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Grupo Asesor de ONU Mujeres, derechos humanos y desarrollo

Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres en México reafirma la importancia de vincular los derechos humanos de las mujeres con el desarrollo sostenible

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

Fotografía ONUMujeres/LuisCedeño

Fotografía ONU Mujeres/ JuanLuisCedeño

El 18 de abril de 2017, se llevó a cabo la séptima reunión del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC) de ONU Mujeres en México.

La reunión fue coordinada por Ana Güezmes García, Representante de ONU Mujeres. Tuvo por objetivo analizar la coyuntura relacionada con la agenda global de igualdad de género; los principales desafíos, motivos de preocupación y oportunidades para el ejercicio de los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en México; el trabajo que desarrolla ONU Mujeres en el país, así como las posibles estrategias a seguir por el GASC de cara al examen de México ante diversos mecanismos de derechos humanos de la ONU, principalmente ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En el marco del periodo electoral 2017-2018, la reunión contó con la participación de Paulina Grobet, Titular de la Unidad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con quien el GASC mantuvo un diálogo abierto sobre los avances y desafíos de la paridad en un contexto de preocupante violencia política en contra de las mujeres, principalmente en el ámbito local. Entre estos mecanismos y acciones se resaltó a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, así como la Plataforma de Empoderamiento: Políticas. Política y Políticas Públicas con Perspectiva de Género.  Entre los principales retos de los órganos electorales de cara al periodo electoral 2017-2018, refirió la integración y adopción de un proyecto de defensoría especializada para la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.

El GASC subrayó que la escalada de violencia política en contra de las mujeres, la cual tiene múltiples manifestaciones y se ejerce en diferentes espacios, limita los avances de México hacia una democracia paritaria; atenta en contra de los derechos humanos de las mujeres en su sentido más amplio, y obstaculiza la igualdad de oportunidades en la participación política y la vida pública. Por ello, el GASC destacó la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y reparación del daño para las mujeres, en especial los vinculados a la protección de defensoras, periodistas, mujeres políticas y en general a las mujeres víctimas de violencia de género. De cara al periodo electoral 2017-2018, el GASC hizo énfasis en la necesidad tipificar la violencia política y crear las condiciones propicias para que las mujeres denuncien, facilitando el apoyo legal, el acompañamiento integral y el seguimiento al cumplimiento de las sentencias, y avanzando en la rendición de cuentas de las autoridades electorales y los partidos políticos.

El GASC manifestó especial preocupación por el desfase entre el liderazgo de México en los foros globales y regionales, y la igualdad formal o ante la ley y la brecha de implementación en el nivel interno de diversos compromisos internacionales en materia de derechos de las mujeres. En particular, mencionó que persisten desafíos estructurales en áreas clave para el logro de la igualdad de género en el país, entre los que subrayó:

  • El desigual acceso de las mujeres a la justicia.
  • La reducción en la inversión para la igualdad de género.
  • El lento avance en el empoderamiento económico de las mujeres.

Frente a esta coyuntura, el GASC reconoció la importancia de repensar la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las alianzas de las organizaciones de la sociedad civil, con miras a identificar nuevas formas de incidencia más estratégica, coordinada y efectiva; favoreciendo la priorización de temas, evitando la sectorización y apuntalando la participación coordinada y en conjunto en espacios clave. Al respecto, el GASC enfatizó la necesidad de:

  • Utilizar la plataforma de incidencia que ofrecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
  • Fortalecer el informe alternativo de la sociedad civil sobre el noveno informe de México sobre el cumplimiento de la CEDAW.

ONU Mujeres puntualizó sobre el rol clave de la sociedad civil mexicana, reconociendo a las organizaciones de mujeres, defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, para promover y avanzar la agenda de igualdad de género en el nivel global, regional y nacional. Al mismo tiempo, instó al GASC a tener una “impaciencia constructiva” en el marco de una estrategia desde la sociedad civil que mire hacia y desde lo global, y con un enfoque de acción orientado a la implementación con resultados en el corto plazo que alienten cambios culturales y estructurales en México.

Los Grupos Asesores de la Sociedad Civil de ONU Mujeres tienen el propósito de facilitar consultas efectivas, continuas y estructuradas entre la organización y la sociedad civil, especialmente con las organizaciones y redes de mujeres, defensoras de derechos humanos, activistas, académicas y periodistas, para avanzar el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

Tras cumplirse el proceso de renovación parcial de integrantes del GASC en marzo pasado, en esta reunión participaron representantes de redes y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, de organizaciones de la sociedad civil y de la academia, ya sea en su carácter de nuevas participantes, integrantes en activo y personas y representantes de organizaciones salientes.

Se realizó un reconocimiento del importante aporte de las organizaciones y personas que formalmente concluyeron su periodo como Asesoras en el marco de la reunión, así como a la señora Gloria Ramírez por haberle sido otorgado el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto 2017”.

Organizaciones y personas que actualmente integran el GASC

 

Titulares organizacionales

Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C.

Gente Diversa de Baja California A.C.

The Hunger Project México

Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, A. C. (GESMujer)

Red de Mujeres Radialistas

Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, CIDEM A.C.

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C

Red de apoyo Red Macuilxóchitl de la Montaña;

Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas A.C.

Coordinación Interregional Feminista Rural Comaletzin

 

Titulares individuales

María Luisa Martínez Sánchez

Milagros Herrero Buchanan

Aimée Vega Montiel

 

Suplentes organizacionales

Consejo Ciudadano 100 por Jalisco A.C.

10,000 Mujeres por México

Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género AC

 

Suplentes individuales

María Guadalupe Ramos Ponce

Elvia González del Pliego

Elsa María Arroyo Hernández

 

 

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¿Qué se va y qué se queda en la lucha por los derechos humanos en Morelos durante 2016?

Estamos concluyendo un año 2016 complicado y difícil para mantener vigentes los derechos humanos en Morelos. Una violación sistemática de los derechos fundamentales por un gobierno en crisis, muestra que mientras no haya autoridades que representen verdaderamente los intereses de las mayorías, se impondrán políticas autoritarias, represivas, neoliberales y privatizadoras que son contrarias a la mayoría de la población. Nuestro mensaje de solidaridad y compromiso con quienes luchan por una sociedad diferente, parte de constatar una realidad inocultable, para fomentar las posibilidades de construir la memoria y la esperanza organizada.
Algunos elementos que aportamos sobre dos temas fundamentales, como son la desaparición forzada y el feminicidio son los siguientes (Primera parte):
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos. Falta crear el mecanismo de búsqueda y localización.
La CIDHM elaboró, promovió y logró, en conjunto con otras organizaciones de familiares y sociales, que se aprobara por el Congreso del Estado la Ley. Por lo que es reconocido por primera vez en las leyes morelenses este delito y su connotación social.
A partir del jueves 2 de septiembre del 2015, entra en vigor la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, que fue impulsada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, familiares de víctimas y ofendidos, así como organizaciones sociales, Aprobada por la recién extinta LII legislatura.
Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, cobra vigencia esta ley que durante mucho tiempo fue reclamada por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que alertaron sobre el creciente fenómeno delictivo y la tragedia de decenas de familias morelenses que hasta hoy no saben el paradero de hijos, padres, madres y hermanos.
En esta ley la desaparición forzada está tipificada como un delito imprescriptible y se prohíbe tajantemente a los servidores públicos, denegar el acceso a personal de organizaciones internacionales de derechos humanos a edificios o instalaciones en donde se presuma se pudo cometer este ilícito.
