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42 años en busca de su hijo

         

Foto | Proceso

Desde la Guerra Sucia de los años 70 a la Guerra contra el narco, iniciada en diciembre de 2006, en México han surgido múltiples organizaciones de Mujeres que han mantenido, y mantienen, la misma proclama ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La activista Rosario Ibarra, quien suma ya 42 años en busca de su hijo Jesús Piedra Ibarra, explica que “fue él quien me parió politicamente; la fortaleza de sus convicciones, su espíritu rebelde y el valor de sus ideales me empujaron a seguir luchando, pero sobre todo me animó la enorme esperanza de haber encontrado con vida a 148 desaparecidos que estuvieron presos en cárceles clandestinas del Ejército y la Marina”.

En 1977 fundó, junto a otros familiares y mujeres conocidas como Las Doñas, el Comité Eureka, aunque confiesa que “nunca imaginé que nuestro grito resonaría nueva mente por todo el orbe para denunciar los miles de casos de desaparecidos que hay actualmente en México victimas de los sátrapas que hoy nos gobiernan “. A las madres que buscan a sus hijos en la actualidad les diria “Que luchen con toda su fuerza, que defiendan a sus hijos como leonas, que exijan justicia que no cejen en su empeño por en contrarlos”.

Ibarra concluye denunciando que “el responsable de la desaparición forzada es el gobierno de México, la desaparición forzada es una política y terrorismo de Estado que tiene a la justicia secuestrada y desaparecida igual que a nuestros familiares. La corrupción y la impunidad son los pilares con que se sostiene”.

 (Sididh – Prodh)

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Ley contra la desaparición forzada, avances y retrocesos

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos considera que es importante la aprobación de la Ley contra la Desaparición Forzada, a la vez que condena los retrocesos legislativos en la materia. Recordamos que en Morelos ya se cuenta con un ordenamiento legal que incorporó un importante Mecanismo de Búsqueda y Localización, mismo que no se ha instrumentado hasta la fecha por el Ejecutivo Estatal y no ha sido vigilado su cumplimiento por el Legislativo local que aprobó dicha ley en la anterior Legislatura.

Compartimos a continuación tres documentos emitidos por la ONU-DH, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos y la Campaña contra la Desaparición Forzada, integrada por familiares y organizaciones de derechos humanos.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reconoce avances y manifiesta reservas en el proyecto de dictamen Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.

Las reservas se refieren a la falta de capacidades y atributos suficientes de la Comisión Nacional de Búsqueda para responder eficazmente a la problemática de la desaparición en el país.
Tras consulta amplia, organizaciones que conforman el Movimiento reconocen algunos avances para responder a esta grave problemática y hace un llamado al legislativo a aprobar la Ley en este período.
Los familiares de personas desaparecidas enfrentamos un profundo dolor desde que arrancaron a nuestros seres queridos de nuestro lado, y la indolencia y falta de respuesta del Estado. Por esta razón hemos exigido al Estado desde hace décadas una legislación en la materia que nos ayude a encontrarles. Desde hace dos años, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx), que agrupa a más de 40 colectivos en México y Centroamérica, hemos venido trabajando con organizaciones, personas expertas en la materia y con legisladores y legisladoras comprometidas para lograr una Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, impulsando nuestro derecho a participar en el proceso y proponer los componentes mínimos que debería tener la Ley a partir de una amplia consulta con colectivos y organizaciones.

En los últimos días la propuesta que veníamos trabajando con el poder legislativo se vio modificada por las observaciones del Ejecutivo, que según nuestra valoración eran inaceptables, como señalamos oportunamente. Tras conocer la última propuesta y un proceso de consulta con las organizaciones que conforman el Movimiento, reconocemos que el Dictamen tiene aspectos que abonan a que el Estado mexicano atienda la problemática, pero deja grandes pendientes: que si bien se creará una Comisión Nacional de Búsqueda, ésta no contará con policía propia y deberá solicitar colaboración al Ministerio Público para la realización de acciones de investigación, todo ello en disminución de su capacidad operativa.

Asimismo, no existe una claridad sobre los criterios para definir quién será el responsable, ya sea la Federación o autoridades locales, de encabezar la búsqueda de personas desaparecidas, se sigue utilizando el término de no localizados aún cuando es contrario a las recomendaciones internacionales que le han hecho al propio Estado mexicano. También se elimina el supuesto que permitiría, de acuerdo con estándares internacionales, fincar responsabilidades al superior jerárquico cuando en razón de sus funciones debió saber lo que las personas a su cargo realizaban.Para el MovNDmx está claro que el gobierno no cumple con su palabra y la voluntad política que dice tener, pues no está demostrada en todo el dictamen.

Sin embargo, como resultado de la consulta realizada, las familias decidimos acompañar el proyecto, pues si bien vemos que el corazón de la ley, que es la búsqueda, no está como creemos funcionaría mejor, la ley es un instrumento más en nuestra exigencia de buscarles y encontrarles y seguiremos reiterando la necesidad de mecanismos de búsqueda operativos y eficaces. Ahora toca al Estado demostrar que la estructura que propone va a funcionar. Las familias estaremos atentas que así sea.

