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Alerta de Violencia de Género Nacional

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., asistió a reuniones con diversas organizaciones Feministas y Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres de los Estados de México, Puebla, Michoacán y Jalisco. El 22 de octubre estuvimos en Puebla con las encargadas del Programa de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ., del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana, periodistas de LadoB y del  Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social A.C. Los ejes temáticos fueron: el proceso de la solicitud de Alerta de Violencia de Género en Morelos, el contexto local y nacional de la violencia feminicida, y las estrategias a seguir para el acceso a la justicia para las mujeres. Ante el contexto que se enfrenta en Puebla sobre violencia de género y violencia feminicida, es importante recordar que han sido diversas organizaciones y defensoras/es de derechos humanos quienes la han documentado y acompañado desde sus miradas y posibilidades. Además, han sido ellas quienes han aportado conocimiento a la comprensión de la violencia de género y feminicida en el Estado. Ello conlleva reconocer que, históricamente, ha sido la sociedad civil quien ha levantado la voz por la atención de la violencia contra las mujeres, la exigibilidad del acceso a la justicia y el fortalecimiento de un Estado de derecho que nos permita vivir con dignidad a todas las mujeres. Asimismo, las circunstancias sobre el feminicidio en Puebla demandan respuestas eficaces y articulación en todos los niveles de la sociedad e instituciones. Lamentamos, por ello, las declaraciones emitidas por el Lic. Adolfo López Badillo, ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH), en las que expresa que las organizaciones de la sociedad civil polarizan la  petición de la alerta de género, como si la violencia feminicida fuese un asunto de filiaciones políticas antes que de derechos humanos. Por lo tanto, queremos hacer hincapié en la urgente necesidad de que esta comisión entienda la complejidad de las acciones que está emprendiendo y su corresponsabilidad en materia de los Derechos Humanos de las mujeres.

El 26 de octubre en Michoacán se celebró una reunión con las organizaciones peticionarias de las Solicitudes de las Alertas de Violencia de Género en Michoacán (Humanas sin Violencia), Guanajuato (Las Libres), Mexicali, Baja California,Veracruz Distrito Federal y Morelos (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.). Como resultado del encuentro, acordamos tener una reunión Nacional para fortalecer el trabajo y la exigencia de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG) en todos los Estados, puesconsideramos que la AVG es sin duda una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto ante esta violencia feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años. De igual modo, expresamos que estaremos dando puntual seguimiento a todas y cada una de las acciones y medidas que se plantean para hacer válidos todos los derechos de las mujeres que permitan alcanzar claramente los objetivos de la AVG, asimismo, convocamos a toda la sociedad a estar atenta de la implementación de ésta Declaratoria, pues entendemos que es el último recurso jurídico para salvaguardar la Vida, la Libertad, la Dignidad, la Memoria, la Justicia y la Atención Integral para las Mujeres.
Finalmente, el 29 de octubre acudimos a Jalisco para participar en el Taller Alerta de Género, donde participaron Mujeres de Distintos Partidos Políticos, Mujeres de Izquierda, Mujeres Líderes en Progreso, el colectivo Uni-Diversidades, entre otras. Aunque hasta el momento Jalisco no ha iniciado su solicitud de Alerta de Violencia de Género de manera formal, hay un panorama complicado para las mujeres en Jalisco, hay feminicidios, desapariciones de mujeres, trata de personas y violencia familiar, razones fundamentales y suficientes para pedir la AVG. Como acuerdo del taller, se aprobó emitir un exhorto al Gobierno del Estado de Morelos para que sin más dilación, aplique las medidas urgentes para atender la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos, decretada el 10 de agosto del 2015 para 8 de los 33 Municipios del Estado. En el entendido de que la Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Y tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Por lo cual, el Estado de Morelos deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el marco internacional de los Derechos Humanos y considerar como Restitución Integral: El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial. Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables; la rehabilitación. Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las mujeres víctimizadas y de sus familias; y la satisfacción. Son las medidas que buscan una restitución orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran;  la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad. Garantías Efectivas de no Repetición y un Plan de Atención y Prevención de la violencia familiar y en el ámbito comunitario.

