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Alerta de Violencia de Género y mesa de trabajo municipal en Xochitepec.

Se llevará a cabo la sesión de trabajo respecto a la evaluación de las acciones sobre la Alerta de Violencia de Género en el municipio de Xochitepec  el 17 de agosto a las 10:00 horas en las instalaciones del DIF Municipal. Como consecuencia de la solicitud realizada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, organización peticionaria de la Alerta de violencia de Género, para llevar a cabo 8 mesas de trabajo con los municipios que tienen decretada la Alerta desde hace dos años.

Con la finalidad de dar cumplimiento a las medidas de prevención, seguridad y justicia establecidas en la Alerta de Violencia de Género en Morelos, el presidente municipal de Xochitepec, Alberto Sánchez Ortega, envió oficio a la Comisión Estatal para la Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres  la realización de ésta sesión de trabajo, en respuesta a la petición realizada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos.

Recientemente, el pasado 10 de agosto, presentamos un Informe Sombra, en el que señalamos dentro de nuestras conclusiones que: “Es necesario que se lleven a cabo 8 Mesas de Trabajo con los Municipios que tienen Declaratoria de AVG para revisar y dar seguimiento a las medidas establecidas, esto en coordinación con todas las dependencias vinculadas con la atención a la violencia contra las mujeres.”

Estos 8 municipios son: Cuernavaca, Cuautla, Yautepec, Jiutepec, Emilizano Zapata, Temixco, Puente de Ixtla y Xochitepec.

Consideramos que éstas sesiones de trabajo deben tener el objetivo de contribuir a fortalecer la coordinación de las instituciones que atienden los derechos de las mujeres frente a la grave violencia feminicida que es la causa por la que se solicitó y aceptó decretar la AVG.  Recordemos que la Alerta de violencia de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Por tal razón, si bien es cierto que hemos expresado una opinión y evaluación muy diferente a la expresada por quienes están al frente del programa para atender la violencia contra las mujeres, buscamos la realización de éstas sesiones de trabajo para coadyuvar a esclarecer y precisar los alcances de todas y cada una de las medidas establecidas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia que es el objetivo fundamental que deben tener las políticas públicas con el concurso y participación activa, consciente y crítica de la sociedad en su conjunto. En cada municipio debe confluir la acción de los tres niveles de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar la violencia feminicida.

Es claro que no se ha logrado el objetivo fundamental de garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus Derechos Humanos.

Hemos informado que de Enero al 31 de Julio del 2017 se han documentado 46 casos de feminicidio. Durante casi 17 años, los 10 municipios con mayor número de feminicidios son Cuernavaca con 167, Jiutepec con 76, Temixco 54, Cuautla 48, Yautepec 43, Xochitepec 37, Puente de Ixtla 32, Emiliano Zapata 30, Jojutla 29 y Tepoztlán 28. Del 10 de agosto del 2015 al 31 de julio de 2017 se han efectuado 4 feminicidios en Xochitepec.  El feminicidio en Morelos se puede detener con una mayor voluntad política de todas las instituciones de Gobierno. Este derecho a la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres no admite demora alguna.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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Invitación a Conferencia de Prensa a dos años de la AVG en Morelos

 

Convocamos a Conferencia de Prensa el día 9 de agosto a las 11 de la mañana, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en Serapio Rendón, para presentar el Informe Sombra a dos años de la Alerta de Violencia de Género en 8 municipios del Estado de Morelos. El día 10 de agosto a las 11 de la mañana en La Rana de la Casona, centro de Cuernavaca.

El 10 de agosto de 2017 se cumplirán 2 años de la Alerta de Violencia de Género en Morelos.

Estamos presentando un Informe Sombra con las conclusiones y recomendaciones que emitimos como organización peticionaria de la AVG ante la CONAVIM.

En Morelos el feminicidio se puede enfrentar, detener, sancionar y erradicar. Es urgente y necesario que se apliquen todas las medidas de Alerta de Violencia de Género. Es inadmisible que haya omisiones, negligencia, irresponsabilidad y complicidad de autoridades.

La responsabilidad de garantizar la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres es del Estado, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, sistematizada en las medidas decretadas en la Alerta de Violencia de Género vigentes en  8 municipios del Estado de Morelos desde el 10 de agosto de 2015, el 10 de agosto de 2017 se cumplirán dos años de su establecimiento.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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Urgente detener la violencia feminicida que se extiende en Morelos.

