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LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.

Ponencia presentada por Marco Aurelio Palma Apodaca, Coordinador Jurídico de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, en el Foro sobre los Derechos de las Mujeres Trabajadoras, realizado en el auditorio del Instituto mexicano de Tecnología del Agua, el 3 de marzo de 2017, convocado por el SITIMTA y el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo con el Paro Internacional de las Mujeres.

 Los derechos laborales y desigualdad salarial.

Por causa del actual modelo económico neoliberal nuestro país está sumido en una crisis general, teniendo mucho que ver en esto el proceso de implementación de las llamadas reformas estructurales por parte del régimen priista de Peña Nieto. Hasta ahora se están poniendo en práctica toda una serie de medidas que están afectando los derechos de la mayoría de la población y muy especialmente de los que depende del trabajo asalariado para subsistir. La razón es fácil de explicar: quienes representan a la mayoría de las instituciones de este gobierno no fueron nombrados por los trabajadores y trabajadoras, ni nunca han representado sus intereses, sino los del gran capital transnacional. El pueblo enfrenta sacrificios, se aprieta el cinturón y la pobreza, la explotación, la injusticia y la represión crecen en forma por demás acelerada.

En dicho contexto es necesario recordar la razón principal por la que existen los sindicatos y es sin duda alguna la defensa de los intereses de la clase trabajadora y coincidimos por demás, en que las organizaciones sindicales son una herramienta colectiva por la cual se pueden lograr nuevas conquistas de carácter social, económico, organizativo, y todo lo relativo a la organización del trabajo. El formar parte de un sindicato libre y democrático es sin duda un derecho laboral cuyo reconocimiento se ha ido conquistando a lo largo de la historia, principalmente a principios del pasado Siglo por lo que contribuyeron de manera importante en ello, la Revolución Mexicana (1910) y la Revolución Rusa (1917). Se considera que el goce de estos derechos por igual requiere de una participación activa y positiva del aparato del Estado y de los funcionarios públicos a fin de satisfacer las necesidades socioeconómicas de la población. El Derecho al Trabajo es un derecho social que implica: gozar de un salario justo y equitativo, de tener descanso, a sindicalizarse, a organizar y estallar una huelga cuando exista necesidad. Dichos derechos fundamentales todo el tiempo han sido reclamados por los trabajadores y trabajadoras y en nuestro país hasta fueron reconocidos en 1917 en la Constitución Política Mexicana especialmente en su Artículo 123 al establecer sustancialmente que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil” (…). Por consecuencia convirtió al Estado en el responsable de hacerlos efectivos. Todos y cada uno de estos derechos son indispensables para que los trabajadores y trabajadoras vivan con dignidad. La cruda experiencia vivida por la clase trabajadora en los últimos años es producto de un tejido de diversos factores, entre los que se cuenta la implementación de lo que gobierno ha dado en llamar –flexibilización-  representada hoy en la aprobación de la contrarreforma laboral (siendo parte también de las referidas reformas estructurales) que se manifiesta sobre todo en la reestructuración productiva, a través de la flexibilización de las relaciones laborales, que significa hacer flexible los derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras durante una larga historia de lucha. Con la implementación de dicho proyecto neoliberal, los derechos laborales sufren cada vez mayor deterioro: aumentan las cargas de trabajo; se pierde el poder adquisitivo del salario; se flexibilizan los contratos colectivos, hay dificultades para integrar una organización gremial democrática y se vive constantemente bajo la amenaza de perder el empleo bajo cualquier pretexto, por ejemplo, si el trabajador o trabajadora llega a manifestar algún tipo de denuncia o cuestionamiento sobre las condiciones de trabajo, es tratado como delincuente y castigado con el despido. La situación del país es alarmante, el gobierno afirma que se cumplen las leyes y se respetan los derechos humanos, pero por el contrario estos se están violentando de tal manera que son más los trabajadores y trabajadoras que se encuentra sin empleo estable y sin protección alguna. En el mismo contexto hacemos notar la terrible desventaja en cuanto a las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres en el mundo y nuestro país, por lo que nos permitimos rescatar algunos datos que ejemplifican con exactitud tal situación.

