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Impunidad, corrupción y falta de recursos económicos impiden combatir la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual: Red TDT

22 septiembre, 2016

  • El delito aumenta anualmente, ante la inacción gubernamental
  • Exigimos acciones urgentes del gobierno en todos sus niveles, ante la gravedad del delito

El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños que se conmemora cada 23 de septiembre, fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que se realizó en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.

De acuerdo al Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2014 –de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-,  el delito de trata afecta  prácticamente a todos los países de todas las regiones del mundo. Entre 2010 y 2012 se identificaron víctimas de 152 nacionalidades diferentes en 124 países de todo el mundo.

En México el problema se agrava debido a la inacción de las autoridades, de acuerdo al documento denominado“Estadística sobre la procuración de justicia en el combate a la trata de personas en México 2010-2013”, (una actualización al primer diagnóstico), que el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presentó ante medios de comunicación el 30 de enero de 2014, se revela que de acuerdo a la CNDH de 2009 a 2013 –en una presentación a cargo de dicho organismo en el Colegio de México el 16/07/2014-, se iniciaron en todo el país mil 513 averiguaciones previas por el delito de trata -434 correspondieron a  la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra)  y de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo); y mil 79 a las procuradurías estatales-.

En este sentido, el Informe de UNODC sobre la trata en México señala que el mayor nivel de averiguaciones previas a nivel federal sobresalen los estados de Chiapas, Veracruz y Tlaxcala.

En lo que respecta a sentencias condenatorias, el ONC refiere que la CNDH en julio de 2014, informó que de 2009 a 2013 existían sólo  125 sentencias (2 de PGR y 123 de autoridades locales).

Los datos obtenidos por el ONC arrojan un preocupante contraste entre número de víctimas en relación con el de personas condenadas en proceso judicial, pues de las 1 629 víctimas reportadas por las procuradurías locales, se da cuenta de 643 detenidos, 371 procesos judiciales y tan sólo 84 personas condenadas por este delito, por lo que las medidas implementadas en México para combatir la trata de personas resultan dispersas e insuficientes, ya que existe una marcada ineficiencia en la procuración e impartición de justicia”.

Así mismo Trafficking in Persons Report 2014,  evidencia la carencia de servicios especializados para atender a las víctimas, “La actuación del gobierno parece ser aislada, asistemática, sin diagnósticos serios sobre la situación y, por lo tanto, sin objetivos ni planes específicos para la erradicación de este problema”.

De igual manera, en la actualización del informe del ONC concluye que Chiapas es la entidad que reportó el mayor número de víctimas con 332; en tanto Tlaxcala informó  contar con siete personas condenadas, sin embargo no fue posible medir la efectividad en materia de administración de justicia, pues la entidad no informó sobre número de víctimas ni sus características, alegando el carácter reservado de esa información en su respuesta.

Al respecto el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local AC, de acuerdo a solicitudes de acceso a la información dirigidas a la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), se obtuvo  que de enero de 2011 a mayo de 2016,  de 200 denuncias sobre trata de personas, sólo 13 llegaron a sentencia condenatoria, lo que evidencia una ineficacia en la administración de justicia.

Tan grave es el problema, que en agosto del presente año la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), ha aceptado la primera solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres –en el país-,  por trata con fines de explotación sexual de mujeres en el estado de Tlaxcala.

La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC) estimó que más de mil niñas y adolescentes son explotadas sexualmente en Morelos, ante la proliferación de antros y botaneras principalmente en la zona metropolitana, y el arribo de organizaciones criminales que han sido desplazadas de sus principales centros de operación por operativos policiacos y rescate de víctimas en otras entidades. Los tratantes de Tenancingo (en Tlaxcala), como se cerró la posibilidad en el Distrito Federal (actual Ciudad de México) y se cerró la posibilidad en Puebla, pues el estado que queda más próximo para sus negocios ilícitos es Morelos, que además tiene la característica de que los fines de semana lo visitan los chavos que vienen al reventón y hay muchas botaneras, donde las meseras son niñas y que no sabemos si son víctimas de trata”, dijo Teresa Ulloa Ziaúrriz, de la CATWLAC.

Informó que la organización comenzó con la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado contra establecimientos que operan como burdeles y donde se ha detectado la explotación sexual de niñas en los municipios de Yautepec, Temixco y Jiutepec. Dijo que está a la espera de que las autoridades atiendan las denuncias y realicen las acciones necesarias para combatir la trata de personas, pues calculó que en Morelos al menos mil 500 niñas y adolescentes son explotadas sexualmente en establecimientos que, en muchos casos, operan con el patrocinio de las autoridades locales.

