Proteger a personas defensoras y periodistas es un derecho y una obligación del Estado.

 

La defensa de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas ante riesgos es una obligación por parte de las autoridades del Estado. Por ello es necesario contar con instrumentos legales que obliguen al Estado a actuar en la protección de la labor que se realiza en ambos sectores. Ante las amenazas, campañas de desprestigio, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, desapariciones y asesinatos, entre otras de las muchas agresiones que diariamente enfrentan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, también se requieren mecanismos de protección civil y capacitación en materia de seguridad para reducir los riesgos mediante protocolos de seguridad teniendo en cuenta la exposición física, psicosocial y política de los riesgos en cada uno de éstos niveles.

México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos en América Latina y los niveles de violencia a los que se enfrentan quienes buscan informar son solo comparables con aquellos países en situación de guerra declarada, como Siria. Así, en 2017 documentamos 507 agresiones contra periodistas y 12 asesinatos. A lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto se han registrado 1,986 agresiones, como documentó Artículo 19. La CNDH a su vez ha señalado que: Entre el año 2000 y el 31 de marzo de 2018 se han registrado 133 periodistas asesinados, 14 de ellos mujeres. Las agresiones a Periodistas deben ser investigadas con perspectiva de Género para garantizar el acceso a la justicia. Actualmente más de 700 periodistas y defensores de Derechos Humanos quedarán inermes ante la insolvencia económica en que quedará el programa de protección donde se encuentran. La amenaza de retirar medidas a las actuales personas beneficiarias de medidas de protección, constituye una forma de vulneración directa a su integridad y seguridad personales por parte del Gobierno federal. La situación del Mecanismo, da cuenta del desdén (9) hacia la protección, respeto, garantía y promoción de los derechos humanos que caracteriza a la presente administración, y en particular, la poca importancia que se ha brindado a las poblaciones en riesgo. Asimismo, coloca a México como uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa y promoción de los derechos humanos y el periodismo y demuestra su falta de compromiso por implementar una política pública integral sobre el derecho a defender los derechos humanos, incluyendo un enfoque más preventivo y estructural (10).

En el informe de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDHE)  constata que la estrategia de represión política, con el uso de todas las  modalidades,  está  dirigida  con  mayor  insistencia  en  contra  de  quienes  denuncian  que  las  reformas  estructurales  neoliberales  violan  legalmente  los  derechos humanos de grandes capas de la población: el primer lugar lo ocupan, con 224 actos de Violaciones a Derechos Humanos, quienes denuncian la reforma educativa de corte neoliberal aprobada en este sexenio; en segundo lugar, con 219 actos de VDH, están aquellos que ejerciendo el derecho humanos a la protesta son reprimidos; el tercer lugar, con 74 actos de VDH, corresponde a los  defensores  que  de  manera  general  defienden  la  tierra  y  el  territorio,  indígenas  y  no  indígenas,  e  incluso  comunidades  urbanas  que  resisten  a  las  políticas  extractivistas  o  privatizadoras del territorio; siguen los ambientalistas, con 72 actos de VDH; en el séptimo lugar, con 38 actos de VDH, agrupamos a las organizaciones sociales nacionales o grandes a  nivel  territorial  que  defienden  una  variedad  grande  de  derechos  humanos  y  que  son  reprimidos no necesariamente por la defensa exclusiva de algún derecho humano, sino por la  labor  que  realizan  en  general  por  una  vida  digna,  como  sinónimo  de  los  derechos  humanos.

Tanto periodistas como personas defensoras de derechos humanos corren riesgos que deben ser atendidos por autoridades para proteger sus derechos y la sociedad responder solidariamente con quienes sufren ésta clase de agresiones.

En Morelos se ha publicado recientemente la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, que reconoce los principios del ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y del periodismo como actividades de interés público, teniendo como función el Estado, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos vinculados a ello. Así mismo, establece la necesidad de generar condiciones de vida digna para continuar ejerciendo su labor, a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentren fuera de su lugar de origen a consecuencia de la violencia de la que fueron o podrían ser potenciales víctimas. El ordenamiento indica que se deben implementar y operar Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección, que garanticen la vida, integridad, libertad y la seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa y promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, con la finalidad de garantizar las condiciones para continuar ejerciéndola, salvaguardar los mismos derechos y bienes de los familiares o personas vinculadas a los periodistas y/o defensores de derechos humanos.

De igual manera indica que se deben establecer las obligaciones y responsabilidades de los entes públicos del Estado, en cuanto a la implementación y operación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección en el ámbito de su competencia, las cuales deberán desarrollarse con la debida diligencia y perspectiva de género, garantizando una acción libre de discriminación y violencia, en el marco del respeto de los Derechos Humanos.

Esta ley es aplicable a periodistas, cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioléctrico, digital o imagen, así como a personas defensoras de derechos humanos que actúen individual o grupalmente como organización o movimiento social cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos estatal, nacional o internacionalmente.

Al incorporar el principio pro persona, como criterio de aplicación de la norma más avanzada del derecho en beneficio de quien sufre una violación a sus derechos humanos acorde con los tratados internacionales en la materia, obliga a las autoridades a proteger los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, quedando prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

A diferencia del decreto que instituyó el mecanismo, en ésta ley se incorporan elementos para brindar una protección integral que parta de un análisis de las agresiones y amenazas, el grado de riesgo y las medidas de atención psicosocial que tome en cuenta factores que permitan restablecer el equilibrio emocional de las personas que han sido sometidas a éste tipo de agresiones.

