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Recibimiento de la Caravana por los 43 desaparecidos en Cuernavaca.

El 16 de febrero a las 10 de la mañana recibiremos la Caravana de las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en las instalaciones del SME en Cuernavaca.

Colectivamente somos más poderosos que nuestros enemigos que detentan el poder económico y político. Nos debemos a quienes luchan cotidianamente contra la miseria y la explotación, la injusticia y la desigualdad, la violencia y la opresión. Se equivocan si creen que vamos a dejar de luchar por la defensa plena de los derechos humanos para todas y todos, por un mundo de justicia, libertad, igualdad, fraternidad.
El gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) es un gobierno hundido en una profunda crisis de legitimidad que en el 2017,  se volvió una verdadera crisis política de hegemonía, de dominación política, que se expresaría en una nueva irrupción masiva y nacional contra él. Acosado por denuncias de mala administración y corrupción, como la de su “casa blanca”, el gobierno de EPN perdía legitimidad en sectores importantes de la población hasta que ocurrieron los hechos de la noche trágica de Iguala del 26 de septiembre de 2014, en la que 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Para algunos, esa fue la gota que derramó el vaso: el repudio nacional contra el gobierno de EPN llevó a las calles a miles de contingentes que gritaban con fuerza y por todos los medios: ¡Fue el Estado! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Si la contra-reforma energética, privatizadora y anti-nacional, no despertó el esperado repudio popular masivo, la mal llamada reforma educativa sí lo hizo. Mientras el gobierno llenaba de policías y militares las calles para aplastar la insurrección magisterial, ésta mantenía y extendía sus protestas con un creciente apoyo popular.
Es claro que el giro proteccionista de Trump daña por completo el frágil, derruido y dependiente país que los neoliberales en el poder configuraron en estos últimos 30 años. Por eso no nos engañamos y decimos claramente: ¡Ni Trump, ni Peña, fuera capitalistas del poder!
Nuestra agónica economía se sostiene débilmente aún con PEMEX (pese a la caída de precios del petróleo y su acelerado agotamiento), la inversión externa en sectores extractivistas y las remesas de los migrantes… Pero con la presidencia de Trump ese México al modo neoliberal se colapsa: PEMEX ha sido desmantelado y privatizado, de modo que, por ejemplo, importamos gasolina que venden particulares para obtener ganancias privadas; las remesas de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos van a ser recortadas por la masiva expulsión de migrantes del país del norte; la inversión extranjera ya es frenada y desviada de regreso a Estados Unidos. Cuando Trump dijo: “compra y contrata lo estadounidense”, condenó a muerte a la limitada economía exportadora, levantada con orgullo por los neoliberales, que depende en un 80% de la economía estadounidense.
La incapacidad del bloque hegemónico para buscar una alternativa al neoliberalismo y el derrumbe económico del México neoliberal provocan una crisis económica que retroalimenta la crisis de legitimidad del gobierno hasta poner en las calles a millones de mexicanos reclamando con el grito de ¡Fuera Peña Nieto! que se vayan todos los neoliberales del poder.
Esta protesta masiva en el 2017 podría modificar la relación de fuerzas en la lucha de clases mexicana a favor de un polo independiente, proletario y popular que cobraría tal fuerza que podría incidir para provocar un cambio radical en nuestro país a favor de los intereses de los trabajadores y del pueblo.
Las movilizaciones espontáneas contra el gasolinazo fueron nacionales y de inmediato levantaron una consigna política radical: ¡Fuera Peña Nieto! Si al principio las movilizaciones fueron impulsadas por fuerzas muy heterogéneas (transportistas, clase media, organizaciones campesinas), en estos días los sindicatos y organizaciones campesinas y populares se suman a las movilizaciones contra el gasolinazo. Esperamos que estas fuerzas organizadas de los trabajadores retomen el desafío que supone el reclamo de ¡Fuera Peña! En esa consigna no se pide que los gobernantes compongan lo que descompusieron por años sino que se cambie el régimen político y sus políticas.
Pero 2017 apenas comienza y los efectos del giro proteccionista de Trump todavía no se resienten con toda su intensidad. No es difícil prever que las inversiones se derrumbarán, que miles o millones de migrantes regresarán al país este año, que el desempleo crecerá visiblemente, que mes tras mes el fracaso del México neoliberal será patente para los mexicanos, así como la incapacidad de los neoliberales para levantar un país que ellos mismos derrumbaron. Por eso pensamos que la crisis política va a seguir cobrando fuerza y radicalidad.
Estas luchas contra el gasolinazo deben de seguir impulsándose pero es necesario y urgente promover una política de frente único: sin abandonar la consigna de ¡Fuera Peña Nieto!, es necesario ir constituyendo, sin imposiciones ni protagonismos, una Coordinadora de coordinadoras, ir organizando una verdadera Asamblea popular que conjunte un bloque histórico clasista y popular que permita disputar el poder.
Por eso debemos insistir en el fracaso del México neoliberal y la necesidad de reconstruir otro México verdaderamente democrático que salvaguarde los intereses de la mayoría trabajadora.
Por eso, respondemos positivamente a la convocatoria de las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para reunirnos en Cuernavaca y analizar las posibilidades de articular las resistencias en una amplia coordinación de las luchas independientes que defiendan realmente los intereses de la mayoría de la población trabajadora, misma que impulsamos desde las organizaciones del pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética.
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XXV Acción Global por Ayotzinapa en Morelos.