Por lo anterior, la Red Nacional de Organismos Civiles de los Derechos Humanos Todos los Derechos  para Todos y Todas (Red TDTT), exigimos a las autoridades de los distintos niveles de gobierno:

  • Conocer  y aplicar  el  Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños,  ratificado por el Estado Mexicano desde el 25 de diciembre de 2003, para garantizar a mujeres y niñas del país, a vivir libres de violencia y explotación sexual.
  • Combatir frontalmente la corrupción e impunidad, pues no obstante a la promulgación de  leyes nuevas o a la actualización de las existentes desde la entrada en vigor en 2003 del Protocolo contra la Trata de Personas de las Naciones Unidas, hay muy pocos fallos condenatorios por trata de personas.
  • Etiquetar recursos económicos específicos para el combate del delito; y la obligación de capacitar y sensibilizar a personal del servicio público responsable de prevenir, atender, sancionar y procurar justicia para las víctimas y finalmente;
  • Actuar urgentemente en las entidades con alta gravedad frente al delito, como son Chiapas y Tlaxcala, pues a partir del trabajo que hemos hecho organizaciones integrantes de la Red TDTT en estos estados,  en el primero las mujeres en condición de migración son las principales víctimas y en el segundo, por el alto número de redes que explotan a mujeres con fines sexuales.

ATENTAMENTE

 RED DE ORGANISMOS CIVILES “TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS Y TODAS”

COMISIÓN INDEPENDIENTE DE DERECHOS HUMANOS DE MORELOS,

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Segundo Informe Defensoras Somos Todas.

Paloma Estrada Muñoz y Juliana G. Quintanilla

Por defender nuestros derechos laborales, fuimos reprimidas salvajemente por el gobierno panista de Estrada Cajigal en Morelos, relata Griselda Taboada Escobar, en una de las 28 entrevistas publicadas en este documento. Defensoras Somos Todas, en su segundo informe, muestra que en un país como México, donde los altos índices de violencia e inseguridad desdibujan tanto a los agresores como los agredidos, ejercer la convicción de ser defensora de derechos humanos es una decisión de riesgo. Las violencias que sufrimos como defensoras aumentan ya que a la violencia de los diversos contextos donde ejercemos nuestra labor, se suma la violencia de género por ser mujeres y la criminalización y represión por ser defensoras de derechos humanos. La violencia muchas veces comienza cuando el gobierno y la sociedad no reconocen nuestro papel de defensoras invisibilizando nuestro quehacer, cuando las mujeres han asumido un papel protagónico como defensoras de derechos humanos. Esto nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad e incrementa los riesgos a los que nos enfrentamos. Esta es la conclusión de Teresa Valdes de la REDTDT en la presentación de este informe en el Centro PRODH, mismo que se compartió en Jojutla y en la asamblea de la ANUEE, y se presentará en Cuernavaca el 4 de abril en la librería La Rana de la Casona.

En México las defensoras viven y han vivido la violencia de diferente manera, de acuerdo a su contexto individual o familiar, y el contexto propio de su Pueblo, Ciudad y Estado. Entre el periodo de 1974 a 2015, estas organizaciones consideran que los años con mayor violencia fueron el 2014 con un 16.3%; 2009 y 2015 con un 11.6%; y el 2010 y 2013 con un 9.3. Este Informe es resultado de la Segunda Etapa del Modelo de Atención a la Violencia Contra las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana, que visibilizó la violencia contra mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México en el ámbito de su activismo social. Un objetivo es tener un Protocolo de Atención en Casos de Violencia Contra Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana que pueda ser implementado a través del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de derechos Humanos y Periodistas, así como de los Mecanismos Estatales.

El desafío de este proyecto es crear instrumentos de participación social que incidan en la toma de decisiones, lo que implica informar y organizar a la Sociedad Civil para que se elaboren políticas públicas que garanticen la participación y protección de las Defensoras de Derechos Humanos.

El proyecto se estructuró de acuerdo a la teoría feminista de género. El Modelo se aplicó de abril del 2015 a marzo del 2016. Durante este periodo se documentó la violencia sufrida por las Defensoras de Derechos Humanos del 2000 al 2015, en 20 Estados de la República mexicana, los cuales fueron definidos por la presencia de ONG´s pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

La violencia psicológica se mantiene como una de las más graves y recurrentes. En las encuestas se les preguntó si han sufrido violencia por pertenecer a la organización y el 61% respondió afirmativamente, mientras que el 39% dijo que no. De quienes respondieron sí destaca que han sufrido violencia psicológica el 44%, por hostigamiento el 35%, por difamación el 29%, y amenazas otro 29%. Han sufrido Violencia Física el 21.2%, Violencia Económica el 21.2%, Violencia Patrimonial el 15.4% y de Robo en General el 11.5%, Violencia Sexual el 5.8%. De acuerdo a la encuesta realizada, el 23.1% ha referido que ha sufrido Violencia Institucional. Mientras que el 11.5% dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios. En tanto que el 5.8% ha sufrido Violencia en la Comunidad. De los 36 feminicidios de Defensoras de Derechos Humanos señalados, el Estado con mayor cantidad de casos es Guerrero con 8, seguido por Chihuahua con 7 y el Distrito federal con 5. La investigación señala que los agresores son, en su mayoría, agentes del Estado con 23.1%. Mientras que el 11.5% dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios.

Cuando se les pregunto el tipo de violencia sufrida, un 21.2% refirió haber sufrido intimidación gubernamental. Mientras que un 11.5% fue intimidada por  grupos de poder económico y también con el 11.5% por poderes fácticos. Dentro de los otros agresores registrados se encuentran: grupos caciquiles con un 9.6%, intimidación paramilitar con un 7.7%, y grupos del narcotráfico con un 7.7%.

Cuando una defensora sufre continuamente amenazas y violaciones a sus derechos humanos no solo se está agrediendo a la persona sino que se limita el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en general enviando un mensaje claro a la sociedad, principalmente a las mujeres, de lo peligroso que es defender los derechos humanos, lo que desalienta la participación en la defensa y exigibilidad de los mismos. Ante esta situación, consideramos fundamental avanzar en la elaboración e implementación de protocolos de atención y protección, que permitan precisar y clarificar las responsabilidades y acciones de las autoridades para crear condiciones y garantías que permita la salvaguarda de las defensoras y periodistas en riesgo en el desempeño de su labor.

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Violencia Feminicida y doña Petra

Juliana G. Quintanilla y Marco Aurelio Palma Apodaca
La Violencia Feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres (Art. 21, Cap. V. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007; Art. 19. Cap. V. Ley AMVLV en Morelos, 2007). Los crímenes contra las niñas y mujeres se cometen en sociedades o en círculos sociales cuyas características patriarcales y la violación de los derechos humanos se concentran y se agudizan de manera crítica. En su mayoría se articulan con otras condiciones sociales y económicas de extrema marginación y exclusión social, jurídica y política. Son el producto de una organización social basada en la dominación de hombres sobre mujeres, caracterizada por formas agudas de opresión de las mujeres con sus constantes mecanismos de desvalorización, exclusión, discriminación y explotación a las que son sometidas las mujeres por el solo hecho de serlo.
El Ministerio Público no aplica el Protocolo vigente para Investigar el Feminicidio. Eso visibiliza una omisión institucional y garantiza la impunidad de los Feminicidas. La inmensa mayoría de los casos no son investigados ni sancionados como feminicidio. Y aun cuando se incrementó la penalidad para fijarla entre 40 y 70 años, existen casos que han sido sancionados con la penalidad de 7 años, como los cometidos en Cuernavaca. En Morelos hay avances y retrocesos de los derechos de las mujeres en el sistema judicial adversarial: Reforma del Sistema de Justicia Penal y los Derechos de las Mujeres. Como resultado de la reforma constitucional de justicia penal del 2008, México y Morelos en particular, está experimentando una transición a un nuevo sistema de justicia acusatorio adversarial con juicios orales. Si bien se manifiesta las bondades de dicho sistema en términos de protección de los derechos humanos y las ventajas que ofrece para las sobrevivientes de violencia, también se revela que los problemas de discriminación estructural no desaparecen, sino que incluso se refuerzan con el falso cobijo de la presunción de inocencia. Existe un uso mínimo de las posibilidades del sistema acusatorio, y en la mayor parte de las situaciones parece convivir un doble sistema, el inquisitivo en la práctica y uno acusatorio en la norma. Por ejemplo, en la figura de coadyuvancia, contemplada en Morelos en transición al nuevo sistema acusatorio, se reconoce el derecho de las víctimas a constituirse como acusador coadyuvante, lo que implica que el ministerio público conserva el monopolio del ejercicio de la acción penal pero que la víctima u ofendido pueden participar directamente en el proceso para defender sus intereses. Al constituirse las víctimas como coadyuvantes pueden recurrir todas las decisiones previstas por el código procesal. Como puede observarse, esta figura permitiría a las mujeres sobrevivientes de violencia incidir en el desarrollo y contenido del proceso a fin de salvaguardar por sí misma sus intereses. Una de las problemáticas subyacente a esta figura son los obstáculos económicos y geográficos. Por ejemplo, en Morelos contempla la asistencia jurídica gratuita de un abogado/a en caso que las mujeres victimizadas así lo requirieran, sin embargo, hay pocas abogadas/os para cubrir una demanda tan numerosa que en definitiva no asegura la calidad del servicio prestado y podría, incluso, abonar a las problemáticas que de por sí ya viven las mujeres al acercarse al sistema de justicia. Otro tema de preocupación es que pocas mujeres logran llegar a la audiencia de juicio oral: la mayoría de los asuntos concluyeron en la firma de un convenio ante el juez de control de garantías. Los modos de terminación simplificada del proceso y de suspensión del proceso pueden constituir posibilidades para que las mujeres sobrevivientes de violencia no transiten por las distintas etapas del proceso penal y que obtengan una respuesta judicial adecuada al tiempo que los daños son reparados. Sin embargo, al mismo tiempo, pueden constituirse en vías para la impunidad de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres. ¿Hasta dónde este sistema de juicios orales protege realmente a las mujeres que han sufrido violencia feminicida? Son historias de mujeres que mueren violentamente por el hecho de ser mujeres. El caso emblemático de Doña Petra Benítez Barrios, cuya investigación es realizada por la Fiscalía de Homicidios, es un claro ejemplo de que los delitos de Feminicidios no se tipifican como tales y que los Protocolos para Investigar los Feminicidio existentes en la Fiscalía, antes PGJE, no se aplican. Esta situación hace que no haya avances en la investigación sobre su feminicidio. Además demuestra como la violencia institucional se ejerce contra ella aún después de muerta, pues aun cuando ella murió asesinada en su domicilio luego de haber sufrido durante años ataques a su integridad personal, como haber sido detenida arbitrariamente, torturada, violada sexualmente, arrojada desnuda a un lugar público, perseguida y amenazada sistemáticamente, agredida por arma de fuego por un elemento policiaco, finalmente es asesinada y es estigmatizada por el mismo gobierno ante los medios de comunicación, acusándola de secuestradora. Su caso ni siquiera ha sido presentado ante el sistema penal acusatorio por falta de elementos en la investigación para indicar quienes son los perpetradores del crimen. Está claro que los operadores del sistema penal acusatorio no consideran que los Tratados Internacionales y las leyes de protección de los Derechos Humanos de las mujeres, los obligan a llevar a cabo acciones concretas de protección a favor de las mujeres victimizadas. Doña Petra nunca recibió medidas de protección que hubiese permitido proteger su vida ya amenazada sistemáticamente. Esto es inaceptable y deja evidenciado la Violencia Institucional y el sistema misógino, que abarca a jueces, magistrados, ministerios públicos y fiscales investigadores.