En México actualmente hay casi 20 millones de mujeres que trabajan y un número considerable de ellas no reciben remuneración por su labor; entre profesionistas, los hombres ganan más que las mujeres; entre funcionarios y administradores, acurre lo mismo y en el comercio los varones se benefician de ingresos bastante superiores a los percibidos por las mujeres. Según el índice de discriminación salarial calculado para el año 2016 era necesario incrementar en promedio 5.1% el salario que se les paga a las mujeres para lograr la equidad salarial.

El grupo de ocupación que representa la mayor desigualdad en ventaja para los hombres es el de los trabajadores industriales, artesanos y ayudantes, (grupo en el que tendría que incrementarse el salario de las mujeres un 31.8% para igualarlo con el de los hombres). En el caso de quienes se dedican al comercio corresponde un 10.8% y 14.0% para las y los profesionales, técnicos y trabajadores del arte. Entre las y los oficinistas la brecha es de 10.5% y para funcionarios públicos y gerentes del sector privado, la magnitud de cambio necesaria para igualar los salarios es del 28.4%; en tanto que para trabajadores de la educación la brecha de género es de 1.5%.

Para 2016 la disparidad salarial entre trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y de caza y pesca es de 3.1% de diferencias a favor de las mujeres y solamente entre trabajadores en servicios personales, el salario de la mujeres supera al de los hombres en 13.7%; entre las y los conductores y ayudantes de conductores de maquinaria móvil y medios de transporte la discriminación salarial alcanza 1.0% y entre trabajadores en servicios de protección y vigilancia y fuerzas armadas es de 2.0%.

Es importante señalar que cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen incluso más rápido.

En nuestro país 78 de cada cien hombres y 43 de cada cien mujeres participan en actividades económicas. A pesar del incremento durante las últimas décadas de la participación femenina en el trabajo remunerado, sigue siendo muy por debajo debido a muchos factores como la discriminación en las practicas de contratación, remuneración, movilidad y ascenso; las condiciones de trabajo inflexibles; la insuficiencia de servicios tales como guardería así como la distribución inadecuada de las tareas en el hogar, entre otros.

En este sentido, la tasa de participación de mujeres y hombres en el trabajo doméstico fue de 96.2 y 63.7 por ciento respectivamente (2015).

El ingreso promedio por hora trabajada fue de 32.6 pesos para los hombres y 32.2 para las mujeres, mientras que el promedio de horas trabajadas a la semana por parte de los hombres fue de 45.4 y por parte de las mujeres 37.6 horas. La Población Económicamente Activa (PEA) no ocupada o desempleada correspondió a 4.2 por ciento de la población masculina y la femenina 4.6. Como resultado de la diferencia en la participación económica de hombres y mujeres, en la población adulta mayor (60 y mas) de igual manera se ven reflejadas pues en el año 2015 la tasa de jubilación de la población de 60 años y más edad fue de 25.9 para los hombres y 9.1 por ciento para las mujeres.

También a nivel internacional las cifras hablan por sí solas:

Según la ONU esa drástica disparidad salarial amenaza (si no se toman medidas al respecto) con seguir durante muchos años, y en las organizaciones sindicales no es la  excepción.

A lo largo de su vida laboral, las mujeres siguen experimentando grandes dificultades para acceder a empleos decentes. Solo se han logrado mejoras mínimas desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, por lo que existen grandes brechas que deben colmarse con la puesta en marcha de distintas agendas, acciones e iniciativas.

Las mujeres tienen más probabilidades de estar desempleadas que los hombres, y las tasas de desempleo son del 5,5 por ciento en el caso de los hombres y del 6,2 por ciento en lo respecta a las mujeres (de acuerdo a las consideraciones de la Organización Internacional del Trabajo OIT, el desempleo trae consigo dificultades que inciden negativamente en la calidad de vida y la seguridad de las personas. Asimismo, los priva del acceso a los beneficios del desarrollo).