La exhibición pública de los cuerpos mutilados de las mujeres en Morelos es una muestra de barbarie feminicida y una revictimización. Por todo ello, la Comisión Independiente de Derechos Humanos, denunciamos  que el hallazgo de un torso de mujer, el martes en el río Apatlaco, municipio de Jojutla, y hechos similares ocurridos en otros municipios de Morelos,  es consecuencia de que el gobierno estatal se niega a aplicar medidas extraordinarias para prevenir los feminicidios, pese que en esta entidad hay alerta por violencia de género en ocho municipios. Los asesinos están actuando con mucha saña contra las mujeres. No sólo las privan de la vida; eliminan todo rastro de identidad y de dignidad de las personas. Es inaceptable que continúe impune ésta violencia que está creciendo en los municipios de Morelos, incluyendo algunos que se encuentran dentro de los 8 que forman parte de la Alerta de Violencia de Género. La Comisión Independiente de Derechos Humanos hemos solicitado que se apliquen todas las medidas establecidas en el Decreto de AVG vigente en Morelos desde agosto de 2015 y que se realicen sin dilación, omisión o negligencia las acciones que permitan preservar la vida y la libertad, la seguridad y la dignidad de las mujeres, a la fecha seguimos sin respuesta de las autoridades para llevar a cabo las mesas de trabajo con cada uno de los 8 municipios. Lejos de ello, no se han realizado las 8 mesas de trabajo con los 8 municipios con AVG y el propio Gobernador del Estado se ha negado a recibir directamente el Informe Sombra que elaboramos como organización peticionaria.

La violencia es un hecho social en buena parte resultado de un comportamiento aprendido en contextos permeados por desigualdades sociales y basado ya sea en la clase social, el género, la edad, la raza, las capacidades distintas, e incluso las diferencias religiosas. En nuestras sociedades la cultura de la violencia está extendida. Son frecuentes las situaciones cotidianas donde se ejerce la violencia y se multiplican los actos de personas que no reconocen los derechos y la dignidad de los otros. Se ha vuelto común presenciar o conocer de hechos de extorsión, amenazas, chantaje, golpes, lesiones y aún la muerte de personas conocidas o cercanas. Estas múltiples manifestaciones de violencia están alimentadas por prácticas y mensajes que hacen apología del uso de la fuerza física como vía para resolver los conflictos o imponer la propia voluntad a otros. Proliferan imágenes del uso de la fuerza e incluso de brutalidad, donde se impone la supremacía del fuerte sobre el débil; aun hay literatura, series de televisión, cine y canciones populares que promueven la violencia o nos acostumbran a presenciar la crueldad sin prurito. Muchas de esas formas de violencia están atravesadas por el género. Son prácticas que se actúan para demostrar hombría y poder de dominio hacia las mujeres o hacia otros hombres, para imponer la voluntad y deseos del hombre-macho, a las mujeres del entorno o a hombres considerados débiles. Otras prácticas violentas se ejercen entre padres, madres, hijos e hijas, y suelen transmitirse de generación en generación. Pero todas están basadas en la desigualdad de poder.

La violencia hacia las mujeres es también al mismo tiempo una variante de la violencia estructural que divide a los grupos humanos en favorecidos y desfavorecidos, porque está basada en una estructura social que segrega o diferencia las actividades que realizan los hombres y las mujeres, otorgándoles valoraciones desiguales en la jerarquía de puestos, poder, recursos y decisiones. El resultado de esta desigualdad de género es la discriminación sistemática de las mujeres. Por ello, los altísimos niveles de impunidad que prevalecen actualmente pueden ser un factor para explicar la diseminación de los homicidios de mujeres. Sin duda la violencia estructural invisible pero concretada día a día para millones de personas por la pobreza y la privación, tanto como la experiencia cotidiana de violencia delictiva que viven otros miles, impactan en las valoraciones sociales de lo “normal”, lo permitido en materia del uso de la fuerza y el abuso en contra de las personas. Acostumbrarse a la violencia, a las muertes, a las llamadas “ejecuciones”, tiene consecuencia psicosociales que todavía no conocemos.