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Fortalecer la lucha independiente.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Enero de 2016 mostró semanas de intensa lucha social y política, movilizaciones, asambleas, en Cuernavaca, Morelos, donde telefonistas, electricistas, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, la OPT, la Asamblea de Usuarios y Usuarias de Energía eléctrica, la Comisión Independiente de Derechos Humanos, y otras organizaciones, salimos a la calle por los 43 jóvenes y miles de desaparecidos, por libertad a presas y presos políticos como Nestora Salgado, por derechos laborales, salarios y empleos dignos, seguridad social, contra los feminicidios, y en contra de los gobiernos represivos y neoliberales.

Fortalecer la memoria, la verdad y la justicia. Por la unidad de las luchas, desde abajo, en las calles.

La memoria histórica es fundamental para no repetir los mismos errores. Si la desaparición forzada de nuestro camarada José Ramón nos permitió identificar con claridad a sus autores materiales y lograr que fueran llevados a la cárcel, demostrando que fue el propio Estado a través de un grupo de policías creado para perseguir militantes revolucionarios y luchadores sociales, no se logró esclarecer definitivamente su paradero y establecer la verdad histórica que el gobierno se empeña en ocultar. Un dato no menor es que José Ramón fue candidato a la Presidencia Municipal de Cuautla en 1988, por lo que los atentados de índole política tienen antecedentes que no hay que olvidar para analizar la situación actual. El caso de Jehtro Ramsés a su vez mostró que la biopolitica de la desaparición forzada se había extendido a cualquier persona sin que necesariamente llevara a cabo acciones de lucha o de protesta social. Hoy existen 93 casos de desaparición en dos años en Morelos y sobre todo mujeres jóvenes.

El feminicidio de Doña Petra ocurrió igualmente contra una abuela que se transformó en activista en la defensa de los derechos del pueblo luego de la masacre de Aguas Blancas y de la persecución que sufrió su familia campesina a manos del Estado y policías privados hasta arrancarle la vida. Este ejemplo paradigmático forma parte de la larga lista de impunidad en que permanecen la mayoría de los feminicidios en Morelos durante más de 15 años.

La desaparición y asesinato de Gustavo Salgado Delgado hace un año, ha sido la muestra de la violencia contra un activista social que se extiende cada vez más bajo un gobierno perredista que no se distingue de sus antecesores de otros partidos, sin que se esclarezca la verdad ni se logre la justicia que son elementos fundamentales para que esta clase de hechos no se repitan. Si no se esclarece un caso de esa gravedad, se configura un patrón de simulación que está repercutiendo en que tampoco se esclarezcan casos como el de Gisela Mota, donde las graves acusaciones muestra la profunda descomposición de quienes ejercen el poder.

Pésimos antecedentes de una justicia al mejor postor que tienen un sesgado carácter de clase, donde únicamente se detiene a quienes atentan contra la vida de los poderosos económica y políticamente, sin que se haga justicia a la mayoría de víctimas pobres, desamparados, desconocidos, sin nombre y sin rostro, que se llegan a excluir inclusive de las estadísticas oficiales.

