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La transición gubernamental y la Alerta de Violencia de Género contra el feminicidio.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y feministas solicitantes de las Alertas de Violencia de Género en diversos estados de la república mexicana, estamos solicitando a los gobiernos, saliente de Peña Nieto y entrante de López Obrador, que prioricen en sus agendas de entrega recepción los casos de feminicidio y las medidas decretadas para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por tal motivo, hemos dirigido oficios a ambos mandatarios, en funciones y virtualmente electo, para que reciban en sus oficinas a integrantes de organizaciones el próximo lunes 6 de agosto, para hacer entrega de documentos e informes sobre éste grave flagelo que priva de la vida a miles de mujeres y lastima severamente al conjunto de la sociedad.

Nos dirigimos al actual mandatario del país porque tiene que asumir su responsabilidad hasta el último día de su mandato y al Presidente virtualmente electo para el período 2018-2024 en nuestro país, para solicitarle una reunión de trabajo en donde podamos hacer de su conocimiento  y de su equipo de gobierno nuestros planteamientos y propuestas sobre la entrega recepción de gobierno sobre los temas vinculados a los derechos de las mujeres y la violencia feminicida que se padecen ante omisiones, simulación, negligencia o irresponsabilidad en la aplicación de las medidas decretadas por la CONAVIM.

El año pasado 2,212 mujeres privadas de la vida de forma violenta y de estos casos 1,831 se consideran feminicidios; los otros 381, asesinatos violentos. Si cada día mueren violentamente 7 mujeres, víctimas de la violencia feminicida, es fundamental tomar todas las medidas extraordinarias como las establecidas en los decretos de Alerta de Violencia de Género, para atender, sancionar y erradicar el feminicidio en nuestro país.

En el recuento histórico en Morelos del año 2000 al 2018 fueron 861 casos de feminicidio, la inmensa mayoría impunes, a pesar de que existe la Alerta de Violencia de Género en 8 municipios de Morelos.

El procedimiento de Alerta de Género es un buen mecanismo para examinar de cerca al estado y detectar el procedimiento o la instancia donde se está reproduciendo la violencia feminicida, y determinar las medidas a subsanar.  Sin embargo, es necesario que las organizaciones solicitantes del mecanismo, estén incluidas en todo el proceso, con voz y voto.

En el municipio de Torreón hay varios feminicidas libres, por un mal trabajo al integrar las carpetas de investigación.  Aborto, por esta causal, Coahuila es el segundo lugar en embarazo de niñas y adolescentes. La fiscalía especializada en el delito de desaparición de personas no tiene los recursos para investigar las desapariciones, a pesar de que este delito tiene más prevalencia que el feminicidio en este municipio.

En el estado de Michoacán se decretó la AVGM en el 2016 en 14 municipios siendo el mayor número de ellos a nivel nacional; a la fecha han asesinado 400 mujeres, un promedio de 13 mujeres por mes, ni la CONAVIM, INMUJERES y Gobierno del estado han destinado recurso alguno para hacer efectiva la prevención, atención, sanción y erradicación de la misma.

Consideramos que el próximo gobierno debe atender de manera integral la defensa de los derechos de las mujeres y ponga un alto a los feminicidios que de manera creciente se han presentado en nuestro país, ante los altos niveles de impunidad y falta de medidas para atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida.

Por lo anterior, solicitamos al Presidente Virtualmente Electo, Andrés Manuel López Obrador, que se incluya en su agenda de trabajo una reunión para el día 6 de agosto de 2018, en donde podamos expresarle directamente nuestras propuestas y entregar materiales y documentos sobre feminicidio y la situación de las medidas de la Alerta de Violencia de Género.

Atentamente.

Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Verónica Cruz Sánchez, Directora del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro AC peticionaria de la AVGM en el estado de Guanajuato, Zacatecas y Coahuila,

 

Lucero Circe López Riofrio, Directora de Humanas sin Violencia, A.C. solicitante de la AVGM Michoacán

 

Red de Mujeres de la Laguna, Torreón Coahuila. Solicitantes de la AVGM Torreón

 

Merixtell Calderón, Directora de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos AC, y solicitante de la AVG en el estado de Baja California.

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INFORME SOMBRA enviado a la CEDAW ESTADO DE MORELOS

Del 2 al 6 de julio se llevarán a cabo sesiones de trabajo en la Comisión para la Eliminación de la Discriminación y la Violencia contra las Mujeres (CEDAW) en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, donde una delegación presentará un Informe Sombra sobre México, en el que está incluido un capítulo sobre el Estado de Morelos elaborado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Incluimos a continuación un resumen del mismo.

  1. Recomendaciones de la CEDAW a México 2012[1]- Estrategia de seguridad pública, debida diligencia, capacitación y datos estadísticos de violencia contra las mujeres.

VIOLENCIA DE GÉNERO

  El Comité exhorta al Estado parte a:

Revisar su estrategia de seguridad pública para la lucha contra la delincuencia organizada a fin de adaptarla a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluida la Convención, y poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia en el país, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y las muchachas

Adoptar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió el acto de violencia, que incluya información sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos.

Diseñar mecanismos de articulación entre las distintas Fiscalías que atienden a mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de registrar adecuadamente los tipos de violencia que éstas sufren, pero sobre todo que garanticen la debida diligencia en la prevención e investigación de los casos de feminicidio y otros tipos de violencia contra las mujeres. Los indicadores de cumplimiento serán: i) el diseño de un programa de articulación; ii) la implementación de dicho programa y iii) la evaluación de sus resultados.

RESPUESTA

 

  1. a)                  b)  c) Si bien es cierto que en el Estado de Morelos se han interpuesto iniciativas legislativas en favor de los Derechos de las Mujeres, también es cierto que sobre diversas disposiciones existen controversias presentadas por el Legislativo en contra del Congreso Local, que están en espera de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se mantiene la contradicción entre el artículo 130 del Código Penal y el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que permite la impunidad en casos de feminicidio.

“Artículo 130. Cuando el agente actúe en estado de emoción violenta, el juzgador podrá reducir hasta en una cuarta parte la sanción aplicable a las lesiones o al homicidio. Existe emoción violenta cuando en virtud de las circunstancias en que ocurre el delito y de las propias del agente, se halla considerablemente reducida la culpabilidad de éste, sin que exista inimputabilidad plena o imputabilidad disminuida.”

“Artículo 21. Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal.”

