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Convocatoria a la marcha del 26 de septiembre 4:30 p.m, del Calvario al zócalo de Cuernavaca.

A 4 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

                     Solidaridad con el movimiento estudiantil universitario.

                      Solución a damnificados del sismo del 19 de Septiembre.

                     Por las diferentes luchas sindicales y sociales en Morelos.

           En el marco del 50 aniversario del movimiento estudiantil y popular de 1968.

Acción colectiva organizada y consciente para luchar en defensa de la vida y la libertad en los campus universitarios, contra el feminicidio y el porrismo, contra estado policiaco y militarismo, en defensa de la educación pública autónoma, gratuita, laica y para todas y todos, un grito que crece en escuelas, facultades y plazas públicas de Cuernavaca y del país, recuperando formas de organización concejistas y democráticas, con elección de delegaciones y comisiones, como es el acuerdo de estudiantes universitarios en Morelos. Exigimos alto a la violencia contra estudiantes y los feminicidios, seguridad en la UNAM y centros educativos, democracia en universidades, escuela gratuita, rendición de cuentas y permanencia de asambleas. Estos son los ejes de la asamblea estudiantil, lo que muestra una radicalización del movimiento estudiantil, defendiendo la educación pública y la exigencia de que los porros sean castigados, mediante la movilización y la protesta, así como en 1968, hasta construir formas de auto organización como el Consejo Nacional de Huelga, no es solo un paralelismo histórico, sino la necesidad de articular las luchas.

Jornadas de lucha del 19 y 26 de septiembre y 2 de octubre. El Estado mexicano ha agraviado desde hace largo tiempo a nuestro pueblo. En este 2018 conmemoramos tres fechas unidas por el dolor y la lucha por la justicia. Este 19 de septiembre se cumplirá 1 año de que miles de personas damnificadas viven en las calles. Porque un sismo dañó las viviendas pero, sobre todo, porque durante este tiempo el Estado se ha negado a asumir su responsabilidad en la reconstrucción, usando la tragedia para lucrar y para asegurar grandes negocios al capital inmobiliario. También, se cumplirán 4 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tiempo en que la Procuraduría General de la República se ha dedicado a justificar una versión ridícula y perversa de los hechos —ya desmontada por científicos expertos internacionales— para hacernos olvidar que fue el Ejército quien tuvo bajo su custodia a los estudiantes. Además, el 2 de octubre se cumplirán 50 años del genocidio perpetrado por el Estado en la Plaza de las Tres Culturas contra las y los estudiantes. Un crimen de lesa humanidad cuyo proceso jurídico admitió solo un muerto —un militar— negando toda posibilidad de justicia y que, por si fuera poco, puso en libertad al ex presidente Luis Echeverría, responsable del ataque.

Apoyamos a las víctimas y los agraviados de estas tres fechas para movilizarnos
conjuntamente en una gran jornada de lucha 19 de septiembre – 26 de septiembre – 2 de
octubre.  Porque nuestra exigencia de justicia sigue en pie, no permitiremos que la ignominia de estos tres momentos sea olvidada y nuestras luchas sean invisibilizadas. Tampoco olvidaremos las deudas históricas como el Jueves de Corpus, Acteal, Aguas Blancas, El Charco, la guardería ABC, Atenco, Villas de Salvárcar, San Fernando y muchos otros episodios de agravio incesante en que nos han quedado a deber la justicia.
Por todo ello, hacemos un llamado a todas las organizaciones fraternas, a los colectivos en
lucha, a las y los individuos que se organizan y a la sociedad civil en general a que nos
acompañen a coordinar esfuerzos para que éstas jornadas de lucha sean amplias y unitarias.
¡19-S Fue el Estado: quien nos tiene viviendo en la calle a un año del sismo!
¡26-S Fue el Estado: quien participó con el Ejército en la desaparición de los 43!
¡2-O Fue el Estado: quien nos masacró en Tlatelolco!

Invitamos a participar en la marcha del 26 de septiembre a las 4:30 p.m, del Calvario al zócalo de Cuernavaca.

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales.