A escala mundial, la brecha salarial entre hombres y mujeres se estima en el 23 por ciento; en otras palabras, las mujeres ganan el 77 por ciento de lo que ganan los hombres. Se necesitaran más de 70 años para colmar totalmente la desigualdad salarial por motivo de género (según estudio e investigaciones de la OIT).

Ahora bien, si las humillantes condiciones de vida de los trabajadores mexicanos resultan escandalosas desde la perspectiva de los derechos humanos, aquellas vividas por las mujeres en el campo laboral lo son aún más, Como lo muestran los datos anteriores. Y por si no fuera suficiente, enfrentan además de las condiciones que les obligan, el ser parte también de una planta productiva, la responsabilidad de la maternidad, educación, salud y alimentación de los hijos e hijas; la administración de la economía familiar; y la responsabilidad de erguirse como el pilar de la familia.

Hacer compatibles estas responsabilidades con las que exige el trabajo asalariado significa para las mujeres un doble esfuerzo, el cual se incrementa con la tarea de desarrollar un proceso personal, con más mujeres y con su familia y grupos de referencia, para reivindicar sus derechos e ir construyendo una identidad de persona libre digna, lo cual representa un gran reto para quienes se han dado a la tarea de promover y defender los derechos laborales.

Las mujeres mexicanas enfrentan una doble paradoja social:

La responsabilidad exclusiva de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos; junto con un ambiente de discriminación, desigualdad y segregación en el trabajo.

Esa discriminación está justificada por las diferencias biológicas entre los sexos y se aplica sobre todo cuando la mujer se embaraza, ante la cual es hostilizada y despedida del empleo, o cuando los jefes o compañeros de trabajo pretenden imponer un mal entendido para hostigar sexualmente a sus compañeras y subordinadas.

En el mercado laboral se establecen las condiciones para preservar la división sexual del trabajo. A las mujeres se les limitan las posibilidades, a un conjunto de actividades consideradas tradicionalmente como “femeninas” a saber: en el comercio informal, preparación y venta de alimentos, servicio doméstico, costura de prendas de vestir; puestos de trabajo que requieren poca calificación, perciben baja remuneración, con menor prestigio social y en áreas no industrializadas.

A pesar de que existen convenios internacionales y disposiciones legales nacionales que garantizan la igualdad entre los sexos, en la práctica, estas reglamentaciones son letra muerta. En México las mujeres enfrentan cotidianamente problemáticas como el hostigamiento y el abuso sexual en el empleo, los despidos por embarazo, la segregación y la violencia laboral.

Esa discriminación de género, perpetuada a través de las relaciones sociales de poder, establece las condiciones para que las mujeres asuman sobrecargas de trabajo que afectan su salud y les resta tiempo para fortalecer su preparación y su liderazgo; lo que les dificulta el acceso a posiciones de poder; y conlleva a que se encuentren sometidas bajo las órdenes de sus jefes varones, quienes las consideran como objetos de los que pueden disponer en razón de su sexo.

Ante dicha problemática los gobiernos no pueden descartar la aplicación de políticas públicas a favor de la equidad. En el ámbito laboral, se podrían aplicar programas permanentes que atiendan de manera especial a las mujeres trabajadoras a partir de equipos interdisciplinarios de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, médicas y psicólogas quienes podrían brindar una atención especial, humana y de calidad con perspectiva de género, sobre todo en los casos de hostigamiento sexual, despido por embarazo y violencia laboral.

Hace falta crear más instancias a favor de la equidad en el trabajo, además de impulsar una serie de acciones para avanzar en este tema como son: el establecimiento de instancias especializadas en la atención a la mujer trabajadora en todo el país; la generación de políticas públicas de equidad en el ámbito laboral, a fin de dar su justo valor a la contribución de las mujeres en términos económicos, culturales y políticos; la profundización e incorporación de la problemática de género en la Ley Federal del Trabajo para atender problema de hostigamiento sexual y despido por embarazo; la difusión de campañas de sensibilización y educación sobre la problemática humana y laboral de las mujeres trabajadoras; y la creación de las condiciones sociales y laborales para una más equitativa distribución de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos e hijas. Solo así se podrá construir un país más democrático y justo, ya que ninguna política de combate a la pobreza o de desarrollo social será viable si persiste la discriminación y segregación contra el trabajo de la mujer.