  1. d) La Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de Morelos ha servido como un mecanismo de observancia general (federal, estatal y municipal) para supervisar la aplicación y cumplimiento de las leyes en favor de las Mujeres.Sin embargo, la declaratoria sólo se emitió para 8 de 33 Municipios del Estado, no obstante que se solicitó para todo el territorio morelense. Además, que ha sido la CIDHM la única dependencia que ha estado emitiendo informes de seguimiento para verificar el cumplimiento de la norma, mientras que el gobierno federal denota su ausencia. Pues al no haber un protocolo de actuación para la AVG, la omisión se hace presente.

  1. e) En cuanto al proceso sancionador para las autoridades se menciona queactualmente se encuentran en investigación 4 servidores públicos, sin embargo todavía no existe sanción alguna puesto que no ha finalizado el proceso. Cabe destacar que no se ha señalado los plazos del proceso sancionador, por lo que desconocemos la fecha de término.

 VG/SV/411/2016-09 derivada de la carpeta de investigación UEHMYF/ZM/044/16

 VG/SV/048/2017-02 derivada de la carpeta de investigación YA/UIDD/B/202/2017

 VG/SV/022/2017-02 derivada de la carpeta de investigación CT-UIDD-C/1825/2016, CT-UIDD-A/1517/2015, YA-UIDD/B/506/2016 (DILACIÓN)

 VG/SV/024/2017-01 derivada de la carpeta de investigación JO/UEDD/866/2016 y JO/UEDF/1886/2016 (DILACIÓN) […]”

 

OBSTÁCULOS

La aprobación misma de la Ley de Seguridad Interior violatoria a los Derechos Humanos. Esto es resultado de que la Ley fuera aprobada de una manera precipitada y sin la participación adecuada Organizaciones de la Sociedad Civil Defensoras de Derechos Humanos, Organismos Públicos de Derechos Humanos y Organismos Internacionales garantes de los mismos.

-La burocracia dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Los requisitos para acceder a los apoyos son muchos y los procedimientos para evaluar los casos son bastante tardados y poco transparentes.

RECOMENDACIONES

  1. a)Abrogación de la Ley de Seguridad Interior.

-Adoptar todas las medidas que sean necesarias, por parte de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia del Estado de Morelos, para garantizar que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y en un plazo razonable, los casos de feminicidio, adoptando una perspectiva de género y de derechos humanos y con ello, garantizar a las mujeres víctimas y a sus familiares el acceso a la justicia y a la reparación integral.

 

Recomendaciones a México 2012[2] -Legislación

El Comité insta a las autoridades federales del Estado parte a:

  1. a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar, en particular mediante una coordinación efectiva, la armonización coherente y consecuente de la legislación pertinente en todos los planos con las reformas de la Constitución en materia de derechos humanos (2011) y del sistema de justicia penal (2008); (página 4)

 

OBSTÁCULOS

-La intervención de diversas iglesias en las decisiones de las y los legisladores locales para que se opongan al avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Así como la falta de una revisión exhaustiva del Código Penal del Estado de Morelos en razón de homologarlo en función de la Leyes Locales y Nacionales en favor de los Derechos de las Mujeres.

RECOMENDACIONES

  1. b) c) Solicitar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal y al Congreso del Estado de Morelos para que se revise y analice exhaustivamente la Legislación Estatal existente relacionada con los Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas para detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos.
  2. d)Crear un Protocolo de Actuación de la AVG que establezca las responsabilidades de cada nivel y orden de gobierno; las tareas de cada dependencia; un Mecanismo de Seguimiento y Vigilancia del Cumplimiento de las Medidas de la AVG; la Participación de las Organizaciones Peticionarias; Establecer Tiempos de Cumplimiento para las Medidas; un Procesos Sancionador para las Autoridades que no las Apliquen de Manera Urgente y/o hagan procesos dilatorios o de simulación; un procedimiento de revisión, de quejas y denuncias; y establecer la erradicación de la violencia feminicida como criterio único de cumplimiento.
  3. e)Se deberán establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en violación al orden jurídico aplicable en materia de violencia de género. El Estado de Morelos deberá dar continuidad a los procesos iniciados previamente por posibles omisiones de servidores públicos en la integración de carpetas de investigación en casos de feminicidios. Toda esta información deberá estar publicada en las páginas de internet oficiales del Estado.

 

Recomendaciones a México 2012[3]- Banco Nacional de datos y AVGM.

El Comité exhorta al Estado parte a:

  1. a) Dar prioridad a la plena aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras cosas ejecutando completamente el Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y activando el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, con la participación de los 32 estados federales;

OBSTÁCULOS

  1. a)-La falta de voluntad política para dar transparencia en la información de casos de violencia contra las mujeres y en especial, de los feminicidios.

-Opacidad en la utilización de los recursos públicos para atender la AVG.

  1. b)-La violencia institucional es uno de los principales obstáculos.

El no cumplimiento de las Medidas establecidas en la Declaratoria de la AVG y de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo.

RECOMENDACIONES

  1. a)Solicitar lo siguiente: i) el diseño del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres como una base integral y única, conforme a la Ley local de Acceso; ii) la sistematización y actualización de la información por parte de las instancias responsables; iii) la interconexión de los sistemas de información de las instituciones responsables de alimentar la base de datos, iv) elaborar y publicar reportes sobre la administración de la base de datos y alimentación del BANAVIM, y v) la publicación de información estadística sobre la violencia contra las mujeres en la entidad a partir de los datos incorporados al Banco Estatal. El objetivo de dicha base de datos será proveer al Estado de Morelos y a la sociedad en su conjunto, información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad, sus patrones y características, a fin de diseñar políticas públicas a nivel estatal y municipal para prevenirla, atenderla y erradicarla.

 

Recomendaciones a México 2012[4]- Feminicidio, desaparición forzada, investigaciones, centros de justicia, refugios, NOM-046, Campo Algodonero, acceso a la justicia.   

El Comité recomienda al Estado parte:

  1. a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la codificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales; acelerar su codificación en esos códigos penales pendientes; normalizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país; e informar sin demora a las familias de las víctimas;

OBSTÁCULOS

 

  1. a)-La falta de voluntad política para dar transparencia en la información de casos de violencia sexual y los diferentes tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres.
  2. b)f)   g)-La violencia institucional es uno de los principales obstáculos.

“Artículo 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.” (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia)

-El no cumplimiento de las Medidas establecidas en la Declaratoria de la AVG y de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo.

RECOMENDACIONES

  1. a)Se requiere armonizar el delito de feminicidio con la entrada en vigor del Código Nacional Penal para evitar contradicciones, y actualizar el Protocolo de Investigación del Feminicidio de la Fiscalía, así como capacitar a todo el personal de la Fiscalía General para el adecuado cumplimiento del mencionado Protocolo.
  2. b)El Cumplimiento al 100% de todas las Medidas establecidas en la Declaratoria de la AVG y de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo.