¿Cuánto tiempo buscarías si fuera tu hijo?

2 años y un mes de dolor, incertidumbre e injusticia…

La empatía y solidaridad del pueblo han sostenido la fortaleza de padres y madres de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa.

26 de octubre de 2016

10 de la mañana, frente al Congreso del Estado de Morelos.

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética nos solidarizamos con la lucha de Padres y madres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, quienes instalaron un plantón frente a la Cámara de Diputados para solicitar a los legisladores se les permita exponer su situación ante el pleno camaral. La voz de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa debe ser escuchada en el pleno de este recinto legislativo. El plantón se instaló como parte de la jornada de actividades, a dos años y un mes de los hechos ocurridos en Iguala la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, días en que desaparecieron los estudiantes a manos de elementos policiacos e integrantes del crimen organizado. Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de familia, señaló que el propósito es que el pleno de la Cámara de Diputados escuche su clamor y exigencia de la aparición con vida de sus hijos. Además, denunció que la Comisión Especial para el caso Iguala, formada por la Cámara de Diputados, no les ha presentado ningún informe. No se ha visto el trabajo de esa comisión, por eso la exigencia de que nos escuchen; queremos hacer ese reclamo, porque aparte de su obligación es un derecho de nosotros hacerlo; tenemos derecho a ser escuchados, dijo. Respecto de la reciente detención de Felipe Flores, quien en el momento de la desaparición de los normalistas era el jefe de la policía municipal de Iguala, Melitón Ortega, otro de los voceros de los padres de familia, advirtió que esa aprehensión es relevante siempre y cuando proporcione información importante sobre el paradero de los normalistas, pues de otra forma no tendría sentido, alertó.

Por otra parte, el Mecanismo de Seguimiento a la Medida Cautelar 409/14, otorgada en relación con los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, realizará su primera visita a México del 9 al 12 de noviembre de 2016. Desde el inicio de la implementación del Mecanismo, se ha avanzado en sus etapas internas y preparatorias para su primera visita, durante la cual se realizará la presentación pública de su Plan de Trabajo. Asimismo, se realizarán reuniones bilaterales con actores clave para garantizar su funcionamiento y se realizará un encuentro con los familiares de las víctimas en Ayotzinapa, a fin de explicarles directamente sus funciones y metodologías en el marco de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El Mecanismo es coordinado por el Relator de la CIDH para México, Comisionado Enrique Gil Botero y cuenta con el apoyo de los especialistas técnicos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera visita contará con la participación del  Presidente de la CIDH, Comisionado James Cavallaro y del Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão. Durante la visita, la delegación realizará actividades en Ciudad de México y en Ayotzinapa. El Plan de Trabajo del Mecanismo tendrá una duración de 12 meses e incluirá labores de recopilación de información y documentación sobre el caso. El plan también incluirá la frecuencia con que se pretende realizar las visitas regulares a México y por el tiempo que resulte necesario para el labor del Mecanismo. “La CIDH tiene expectativa de que las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sean debidamente cumplidas y el Mecanismo sirve para dar seguimiento al progreso en la implementación de las mismas”, dijo el Presidente de la CIDH, James Cavallaro. El establecimiento de un Mecanismo de Seguimiento fue acordado entre los peticionarios de la medida cautelar y el Estado, y el 29 de julio de 2016 fue decidido por la CIDH mediante una resolución. Dicha resolución establece que el objetivo es dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en sus dos informes, así como en el marco de la medida cautelar, principalmente la Resolución 42/16. A partir de dicha decisión, la CIDH y el Estado mexicano sostuvieron conversaciones sobre la financiación del mismo. El 9 de septiembre de 2016, la CIDH y el Estado mexicano finalizaron un acuerdo sobre la integralidad de los recursos necesarios para poner en marcha el Mecanismo. “Es fundamental avanzar en la implementación de las recomendaciones con celeridad y tener en cuenta la centralidad de los derechos de las víctimas en todo ese proceso. Buscamos la integral colaboración de las autoridades nacionales y locales, de todos los poderes del Estado, para que se pueda atender cada recomendación de los Informes del GIEI y de la Medida Cautelar”, dijo el coordinador del Mecanismo, Comisionado Gil Botero.

