas suscitadas por los informes parciales que se han emitido.

Estas mesas de trabajo iniciaron con el tema de la armonización legislativa y transformación cultural, el 13 de enero de 2017.

Sin embargo, a esta primera mesa de trabajo ningún titular de los 8 Ayuntamientos estuvo presente. Por ello, solicitamos en dicha sesión hacer un llamado para que en las próximas mesas de trabajo, a realizarse el próximo 20 de enero con el objetivo 2 de prevención, asistan los 6 presidentes y 2 presidentas municipales, además de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Con la Comisión Estatal de Prevención para la Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres en las siguientes fechas: 27 de enero con el Objetivo 3 (Atención), 17 de febrero con el Objetivo 4 (Acceso a la Justicia) y el 24 de febrero con el Objetivo 5 (Coordinación Interinstitucional).

Estas Mesas de Trabajo fueron aprobadas en la sesión del 25 de noviembre de 2016 a petición de nuestra como organismo peticionario de la Alerta de Violencia de Género, con el objetivo de establecer una comunicación directa y obtener respuesta a los cuestionamientos que hemos hecho y que deben ser del conocimiento del conjunto de la sociedad para enfrentar con eficacia ésta ola feminicida que prevalece en la entidad morelense.

Ninguna medida será menor cuando se trata de la vida y la libertad de las mujeres.

¡Ni un feminicidio impune más en Morelos!

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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Demoras, falta de diálogo y propuestas regresivas en combate a la tortura

  Las modificaciones planteadas en la Ley General contra la Tortura desde la Cámara de Diputados tienden a invisibilizar y debilitar investigaciones por tortura 
 La ley que se apruebe debe incorporar los más altos estándares de protección de derechos humanos, conforme el bloque de constitucionalidad vigente 
 
El pasado 5 de enero se cumplió un año de la fecha límite señalada por el Congreso de la Unión para aprobar, dentro de un plazo de 180 días contados a partir del 10 de julio de 2015, las leyes generales para combatir la tortura y la desaparición forzada. Dicha disposición, deviene de la reforma al artículo 73, fracción XXI de la Constitución, en donde se otorgan facultades al Congreso para legislar sobre esas materias. 
 
Diversos organismos e instituciones internacionales y de la sociedad civil mexicana –como las que firmamos este pronunciamiento–, nos hemos pronunciado en numerosas ocasiones sobre la grave crisis de tortura generalizada que existe en el país. En 2015, el entonces Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó las obligaciones de las autoridades bajo diversos tratados ratificados por México; de la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos de la ONU, han señalado ampliamente la necesidad imperiosa de contar con marcos normativos acordes a los más altos estándares internacionales que conlleven a la erradicación de esta grave práctica. En un primer momento en sede legislativa, el Senado aprobó una minuta sobre la Ley General para Prevenir la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, con avances considerables para cumplir con los más altos estándares de derechos humanos.
 
 La minuta de ley se encuentra actualmente en el seno de la Cámara de Diputados desde mayo de 2016, en donde se frenó el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas que han aportado elementos de discusión y contenidos al debate. Lo anterior, originó que en el último día del período legislativo anterior –el 15 de diciembre de 2016– la Cámara de Diputados pretendiera votar un dictamen sobre la ley, que modificaba regresivamente el dictamen y sin considerar la corrección de algunas expresiones y estipulaciones de la minuta original. 
 
En ese sentido, las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pretendieron: 1) eliminar diversas causales de competencia federal sobre investigaciones por tortura, incluso en casos en que los agentes denunciados por tortura pertenezcan a la misma procuraduría estatal; 2) restringir la facultad actual de las y los jueces de ordenar una investigación cuando personas procesadas denuncien haber sido objeto de tortura, aun cuando esta es no solamente obligación de las autoridades, sino también la única vía por la que muchas víctimas logran iniciar investigación, así como una de las fuentes más relevantes para contar con un diagnóstico del problema; 3) limitar los casos en que proceda la separación de agentes posiblemente implicados en tortura, de las investigaciones correspondientes (medida necesaria para evitar que los agentes implicados se investiguen a sí mismos); y 4) construir el registro de víctimas de tortura únicamente a partir de casos judicializados, dejando fuera a la gran mayoría de víctimas cuyos victimarios nunca enfrentan un proceso penal. Todas las propuestas mencionadas, van encaminadas a un menor acceso a información sobre denuncias de tortura y una menor posibilidad de contar con una investigación imparcial de la misma. 
 