Este instrumento legal fue aprobado por la LIII Legislatura. En el caso de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, presentamos una propuesta de Protocolo de Protección a Periodistas al mecanismo local que surgió como decreto del gobierno de Marco Adame y se ratificó por el gobierno de Graco en acuerdo con el Foro de Periodistas. Luego de una serie de reuniones donde se discutió y analizó la propuesta de Protocolo, se incorporaron aportaciones que sentaron las bases para que el Congreso del Estado elaborara una iniciativa de ley que presentaron el conjunto de fracciones parlamentarias y que finalmente fue aprobada. Será la LIV Legislatura actual la que deberá precisar los alcances en la aplicación de ésta ley, ya que por primera vez incorpora a personas defensoras y no sólo a periodistas, acorde con la legislación nacional e internacional.

En nuestro país la ley se aprobó el 24 de abril de 2012 en la Cámara de Senadores y el 30 de abril en la Cámara de Diputados y se publicó el 23 de junio de 2012. De ahí se creó el mecanismo para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que atendió a un total de 353 solicitudes del 2012 al 2015 y en el año 2018 atiende a más de 700 en todo el país. Ante éste mecanismo legal, desde la sociedad civil se han creado diversas instancias, como el Espacio OSC para la protección de Personas Defensoras y Periodistas, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y se cuenta con respaldo de Brigadas Internacionales de Paz, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras instancias.

Actualmente en Morelos no existe en funcionamiento el Mecanismo de Protección a Periodistas. Será tarea del gobierno entrante la aplicación de ésta ley y la puesta en marcha del mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, como una obligación del Estado y un derecho que se tiene a llevar a cabo las actividades en defensa de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos que se tiene sin por ello sufrir amenazas y agresiones que pongan en riesgo la vida y la integridad de quienes llevamos a cabo éstas actividades en Morelos.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, septiembre de 2018.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo defensoras, periodistas

A 3 años de la AVG en Morelos.

Al cumplirse tres años de la Alerta de Violencia de Género en Morelos éste 10 de agosto de 2018, es necesario realizar un balance de su significado a la luz de su principal objetivo de atender, prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio, así como las aportaciones en la lucha por la defensa jurídica y en el ámbito de las políticas públicas en materia de Derechos de las Mujeres, establecer los límites y contradicciones que se han expresado en el nivel de las Instituciones del Estado, sin dejar de lado lo que ha significado para que diversos sectores de la sociedad tomen conciencia de las causas estructurales que llevan a estos graves niveles de violencia feminicida, fuertemente anclada en una sociedad capitalista donde predomina la dominación patriarcal, machista, misógina y discriminatoria.

Ningún esfuerzo es menor cuando se trata de garantizar el acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia. Muy lejos de quienes pretenden minimizar o descalificar la AVG como un mecanismo inútil, consideramos que éste ha sido una aportación desde el Movimiento Feminista y de Defensa de los Derechos Humanos que se inscribe en la lucha progresiva e integral de éstos derechos. Por ello es que revisamos puntualmente todas y cada una de las acciones y medidas decretadas y las contrastamos con los datos de la realidad, para tener un diagnóstico preciso sobre lo que se ha hecho y lo que falta por hacer para garantizar que no haya un solo feminicidio impune. Sin una crítica fundada y motivada no hay posibilidad de ir a las causas de las violencias, por lo que se requiere el compromiso y la dedicación de todos los sectores de la sociedad, para que se logre erradicar la simulación, las omisiones y complicidades que perpetúan la violencia institucional y la impunidad generalizada que es precisamente lo que impide que se detenga el feminicidio y se ponga un alto, como lo ha expresado el grito de indignación de una sociedad que clama fuertemente por un ya basta, ni un feminicidio más.

No permitir que sigan ocurriendo muertes violentas es parte de la lucha por construir una sociedad distinta, donde no se normalice el horror y el dolor de ver y sentir como se utilizan los peores métodos para cortar de tajo vidas de mujeres que aún tienen un mundo por vivir. Estar en alerta permanente puede llevar a normalizar lo que debería ser una situación extraordinaria o inusual.

Por eso consideramos que si no se toman medidas a la altura de la situación de gravedad, en lugar de disminuir los hechos violentos tenderán a incrementarse. Hemos constatado que los niveles de información y respuesta organizada de la sociedad, acompañando a familiares de víctimas, fortaleciendo la solidaridad y la exigencia de justicia, son más fuertes hoy que hace años, previamente al establecimiento de la Alerta de Violencia de Género, por lo que podemos asegurar que en Morelos se ha pasado de la indiferencia y la negación a tomar conciencia de que es grave el feminicidio y que es obligación del Estado tomar medidas para erradicarlo y que la responsabilidad de la sociedad es actuar organizadamente para denunciar la violencia contra las mujeres. Actualmente estamos en un período de transición política en el Gobierno del Estado y en los 8 Municipios que en Morelos tienen AVG. Por ello, nos hemos dirigido a las y los representantes del Nuevo Gobierno que entrará en funciones para que se tomen las medidas adecuadas para que el feminicidio y la AVG estén dentro de sus prioridades en la agenda de entrega y recepción de un Gobierno a otro. Que no haya pretexto de desconocimiento alguno para asumir desde el primer día las tareas y actividades que les corresponde, pues se requiere un cambio profundo en las políticas públicas que garanticen los Derechos Humanos de todas las Mujeres.