Ante esta barbarie feminicida se requiere aplicar todas las medidas urgentes y necesarias para que tanto en los 8 municipios con Alerta de Violencia de Género se proteja la vida y la libertad de las mujeres como en el resto de los 33 municipios de la entidad, sin dilación alguna, porque cada omisión es muestra de complicidad con el feminicidio impune.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

 

 

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CIDH Morelos | Informe Sombra AVG Morelos

En éste Informe Sombra destacamos lo siguiente:

La investigación permite acercarse a los Feminicidios y a la Desaparición Forzada de las Mujeres, el contexto institucional en el que ocurren y las características del proceso legal.

Para mostrar esta situación, el informe se organizó en cuatro grandes secciones, la primera se refiere a la “Violencia Institucional”.

En la segunda sección se presenta un “Análisis del cumplimiento de la AVG por dependencia y las solicitudes de información a través del IMIPE”.

La tercera sección se denominó “Feminicidios”, y se dividió en 3 partes, en la primera se señala el “Número de Feminicidios” en la Entidad; en la segunda se presenta las “Edades de las mujeres asesinadas”; la tercera se refiere a la “Geografía de los Feminicidios”.

En la cuarta sección se exponen la información sobre la “Desaparición Forzada  de Mujeres en el Estado”.

Finalmente se exponen las Conclusiones y se emiten algunas Recomendaciones.

http://redtdt.org.mx/?p=8586

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VIOLENCIA INSTITUCIONAL: ENTRE LA DILACIÓN, LA OMISIÓN Y LA IGNORANCIA. INFORME SOMBRA.

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS. VIOLENCIA INSTITUCIONAL: ENTRE LA DILACIÓN, LA OMISIÓN Y LA IGNORANCIA. INFORME SOMBRA.

A UN AÑO Y 9 MESES DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Mientras exista feminicidio impune no puede concluir la Alerta de Violencia de Género.

Al cumplirse un año y 9 meses de que se aprobara el Decreto de la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios del Estado de Morelos por parte de la CONAVIM, estamos presentando un Informe Sombra como organismo peticionario, con nuestras observaciones críticas y un análisis pormenorizado de los informes que el gobierno del Estado de Morelos ha emitido, haciendo énfasis en que no puede levantarse la AVG en tanto se mantiene, y aún más grave cuando crece, el feminicidio al amparo de la impunidad. Por tal motivo, estamos solicitando una reunión con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para hacerle entrega directa de éste informe sombra, mismo estamos haciendo llegar al gobierno del Estado de Morelos.

Aún cuando el Secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz Medina, hizo una declaración señalando el levantamiento de las medidas de la AVG, en ninguna de las conclusiones del Grupo de Trabajo Interinstitucional se afirma tal situación. Por el contrario, dicho documento de 51 páginas establece claramente que:

“CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA DECLARATORIA DE A.V.G.

A partir del análisis en su conjunto de todas las acciones realizadas por el estado de Morelos, se observa que en algunas de éstas ha habido un avance suficiente para determinar un cumplimiento óptimo y en las cuales el grupo debe dar sólo acompañamiento para dar seguimiento a su implementación a largo plazo. Sin embargo, existen otras medidas en que la mayoría del grupo considera que las evidencias presentadas no son suficientes para concluir que el estado implementó las propuestas realizadas por el grupo en su informe ni en las medidas declaradas en la AVGM.”

De todo lo anterior no se puede concluir que la Alerta de Violencia de Género se levante. Si bien es cierto que en Cuernavaca se ha incumplido en mayor proporción las medidas establecidas en la AVG, eso no excluye ni a las dependencias del Gobierno del Estado ni a los 7 municipios restantes incluidos en el Decreto, sobre todo cuando también se han dado casos de feminicidio impune en varios municipios que no están dentro de la AVG.

Como hemos señalado y en eso coincidimos en el Grupo de Trabajo en su documento inicial, lo verdaderamente grave ante el crecimiento de la violencia feminicida, es que si no se toman las medidas adecuadas de políticas públicas defensoras de los derechos de las mujeres, éste tipo de violencia feminicida tiende a incrementarse ante la violencia institucional que se genera cuando hay omisión, simulación o encubrimiento por parte de las autoridades. El año 2016 documentamos 97 feminicidios y en lo que va de enero a abril de 2017 se ha registrado 26 casos de feminicidio.

Mientras la sociedad ha dado muestras de tener una mayor conciencia frente a los crímenes cometidos contra mujeres en la entidad, realizando toda clase de protestas y acciones que muestran la creciente toma de conciencia del respeto a los derechos de las mujeres, las autoridades no asumen de manera firme y consecuente las tareas que legalmente les corresponde y tienden a utilizar datos aislados de la realidad para justificar el desempeño de sus tareas con pobres o mínimos resultados en el combate a la impunidad.

Recientemente la ONU Mujeres ha publicado un extenso documento sobre feminicidio, donde “considera indispensable dar continuidad a los esfuerzos emprendidos por el Estado Mexicano e implementar, sobre la base de la nueva legislación, una política integral de Estado para eliminar la violencia contra las mujeres que: convoque a todas las fuerzas políticas y de gobierno; homologue, a nivel local, todos los tipos de violencia contra las mujeres —incluidos el feminicidio y la violencia feminicida— contemplados tanto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como en el Código Penal Federal; estandarice los protocolos de actuación de las instituciones de procuración e impartición de justica para reducir la impunidad; mejore la prestación de servicios y atención para mujeres y niñas víctimas de violencia; y, en particular, atienda satisfactoriamente las recomendaciones que diversos organismos internacionales o regionales han dirigido al Estado Mexicano, especialmente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las recientes emitidas por el Comité de la CEDAW.”

“En este contexto, fortalecer las instituciones para garantizar el derecho de las mujeres al acceso a la justicia y a la reparación del daño a las víctimas y sus familiares, así como para desplegar acciones más eficaces para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, especialmente el feminicidio, redunda en la reducción de la impunidad.”

Es fundamental por ello comprender que la violencia hacia las mujeres es también al mismo tiempo una variante de la violencia estructural que divide a los grupos humanos en favorecidos y desfavorecidos, porque está basada en una estructura social que segrega o diferencia las actividades que realizan los hombres y las mujeres, otorgándoles valoraciones desiguales en la jerarquía de puestos, poder, recursos y decisiones. El resultado de esta desigualdad de género es la discriminación sistemática de las mujeres.

En éste Informe Sombra destacamos lo siguiente:

La investigación permite acercarse a los Feminicidios y a la Desaparición Forzada de las Mujeres, el contexto institucional en el que ocurren y las características del proceso legal.

Para mostrar esta situación, el informe se organizó en cuatro grandes secciones, la primera se refiere a la “Violencia Institucional”.

En la segunda sección se presenta un “Análisis del cumplimiento de la AVG por dependencia y las solicitudes de información a través del IMIPE”.

La tercera sección se denominó “Feminicidios”, y se dividió en 3 partes, en la primera se señala el “Número de Feminicidios” en la Entidad; en la segunda se presenta las “Edades de las mujeres asesinadas”; la tercera se refiere a la “Geografía de los Feminicidios”.

En la cuarta sección se exponen la información sobre la “Desaparición Forzada  de Mujeres en el Estado”.

Finalmente se exponen las Conclusiones y se emiten algunas Recomendaciones.

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Grupo Asesor de ONU Mujeres, derechos humanos y desarrollo

Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres en México reafirma la importancia de vincular los derechos humanos de las mujeres con el desarrollo sostenible

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

Fotografía ONUMujeres/LuisCedeño

Fotografía ONU Mujeres/ JuanLuisCedeño

El 18 de abril de 2017, se llevó a cabo la séptima reunión del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC) de ONU Mujeres en México.

La reunión fue coordinada por Ana Güezmes García, Representante de ONU Mujeres. Tuvo por objetivo analizar la coyuntura relacionada con la agenda global de igualdad de género; los principales desafíos, motivos de preocupación y oportunidades para el ejercicio de los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en México; el trabajo que desarrolla ONU Mujeres en el país, así como las posibles estrategias a seguir por el GASC de cara al examen de México ante diversos mecanismos de derechos humanos de la ONU, principalmente ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En el marco del periodo electoral 2017-2018, la reunión contó con la participación de Paulina Grobet, Titular de la Unidad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con quien el GASC mantuvo un diálogo abierto sobre los avances y desafíos de la paridad en un contexto de preocupante violencia política en contra de las mujeres, principalmente en el ámbito local. Entre estos mecanismos y acciones se resaltó a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, así como la Plataforma de Empoderamiento: Políticas. Política y Políticas Públicas con Perspectiva de Género.  Entre los principales retos de los órganos electorales de cara al periodo electoral 2017-2018, refirió la integración y adopción de un proyecto de defensoría especializada para la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.