Hacemos un llamado claro a las y los legisladores en ambas cámaras a aprobar la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares durante este período y honrar su compromiso con nuestro dolor y nuestra lucha por encontrarlos y encontrarlas.

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

La ONU-DH reconoce los avances en la ley de desaparición y lamenta la falta de consenso

en el tema de búsqueda

Luego de más de dos años de discusiones en el Senado, pero sobre todo a casi cuatro décadas de que se empezaron a perpetrar las desapariciones de personas en el país, varias de ellas por agentes del Estado, y con un saldo trágico para miles de familiares, la Cámara Alta aprobó el día de hoy la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoce que la ley turnada a la Cámara de Diputados posee avances para enfrentar uno de los problemas más doloroso, urgente y complejo que enfrenta el Estado mexicano. Dichos avances responden a los estándares y a varias recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, incluidas las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita al país en octubre de 2015.

En efecto, la ley establece un tipo penal de desaparición forzada acorde a los estándares internacionales, reconoce el carácter permanente de la conducta, le confiere el carácter de imprescriptible y determina un régimen de sanciones agravadas en determinados supuestos, así como incentivos para dar con el destino de las personas desaparecidas y los responsables. Además, la legislación plasma la obligación del Estado de buscar a toda persona cuyo paradero se desconozca y establece un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y Comisiones Locales de Búsqueda, las cuales operarán con una serie de herramientas y plataformas de información, como son los registros nacionales de personas desaparecidas, personas fallecidas no identificadas y fosas. Se crean los programas nacionales de búsqueda y exhumaciones y se adopta un enfoque diferenciado para responder a determinadas personas, como migrantes, niñas, niños y adolescentes, y a las víctimas de desaparición forzada ocurridas en el contexto de la así denominada “Guerra Sucia”. La ley también regula la declaración de ausencia y refuerza el derecho a la reparación de las víctimas.

La ONU-DH lamenta que no se haya logrado un consenso en el Senado entre las autoridades, los colectivos de víctimas y quienes les acompañamos en el apartado de búsqueda de personas, el más significativo de los temas materia de esta ley, especialmente en relación a las facultades y recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Será responsabilidad de las autoridades acreditar en los hechos y en el corto plazo que, una vez que se haya expedido la ley, el modelo de búsqueda aprobado por ellas sea capaz de dar los resultados necesarios y hacer posible la localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, la identificación certera, el respeto y la restitución digna de sus restos. Para la ONU-DH, el éxito de esta ley dependerá de sus resultados, especialmente en este apartado.

La ONU-DH expresa su reconocimiento a las personas que desde la institucionalidad mexicana, tanto en el Senado como en el Ejecutivo, hicieron el mayor de sus esfuerzos para impulsar los contenidos positivos de la ley. De igual forma, la ONU-DH reconoce al Movimiento Nacional por Nuestros Desparecidos en México y a la Campaña Nacional en contra de la Desaparición Forzada por su perseverancia, empuje y capacidad de construir propuestas, muchas de ellas derivadas de la experiencia del dolor que supone la desaparición de un ser querido y su búsqueda incansable.

La ONU-DH alienta a la Cámara de Diputados a procesar y aprobar a la brevedad posible esta importante ley.

La ONU-DH está consciente de las dificultades que para los colectivos de víctimas ha implicado un proceso legislativo complejo, les reitera su respeto y hace manifiesto su compromiso de seguir trabajando a su lado en la reivindicación de sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación integral, así como en la adopción de medidas para la no repetición.
Finalmente, la ONU-DH refrenda su plena disponibilidad para seguir trabajando con el Estado mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.

No avalamos una Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares que no cumple con los estándares internacionales y se burla de las víctimas
Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, en lo general, no avalamos el Dictamen de Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares que se está discutiendo en el Senado de la República porque es insuficiente, porque se queda corto ante la gravedad de las desapariciones en el país y porque no cumple, de manera general, con los estándares internaciones en materia de derechos humanos ni con las exigencias de las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y populares agrupadas en la Campaña y de miles de familiares de víctimas en todo el país.

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México reconocemos pequeños avances en la Ley General producto de la constante lucha de diversas organizaciones de víctimas y no de la voluntad política del gobierno, quien nos obliga a denunciar que el espíritu general de la Ley General no corresponde a las exigencias y expectativas de las víctimas.

Durante casi dos años hemos sido testigos de la simulación de diálogo por parte del Gobierno Federal y, durante décadas, de la falta de voluntad política para erradicar las desapariciones forzadas en el país. Ejemplo de ello es que mientras el Gobierno Federal simula el diálogo con diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos, las cifras de desapariciones forzadas se han venido incrementando año con año.

La estrategia del Gobierno Federal, desde un inicio, fue desgastar, tratar de dividir y engañar con falsas promesas a las familias y organizaciones que han venido exigiendo la Ley General. Ante ello, en todos los espacios en los que como Campaña logramos estar presentes, conjuntamente con diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos, dimos la lucha para llevar ante el Gobierno Federal las exigencias de miles de víctimas de desaparición forzada que desde la década de los años sesenta han mantenido la demanda de Justicia y Verdad, intentar menos que eso sería como arrancarle el corazón a quienes han dejado todo por encontrar a sus hijos, a sus familiares.