 Feministas y Defensoras de Derechos Humanos hemos elevado nuestra voz en diferentes foros y espacios ante la gravedad de la violencia feminicida y los crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTI, por lo que en Morelos, Puebla, Michoacán y Jalisco hicimos un llamado para que juntas exijamos la Alerta de Violencia de Género Nacional. Porque nos queremos vivas ¡Ni una Menos!

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Globalizar la lucha, internacionalizar la esperanza

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apocaca.

En calles y plazas del mundo resuenan las voces de protesta. De Tlatelolco a Ayotzinapa: fue el Estado. Ni olvido ni perdón. Marchamos por calles y plazas de Cuernavaca. Y no callamos. Elevamos nuestra voz: castigo a los asesinos y justicia para los caídos del 2 de octubre y los desaparecidos del 26 de septiembre. A 47 años del trágico dos de octubre en Tlaltelolco y a un año de la desaparición de normalistas en Ayotzinapa, las organizaciones sindicales y sociales que integran el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, salimos a las calles este dos de octubre, para exigir justicia y verdad, en los crímenes de lesa humanidad que existen en México. Uno de los temas más delicados y pendientes en Morelos es la aplicación de la alerta de violencia de género, por ello entregamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un reporte pormenorizado sobre las violencias contra defensoras, el feminicidio y las desapariciones en Morelos, para que a nivel internacional se vigile el cumplimiento de todas las recomendaciones sobre la implementación de la Alerta de Violencia de Género girada sobre la entidad. Eso mismo haremos del conocimiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) durante su visita este 5 de octubre. La declaratoria de alerta por violencia de género en Morelos ha resultado ineficaz, de ahí la importancia de ir a otras instancias internacionales a solicitar apoyo para que las disposiciones dictaminadas en la alerta de género, realmente se cumplan. El acercamiento que el gobierno estatal ha mantenido con la sociedad civil organizada ha sido mínimo y los casos de violencia en contra de las mujeres se siguen repitiendo ya que las acciones no han resultado efectivas. Por ello se recurrirá formalmente a instancias internacionales como la CIDH y la OACNUDH. También hemos planteado temas relevantes como nuestra oposición al Mando Único de Graco y Peña Nieto, pero de ahí a estar de acuerdo en que sea el Ejército, como quieren Blanco, el Obispo, los panistas y los dirigentes de la Coordinadora, por supuesto que no. Exigimos Seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos. No es con militares ni más policías,  lo fundamental para enfrentar la violencia estructural en Morelos. Esta realidad de situación extrema de violencia, inseguridad, pobreza, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada e impunidad, fue expuesta por la CIDH, quien sostuvo que la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que perpetúa y en ciertos casos impulsa la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos, por lo que México vive una grave crisis de derechos humanos. El efecto de esta violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros. La violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y contra periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos. Sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos, Guerrero, la CIDH respaldó el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establecido por el organismo a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las familias de los estudiantes desaparecidos, muertos y heridos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Los problemas descriptos, sostuvo el organismo, son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que perpetúa y en ciertos casos impulsa la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una simulación. En sus observaciones, la CIDH destacó que la militarización de la seguridad ciudadana, atribuyendo a las fuerzas armadas roles que corresponden a las fuerzas policiales civiles, aunado a la política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales en distintas partes del país que, dijo, ha resultado en un incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, así como en mayores niveles de impunidad. La CIDH, a partir de los testimonios que recabó, pudo observar que la situación de hostigamiento y amenaza contra defensores y defensoras de derechos humanos, los cuales indican que continúan los asesinatos, agresiones, desapariciones forzadas, amenazas contra ellos y sus familiares, seguimientos, así como los señalamientos por parte de autoridades que les desprestigian y estigmatizan por su labor de defensa de los derechos humanos. El Estado Mexicano cometió (en la figura presidencial de Díaz Ordaz y Echeverría Álvarez) y sigue cometiendo los llamados crímenes de “Lesa Humanidad” por lo que los perpetradores deben ser juzgados y condenados por dichos delitos. La violencia institucional no para, por el contrario se agudiza y se sigue presentando en sus múltiples matices y nuevas formas de represión. Se sigue con la política sistemática de criminalización de los movimientos sociales que sin embargo siguen naciendo por todo el territorio nacional, por lo que quiere decir que el pueblo en su resistencia no se vence, en cambio se sigue organizando de formas creativas y renovadas, porque ayer como hoy, mantiene firme su dignidad. El régimen y su modelo económico-político neoliberal solo ha generado mayores índices de pobreza, marginación, represión y violencia institucional ¡No es justo vivir en un Estado Policíaco! ¡Tenemos derecho a vivir en un estado de derecho y de respeto a los derechos humanos! y si la barbarie no para, entonces organicemos la conciencia, organicemos ya la esperanza y vivamos juntos con dignidad, con mayor igualdad, equidad y justicia social. No permitamos que se sigan perpetrando mayores matanzas, feminicidios y más desapariciones forzadas, ¡Un mundo mejor es posible!