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A 45 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La desaparición de 43 estudiantes normalistas durante la noche del 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, marcó el gobierno de Peña Nieto. Los 43 se convirtieron en un símbolo de las decenas de miles de inocentes que también han desaparecido en la supuesta guerra cínica e ineficaz contra los cárteles del narcotráfico que ha diseminado la complicidad penal y la corrupción por todos los niveles del gobierno. El gobierno decía de dientes para afuera que aceptaba las recomendaciones de los expertos y de otras organizaciones internacionales, pero estaba determinado a cerrar el caso en sus propios términos. En el transcurso del año pasado, básicamente abandonó la investigación. Los estudiantes siguen desaparecidos. El tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad integrada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Ministerio Público de la Federación también formará parte de la comisión, pero su participación será subordinada. Las organizaciones internacionales que han seguido el caso, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, también participarán. El gobierno no tardó en manifestar su desacuerdo con la resolución. México necesita justicia para los 43 estudiantes. Establece las graves irregularidades en que incurrió PGR y ordena crear un mecanismo extraordinario de justicia y verdad. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito, al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dada la gravedad de las irregularidades detectadas, así como la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala. Saludamos la resolución del Tribunal como un importante aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso. Frente a los múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Gobierno federal respondió siempre que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria. Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial. Las impugnaciones que derivaron en esta sentencia fueron presentadas por algunos de los acusados, que refirieron haber sido objeto de tortura. No se trata de juicios promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. La sentencia pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y, en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes. En ese sentido, confirma que la investigación puso especial énfasis en la obtención de declaraciones mediante coacción y que estas alegaciones de tortura y malos tratos no han sido investigadas adecuadamente. Así los magistrados, en el párrafo 764 de la sentencia, señalan: “En el caso, no sólo son las alegaciones sobre tortura, las que involucran al personal de la SEIDO, sino además se cuenta con múltiples casos en los que las personas aseguradas sufrieron lesiones o incremento de las mismas, hasta en tanto estuvieron a disposición de dicha Unidad”. La sentencia también insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía; por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma. Un ejemplo claro de la ausencia de independencia e imparcialidad es lo referido por los magistrados en el párrafo 1033 de la sentencia, pues establecen:  “…no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”. Otro ejemplo es lo señalado por los Magistrados en los párrafos 1148 y 1149 de la sentencia, pues en los mismos establecen: “1148…la investigación precedente, que en general estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el Río San Juan”. La sentencia ordena crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párr. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR. Para su conformación, la resolución pone especial énfasis en la necesidad de que participen las víctimas, sus representantes, la CNDH y organismos internacionales. En este sentido, destaca que el Tribunal refrende la relevancia que ha tenido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el presente caso e inste a que en la nueva etapa de investigación éste sea escuchado mediante sus integrantes, afirmando que “no sólo sería factible sino además recomendable que se vislumbrara un nuevo período de participación” del Grupo (párr. 1134). La resolución del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito viene a confirmar que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha, que el paradero de las víctimas no está esclarecido y que el actual Gobierno federal incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación. Por virtud de la sentencia, esta valoración ya no proviene solo de instancias internacionales, sino que ha sido establecida por un tribunal nacional. Como señala el Tribunal, “es necesario que el asunto sea conducido bajo una nueva óptica y etapa” (parr. 1151). Dada la reiterada resistencia del gobierno de Peña Nieto a descartar definitivamente la hipótesis oficial, exigimos un compromiso público de que en lo que resta del sexenio se cumplirá el fallo y no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del mismo. Toda vez que la sentencia hoy emitida es insistente en que los derechos de las víctimas deben ser el centro de la investigación, desde este momento se hace un llamado a los tres Poderes de la Unión, para que cualquier acción relacionada con la implementación de este fallo sea previamente consultada y acordada con las víctimas y sus representantes.

Para las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la detención y presentación de una persona como participante fundamental de la desaparición de sus hijos a sabiendas de que las autoridades federales conocían que se trataba de una persona ajena a los hechos “viola el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad en su conjunto” y constituye un nuevo y preocupante agravio. Erick Uriel Sandoval Rodríguez, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) presentó como un presunto participante en el caso Ayotzinapa apodado “La Rana” o “El Güereque”, es una persona ajena a los hechos y distinta de quien algunos testigos e indiciados señalan con ese apodo. También señaló que advirtió a la Procuraduría de esta irregularidad, pero ésta decidió seguir adelante con las acusaciones contra el profesor de Educación Física. Señalaron que “es indignante que a estas alturas, pese a que subsiste la atención de la opinión pública sobre el caso e incluso un monitoreo estrecho por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la PGR intente sorprender a las víctimas y a la sociedad. Por ello, las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía exigimos el acatamiento de la sentencia en sus términos.