El GASC subrayó que la escalada de violencia política en contra de las mujeres, la cual tiene múltiples manifestaciones y se ejerce en diferentes espacios, limita los avances de México hacia una democracia paritaria; atenta en contra de los derechos humanos de las mujeres en su sentido más amplio, y obstaculiza la igualdad de oportunidades en la participación política y la vida pública. Por ello, el GASC destacó la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y reparación del daño para las mujeres, en especial los vinculados a la protección de defensoras, periodistas, mujeres políticas y en general a las mujeres víctimas de violencia de género. De cara al periodo electoral 2017-2018, el GASC hizo énfasis en la necesidad tipificar la violencia política y crear las condiciones propicias para que las mujeres denuncien, facilitando el apoyo legal, el acompañamiento integral y el seguimiento al cumplimiento de las sentencias, y avanzando en la rendición de cuentas de las autoridades electorales y los partidos políticos.

El GASC manifestó especial preocupación por el desfase entre el liderazgo de México en los foros globales y regionales, y la igualdad formal o ante la ley y la brecha de implementación en el nivel interno de diversos compromisos internacionales en materia de derechos de las mujeres. En particular, mencionó que persisten desafíos estructurales en áreas clave para el logro de la igualdad de género en el país, entre los que subrayó:

  • El desigual acceso de las mujeres a la justicia.
  • La reducción en la inversión para la igualdad de género.
  • El lento avance en el empoderamiento económico de las mujeres.

Frente a esta coyuntura, el GASC reconoció la importancia de repensar la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las alianzas de las organizaciones de la sociedad civil, con miras a identificar nuevas formas de incidencia más estratégica, coordinada y efectiva; favoreciendo la priorización de temas, evitando la sectorización y apuntalando la participación coordinada y en conjunto en espacios clave. Al respecto, el GASC enfatizó la necesidad de:

  • Utilizar la plataforma de incidencia que ofrecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
  • Fortalecer el informe alternativo de la sociedad civil sobre el noveno informe de México sobre el cumplimiento de la CEDAW.

ONU Mujeres puntualizó sobre el rol clave de la sociedad civil mexicana, reconociendo a las organizaciones de mujeres, defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, para promover y avanzar la agenda de igualdad de género en el nivel global, regional y nacional. Al mismo tiempo, instó al GASC a tener una “impaciencia constructiva” en el marco de una estrategia desde la sociedad civil que mire hacia y desde lo global, y con un enfoque de acción orientado a la implementación con resultados en el corto plazo que alienten cambios culturales y estructurales en México.

Los Grupos Asesores de la Sociedad Civil de ONU Mujeres tienen el propósito de facilitar consultas efectivas, continuas y estructuradas entre la organización y la sociedad civil, especialmente con las organizaciones y redes de mujeres, defensoras de derechos humanos, activistas, académicas y periodistas, para avanzar el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

Tras cumplirse el proceso de renovación parcial de integrantes del GASC en marzo pasado, en esta reunión participaron representantes de redes y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, de organizaciones de la sociedad civil y de la academia, ya sea en su carácter de nuevas participantes, integrantes en activo y personas y representantes de organizaciones salientes.

Se realizó un reconocimiento del importante aporte de las organizaciones y personas que formalmente concluyeron su periodo como Asesoras en el marco de la reunión, así como a la señora Gloria Ramírez por haberle sido otorgado el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto 2017”.

Organizaciones y personas que actualmente integran el GASC

 

Titulares organizacionales

Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C.

Gente Diversa de Baja California A.C.

The Hunger Project México

Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, A. C. (GESMujer)

Red de Mujeres Radialistas

Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, CIDEM A.C.

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C

Red de apoyo Red Macuilxóchitl de la Montaña;

Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas A.C.