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AGENDA DE DERECHOS HUMANOS 2015-2020. 

Paloma Estrada Muñoz y José Martínez Cruz

Presentación: lunes 14 de septiembre en Cuernavaca, Morelos, en el Museo de la Ciudad, Avenida Morelos 265, colonia centro, a las 11 de la mañana. Invita: Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. En el evento se tendrán agendas para las personas participantes y medios de comunicación.
Históricamente han sido los pueblos quienes mediante su irrupción organizada han cambiado el rumbo de sus destinos de explotación, miseria, hambre, opresión, injusticia y desigualdad al que los mantienen sometidos los dueños del poder y del dinero. No siempre lo legal es legítimo, no siempre lo legal es justo. La esclavitud en México era legal bajo la dominación española durante siglos, igual que en el siglo XVIII, Inglaterra era un país democrático, y a partir de 1776 también los Estados Unidos. En ambos era legal la esclavitud. También lo era en España hasta 1886, tras varios períodos de gobiernos democráticos desde 1812. Gobiernos democráticos que, con amplio consenso, dieron cobertura legal a esa inhumana institución. La esclavitud era también considerada como un “derecho”: el derecho de una clase social (los propietarios de esclavos, en este caso) para disponer de la vida y el cuerpo de otros seres humanos (los esclavos). La esclavitud era considerada como parte del “derecho a decidir” de los amos sobre su “propiedad”.  Hoy en el mundo entero es legal la esclavitud asalariada que mantiene la desigualdad y la injusticia y sólo se cuestionan algunas formas extremas. Lograr una cultura de respeto a los derechos humanos implica luchar contra este sistema capitalista neoliberal que impide que la inmensa mayoría de la población tenga garantizados todos los derechos para todas y todos. Desde las organizaciones de derechos humanos trabajamos con los pueblos, sindicatos, movimientos y coordinaciones sociales para lograr cristalizar una sociedad diferente, donde los derechos sean para todas y todos. Nuestras propuestas las hemos sistematizado en la Agenda “Ante la adversidad y la indignación: la construcción colectiva”.

La agenda política es fruto de un intenso proceso de diálogo y construcción crítica en el que las organizaciones partieron de sus realidades para trazar una ruta común con seis campos de lucha. Así, la Red TDT conmemora su 25 aniversario con un posicionamiento ante las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que enfrenta nuestro país: constituyéndose en una herramienta para la construcción colectiva de un futuro en donde los Derechos Humanos tengan plena vigencia. Los ejes de La Agenda de la Red TDT: a) tierra y territorio; b) violencia e inseguridad; c) mujeres, género y poblaciones lesbiana, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual (LGBTTTI); d) derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y políticas públicas; e) movilidad humana como migración, refugio y desplazamiento; y f) derecho a defender los derechos humanos y la criminalización de la protesta social. En esta Agenda, la Red TDT denuncia que, de manera general, aun frente a los avances en derechos humanos, como la reforma al Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las acciones para operativizarlos han sido escasas y poco efectivas; asimismo que la violencia e inseguridad que se vive en todo el país agrava más la situación de violaciones a los derechos humanos de las y los ciudadanos, al igual que las reformas estructurales y para el fortalecimiento del modelo económico que se han venido instrumentando en los últimos años y que van dejando en la indefensión a mujeres y hombres frente a las grandes empresas e intereses políticos. En realidad, se percibe que el uso del lenguaje de derechos humanos desde el Estado tiene más la finalidad de generar una imagen de democracia hacia los países con los que México quiere establecer relaciones comerciales, que como una promesa de cumplimiento en progresividad. Y esto se comprueba con la creciente criminalización y represión contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo víctimas de la violencia del Estado, defensoras y defensores comunitarios, colaboradores de organizaciones de la sociedad civil, así como personas comunicadoras que buscan visibilizar las situaciones de violencia en el país.