También se permite coadyuvar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con el Ministerio Público en la investigación del delito de desaparición forzada; establecer medidas cautelares para la búsqueda y localización de las víctimas; y conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario entre servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial, instituciones educativas y grupos de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, así como expertos en materia de desaparición forzada.
De acuerdo con los artículos transitorios, en tanto no se expida la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, permanecerá vigente la legislación estatal en su respectivo ámbito de aplicación.
Para efecto de instaurar el Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas Desaparecidas y el Comité Consultivo, el Ejecutivo estatal deberá emitir a la brevedad la convocatoria respectiva dirigida a la sociedad en general para que la integración de ambos órganos se concrete en un plazo máximo de 60 días hábiles. Al respecto consideramos importante no esperar todo este tiempo y que ésta convocatoria se emita a la brevedad posible para sentar precedente nacional, ahora que se está discutiendo la Ley General.
El Mecanismo y su consejo consultivo conocerá de los casos de desaparición forzada de personas a través del Ministerio Público una vez que sea presentada la denuncia ante la Fiscalía estatal, y estará integrado por cinco representantes de instituciones y dos representantes de organizaciones civiles.
Su función será dictaminar las medidas necesarias para garantizar la integridad de cualquier persona que como consecuencia de la desaparición forzada se encuentre en riesgo, y ordenar las medidas cautelares que amerite cada caso.
Además, prevé la figura de Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas, la cual consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo fundamental, recuperar la memoria histórica de los hechos y conocer la verdad jurídica de los hechos.
El estado a través de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, creará una Base de Datos con los registros de las personas fallecidas y que se encuentran en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense o en las fosas comunes designadas para la Fiscalía General del Estado, con el fin de obtener su registro morfológico y dental, así como muestras para estudios genéticos, extraídas por personal altamente especializado en el tema.
Esta información generada a partir de la Base de Datos servirá para compararlos con los registros morfológicos y dentales de la o las personas desaparecidas, así como las muestras genéticas de sus familiares.
Monitoreo y vigilancia de Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Morelos. Exigencia de cumplimiento de todas las medidas contra la violencia feminicida.
Morelos se convirtió en el Primer Estado de la República Mexicana que con el Reglamento Vigente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, logra la declartoria de Alerta de Violencia de Género.
En 2014 se solicitó de manera oficial la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Morelos. El 10 de Agosto del 2015 se decretó. En 2016 se cumplió un año de la AVG y exigimos cumplimiento de todas las medidas para proteger la vida y la libertad de las mujeres en Morelos.
En nuestra solicitud de aplicación de la Alerta de Violencia de Género, documentamos 530 casos en 13 años. Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del Gobierno actual encabezado por Graco Ramírez. 891 casos de feminicido se han documentado una vez cruzando la información con los datos de la Fiscalía y la CEDH.
Lejos de ser un problema heredado del pasado, como argumenta, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural.
Es por ello que se hace un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables. Ante este panorama, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C. emprendió una serie de acciones para difundir los Derechos Humanos de las Mujeres y sumar voces a la petición de la Alerta de Violencia de Género en el Estado.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

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Red TDT llama a la sociedad a articularse en favor de los derechos humanos ante tentaciones autoritarias.

Procesos democráticos sobre Ley de desaparecidos, Fiscalía General de la Republica y Fiscalía Anticorrupción serán indicadores clave.
Las pretensiones de militarización de la llamada Seguridad Interior y los procedimientos para suspender y restringir los derechos y garantías en México son claras señales de alerta para la Sociedad Civil Organizada.
Esto se suma a los casos y procesos que de por sí acompañan las 80 organizaciones que forman parte de la Red TDT.
La unidad nacional no puede imponerse ni debe justificar más violaciones a los derechos humanos.  Los recientes llamados desde el Poder Ejecutivo no son creíbles porque no incorporan una evaluación autocrítica sobre la vigencia de los derechos humanos en México. En el contexto de una realidad global marcada por la hostilidad y el cuestionamiento de los derechos más básicos por políticos, corporaciones y Estados en todo el mundo, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) hace un llamado a la Sociedad Civil organizada a estar alertas y articularnos para denunciar y detener el despojo de nuestras conquistas como pueblos, colectividades y personas.
La conmemoración por la Declaración Universal de los Derechos Humanos hoy no es un acto nostálgico, sino de reivindicación. Hoy presenciamos peligrosamente como de manera paralela al discurso oficial de respeto a los derechos, se pretende construir un andamiaje autoritario que neutraliza precisamente las endebles señales de un compromiso real por la justicia. La articulación de distintas modificaciones legislativas recientes en torno a temas de justicia, corrupción y militarización, así como la falta de concreción de los compromisos oficiales en los temas de desaparición y tortura deben llamar la atención de la sociedad civil organizada.
Como Red Nacional nos acompañamos en la defensa y promoción de situaciones que involucran los derechos de personas y colectivos. Distintas organizaciones que forman parte de la Red TDT y otros espacios que respetamos y saludamos, han realizado articulaciones desde su capacidad técnica en materia de derechos humanos, para llamar la atención y generar procesos de monitoreo civil que respondan a estas amenazas que pretenden ser impuestas argumentando lo mismo que nos están arrebatando: El cumplimiento irrestricto de nuestros derechos, de manera integral e interdependiente.
Uno de los temas estructurales de mayor importancia en la actualidad es el de la Fiscalía General de la República (FGR). Sólo la movilización decidida de la sociedad civil en torno al proceso #FiscalíaQueSirva ha logrado contener los intentos por neutralizar su efectividad, como en su momento se hizo con la Secretaría de la Función Pública. Estamos convencidos que las aportaciones que desde el campo ciudadano hemos realizado favorecen una discusión al respecto basada en estándares técnicos que garanticen el debido proceso para las víctimas y las personas que les defienden y acompañan. La legitimidad de la FGR es la única medida posible de su éxito. Sabemos que no estaremos solos para impedir una simulación que pretenda garantizar la impunidad. Las leyes sobre desaparición forzada y a manos de particulares y la tortura siguen siendo una asignatura pendiente de éste gobierno. Familiares y organizaciones hemos documentado la grave crisis humanitaria que significan miles de desapariciones y el uso sistemático y generalizado de la tortura a manos de policías, militares y servidores públicos
Por la estrecha vinculación que tiene con el tema de legitimidad, la Fiscalía Anticorrupción también es objeto de acompañamiento desde otros espacios de sociedad civil. Es fundamental fortalecer el ejercicio de la función pública en uno de sus peores momentos. No sólo porque el ejercicio ilegitimo del poder nos afecta directamente en nuestra calidad de vida, sino porque el tamaño del reto que como Nación enfrentamos es un desafío histórico. ¿Será nuestra sociedad capaz de superar este cúmulo de adversidades?
Lo que resulta absolutamente claro es que si lo vamos a superar no será permitiendo el ejercicio de la violencia institucional que sólo vulnera el Estado de Derecho y el Debido Proceso. Consideramos que es necesaria una justicia que responda a los derechos de las víctimas, a los más altos estándares de investigación policial y que favorezca una funcionalidad real del sistema de justicia, entre otros criterios orientados a una gobernabilidad democrática. La tentación de militarizar la justicia sólo ha evidenciado el fracaso de las reformas y políticas de seguridad y generado un inaceptable incremento de graves violaciones a los derechos humanos. Claramente la militarización no es el camino de la justicia.  Tampoco la flexibilización para suspender garantías individuales.
Las 80 organizaciones que conformamos esta Red tenemos un trabajo concreto y cotidiano que documenta el tamaño de nuestros rezagos. En este 10 de diciembre queremos reiterar nuestro llamado a la sociedad a articularse para salvaguardar nuestras garantías básicas. Nosotras y nosotros hemos hecho de los derechos humanos nuestro camino de vida y por eso hoy reiteramos que no permitiremos una regresión autoritaria. Como parte de una sociedad civil, vigorosa, activa y comprometida con los principios descritos en este texto y en nuestra Agenda Política 2015-2020 estamos alertas.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)

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Derecho a defender los Derechos Humanos

Invitación 9 de diciembre a las 11 de la mañana en zócalo de Cuernavaca, Morelos, con motivo del “Derecho a Defender los Derechos Humanos”.
 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS CREeMOS Y CREaMOS
 
¡Defiende hoy los derechos de las y los demás!
La conmemoración por la Declaración Universal de los Derechos Humanos hoy no es un acto nostálgico, sino de reivindicación. Hoy presenciamos peligrosamente como de manera paralela al discurso oficial de respeto a los derechos, se pretende construir un andamiaje autoritario que neutraliza precisamente las endebles señales de un compromiso real por la justicia. La articulación de distintas modificaciones legislativas recientes en torno a temas de justicia, corrupción y militarización, así como la falta de concreción de los compromisos oficiales en los temas de desaparición y tortura deben llamar la atención de la sociedad civil organizada. 
El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de diciembre. Se conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1950, la Asamblea adoptó la resolución 423 (V), invitando a todo los Estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos.
Este año, el Día de los Derechos Humanos es una llamada a todos para defender los derechos del otro. Es responsabilidad de todos defender los derechos humanos. Cada uno de nosotros debe tomar una posición. Un paso adelante y defender los derechos de un refugiado o migrante, una persona con discapacidad, una persona LGBT, una mujer, un indígena, un niño, un afrodescendiente, o cualquier otra persona en riesgo de ser discriminada o sufrir algún acto violento.
Por eso es que impulsamos la campaña DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS CREeMOS Y CREaMOS, en el marco de los 16 Días de activismo contra la violencia de género: jornada internacional, de acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo.
Atentamente
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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No a la legalización de la explotación sexual

Posicionamiento sobre la prostitución en la Constitución de la CDMX
En el ejercicio de nuestros derechos y ciudadanía y con la finalidad de ofrecer a la Asamblea Constituyente una postura feminista diferente a la plasmada en el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, quienes suscribimos la presente, representantes de la academia, de organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en derechos de las mujeres, violencia de género y trata de mujeres con fines de explotación sexual en contextos de prostitución, presentamos la siguiente postura respecto de la propuesta establecida en el artículo 15. F. numeral 3. b) del mencionado proyecto, la cual busca “reconocer y proteger el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
Considerando que la próxima Constitución Política de la Ciudad de México representará la norma fundacional de la ciudad, resulta imprescindible que en la misma se promuevan, respeten, protejan y garanticen -bajo ningún condicionamiento- los derechos humanos de las mujeres y las niñas que habitan y transitan en la Ciudad de México, los cuales son inherentes a su condición de personas y ciudadanas. Por tanto, dicha Constitución debe contener preceptos vinculados a todas las disposiciones que se encuentran en los instrumentos y tratados internacionales a favor de la igualdad, la libertad y la seguridad de las mujeres y niñas, y responder a las obligaciones que ha contraído el Estado mexicano mediante la firma y ratificación de los mismos.
Nuestra posición parte del mismo interés legítimo de otras expresiones feministas que promueven la igualdad, la justicia y la democracia; también consideramos que las mujeres y niñas que son explotadas sexualmente en los contextos de la prostitución, tienen derecho a ver garantizados todos sus derechos humanos en los diversos ámbitos de la vida cotidiana y, de igual manera, estamos en contra de la criminalización de las personas que se encuentran en estos contextos.
Sin embargo, estamos ciertas de que, reconocer a la prostitución como trabajo sexual voluntario y autónomo, no va a garantizar mejores condiciones en la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas, y mucho menos el ejercicio de derechos por lo siguiente:
1. Implica legitimar el ejercicio de poder y dominación en una relación en la que históricamente, se ha normalizado un orden social patriarcal, en que las mujeres se han encontrado en situación de discriminación y de desigualdad social en relación con los hombres, lo que otorga a los consumidores, el privilegio de demandar, comprar y acceder libremente al cuerpo de las mujeres para su satisfacción, convirtiéndolas en objetos de transacción mercantil.
 2. En un contexto de precarización laboral como la existente en nuestro país y en la Ciudad de México, nos parece imposible comprender cómo se pudieran garantizar y proteger los derechos de las personas explotadas sexualmente en contextos de prostitución mediante su regulación en materia laboral. El que miles de mujeres se encuentren dentro de un marco normativo, no ha impedido que sus derechos se vean vulnerados de manera sistemática, como es el caso de las trabajadoras de maquilas, jornaleras, mineras o quienes actualmente son contratadas por el régimen de outsourcing, por poner solo algunos ejemplos.
3. La discriminación y la violencia contra las mujeres menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales, tal como lo señalan los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. En este sentido, la obligación central de los Estados es erradicarla, no disminuirla o regularla. Pensamos que el tema debe ser tratado con sumo cuidado para evitar generar condiciones que pongan en mayor riesgo a las mujeres que han sido vulneradas en el ejercicio de sus derechos. Es de suma relevancia partir de un diagnóstico, aun inexistente en México, sobre la situación real de discriminación y violencia que viven las mujeres en contextos de prostitución, además de la generación de bases de datos que sistematicen información sobre la incidencia de delitos relacionados con la explotación sexual, como fundamento para el diseño de políticas públicas en este sentido.
4. La Organización Internacional del Trabajo, por su parte, ha establecido en su Programa de Trabajo Decente que, para ser reconocido como tal, éste debe ser “realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y sin ningún tipo de discriminación” teniendo como eje transversal la igualdad de género2. Al analizar el contexto y el orden social dentro del que se lleva a cabo la prositución, podemos constatar que ésta incumple con cada una de dichas premisas, lo cual la inviabiliza para ser considerada “trabajo”.
5. Considerar a la prostitución similar a cualquier actividad reconocida como “trabajo”, aplicando para ello un lenguaje legal, neutral y universal, obscurece su dimensión subjetiva y las consecuencias físicas y emocionales de esa vivencia, así como el contexto y el orden social donde se desarrolla. Lo anterior contribuye a su des-personalización y des-humanización, lo cual hace imposible cualquier distinción entre prostitución “libre” y “forzada”, rompiendo con el acuerdo básico de los derechos humanos. Por lo tanto, reiteramos que, cualquier forma de 2 OIT, Indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador, 2013, párrafo 13. OIT, Igualdad de género y trabajo decente. Convenios y recomendaciones claves de la OIT para la igualdad de género 2012. Ginebra: OIT, 2012. mercantilización de los cuerpos que los despoje de su humanidad, no puede ser considerada un trabajo.
6. En los esfuerzos por erradicar la explotación sexual, el Estado mexicano adoptó el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena3, el cual obliga a las autoridades a sancionar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra, concertara o explotara la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento4. Asimismo, obliga a “adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación”5.
7. Resulta de gran relevancia jurídica también señalar que, la propuesta del artículo 15. F. numeral 3. b) del Proyecto de Constitución es inconstitucional, pues el artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que son facultades exclusivas del Congreso Federal, legislar en toda la República en materia de trabajo, por lo que la Asamblea Constituyente no tiene atribuciones para ello. Insistimos en que buscamos como sociedad, que las mujeres y las niñas ejerzan sus derechos humanos plenamente y en igualdad de condiciones con los hombres, así como erradicar la discriminación y violencia en su contra, en particular aquélla a la que las mujeres en contextos de prostitución se ven expuestas.
Consideramos que la regulación de la prostitución no elimina el trasfondo del privilegio y la discriminación de los hombres sobre las mujeres, pero sí reduce la línea que tanto ha costado construir en los derechos humanos, que distingue la explotación del trabajo. La Constitución que regirá a la Ciudad de México deberá reflejar el tipo de ciudad que queremos, basada en el marco de derechos humanos, tal como se encuentra señalado en el artículo 1 Constitucional y deberá también asegurar los mecanismos necesarios para que todas las personas, sobre todo aquéllas que se encuentren en una particular situación de desigualdad, dominio, violencia, inseguridad y vulnerabilidad, gocen de manera plena de los y sus derechos humanos.
 3 Adhesión de México: 21 de febrero de 1956. 4 Véase artículo 1° del Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. 5 Ibídem artículo 6°.
Andrea Medina Rosas, abogada feminista, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, cientos de firmas de mujeres de todo el país.
Juliana G. Quintanilla y paloma Estrada Muñoz, por la CIDHMORELOS

