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Chilapa ante grave violencia y riesgos para personas defensoras

Organizaciones del sur del país respaldan el trabajo del Centro Morelos y expresan su preocupación ante el clima de violencia que afecta su labor como defensores.
Oaxaca, Morelos y Guerrero, a 24 de julio de 2017.- Los hechos recientes que han sacudido a la región de Chilapa, Guerrero, en medio del clima de violencia en el Estado han afectado las actividades del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” a favor de familiares y víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y desplazamiento forzosos dejando expuesta la situación de
vulnerabilidad que enfrentan como defensoras y defensores.
A esto se ha sumado la inacción e indolencia de las autoridades que no han brindado las condiciones necesarias para que ejerzan su derecho a defender derechos humanos. Como personas defensoras de derechos humanos la labor de los integrantes del Centro Morelos aporta sus esfuerzos para lograr un fortalecimiento del estado de derecho y el aumento de la gobernabilidad y el fin de la impunidad de los delitos de alto impacto social.
Además su trabajo como denunciantes, coadyuvantes, gestores y representantes legales de víctimas y familiares en la zona es una confrontación diaria con las autoridades estatales y nacionales, así como ante el actuar impune de perpetradores que sumado a la vulneración de su labor los expone como un blanco propicio para cualquier tipo de agresión directa.
Es por ello, que las organizaciones firmantes respaldamos ampliamente el trabajo del Centro Morelos y hacemos un llamado a las autoridades para que lleven a cabo acciones efectivas de acción y prevención que permitan evitar algún hecho lamentable en contra de estos defensores y defensoras, por lo cual exigimos que:
– Se reconozca y respete la labor de los defensores de derechos humanos en su papel de
representantes jurídicos de las víctimas y sus familiares.
– Se respete y se proteja la integridad personal y seguridad de las y los defensores de derechos humanos del Centro Morelos.

Atentamente
Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”
Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”
Tequio Jurídico
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha
Colectivo Contra la Tortura e Impunidad
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi

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Condenamos la violencia e impunidad contra personas defensoras de DDHH; es deber del Estado garantizar derechos  

  • Exigimos atacar las causas estructurales para proteger a las personas defensoras de la corrupción e impunidad.
  • Instamos al Estado mexicano a cumplir las recomendaciones del Relator Especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de DDHH.
  • Deploramos el asesinato de Isidro Baldenegro que sucedió al inicio de la visita del Relator, el cual resulta un caso emblemático.

 

Ciudad de México, 25 de enero de 2017. En el contexto de la visita oficial del Sr. Michel Forst, Relator Especial de la ONU para la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil expresamos un enérgico ¡Ya Basta! de violencia cometida contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por parte de actores estatales y de otro tipo. Especialmente grave resulta el asesinato del defensor Isidro Baldenegro, -Premio Goldman- justo cuando la visita oficial daba inicio.

Desde la Sociedad Civil saludamos esta importante visita, así como la disposición del Relator Forst para reunirse con una amplia diversidad de personas defensoras, tanto en la Ciudad de México como en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México. Recordamos que, en el contexto de la Declaración sobre las personas defensoras de derechos humanos de la ONU, es responsabilidad estatal garantizar el derecho a defender derechos humanos.

Cabe destacar que ante el Relator, expresamos las dificultades y los obstáculos que enfrentamos personas, organizaciones y periodistas para desarrollar nuestra labor. Ante ello, resulta indispensable que el Estado mexicano se comprometa a cumplir las recomendaciones del relator Forst, de las cuales destacamos los siguientes aspectos:

  • Investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos, violencia y amenazas cometidas contra personas defensoras de derechos humanos, en el sentido de que policías de todos los niveles, militares y marinos forman parte de quienes les agreden. Es imprescindible garantizar medidas de reparación y no repetición.
  • Fortalecer el Estado de Derecho en el país, combatiendo la corrupción e impunidad que involucra tanto a agentes del Estado, empresas, grupos religiosos hegemónicos y miembros del crimen organizado, mismas que derivan en la violencia contra personas defensoras.
  • Cumplir las recomendaciones de las instancias de DH internacionales para retirar al Ejército de las funciones de seguridad pública y evitar con ello las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en los últimos años
  • Emprender una política de reconocimiento a las personas defensoras, a la labor de defensa de los derechos humanos y a la libertad de opinión y expresión, evitando y condenando su desacreditación pública,
  • Cumplir plenamente con las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos.
  • Garantizar la inclusión de las personas defensoras en los proyectos legislativos relacionados con tortura, desaparición y seguridad interior.
  • Evitar la presentación y aprobación de leyes restrictivas de los derechos, especialmente de la libertad de expresión y de asociación sindical, así como el uso de definiciones ambiguas que criminalizan, como “ataques a la paz pública”.
  • Demostrar su voluntad política mejorando el funcionamiento, fortaleciendo la solidez institucional e incrementando la participación de la sociedad civil en el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
  • Integrar un enfoque multicultural y colectivo para el Mecanismo en términos de la atención y protección que ofrece, así como de los análisis de riesgo para comunidades indígenas, ya que los enfoques rurales y remotos requieren un enfoque diferente al urbano.
  • Adoptar políticas específicas de protección a personas y colectividades defensoras indígenas, mujeres, desplazadas y LGBTI.
  • Mejorar el trabajo de los Organismos Públicos de Derechos Humanos y su participación en la protección de las personas defensoras.
  • Incorporar en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos un sólido componente sobre la responsabilidad de las empresas; sobre la consulta y decisión de las comunidades; así como que se incluya a las y los defensores en las decisiones y el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos.
  • Asegurar procesos de consulta significativos sobre aquellos proyectos que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas.
  • Asegurar que las y los inversionistas y las empresas cumplen con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y que se sancionan a las empresas asociadas con violaciones contra los defensores, tanto en el país como en el extranjero.

Consideramos que para que dichas recomendaciones sean cumplidas, se requiere una participación activa de la Sociedad. En un contexto de violencia, impunidad y corrupción generalizada, en donde las respuestas por parte de los actores estatales resultan ineficaces e insuficientes, y sólo incorporando a las y los agraviados se logrará conseguir avances.

Finalmente, exigimos al Estado mexicano que renueve la invitación al relator, ya que él mismo solicitó dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.

Atentamente

Organizaciones

  1. Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH)
  2. Agenda LGBT
  3. Albergue Tochan
  4. Article 19
  5. Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)
  6. Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI)
  7. Cauce Ciudadano
  8. Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C.
  9. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
  10. Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. (CEDEHM)
  11. Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa
  12. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
  13. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
  14. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
  15. Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi
  16. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh)
  17. Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
  18. Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo
  19. Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local
  20. Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
  21. CIC-Propuesta Cívica
  22. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
  23. Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH)
  24. Colectiva de Mujeres de la CIudad de México
  25. Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
  26. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos
  27. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
  28. Comité Cerezo México
  29. Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha
  30. Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha
  31. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”
  32. Comite de Solidaridad y DH Monseñor Romero
  33. Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)
  34. Comunidad Magdala
  35. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
  36. i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos
  37. Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
  38. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
  39. Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana
  40. Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia
  41. Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC)
  42. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
  43. Red Retoño para la prevención social de la delincuencia
  44. Resonar
  45. Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
  46. SMR; Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados
  47. Tequio Jurídico

 

Redes

Espacio OSC Para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas

Las organizaciones del Espacio_OSC que firman el comunicado son: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC­Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Instituto Mexicano Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras; SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). Acompañado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.

 

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

 

Personas

Carolina Pimentel

Consuelo Morales E.

Nestora Salgado

 

 

 

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El derecho a defender los derechos humanos en riesgo.

 

76 casos de violaciones de derechos humanos (VDH) y agresiones cometidas contra defensores y defensoras de derechos humanos en 20 estados de la república. 