La Agenda reconoce que cada eje está relacionado con los demás. Los grupos mencionados por su situación de vulnerabilidad ven afectada su situación de múltiples formas habiendo elementos que, al sumarse, la agravan; como la desaparición forzada, que recién se aprobó y público una ley en Morelos y continúa la lucha nacional por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa a casi un año; el feminicidio que continúa y hace un mes que en Morelos se decretó la alerta de violencia de género para ocho municipios; lo que nos permite recordar que las violaciones a los derechos humanos van constituyendo cadenas de agresiones, construyendo un contexto cada vez más complejo para la defensa de los derechos humanos. Esto es parte del reto histórico que ha significado abordar los derechos humanos desde una perspectiva integral no sólo transversal, sino incluyente. Esta Agenda es un posicionamiento político compartido entre las organizaciones que integran la Red TDT, y también una reafirmación de su compromiso para buscar la vigencia plena de los derechos humanos para todas y todos; una oportunidad de construir diálogos, alianzas y convergencias con otros actores sociopolíticos (redes, organizaciones, colectivos, movimientos sociales ciudadanas y ciudadanos) interesados en el pleno respeto de los derechos humanos; y una exigencia al Estado para que escuche y atienda a la sociedad en su conjunto.
El contenido completo de la Agenda se puede leer descargándola desde la página web de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos:

http://redtdt.org.mx/wp-content/uploads/2015/08/Agenda_Red_TDT_%202015-2020_Final.pdf

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A un año de Ayotzinapa no olvidamos.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

En el aniversario de los 43 de Ayotzinapa, éste 26 de septiembre en Morelos marcharemos a las 5 de la tarde del Calvario al zócalo de Cuernavaca.

El mayor enemigo de la justicia es el silencio y la indiferencia. Ante la barbarie cotidiana que estamos padeciendo es necesario elevar la voz de protesta en las calles y plazas. A un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no callamos ni aceptamos lo inaceptable: vivos se los llevaron, vivos los queremos. El gobierno de Peña Nieto está en el banquillo de los acusados por este delito de lesa humanidad, y ante los ojos del mundo se ha demostrado la responsabilidad del Estado al aplicar una estrategia de terrorismo militarista contra los movimientos sociales para imponer sus reformas neoliberales y terminar con las protestas que se expresan en todo el país. En México existe un patrón de impunidad generalizada en los más de 27 mil desaparecidos y en los más de 4 mil feminicidios, así como en los cerca de 150 mil asesinatos entre los que se incluyen ejecuciones extrajudiciales y masacres cometidas por militares y policías. Y una vez que se ha demostrado que el gobierno miente abiertamente desde la presidencia y de la PGR, la crisis política abierta por Ayotzinapa es de dimensiones históricas. Así lo expresarán miles de personas marchando por las calles este fatídico 26 de septiembre que se cumple un año. Además de las voces del pueblo y las organizaciones, instancias internacionales y expertos han denunciado esta mentira histórica y jurídica. Amnistía Internacional dijo que son infundadas las afirmaciones del gobierno de México sobre la identificación de los restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz por lo que pidió dejar de jugar con las vidas y esperanzas de los familiares de los estudiantes desaparecidos y buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa a como dé lugar. La coincidencia genética mitocondrial entre la muestra ósea 16-29102014 y la madre del joven Jhosivani Guerrero de la Cruz, no es considerada por el Equipo Argentino de Antropología Forense como un resultado identificatorio definitivo. Es fundamental señalar que los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y en particular las dos familias sobre las que PGR presentó resultados en conferencia de prensa, tuvieron sólo unos minutos para enterarse de lo que se iba a anunciar públicamente. El EAAF, junto con los abogados del Centro Prodh y Tlachinollan, quiénes representan legalmente a los familiares de los 43 estudiantes, se reunieron con las familias afectadas para poder explicarles los nuevos resultados del laboratorio de Innsbruck. El riesgo de filtraciones señalado como razón de la urgencia en la comunicación pública de resultados, corre así el riesgo de acabar con el derecho de las víctimas a conocer los hechos sobre sus familiares desaparecidos, con el debido tiempo y asistencia necesaria. El EAAF solicita a PGR que respete los compromisos asumidos en cuanto al trato a los familiares de los normalistas; ninguna familia debería enterarse de este modo de noticias tan delicadas sobre el posible destino de su familiar desaparecido.  Sobre la contundencia de las “resoluciones” de la PGR, el EAAF concluyó que “no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el basurero con aquellos recuperados, según la PGR, en el río San Juan”.