La investigación para éste informe permite acercarse a los Feminicidios ocurridos en el Estado de Morelos durante los últimos 17 años (Del 2000 al 31 de Julio del 2018). El informe se organizó en tres grandes secciones, en la primera se realizó el recuento de los Feminicidios en Morelos, en la segunda el Informe Sombra para la CEDAW y en la tercera se presenta una Propuesta para la Construcción de un Protocolo de Entrega Recepción para la AVG. Finalmente se exponen las Conclusiones, las Recomendaciones y se agrega un Anexo con las Infografías de la AVG.

FEMINICIDIOS EN EL ESTADO DE MORELOS

2000 – 31 JULIO 2018 TOTAL= 890

Del año 2000 al 2005 documentamos 122 feminicidios en Morelos. En el año 2000 los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15, y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años. Para el año 2006 se contabilizaron 37 feminicidios; en el 2007 el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra quedo en 36; durante el 2009 se documentaron 37; el 2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la cifra aumento a 70 y en el 2012 creció aún más para quedar en 92. En el 2013 se contabilizaron 70. Durante el 2014 fueron 54 los feminicidios y en el 2015 concluimos con 57. El 2016 se contabilizaron 97 y el 2017 fueron 74 los feminicidios registrados. Durante el 2018 se han contabilizado 43. Dando un total de 890 feminicidios del 2000 al 31 de Julio del 2018. Cabe destacar que el 2016 sigue siendo el año más violento para las mujeres con 97 feminicidios.

FEMINICIDIOS DURANTE LA AVGM Total= 241

Del 10 de Agosto del 2015 al 31 de Julio del 2018, hemos documentado un total de 241 feminicidios. De Agosto a Diciembre del 2015 se reportaron 27. Durante el 2016 se registraron 97, mientras que en el 2017 ocurrieron 74 feminicidios. Finalmente tenemos que de Enero al 31 de Julio del 2018 se han documentado 43 casos.

Los feminicidios del 2000 al 31 de Julio del 2018 se han registrado en 32 de los 33 Municipios que conforman el Estado de Morelos, incluyendo los 8 Municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género. Los 10 Municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 176, Jiutepec con 86, Temixco con 65, Cuautla con 53, Yautepec con 48, Xochitepec con 39, Puente de Ixtla con 34, Emiliano Zapata con 33, y Jojutla y Tepoztlán con 31 casos cada uno.

Durante la AVGM los 8 Municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 55, Temixco con 24, Jiutepec con 21, Cuautla y Yautepec con 13 cada uno, Jojutla con 10, y Tlaltizapan y Ayala con 10 cada uno.

PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOCOLO

DE ENTREGA -RECEPCIÓN PARA LA AVG

Ante el panorama anteriormente descrito, es importante comprender que si no hay continuidad en las políticas y acciones de las Instituciones encargadas de atender la Alerta de Violencia de Género en Morelos, más lejos quedan los objetivos trazados. La rotación y cambios de personal de las áreas de atención estratégicas, sin notificación alguna a las Organizaciones Peticionarias de la AVG, sólo muestran improvisación y el poco compromiso que se debería asumir desde el ámbito Federal, el Estatal y el Municipal para combatir éste flagelo que priva de la vida a tantas mujeres y niñas.

La CIDHM hemos documentado a lo largo de 36 meses como se dificulta la interlocución con las y los funcionarios y responsables de rendir informes sobre el Cumplimiento de la AVG en Morelos, máxime en tiempos electorales, por lo que proponemos la creación de un Protocolo de EntregaRecepción de la Información derivada de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en el Estado de Morelos para que en los cambios de poderes y administraciones de la Federación, el Estado y los Municipios, se garantice la continuidad en las acciones, planes y programas emprendidos a partir de la AVG.

Es importante señalar que la AVG continúa vigente en Morelos hasta cumplir al 100% todas y cada una de las recomendaciones emitidas por el Decreto de creación de la AVG el 10 de agosto de 2015.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

La transición gubernamental y la Alerta de Violencia de Género contra el feminicidio.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y feministas solicitantes de las Alertas de Violencia de Género en diversos estados de la república mexicana, estamos solicitando a los gobiernos, saliente de Peña Nieto y entrante de López Obrador, que prioricen en sus agendas de entrega recepción los casos de feminicidio y las medidas decretadas para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por tal motivo, hemos dirigido oficios a ambos mandatarios, en funciones y virtualmente electo, para que reciban en sus oficinas a integrantes de organizaciones el próximo lunes 6 de agosto, para hacer entrega de documentos e informes sobre éste grave flagelo que priva de la vida a miles de mujeres y lastima severamente al conjunto de la sociedad.

Nos dirigimos al actual mandatario del país porque tiene que asumir su responsabilidad hasta el último día de su mandato y al Presidente virtualmente electo para el período 2018-2024 en nuestro país, para solicitarle una reunión de trabajo en donde podamos hacer de su conocimiento  y de su equipo de gobierno nuestros planteamientos y propuestas sobre la entrega recepción de gobierno sobre los temas vinculados a los derechos de las mujeres y la violencia feminicida que se padecen ante omisiones, simulación, negligencia o irresponsabilidad en la aplicación de las medidas decretadas por la CONAVIM.