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8 de marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Historia: Clara Zetkin, feminista y compañera de Rosa Luxemburgo, propuso en 1910 que cada año se dedicase un día para recordar a la sociedad las demandas pendientes del feminismo. Y recordarnos nuestro poder como colectivo. El 8 de marzo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se celebran los logros alcanzados en la lucha por la igualdad de la mujer, tanto a nivel político, como económico y social. Es también un día reivindicativo en la agenda feminista en el que se recuerdan los hitos alcanzados y los retos pendientes: desde conseguir la igualdad salarial a erradicar la violencia contra la mujer, pasando por derribar los obstáculos de muchas niñas para acceder a la escuela o incrementar la presencia femenina en órganos políticos, legislativos y directivos. Tiene su origen institucional en agosto de 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca. En este encuentro “se adoptó una resolución por la cual se señalaba un día al año como Día Internacional de la Mujer, y este sería un día para hacer campaña por el derecho de la mujer al voto y por la emancipación política de la mujer”. Escoger el mes de marzo no fue una decisión al azar. Se trataba de una fecha emblemática en la lucha por los derechos de la mujer en EE.UU, en concreto en Nueva York. En marzo de 1908, más de 15.000 personas exigieron en las calles de la Gran Manzana mejoras salariales, derecho al voto, reducción de jornada y condiciones laborales dignas. Eran las herederas de las obreras del textil neoyorquino que ya en 1857, también en marzo, comenzaron a movilizarse por sus derechos laborales hasta crear sus propios sindicatos dos años más tarde. Las protestas de marzo de 1911 se vieron respaldadas por el trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwais de Nueva York, en el que el 25 de ese mes murieron 146 trabajadores, la mayoría mujeres, debido a la falta de medidas de seguridad. Este suceso fue el germen del Sindicato de Trabajadoras de la Confección, uno de los más influyentes en EE.UU.

Internacional: En América Latina, el 8 de marzo ha tenido relevancia desde la década de los ochenta, de fuerte agitación política y social. Los derechos de la mujer africana, la pobreza femenina, los feminicidios en México y Centroamérica, la pérdida de derechos sociales y laborales como consecuencia de la crisis económica, la ablación o la situación de la mujer en el Islam son algunos de los retos para el próximo 8 de marzo, que celebró su primer centenario en 2011 con la creación de un nuevo organismo oficial: ONU Mujeres.

Pendientes: Temas de preocupación que no han sido atendidos con políticas públicas y que se han agudizado, afectando los derechos de las mujeres, tales como la concentración de la riqueza en ciertos sectores, el incremento de la explotación de la mano de obra femenil, la feminización de la pobreza, la militarización y el crecimiento del narcotráfico, la trata de personas, la explotación sexual y comercial, la impunidad y el feminicidio.

Desigualdad: Los programas de combate a la pobreza no han generado cambios positivos, y al contrario los índices de marginación y las brechas de desigualdad “se han profundizado”. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México existen 53.3 millones de personas en situación de pobreza. En México las mujeres son mayoría entre las personas desempleadas, o tienen trabajos sin contrato laboral y prestaciones. Las condiciones de salud de las mujeres se han deteriorado y crecen enfermedades que podrían atenderse con campañas de prevención y políticas adecuadas para evitar muertes maternas o enfermedades crónicas degenerativas.

Violencias: La violencia machista y misógina crece al amparo de la violencia institucional llegando a su expresión extrema en las víctimas de feminicidio. Estamos ante la incapacidad institucional de dar las respuestas adecuadas a través del cumplimiento de la ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y la implementación de la Alerta de Violencia de Género. Y en el terreno político, lejos de garantizar la paridad en la representación en los cargos públicos, sólo se pone énfasis en las candidaturas, las cuales inclusive son cuestionadas por las dirigencias partidarias que mantienen el control machista y misógino de las esferas de poder como su coto exclusivo.