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  ¡Defiende hoy los derechos de las y los demás!    

El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de diciembre. Se conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1950, la Asamblea adoptó la resolución 423 (V), invitando a todo los Estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos.
Este año, el Día de los Derechos Humanos es una llamada a todos para defender los derechos del otro. Es responsabilidad de todos defender los derechos humanos. Cada uno de nosotros debe tomar una posición. Un paso adelante y defender los derechos de un refugiado o migrante, una persona con discapacidad, una persona LGBT, una mujer, un indígena, un niño, un afrodescendiente, o cualquier otra persona en riesgo de ser discriminada o sufrir algún acto violento
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida en más de 500 idiomas. 
Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.
 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2.
 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3.
 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4.
 
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5.
 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7.
 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8.
 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10.
 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11.
 
(1) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
(2) Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12.
 
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13.
 
(1) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
(2) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14.
 
(1) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
(2) Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15.
 
(1) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
(2) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Artículo 16.
 
(1) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
(2) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
(3) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 17.
 
(1) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
(2) Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18.
 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19.
 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20.
 
(1) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
(2) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21.
 
(1) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
(2) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
(3) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo 22.
 
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23.
 
(1) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
(2) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
(3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
(4) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24.
 
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25.
 
(1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
(2) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26.
 
(1) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de  los méritos respectivos.
 
 
(2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
(3) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.
 (1) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
(2) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28.
 
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29.
 
(1) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
(2) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
(3) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30.
 
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

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Juliana G. Quintanilla recibirá reconocimiento “Ponciano Arriaga Leija 2016”

Juliana G. Quintanilla obtuvo el reconocimiento de derechos humanos por su trayectoria. Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos,  expresamos nuestro agradecimiento a quienes otorgan este reconocimiento y a todas las personas y organizaciones, que han hecho posible sostener una labor durante décadas, en favor de una cultura de respeto a los derechos humanos, expresada en nuestro lema: porque amamos, luchamos!

La CDHDF da a conocer a las ganadoras del reconocimiento “Ponciano Arriaga” 2016

Boletín 231/2016

Norma Laguna Cabral y Juliana García Quintanilla, fueron merecedoras de este Reconocimiento por su compromiso y trabajo a favor de los derechos humanos.

Tras la convocatoria a la ciudadanía en general, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), miembros y grupos de la academia y de instituciones públicas para otorgar el Reconocimiento “Ponciano Arriaga Leija” 2016, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratula en anunciar que el Jurado Dictaminador otorgó este premio en la categoría de “Lucha y Defensa de los Derechos Humanos” a la activista Norma Laguna Cabral, por su compromiso y trabajo en la promoción y salvaguarda de los derechos de las mujeres; mientras que en la categoría de “Trayectoria”, a Juliana García Quintanilla, por su destacado compromiso en favor de los derechos humanos.

El Jurado consideró el trabajo de Juliana García Quintanilla, por su amplia trayectoria como defensora de derechos humanos, y militante comprometida con las causas favorables de los derechos de las mujeres, además de contribuir de manera decidida en la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos en el estado de Morelos y en la República Mexicana.

Su participación en la documentación de casos de violencia feminicida ha obtenido resultados en materia legislativa y en políticas públicas. Desde las investigaciones en coordinación con el Congreso de la Unión sobre la violencia feminicida en el Estado de Morelos, que contribuyeron a impulsar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la tipificación penal del feminicidio, en diversas entidades federativas, hasta la solicitud de Alerta de Violencia de Género, que se aceptó para ocho municipios de Morelos en agosto del 2015.

En tanto, Norma Laguna Cabral se ha destacado en su activismo y se le reconoce por su compromiso social principalmente con las mujeres. En 2010, con la desaparición de su hija, emprendió un camino para la defensa de sus derechos humanos, para posteriormente enlazarse con diversas OSC, como el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C. y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C., entre otras.

En estas agrupaciones, Laguna Cabral ha realizado una exigencia ciudadana junto con otras madres y familiares de mujeres desaparecidas, quienes integraron un espacio colectivo denominado “Mujeres y Familiares Unidas por Nuestras Hijas”, desde donde realizan marchas y manifestaciones, acciones solidarias y dan seguimiento a los compromisos asumidos por las autoridades con la finalidad de exigir justicia, verdad y memoria como sus derechos humanos fundamentales.

La CDHDF instauró este Reconocimiento como un homenaje a quienes contribuyen a la construcción de una cultura de respeto, promoción y defensa de los derechos humanos de las personas en México, en el marco del 200 aniversario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija, quien en 1847 presentó la propuesta para el establecimiento de la Procuraduría de Pobres, como institución defensora de derechos, en su natal estado San Luis Potosí.

La entrega del Reconocimiento “Ponciano Arriaga” 2016 se llevará a cabo el próximo lunes 14 de noviembre, a las 11:00 horas, en la Sala “Digna Ochoa” 1, ubicada dentro de las instalaciones de este Organismo Autónomo.

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