Hemos recibido un documento de familiares de trabajadores de DICONSA (SEDESOL) desaparecidos en Guerrero. Narran los hechos y la actuación de las autoridades tendientes a ocultar y desviar información fundamental para el esclarecimiento de los hechos. Temen por la vida de sus familiares y no aceptan las versiones que dan por concluido el caso, ya que no confían en las autoridades ante las contradicciones que ellos han detectado. En un documento fechado el 11 de junio de 2014 en Atoyac de Alvarez, Guerrero, los familiares de los trabajadores de (SEDESOL), Gustavo Abarca Radilla, Héctor López Torres, Carlos López Sánchez; pertenecientes al almacén rural de Alcholoa, ubicado en la carretera Alcholoa, Ixtla, KM.1.5 denuncian que sus familiares se encuentran desaparecidos desde el día 24 de abril del presente año, los cuales realizaban sus labores de trabajo en la comunidad de las Compuertas del municipio de Coyuca de Benítez, Gro. En la parte alta de la sierra, y al término de su jornada laboral se dirigían a la sede de su trabajo correspondiente; donde nunca llegaron. Ante este lamentable suceso, solicitamos su intervención debido a que, a partir de que se levantaron las siguientes averiguaciones en Coyuca de Benítez TAO/COY/04/0067/2014 con fecha 26 de abril y posteriormente la averiguación AP/PGR.GRO/ACA/III/477/2014 con sede en Acapulco, Gro. El gobierno del estado ha tratado de apresurar las investigaciones de manera amañada para cerrar el caso, ya que el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero hizo algunas declaraciones en los medios de comunicación dando por hecho el reconocimiento de tres cuerpos que presentaron las autoridades, sin aun tener los estudios periciales correspondientes. Al respecto consideran que se han venido dando una serie de irregularidades debido a que presentan a los familiares tres osamentas que no coinciden con los rasgos y características de las personas arriba mencionados. Por citar algunos ejemplos, el supuesto cuerpo de Gustavo Abarca Radilla se identifica tres dientes postizos que no pertenecen a su dentadura. El cuerpo que presentan como Héctor López muestra en su dentadura una placa que fue verificada por su dentista y no coincide con la que éste le adaptó. En el caso de Carlos López, la ropa no coincide con su talla. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado como un derecho conocer la verdad y éste debe tener como efecto necesario que en una sociedad democrática el estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de investigar las violaciones de Derechos Humanos. Así como también sancionar a quienes resulten responsables para que estos hechos no queden en la impunidad.
Es por ello que exigimos a la PGR y a la SEDESOL que actúen en el marco de su competencia y se apoye a las familias de los 4 trabajadores desaparecidos en todas las actividades tendientes a esclarecer su paradero. Ante la existencia de una averiguación iniciada en el ámbito federal, demandamos que sea la PGR la institución que realice los trabajos periciales en materia genética, con la intervención adicional de forenses independientes, para corroborar si los cuerpos encontrados corresponden o no a los compañeros de Diconsa, y no la Procuraduría de Guerrero debido a que carece de imparcialidad y capacidades técnicas. En ese sentido, demandamos que la SEDESOL coadyuve a que la PGR realice esas labores periciales, debido a que eran sus trabajadores.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
ACCION URGENTE.
Por todo lo anterior, solicitamos a las organizaciones y personas que envíen cartas al gobierno del estado de Guerrero y al gobierno federal para que se establezca la verdad de los hechos y sean localizadas las personas desaparecidas, aplicando los protocolos forenses de identificación de personas desaparecidas, ya que no se puede dar por concluido un caso de desaparición sin que se establezca con claridad la identificación de los cuerpos y que estos correspondan verdaderamente a sus familiares.
Lic. Jesús Murillo Karam.
Procurador General de la República.
Lic. Rosario Robles Berlanga
Secretaría de Desarrollo Social.
Lic. Ángel Aguirre Rivero.
Gobernador del estado de Guerrero.
Lic. Ricardo Francisco García Cervantes.
Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR
Lic. Eliana García Laguna.
Coordinadora General de Políticas Públicas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR
Estos casos ocurren en el contexto de una grave impunidad como lo han denunciado organizaciones de familiares de desaparecidos y por los Relatores de la ONU. En México se vive una crisis humanitaria, como efecto de la declaración de guerra a la delincuencia organizada. Tras más de siete años de un combate con tintes de un conflicto armado interno tenemos un saldo de 124,839 víctimas de homicidios violentos y un número indeterminado de miles de víctimas de desaparición, muchas de las cuales son forzadas, por ser causadas directamente por agentes del Estado; o por éstos en coparticipación/vinculación con miembros de la delincuencia organizada; o de ésta con la autorización, apoyo y aquiescencia del Estado Mexicano. El Gobierno de México sigue sin mostrar voluntad, o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas. El gobierno mexicano debe reconocer la dimensión del problema de la desaparición forzada en México, de modo que no solo sea un acto enunciativo, sino exponer los extremos conocidos del problema: el número aproximado de víctimas, las causas de lo sucedido, y las medidas para abordar la emergencia humanitaria, así como la política presupuestaria para lograr resultados. Dar a conocer su Plan Nacional de Búsqueda (PNB), decretando una campaña nacional para dicho objeto. Para esto, deberá trabajar simultáneamente en la conformación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, poniendo particular atención en los casos de personas migrantes desaparecidas. La labor de búsqueda corresponde al Estado en su conjunto, pero debe recaer en una instancia federal, que cuente con todos los recursos e infraestructura que le permita coordinar a todas las instancias del Estado, y que muy evidentemente no ha logrado la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la PGR. Debe partir de la lógica que una persona desaparecida puede estar en cualquier lugar, por lo que las competencias locales suelen ser limitadas en su función tanto de búsqueda como de investigación, por lo que debe asumir una atención o atracción de todos los casos de desaparición. Aprovechando las modificaciones constitucionales al artículo 102, crear una Fiscalía para las Personas Desaparecidas, encargada de la atención o atracción de todos los casos de desaparición. Reforzar su capacidad de investigación científica para los casos de desaparición de personas. Al respecto, debe dar prioridad a una Policía de Investigación, más que a una de combate, como caracteriza a la actual Policía Federal. El Estado mexicano debe garantizar el derecho que tienen las personas desaparecidas a ser buscadas y encontradas, a garantizar la continuidad y vigencia de los derechos de las personas desaparecidas, para la defensa de sus derechos e intereses, y para generar una estructura de apoyo emergente para las familias con integrantes desaparecidos, desde una perspectiva de derechos.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos 