Archivo de la etiqueta: Derechos Humanos

En el corazón 43 x 43.

Boletín de prensa abril 2018

 Este 26 de abril se cumplen 43 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raul Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, durante la noche de Iguala.

El Gobierno sigue sin presentar avances del caso, por el contrario se empeña en mantener su mentira histórica pese a las inconsistencias científicas y facticas de esta hipótesis. Con todo esto el Gobierno pretende cerrar este caso, sin esclarecerlo, para no dejar un proceso abierto al término de su mandato.

 Por ello los Padres y Madres de familia de los 43 y las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberania Alimentaria y Energetica y los Derechos de las y los Trabajadores convocamos a todas las organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, obreras, mujeres, indígenas, LGBTTTI y a todas las personas a participar y elevar su voz por las injusticias que padecemos y por la presentación con vida de los 43 y miles más de desaparecidos en el País, en estos 43 meses del crimen más abominable en la historia reciente de México.

Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural Isidro Burgo de Ayotzinapa, en México, exigieron a los candidatos presidenciales y a la Procuraduría General de la República (PGR) que no abandonen la búsqueda y las investigaciones del paradero de estos jóvenes. No se inclinarán a favor de ningún candidato presidencial, porque toda la clase política es responsable de que no se haya hecho justicia ni detenido a los culpables. De cara a las elecciones presidenciales el Gobierno ni siquiera tiene la intención de ofrecer avances en las líneas de investigación.Por eso decimos que no debe de cerrarse el caso, como pretende el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que hizo durante 2017 fue sólo administrar el tiempo.

 En el marco de las Jornadas de lucha “En el corazón 43 x 43” que llevamos a cabo las Madres y Padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, protestamos en las instalaciones de los Pinos, solicitando el cumplimiento de los acuerdos firmados en la reunión del 29 de octubre de 2014. En esa reunión el Presidente de la República se comprometió a llegar al fondo del asunto hasta encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos. Sin embargo a los 43 meses de la desaparición de nuestros hijos, no hay avances concretos, por el contrario, pretenden cerrar nuestro caso. Al finalizar la protesta la Policía de la Ciudad de México (CDMX) empezó a replegarnos haciéndose un enfrentamiento en el que resultaron 6 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa lesionados. Cuarenta y tres meses de sufrimiento indescriptible, cuarenta y tres meses de caminar, de buscar por todos lados, cuarenta y tres meses de engaño y afrenta de los malos Gobiernos, pero al parecer a los malos gobiernos no les basta lo que nos han hecho, ahora quieren silenciarnos.

 Pero desde aquí les decimos no pararemos, no nos intimida la fuerza policial, nuestras actividades continuarán como están planeadas.

 ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Comité de Padres y Madres de los 43 y Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo desaparecidos

Xnizaa, los campesinos que siembran agua en Oaxaca (Documental)

Ver y descargar el documental: Xnizaa, Sembradores De Agua (42 min.).

Deja un comentario

Archivado bajo Ecológicas

Grupo Asesor de ONU Mujeres, derechos humanos y desarrollo

Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres en México reafirma la importancia de vincular los derechos humanos de las mujeres con el desarrollo sostenible

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

Fotografía ONUMujeres/LuisCedeño

Fotografía ONU Mujeres/ JuanLuisCedeño

El 18 de abril de 2017, se llevó a cabo la séptima reunión del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC) de ONU Mujeres en México.