El año pasado 2,212 mujeres privadas de la vida de forma violenta y de estos casos 1,831 se consideran feminicidios; los otros 381, asesinatos violentos. Si cada día mueren violentamente 7 mujeres, víctimas de la violencia feminicida, es fundamental tomar todas las medidas extraordinarias como las establecidas en los decretos de Alerta de Violencia de Género, para atender, sancionar y erradicar el feminicidio en nuestro país.

En el recuento histórico en Morelos del año 2000 al 2018 fueron 861 casos de feminicidio, la inmensa mayoría impunes, a pesar de que existe la Alerta de Violencia de Género en 8 municipios de Morelos.

El procedimiento de Alerta de Género es un buen mecanismo para examinar de cerca al estado y detectar el procedimiento o la instancia donde se está reproduciendo la violencia feminicida, y determinar las medidas a subsanar.  Sin embargo, es necesario que las organizaciones solicitantes del mecanismo, estén incluidas en todo el proceso, con voz y voto.

En el municipio de Torreón hay varios feminicidas libres, por un mal trabajo al integrar las carpetas de investigación.  Aborto, por esta causal, Coahuila es el segundo lugar en embarazo de niñas y adolescentes. La fiscalía especializada en el delito de desaparición de personas no tiene los recursos para investigar las desapariciones, a pesar de que este delito tiene más prevalencia que el feminicidio en este municipio.

En el estado de Michoacán se decretó la AVGM en el 2016 en 14 municipios siendo el mayor número de ellos a nivel nacional; a la fecha han asesinado 400 mujeres, un promedio de 13 mujeres por mes, ni la CONAVIM, INMUJERES y Gobierno del estado han destinado recurso alguno para hacer efectiva la prevención, atención, sanción y erradicación de la misma.

Consideramos que el próximo gobierno debe atender de manera integral la defensa de los derechos de las mujeres y ponga un alto a los feminicidios que de manera creciente se han presentado en nuestro país, ante los altos niveles de impunidad y falta de medidas para atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida.

Por lo anterior, solicitamos al Presidente Virtualmente Electo, Andrés Manuel López Obrador, que se incluya en su agenda de trabajo una reunión para el día 6 de agosto de 2018, en donde podamos expresarle directamente nuestras propuestas y entregar materiales y documentos sobre feminicidio y la situación de las medidas de la Alerta de Violencia de Género.

Atentamente.

Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Verónica Cruz Sánchez, Directora del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro AC peticionaria de la AVGM en el estado de Guanajuato, Zacatecas y Coahuila,

 

Lucero Circe López Riofrio, Directora de Humanas sin Violencia, A.C. solicitante de la AVGM Michoacán

 

Red de Mujeres de la Laguna, Torreón Coahuila. Solicitantes de la AVGM Torreón

 

Merixtell Calderón, Directora de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos AC, y solicitante de la AVG en el estado de Baja California.

Deja un comentario

Archivado bajo derechos de las mujeres, Feminicidio, Feminismo, violencia contra mujeres

Mujeres defensoras de derechos humanos

En el Informe Anual de Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés) 2017, se destaca que: “El acompañamiento de PBI en 2017 benefició a al menos 48 organizaciones de la sociedad civil y a 542 personas defensoras, de las cuales más del 60% son mujeres. El trabajo de estas personas beneficia al menos a 75,000 personas y promueve los derechos humanos en todo el país.”

En éste informe existe un apartado sobre mujeres defensoras de derechos humanos que nos interesa destacar, ya que en Morelos existe una Alerta de Violencia de Género que debe mantenerse en los 8 municipios aún cuando la administración estatal esté ya por concluir su mandato gubernamental y entren nuevos gobiernos en pocos meses más. Como hemos documentado desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, los niveles de riesgo para las defensoras crece en todo el país, de acuerdo a los informes que hemos publicado en “Defensoras Somos Todas, en dos tomos. Hoy saludamos el informe de PBI y compartimos los datos que están disponibles en su sitio web en el siguiente enlace

https://pbi-mexico.org/es/themes/mujeres-defensoras-de-derechos-humanos

Según el Informe 2016/2017 de Amnistía Internacional, la violencia contra mujeres y niñas en México sigue siendo “endémica”. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México muestran que más del 62% de las mujeres mexicanas sufren violencia durante sus vidas. Ante la gravedad de la violencia contra mujeres, Alertas de Género han sido activadas en 13 estados mexicanos, cubriendo más de 110 municipios.

El caso más extremo de violencia contra mujeres es el feminicidio. En México, el caso conocido como Campo Algodonero ganó notoriedad por la sentencia del 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado mexicano por fallar en investigar los asesinatos de varias mujeres en Ciudad Juárez. Con casi 10 mil asesinatos de mujeres entre 2012 y 2016, México ha sido clasificado como uno de los 25 países más peligrosos del mundo para las mujeres.

Aunque el feminicidio haya sido tipificado en México a nivel federal y en todas las entidades federativas del país, salvo Chihuahua y Nayarit, organizaciones de la sociedad civil así como instancias internacionales han identificado graves fallos en el manejo de los casos de feminicidio en diferentes estados. Entre las más graves están la falta de consideración de aspectos importantes como la relación entre la víctima y el victimario, antecedentes de violencia, amenazas o el trato del cuerpo de la víctima como elementos a ser tomados en cuenta.

Eso contribuye a que menos de un quinto de los asesinatos de mujeres sean investigados como feminicidios y la impunidad puede llegar hasta los 95%. Entre 2011 y 2015, hubo apenas 169 sentencias de feminicidio en nueve estados del país – en los otros 23 no hubo ninguna. Familias de mujeres asesinadas a menudo experimentan revictimización, criminalización y falta de perspectiva de género en sus búsquedas por justicia.