¡Ayotzinapa vive, nos faltan 43 y miles más!

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

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En el corazón 43 x 43.

Boletín de prensa abril 2018

 Este 26 de abril se cumplen 43 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raul Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, durante la noche de Iguala.

El Gobierno sigue sin presentar avances del caso, por el contrario se empeña en mantener su mentira histórica pese a las inconsistencias científicas y facticas de esta hipótesis. Con todo esto el Gobierno pretende cerrar este caso, sin esclarecerlo, para no dejar un proceso abierto al término de su mandato.

 Por ello los Padres y Madres de familia de los 43 y las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberania Alimentaria y Energetica y los Derechos de las y los Trabajadores convocamos a todas las organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, obreras, mujeres, indígenas, LGBTTTI y a todas las personas a participar y elevar su voz por las injusticias que padecemos y por la presentación con vida de los 43 y miles más de desaparecidos en el País, en estos 43 meses del crimen más abominable en la historia reciente de México.

Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural Isidro Burgo de Ayotzinapa, en México, exigieron a los candidatos presidenciales y a la Procuraduría General de la República (PGR) que no abandonen la búsqueda y las investigaciones del paradero de estos jóvenes. No se inclinarán a favor de ningún candidato presidencial, porque toda la clase política es responsable de que no se haya hecho justicia ni detenido a los culpables. De cara a las elecciones presidenciales el Gobierno ni siquiera tiene la intención de ofrecer avances en las líneas de investigación.Por eso decimos que no debe de cerrarse el caso, como pretende el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que hizo durante 2017 fue sólo administrar el tiempo.

 En el marco de las Jornadas de lucha “En el corazón 43 x 43” que llevamos a cabo las Madres y Padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, protestamos en las instalaciones de los Pinos, solicitando el cumplimiento de los acuerdos firmados en la reunión del 29 de octubre de 2014. En esa reunión el Presidente de la República se comprometió a llegar al fondo del asunto hasta encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos. Sin embargo a los 43 meses de la desaparición de nuestros hijos, no hay avances concretos, por el contrario, pretenden cerrar nuestro caso. Al finalizar la protesta la Policía de la Ciudad de México (CDMX) empezó a replegarnos haciéndose un enfrentamiento en el que resultaron 6 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa lesionados. Cuarenta y tres meses de sufrimiento indescriptible, cuarenta y tres meses de caminar, de buscar por todos lados, cuarenta y tres meses de engaño y afrenta de los malos Gobiernos, pero al parecer a los malos gobiernos no les basta lo que nos han hecho, ahora quieren silenciarnos.

 Pero desde aquí les decimos no pararemos, no nos intimida la fuerza policial, nuestras actividades continuarán como están planeadas.

 ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Comité de Padres y Madres de los 43 y Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

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Recibimiento de la Caravana por los 43 desaparecidos en Cuernavaca.

El 16 de febrero a las 10 de la mañana recibiremos la Caravana de las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en las instalaciones del SME en Cuernavaca.