Aunado a lo anterior, dichas comisiones no contemplaron mejorar y elevar los estándares de la ley aprobada por el Senado, que si bien contiene importantes avances en la materia, aún cuenta con algunas deficiencias como: 1) el lenguaje sobre el carácter absoluto de la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura; 2) la tipificación de la tortura en su vertiente de procedimientos médicos o científicos sin consentimiento, práctica que actualmente genera violaciones a los derechos humanos de personas con alguna discapacidad; así como 3) la ausencia de disposiciones claras para establecer responsabilidad de las y los superiores jerárquicos que autoricen, toleren o de otra forma incurran en responsabilidad por actos de tortura. 
 
En diciembre de 2016, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU visitó nuestro país para hacer una documentación sobre la prevención efectiva de la tortura; al fin de su visita a diversos centros de privación de libertad, así como de entrevistas con autoridades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil, concluyeron que “las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”1 . 
 
Por lo anterior, quienes aquí suscribimos exhortamos a la Cámara de Diputados a revertir las demoras y propuestas regresivas que caracterizaron el último periodo legislativo y de aprobar una Ley General en la materia que tienda realmente a la erradicación de la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que fortalezca los controles de prevención y sanción de la misma y elimine cualquier posibilidad de utilizar pruebas obtenidas bajo tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, todo esto, con la convicción de no retroceder en el marco jurídico e interpretaciones ya implementadas en nuestro país, y armonizar el mismo con los estándares más altos para la protección de los derechos humanos. 
 
Firman más de un centenar de organizaciones: 
 
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos, Asociadas por lo Justo (JASS), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social; Equis, Justicia para las Mujeres, Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Fundar, Centro de Análisis e Investigación Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM) I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, s.j., Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA), Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, Universidad Iberoamericana, Torreón. Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana.
 
 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREALDF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

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La militarización no garantiza seguridad sino represión.

La militarización del país ha ido de la mano de la grave crisis de derechos humanos. En lugar de mantener a los militares en las calles, deben regresar a sus cuarteles. A nadie escapa que a diez años de la guerra contra el narcotráfico el país es hoy más violento que hace una década. Militarizar no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal.

Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, organizaciones de derechos humanos han llamado a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas, enfatizando que: “El diseño de una política de seguridad compatible con los derechos humanos es urgente y necesaria. Pero esto sólo ocurrirá mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década.”

Este importante conglomerado de ONGs de derechos humanos emitieron un comunicado donde señalan que una Ley de Seguridad Interior plantea un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos. Actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció. Por otro lado, la adopción de una Ley a partir de este concepto rector, incumpliría también con los tratados internacionales que México se ha obligado a respetar y garantizar. En ese sentido, vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos.

Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”.

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¿Qué se va y qué se queda en la lucha por los derechos humanos en Morelos durante 2016?