La exigencia de los expertos de la ONU al gobierno para que garantice el derecho a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria de las víctimas de desaparición forzada de la guerra sucia demuestra el terror que ha ejercido el Estado contra la población civil, y que sólo aparenta cumplir con los tratados y convenios internacionales que ha firmado. “El ejemplo más claro es el de los estudiantes desaparecidos en Iguala. El mundo entero sabía de ellos y el Gobierno tardó meses en incluirlos en su base de datos”, subrayó. El experto de la ONU recordó que una de las principales conclusiones del último informe del Grupo sobre México incidía en “la impunidad generalizada”. La militarización no es la solución. El Relator Especial observa además que es bien sabido que, en cualquier país, a los soldados que realizan labores policiales les cuesta mucho renunciar al paradigma militar. Por lo general, la forma en que han sido adiestrados hace que no sean aptos para mantener el orden público. El principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza, mientras que el enfoque de derechos humanos, que debe ser el criterio para juzgar cualquier operación policial, se centra en la prevención, la detención, la investigación y el enjuiciamiento, y solo contempla el uso de la fuerza como último recurso, permitiendo el recurso a la fuerza letal únicamente para evitar la pérdida de vidas humanas. El Relator Especial advierte que la aplicación de un enfoque militar al mantenimiento de la seguridad pública puede crear una situación en que la población civil se vea expuesta a toda una serie de atropellos. Además, no hay suficiente rendición de cuentas por esos actos en el sistema de justicia militar, el cual carece de independencia y transparencia y ha sido sistemáticamente incapaz de enjuiciar de manera efectiva a los soldados señalados de participar en la desaparición de los estudiantes. Estos problemas son particularmente acuciantes en México y deben ser objeto de medidas inmediatas. En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015 con el fin de analizar la crisis de derechos humanos que enfrenta el país. La Comisión convocará reuniones con la sociedad civil mexicana tanto en el D.F. como en los otros estados que visitarán.  Los ojos del mundo están puestos en México y el pueblo puede mostrar la capacidad de indignación y organización mediante la lucha y la esperanza de que a un año Ayotzinapa no quede en el olvido.

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Estado represivo y ley contra desaparición forzada.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz.

Defender los derechos humanos frente a un Estado represivo es un compromiso de vida. Decir Fuera Peña, fue el Estado, es elevar la voz de indignación ante un gobierno represivo, antidemocrático, autoritario y violador de derechos humanos, que está únicamente al servicio del gran capital de la oligarquía y las trasnacionales. Estos tres años han significado mayor miseria, hambre, desempleo, bajos salarios, violencia, muerte, desapariciones, feminicidio, militarización e injusticia social. Ningún avance para la vida digna de las personas ha significado el paquete de reformas aprobado por el gobierno con todos los partidos que integraron el mal llamado pacto por México, que mostró claramente que por encima de la voluntad ciudadana se encuentran los privilegios de la burocracia de todos los partidos que avalaron estas criminales reformas. Ante la creciente inconformidad popular, expresada en miles de movilizaciones en todo el país, el Estado refuerza su poder militar y policíaco, reprimiendo, persiguiendo, encarcelando a personas que protestan y luchan, desapareciendo a activistas y generalizando la práctica de la desaparición forzada a decenas de miles de personas en todo el país, incrementando la inseguridad y los ataques contra la vida y la libertad de mujeres y niños, el feminicidio, la explotación infantil, la trata de personas y la persecución a migrantes y criminalización de los jóvenes. En todas estas políticas el gobierno de Morelos ha seguido el mismo derrotero que el gobierno federal. No hay diferencia cualitativa entre las políticas que aplica Peña Nieto y Graco Ramírez. Los une los mismos objetivos de fortalecer el capital y sus privilegios. Por ello, es que este primero de septiembre denunciamos a los malos gobiernos que no representan los intereses de la mayoría de la población. No aceptamos sus políticas privatizadoras y represivas.