Defender los derechos humanos es una actividad de alto riesgo en México. En la investigación “Defensoras somos Todas” (1), la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, documentó diversas violencias que se padecen, desde la feminicida hasta la institucional. El año 2015 ha sido un año marcado por la impunidad en los grandes casos emblemáticos de Violaciones Graves a los Derechos Humanos, pero también por la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Ambas situaciones resultan muy graves y son atribuibles al Estado mexicano que ha sido incapaz de resolver casos tan delicados como los mencionados un poco más abajo, pero que también ha participado en cerca de 58% de las violaciones de derechos humanos (VDH) y agresiones cometidas contra defensores y defensoras de derechos humanos, según registró de manera preliminar la Red TDT hasta el 1 de diciembre del 2015. Quienes defienden la tierra y el territorio, los derechos de las mujeres y migrantes o los derechos económicos y sociales, han sufrido toda clase de ataques. Otra vía de vulneración fueron las reformas legales que violentan de manera estructural la capacidad de ejercicio y defensa de derechos, así como la de protestar, como en el caso de la Reforma educativa y más recientemente la nueva Ley de Hidrocarburos (para más detalles de esto último ver (2). Sin duda , las reivindicaciones por hechos ocurridos en el año 2014 como la ejecución extrajudicial de 6 personas y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, o como los ocurridos en el municipio mexiquense de Tlatlaya, dinamizaron la indignación nacional. Las masacres en Apatzingan y Tanhuato y el multihomicidio en la Narvarte, son algunos ejemplos graves. Estos hechos forman parte de un patrón que hemos detectado, en el cual la mayor parte de las violaciones de Derechos Humanos y Agresiones contra personas defensoras de derechos humanos se dan contra líderes comunitarios que suelen favorecer la defensa de los derechos humanos de sus comunidades. En un registro preliminar, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) identificó del 1 de enero al 1 de diciembre de 2015, 76 casos de violaciones de derechos humanos (VDH) y agresiones cometidas contra defensores y defensoras de derechos humanos en 20 estados de la república. En consistencia con el informe anterior de la Red TDT, los estados con mayor número de VDH y agresiones a defensores y defensoras son Chiapas, Oaxaca, el Distrito Federal, Guerrero y Veracruz. De estas situaciones, alrededor del 85% fueron cometidas hacia personas defensoras de derechos humanos, y el 15% hacia colectivos. Cabe resaltar que la mayor parte de los y las defensoras agredidas pertenecen a procesos colectivos, mismos que se ven directamente afectados por dichas agresiones, lo que incrementa el contexto de riesgo en el que llevan a cabo su labor de defensa. Esto nos indica una estrategia clara para desarticular dichas colectividades a favor de los intereses económicos y políticos afectas por sus luchas. La mayoría de los casos registrados pertenecen al campo de lucha de Tierra y Territorio, seguidos por Violencia e Inseguridad y DESCA (Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales) y Políticas Públicas. Esta división nos ayuda a comprender los principales intereses afectados, pero al mismo tiempo es necesario recordar que los derechos humanos son interdependientes e inseparables, y que el contexto nacional de violencia e inseguridad afecta transversalmente a todas las luchas. El principal derecho afectado es el derecho a la integridad personal, el cual es sistemáticamente violado a través de agresiones físicas, amenazas, hostigamiento, intimidación y amenazas de muerte, lo que nos indica que existe un riesgo a la vida de las personas y a la permanencia de los colectivos y procesos de defensa de los derechos humanos. Alrededor del 58% de las VDH y agresiones fueron cometidas por actores estatales, mientras que cerca del 42% por actores no estatales (Grupos empresariales, organizaciones charras, Corporaciones transnacionales y otras) lo que nos muestra la existencia de una cultura de criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Frente a esto, el Estado está obligado a generar estrategias integrales para la protección de la labor de defensa de los derechos humanos, al igual que visibilizar su importancia para la construcción de un país democrático.  De ahí la importancia de mantener la movilización social como las Caravanas Nacionales por justicia y verdad para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que estará en Morelos el 24 de enero y la marcha del 26 de enero que partirá del Calvario al zócalo a 16 meses de su desaparición.

​Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.​

 

Notas:

1.-www.frayba.org.mx/archivo/articulos/informedefensoras.

2.-http://redtdt.org.mx/?p=4996

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Necesario socializar y discutir públicamente una Ley para periodistas y defensoras de derechos humanos en Morelos.