Ante este contexto, las mujeres defensoras de derechos humanos en México enfrentan un doble riesgo al realizar su trabajo: por defender los derechos humanos y por ser mujeres. A los altos niveles de violencia, que inhiben su participación en la vida pública, se suman estereotipos y normas culturales que cuestionan la actuación política y social de las mujeres.

El acoso y la difamación pública contra mujeres defensoras suelen ser el inicio de una serie de violencias psicológicas, físicas y sexuales. Además, varias mujeres defensoras han recibido amenazas contra sus hijos e hijas, lo que demuestra la dimensión de género del hostigamiento que sufren.

De fines de 2012 a mitad de 2017, se registraron 280 agresiones contra mujeres defensoras, 15 ejecuciones extrajudiciales y al menos cuatro víctimas de desaparición forzada. De 1.037 personas defensoras afectadas por violaciones en este periodo, el 27% fueron mujeres. La detención arbitraria y el hostigamiento fueron las violaciones más comunes, seguidas de amenazas de muerte y actos de vigilancia.

Mujeres que defienden el derecho de sus comunidades a sus tierras, territorios y un medio ambiente sano han denunciado sufrir estigmatización, obstáculos para su participación en procesos de toma de decisiones y marginación dentro de sus propios movimientos y comunidades. Un informe de la AWID ha identificado una tendencia general de represión y violencia de género contra defensoras ambientales perpetradas por empresas, autoridades gubernamentales, servicios de seguridad privados y también por parte de integrantes de sus propias familias, comunidades y movimientos sociales.

Defensoras en México han desempeñado un papel fundamental en la promoción de la justicia social, la paz y los derechos de las mujeres, de las comunidades indígenas, de la población LGBTI, de las víctimas de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, de las y los migrantes. Por ello, su potencial de promover cambios sociales positivos merece todo el apoyo que la comunidad internacional les pueda brindar.

Marco Legal: En el 2015, un amparo histórico de la Suprema Corte de Justicia por el asesinato de Mariana Lima estableció que la muerte violenta de una mujer debe ser investigada con perspectiva de género para determinar si fue o no un feminicidio. Además, México tiene obligaciones internacionales en la materia, siendo parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

Deja un comentario

Archivado bajo defensoras

Acción Urgente: Justicia para representantes comunales de Santa Catarina, Tepoztlán.

Justicia para representantes comunales de Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos ante agresión a balazos.

Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos les enviamos ésta Acción Urgente ante la denuncia que nos hicieron llegar comuneros de Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, Morelos, y que solicitamos envíen al Gobierno del Estado de Morelos.

La Comunidad indígena de Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos, se encuentra conmocionada por al artero ataque a balazos que sufrieron los representantes de Bienes Comunales en sus oficinas a manos de una persona que les disparó y dejó con heridas a Catalino Santiago Salazar y a Mauricio Franco Sánchez, Presidente y Secretario, quienes recibieron tres balazos cada uno y se encuentran en el Hospital G. Parres de Cuernavaca, donde hasta el momento se encuentran siendo atendidos y en espera de ver cómo evoluciona su estado de salud.

Este artero ataque criminal fue cometido por una persona de nombre Darío N, quien llegó a las oficinas de la representación de Bienes Comunales de Santa Catarina, a solicitar la expedición de una constancia de posesión de un terreno que asegura haber comprado en terrenos del área protegida de El Texcal, por lo que se le informó que no se podía extender dicha constancia por tratarse un lugar de reserva ecológica, por lo que su reacción fue sacar una pistola que ya llevaba oculta en un morral donde aparentaba llevar documentos y disparar a corta distancia del presidente y el secretario de Bienes Comunales, como quedó asentado en la Carpeta de Investigación HG01/512/2018 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Inmediatamente se le impidió huir y se le sometió por parte del resto de integrantes del comisariado de bienes comunales y se le entregó a elementos de la policía municipal a quienes se les dio inmediato aviso y los heridos fueron trasladados en una ambulancia al Hospital Civil de Cuernavaca “José G. Parres”, siendo las 8:10 de la noche del 2 de julio de 2018.

Estos hechos ocurren luego de que se ha estado denunciando la invasión de tierras comunales ubicadas en el área de reserva ecológica de El Texcal por parte de los representantes de bienes comunales, sin que hasta el momento se hayan tomado las medidas pertinentes por parte de las autoridades, lo que pone en riesgo la vida y la integridad de quienes defienden la tierra comunal ante invasores y vende tierras.

El pueblo de Santa Catarina ha trabajado en la defensa de la tierra, el territorio, la lengua y los derechos de los pueblos indígenas, desde que la asamblea del pueblo decidió defender El Texcal y oponerse a las invasiones que han destruido gran parte de la reserva ecológica donde se asienta la laguna de Hueyapan.  Al mismo tiempo participamos en la lucha contra la construcción del Club de Golf en Tepoztlán. Así mismo, durante décadas participamos de la defensa de las tierras comunales, sobre todo a partir del Decreto de Expropiación que dio origen en 1962 a la construcción de CIVAC en terrenos donde manteníamos un litigio con la comunidad de Tejalpa, en un polígono que va de Acolapa a Acolala y Tetenco y que representan más de 3 mil Hectáreas,  ya que nuestro Decreto de 1939 establecía que dichos terrenos pertenecían a Tepoztlán y el Amparo de 1942 favorecía a Tejalpa, por lo que nos opusimos a que CIVAC se extendiera a los terrenos colindantes y en 1975 nuestra comunidad tuvo que movilizarse para defender esas tierras comunales.