La aprobación de las Leyes Generales en materia de tortura y desapariciones forzadas de acuerdo al derecho internacional aplicable, otro tema prioritario identificado por el Alto Comisionado, constituye una deuda pendiente a más de 10 meses de la presentación de las iniciativas en la materia. Exigimos al Congreso que priorice el cumplimiento de esta recomendación, recordando que la Ley General contra la Tortura está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, mientras la Ley General contra las Desapariciones Forzadas sigue pendiente en el Senado.

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética

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A dos años de los 43 de Ayotzinapa

Red TDT: A dos años, Ayotzinapa persiste como emblema de la lucha por la justicia en México
 La falta de resolución de este caso resulta emblemática de la ineficacia y corrupción imperantes en el sistema de justicia, así como de la creciente vinculación del crimen organizado con actores estatales en perjuicio de la sociedad.
La tragedia de Iguala es ilustrativa del fenómeno de la desaparición forzada y de la criminalización de la protesta social.
Necesario un cambio de actitud del Estado mexicano hacia los aportes de la justicia internacional, así como hacía las víctimas y las personas defensoras de derechos humanos.
A dos años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en  Iguala durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) exige el pleno esclarecimiento de los hechos. Ello implica tanto la resolución jurídica del caso, como la satisfacción de las demandas de las familias que se mantienen en su exigencia de la presentación con vida de los jóvenes normalistas.
 
Este lamentable caso es un emblema de la ineficacia y corrupción imperantes en el sistema de justicia, así como de la falta de voluntad política de las más altas autoridades de nuestro país para dar certidumbre a la sociedad. Cabe destacar que garantizar el acceso a la justicia para las familias de estos jóvenes, trasciende su legítimo interés y se ha convertido en una muestra clara del nivel compromiso del Estado mexicano con el acceso a la justicia de la población en general.
 
Resulta especialmente grave, la comprobada vinculación del crimen organizado con actores estatales en estos hechos. Con ello se corrobora que se trata de un crimen de Estado, pues su probada vinculación con los hechos no se omite por la participación de actores del crimen organizado. Aún más, la connivencia entre actores estatales y criminales se configura como un patrón de acción a nivel municipal, estatal e incluso probablemente a nivel federal, según las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La sola inacción de los distintos niveles de gobierno, ante hechos tan graves y contundentes implica una responsabilidad ineludible en términos de la legislación nacional y del derecho internacional de los derechos humanos.
 
En este sentido Ayotzinapa resulta ser un caso emblemático de la grave crisis de derechos humanos que se vive en  México, pues resulta ilustrativo no sólo del fenómeno de la desaparición forzada, sino de la vinculación que este ominoso tema tiene con la criminalización de la protesta social. Ello, en el contexto de la poderosa movilización social que se ha generado en torno al tema, ha favorecido una mayor comprensión entre las víctimas de la llamada guerra sucia, cuando el Estado criminalizó a personas que luchaban por la justicia social y las víctimas recientes, cuando la tragedia de la desaparición de personas se generalizó de manera brutal adquiriendo visos de tragedia humanitaria.
 
Especialmente grave resulta el desprecio del Estado mexicano por los aportes de la justicia internacional al mismo. La confrontación del gobierno con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son una muestra clara de la intencionalidad encubridora de las acciones e investigaciones del Estado mexicano al respecto de este caso y que son terriblemente parecidos a lo que refieren víctimas de otros casos menos visibles, pero no menos importantes.
 
Y si esa fue la reacción contra actores de prestigio internacional, mucho más intensa y grave ha resultado la campaña de desprestigio y criminalización contra las personas defensoras involucradas en este caso. Esto se suma a un patrón que la Red TDT ha detectado y denunciado en los años recientes. Resulta fundamental que esta campaña sea detenida de inmediato y que se reconozca el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, así como la importancia de la aportación de las organizaciones y personas para garantizar el acceso a la justicia de sus defendidos, así como el derecho a la verdad de la sociedad toda.
 
En este sentido, y en el contexto de este segundo aniversario, es cada vez más clara la necesidad de que los hechos de Iguala sean esclarecidos como un primer paso para recuperar la confianza en las instituciones del Estado.
 
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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