El dictamen de Ley General que está siendo discutido hoy (26 de abril de 2017) en Comisiones significa un grave retroceso respecto a la propuesta de Ley General que elaboramos las organizaciones agrupadas en la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México entregada al Senado de la República en septiembre del 2015 y en la Cámara de Diputados en septiembre del 2016, y también significa un grave retroceso respecto a los mínimos propuestos por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

El Estado mexicano tuvo la oportunidad histórica de dotar al país de un marco jurídico acorde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y, con ello, dar los primeros pasos para garantizar Verdad, Justicia, Memoria, Reparación integral del daño y Medidas de no repetición, no obstante lo que se presenta en el dictamen de Ley General es una caricatura de lo que realmente necesita hacer el Estado mexicano para erradicar las desapariciones forzadas. Un ejemplo de ello es la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda que en realidad ni es nacional ni tiene las capacidades para buscar.

El Estado mexicano incorporó a su dictamen aquellas exigencias de las víctimas que no tocan el centro de su propuesta y muchas de las exigencias las modificó y redujo para que no lo obligaran a prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, las cuales se presentan en el país de manera generalizada y sistemática.

La lucha por contar con un marco jurídico que prevenga y erradique las desapariciones forzadas no se agota con la promulgación de una Ley General que no cumple de manera general con los estándares internacionales ni con las exigencias de las víctimas. Tomaremos y haremos valer lo poco ganado en el marco jurídico nacional y seguiremos luchando por presentación con vida de todas la víctimas de desaparición forzada, por el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales y para que un día el pueblo mexicano logre tener un gobierno que no tenga como política de Estado el desaparecer a su propia gente.

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, de manera general, NO AVALAMOS el dictamen de Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares por lo siguiente:

1.- Bajo el pretexto de que para activar la Búsqueda inmediata y no caer en actos de incongruencia legal, el Estado mexicano deja en el Dictamen el término persona No Localizada. Este término se utiliza también para nombrar el “nuevo registro” de Personas Desaparecidas, el cual llevará el nombre de Registro Nacional de Persona Desaparecidas y No Localizadas. Con lo cual se demuestra que el Estado mexicano, bajo el argumento de “buscar” a todas las personas desaparecidas, oculta intencionalmente la práctica de la Desaparición Forzada que de manera sistemática y generalizada realizan sus propios funcionarios. Además no crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada.

2.- Para poder garantizar impunidad a los responsables intelectuales de cometer desapariciones forzadas, el Estado mexicano se negó a establecer la responsabilidad de los superiores jerárquicos como lo mandata la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada en su Artículo 6; aun a sabiendas de que esto le traerá como consecuencia graves llamamientos y recomendaciones de las instancias internacionales.

3.- Respecto a la creación de instancias eficaces para la Búsqueda, se eliminó la instancia encargada de realizar la Búsqueda inmediata y permanente de las víctimas de desaparición forzada. Eliminaron también establecer, dentro de los mínimos aceptables, el acceso a todos los lugares de probable detención de las víctimas incluidos campos militares y lugares clandestinos. En su lugar se crea una Comisión Nacional, que no es nacional y que no posee atribuciones ni herramientas necesarias para hacer la búsqueda adecuada en campo.

4.-A pesar de que en varias partes de la Ley se reconoce la necesidad de contar con un órgano que realmente sirva para la investigación forense, bajo el alegato de no contar con recursos suficientes, el Estado mexicano se niega a crear un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, y sólo crea una figura llamada Banco Nacional de Datos Forenses, que solamente agrupará Bases de Datos, que serán alimentadas por los mismos peritos dependientes de las Procuradurías, de esas mismas Procuradurías que no investigan y que hacen lo imposible para que los familiares de las víctimas no denuncien.

5.-El Estado mexicano reconoce que las desapariciones forzadas en México de la época de la “guerra sucia” deben ser investigadas, pero no crea una instancia de búsqueda inmediata, es decir, la Ley General no contempla encontrar a las víctimas de desaparición forzada, pese a que la desaparición forzada es un delito continuo.

6.- Como ha sido una constante durante más de cincuenta años, y más aún durante este sexenio, el Estado mexicano se negó a integrar cualquier artículo donde se hiciera alusión a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la imposibilidad de que éstas sean juzgadas bajo su propia jurisdicción.

7.- La Ley General no contempla la reclasificación de los delitos, lo cual seguirá dejando a todos los casos que no son investigados como desapariciones forzadas o desapariciones cometidas por particulares sin la posibilidad de exigir que se clasifiquen adecuadamente al momento de entrada en vigor de la Ley.

8.- Como se ha visto hasta ahora, la Ley General de Víctimas ha sido un mecanismo eficaz para desmovilizar a los familiares de las víctimas, y la Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares hace referencia en todo momento a la Ley General de Víctimas para cualquier petición de búsqueda e identificación de peritos independientes que puedan llegar a solicitar los Familiares.