Por todo lo anterior, no podemos permanecer sin exigir que se defienda la tierra comunal frente a las invasiones y a la destrucción ecológica de una gran cantidad de hectáreas en las colindancias con El Texcal, en el polígono que se ubica entre Milpillas, Tetenco y Acolala, por lo que reiteramos nuestra exigencia al Gobierno del Estado de Morelos tomar todas las medidas para su protección y defensa, antes de que sean arrasadas todas nuestras tierras comunales.

 

Por todo lo anterior solicitamos al Gobernador del Estado de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu y al Fiscal General de Justicia Uriel Carmona Gándara.

Primero:

Que la Fiscalía general de Justicia de Morelos integre adecuadamente la carpeta de Investigación HG01/512/2018 por el homicidio en grado de tentativa cometido por Darío N en contra de nuestros compañeros Catalino Santiago Salazar y Mauricio Franco Sánchez, de tal manera que haya justicia y no quede éste acto criminal en la impunidad.

Segundo:

Que el gobierno a través de las instancias correspondientes tome las medidas de protección y seguridad para la comunidad indígena de Santa Catarina y se den garantías para el trabajo que llevan a cabo los representantes de Bienes Comunales.

Tercero:

QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO EN COORDINACION CON EL GOBIERNO FEDERAL LLEVE A CABO TODAS LAS ACCIONES JURIDICAS Y LEGALES CORRESPONDIENTES A LA DEFENSA PLENA DE LAS TIERRAS COMUNALES DE SANTA CATARINA EN EL AREA COLINDANTE CON LA ZONA DE RESERVA ECOLOGICA DE EL TEXCAL, PERTENECIENTES AL PARQUE NACIONAL EL TEZPOZTECO Y AL CORREDOR ECOLOGICO DE FLORA Y FAUNA DEL AJUSCO AL CHICHINAUTZIN.

ATENTAMENTE.

EL COMISARIADO AUXILIAR DE LOS BIENES COMUNALES DEL POBLADO DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS.

COMISION INDEPENDIENTE DE DERECHOS HUMANOS DE MORELOS A.C.

Santa Catarina, municipio de Tepoztlan,  4 de julio de 2018

 

  1. Graco Ramírez Garrido Abreu. Gobernador del Estado de Morelos. Casa Morelos Primer Piso, Plaza de Armas, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62000. Correo electrónico graco.ramirez@morelos.gob.mx

 

  1. en D. Uriel Carmona Gándara. Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos. Dirección. Av. Emiliano Zapata # 803. Colonia Buena Vista, Cuernavaca Morelos. C.P. 62130.

Correo electrónico: urielcarmona@moreloslegal.com

 

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C. privada de las Flores 16, colonia San Antón, Cuernavaca, Morelos, CP 62020

Correo Electrónico cidhmorelos@gmail.com

Deja un comentario

Archivado bajo derechos pueblos indigenas, Ecológicas

INFORME SOMBRA enviado a la CEDAW ESTADO DE MORELOS

Del 2 al 6 de julio se llevarán a cabo sesiones de trabajo en la Comisión para la Eliminación de la Discriminación y la Violencia contra las Mujeres (CEDAW) en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, donde una delegación presentará un Informe Sombra sobre México, en el que está incluido un capítulo sobre el Estado de Morelos elaborado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Incluimos a continuación un resumen del mismo.

  1. Recomendaciones de la CEDAW a México 2012[1]- Estrategia de seguridad pública, debida diligencia, capacitación y datos estadísticos de violencia contra las mujeres.

VIOLENCIA DE GÉNERO

  El Comité exhorta al Estado parte a:

Revisar su estrategia de seguridad pública para la lucha contra la delincuencia organizada a fin de adaptarla a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluida la Convención, y poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia en el país, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y las muchachas

Adoptar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió el acto de violencia, que incluya información sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos.

Diseñar mecanismos de articulación entre las distintas Fiscalías que atienden a mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de registrar adecuadamente los tipos de violencia que éstas sufren, pero sobre todo que garanticen la debida diligencia en la prevención e investigación de los casos de feminicidio y otros tipos de violencia contra las mujeres. Los indicadores de cumplimiento serán: i) el diseño de un programa de articulación; ii) la implementación de dicho programa y iii) la evaluación de sus resultados.

RESPUESTA

 

  1. a)                  b)  c) Si bien es cierto que en el Estado de Morelos se han interpuesto iniciativas legislativas en favor de los Derechos de las Mujeres, también es cierto que sobre diversas disposiciones existen controversias presentadas por el Legislativo en contra del Congreso Local, que están en espera de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se mantiene la contradicción entre el artículo 130 del Código Penal y el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que permite la impunidad en casos de feminicidio.

“Artículo 130. Cuando el agente actúe en estado de emoción violenta, el juzgador podrá reducir hasta en una cuarta parte la sanción aplicable a las lesiones o al homicidio. Existe emoción violenta cuando en virtud de las circunstancias en que ocurre el delito y de las propias del agente, se halla considerablemente reducida la culpabilidad de éste, sin que exista inimputabilidad plena o imputabilidad disminuida.”

“Artículo 21. Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal.”

  1. d) La Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de Morelos ha servido como un mecanismo de observancia general (federal, estatal y municipal) para supervisar la aplicación y cumplimiento de las leyes en favor de las Mujeres.Sin embargo, la declaratoria sólo se emitió para 8 de 33 Municipios del Estado, no obstante que se solicitó para todo el territorio morelense. Además, que ha sido la CIDHM la única dependencia que ha estado emitiendo informes de seguimiento para verificar el cumplimiento de la norma, mientras que el gobierno federal denota su ausencia. Pues al no haber un protocolo de actuación para la AVG, la omisión se hace presente.

  1. e) En cuanto al proceso sancionador para las autoridades se menciona queactualmente se encuentran en investigación 4 servidores públicos, sin embargo todavía no existe sanción alguna puesto que no ha finalizado el proceso. Cabe destacar que no se ha señalado los plazos del proceso sancionador, por lo que desconocemos la fecha de término.

 VG/SV/411/2016-09 derivada de la carpeta de investigación UEHMYF/ZM/044/16

 VG/SV/048/2017-02 derivada de la carpeta de investigación YA/UIDD/B/202/2017

 VG/SV/022/2017-02 derivada de la carpeta de investigación CT-UIDD-C/1825/2016, CT-UIDD-A/1517/2015, YA-UIDD/B/506/2016 (DILACIÓN)

 VG/SV/024/2017-01 derivada de la carpeta de investigación JO/UEDD/866/2016 y JO/UEDF/1886/2016 (DILACIÓN) […]”

 

OBSTÁCULOS

La aprobación misma de la Ley de Seguridad Interior violatoria a los Derechos Humanos. Esto es resultado de que la Ley fuera aprobada de una manera precipitada y sin la participación adecuada Organizaciones de la Sociedad Civil Defensoras de Derechos Humanos, Organismos Públicos de Derechos Humanos y Organismos Internacionales garantes de los mismos.

-La burocracia dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Los requisitos para acceder a los apoyos son muchos y los procedimientos para evaluar los casos son bastante tardados y poco transparentes.

RECOMENDACIONES

  1. a)Abrogación de la Ley de Seguridad Interior.

-Adoptar todas las medidas que sean necesarias, por parte de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia del Estado de Morelos, para garantizar que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y en un plazo razonable, los casos de feminicidio, adoptando una perspectiva de género y de derechos humanos y con ello, garantizar a las mujeres víctimas y a sus familiares el acceso a la justicia y a la reparación integral.

 

Recomendaciones a México 2012[2] -Legislación

El Comité insta a las autoridades federales del Estado parte a:

  1. a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar, en particular mediante una coordinación efectiva, la armonización coherente y consecuente de la legislación pertinente en todos los planos con las reformas de la Constitución en materia de derechos humanos (2011) y del sistema de justicia penal (2008); (página 4)

 

OBSTÁCULOS

-La intervención de diversas iglesias en las decisiones de las y los legisladores locales para que se opongan al avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Así como la falta de una revisión exhaustiva del Código Penal del Estado de Morelos en razón de homologarlo en función de la Leyes Locales y Nacionales en favor de los Derechos de las Mujeres.

RECOMENDACIONES

  1. b) c) Solicitar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal y al Congreso del Estado de Morelos para que se revise y analice exhaustivamente la Legislación Estatal existente relacionada con los Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas para detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos.
  2. d)Crear un Protocolo de Actuación de la AVG que establezca las responsabilidades de cada nivel y orden de gobierno; las tareas de cada dependencia; un Mecanismo de Seguimiento y Vigilancia del Cumplimiento de las Medidas de la AVG; la Participación de las Organizaciones Peticionarias; Establecer Tiempos de Cumplimiento para las Medidas; un Procesos Sancionador para las Autoridades que no las Apliquen de Manera Urgente y/o hagan procesos dilatorios o de simulación; un procedimiento de revisión, de quejas y denuncias; y establecer la erradicación de la violencia feminicida como criterio único de cumplimiento.
  3. e)Se deberán establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en violación al orden jurídico aplicable en materia de violencia de género. El Estado de Morelos deberá dar continuidad a los procesos iniciados previamente por posibles omisiones de servidores públicos en la integración de carpetas de investigación en casos de feminicidios. Toda esta información deberá estar publicada en las páginas de internet oficiales del Estado.

 

Recomendaciones a México 2012[3]- Banco Nacional de datos y AVGM.

El Comité exhorta al Estado parte a:

  1. a) Dar prioridad a la plena aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras cosas ejecutando completamente el Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y activando el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, con la participación de los 32 estados federales;

OBSTÁCULOS

  1. a)-La falta de voluntad política para dar transparencia en la información de casos de violencia contra las mujeres y en especial, de los feminicidios.

-Opacidad en la utilización de los recursos públicos para atender la AVG.

  1. b)-La violencia institucional es uno de los principales obstáculos.

El no cumplimiento de las Medidas establecidas en la Declaratoria de la AVG y de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo.

RECOMENDACIONES

  1. a)Solicitar lo siguiente: i) el diseño del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres como una base integral y única, conforme a la Ley local de Acceso; ii) la sistematización y actualización de la información por parte de las instancias responsables; iii) la interconexión de los sistemas de información de las instituciones responsables de alimentar la base de datos, iv) elaborar y publicar reportes sobre la administración de la base de datos y alimentación del BANAVIM, y v) la publicación de información estadística sobre la violencia contra las mujeres en la entidad a partir de los datos incorporados al Banco Estatal. El objetivo de dicha base de datos será proveer al Estado de Morelos y a la sociedad en su conjunto, información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad, sus patrones y características, a fin de diseñar políticas públicas a nivel estatal y municipal para prevenirla, atenderla y erradicarla.