-Crear un Protocolo de entrega/recepción de la información correspondiente a la AVG para que en los cambios de poderes y administraciones de la Federación, el Estado y los Municipios, se garantice la continuidad en las acciones, planes y programas emprendidos a partir de la AVG.

[1] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

[2] Observaciones finales del Comité para la Eliminación sobre todas las formas de Discriminación contra la mujer.http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

[3] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

[4] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

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Después de 16 años, histórica condena por tortura sexual contra militares en México

Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., saludamos la importante condena histórica por tortura sexual cometida por militares contra Valentina Rosendo Cantú, mujer indígena Me’phaa. 

 El 1° de junio del 2018, la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitió una sentencia condenatoria contra los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca, por los delitos de violación y de tortura, derivados de los hechos ocurridos en 2002 contra Valentina Rosendo Cantú. Esta sentencia emerge tras 16 años de lucha de Valentina para que su voz fuera escuchada y valorada en un tribunal civil.

En dicha resolución, el Juzgado impuso a los imputados una pena de 19 años, cinco meses y un día de prisión, condenándolos además al pago de la reparación del daño a favor de Valentina Rosendo Cantú. En la sentencia se tiene por probado que los militares cometieron tortura sexual contra Valentina, quien en ese entonces era menor de edad. Para ello, el Juzgado reconoce el testimonio de la víctima como elemento probatorio fundamental, y señala que los delitos de esta naturaleza ocurren sin que haya posibilidad de acceder a testigos.

La resolución también se refiere a la tortura sexual como un acto de discriminación agravada e interseccional. Al respecto, en la sentencia se toma en cuenta “la desigualdad estructural en la que se encontraba al ser indígena, lo que la hizo susceptible de abuso y violación a sus derechos, que sumada a la circunstancia de ser mujer menor edad, también evidenció una asimetría de poder, pues sus agresores fueron militares con los cargos de cabo y soldado de infantería, respectivamente, ante una particular mujer indígena y menor de edad, mostrando una clara ventaja en la preparación y la instrumentación al portar armas de fuego”.

“Los militares, al ostentarse como un grupo armado, actúan como si no hubiera leyes que los obliguen a respetar los derechos de las personas. Por el hecho de que Valentina, una menor de edad, se viera obligada a lavar su ropa en un arroyo, para los militares fue una oportunidad para mancillarla y causarle un grave daño que ha trastocado su proyecto de vida como mujer, como esposa y como madre. Se infligió un daño a su dignidad, a la honra familiar y a la misma comunidad porque los elementos castrenses usaron su fuerza para causar terror y romper el tejido comunitaria”, afirmó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

La investigación por los hechos se inició ante la justicia militar en México, en donde la denuncia interpuesta no prosperó. Por ello, luego de un largo proceso ante el sistema interamericano, el 31 de agosto del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia contra del Estado mexicano.

Este órgano ordenó a México 16 medidas de reparación, dentro de las cuales se señaló investigar los hechos en el fuero civil y proceder a identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables, para así garantizar el acceso a la justicia de Valentina Rosendo Cantú.

Gracias a esta y otras sentencias dictadas por la Corte IDH, en el 2014 México modificó parcialmente el Código de Justicia Militar, estableciéndose que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra personas civiles se investigarían en tribunales civiles. Pese al avance, la reforma sigue siendo insuficiente.

“Esta es la primera vez que México cumple con su obligación de investigar, juzgar y sancionar, a militares responsables de violaciones de derechos humanos a raíz de una sentencia del tribunal interamericano. Por ello, esta sentencia es un hito y una prueba de que la impunidad se puede romper a pesar de no existir voluntad, porque Valentina persistió, las organizaciones continuaron acompañándola y hubo una jueza independiente”, destacó Marcia Aguiluz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (CEJIL).

“Se me llena de emoción el corazón porque soy una mujer indígena que habla Me’phaa y ganó mi palabra, ganó la verdad, porque desde el principio el gobierno no me creyó y ahora triunfó mi búsqueda de justicia; siento que hay una esperanza. Por todo este camino que he pasado quiero agradecer a mis abogados y a todas las demás organizaciones que me han acompañado porque si ellos no me hubieran creído ni apoyado, no hubiera llegado hasta aquí”, expresó Valentina Rosendo Cantú acerca de la sentencia.

CEJIL, Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acompañaron a Valentina durante el proceso ante los órganos interamericanos. Para las organizaciones, este caso emblemático demuestra las graves consecuencias que genera la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana y debe ser una llamada más de atención para que el Estado cambie su política de seguridad pública.

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El feminicidio y la violencia institucional.

Respuesta a Adriana Mújica, ex Directora del IMEM.

Hemos realizado una infografía para señalar las responsabilidades institucionales en Morelos ante 18 años de feminicidio ocurridos durante los gobiernos de Sergio Estrada Cajigal, Marco Adame y Graco Ramírez, los dos primeros del PAN y el tercero del PRD. El dato que presentamos es una muestra del horror feminicida: 851 casos ocurridos entre el año 2000 y enero de 2018. Incluimos el dato oficial de 1455 muertes violentas de mujeres ocurridas del 2000 al 2016. Decimos que: “ninguno de los tres Gobernadores reconoció la problemática del feminicidio en la Entidad, ni realizó acciones para investigar, prevenir, atender, sancionar y erradicar los feminicidios. Hasta que el 10 de agosto de 2015 se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos, y se obligó al gobierno a emprender acciones emergentes”.

Está infografía está sustentada en amplios y documentados informes que hemos realizado desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos y que se han dado a conocer a la opinión pública y a todas las autoridades federales, estatales y municipales, mismos que se encuentran disponibles en la página http://cidhmorelos.com.mx/

En ésta infografía hacemos el recuento del papel del Instituto de las Mujeres del Estado de Morelos (IMEM) sobre el feminicidio y señalamos lo que se ha dejado de hacer por parte de sus 8 directoras.

En replica, se ha publicado una respuesta de Adriana Mújica Murías, quien fue directora del IMEM del 2 de octubre de 2012 al mes de abril de 2014.  Ella señala que nuestra organización miente y exige una disculpa.

Al respecto, la CIDHM mantienen todo lo dicho en la infografía toda vez que nuestra información está debidamente respaldada en notas tomadas de medios de comunicación impresos y audiovisuales, así como en documentos oficiales. Y además señalamos que:

1.- Al menos durante la Administración de Adriana Mujica como directora del IMEM, se procedió a votar en contra de cuatro solicitudes de Alerta de Violencia de Género promovidas por los siguientes Estados: Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y Chiapas.