En este contexto, destacamos avances importantes del movimiento el hecho que a partir de este jueves 2 de septiembre de 2015, entró en vigor la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, que fue impulsada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, familiares de víctimas y ofendidos, así como organizaciones sociales y aprobada por la recién extinta LII legislatura. Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, cobra vigencia esta ley que durante mucho tiempo fue reclamada por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que alertaron sobre el creciente fenómeno delictivo y la tragedia de decenas de familias morelenses que hasta hoy no saben el paradero de hijos, hijas, padres, madres y hermanos. (El texto íntegro se puede consultar en: http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2015/5326.pdf) En esta ley la desaparición forzada está tipificada como un delito imprescriptible y se prohíbe tajantemente a los servidores públicos, denegar el acceso a personal de organizaciones internacionales de derechos humanos a edificios o instalaciones en donde se presuma se pudo cometer este ilícito. También se permite coadyuvar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con el Ministerio Público en la investigación del delito de desaparición forzada;  establecer medidas cautelares para la búsqueda y localización de las víctimas; y conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario entre servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial, instituciones educativas y grupos de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, así como expertos en materia de desaparición forzada. Para efecto de instaurar el Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas Desaparecidas y el Comité Consultivo, el Ejecutivo estatal deberá emitir a la brevedad la convocatoria respectiva dirigida a la sociedad en general para que la integración de ambos órganos se concrete en un plazo máximo de 60 días hábiles. Al respecto consideramos importante no esperar todo este tiempo y  que ésta convocatoria se emita a la brevedad posible para sentar precedente nacional, ahora que se está discutiendo la Ley General. El Mecanismo y su consejo consultivo conocerá de los casos de desaparición forzada de personas a través del Ministerio Público una vez que sea presentada la denuncia ante la Fiscalía estatal, y estará integrado por cinco representantes de instituciones y dos representantes de organizaciones civiles. Su función será dictaminar las medidas necesarias para garantizar la integridad de cualquier persona que como consecuencia de la desaparición forzada se encuentre en riesgo, y ordenar las medidas cautelares que amerite cada caso. Además, prevé la figura de Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas, la cual consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo fundamental, recuperar la memoria histórica de los hechos y conocer la verdad jurídica de los hechos. El estado a través de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, creará una Base de Datos con los registros de las personas fallecidas y que se encuentran en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense o en las fosas comunes designadas para la Fiscalía General del Estado, con el fin de obtener su registro morfológico y dental, así como muestras para estudios genéticos, extraídas por personal altamente especializado en el tema. Lo que sigue es exigir la aplicación de esta Ley y sobre todo eliminar las causas políticas de la desaparición, por lo que es un compromiso de lucha y un llamado a la consciencia social para decir: Nunca más!

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Alzar la voz contra feminicidio y desaparición forzada.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz

Alzar la voz. Y actuar en consecuencia. Levantarse del suelo, y caminar. Es un proceso de toma de conciencia que, en ocasiones, lleva un largo tiempo en la historia. Un desafío para no aceptar la cotidianidad de explotación, opresión y violencia impuesta por los dueños del dinero y el poder. Días y noches de amor y guerra en los que vamos anudando solidaridades. Dignidad expresada en una jornada de lucha por derechos laborales y contra La violencia feminicida. Y salimos a la calle miles de trabajadoras y trabajadores del Estado de Morelos. Este primero de mayo 2015 ha sido una verdadera jornada de lucha proletaria. No es un día de fiesta, es de lucha y de protesta. Así quedó demostrado en los gritos, en las consignas y en las mantas de los contingentes. Se hace historia cotidianamente cuando la gente defiende sus derechos de manera organizada. Saludamos el entusiasmo y compromiso de quienes producen toda la riqueza con su esfuerzo en el campo y la ciudad y salen a exigir que se tiene derecho a una vida digna, para todas y todos, no para unos cuantos que explotan y oprimen al pueblo cada vez más con las reformas en materia laboral que afectan las históricas conquistas de la clase trabajadora. Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos nos congratulamos al ver como la conciencia avanza entre sindicatos y organizaciones sociales. No es fácil salir a luchar. De nueva cuenta se ha demostrado que se puede. Hoy es claro que desde abajo se puede fortalecer la exigencia de la Alerta de Violencia de Género para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar el Feminicidio, porque no estamos todas, nos faltan más de 633 víctimas de feminicidio, así como no estamos todos, nos faltan 43 y miles de personas desaparecidas.
En este primero de mayo, iniciamos una nueva fase de lucha para defender la vida y la libertad de las mujeres en Morelos. Convocamos desde la tribuna de ese mitin a llevar a cabo asambleas donde se tomen resolutivos para exigir al Secretario de Gobernación, Osorio Chong, emita la Alerta de Violencia de Género. Esta demanda la llevaremos a las calles y plazas, a las paredes y bardas donde aparezcan estas demandas y se hagan visibles las cruces rosas por cada una mujer o niña asesinada. La campaña por la Alerta de Violencia de Género es para apropiarnos de los espacios públicos y hacer visible lo que el gobierno quiere borrar, negar y ocultar. No podemos a acostumbrarnos a lo inaceptable ni ver como natural que se prive de la vida a quienes tienen un mundo por vivir.
También decimos que no hay democracia con feminicidio y desaparición forzada, con tortura y militarización. Por eso exigimos al Congreso del Estado apruebe la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar, Investigar y Erradicar la Desaparición Forzada para Morelos que desde hace ya más de un mes ha sido turnado a comisiones para su análisis y aprobación, sin embargo, aún no se turna al pleno para discutir y aprobarla. Como sociedad ya no podemos ni debemos seguir esperando. Por tanto hoy levantamos nuestra voz para que haga eco en la sociedad y exijamos al unisonó todo mundo: “Vivos y vivas se las llevaron, Vivos y vivas las queremos”. El fenómeno de la desaparición de personas en México en los últimos años ha tomado dimensiones que la sociedad aún no logra comprender en su magnitud y profundidad humana y sistémica. En informe reciente, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas señala: “La información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”. Quienes viven este drama, saben en carne propia lo que significa la Desaparición; desde el primer día que les arrancaron de manera violenta a sus hijos e hijas no han dejado de buscar, de gritar sus nombres en las calles y en el silencio amoroso de su corazón; no han dejado de pedir a quienes se los llevaron que los regresen y de exigir justicia a quienes tuvieron que haber evitado esta tragedia y no hicieron nada. El manejo perverso de cifras oficiales no logra simular la tragedia humanitaria que estamos viviendo; la demanda de búsqueda-localización, Verdad y Justicia de las familias de las más de 26 mil personas desaparecidas en México y de los más de 10 mil migrantes desaparecidos en tránsito por nuestro país, sigue siendo nuestra principal e irrenunciable demanda y no pararemos de recorrer calles, dependencias, cuarteles y cárceles; montañas y desiertos hasta saber qué pasó con ellos y ellas.
Así como en la marcha del día Primero de Mayo, este 10 de mayo, día en que se celebra a la Madre en México, miles de madres saldrán nuevamente a la Marcha por la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijos e hijas, buscando la Justicia y la Verdad. Va nuestra solidaridad y compromiso de levantar la voz: ni un feminicidio más, basta de desaparición forzada. Por la vida y la libertad de las mujeres. Súmate a la campaña por la Alerta de Violencia de Género en Morelos y por la aprobación de la Ley para Prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada.