 

Recomendaciones a México 2012[4]- Feminicidio, desaparición forzada, investigaciones, centros de justicia, refugios, NOM-046, Campo Algodonero, acceso a la justicia.   

El Comité recomienda al Estado parte:

  1. a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la codificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales; acelerar su codificación en esos códigos penales pendientes; normalizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país; e informar sin demora a las familias de las víctimas;

OBSTÁCULOS

 

  1. a)-La falta de voluntad política para dar transparencia en la información de casos de violencia sexual y los diferentes tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres.
  2. b)f)   g)-La violencia institucional es uno de los principales obstáculos.

“Artículo 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.” (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia)

-El no cumplimiento de las Medidas establecidas en la Declaratoria de la AVG y de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo.

RECOMENDACIONES

  1. a)Se requiere armonizar el delito de feminicidio con la entrada en vigor del Código Nacional Penal para evitar contradicciones, y actualizar el Protocolo de Investigación del Feminicidio de la Fiscalía, así como capacitar a todo el personal de la Fiscalía General para el adecuado cumplimiento del mencionado Protocolo.
  2. b)El Cumplimiento al 100% de todas las Medidas establecidas en la Declaratoria de la AVG y de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo.

-Crear un Protocolo de entrega/recepción de la información correspondiente a la AVG para que en los cambios de poderes y administraciones de la Federación, el Estado y los Municipios, se garantice la continuidad en las acciones, planes y programas emprendidos a partir de la AVG.

[1] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

[2] Observaciones finales del Comité para la Eliminación sobre todas las formas de Discriminación contra la mujer.http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

[3] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

[4] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

Deja un comentario

Archivado bajo derechos de las mujeres, Feminicidio, violencia contra mujeres

Exigimos reinstalación despedidas de Rintex

 

Ya hemos cumplido un mes y una semana desde los primeros despidos del 21 de mayo y hasta el día 29 de mayo cuando se suscitaron  los despidos masivos de los  más de 40 trabajadoras/es

Hemos estado en un campamento frente a las instalaciones resistiendo a pesar de todas las adversidades del clima. Durante este tiempo hemos tenido vistas de todos los sindicatos y organizaciones del Pacto Morelos, en donde nos han mostrado su solidaridad con apoyo en especie y algunos fondos para resistir nuestra lucha.

Actualmente somos 25 trabajadoras/es  que estamos resistiendo, pero en estos días hemos sido sujetas de acoso, por parte de la empresa, en esta semana hemos tenido más de tres  visitas del señor Marcos  Erazo( jefe de seguridad) actuando de forma prepotente en el campamento, nos ha ido provocar, se burla de nosotras, nos dice que quiere tener evidencias, nos saca fotos y nos filma sin nuestro consentimiento, ha irrumpido   nuestro campamento, a pesar de que le hemos dicho que no puede estar allí, mucho menos a hostigarnos, por lo tanto queremos hacer  responsables al señor Marcos Erazo y a los directivos de la empresa y otros que resulten responsables de la empresa Rintex, por lo que nos pueda pasar estando en el campamento y en el trayecto  a nuestras casas.

Denunciamos también toda una campaña de desprestigio para nuestros asesores y los que estamos en el plantón, la gerencia de rintex ha  obligado a las y los compañeros activos a firmar una carta obscura, diciéndoles que si no firman no aseguran trabajo y que pensaran en sus familias, que no se acerquen a los del campamento, que no participen, que no nos escuchen, pero lo más grave es que la carta sita, según las y los Trabajadores activos,” dice  que no es la voluntad de los trabajadores cambiar el sindicato de protección Mártires de San Ángel, sindicato impuesto por los directivos de la empresa de Rintex”

También queremos aprovechar  este espacio para decir que la investigación que hizo la marca de Gap a través de la empresa de verite sea una investigación completamente imparcial, así como también la marca de gap tome acciones justas y claras a favor de las y los Tragadores despedidos y las y los compañeros activos.

 

Por lo anterior solicitamos:

Que  cese el acoso en el campamento y en el interior de la empresa

Que nos dejen ejercer el pleno derecho a la libertad de Asociación Sindical

 

Que no aceptamos, ni aceptaremos el Sindicato de Protección de la empresa Mártires de San Ángel.

Entablar una mesa de dialogo con los directivos de la empresa y la colación de las y los trabajadores de Rintex, con el fin de resolver el conflicto actual a través de la resolución de la situación de las trabajadoras despedidas, y acordar condiciones mínimas para el reconocimiento y respeto al derecho a la libertad de asociación de todas las trabajadoras de Rintex

 

Que intervenga el Gobernador Graco Ramírez para que conozca de primera mano la situación de violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras de Rintex y que contribuya a una solución verdadera y duradera para las y los  trabajadores  de Rintex,  mejorando  la calidad de empleo para las y los   ciudadanos de Jiutepec

 

Centro de Apoyo al Trabajador, Frente Autentico del Trabajo, Coalición Independiente de Trabajadoras/es de Rintex, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética  

Deja un comentario

Archivado bajo derechos de las mujeres, derechos laborales