Estamos concluyendo un año 2016 complicado y difícil para mantener vigentes los derechos humanos en Morelos. Una violación sistemática de los derechos fundamentales por un gobierno en crisis, muestra que mientras no haya autoridades que representen verdaderamente los intereses de las mayorías, se impondrán políticas autoritarias, represivas, neoliberales y privatizadoras que son contrarias a la mayoría de la población. Nuestro mensaje de solidaridad y compromiso con quienes luchan por una sociedad diferente, parte de constatar una realidad inocultable, para fomentar las posibilidades de construir la memoria y la esperanza organizada.
Algunos elementos que aportamos sobre dos temas fundamentales, como son la desaparición forzada y el feminicidio son los siguientes (Primera parte):
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos. Falta crear el mecanismo de búsqueda y localización.
La CIDHM elaboró, promovió y logró, en conjunto con otras organizaciones de familiares y sociales, que se aprobara por el Congreso del Estado la Ley. Por lo que es reconocido por primera vez en las leyes morelenses este delito y su connotación social.
A partir del jueves 2 de septiembre del 2015, entra en vigor la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, que fue impulsada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, familiares de víctimas y ofendidos, así como organizaciones sociales, Aprobada por la recién extinta LII legislatura.
Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, cobra vigencia esta ley que durante mucho tiempo fue reclamada por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que alertaron sobre el creciente fenómeno delictivo y la tragedia de decenas de familias morelenses que hasta hoy no saben el paradero de hijos, padres, madres y hermanos.
En esta ley la desaparición forzada está tipificada como un delito imprescriptible y se prohíbe tajantemente a los servidores públicos, denegar el acceso a personal de organizaciones internacionales de derechos humanos a edificios o instalaciones en donde se presuma se pudo cometer este ilícito.
También se permite coadyuvar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con el Ministerio Público en la investigación del delito de desaparición forzada; establecer medidas cautelares para la búsqueda y localización de las víctimas; y conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario entre servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial, instituciones educativas y grupos de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, así como expertos en materia de desaparición forzada.
De acuerdo con los artículos transitorios, en tanto no se expida la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, permanecerá vigente la legislación estatal en su respectivo ámbito de aplicación.
Para efecto de instaurar el Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas Desaparecidas y el Comité Consultivo, el Ejecutivo estatal deberá emitir a la brevedad la convocatoria respectiva dirigida a la sociedad en general para que la integración de ambos órganos se concrete en un plazo máximo de 60 días hábiles. Al respecto consideramos importante no esperar todo este tiempo y que ésta convocatoria se emita a la brevedad posible para sentar precedente nacional, ahora que se está discutiendo la Ley General.
El Mecanismo y su consejo consultivo conocerá de los casos de desaparición forzada de personas a través del Ministerio Público una vez que sea presentada la denuncia ante la Fiscalía estatal, y estará integrado por cinco representantes de instituciones y dos representantes de organizaciones civiles.
Su función será dictaminar las medidas necesarias para garantizar la integridad de cualquier persona que como consecuencia de la desaparición forzada se encuentre en riesgo, y ordenar las medidas cautelares que amerite cada caso.
Además, prevé la figura de Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas, la cual consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo fundamental, recuperar la memoria histórica de los hechos y conocer la verdad jurídica de los hechos.
El estado a través de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, creará una Base de Datos con los registros de las personas fallecidas y que se encuentran en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense o en las fosas comunes designadas para la Fiscalía General del Estado, con el fin de obtener su registro morfológico y dental, así como muestras para estudios genéticos, extraídas por personal altamente especializado en el tema.
Esta información generada a partir de la Base de Datos servirá para compararlos con los registros morfológicos y dentales de la o las personas desaparecidas, así como las muestras genéticas de sus familiares.
Monitoreo y vigilancia de Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Morelos. Exigencia de cumplimiento de todas las medidas contra la violencia feminicida.
Morelos se convirtió en el Primer Estado de la República Mexicana que con el Reglamento Vigente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, logra la declartoria de Alerta de Violencia de Género.
En 2014 se solicitó de manera oficial la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Morelos. El 10 de Agosto del 2015 se decretó. En 2016 se cumplió un año de la AVG y exigimos cumplimiento de todas las medidas para proteger la vida y la libertad de las mujeres en Morelos.
En nuestra solicitud de aplicación de la Alerta de Violencia de Género, documentamos 530 casos en 13 años. Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del Gobierno actual encabezado por Graco Ramírez. 891 casos de feminicido se han documentado una vez cruzando la información con los datos de la Fiscalía y la CEDH.
Lejos de ser un problema heredado del pasado, como argumenta, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural.
Es por ello que se hace un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables. Ante este panorama, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C. emprendió una serie de acciones para difundir los Derechos Humanos de las Mujeres y sumar voces a la petición de la Alerta de Violencia de Género en el Estado.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

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