En Morelos los gobiernos de distintos partidos, han aplicado las mismas estrategias autoritarias y represivas, encubriendo el objetivo real de la lucha entre diversos grupos por el control monopólico de las ganancias del negocio del narcotráfico. La militarización de la seguridad pública es consecuencia de los afanes de elevar los niveles de ganancia de las industrias criminales. Los circuitos financieros donde se lava el dinero proveniente de toda clase de negocios ilícitos, se aceitan con la sangre del pueblo que padece los estragos de una guerra, oculta primero, y luego abierta. La producción, trasiego y consumo de drogas y toda clase de estupefacientes, crece al amparo de ésta supuesta guerra, donde en lugar de disminuir el narcotráfico se instala en prácticamente todo el cuerpo social. El involucramiento de policías y militares con la delincuencia no es meramente circunstancial. Es producto de los altos intereses económicos en juego. No hay delincuencia organizada sin complicidad y anuencia del Estado. La impunidad es generalizada porque las estructuras de poder están imbricadas con la corrupción y sus efectos corrosivos. El Mando Unico no escapa a ello, sino que lo eleva potencialmente a las altas esferas del poder.

En esta historia son los pueblos pobres los que siguen siendo explotados por el poder del capital. En las cárceles en México crece la población juvenil y de acusados de estar ligados a delitos por trasiego de estupefacientes. El negocio de las drogas no se detiene en remendar las heridas humanas.

La crisis del sistema de dominación, expresada con mayor claridad desde las multitudinarias protestas contra el gobierno de Peña Nieto, a raíz sobre todo, de la tragedia de Iguala con los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, ha crecido con ondas expansivas en todo el país. Morelos no es la excepción.

Por eso se requiere fortalecer la denuncia nacional e internacional de éstos crímenes, y exigir justicia en los casos de Doña Petra Benitez Barrios y los cientos de feminicidios, exigir que todas las medidas de la Alerta de Violencia de Género sean aplicadas sin simulaciones para detener y erradicar el feminicidio, por conseguir que se desmilitarice la seguridad pública y los militares regresen a sus cuarteles, que haya esclarecimiento de todos los casos de miles de desaparecidos, desde José Ramón hasta la fecha y que los 43 regresen a casa. Justicia y verdad para las decenas de jóvenes que han sido asesinados, como los 34 casos que se han acumulado en menos de un mes en enero de 2016, en medio del mayor operativo policiaco y militar sin que se detenga esta ola de violencia en Morelos.

Diversos sectores de la sociedad en Morelos salen a las calles a protestar, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. A menos de una semana de cumplirse 6 meses de la Alerta de Violencia de Género se presentará un informe por parte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos. A 16 meses de la desaparición de los 43 se llevará a cabo un Encuentro Nacional por la Indignación el 5 y 6 de febrero en el Sindicato de Telefonistas. También la ANUEE Morelos llevará a cabo una marcha el 4 de febrero de las instalaciones del SME a la Profeco a las 9:30 de la mañana para exigir respeto a los acuerdos firmados contra abusos de la CFE. Estas y otras movilizaciones muestran la necesidad de fortalecer las acciones unitarias, sin dejar de lado el debate abierto y el pensamiento crítico, ante quienes quieren imponerse por las amenazas y por la fuerza. Hoy más que nunca es necesario fortalecer la lucha independiente en Morelos y en el país por un cambio de fondo, donde los derechos humanos sean una guía para la acción.

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Encuentro de Mujeres en Mérida

​*​ Conmemorar el centenario del Primer Congreso de Mujeres Feministas de México exigiendo respeto a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia.

​*Asisten cientos de mujeres de todo el país.​

​*Emma Watson y Malala Yousef, Susan Sarandon participarán en este evento.​

*Juliana G. Quintanilla asiste invitada como coordinadora de la CIDHM.

No hay derechos humanos sin incluir los derechos de las mujeres. Reivindicar las aportaciones históricas de quienes nos precedieron en la lucha es necesario para construir un futuro sin opresión, explotación, discriminación y violencia. Realizar un encuentro internacional para la construcción y promoción de una nueva agenda de género que, en el marco del centenario del Primer Congreso de Mujeres Feministas de México, celebrado en Yucatán en enero de 2016, contribuya a la deliberación y formulación de propuestas en torno a los nuevos desafíos y oportunidades para el pleno desarrollo de las mujeres en el contexto global, regional y nacional de la economía del conocimiento, desde la perspectiva de la creación, la innovación y la competitividad, y como un reconocimiento a la visión y el compromiso de ese esfuerzo pionero a favor de la equidad de género, y como un motivo para subrayar la exigencia de asumir los retos y las oportunidades de cada momento histórico, cuando se realizó el Primer Congreso Feminista de enero de 1916, inaugurándose el 13 de enero de 1916 en el Teatro Peón Contreras de la Ciudad de Mérida, con la asistencia de 650 congresistas de todo Yucatán. Primer Congreso feminista en México y segundo en América Latina. La recomendación de las mujeres asistentes a que se reformara el Código Civil, fue la propuesta más importante del Congreso.