Por todo lo anterior, como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, en general, NO AVALAMOS LA LEY GENERAL CONTRA DESAPARICIÓN FORZADA Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES que está por ser aprobada en Comisiones. De ser aprobada esta Ley General, se seguirá perpetuando la impunidad y el Estado mexicano continuará sin garantizar a las víctimas, familiares y sociedad en su conjunto los derechos de MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.

Como lo hemos hecho desde hace ya casi siete años, continuaremos con la exigencia y la lucha por la presentación con vida de cada una de las víctimas de desaparición forzada en México. Seguiremos buscando que se castigue a cada uno de los responsables materiales e intelectuales sin importar su jerarquía en la estructura del Estado mexicano.

Por último, hacemos un llamado a las víctimas de desaparición forzada a pronunciarse en contra de una Ley General que generará más impunidad, respetamos el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil que están avalando la Ley General, pero recordemos que una Ley General sin corazón, sin búsqueda, sin justicia y sin verdad, reduce las exigencias históricas de las víctimas de la desaparición forzada y sus familiares a un autoengaño

Presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos Rene Román Salazar, los activistas Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Sántiz, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de desaparición forzada en México.

Atentamente

Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México

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Recibimiento de la Caravana por los 43 desaparecidos en Cuernavaca.

El 16 de febrero a las 10 de la mañana recibiremos la Caravana de las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en las instalaciones del SME en Cuernavaca.

Colectivamente somos más poderosos que nuestros enemigos que detentan el poder económico y político. Nos debemos a quienes luchan cotidianamente contra la miseria y la explotación, la injusticia y la desigualdad, la violencia y la opresión. Se equivocan si creen que vamos a dejar de luchar por la defensa plena de los derechos humanos para todas y todos, por un mundo de justicia, libertad, igualdad, fraternidad.
El gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) es un gobierno hundido en una profunda crisis de legitimidad que en el 2017,  se volvió una verdadera crisis política de hegemonía, de dominación política, que se expresaría en una nueva irrupción masiva y nacional contra él. Acosado por denuncias de mala administración y corrupción, como la de su “casa blanca”, el gobierno de EPN perdía legitimidad en sectores importantes de la población hasta que ocurrieron los hechos de la noche trágica de Iguala del 26 de septiembre de 2014, en la que 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Para algunos, esa fue la gota que derramó el vaso: el repudio nacional contra el gobierno de EPN llevó a las calles a miles de contingentes que gritaban con fuerza y por todos los medios: ¡Fue el Estado! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Si la contra-reforma energética, privatizadora y anti-nacional, no despertó el esperado repudio popular masivo, la mal llamada reforma educativa sí lo hizo. Mientras el gobierno llenaba de policías y militares las calles para aplastar la insurrección magisterial, ésta mantenía y extendía sus protestas con un creciente apoyo popular.
Es claro que el giro proteccionista de Trump daña por completo el frágil, derruido y dependiente país que los neoliberales en el poder configuraron en estos últimos 30 años. Por eso no nos engañamos y decimos claramente: ¡Ni Trump, ni Peña, fuera capitalistas del poder!
Nuestra agónica economía se sostiene débilmente aún con PEMEX (pese a la caída de precios del petróleo y su acelerado agotamiento), la inversión externa en sectores extractivistas y las remesas de los migrantes… Pero con la presidencia de Trump ese México al modo neoliberal se colapsa: PEMEX ha sido desmantelado y privatizado, de modo que, por ejemplo, importamos gasolina que venden particulares para obtener ganancias privadas; las remesas de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos van a ser recortadas por la masiva expulsión de migrantes del país del norte; la inversión extranjera ya es frenada y desviada de regreso a Estados Unidos. Cuando Trump dijo: “compra y contrata lo estadounidense”, condenó a muerte a la limitada economía exportadora, levantada con orgullo por los neoliberales, que depende en un 80% de la economía estadounidense.
La incapacidad del bloque hegemónico para buscar una alternativa al neoliberalismo y el derrumbe económico del México neoliberal provocan una crisis económica que retroalimenta la crisis de legitimidad del gobierno hasta poner en las calles a millones de mexicanos reclamando con el grito de ¡Fuera Peña Nieto! que se vayan todos los neoliberales del poder.
Esta protesta masiva en el 2017 podría modificar la relación de fuerzas en la lucha de clases mexicana a favor de un polo independiente, proletario y popular que cobraría tal fuerza que podría incidir para provocar un cambio radical en nuestro país a favor de los intereses de los trabajadores y del pueblo.
Las movilizaciones espontáneas contra el gasolinazo fueron nacionales y de inmediato levantaron una consigna política radical: ¡Fuera Peña Nieto! Si al principio las movilizaciones fueron impulsadas por fuerzas muy heterogéneas (transportistas, clase media, organizaciones campesinas), en estos días los sindicatos y organizaciones campesinas y populares se suman a las movilizaciones contra el gasolinazo. Esperamos que estas fuerzas organizadas de los trabajadores retomen el desafío que supone el reclamo de ¡Fuera Peña! En esa consigna no se pide que los gobernantes compongan lo que descompusieron por años sino que se cambie el régimen político y sus políticas.
Pero 2017 apenas comienza y los efectos del giro proteccionista de Trump todavía no se resienten con toda su intensidad. No es difícil prever que las inversiones se derrumbarán, que miles o millones de migrantes regresarán al país este año, que el desempleo crecerá visiblemente, que mes tras mes el fracaso del México neoliberal será patente para los mexicanos, así como la incapacidad de los neoliberales para levantar un país que ellos mismos derrumbaron. Por eso pensamos que la crisis política va a seguir cobrando fuerza y radicalidad.
Estas luchas contra el gasolinazo deben de seguir impulsándose pero es necesario y urgente promover una política de frente único: sin abandonar la consigna de ¡Fuera Peña Nieto!, es necesario ir constituyendo, sin imposiciones ni protagonismos, una Coordinadora de coordinadoras, ir organizando una verdadera Asamblea popular que conjunte un bloque histórico clasista y popular que permita disputar el poder.
Por eso debemos insistir en el fracaso del México neoliberal y la necesidad de reconstruir otro México verdaderamente democrático que salvaguarde los intereses de la mayoría trabajadora.
Por eso, respondemos positivamente a la convocatoria de las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para reunirnos en Cuernavaca y analizar las posibilidades de articular las resistencias en una amplia coordinación de las luchas independientes que defiendan realmente los intereses de la mayoría de la población trabajadora, misma que impulsamos desde las organizaciones del pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética.