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Ser feminista es abrir los ojos ante la desigualdad.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz
Mujeres defensoras, trabajadoras, periodistas, activistas, estudiantes, indígenas, campesinas, profesionistas, juntas y revueltas, analizando y compartiendo saberes, debatiendo propuestas, planteando alternativas, luchando y transformando una sociedad para terminar con la opresión y explotación, por el derecho a una vida libre de violencia. Ser feminista es abrir los ojos ante la desigualdad para erradicarla.
Historia:
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, una fecha en la que se celebran los logros alcanzados en la lucha por la igualdad de la mujer, tanto a nivel político, como económico y social. Es también un día reivindicativo en la agenda feminista. Trabajar en los retos pendientes: desde conseguir la igualdad salarial a erradicar la violencia contra la mujer, pasando por derribar los obstáculos de muchas niñas para acceder a la escuela o incrementar la presencia femenina en órganos políticos, legislativos y directivos. Esta fecha histórica para el movimiento feminista tiene su origen institucional en agosto de 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca. En este encuentro se adoptó una resolución por la cual se señalaba un día al año. Escoger el mes de marzo no fue una decisión al azar. Se trataba de una fecha emblemática en la lucha por los derechos de la mujer en EE.UU, en concreto en Nueva York. En marzo de 1908, más de 15.000 personas exigieron en las calles de la Gran Manzana mejoras salariales, derecho al voto, reducción de jornada y condiciones laborales dignas. Eran las herederas de las obreras del textil neoyorquino que ya en 1857, también en marzo, comenzaron a movilizarse por sus derechos laborales hasta crear sus propios sindicatos dos años más tarde. Las protestas de marzo de 1911 se vieron respaldadas por el trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwais de Nueva York, en el que el 25 de ese mes murieron 146 trabajadores, la mayoría mujeres, debido a la falta de medidas de seguridad. Este suceso fue el germen del Sindicato de Trabajadoras de la Confección, uno de los más influyentes en EE.UU.
Internacional:
En América Latina, el 8 de marzo ha tenido relevancia desde la década de los ochenta, de fuerte agitación política y social. Los derechos de la mujer africana, la pobreza femenina, los feminicidios en México y Centroamérica, la pérdida de derechos sociales y laborales como consecuencia de la crisis económica, la ablación o la situación de la mujer en el Islam son algunos de los retos, su primer centenario en 2011se celebró con la creación de un nuevo organismo oficial: ONU Mujeres.
Pendientes: Temas de preocupación que no han sido atendidos con políticas públicas y que se han agudizado, afectando los derechos de las mujeres, tales como la concentración de la riqueza en ciertos sectores, el incremento de la explotación de la mano de obra femenil, la feminización de la pobreza, la militarización y el crecimiento del narcotráfico, la trata de personas, la explotación sexual y comercial, la impunidad y el feminicidio.
Desigualdad: Los programas de combate a la pobreza no han generado cambios positivos, y al contrario los índices de marginación y las brechas de desigualdad “se han profundizado”. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México existen 53.3 millones de personas en situación de pobreza. En México las mujeres son mayoría entre las personas desempleadas, o tienen trabajos sin contrato laboral y prestaciones. Las condiciones de salud de las mujeres se han deteriorado y crecen enfermedades que podrían atenderse con campañas de prevención y políticas adecuadas para evitar muertes maternas o enfermedades crónicas degenerativas.
Violencias: La violencia machista, patriarcal y misógina crece al amparo de la violencia institucional llegando a su expresión extrema en las víctimas de feminicidio. Estamos ante la incapacidad institucional de dar las respuestas adecuadas a través del cumplimiento de la ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y la implementación de la Alerta de Violencia de Género. Y en el terreno político, lejos de garantizar la paridad en la representación en los cargos públicos, sólo se pone énfasis en las candidaturas, las cuales inclusive son cuestionadas por las dirigencias partidarias que mantienen el control machista y misógino de las esferas de poder como su coto exclusivo.
Recuperar la herencia histórica feminista del 8 de marzo es fundamental para no bajar la guardia en la lucha plena por el respeto a los derechos de las mujeres, mismos que no han sido ni serán obtenidos como una concesión del poder, sino producto de la lucha organizada de las propias mujeres, con el apoyo de todas las personas que tengan la sensibilidad y conciencia de que este mundo requiere también ser visto con ojos de mujer.

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