Ante los planteamientos de innovación y competitividad para  mejorar las condiciones y fomentar las capacidades innovadoras de las mujeres en la formación de nuevos proyectos en diversos ámbitos de la actividad económica, así como promover la creación de redes de apoyo y colaboración  y la creación y diversidad, mediante el diseño e implementación de políticas públicas, programas, proyectos y acciones que permitan el mayor despliegue de las vocaciones y los talentos creativos de las mujeres, así como el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural, racial, social y sexual de las mujeres en todo el mundo, con especial énfasis en la protección de sus derechos y libertades, tanto individuales como colectivos, hacemos propias las propuestas feministas adoptadas en este mismo espacio:

El feminismo es una apuesta ética y política, que sigue siendo necesaria para la construcción de un mundo más justo e igualitario, se reconoce en la Declaración del Comité Conmemorativo del Primer Congreso Feminista de Yucatán. A cien años refrendamos nuestro compromiso para continuar trabajando de manera colectiva en la lucha por una sociedad justa, sin discriminación y con igualdad de trato, oportunidades y derechos para mujeres y hombres.

Es necesario hacer un reconocimiento a la diversidad de feminismos y a las luchas de las mujeres, además de señalar que el enemigo no está en nosotras y reivindicamos la sororidad. Reconocemos que entre las feministas hay encuentros y desencuentros, pero aun así nos hemos mantenido en la lucha, también recordaron el camino andado que ha abierto puertas para que existan acuerdos y leyes por las cuales hemos avanzado, a pesar de que siguen existiendo vacíos, lagunas y retrocesos. En este caminar no todas las mujeres están, por lo cual las feministas tenemos una deuda con las mujeres indígenas y rurales, campesinas, obreras, trabajadoras sexuales y transexuales.

Es inaceptable que se reduzcan los presupuestos en materia de género, que han tenido los institutos de las mujeres, las universidades, la SEMARNAT, CDI y la Secretaria de Salud, entre otros. Denunciamos la falta de voluntad política para detener, prevenir, sancionar y erradicar los feminicidios, ignorando los protocolos y la implementación sin simulación de las Alertas de Violencia de Género, como lo hemos documentado en Morelos con más de 633 feminicidios. Las mujeres que mueren violentamente en el país son víctimas de quien les priva directamente de la vida y de un sistema omiso, cómplice, que justifica y garantiza impunidad a quienes los cometen. Existe un entramado jurídico-legal que no se utiliza, que no se pone en práctica para garantizar la vida y la libertad de las mujeres. Un Estado que es incapaz de cumplir y hacer cumplir los derechos de las mujeres, termina siendo un Estado feminicida. Las mujeres que son asesinadas físicamente, también reciben una muerte simbólica, moral, política, cuando se les desfigura el rostro, se les elimina el nombre, se ocultan las causas, no se investiga ni mucho menos se sanciona. Carta de impunidad para machistas, misóginos, violentos. Denunciamos a un estado negligente que no garantiza espacios seguros para las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado. Denunciamos las reformas estructurales que obedecen a un sistema capitalista neoliberal que fomenta la pobreza, la discriminación, la violencia, la destrucción de los ecosistemas y donde las mujeres somos las más afectadas. Por otra parte, está la prestación de servicios profesionales de calidad que permitan a las mujeres acceso a la justicia, y la inoperancia de las instituciones responsables de procuración de justicia. Exigimos una estrategia nacional y local para la articulación y armonización de las leyes, para que dejen de ser letra muerta y que tanto hombres como mujeres que ocupan puestos públicos, no reproduzcan esquemas machistas y patriarcales en el desempeño de sus funciones. También exigimos la real transversalización de la perspectiva de género en la función pública y a personas competentes conocedoras de estos temas para los cargos de la administración pública, y presupuestos que incluyan la perspectiva de género. El reconocimiento de la problemática de la trata de personas y la generación de  políticas públicas para su prevención y erradicación. Reivindicamos el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y leyes que lo garanticen, así como la necesaria participación de la sociedad civil y de la academia en la construcción de la agenda pública. Es urgente y necesario el rescate y la visibilización de la memoria histórica de las mujeres y de la lucha feminista en la educación pública de Yucatán y en México. Por ello es que se requiere el monitoreo y evaluación de las políticas públicas sobre salud reproductivas vigentes; la utilización de los medios y plataformas digitales como canales y herramientas para difundir y acceder a información sobre salud sexual y reproductiva. Que por cada mujer que se involucre en el ámbito público se involucre un hombre en el ámbito privado; abrir espacios de inclusión para niñas y niños que fomenten nuevos paradigmas de convivencia entre hombres y mujeres y desmitifiquen los estereotipos de género; utilizar el lenguaje incluyente en el ámbito público y ámbito privado, y apropiarnos del derecho al placer desde el marco de los derechos humanos. Estaremos dando puntual seguimiento a cada acción y recurriremos a todas las instancias hasta cumplir con el objetivo superior de la vida y la libertad de las mujeres. Llamamos a reforzar todas las acciones tendientes a lograr una mayor conciencia y participación social en la defensa de los derechos de las mujeres.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Alerta de Violencia de Género Nacional