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A dos años de los 43 de Ayotzinapa

Red TDT: A dos años, Ayotzinapa persiste como emblema de la lucha por la justicia en México
 La falta de resolución de este caso resulta emblemática de la ineficacia y corrupción imperantes en el sistema de justicia, así como de la creciente vinculación del crimen organizado con actores estatales en perjuicio de la sociedad.
La tragedia de Iguala es ilustrativa del fenómeno de la desaparición forzada y de la criminalización de la protesta social.
Necesario un cambio de actitud del Estado mexicano hacia los aportes de la justicia internacional, así como hacía las víctimas y las personas defensoras de derechos humanos.
A dos años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en  Iguala durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) exige el pleno esclarecimiento de los hechos. Ello implica tanto la resolución jurídica del caso, como la satisfacción de las demandas de las familias que se mantienen en su exigencia de la presentación con vida de los jóvenes normalistas.
 
Este lamentable caso es un emblema de la ineficacia y corrupción imperantes en el sistema de justicia, así como de la falta de voluntad política de las más altas autoridades de nuestro país para dar certidumbre a la sociedad. Cabe destacar que garantizar el acceso a la justicia para las familias de estos jóvenes, trasciende su legítimo interés y se ha convertido en una muestra clara del nivel compromiso del Estado mexicano con el acceso a la justicia de la población en general.
 
Resulta especialmente grave, la comprobada vinculación del crimen organizado con actores estatales en estos hechos. Con ello se corrobora que se trata de un crimen de Estado, pues su probada vinculación con los hechos no se omite por la participación de actores del crimen organizado. Aún más, la connivencia entre actores estatales y criminales se configura como un patrón de acción a nivel municipal, estatal e incluso probablemente a nivel federal, según las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La sola inacción de los distintos niveles de gobierno, ante hechos tan graves y contundentes implica una responsabilidad ineludible en términos de la legislación nacional y del derecho internacional de los derechos humanos.
 
En este sentido Ayotzinapa resulta ser un caso emblemático de la grave crisis de derechos humanos que se vive en  México, pues resulta ilustrativo no sólo del fenómeno de la desaparición forzada, sino de la vinculación que este ominoso tema tiene con la criminalización de la protesta social. Ello, en el contexto de la poderosa movilización social que se ha generado en torno al tema, ha favorecido una mayor comprensión entre las víctimas de la llamada guerra sucia, cuando el Estado criminalizó a personas que luchaban por la justicia social y las víctimas recientes, cuando la tragedia de la desaparición de personas se generalizó de manera brutal adquiriendo visos de tragedia humanitaria.
 
Especialmente grave resulta el desprecio del Estado mexicano por los aportes de la justicia internacional al mismo. La confrontación del gobierno con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son una muestra clara de la intencionalidad encubridora de las acciones e investigaciones del Estado mexicano al respecto de este caso y que son terriblemente parecidos a lo que refieren víctimas de otros casos menos visibles, pero no menos importantes.
 
Y si esa fue la reacción contra actores de prestigio internacional, mucho más intensa y grave ha resultado la campaña de desprestigio y criminalización contra las personas defensoras involucradas en este caso. Esto se suma a un patrón que la Red TDT ha detectado y denunciado en los años recientes. Resulta fundamental que esta campaña sea detenida de inmediato y que se reconozca el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, así como la importancia de la aportación de las organizaciones y personas para garantizar el acceso a la justicia de sus defendidos, así como el derecho a la verdad de la sociedad toda.
 