Coordinación Interregional Feminista Rural Comaletzin

 

Titulares individuales

María Luisa Martínez Sánchez

Milagros Herrero Buchanan

Aimée Vega Montiel

 

Suplentes organizacionales

Consejo Ciudadano 100 por Jalisco A.C.

10,000 Mujeres por México

Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género AC

 

Suplentes individuales

María Guadalupe Ramos Ponce

Elvia González del Pliego

Elsa María Arroyo Hernández

 

 

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LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.

Ponencia presentada por Marco Aurelio Palma Apodaca, Coordinador Jurídico de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, en el Foro sobre los Derechos de las Mujeres Trabajadoras, realizado en el auditorio del Instituto mexicano de Tecnología del Agua, el 3 de marzo de 2017, convocado por el SITIMTA y el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo con el Paro Internacional de las Mujeres.

 Los derechos laborales y desigualdad salarial.

Por causa del actual modelo económico neoliberal nuestro país está sumido en una crisis general, teniendo mucho que ver en esto el proceso de implementación de las llamadas reformas estructurales por parte del régimen priista de Peña Nieto. Hasta ahora se están poniendo en práctica toda una serie de medidas que están afectando los derechos de la mayoría de la población y muy especialmente de los que depende del trabajo asalariado para subsistir. La razón es fácil de explicar: quienes representan a la mayoría de las instituciones de este gobierno no fueron nombrados por los trabajadores y trabajadoras, ni nunca han representado sus intereses, sino los del gran capital transnacional. El pueblo enfrenta sacrificios, se aprieta el cinturón y la pobreza, la explotación, la injusticia y la represión crecen en forma por demás acelerada.

En dicho contexto es necesario recordar la razón principal por la que existen los sindicatos y es sin duda alguna la defensa de los intereses de la clase trabajadora y coincidimos por demás, en que las organizaciones sindicales son una herramienta colectiva por la cual se pueden lograr nuevas conquistas de carácter social, económico, organizativo, y todo lo relativo a la organización del trabajo. El formar parte de un sindicato libre y democrático es sin duda un derecho laboral cuyo reconocimiento se ha ido conquistando a lo largo de la historia, principalmente a principios del pasado Siglo por lo que contribuyeron de manera importante en ello, la Revolución Mexicana (1910) y la Revolución Rusa (1917). Se considera que el goce de estos derechos por igual requiere de una participación activa y positiva del aparato del Estado y de los funcionarios públicos a fin de satisfacer las necesidades socioeconómicas de la población. El Derecho al Trabajo es un derecho social que implica: gozar de un salario justo y equitativo, de tener descanso, a sindicalizarse, a organizar y estallar una huelga cuando exista necesidad. Dichos derechos fundamentales todo el tiempo han sido reclamados por los trabajadores y trabajadoras y en nuestro país hasta fueron reconocidos en 1917 en la Constitución Política Mexicana especialmente en su Artículo 123 al establecer sustancialmente que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil” (…). Por consecuencia convirtió al Estado en el responsable de hacerlos efectivos. Todos y cada uno de estos derechos son indispensables para que los trabajadores y trabajadoras vivan con dignidad. La cruda experiencia vivida por la clase trabajadora en los últimos años es producto de un tejido de diversos factores, entre los que se cuenta la implementación de lo que gobierno ha dado en llamar –flexibilización-  representada hoy en la aprobación de la contrarreforma laboral (siendo parte también de las referidas reformas estructurales) que se manifiesta sobre todo en la reestructuración productiva, a través de la flexibilización de las relaciones laborales, que significa hacer flexible los derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras durante una larga historia de lucha. Con la implementación de dicho proyecto neoliberal, los derechos laborales sufren cada vez mayor deterioro: aumentan las cargas de trabajo; se pierde el poder adquisitivo del salario; se flexibilizan los contratos colectivos, hay dificultades para integrar una organización gremial democrática y se vive constantemente bajo la amenaza de perder el empleo bajo cualquier pretexto, por ejemplo, si el trabajador o trabajadora llega a manifestar algún tipo de denuncia o cuestionamiento sobre las condiciones de trabajo, es tratado como delincuente y castigado con el despido. La situación del país es alarmante, el gobierno afirma que se cumplen las leyes y se respetan los derechos humanos, pero por el contrario estos se están violentando de tal manera que son más los trabajadores y trabajadoras que se encuentra sin empleo estable y sin protección alguna. En el mismo contexto hacemos notar la terrible desventaja en cuanto a las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres en el mundo y nuestro país, por lo que nos permitimos rescatar algunos datos que ejemplifican con exactitud tal situación.