La reunión fue coordinada por Ana Güezmes García, Representante de ONU Mujeres. Tuvo por objetivo analizar la coyuntura relacionada con la agenda global de igualdad de género; los principales desafíos, motivos de preocupación y oportunidades para el ejercicio de los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en México; el trabajo que desarrolla ONU Mujeres en el país, así como las posibles estrategias a seguir por el GASC de cara al examen de México ante diversos mecanismos de derechos humanos de la ONU, principalmente ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En el marco del periodo electoral 2017-2018, la reunión contó con la participación de Paulina Grobet, Titular de la Unidad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con quien el GASC mantuvo un diálogo abierto sobre los avances y desafíos de la paridad en un contexto de preocupante violencia política en contra de las mujeres, principalmente en el ámbito local. Entre estos mecanismos y acciones se resaltó a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, así como la Plataforma de Empoderamiento: Políticas. Política y Políticas Públicas con Perspectiva de Género.  Entre los principales retos de los órganos electorales de cara al periodo electoral 2017-2018, refirió la integración y adopción de un proyecto de defensoría especializada para la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.

El GASC subrayó que la escalada de violencia política en contra de las mujeres, la cual tiene múltiples manifestaciones y se ejerce en diferentes espacios, limita los avances de México hacia una democracia paritaria; atenta en contra de los derechos humanos de las mujeres en su sentido más amplio, y obstaculiza la igualdad de oportunidades en la participación política y la vida pública. Por ello, el GASC destacó la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y reparación del daño para las mujeres, en especial los vinculados a la protección de defensoras, periodistas, mujeres políticas y en general a las mujeres víctimas de violencia de género. De cara al periodo electoral 2017-2018, el GASC hizo énfasis en la necesidad tipificar la violencia política y crear las condiciones propicias para que las mujeres denuncien, facilitando el apoyo legal, el acompañamiento integral y el seguimiento al cumplimiento de las sentencias, y avanzando en la rendición de cuentas de las autoridades electorales y los partidos políticos.

El GASC manifestó especial preocupación por el desfase entre el liderazgo de México en los foros globales y regionales, y la igualdad formal o ante la ley y la brecha de implementación en el nivel interno de diversos compromisos internacionales en materia de derechos de las mujeres. En particular, mencionó que persisten desafíos estructurales en áreas clave para el logro de la igualdad de género en el país, entre los que subrayó:

  • El desigual acceso de las mujeres a la justicia.
  • La reducción en la inversión para la igualdad de género.
  • El lento avance en el empoderamiento económico de las mujeres.

Frente a esta coyuntura, el GASC reconoció la importancia de repensar la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las alianzas de las organizaciones de la sociedad civil, con miras a identificar nuevas formas de incidencia más estratégica, coordinada y efectiva; favoreciendo la priorización de temas, evitando la sectorización y apuntalando la participación coordinada y en conjunto en espacios clave. Al respecto, el GASC enfatizó la necesidad de:

  • Utilizar la plataforma de incidencia que ofrecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
  • Fortalecer el informe alternativo de la sociedad civil sobre el noveno informe de México sobre el cumplimiento de la CEDAW.

ONU Mujeres puntualizó sobre el rol clave de la sociedad civil mexicana, reconociendo a las organizaciones de mujeres, defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, para promover y avanzar la agenda de igualdad de género en el nivel global, regional y nacional. Al mismo tiempo, instó al GASC a tener una “impaciencia constructiva” en el marco de una estrategia desde la sociedad civil que mire hacia y desde lo global, y con un enfoque de acción orientado a la implementación con resultados en el corto plazo que alienten cambios culturales y estructurales en México.

Los Grupos Asesores de la Sociedad Civil de ONU Mujeres tienen el propósito de facilitar consultas efectivas, continuas y estructuradas entre la organización y la sociedad civil, especialmente con las organizaciones y redes de mujeres, defensoras de derechos humanos, activistas, académicas y periodistas, para avanzar el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

Tras cumplirse el proceso de renovación parcial de integrantes del GASC en marzo pasado, en esta reunión participaron representantes de redes y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, de organizaciones de la sociedad civil y de la academia, ya sea en su carácter de nuevas participantes, integrantes en activo y personas y representantes de organizaciones salientes.

Se realizó un reconocimiento del importante aporte de las organizaciones y personas que formalmente concluyeron su periodo como Asesoras en el marco de la reunión, así como a la señora Gloria Ramírez por haberle sido otorgado el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto 2017”.

Organizaciones y personas que actualmente integran el GASC

 

Titulares organizacionales

Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C.

Gente Diversa de Baja California A.C.

The Hunger Project México

Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, A. C. (GESMujer)

Red de Mujeres Radialistas

Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, CIDEM A.C.

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C

Red de apoyo Red Macuilxóchitl de la Montaña;

Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas A.C.

Coordinación Interregional Feminista Rural Comaletzin

 

Titulares individuales

María Luisa Martínez Sánchez

Milagros Herrero Buchanan

Aimée Vega Montiel

 

Suplentes organizacionales

Consejo Ciudadano 100 por Jalisco A.C.

10,000 Mujeres por México

Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género AC

 

Suplentes individuales

María Guadalupe Ramos Ponce

Elvia González del Pliego

Elsa María Arroyo Hernández

 

 

Deja un comentario

Archivado bajo defensoras, derechos de las mujeres, Feminismo

¿Qué se va y qué se queda en la lucha por los derechos humanos en Morelos durante 2016?

Estamos concluyendo un año 2016 complicado y difícil para mantener vigentes los derechos humanos en Morelos. Una violación sistemática de los derechos fundamentales por un gobierno en crisis, muestra que mientras no haya autoridades que representen verdaderamente los intereses de las mayorías, se impondrán políticas autoritarias, represivas, neoliberales y privatizadoras que son contrarias a la mayoría de la población. Nuestro mensaje de solidaridad y compromiso con quienes luchan por una sociedad diferente, parte de constatar una realidad inocultable, para fomentar las posibilidades de construir la memoria y la esperanza organizada.
Algunos elementos que aportamos sobre dos temas fundamentales, como son la desaparición forzada y el feminicidio son los siguientes (Primera parte):
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos. Falta crear el mecanismo de búsqueda y localización.
La CIDHM elaboró, promovió y logró, en conjunto con otras organizaciones de familiares y sociales, que se aprobara por el Congreso del Estado la Ley. Por lo que es reconocido por primera vez en las leyes morelenses este delito y su connotación social.
A partir del jueves 2 de septiembre del 2015, entra en vigor la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, que fue impulsada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, familiares de víctimas y ofendidos, así como organizaciones sociales, Aprobada por la recién extinta LII legislatura.
Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, cobra vigencia esta ley que durante mucho tiempo fue reclamada por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que alertaron sobre el creciente fenómeno delictivo y la tragedia de decenas de familias morelenses que hasta hoy no saben el paradero de hijos, padres, madres y hermanos.
En esta ley la desaparición forzada está tipificada como un delito imprescriptible y se prohíbe tajantemente a los servidores públicos, denegar el acceso a personal de organizaciones internacionales de derechos humanos a edificios o instalaciones en donde se presuma se pudo cometer este ilícito.
También se permite coadyuvar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con el Ministerio Público en la investigación del delito de desaparición forzada; establecer medidas cautelares para la búsqueda y localización de las víctimas; y conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario entre servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial, instituciones educativas y grupos de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, así como expertos en materia de desaparición forzada.
De acuerdo con los artículos transitorios, en tanto no se expida la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, permanecerá vigente la legislación estatal en su respectivo ámbito de aplicación.
Para efecto de instaurar el Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas Desaparecidas y el Comité Consultivo, el Ejecutivo estatal deberá emitir a la brevedad la convocatoria respectiva dirigida a la sociedad en general para que la integración de ambos órganos se concrete en un plazo máximo de 60 días hábiles. Al respecto consideramos importante no esperar todo este tiempo y que ésta convocatoria se emita a la brevedad posible para sentar precedente nacional, ahora que se está discutiendo la Ley General.
El Mecanismo y su consejo consultivo conocerá de los casos de desaparición forzada de personas a través del Ministerio Público una vez que sea presentada la denuncia ante la Fiscalía estatal, y estará integrado por cinco representantes de instituciones y dos representantes de organizaciones civiles.
Su función será dictaminar las medidas necesarias para garantizar la integridad de cualquier persona que como consecuencia de la desaparición forzada se encuentre en riesgo, y ordenar las medidas cautelares que amerite cada caso.
Además, prevé la figura de Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas, la cual consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo fundamental, recuperar la memoria histórica de los hechos y conocer la verdad jurídica de los hechos.
El estado a través de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, creará una Base de Datos con los registros de las personas fallecidas y que se encuentran en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense o en las fosas comunes designadas para la Fiscalía General del Estado, con el fin de obtener su registro morfológico y dental, así como muestras para estudios genéticos, extraídas por personal altamente especializado en el tema.
Esta información generada a partir de la Base de Datos servirá para compararlos con los registros morfológicos y dentales de la o las personas desaparecidas, así como las muestras genéticas de sus familiares.
Monitoreo y vigilancia de Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Morelos. Exigencia de cumplimiento de todas las medidas contra la violencia feminicida.
Morelos se convirtió en el Primer Estado de la República Mexicana que con el Reglamento Vigente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, logra la declartoria de Alerta de Violencia de Género.
En 2014 se solicitó de manera oficial la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Morelos. El 10 de Agosto del 2015 se decretó. En 2016 se cumplió un año de la AVG y exigimos cumplimiento de todas las medidas para proteger la vida y la libertad de las mujeres en Morelos.
En nuestra solicitud de aplicación de la Alerta de Violencia de Género, documentamos 530 casos en 13 años. Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del Gobierno actual encabezado por Graco Ramírez. 891 casos de feminicido se han documentado una vez cruzando la información con los datos de la Fiscalía y la CEDH.
Lejos de ser un problema heredado del pasado, como argumenta, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural.
Es por ello que se hace un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables. Ante este panorama, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C. emprendió una serie de acciones para difundir los Derechos Humanos de las Mujeres y sumar voces a la petición de la Alerta de Violencia de Género en el Estado.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

Deja un comentario

Archivado bajo Derechos Humanos, desaparecidos, Feminicidio

Red TDT llama a la sociedad a articularse en favor de los derechos humanos ante tentaciones autoritarias.

Procesos democráticos sobre Ley de desaparecidos, Fiscalía General de la Republica y Fiscalía Anticorrupción serán indicadores clave.
Las pretensiones de militarización de la llamada Seguridad Interior y los procedimientos para suspender y restringir los derechos y garantías en México son claras señales de alerta para la Sociedad Civil Organizada.
Esto se suma a los casos y procesos que de por sí acompañan las 80 organizaciones que forman parte de la Red TDT.
La unidad nacional no puede imponerse ni debe justificar más violaciones a los derechos humanos.  Los recientes llamados desde el Poder Ejecutivo no son creíbles porque no incorporan una evaluación autocrítica sobre la vigencia de los derechos humanos en México. En el contexto de una realidad global marcada por la hostilidad y el cuestionamiento de los derechos más básicos por políticos, corporaciones y Estados en todo el mundo, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) hace un llamado a la Sociedad Civil organizada a estar alertas y articularnos para denunciar y detener el despojo de nuestras conquistas como pueblos, colectividades y personas.
La conmemoración por la Declaración Universal de los Derechos Humanos hoy no es un acto nostálgico, sino de reivindicación. Hoy presenciamos peligrosamente como de manera paralela al discurso oficial de respeto a los derechos, se pretende construir un andamiaje autoritario que neutraliza precisamente las endebles señales de un compromiso real por la justicia. La articulación de distintas modificaciones legislativas recientes en torno a temas de justicia, corrupción y militarización, así como la falta de concreción de los compromisos oficiales en los temas de desaparición y tortura deben llamar la atención de la sociedad civil organizada.
Como Red Nacional nos acompañamos en la defensa y promoción de situaciones que involucran los derechos de personas y colectivos. Distintas organizaciones que forman parte de la Red TDT y otros espacios que respetamos y saludamos, han realizado articulaciones desde su capacidad técnica en materia de derechos humanos, para llamar la atención y generar procesos de monitoreo civil que respondan a estas amenazas que pretenden ser impuestas argumentando lo mismo que nos están arrebatando: El cumplimiento irrestricto de nuestros derechos, de manera integral e interdependiente.
Uno de los temas estructurales de mayor importancia en la actualidad es el de la Fiscalía General de la República (FGR). Sólo la movilización decidida de la sociedad civil en torno al proceso #FiscalíaQueSirva ha logrado contener los intentos por neutralizar su efectividad, como en su momento se hizo con la Secretaría de la Función Pública. Estamos convencidos que las aportaciones que desde el campo ciudadano hemos realizado favorecen una discusión al respecto basada en estándares técnicos que garanticen el debido proceso para las víctimas y las personas que les defienden y acompañan. La legitimidad de la FGR es la única medida posible de su éxito. Sabemos que no estaremos solos para impedir una simulación que pretenda garantizar la impunidad. Las leyes sobre desaparición forzada y a manos de particulares y la tortura siguen siendo una asignatura pendiente de éste gobierno. Familiares y organizaciones hemos documentado la grave crisis humanitaria que significan miles de desapariciones y el uso sistemático y generalizado de la tortura a manos de policías, militares y servidores públicos
Por la estrecha vinculación que tiene con el tema de legitimidad, la Fiscalía Anticorrupción también es objeto de acompañamiento desde otros espacios de sociedad civil. Es fundamental fortalecer el ejercicio de la función pública en uno de sus peores momentos. No sólo porque el ejercicio ilegitimo del poder nos afecta directamente en nuestra calidad de vida, sino porque el tamaño del reto que como Nación enfrentamos es un desafío histórico. ¿Será nuestra sociedad capaz de superar este cúmulo de adversidades?
Lo que resulta absolutamente claro es que si lo vamos a superar no será permitiendo el ejercicio de la violencia institucional que sólo vulnera el Estado de Derecho y el Debido Proceso. Consideramos que es necesaria una justicia que responda a los derechos de las víctimas, a los más altos estándares de investigación policial y que favorezca una funcionalidad real del sistema de justicia, entre otros criterios orientados a una gobernabilidad democrática. La tentación de militarizar la justicia sólo ha evidenciado el fracaso de las reformas y políticas de seguridad y generado un inaceptable incremento de graves violaciones a los derechos humanos. Claramente la militarización no es el camino de la justicia.  Tampoco la flexibilización para suspender garantías individuales.
Las 80 organizaciones que conformamos esta Red tenemos un trabajo concreto y cotidiano que documenta el tamaño de nuestros rezagos. En este 10 de diciembre queremos reiterar nuestro llamado a la sociedad a articularse para salvaguardar nuestras garantías básicas. Nosotras y nosotros hemos hecho de los derechos humanos nuestro camino de vida y por eso hoy reiteramos que no permitiremos una regresión autoritaria. Como parte de una sociedad civil, vigorosa, activa y comprometida con los principios descritos en este texto y en nuestra Agenda Política 2015-2020 estamos alertas.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Derecho a defender los Derechos Humanos

Invitación 9 de diciembre a las 11 de la mañana en zócalo de Cuernavaca, Morelos, con motivo del “Derecho a Defender los Derechos Humanos”.
 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS CREeMOS Y CREaMOS
 
¡Defiende hoy los derechos de las y los demás!
La conmemoración por la Declaración Universal de los Derechos Humanos hoy no es un acto nostálgico, sino de reivindicación. Hoy presenciamos peligrosamente como de manera paralela al discurso oficial de respeto a los derechos, se pretende construir un andamiaje autoritario que neutraliza precisamente las endebles señales de un compromiso real por la justicia. La articulación de distintas modificaciones legislativas recientes en torno a temas de justicia, corrupción y militarización, así como la falta de concreción de los compromisos oficiales en los temas de desaparición y tortura deben llamar la atención de la sociedad civil organizada. 
El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de diciembre. Se conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1950, la Asamblea adoptó la resolución 423 (V), invitando a todo los Estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos.
Este año, el Día de los Derechos Humanos es una llamada a todos para defender los derechos del otro. Es responsabilidad de todos defender los derechos humanos. Cada uno de nosotros debe tomar una posición. Un paso adelante y defender los derechos de un refugiado o migrante, una persona con discapacidad, una persona LGBT, una mujer, un indígena, un niño, un afrodescendiente, o cualquier otra persona en riesgo de ser discriminada o sufrir algún acto violento.
Por eso es que impulsamos la campaña DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS CREeMOS Y CREaMOS, en el marco de los 16 Días de activismo contra la violencia de género: jornada internacional, de acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo.
Atentamente
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Deja un comentario

Archivado bajo defensoras, Derechos Humanos

No a la legalización de la explotación sexual

Posicionamiento sobre la prostitución en la Constitución de la CDMX
En el ejercicio de nuestros derechos y ciudadanía y con la finalidad de ofrecer a la Asamblea Constituyente una postura feminista diferente a la plasmada en el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, quienes suscribimos la presente, representantes de la academia, de organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en derechos de las mujeres, violencia de género y trata de mujeres con fines de explotación sexual en contextos de prostitución, presentamos la siguiente postura respecto de la propuesta establecida en el artículo 15. F. numeral 3. b) del mencionado proyecto, la cual busca “reconocer y proteger el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
Considerando que la próxima Constitución Política de la Ciudad de México representará la norma fundacional de la ciudad, resulta imprescindible que en la misma se promuevan, respeten, protejan y garanticen -bajo ningún condicionamiento- los derechos humanos de las mujeres y las niñas que habitan y transitan en la Ciudad de México, los cuales son inherentes a su condición de personas y ciudadanas. Por tanto, dicha Constitución debe contener preceptos vinculados a todas las disposiciones que se encuentran en los instrumentos y tratados internacionales a favor de la igualdad, la libertad y la seguridad de las mujeres y niñas, y responder a las obligaciones que ha contraído el Estado mexicano mediante la firma y ratificación de los mismos.
Nuestra posición parte del mismo interés legítimo de otras expresiones feministas que promueven la igualdad, la justicia y la democracia; también consideramos que las mujeres y niñas que son explotadas sexualmente en los contextos de la prostitución, tienen derecho a ver garantizados todos sus derechos humanos en los diversos ámbitos de la vida cotidiana y, de igual manera, estamos en contra de la criminalización de las personas que se encuentran en estos contextos.
Sin embargo, estamos ciertas de que, reconocer a la prostitución como trabajo sexual voluntario y autónomo, no va a garantizar mejores condiciones en la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas, y mucho menos el ejercicio de derechos por lo siguiente:
1. Implica legitimar el ejercicio de poder y dominación en una relación en la que históricamente, se ha normalizado un orden social patriarcal, en que las mujeres se han encontrado en situación de discriminación y de desigualdad social en relación con los hombres, lo que otorga a los consumidores, el privilegio de demandar, comprar y acceder libremente al cuerpo de las mujeres para su satisfacción, convirtiéndolas en objetos de transacción mercantil.
 2. En un contexto de precarización laboral como la existente en nuestro país y en la Ciudad de México, nos parece imposible comprender cómo se pudieran garantizar y proteger los derechos de las personas explotadas sexualmente en contextos de prostitución mediante su regulación en materia laboral. El que miles de mujeres se encuentren dentro de un marco normativo, no ha impedido que sus derechos se vean vulnerados de manera sistemática, como es el caso de las trabajadoras de maquilas, jornaleras, mineras o quienes actualmente son contratadas por el régimen de outsourcing, por poner solo algunos ejemplos.
3. La discriminación y la violencia contra las mujeres menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales, tal como lo señalan los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. En este sentido, la obligación central de los Estados es erradicarla, no disminuirla o regularla. Pensamos que el tema debe ser tratado con sumo cuidado para evitar generar condiciones que pongan en mayor riesgo a las mujeres que han sido vulneradas en el ejercicio de sus derechos. Es de suma relevancia partir de un diagnóstico, aun inexistente en México, sobre la situación real de discriminación y violencia que viven las mujeres en contextos de prostitución, además de la generación de bases de datos que sistematicen información sobre la incidencia de delitos relacionados con la explotación sexual, como fundamento para el diseño de políticas públicas en este sentido.
4. La Organización Internacional del Trabajo, por su parte, ha establecido en su Programa de Trabajo Decente que, para ser reconocido como tal, éste debe ser “realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y sin ningún tipo de discriminación” teniendo como eje transversal la igualdad de género2. Al analizar el contexto y el orden social dentro del que se lleva a cabo la prositución, podemos constatar que ésta incumple con cada una de dichas premisas, lo cual la inviabiliza para ser considerada “trabajo”.
5. Considerar a la prostitución similar a cualquier actividad reconocida como “trabajo”, aplicando para ello un lenguaje legal, neutral y universal, obscurece su dimensión subjetiva y las consecuencias físicas y emocionales de esa vivencia, así como el contexto y el orden social donde se desarrolla. Lo anterior contribuye a su des-personalización y des-humanización, lo cual hace imposible cualquier distinción entre prostitución “libre” y “forzada”, rompiendo con el acuerdo básico de los derechos humanos. Por lo tanto, reiteramos que, cualquier forma de 2 OIT, Indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador, 2013, párrafo 13. OIT, Igualdad de género y trabajo decente. Convenios y recomendaciones claves de la OIT para la igualdad de género 2012. Ginebra: OIT, 2012. mercantilización de los cuerpos que los despoje de su humanidad, no puede ser considerada un trabajo.
6. En los esfuerzos por erradicar la explotación sexual, el Estado mexicano adoptó el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena3, el cual obliga a las autoridades a sancionar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra, concertara o explotara la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento4. Asimismo, obliga a “adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación”5.
7. Resulta de gran relevancia jurídica también señalar que, la propuesta del artículo 15. F. numeral 3. b) del Proyecto de Constitución es inconstitucional, pues el artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que son facultades exclusivas del Congreso Federal, legislar en toda la República en materia de trabajo, por lo que la Asamblea Constituyente no tiene atribuciones para ello. Insistimos en que buscamos como sociedad, que las mujeres y las niñas ejerzan sus derechos humanos plenamente y en igualdad de condiciones con los hombres, así como erradicar la discriminación y violencia en su contra, en particular aquélla a la que las mujeres en contextos de prostitución se ven expuestas.
Consideramos que la regulación de la prostitución no elimina el trasfondo del privilegio y la discriminación de los hombres sobre las mujeres, pero sí reduce la línea que tanto ha costado construir en los derechos humanos, que distingue la explotación del trabajo. La Constitución que regirá a la Ciudad de México deberá reflejar el tipo de ciudad que queremos, basada en el marco de derechos humanos, tal como se encuentra señalado en el artículo 1 Constitucional y deberá también asegurar los mecanismos necesarios para que todas las personas, sobre todo aquéllas que se encuentren en una particular situación de desigualdad, dominio, violencia, inseguridad y vulnerabilidad, gocen de manera plena de los y sus derechos humanos.
 3 Adhesión de México: 21 de febrero de 1956. 4 Véase artículo 1° del Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. 5 Ibídem artículo 6°.
Andrea Medina Rosas, abogada feminista, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, cientos de firmas de mujeres de todo el país.
Juliana G. Quintanilla y paloma Estrada Muñoz, por la CIDHMORELOS

Deja un comentario

Archivado bajo derechos de las mujeres, violencia contra mujeres