En este sentido, y en el contexto de este segundo aniversario, es cada vez más clara la necesidad de que los hechos de Iguala sean esclarecidos como un primer paso para recuperar la confianza en las instituciones del Estado.
 
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Desaparecidos en campos militares y cárceles clandestinas.

Durante el mes de agosto se llevaron a cabo diversas actividades en el país para conmemorar el Día Internacional sobre la Desaparición Forzada, donde participamos con familiares y organizaciones de derechos humanos, con la convicción de reforzar la lucha por la presentación con vida de todas y todos los desaparecidos, por lo que se requiere en Morelos cumplir con lo que establece la Ley para Prevenir y Atender la Desaparición Forzada, mediante la creación de los Mecanismos de Búsqueda y Localización y la elaboración del reglamento de la misma ley que prevé la creación de una instancia donde participen además de autoridades, los familiares y organizaciones independientes de derechos humanos.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos, lamentamos la permanencia del Ejército en las calles pues, ya que existen los antecedentes suficientes para decir que, donde ha llegado el Ejército se han incrementado las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.

Además,  respaldamos  la lucha de los padres de los 43 y por la negativa del gobierno Mexicano a que se involucre al Ejército Mexicano en la investigación sobre el caso Iguala, ya que hay campos clandestinos en zonas militares, donde se tienen a personas que para sus familiares están desaparecidos y, en muchos casos, ahí han sido encontrados.

También alertamos que hay cárceles clandestinas y hospitales psiquiátricos donde, organizaciones sociales han hallado a personas desaparecidas. Hay archivos históricos que se están ocultando, por lo que nos sumamos a las familias de desaparecidos para exigir que se saquen a la luz pública esos expedientes para, al menos, tener más ideas sobre dónde buscar a los desaparecidos.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), consideramos que detrás de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero,  está la antidemocracia, la represión, el  militarismo y la utilización excesiva del ejército. El carácter anticonstitucional en el papel del ejército en materia de seguridad pública, labores que no les corresponde, y que sólo muestran una política autoritaria.  El estado mexicano ahora utiliza cada vez más la fuerza pública en contra de  las protestas sociales, y existe responsabilidad directa del gobierno federal, municipal y estatal de Guerrero en la desaparición de los normalistas de  Ayotzinapa. A casi dos años desde que ocurrieran los sucesos de Iguala, no sólo lo han dicho como una consigna, sino que lo han demostrado con sus responsabilidades específicas. Tan es así, que ahora se está discutiendo la nueva ley sobre desaparición forzada, ¿por qué?, porque hay un reconocimiento de que se cometen delitos que son responsabilidad del Estado evitarlos.

El caso de Ayotzinapa, no es nada más justicia, y que quede en el archivo, sino que deben existir verdaderas sanciones en contra de los responsables y una investigación a fondo de los sucesos. Es verdad que en muchos casos han pasado los años y no hay solución. Por ejemplo, por más de 40 años hay desaparecidos y no hay castigo, ni investigaciones. Y cuando las ha habido, han ocultado los hechos. Si hicieron investigaciones a fondo, se fincaron responsabilidades para después retirar los cargos, como en el caso del ex presidente Luis Echeverría, a quien le dieron amparos.

No tenemos confianza en las instituciones gubernamentales, ya que han desestabilizado emocionalmente a los padres de los 43 desaparecidos presentando una mentira. Exigimos que no queden impunes todos los que estuvieron manipulando la información en el sentido de presentar una mentira como verdad histórica, como Murillo Karam y quienes resulten responsables- Exigimos su detención y encarcelamiento de manera inmediata, así como el retiro de Tomás Cerón de las investigaciones de la PGR como exigen madres y padres de los 43 desaparecidos, derivado de las recomendaciones emitidas por el GIEI.

Atentamente

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Aumentan desapariciones y feminicidio en Morelos.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

No permanecer indiferentes ante el dolor. Hemos sostenido que una sociedad paralizada por el miedo es el caldo de cultivo de mayores crímenes en la impunidad. Por ello, todo esfuerzo de lucha por la justicia y la verdad debe ser impulsado, pues sólo mediante la lucha es como se logra defender los derechos humanos para todas y todos.

En Cuernavaca las organizaciones del  Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética las Garantías Constitucionales y las Libertades Democráticas,  nos movilizamos cada 26 de mes por los 43 de Ayotzinapa, en esta ocasión la explanada del Museo Cuauhnahuac (Palacio de Cortes), fue el punto donde llevamos a cabo un acto con las fotografías de los 43 y exigimos que se esclarezcan todos los miles de casos de desaparición en el país, así como los de 3 jóvenes de Yautepec que fueron desaparecidos y localizados sin que se esclarezcan las causas ni mucho menos se logre la justicia que reclamaron sus familiares y pueblo en marcha realizada de Atlihuayán al centro de Yautepec. Tres jóvenes trabajadores albañiles apenas de 20 años de edad, muy similares a los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, privados de la libertad y localizados sin vida de la manera más cruel, como está ocurriendo crecientemente en todo Morelos, donde el grado de violencia es equiparable al de la impunidad prevaleciente, contrariamente a las afirmaciones gubernamentales de que han disminuido los delitos de alto impacto por la eficacia del mando Único, todo lo contrario se demuestra en la realidad con los crímenes atroces de jóvenes como los de Yautepec y el más reciente feminicidio ocurrido en San Antón, ya no en horas de la madrugada sino apenas al atardecer.