En México actualmente hay casi 20 millones de mujeres que trabajan y un número considerable de ellas no reciben remuneración por su labor; entre profesionistas, los hombres ganan más que las mujeres; entre funcionarios y administradores, acurre lo mismo y en el comercio los varones se benefician de ingresos bastante superiores a los percibidos por las mujeres. Según el índice de discriminación salarial calculado para el año 2016 era necesario incrementar en promedio 5.1% el salario que se les paga a las mujeres para lograr la equidad salarial.

El grupo de ocupación que representa la mayor desigualdad en ventaja para los hombres es el de los trabajadores industriales, artesanos y ayudantes, (grupo en el que tendría que incrementarse el salario de las mujeres un 31.8% para igualarlo con el de los hombres). En el caso de quienes se dedican al comercio corresponde un 10.8% y 14.0% para las y los profesionales, técnicos y trabajadores del arte. Entre las y los oficinistas la brecha es de 10.5% y para funcionarios públicos y gerentes del sector privado, la magnitud de cambio necesaria para igualar los salarios es del 28.4%; en tanto que para trabajadores de la educación la brecha de género es de 1.5%.

Para 2016 la disparidad salarial entre trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y de caza y pesca es de 3.1% de diferencias a favor de las mujeres y solamente entre trabajadores en servicios personales, el salario de la mujeres supera al de los hombres en 13.7%; entre las y los conductores y ayudantes de conductores de maquinaria móvil y medios de transporte la discriminación salarial alcanza 1.0% y entre trabajadores en servicios de protección y vigilancia y fuerzas armadas es de 2.0%.

Es importante señalar que cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen incluso más rápido.

En nuestro país 78 de cada cien hombres y 43 de cada cien mujeres participan en actividades económicas. A pesar del incremento durante las últimas décadas de la participación femenina en el trabajo remunerado, sigue siendo muy por debajo debido a muchos factores como la discriminación en las practicas de contratación, remuneración, movilidad y ascenso; las condiciones de trabajo inflexibles; la insuficiencia de servicios tales como guardería así como la distribución inadecuada de las tareas en el hogar, entre otros.

En este sentido, la tasa de participación de mujeres y hombres en el trabajo doméstico fue de 96.2 y 63.7 por ciento respectivamente (2015).

El ingreso promedio por hora trabajada fue de 32.6 pesos para los hombres y 32.2 para las mujeres, mientras que el promedio de horas trabajadas a la semana por parte de los hombres fue de 45.4 y por parte de las mujeres 37.6 horas. La Población Económicamente Activa (PEA) no ocupada o desempleada correspondió a 4.2 por ciento de la población masculina y la femenina 4.6. Como resultado de la diferencia en la participación económica de hombres y mujeres, en la población adulta mayor (60 y mas) de igual manera se ven reflejadas pues en el año 2015 la tasa de jubilación de la población de 60 años y más edad fue de 25.9 para los hombres y 9.1 por ciento para las mujeres.

También a nivel internacional las cifras hablan por sí solas:

Según la ONU esa drástica disparidad salarial amenaza (si no se toman medidas al respecto) con seguir durante muchos años, y en las organizaciones sindicales no es la  excepción.

A lo largo de su vida laboral, las mujeres siguen experimentando grandes dificultades para acceder a empleos decentes. Solo se han logrado mejoras mínimas desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, por lo que existen grandes brechas que deben colmarse con la puesta en marcha de distintas agendas, acciones e iniciativas.

Las mujeres tienen más probabilidades de estar desempleadas que los hombres, y las tasas de desempleo son del 5,5 por ciento en el caso de los hombres y del 6,2 por ciento en lo respecta a las mujeres (de acuerdo a las consideraciones de la Organización Internacional del Trabajo OIT, el desempleo trae consigo dificultades que inciden negativamente en la calidad de vida y la seguridad de las personas. Asimismo, los priva del acceso a los beneficios del desarrollo).