Para mayor información consultar los siguientes links:

Piden a Segob sesionar de nuevo para declarar AVG en Edomex

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/65209

Han sido rechazadas todas las solicitudes de alerta por feminicidios en 4 estados

http://www.jornada.unam.mx/2013/04/29/sociedad/043n1soc

¿Cuántos feminicidios son suficientes para una alerta de género?

https://www.animalpolitico.com/2014/05/cuantos-asesinatos-de-mujeres-son-suficientes-para-aplicar-una-alerta-de-genero/

Alerta de violencia de género, a expensas de la voluntad gubernamental

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2014/08/20/alerta-de-violencia-de-genero-expensas-de-la-voluntad-gubernamental/

Alerta de Violencia de Género: letra muerta

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2013/09/04/alerta-de-violencia-de-genero-letra-muerta/

Declaraciones de alerta por feminicidios, fallidas

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2013/04/01/declaraciones-de-alerta-por-feminicidios-fallidas/

 

2.- Asimismo, como directora del IMEM, se manifestó públicamente en contra de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Morelos.

Para mayor información consultar los siguientes links:

“La funcionaria no consideró necesario declarar alerta de género, pues la actual administración está reconociendo el problema para aplicar estrategias de prevención”. http://www.jornada.unam.mx/2012/11/08/estados/038n1est

La directora del IMEM en contra de la “alerta de género”

https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/45185-la-directora-del-imem-en-contra-de-la-%E2%80%9Calerta-de-g%C3%A9nero%E2%80%9D.html

IMEM sufre tercer cambio de titular en gestión de Graco

http://sinlineadiario.com.mx/archivos/17375

Finalmente, recordemos que en México son vigentes los Tratados y Convenciones internacionales en materia de los derechos humanos de las mujeres y  la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece medidas para atender, prevenir, investigar, sancionar y erradicar el Feminicidio y cualquier otro tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, por lo que es obligación de las y los gobernantes, funcionarios y servidores públicos tomar todas las medidas pertinentes a fin de que esto se cumpla en la realidad.

Asimismo, reiteramos nuestro compromiso social de dar seguimiento a los casos de feminicidios en la entidad de manera seria y metodológica, tal como dan cuenta nuestros múltiples y amplios informes sobre el tema, en favor de la dignidad y la vida de las mujeres.

Atentamente

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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Valentina Rosendo Cantú: combate a la impunidad militar a partir de una sentencia internacional

Las organizaciones defensoras de derechos humanos de la Región Sur de la REDTDT hemos enviado una carta que transcribimos a continuación:

Causa penal: 62/2013. Ref: Caso Valentina Rosendo Cantú

Iliana Fabricia Contreras Perales

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero

Boulevard Vicente Guerrero no. 125 KM, 274 Fraccionamiento la Cortina Chilpancingo, Gro. CP. 39090. Teléfonos: (747) 4942500 ext.1036 conmutador y fax (747) 4942548

Correo electrónico: 7jdo21cto@correo.cjf.gob.mx

P R E S E N T E.-

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C., con domicilio en Privada de las Flores 16, colonia San Antón, Cuernavaca, Morelos, somos una organización que surgimos en 1989 para la defensa de los derechos humanos y en este caso de los derechos de las mujeres indígenas.

En ese sentido, nos dirigimos a usted con el debido respeto a fin de expresarle nuestro profundo interés respecto a la resolución que está próxima a emitir relativa a los hechos de violación y tortura sexual cometidas contra la Señora Valentina Rosendo Cantú, en el 2002, desahogados en la causa penal en referencia.

Desde ese año, la señora Rosendo Cantú buscó acceder a la justicia por vía de las instancias de procuración de justicia mexicana; no obstante, en aquel momento este derecho le fue obstaculizado por las instancias civiles locales, federales y militares. Además de ser revictimizantes y no garantizar su atención médica integral, las instancias nacionales consideraron que el fuero competente para conocer y juzgar los hechos era la justicia castrense, lo que impidió que la señora Rosendo Cantú pudiera acceder a la justicia en México y la llevó a dirigirse al máximo tribunal interamericano para ser escuchada.

Durante todo el proceso, la señora Rosendo Cantú y su familia fueron víctimas de amenazas, hostigamientos y agresiones que impactaron tanto a nivel personal como comunitario, obligándola a salir de su comunidad y desplazarse para el resguardo de ella y su hija.

En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia a favor de la señora Rosendo Cantú en agosto del 2010; en dicha resolución, quedó asentado que la señora Rosendo Cantú fue víctima de tortura sexual por parte de elementos de las fuerzas armadas en un contexto caracterizado por la pobreza, discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”[1].

Igualmente, el máximo tribunal regional determinó que se violaron sus derechos a una vida libre de violencia, a no ser torturada, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada, y al debido proceso y las garantías judiciales. Asimismo, determinó que México incumplió su obligación de adecuar el marco jurídico nacional a los parámetros derivados de los tratados internacionales.

El impacto de la perseverancia de Valentina Rosendo por acceder a la justicia es invaluable. La sentencia de la Corte IDH ha sentado precedentes respecto de la calificación de la violación sexual como tortura y ha desarrollado a detalle los estándares para juzgar con perspectiva de género y etnicidad; igualmente se han logrado reformas en materia de Amparo y Justicia Militar.

Sin embargo, como es de su información, Valentina ha esperado más de dieciséis años para acceder a la justicia. Los procesos penales que hoy enfrentan los dos imputados en la causa penal en referencia han sido impulsados por ella misma. Primero buscando que las investigaciones fueran remitidas al fuero ordinario y una vez que fueron consignados ante este Juzgado, participando activamente en el proceso; incluso teniendo que enfrentar un careo procesal frente a uno de los procesados, a más de doce años de los hechos y a pesar de todos los obstáculos y amenazas previamente enfrentados.

Hoy nos encontramos ante una oportunidad histórica. Este es el primer caso de tortura sexual cometida por elementos del Ejército, derivado de una sentencia internacional, a punto de resolverse en el fuero ordinario y bajo un encuadre de los delitos correctos.

En virtud de lo anterior, respetuosamente consideramos que ante su inminente resolución, se tiene la oportunidad de desarrollar los estándares emitidos por la propia Corte IDH sobre cómo juzgar casos similares con perspectiva de género y etnicidad, así como los desarrollados por la SCJN en el expediente Varios 1396/2011 estableciendo un precedente a nivel nacional. Más importante aún, se tiene la oportunidad de garantizar la protección y el acceso a la justicia a una mujer indígena que por más de una década ha sostenido dignamente su testimonio y su denuncia a pesar de los diversos obstáculos y amenazas para acceder a la justicia.

Por otro lado, la resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo Cantú, llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, así como su regulación en un nuevo marco normativo que ha sido criticado por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos.

Por lo anterior, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, respetuosos de la independencia judicial, consideramos que este H. Juzgado tiene la oportunidad de emitir una sentencia acorde a los estándares delimitados por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos de tortura sexual infligida a la señora Rosendo Cantú y que repare el daño que se le ha causado en dieciséis  años de búsqueda de justicia.

Conscientes de que su resolución reflejará su compromiso con la impartición de justicia en México y de sus compromisos internacionales, nos despedimos, no sin antes reiterarle nuestras más distinguidas consideraciones.

Atentamente.

Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Anexos:

[1] Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216 (de aquí en adelante Rosendo Cantú y otra Vs. México), párr. 71.  La presencia del Ejército cumpliendo labores policiales en el estado de Guerrero ha sido un tema controvertido en relación con los derechos y libertades individuales y comunitarias, y ha colocado a la población en una situación de gran vulnerabilidad, afectando a las mujeres de una manera particular. De acuerdo con la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero “[l]as mujeres indígenas siguen padeciendo las consecuencias de una estructura patriarcal ciega a la equidad de género, especialmente en instancias como fuerzas armadas o policiales, donde se les entrena para la defensa, el combate o el ataque a criminales, pero no se les sensibiliza en los derechos humanos de la comunidad y de las mujeres”. En este contexto, entre 1997 y 2004 se presentaron seis denuncias de violaciones sexuales a mujeres indígenas atribuidas a miembros del Ejército en el estado de Guerrero, las cuales fueron conocidas por la jurisdicción militar  sin que conste que en alguno de esos casos se hubiera sancionado a los responsables.

Mayo 2018

Valentina Rosendo Cantú es una mujer indígena Me’phaa, originaria de la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec, en la región de la Montaña en el estado de Guerrero. Valentina es sobreviviente de tortura sexual cometida por elementos del Ejército en el 2002. En agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra del Estado mexicano en la que señaló que había quedado plenamente probado que había sido víctima de graves violaciones de derechos humanos – incluida tortura sexual –  en un contexto marcado por la pobreza, discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”.[1]

No sobra mencionar, que Valentina Rosendo Cantú ha exigido justicia durante dieciséis años de la mano de Inés Fernández Ortega – mujer indígena Me’phaa sobreviviente de tortura sexual – cuyo caso ha sido igualmente resuelto por la Corte IDH y en el que, al igual que en el caso de Valentina, elementos del ejército enfrentan cargos en la jurisdicción ordinaria, la cual aún se encuentra en proceso de integración.

  1. Antecedentes

En el año 2002, Valentina residía en la Comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, Guerrero; tenía apenas 17 años y una hija de 3 meses de edad y no hablaba español. Valentina fue torturada sexualmente en febrero de 2002 por elementos del Ejército – en específico del 41 Batallón de Infantería en Guerrero – quienes llevaban detenido a una persona e interrogaron a Valentina respecto de nombres de personas de la comunidad. Tras ser agredida, Valentina inició un difícil camino, caracterizado por la negligencia, el encubrimiento y la discriminación por parte de las autoridades estatales y federales. En el ámbito de la justicia, a pesar de que denunció los hechos inmediatamente, las investigaciones fueron parciales y poco diligentes. De igual forma, se le negó atención efectiva a servicios integrales de salud, por parte de las instancias estatales en su condición de mujeres víctimas de violencia, lo que a la postre se tradujo en graves afectaciones para su salud física y emocional. Valentina tuvo que enfrentarse a la discriminación que las mujeres víctimas de violencia sexual experimentan, la cual se agravó por su identidad indígena y por ser menor de edad al momento  de denunciar: no contó con servicios de traducción y en todas las ocasiones en las que acudía para exigir justicia se enfrentaba a un proceso de revictimización en virtud de que era constantemente cuestionada por los hechos que describía. Aunado a ello, las autoridades civiles permitieron que las indagatorias abiertas fueran derivadas hacia el fuero militar, donde la falta de independencia e imparcialidad característica de las instancias que lo conforman propició que la impunidad prevaleciera, a pesar de que se impugnara infructuosamente esa decisión a través del juicio de amparo. Además, Valentina al atreverse a denunciar lo ocurrido tuvo significativas implicaciones, enfrentando estigmatización y amenazas derivada de hacer públicos los hechos y los riesgos por alzar la voz contra el Ejército.

  1. Proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y retorno de la competencia al fuero civil

Debido a la falta de avances en la investigación a nivel nacional y dado que ésta se estaba desahogando en un fuero que no era competente o independiente, Valentina decidió llevar su caso a instancias internacionales.[2]

La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó su sentencia en octubre de 2010 en la que determinó que se violaron los derechos en de Valentina Rosendo: a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; y al debido proceso y las garantías judiciales. Asimismo, determinó que México incumplió su obligación de adecuar el marco jurídico nacional a los parámetros derivados de los tratados internacionales.  Como consecuencia, la sentencias contiene 16 medidas de reparación del daño ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a los derechos humanos cometidas en su agravio, de carácter individual, familiar, colectivo, estructural y comunitario.

Desde la emisión de la sentencia la Corte IDH ha emitido 3 resoluciones dentro del proceso de supervisión de cumplimiento en el caso[3]. Los avances en el cumplimiento de algunas reparaciones ordenadas por el Tribunal, son principalmente resultado de la participación activa de Valentina Rosendo Cantú y sus representantes para impulsar el diálogo con el Estado mexicano; ejemplo de ello, son los procesos judiciales en el fuero ordinario contra dos elementos del ejército por los crímenes cometidos en contra la Señora Rosendo, hecho inédito en el país, sobre el que nos referimos a continuación.

III. El camino a la justicia en México a raíz de una sentencia internacional

En su sentencia, la Corte IDH resolvió[4] que el Estado debía conducir las investigaciones de manera eficaz para determinar dentro de un plazo razonable las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias previstas por la ley, respecto de las autoridades involucradas con las violaciones a derechos humanos sufridas por la señora Rosendo Cantú. De la misma forma, la Corte estableció que la investigación debía ser efectuada por la jurisdicción penal ordinaria competente, con la debida perspectiva de género y de diversidad cultural, así como con todas las condiciones de seguridad que posibiliten una amplia participación de las víctimas.