Nos sumamos a las demandas de padres y madres de los 43 de Ayotzinapa de apoyo a las investigaciones que lleva a cabo el Grupo Interinstitucional de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es necesario tener claro que las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos rechazaron aceptar la reparación monetaria del daño. Verdad y justicia es lo que exigen, no dinero. No ha habido interlocución directa con alguna autoridad del gobierno federal, ni se ha mencionado la instalación de alguna mesa de diálogo que aborde el tema de la reparación del daño. Padres y madres de Ayotzinapa siguen con la búsqueda con la esperanza de encontrarlos vivos. Por ello exigen a Osorio Chong tenga la honestidad de cumplir con su palabra y hacer que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se queden para la próxima etapa. No es la primera vez que se menciona esta propuesta de reparación del daño. Desde hace mucho autoridades federales y estatales han llegado incluso a las casas de las familias para ofrecer cierta cantidad de dinero por ese concepto, pero se ha rechazado. Les han ofrecido dinero, pero se les olvida que a los padres de familia de los 43 desaparecidos lo que menos les interesa es eso. Han dicho con claridad que no van a vender a sus hijos y la postura por parte del movimiento sigue siendo la misma. Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), asesores y coadyuvantes del gobierno mexicano para esclarecer el caso Ayotzinapa, recomendó la elaboración de un diagnóstico de impacto social en las víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes fueron atacados por policías y desaparecidos.

Ante desapariciones y feminicidio se requiere mantener la lucha por la vida, la libertad y la seguridad de todas y todos. Estamos ante una verdadera escalada de violencia y homicida que llega a prácticamente todos los rincones de Morelos, sin que se apliquen de manera integral las medidas de Alerta de Violencia de Género a 7 meses de su puesta en marcha desde el 10 de agosto de 2015, como hemos documentado desde la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHM).

Los casos de feminicidio son conocidos y siguen impunes. Y es que prevalece la corrupción, las complicidades y la impunidad en los feminicidios en Morelos, por lo que la CIDHM,  esta semana ha intensificado su exigencia hacia las autoridades estatales, diputados, jueces y de los ocho municipios que han sido señalados con mayor violencia feminicida. Atención, revisión y establecimiento de plazos para cumplir con las acciones inmediatas contra los feminicidios en Morelos, son las principales encomiendas por parte del organismo. Hasta el momento no se ha tenido respuesta de la solicitud  a la Secretaría de Gobernación al cumplirse siete meses de que se dictó la Alerta de Violencia de Género en Morelos, pedimos nos atendienda para hacer una revisión puntual y cómo se podrán establecer plazos para que el Gobierno de la entidad cumpla con las acciones inmediatas y atienda la violencia feminicida en Morelos.

Durante esta campaña de exigencia a las autoridades municipales, se entregaron cartas a cada presidencia municipal de los ocho municipios que fueron señalados con mayor violencia feminicida, donde está decretada la AVG, para que nos señalen qué acciones se están emprendiendo para atender la problemática. Nada justifica la falta de acciones urgentes, en un sentido de responsabilidad y conocimiento de cómo está su municipio y su estado, las respuestas son inmediatas o se corre el riesgo de pérdidas de vidas humanas que nadie puede recuperar.

Levantamos la voz para que se eleve por encima del estruendo de balaceras y resuene en el corazón y en la conciencia de todas las personas que luchan porque la alegría y el amor sean producto de la justicia y la verdad.

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7 meses de la AVG en Morelos y sigue feminicidio y desaparecidas