Recuperar la herencia histórica feminista del 8 de marzo es fundamental para no bajar la guardia en la lucha plena por el respeto a los derechos de las mujeres, mismos que no han sido ni serán obtenidos como una concesión del poder, sino producto de la lucha organizada de las propias mujeres, con el apoyo de todas las personas que tengan la sensibilidad y conciencia de que este mundo requiere también ser visto con ojos de mujer.

Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C.

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Legítima aspiración a vivir una vida libre de violencia

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

Los derechos de la mujer sobre su cuerpo y su participación en la vida política y económica están bajo ataque. Las mujeres mueren por violencia machista en un sistema capitalista y patriarcal. Es difícil entender las causas, por lo tanto, se oculta. Se exhiben cuerpos destrozados, pero se diluye la responsabilidad de quienes cometieron los crímenes. El 97% están impunes. Y se niega información oficial. Por ello, se repiten hechos violentos y crecen ante el azoro de una sociedad que protesta crecientemente y no es escuchada por autoridades e instituciones que prefieren descalificar los esfuerzos por alcanzar la justicia largamente pospuesta. En lugar de que cada 8 de marzo recuerde la historia violenta contra las mujeres trabajadoras, se trata de opacar la realidad con celebraciones que poco dicen y mucho pervierten ideológica y políticamente. Cinismo, se llama, a la actitud que tienen los gobernantes que no cumplen con la legítima aspiración de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Una joven trabajadora de un centro comercial en Cuernavaca sufre un ataque feminicida que le priva de la vida, un día después de que una enfermera trabajadora del sector salud es localizada sin vida en Ocotepec. Los dos casos de feminicidio ocurridos en 24 horas en Morelos. En ninguno de los femenicidas fueron detenidos. Estos actos de violencia feminicida ocurrieron en medio del más amplio despliegue policiaco anunciado como “Meteoro” por el coordinador de seguridad pública del gobierno del Estado, sin que haya resultado ni por parte del gobierno estatal de Graco Ramírez ni del gobierno municipal de Morales Barud, quienes insisten en esquemas policiacos centralizados que no atienden ni las causas que provocan la violencia feminicida ni la inseguridad reinante. Nuevamente constatamos la criminalización de las mujeres que mueren violentamente, el boletín oficial establece a priori que se trata de hechos relacionados con crimen organizado, con lo que se está re-victimizando a quienes fueron privadas de la vida, en lugar de condenar enérgicamente y llevar a cabo una investigación seria, profunda, profesional, inmediata, para ubicar a los autores y llevarlos ante la justicia para impedir que continúe la impunidad. La exhibición del video por parte del periódico cuyo dueño es el vocero del gobierno muestra hasta dónde ha llegado la falta de ética y el daño que se causa a las víctimas, sin que eso conmueva en lo más mínimo a los dueños del poder gubernamental. En el feminicidio concurren, en tiempo y espacio, daños contra mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales; los hay seriales e individuales y algunos son cometidos por conocidos: parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres. Para que surja el feminicidio concurren de manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado. Durante este gobierno se ha incrementado el número de feminicidios, que de acuerdo al Protocolo de Investigación sobre Feminicidio Vigente en la PGJ y en la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda muerte violenta de mujeres debe ser investigado en primera instancia como feminicidio, lo que desafortunadamente al no hacerse, ni se sanciona ni se toman medidas preventivas para evitar que se siga cometiendo y poniendo en riesgo la vida de otras mujeres en el Estado de Morelos. Lejos de que se tomen estas acciones, el gobierno ha simulado llevar a la práctica las medidas emergentes que el gobierno federal a través del Instituto Nacional de las Mujeres sugirió y que el propio gobierno estatal publicó mediante decreto que no ha cumplido. Las y los funcionarios se han dedicado a realizar campañas de desprestigio de defensoras y defensores de derechos humanos,  Por todo esto, mantemos la exigencia de la emisión de la Alerta de Violencia de Género que hubiese prevenido y evitado que se siguieran perdiendo vidas de mujeres. No callar, no aceptar, es lo mínimo que se debe hacer para empezar a cambiar esta situación.

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