No obstante, el camino para acceder a la justicia en México no fue acucioso, sino que continuó recayendo en la fortaleza de Valentina. Por cerca de dos años después de la emisión de la sentencia, el caso continuó en el fuero militar, a pesar de las múltiples solicitudes formales de la Señora Cantú. Fue hasta el 12 de agosto de 2012, que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) notificó por escrito a Valentina Rosendo que las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometida en su contra por miembros del Ejército Mexicano en el año 2002, habían sido remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR). Después de esta notificación, Valentina y sus representantes colaboraron estrechamente con la PGR para que se consolidara las acusaciones en contra de los perpetradores, incluso teniendo que enfrentarse una vez más a una serie de peritajes y colaborar en inspecciones de la PGR.

Consecuentemente, en octubre de 2013, la PGR, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) consignó ante la Justicia Federal la averiguación previa PGR/FEVIMTRA-C/110/2011 iniciada por los delitos de tortura, violación y abuso de autoridad, cometidos en contra de Valentina Rosendo Cantú, solicitando las respectivas órdenes de aprehensión de dos personas  (un elemento del Ejército en activo y uno fuera del mismo). Tras la consignación y hasta la fecha la causa penal 62/2013 está radicada en el Juzgado Séptimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial, con sede en Chilpancingo, Guerrero.

Entre noviembre diciembre de 2013 los probables responsables fueron aprehendidos y sometidos a procesos. El primer imputado, responsable de los delitos cometidos contra Valentina Rosendo Cantú, fue detenido el 25 de noviembre de 2013 y se dictó auto de formal prisión en su contra el 28 de noviembre de 2013, dentro de la causa penal 62/2013, por lo que permanece recluido en un centro reclusión de Chilpancingo desde esas fechas, dado que ya no se encuentra en activo en el Ejército. Posteriormente, fue aprehendido un segundo imputado en dicha causa, quien por tener calidad de militar en activo fue recluido en la Prisión Militar 1-A, ubicada dentro del Campo Militar 1, ubicado en el Distrito Federal. Precisamente, por encontrarse en dicho recinto, el expediente fue enviado al Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal para que este órgano desahogara el término constitucional y determinara la situación jurídica del acusado. Fue así que el 29 de diciembre de 2013, se dictó auto de formal prisión también en contra de este segundo probable responsable.

Los imputados recurrieron el auto de formal prisión en su contra, a través de un recurso de apelación que se radicó en el toca penal 57/2014, resolviéndose el 10 de marzo de 2014, por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, en Chilpancingo, Guerrero, que confirmó el mismo. Inconformes, ambos procesados interpusieron un amparo indirecto en contra de la confirmación del auto de formal prisión el cual recayó en el Segundo Tribunal Unitario, en Acapulco, Guerrero en el expediente 17/2014.

En diciembre del 2014, el Tribunal Unitario negó el amparo solicitado, por lo que como último recurso contra el auto de formal prisión, los imputados interpusieron un recurso de revisión en contra de las sentencias de amparo el cual fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, radicando en el expediente 223/2014, confirmando la negativa de amparo, el 9 de julio de 2015, quedando con ello agotado el último recurso legal para impugnar el auto de formal prisión en su contra.

Al igual que durante la consolidación de las acusaciones ya durante el proceso judicial, Valentina tuvo que enfrentarse a nuevos procesos revictimizantes, a pesar de que siempre se buscó que Valentina tuviera condiciones de seguridad, dignas y no revictimizantes. Por ejemplo, en abril del 2014, se sostuvo un careo procesal frente a uno de los inculpados; Valentina con fortaleza, sostuvo su testimonio en la diligencia procesal; tal y como lo hizo frente a instancias internacionales.

El valor probatorio del testimonio de Valentina continúa siendo la pieza central del proceso, tal y como lo definió la Corte Interamericana en su sentencia. Así, una vez agotados todos los recursos, el 14 de febrero de 2018 se llevó a cabo la audiencia de vista, en la que la PGR presentó sus conclusiones acusatorias en contra de los dos procesados por los hechos cometidos en contra de Valentina Rosendo Cantú.

Hoy nos encontramos ante una oportunidad histórica. El primer caso de tortura sexual cometida por elementos del Ejército, derivado de una sentencia internacional, está a punto de resolverse en el fuero ordinario y bajo un encuadre de los delitos correctos. La Juez de primera instancia tiene la oportunidad de desarrollar los estándares emitidos por la propia Corte IDH sobre cómo juzgar estos casos con perspectiva de género y etnicidad, estableciendo un precedente a nivel nacional. No sobra mencionar que para Valentina Rosendo, los procesos penales contra los perpetradores son clave para su acceso a la justicia, por lo que no será hasta que se cuente con sentencias firmes que las reparaciones en materia de justicia se considerarán como cumplidas.

La eminente resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo Cantú, llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, así como su regulación en un nuevo marco normativo que ha sido criticado por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos.

Por todo lo anterior, a dieciséis años de los hechos y a ocho años de la emisión de las sentencias de la Corte IDH en los casos de Valentina Rosendo Cantú y de Inés Fernández Ortega, la próxima resolución tiene un significado que va más allá de la obligación estatal respecto el acceso a la justicia de Valentina, sino que marca un camino para que violaciones a derechos humanos tan graves como las que ella vivió, no vuelvan a ocurrir.

Para obtener más información, favor de escribir a:

internacional@tlachinollan.org

[1]. Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216 (de aquí en adelante Rosendo Cantú y otra Vs. México), párr. 71. La sentencia de la Corte IDH está disponible en: http://www.corteidh.or.cr

[2] La petición individual se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de noviembre de 2003. La Comisión rindió su informe de admisibilidad durante el 2006 y otorgó una audiencia de fondo en octubre de 2007. Después de emitir su informe de fondo, la Comisión decidió someter los casos al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el 2009.

[3] Las resoluciones de cumplimiento de fecha 25 de noviembre del 2010, 21 de noviembre de 2014 y 17 de abril del 2015, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden consultarse en: http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm

[4] Corte IDH- Resolutivo 10.

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Exponen ante CEDAW situación de feminicidio en Morelos

CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/05/2018

Por medio de un “informe sombra” la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos expuso ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que en dicha entidad se cometieron mil 7 casos de feminicidio del año 2000 al 31 de enero de 2018

De cara a la novena evaluación de México ante el Comité de CEDAW (organismo de Naciones Unidas que evalúa a los Estados miembros en materia de los derechos de las mujeres), a celebrarse en julio de 2018, la Comisión Independiente de Morelos difundió en un comunicado que entregó un informe al Comité de expertas con el objetivo de visibilizar la situación del feminicidio en este estado.

Esta organización civil que se ha dedicado a documentar los casos de feminicidio en Morelos y fue peticionaria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad (decretada el 10 de agosto de 2015 en ocho municipios) informó al Comité CEDAW que a pesar de alta cifra de asesinatos de mujeres que han documentado, únicamente conocen se han emitido 139 sentencias por este delito según datos que les brindó el Tribunal Superior de Justicia de Morelos, no obstante, desconocen en qué años ya que no se les especificó.

Es una constante la falta de información y transparencia sobre la violencia de género en Morelos, describió la organización en su reporte alternativo dirigido a CEDAW y lo ejemplificó con un dato: en enero de 2017 el gobierno estatal junto al Instituto de la Mujer de Morelos instaló el “Banco estatal de datos e información sobre casos de violencia de género”.

Esta base estadística es alimentada por las instituciones estatales, la Fiscalía de Justicia, el Instituto de las Mujeres local, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Poder Ejecutivo, el Servicio de Salud y el Tribunal de Justicia, pero estas dependencias señaladas son las únicas a las que se les permite acceder a la información que ellas mismas generan, impidiendo el acceso público.

La CIDH de Morelos denunció ante la CEDAW que este obstáculo no permite realizar un monitoreo adecuado de las tendencias de la violencia contra las mujeres en Morelos y señalaron que hasta el momento no han accedido a la información del Banco Estatal por lo que no saben si ya está en funcionamiento o no.

También, la organización civil morelense expuso el trabajo que ha realizado la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos en los casos de feminicidio, de acuerdo con información de esta institución, hasta julio de 2017 solo había pagado la reparación del daño a una víctima a través del fideicomiso público llamado “Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de Morelos”; y proporcionó gastos funerarios a 5 víctimas de feminicidio y 4 mujeres víctimas de homicidio.

La Comisión Independiente refirió que estas bajas cifras en reparación del daño para las víctimas de feminicidio puede atribuirse a la burocracia dentro de la Comisión Ejecutiva para Víctimas de Morelos, ya que les requieren demasiada información y los procedimientos para evaluar si son acreedores al apoyo son tardados y pocos transparentes.

En este sentido la organización civil sentenció que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del estado no cumple con su función y agregó que el mayor gasto se va en pagos de salarios de quienes ahí laboran y en otros rubros distintos a los objetivos para los cuales fue creada, sin especificar cuáles.

Respecto a la Alerta de Género la agrupación manifestó al Comité de CEDAW que no es suficiente que este mecanismo de protección a la población femenina se activara únicamente en 8 de los 33 municipios de Morelos (Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec) ya que en otros han documento hechos de violencia feminicida.

A más de dos años de vigencia de la Alerta la organización recordó que han sido los únicos en realizar informes de seguimiento sobre los resultados de la AVG, mientras el gobierno estatal estado  ausente en este rubro al no contar con un protocolo de seguimiento o evaluación.

La Comisión de Derechos Humanos de Morelos describió a Naciones Unidas que estas fallas en la aplicación de la AVG no sólo curren en esta entidad si no en todo el país, debido a los vacíos que existen en reglamento del mecanismo, ya que si bien fija los requisitos para solicitarla y aprobarla, no así para su conclusión y seguimiento.

Cabe recordar que previó a la evaluación final de México que se tiene prevista del 2 al 20 de  julio, las expertas de este órgano internacional han requerido información al Estado sobre el instrumento de Alerta de Género y los resultados que este ha dejado, a lo cual las autoridades no pudieron responder, pues dijeron, “no cuentan con un mecanismo que mida el impacto de la AVG”.

 

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/exponen-ante-cedaw-situaci-n-de-feminicidio-en-morelos

 

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Boletín de prensa Conversatorio Nacional Defensoras. 13 diciembre 2017

Hacer visible la situación que vivimos las Defensoras de Derechos Humanos en México, es una de las conclusiones del Conversatorio Nacional de Defensoras que llevamos a cabo el 6 y 7 de diciembre de 2017 en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y contó con la asistencia de defensoras de 12 estados de la república (Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Colima, Puebla).

Los trabajos se realizaron en mesas de trabajo y sesiones plenarias, creando un espacio de diálogos entre Defensoras y mujeres de todas las edades y de los diversos contextos socioculturales, donde se compartieron experiencias entre ellas y con feministas reconocidas en la República Mexicana. Se planteó el objetivo de visibilizar, promover y difundir la  labor de las Defensoras de Derechos Humanos en México, qué es lo que defienden y cómo lo hacen, así como documentar y difundir la memoria de las Defensoras y mujeres en torno a los diferentes tipos y modalidades de violencia que han sufrido, generando estrategias de defensa y denuncia ante las agresiones sufridas de las Defensoras de Derechos Humanos en México, así como de los pueblos, colectivos u organizaciones a los que ellas pertenecen.

Después de un interesante intercambio de experiencias de lucha de los derechos de las mujeres, en defensa de la tierra y el territorio, por la presentación de los desaparecidos, contra el feminicidio, contra la violencia institucional, se hizo  un llamado a la sociedad para apoyar el trabajo de las Defensoras y promover la Solidaridad entre las mujeres y diferentes organizaciones.

Una de las principales conclusiones establece que la violencia contra las defensoras tiene su origen y fundamento en un sistema de dominación jerárquico patriarcal y misógino que se debe modificar estructuralmente, por lo que es necesario fortalecer una perspectiva feminista de reivindicación de derechos de las mujeres defensoras, fortaleciendo los lazos de solidaridad y sororidad ante cualquier tipo de agresión que ponga en riesgo la vida, la libertad y la actividad de las defensoras en el ámbito público y privado. La construcción de nuevas relaciones sociales, en donde las mujeres tengan los mismos derechos que todos los seres humanos, tiene un fundamento histórico en la lucha feminista contra todo tipo de opresión, explotación y violencias.

En este sentido, la defensa de las mujeres defensoras debe ser asumida como parte de la lucha por la transformación del sistema basado en la dominación y opresión de las mujeres, a uno en donde se respeten plenamente los derechos humanos de las mujeres.

En este Conversatorio concluimos que México es el país más violento para las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. De 2013 a 2016, es decir, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, ocurrieron 1 mil 360 agresiones contra defensoras, en promedio, una cada día. Esta cifra es mayor a la registrada en Honduras, Guatemala y El Salvador para el mismo periodo: 1 mil nueve, 738 y 173, respectivamente.