Dos mujeres víctimas de feminicidio en Jiutepec a manos de un familiar que dejó herida a una menor que debe ser tratada también como feminicidio en grado de tentativa. Otra mujer privada de la vida en forma cruel igualmente que a una persona masculina en Yautepec. Hoy se da a conocer otro caso atroz cometido en contra de una mujer en Atlacholoaya. Estamos ante una verdadera escalada de violencia feminicida y homicida que llega a prácticamente todos los rincones de Morelos, sin que se apliquen de manera integral las medidas de Alerta de Violencia de Género a 7 meses de su puesta en marcha desde el 10 de agosto de 2015. Lo mismo ocurre en los casos de desapariciones.  Están en alguna parte. Nadie desaparece por voluntad, las desaparecen. Mujeres jóvenes en su mayoría. A 7 meses de la Alerta de Violencia de Género en Morelos siguen desaparecidas. Y no podemos permanecer indiferentes. ¿Dónde están?: Mireya Montiel Hernández, de 18 años de edad, desapareció en la colonia Antonio Barona, de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día 13 de septiembre de 2014. Valeria Monserrat Leana Rivera, desapareció en la ciudad de Jojutla, Morelos, el 10 de octubre del 2014, al momento de su desaparición ella tenía 16 años. María Teresa Aguilar Hernández, el día 11 de Mayo de 2012 salió de su domicilio y no se ha sabido más de ella. Viridiana Anaid Morales Rodríguez, debía regresar a Cuernavaca el día 14 de agosto 2012 y nada hasta la fecha. Jessica Cerón Salinas estaba embarazada cuando desapareció el 13 de Agosto del 2012 en Cuernavaca.
Todos estos casos son conocidos. Y siguen impunes. Es necesario recordarlos, porque en la impunidad se encuentra una de las razones del incremento acelerado de las desapariciones en tiempos recientes.
La práctica de la desaparición es incidental, no está circunscrita a cuestiones represivas únicamente, sino que desaparecen comerciantes/as, campesinos/as, albañiles/as, estudiantes/as, amas de casa, jubilados/as, niños/as, normalistas, militantes/as. Las y los jóvenes son los que mayor desaparecen.
“En Morelos 4 de cada 9 son mujeres, jóvenes la gran mayoría. Está por arriba de la media nacional, donde casi el 70% de los desaparecidos son hombres. Hasta junio del 2015, refiere 3 desaparecidas del fuero federal, 2 en Cuernavaca, de 20 y 16 años, la primera el 22 de agosto de 2010 y la segunda el 22 de octubre de 2014. En Jiutepec, desapareció una menor de edad, de 16 años, el 21 de abril de 2014. En el fuero común, los casos son más. 92 registrados. 40 mujeres y 52 hombres. De estos, la mayoría en la zona conurbada de Cuernavaca. 16 en la ciudad, 9 en Temixco, 3 en Jiutepec, 3 en Emiliano Zapata, 6 en Xochitepec, 3 en Puente de Ixtla, y 2 en Cuautla, Jojutla y en Tlaquiltenango, y 1 en Tepoztlán, Miacatlán, Ayala, Amacuzac y Zacatepec. La desaparición de mujeres sigue un patrón similar: 11 en la ciudad de Cuernavaca, 7 en Jiutepec, 2 Xochitepec, 1 en Emiliano Zapata, 2 en Jojutla, 1 en Puente de Ixtla, 1 en Cuautla , 2 en Temixco, 2 en Tepoztlán, 3 en Yautepec , 1 en Tlaquiltenango y 1 en Tlaltizapan.” (Tomado de: Roberto González Villareal. 2015. Desaparecidos en Morelos… Conferencia en el PRODH. CIDHM. Manuscrito. 5 de Agosto).
Sin embargo, estas cifras deben tomarse con mucho cuidado. Por dos cuestiones: la primera es la enorme tasa de subregistro en todas las estadísticas criminales. En México más del 90%. Algunas asociaciones de familiares en lucha por la presentación de sus desaparecidos, hablan de que por cada 10 casos reales, se denuncia menos de 1. Y se atienden y resuelven mucho menos. Los cálculos más arriesgados dicen que menos del 2% de las denuncias se resuelven. La segunda razón es porque estos datos sólo dan cuenta de las denuncias registradas durante 2014 y 2015, aunque se puedan referir a desapariciones ocurridas años antes. Por lo que el subregistro aumenta considerablemente. Tan es así que hace apenas dos años, más o menos por el 2013, se reconocían en Morelos más de mil desapariciones ocurridas entre 2011 y 2012, así que todas estas cuestiones siguen esperando una clarificación y un estudio especial por parte de las autoridades responsables.
En la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos A.C., hemos recibido testimonio de familiares de las mujeres desaparecidas, pero cuando han transcurrido meses, años de su desaparición, y no se tiene avance alguno en las investigaciones, que lleva a cabo la Fiscalía del Estado de Morelos a través de su Unidad Especializada en Investigación de Personas Extraviadas o no localizadas, la situación es motivo de alarma, máxime porque la práctica de la Desaparición es un Crimen de Estado, que se alimenta de la Impunidad y la Desmemoria. Aunque existen elementos que obran en poder de las autoridades para avanzar en las investigaciones, y que las familias han aportado, señalan que no se han utilizado todas las herramientas de investigación al alcance de la instancia de Procuración de Justicia para encontrarlas/os. Por eso exigimos que, así como se logró una Ley Estatal en Morelos haya una Ley General contra la Desaparición Forzada que tome en cuenta los aportes de familiares y defensoras de derechos humanos. Así también, deberían funcionar todas las instancias para que existan verdaderas acciones para la búsqueda y localización, para hacer justicia y esclarecer los hechos y lograr la verdad como un derecho humano fundamental, para evitar la repetición de estas desapariciones que llenan de oprobio a las autoridades y hunden en la desesperación a quienes la padecen. Estar en alerta implica actuar en consecuencia con todas las medidas urgentes y necesarias para enfrentar y detener hasta erradicar toda clase de violencia contra las mujeres.
No más simulación, no más omisión, no más revictimización. No se trata sólo de conmemorar a algunas víctimas, sino lograr que haya justicia y verdad para todas y todos.

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