Colectivamente somos más poderosos que nuestros enemigos que detentan el poder económico y político. Nos debemos a quienes luchan cotidianamente contra la miseria y la explotación, la injusticia y la desigualdad, la violencia y la opresión. Se equivocan si creen que vamos a dejar de luchar por la defensa plena de los derechos humanos para todas y todos, por un mundo de justicia, libertad, igualdad, fraternidad.
El gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) es un gobierno hundido en una profunda crisis de legitimidad que en el 2017,  se volvió una verdadera crisis política de hegemonía, de dominación política, que se expresaría en una nueva irrupción masiva y nacional contra él. Acosado por denuncias de mala administración y corrupción, como la de su “casa blanca”, el gobierno de EPN perdía legitimidad en sectores importantes de la población hasta que ocurrieron los hechos de la noche trágica de Iguala del 26 de septiembre de 2014, en la que 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Para algunos, esa fue la gota que derramó el vaso: el repudio nacional contra el gobierno de EPN llevó a las calles a miles de contingentes que gritaban con fuerza y por todos los medios: ¡Fue el Estado! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Si la contra-reforma energética, privatizadora y anti-nacional, no despertó el esperado repudio popular masivo, la mal llamada reforma educativa sí lo hizo. Mientras el gobierno llenaba de policías y militares las calles para aplastar la insurrección magisterial, ésta mantenía y extendía sus protestas con un creciente apoyo popular.
Es claro que el giro proteccionista de Trump daña por completo el frágil, derruido y dependiente país que los neoliberales en el poder configuraron en estos últimos 30 años. Por eso no nos engañamos y decimos claramente: ¡Ni Trump, ni Peña, fuera capitalistas del poder!
Nuestra agónica economía se sostiene débilmente aún con PEMEX (pese a la caída de precios del petróleo y su acelerado agotamiento), la inversión externa en sectores extractivistas y las remesas de los migrantes… Pero con la presidencia de Trump ese México al modo neoliberal se colapsa: PEMEX ha sido desmantelado y privatizado, de modo que, por ejemplo, importamos gasolina que venden particulares para obtener ganancias privadas; las remesas de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos van a ser recortadas por la masiva expulsión de migrantes del país del norte; la inversión extranjera ya es frenada y desviada de regreso a Estados Unidos. Cuando Trump dijo: “compra y contrata lo estadounidense”, condenó a muerte a la limitada economía exportadora, levantada con orgullo por los neoliberales, que depende en un 80% de la economía estadounidense.
La incapacidad del bloque hegemónico para buscar una alternativa al neoliberalismo y el derrumbe económico del México neoliberal provocan una crisis económica que retroalimenta la crisis de legitimidad del gobierno hasta poner en las calles a millones de mexicanos reclamando con el grito de ¡Fuera Peña Nieto! que se vayan todos los neoliberales del poder.
Esta protesta masiva en el 2017 podría modificar la relación de fuerzas en la lucha de clases mexicana a favor de un polo independiente, proletario y popular que cobraría tal fuerza que podría incidir para provocar un cambio radical en nuestro país a favor de los intereses de los trabajadores y del pueblo.
Las movilizaciones espontáneas contra el gasolinazo fueron nacionales y de inmediato levantaron una consigna política radical: ¡Fuera Peña Nieto! Si al principio las movilizaciones fueron impulsadas por fuerzas muy heterogéneas (transportistas, clase media, organizaciones campesinas), en estos días los sindicatos y organizaciones campesinas y populares se suman a las movilizaciones contra el gasolinazo. Esperamos que estas fuerzas organizadas de los trabajadores retomen el desafío que supone el reclamo de ¡Fuera Peña! En esa consigna no se pide que los gobernantes compongan lo que descompusieron por años sino que se cambie el régimen político y sus políticas.
Pero 2017 apenas comienza y los efectos del giro proteccionista de Trump todavía no se resienten con toda su intensidad. No es difícil prever que las inversiones se derrumbarán, que miles o millones de migrantes regresarán al país este año, que el desempleo crecerá visiblemente, que mes tras mes el fracaso del México neoliberal será patente para los mexicanos, así como la incapacidad de los neoliberales para levantar un país que ellos mismos derrumbaron. Por eso pensamos que la crisis política va a seguir cobrando fuerza y radicalidad.
Estas luchas contra el gasolinazo deben de seguir impulsándose pero es necesario y urgente promover una política de frente único: sin abandonar la consigna de ¡Fuera Peña Nieto!, es necesario ir constituyendo, sin imposiciones ni protagonismos, una Coordinadora de coordinadoras, ir organizando una verdadera Asamblea popular que conjunte un bloque histórico clasista y popular que permita disputar el poder.
Por eso debemos insistir en el fracaso del México neoliberal y la necesidad de reconstruir otro México verdaderamente democrático que salvaguarde los intereses de la mayoría trabajadora.
Por eso, respondemos positivamente a la convocatoria de las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para reunirnos en Cuernavaca y analizar las posibilidades de articular las resistencias en una amplia coordinación de las luchas independientes que defiendan realmente los intereses de la mayoría de la población trabajadora, misma que impulsamos desde las organizaciones del pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética.