Hemos tenido conocimiento del Proyecto de Iniciativa de Ley para la protección de Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos de Morelos que tiene la LII Legislatura en estudio en comisiones. Consideramos necesario socializar y discutir públicamente esta iniciativa, con la participación de todo el gremio periodista y organizaciones defensoras de derechos humanos en la entidad para que responda verdaderamente a las necesidades de garantizar la libertad de expresión y combatir los riesgos y amenazas en el desempeño de las actividades. Morelos forma parte de la situación general en México, considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y los derechos humanos, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen las medidas necesarias para frenar la violencia contra periodistas y defensoras. Defender los derechos humanos y ejercer un periodismo libre y crítico forman parte de un mismo derecho establecido en la búsqueda de una sociedad democrática e informada para determinar el rumbo y los destinos de la mayoría de la población. Temas trascendentales en Morelos como el feminicidio, desaparición forzada y derechos laborales y de los pueblos, por citar algunos, sería menos visibles sin una prensa crítica y personas defensoras de estos derechos. La Alerta de Violencia de Género y la Ley sobre Desaparición Forzada, por ejemplo, son logros de una sociedad que exige derechos y se organiza, contando con periodistas y defensoras conscientes. Por eso es que los temas están vinculados y ameritan ser abordados de manera amplia y con participación de la ciudadanía, como es la necesaria Ley para la Protección de Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos de Morelos que debe abrirse al análisis y participación de estos sectores y de toda la población para que cumpla realmente el objetivo de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su actividad, mediante un mecanismo de protección verdaderamente efectivo, que vaya a las causas que las producen, reducir los factores de riesgo y dar garantías de no repetición. Es necesario realizar una evaluación integral, desde una perspectiva feminista y con participación de las Defensoras de Derechos Humanos, de las deficiencias en la aplicación del Mecanismos Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Así como implementar una campaña amplia de impacto a la población en general para dar a conocer los alcances del mecanismo. Y brindar rendición de cuentas del presupuesto empleado, detallando los rubros en los cuales se ejerció ese recurso. Abrir esta discusión es necesaria para no repetir las deficiencias, contradicciones e ineficiencias que se han tenido a nivel del mecanismo y la ley nacional, denunciado por periodistas y defensoras que en lugar de recibir protección han enfrentado situaciones de mayor vulnerabilidad ante situaciones de riesgo. Es importante por lo tanto partir de definiciones. Considerando que son periodistas todas las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, como establece el proyecto de iniciativa, así como Persona Defensora de Derechos Humanos, las personas físicas integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos. El contexto de violencia es sumamente grave en el país, como lo documenta la revista Horizontal.mx: 88 periodistas han sido asesinados de 2000 a la fecha (de los cuales 82 eran hombres y seis mujeres); 18 han desaparecido (15 hombres y tres mujeres) y 55 instalaciones de medios han sido blanco de ataques violentos. Mientras que los ataques a medios tuvieron un auge de 2010 a 2013, las desapariciones se han mantenido más o menos constantes desde 2003. En cuanto a los asesinatos, los peores años han sido 2006 y 2008, seguidos de cerca por 2009, 2010 y 2011. Sin embargo, no ha habido una disminución significativa desde 2003. En el caso de 2015, a pesar de que el número de asesinatos y ataques a medios ha repuntado, sigue habiendo posibilidad de que las cifras crezcan en los meses que restan del año. Los ataques contra periodistas tienen como principal propósito el control de la información que los reporteros han investigado y pretenden divulgar, es decir, el silencio y la censura. Cuando se mata, amedrenta o desaparece a un periodista, el efecto que se produce es cerrar una ventana de información a la que de otra forma hubiera tenido acceso la población.

Otra consecuencia de ese silencio es que los ciudadanos tienen menos elementos para tomar decisiones. En la medida en que la ciudadanía carece de la información necesaria para exigir la rendición de cuentas de un gobierno o para decidir cambiar de gobernante, el ejercicio democrático se va debilitando. El efecto último de la violencia contra periodistas y defensoras es la indefensión de la población ante un gobierno aparentemente democrático. Ante la debilidad de la democracia lo que prolifera son los gobiernos abusivos, autocráticos o simplemente ineficaces. La importancia de los crímenes contra periodistas trasciende la injusticia, el dolor y la tragedia del crimen per se. Con la muerte o la desaparición de un periodista mueren las herramientas que permiten el fortalecimiento ciudadano y el actuar democrático. Mueren las posibilidades de ejercer la ciudadanía. En un país como México, cuya democracia es precaria, se necesita una población activa e involucrada. El derecho a la libertad de expresión es multidimensional y colectivo. Es multidimensional porque no solo se trata del derecho a decir o pensar cualquier cosa sino también de acceder a la información que deseamos. La prensa sigue siendo la herramienta a través de la cual millones de personas obtienen información; de allí su función social clave en la configuración de una comunidad democrática. Es colectivo porque lo que decimos y escribimos no se limita a la esfera individual sino que genera consecuencias concretas en el resto de la sociedad y permite establecer redes, asociaciones, y da pie a la acción política. El ejercicio libre y seguro del periodismo es un derecho colectivo y compartido, mediante el cual podemos acceder a una serie de derechos que, de no ser por la prensa, seguirían siendo inaccesibles. En última instancia, entender este tipo de violencia, prevenirla, y permitir que la prensa siga aportando la información necesaria para construir una democracia sólida, una ciudadanía más involucrada en la defensa de los derechos humanos y, como consecuencia, un mejoramiento de nuestras condiciones de vida.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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