A escala mundial, la brecha salarial entre hombres y mujeres se estima en el 23 por ciento; en otras palabras, las mujeres ganan el 77 por ciento de lo que ganan los hombres. Se necesitaran más de 70 años para colmar totalmente la desigualdad salarial por motivo de género (según estudio e investigaciones de la OIT).

Ahora bien, si las humillantes condiciones de vida de los trabajadores mexicanos resultan escandalosas desde la perspectiva de los derechos humanos, aquellas vividas por las mujeres en el campo laboral lo son aún más, Como lo muestran los datos anteriores. Y por si no fuera suficiente, enfrentan además de las condiciones que les obligan, el ser parte también de una planta productiva, la responsabilidad de la maternidad, educación, salud y alimentación de los hijos e hijas; la administración de la economía familiar; y la responsabilidad de erguirse como el pilar de la familia.

Hacer compatibles estas responsabilidades con las que exige el trabajo asalariado significa para las mujeres un doble esfuerzo, el cual se incrementa con la tarea de desarrollar un proceso personal, con más mujeres y con su familia y grupos de referencia, para reivindicar sus derechos e ir construyendo una identidad de persona libre digna, lo cual representa un gran reto para quienes se han dado a la tarea de promover y defender los derechos laborales.

Las mujeres mexicanas enfrentan una doble paradoja social:

La responsabilidad exclusiva de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos; junto con un ambiente de discriminación, desigualdad y segregación en el trabajo.

Esa discriminación está justificada por las diferencias biológicas entre los sexos y se aplica sobre todo cuando la mujer se embaraza, ante la cual es hostilizada y despedida del empleo, o cuando los jefes o compañeros de trabajo pretenden imponer un mal entendido para hostigar sexualmente a sus compañeras y subordinadas.

En el mercado laboral se establecen las condiciones para preservar la división sexual del trabajo. A las mujeres se les limitan las posibilidades, a un conjunto de actividades consideradas tradicionalmente como “femeninas” a saber: en el comercio informal, preparación y venta de alimentos, servicio doméstico, costura de prendas de vestir; puestos de trabajo que requieren poca calificación, perciben baja remuneración, con menor prestigio social y en áreas no industrializadas.

A pesar de que existen convenios internacionales y disposiciones legales nacionales que garantizan la igualdad entre los sexos, en la práctica, estas reglamentaciones son letra muerta. En México las mujeres enfrentan cotidianamente problemáticas como el hostigamiento y el abuso sexual en el empleo, los despidos por embarazo, la segregación y la violencia laboral.

Esa discriminación de género, perpetuada a través de las relaciones sociales de poder, establece las condiciones para que las mujeres asuman sobrecargas de trabajo que afectan su salud y les resta tiempo para fortalecer su preparación y su liderazgo; lo que les dificulta el acceso a posiciones de poder; y conlleva a que se encuentren sometidas bajo las órdenes de sus jefes varones, quienes las consideran como objetos de los que pueden disponer en razón de su sexo.

Ante dicha problemática los gobiernos no pueden descartar la aplicación de políticas públicas a favor de la equidad. En el ámbito laboral, se podrían aplicar programas permanentes que atiendan de manera especial a las mujeres trabajadoras a partir de equipos interdisciplinarios de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, médicas y psicólogas quienes podrían brindar una atención especial, humana y de calidad con perspectiva de género, sobre todo en los casos de hostigamiento sexual, despido por embarazo y violencia laboral.

Hace falta crear más instancias a favor de la equidad en el trabajo, además de impulsar una serie de acciones para avanzar en este tema como son: el establecimiento de instancias especializadas en la atención a la mujer trabajadora en todo el país; la generación de políticas públicas de equidad en el ámbito laboral, a fin de dar su justo valor a la contribución de las mujeres en términos económicos, culturales y políticos; la profundización e incorporación de la problemática de género en la Ley Federal del Trabajo para atender problema de hostigamiento sexual y despido por embarazo; la difusión de campañas de sensibilización y educación sobre la problemática humana y laboral de las mujeres trabajadoras; y la creación de las condiciones sociales y laborales para una más equitativa distribución de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos e hijas. Solo así se podrá construir un país más democrático y justo, ya que ninguna política de combate a la pobreza o de desarrollo social será viable si persiste la discriminación y segregación contra el trabajo de la mujer.

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