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XXV Acción Global por Ayotzinapa en Morelos.

¿Cuánto tiempo buscarías si fuera tu hijo?

2 años y un mes de dolor, incertidumbre e injusticia…

La empatía y solidaridad del pueblo han sostenido la fortaleza de padres y madres de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa.

26 de octubre de 2016

10 de la mañana, frente al Congreso del Estado de Morelos.

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética nos solidarizamos con la lucha de Padres y madres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, quienes instalaron un plantón frente a la Cámara de Diputados para solicitar a los legisladores se les permita exponer su situación ante el pleno camaral. La voz de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa debe ser escuchada en el pleno de este recinto legislativo. El plantón se instaló como parte de la jornada de actividades, a dos años y un mes de los hechos ocurridos en Iguala la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, días en que desaparecieron los estudiantes a manos de elementos policiacos e integrantes del crimen organizado. Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de familia, señaló que el propósito es que el pleno de la Cámara de Diputados escuche su clamor y exigencia de la aparición con vida de sus hijos. Además, denunció que la Comisión Especial para el caso Iguala, formada por la Cámara de Diputados, no les ha presentado ningún informe. No se ha visto el trabajo de esa comisión, por eso la exigencia de que nos escuchen; queremos hacer ese reclamo, porque aparte de su obligación es un derecho de nosotros hacerlo; tenemos derecho a ser escuchados, dijo. Respecto de la reciente detención de Felipe Flores, quien en el momento de la desaparición de los normalistas era el jefe de la policía municipal de Iguala, Melitón Ortega, otro de los voceros de los padres de familia, advirtió que esa aprehensión es relevante siempre y cuando proporcione información importante sobre el paradero de los normalistas, pues de otra forma no tendría sentido, alertó.

Por otra parte, el Mecanismo de Seguimiento a la Medida Cautelar 409/14, otorgada en relación con los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, realizará su primera visita a México del 9 al 12 de noviembre de 2016. Desde el inicio de la implementación del Mecanismo, se ha avanzado en sus etapas internas y preparatorias para su primera visita, durante la cual se realizará la presentación pública de su Plan de Trabajo. Asimismo, se realizarán reuniones bilaterales con actores clave para garantizar su funcionamiento y se realizará un encuentro con los familiares de las víctimas en Ayotzinapa, a fin de explicarles directamente sus funciones y metodologías en el marco de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El Mecanismo es coordinado por el Relator de la CIDH para México, Comisionado Enrique Gil Botero y cuenta con el apoyo de los especialistas técnicos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera visita contará con la participación del  Presidente de la CIDH, Comisionado James Cavallaro y del Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão. Durante la visita, la delegación realizará actividades en Ciudad de México y en Ayotzinapa. El Plan de Trabajo del Mecanismo tendrá una duración de 12 meses e incluirá labores de recopilación de información y documentación sobre el caso. El plan también incluirá la frecuencia con que se pretende realizar las visitas regulares a México y por el tiempo que resulte necesario para el labor del Mecanismo. “La CIDH tiene expectativa de que las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sean debidamente cumplidas y el Mecanismo sirve para dar seguimiento al progreso en la implementación de las mismas”, dijo el Presidente de la CIDH, James Cavallaro. El establecimiento de un Mecanismo de Seguimiento fue acordado entre los peticionarios de la medida cautelar y el Estado, y el 29 de julio de 2016 fue decidido por la CIDH mediante una resolución. Dicha resolución establece que el objetivo es dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en sus dos informes, así como en el marco de la medida cautelar, principalmente la Resolución 42/16. A partir de dicha decisión, la CIDH y el Estado mexicano sostuvieron conversaciones sobre la financiación del mismo. El 9 de septiembre de 2016, la CIDH y el Estado mexicano finalizaron un acuerdo sobre la integralidad de los recursos necesarios para poner en marcha el Mecanismo. “Es fundamental avanzar en la implementación de las recomendaciones con celeridad y tener en cuenta la centralidad de los derechos de las víctimas en todo ese proceso. Buscamos la integral colaboración de las autoridades nacionales y locales, de todos los poderes del Estado, para que se pueda atender cada recomendación de los Informes del GIEI y de la Medida Cautelar”, dijo el coordinador del Mecanismo, Comisionado Gil Botero.