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., asistió a reuniones con diversas organizaciones Feministas y Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres de los Estados de México, Puebla, Michoacán y Jalisco. El 22 de octubre estuvimos en Puebla con las encargadas del Programa de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ., del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana, periodistas de LadoB y del  Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social A.C. Los ejes temáticos fueron: el proceso de la solicitud de Alerta de Violencia de Género en Morelos, el contexto local y nacional de la violencia feminicida, y las estrategias a seguir para el acceso a la justicia para las mujeres. Ante el contexto que se enfrenta en Puebla sobre violencia de género y violencia feminicida, es importante recordar que han sido diversas organizaciones y defensoras/es de derechos humanos quienes la han documentado y acompañado desde sus miradas y posibilidades. Además, han sido ellas quienes han aportado conocimiento a la comprensión de la violencia de género y feminicida en el Estado. Ello conlleva reconocer que, históricamente, ha sido la sociedad civil quien ha levantado la voz por la atención de la violencia contra las mujeres, la exigibilidad del acceso a la justicia y el fortalecimiento de un Estado de derecho que nos permita vivir con dignidad a todas las mujeres. Asimismo, las circunstancias sobre el feminicidio en Puebla demandan respuestas eficaces y articulación en todos los niveles de la sociedad e instituciones. Lamentamos, por ello, las declaraciones emitidas por el Lic. Adolfo López Badillo, ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH), en las que expresa que las organizaciones de la sociedad civil polarizan la  petición de la alerta de género, como si la violencia feminicida fuese un asunto de filiaciones políticas antes que de derechos humanos. Por lo tanto, queremos hacer hincapié en la urgente necesidad de que esta comisión entienda la complejidad de las acciones que está emprendiendo y su corresponsabilidad en materia de los Derechos Humanos de las mujeres.

El 26 de octubre en Michoacán se celebró una reunión con las organizaciones peticionarias de las Solicitudes de las Alertas de Violencia de Género en Michoacán (Humanas sin Violencia), Guanajuato (Las Libres), Mexicali, Baja California,Veracruz Distrito Federal y Morelos (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.). Como resultado del encuentro, acordamos tener una reunión Nacional para fortalecer el trabajo y la exigencia de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG) en todos los Estados, puesconsideramos que la AVG es sin duda una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto ante esta violencia feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años. De igual modo, expresamos que estaremos dando puntual seguimiento a todas y cada una de las acciones y medidas que se plantean para hacer válidos todos los derechos de las mujeres que permitan alcanzar claramente los objetivos de la AVG, asimismo, convocamos a toda la sociedad a estar atenta de la implementación de ésta Declaratoria, pues entendemos que es el último recurso jurídico para salvaguardar la Vida, la Libertad, la Dignidad, la Memoria, la Justicia y la Atención Integral para las Mujeres.
Finalmente, el 29 de octubre acudimos a Jalisco para participar en el Taller Alerta de Género, donde participaron Mujeres de Distintos Partidos Políticos, Mujeres de Izquierda, Mujeres Líderes en Progreso, el colectivo Uni-Diversidades, entre otras. Aunque hasta el momento Jalisco no ha iniciado su solicitud de Alerta de Violencia de Género de manera formal, hay un panorama complicado para las mujeres en Jalisco, hay feminicidios, desapariciones de mujeres, trata de personas y violencia familiar, razones fundamentales y suficientes para pedir la AVG. Como acuerdo del taller, se aprobó emitir un exhorto al Gobierno del Estado de Morelos para que sin más dilación, aplique las medidas urgentes para atender la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos, decretada el 10 de agosto del 2015 para 8 de los 33 Municipios del Estado. En el entendido de que la Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Y tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Por lo cual, el Estado de Morelos deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el marco internacional de los Derechos Humanos y considerar como Restitución Integral: El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial. Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables; la rehabilitación. Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las mujeres víctimizadas y de sus familias; y la satisfacción. Son las medidas que buscan una restitución orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran;  la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad. Garantías Efectivas de no Repetición y un Plan de Atención y Prevención de la violencia familiar y en el ámbito comunitario.

 Feministas y Defensoras de Derechos Humanos hemos elevado nuestra voz en diferentes foros y espacios ante la gravedad de la violencia feminicida y los crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTI, por lo que en Morelos, Puebla, Michoacán y Jalisco hicimos un llamado para que juntas exijamos la Alerta de Violencia de Género Nacional. Porque nos queremos vivas ¡Ni una Menos!

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Feministas, derechos humanos y Alerta.