 

Las mujeres reunidas en el Conversatorio condenamos enérgicamente estas violencias. Más aún, al constatar que nuestros principales agresores son servidores públicos, particularmente policías, quienes, paradójicamente, tienen el deber de salvaguardar nuestra integridad y derechos. Por eso denunciamos esta violencia institucional que viola todos los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

 

Nos llena de rabia verificar que lejos de cesar, las violencias contra nosotras se incrementan. En el primer año del mandato de Peña Nieto se cometieron 189 agresiones contra defensoras, que se triplicaron en 2016, al alcanzar los 550 casos.

 

A este torbellino de terror, hay que agregar que 22 de nuestras compañeras defensoras han sido asesinadas en lo que va del actual sexenio[1] y 22 más han padecido intentos de asesinato.

 

Las defensoras de México denunciamos y repudiamos las violencias que vivimos como consecuencia de nuestra labor y por nuestra condición de género, incluidas las que provienen de nuestras organizaciones, comunidades y del movimiento social porque desafiamos las leyes del patriarcado[2]. Se trata de violencias que en el 35 por ciento de los casos registrados entre 2013 y 2016, tienen claros elementos de discriminación por motivos del género.

 

En enero pasado, en su Informe de cierre de misión, Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, se refirió a las defensoras mexicanas como las mujeres que “están a la vanguardia de las batallas por los derechos humanos, aunque su trabajo pueda permanecer invisible”. Asimismo, reconoció públicamente la importancia de nuestro trabajo en red, el cual, dijo, “ha sido crucial para ayudar a las mujeres a romper el círculo de la violencia y la estigmatización y ha ofrecido muchas oportunidades de autoprotección y fomento a la creación de capacidades”.

 

Si bien es cierto que desde hace casi dos años fue publicada la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (26 de junio de 2012) y 5 meses  después el Mecanismo de protección empezó a funcionar (12 de noviembre de 2012), desafortunadamente muy pronto afloraron las deficiencias en su trabajo al grado que para mediados de 2013 ya era evidente que se acumulaban los casos presentados al Mecanismo y no eran sometidos a evaluación de riesgo; que las medidas que se debían asegurar a las defensoras, defensores y periodistas en riesgo no se hacían efectivas por falta de recursos y, que los gobiernos locales no realizaban esfuerzos para proteger a estos grupos.

Además, persisten deficiencias en la coordinación interinstitucional así como entre gobierno federal y los gobiernos locales. Y no ha habido una adecuada capacitación y sensibilización de los funcionarios que operan el Mecanismo. Por eso hemos elaborado y propuesto un Protocolo de Protección a Defensoras que sea integral y con perspectiva de género.

Al Estado mexicano se le ha exigido en las instancias internacionales establecer una protección eficaz de las defensoras que incluya la investigación rápida y eficaz y el levantamiento de cargos por todas las amenazas y ataques dirigidos contra ellas. Garantizarles un entorno seguro, libre e independiente y garantizar que todos los casos de amenazas, violencia, ataques y asesinatos contra ellas sea investigado por organismos independientes e imparciales.

Sin embargo, como hemos visto en el Conversatorio Defensoras Somos Todas, las defensoras siguen sufriendo diversos Tipos de Violencia e incluso feminicidios. Es preocupante que la impunidad existente perpetúa una situación en la que estas ejecuciones pueden repetirse, pero lo más alarmante es que el principal agresor es el Estado mexicano.

Por otro lado, vemos que los mecanismos de protección a mujeres reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) no funcionan adecuadamente. La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género a la fecha se ha establecido en una docena de estados, sin que se apliquen las medidas ordenadas, prevaleciendo la simulación que no permite enfrentar de manera urgente las violencias para investigarlas, para proteger, sancionar y erradicar el feminicidio y las distintas violencias que viven las mujeres. Las Órdenes de Protección son deficientes e inaplicables primordialmente al exigirle a la mujer víctima de violencia doméstica denuncie penalmente al agresor para obtener protección por tan sólo 72 horas, poniéndola en un mayor estado de riesgo o vulnerabilidad.

Por todo lo anterior consideramos que el Estado tiene la obligación de proteger a las Defensoras de Derechos Humanos, pero para ello se requiere de voluntad política y de efectividad operativa.

​Por todo ello, impulsamos la Campaña “Defensoras Somos Todas”, que públicamente fue presentada el 20 de Junio del 2017 en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, misma que llevamos a cabo para visibilizar, promover y difundir la labor de las Defensoras de Derechos Humanos en México; así como los riesgos, amenazas y violencias que enfrentan en el desarrollo de sus actividades, se fortalecerá mediante acciones concretas para lograr el  objetivo de difundir la labor de las Defensoras de Derechos Humanos, qué es lo que defienden y cómo lo hacen, como ejemplo de principios fundamentales (Solidaridad, Respeto, Libertad, Justicia, Equidad, Honestidad, entre otros) que se tienen que difundir en México ante la grave crisis de Derechos Humanos. Así como hacer un llamado a la sociedad para apoyar el trabajo de las Defensoras y promover la Solidaridad entre las mujeres y diferentes organizaciones. Este proyecto estará centrado en las historias de vida de las Defensoras, como las 30 iniciales que se difundirán por medio de video, cápsulas informativas, infografías, posters que se presentarán en diversas sedes para su conocimiento público.

 

Las mujeres defensoras de México confiamos en nosotras, en nuestras capacidades, en nuestras propias estrategias y mecanismos de protección. Esa es nuestra gran apuesta.

 

Al Estado mexicano le demandamos que cumpla con su deber de garantizar nuestro derecho en condiciones de igualdad, seguridad y dignidad. Mejor dicho, le exigimos que deje de violentarnos, ya que, de acuerdo con el Registro Mesoamericano de Agresiones a Mujeres Defensoras de Derechos Humanos[3], en el sexenio actual, 631 agentes del Estado nos agredieron[4].

 

Finalmente, éste Conversatorio se pronunció en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, ya que para combatir las violencias se requiere una seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos y no una estrategia de guerra que sólo significa más pérdida de vidas humanas.

 

Atentamente

 

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Conversatorio Nacional Defensoras Somos Todas.


[1] Entre ellas, cuatro mujeres periodistas y cuatro mujeres trans

[2] De 2013 a 2016, agredieron a las defensoras 84 integrantes de su organización o del movimiento social y 61 miembros de su comunidad.

[3] Ante la ausencia de estadística oficial sobre las agresiones que vivimos las mujeres defensoras, la RNDDHM, en conjunto con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, elaboramos el Registro Mesoamericano de Agresiones a Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, instrumento en el que plasmamos las cifras sistematizadas de las agresiones que padecemos mujeres defensoras y periodistas

[4] 356 policías, 112 autoridades estatales, 87 autoridades federales, 56 autoridades municipales y 20 militares

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