La aprobación de las Leyes Generales en materia de tortura y desapariciones forzadas de acuerdo al derecho internacional aplicable, otro tema prioritario identificado por el Alto Comisionado, constituye una deuda pendiente a más de 10 meses de la presentación de las iniciativas en la materia. Exigimos al Congreso que priorice el cumplimiento de esta recomendación, recordando que la Ley General contra la Tortura está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, mientras la Ley General contra las Desapariciones Forzadas sigue pendiente en el Senado.

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética

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A dos años de los 43 de Ayotzinapa

Red TDT: A dos años, Ayotzinapa persiste como emblema de la lucha por la justicia en México
 La falta de resolución de este caso resulta emblemática de la ineficacia y corrupción imperantes en el sistema de justicia, así como de la creciente vinculación del crimen organizado con actores estatales en perjuicio de la sociedad.
La tragedia de Iguala es ilustrativa del fenómeno de la desaparición forzada y de la criminalización de la protesta social.
Necesario un cambio de actitud del Estado mexicano hacia los aportes de la justicia internacional, así como hacía las víctimas y las personas defensoras de derechos humanos.
A dos años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en  Iguala durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) exige el pleno esclarecimiento de los hechos. Ello implica tanto la resolución jurídica del caso, como la satisfacción de las demandas de las familias que se mantienen en su exigencia de la presentación con vida de los jóvenes normalistas.
 
Este lamentable caso es un emblema de la ineficacia y corrupción imperantes en el sistema de justicia, así como de la falta de voluntad política de las más altas autoridades de nuestro país para dar certidumbre a la sociedad. Cabe destacar que garantizar el acceso a la justicia para las familias de estos jóvenes, trasciende su legítimo interés y se ha convertido en una muestra clara del nivel compromiso del Estado mexicano con el acceso a la justicia de la población en general.
 
Resulta especialmente grave, la comprobada vinculación del crimen organizado con actores estatales en estos hechos. Con ello se corrobora que se trata de un crimen de Estado, pues su probada vinculación con los hechos no se omite por la participación de actores del crimen organizado. Aún más, la connivencia entre actores estatales y criminales se configura como un patrón de acción a nivel municipal, estatal e incluso probablemente a nivel federal, según las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La sola inacción de los distintos niveles de gobierno, ante hechos tan graves y contundentes implica una responsabilidad ineludible en términos de la legislación nacional y del derecho internacional de los derechos humanos.
 
En este sentido Ayotzinapa resulta ser un caso emblemático de la grave crisis de derechos humanos que se vive en  México, pues resulta ilustrativo no sólo del fenómeno de la desaparición forzada, sino de la vinculación que este ominoso tema tiene con la criminalización de la protesta social. Ello, en el contexto de la poderosa movilización social que se ha generado en torno al tema, ha favorecido una mayor comprensión entre las víctimas de la llamada guerra sucia, cuando el Estado criminalizó a personas que luchaban por la justicia social y las víctimas recientes, cuando la tragedia de la desaparición de personas se generalizó de manera brutal adquiriendo visos de tragedia humanitaria.
 
Especialmente grave resulta el desprecio del Estado mexicano por los aportes de la justicia internacional al mismo. La confrontación del gobierno con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son una muestra clara de la intencionalidad encubridora de las acciones e investigaciones del Estado mexicano al respecto de este caso y que son terriblemente parecidos a lo que refieren víctimas de otros casos menos visibles, pero no menos importantes.
 
Y si esa fue la reacción contra actores de prestigio internacional, mucho más intensa y grave ha resultado la campaña de desprestigio y criminalización contra las personas defensoras involucradas en este caso. Esto se suma a un patrón que la Red TDT ha detectado y denunciado en los años recientes. Resulta fundamental que esta campaña sea detenida de inmediato y que se reconozca el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, así como la importancia de la aportación de las organizaciones y personas para garantizar el acceso a la justicia de sus defendidos, así como el derecho a la verdad de la sociedad toda.
 
En este sentido, y en el contexto de este segundo aniversario, es cada vez más clara la necesidad de que los hechos de Iguala sean esclarecidos como un primer paso para recuperar la confianza en las instituciones del Estado.
 
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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