Juliana García Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz

En el Encuentro Feminista realizado en Toluca presentamos un exhorto al Gobierno de Morelos, para que se apliquen todas las medidas de Alerta de Violencia de Género. Las dos jóvenes mujeres cruelmente privadas de la vida en la zona sur de Morelos, sumadas a decenas de casos en 2015, luego de los 633 documentados desde 2000 al 2013, muestran la urgente necesidad de luchar a fondo contra el feminicidio impune sin simulaciones. Feministas y defensoras de derechos humanos hemos elevado nuestra voz en diferentes foros y espacios, a nivel nacional e internacional, ante la gravedad de las violencias que terminan dañando gravemente las relaciones sociales y poniendo en cuestión los derechos humanos de todas y todos. Colocar en la Agenda de Derechos Humanos éste tema con 75 organizaciones de la REd Tdt y cientos de mujeres en el Encuentro Nacional Feminista, muestra que socialmente avanza la toma de conciencia. Desafortunadamente, no ocurre lo mismo en las esferas gubernamentales, donde la simulación y omisión sigue siendo la tónica, en lugar de transparentar todas las medidas para garantizar la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres, ​las estadísticas muestran que van a la alza, es urgente que el Gobierno del Estado de Morelos actúe, ya que ha declarado mucho y ha realizado muy poco, tiene un plan de trabajo y no lo aplica no les vemos interés, disposición. La Alerta de Violencia de Género establece medidas urgentes de prevención, de atención, que permita erradicar la violencia feminicida e impune en la entidad. Es sin duda una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto.

El problema de la violencia que vive la entidad, se ha incrementado y los casos de violencia tanto a mujeres periodistas, como a mujeres defensoras de los derechos humanos siguen en aumento a pesar de que estamos en un proceso de que se apliquen las acciones urgentes para erradicar la violencia.

En el caso de desaparición forzada, la modificación al artículo 73 constitucional obliga al Gobierno federal a emitir una ley general contra la desaparición forzada, teniendo como plazo máximo enero del 2016. En ese terreno, en Morelos, se logró que la anterior legislatura, en su última sesión ordinaria, lograra aprobar la ley para atender la desaparición forzada en Morelos, lo cual será un instrumento para la ley general que se debe llevar a cabo y que está en discusión.

En Morelos la tortura ha sido utilizada de manera creciente por policías del Mando Único y elementos del Ejército. Por eso consideramos que la Ley General  debe tipificar la tortura en toda la República con arreglo al estándar más amplio de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y velar por que las legislaciones federales y estatales contemplen todas las obligaciones y garantías derivadas de la prohibición absoluta de la tortura, como la de investigar, juzgar y sancionar en forma pronta, independiente, imparcial y exhaustiva, la imprescriptibilidad del delito, y la reparación de las víctimas.

Hay un problema de Estado por la impunidad en la base de la defensa de los derechos humanos, pese al avance en términos jurídicos y legales, hay un evidente deterioro en la práctica, hay políticas que no hacen posible que esas leyes aprobadas tengan una aplicación como lo han denunciado organismos internacionales.

La creciente criminalización y represión contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo víctimas de la violencia del Estado, defensoras y defensores comunitarios, colaboradores de organizaciones de la sociedad civil, así como personas comunicadoras que buscan visibilizar las situaciones de violencia en el país, son temas de la agenda de las 75 organizaciones de la red “Todos los Derechos para todas y Todos” los aspectos generales de los derechos humanos en México. La tierra y el territorio, violencia e inseguridad, mujeres y agenda LGBTTTI, derechos humanos y políticas públicas, Movilidad humana, y derecho a defender los derechos, que son campos de lucha, esta agenda plantea el problema y cuáles son los principales derechos que están en disputa actualmente en el país, lo que arroja la grave crisis que prevalece porque en lugar de que las políticas que el gobierno lleva a cabo pudieran representar la plena vigencia de los derechos humanos, puesto que hay modificaciones constitucionales, el artículo 1ro. ha modificado diversos instrumentos nacionales como internacionales, incluso, se ha adecuado a los tratados y convenios internacionales para que sean vigentes en nuestro país.

Las violaciones a los derechos humanos van constituyendo cadenas de agresiones, construyendo un contexto cada vez más complejo para la defensa de los derechos humanos. Esto es parte del reto histórico que ha significado abordar los derechos humanos desde una perspectiva integral no sólo transversal, sino incluyente.

Esta Agenda es un posicionamiento político compartido entre las organizaciones que integran la Red TDT, y también una reafirmación de su compromiso para buscar la vigencia plena de los derechos humanos para todas y todos; una oportunidad de construir diálogos, alianzas y convergencias con otros actores sociopolíticos redes, organizaciones, colectivos, movimientos sociales, ciudadanas y ciudadanos interesados en el pleno respeto de los derechos humanos; y una exigencia al Estado para que escuche y atienda a la sociedad en su conjunto.

Convocamos a toda la sociedad a atenta mostrar la capacidad de indignación y organización.

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