Archivo de la etiqueta: desaparecidos

URGE EN MORELOS ESTABLECER EL MECANISMO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS.

A pesar de que la Ley contra la Desaparición Forzada en Morelos se aprobó por la LII Legislatura y se publicó el 3 de agosto de 2015, ésta no ha sido aplicada hasta el momento, además de incumplir con la aplicación de las disposiciones de la Ley Federal en la materia, por lo que urge que el actual Gobierno tome medidas y subsane las omisiones previas para atender, investigar, sancionar y erradicar ésta práctica de Lesa Humanidad. Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos impulsamos ésta Ley, por lo que demandamos integrar de manera inmediata los Mecanismos Garantes de los derechos de familiares y víctimas de Desaparición Forzada en Morelos.

En ésta ley se establece en el TÍTULO V, MECANISMOS GARANTES, en su CAPÍTULO II, sobre el MECANISMO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS, señala con toda claridad en su “Artículo 22.- Tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la Atención de Víctimas y Familiares de las Personas Desaparecidas. Todas las medidas que lleve a cabo el Estado deberán ser realizadas sin discriminación alguna. Por ello se considerará el idioma, la edad, el entorno psicosocial, la preferencia sexual, si pertenece a un determinado grupo étnico, o cualquier otra situación o condición para que se pueda acceder a la Justicia. Artículo 23.- El Mecanismo estará integrado por un Comité Consultivo, quedando de la siguiente manera su conformación: a) Un representante de la Secretaría de Gobierno, con poder de toma de decisión, quien la Presidirá; b) Dos representantes de la Comisión, con poder de toma de decisión; c) Un representante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, con poder de toma de decisión; d) Un representante del Sistema DIF Morelos, con poder de toma de decisión; e) Un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, quien coordinará el Mecanismo, con poder de toma de decisión; y f) Dos personas en representación de las organizaciones de la sociedad civil encargadas del seguimiento de los casos de personas desaparecidas. La función de las personas integrantes del Comité Consultivo será de carácter honorífico y todas contarán con derecho a voz y voto.”

Aunque en recientes declaraciones el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Roberto Cabrera Alfaro, anunció que en los próximos días se echará a andar el Sistema Nacional de Búsqueda, un mecanismo interinstitucional, cuyo objetivo es conjuntar los esfuerzos y las políticas públicas en esa materia. Este Sistema deberá diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre los órdenes de Gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.

En 25 entidades, incluyendo Morelos, no existe una comisión local de búsqueda de personas, y en 11 no se cuenta con un organismo de atención a víctimas. El problema de las desapariciones en México es algo que no se ha podido detener, mientras el número de víctimas continúa en aumento. Las familias de las personas desaparecidas tienen el derecho de participar en la elaboración de protocolos de búsqueda y ser tomados en cuenta a la hora de la definición de las acciones a llevar a cabo, como lo establecen los mecanismos garantes establecidos en la LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE Morelos, misma que se puede consultar en http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LDESFORZADAMO.pdf

Es por ello que desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, condenamos la tardanza en la instalación del sistema y solicitamos que de inmediato se emitan las convocatorias correspondientes para crear el MECANISMO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS.

Atentamente

comisión independiente de derechos humanos en Morelos.

Deja un comentario

Archivado bajo desaparecidos

Convocatoria a la marcha del 26 de septiembre 4:30 p.m, del Calvario al zócalo de Cuernavaca.

A 4 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

                     Solidaridad con el movimiento estudiantil universitario.

                      Solución a damnificados del sismo del 19 de Septiembre.

                     Por las diferentes luchas sindicales y sociales en Morelos.

           En el marco del 50 aniversario del movimiento estudiantil y popular de 1968.

Acción colectiva organizada y consciente para luchar en defensa de la vida y la libertad en los campus universitarios, contra el feminicidio y el porrismo, contra estado policiaco y militarismo, en defensa de la educación pública autónoma, gratuita, laica y para todas y todos, un grito que crece en escuelas, facultades y plazas públicas de Cuernavaca y del país, recuperando formas de organización concejistas y democráticas, con elección de delegaciones y comisiones, como es el acuerdo de estudiantes universitarios en Morelos. Exigimos alto a la violencia contra estudiantes y los feminicidios, seguridad en la UNAM y centros educativos, democracia en universidades, escuela gratuita, rendición de cuentas y permanencia de asambleas. Estos son los ejes de la asamblea estudiantil, lo que muestra una radicalización del movimiento estudiantil, defendiendo la educación pública y la exigencia de que los porros sean castigados, mediante la movilización y la protesta, así como en 1968, hasta construir formas de auto organización como el Consejo Nacional de Huelga, no es solo un paralelismo histórico, sino la necesidad de articular las luchas.

Jornadas de lucha del 19 y 26 de septiembre y 2 de octubre. El Estado mexicano ha agraviado desde hace largo tiempo a nuestro pueblo. En este 2018 conmemoramos tres fechas unidas por el dolor y la lucha por la justicia. Este 19 de septiembre se cumplirá 1 año de que miles de personas damnificadas viven en las calles. Porque un sismo dañó las viviendas pero, sobre todo, porque durante este tiempo el Estado se ha negado a asumir su responsabilidad en la reconstrucción, usando la tragedia para lucrar y para asegurar grandes negocios al capital inmobiliario. También, se cumplirán 4 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tiempo en que la Procuraduría General de la República se ha dedicado a justificar una versión ridícula y perversa de los hechos —ya desmontada por científicos expertos internacionales— para hacernos olvidar que fue el Ejército quien tuvo bajo su custodia a los estudiantes. Además, el 2 de octubre se cumplirán 50 años del genocidio perpetrado por el Estado en la Plaza de las Tres Culturas contra las y los estudiantes. Un crimen de lesa humanidad cuyo proceso jurídico admitió solo un muerto —un militar— negando toda posibilidad de justicia y que, por si fuera poco, puso en libertad al ex presidente Luis Echeverría, responsable del ataque.

Apoyamos a las víctimas y los agraviados de estas tres fechas para movilizarnos
conjuntamente en una gran jornada de lucha 19 de septiembre – 26 de septiembre – 2 de
octubre.  Porque nuestra exigencia de justicia sigue en pie, no permitiremos que la ignominia de estos tres momentos sea olvidada y nuestras luchas sean invisibilizadas. Tampoco olvidaremos las deudas históricas como el Jueves de Corpus, Acteal, Aguas Blancas, El Charco, la guardería ABC, Atenco, Villas de Salvárcar, San Fernando y muchos otros episodios de agravio incesante en que nos han quedado a deber la justicia.
Por todo ello, hacemos un llamado a todas las organizaciones fraternas, a los colectivos en
lucha, a las y los individuos que se organizan y a la sociedad civil en general a que nos
acompañen a coordinar esfuerzos para que éstas jornadas de lucha sean amplias y unitarias.
¡19-S Fue el Estado: quien nos tiene viviendo en la calle a un año del sismo!
¡26-S Fue el Estado: quien participó con el Ejército en la desaparición de los 43!
¡2-O Fue el Estado: quien nos masacró en Tlatelolco!

Invitamos a participar en la marcha del 26 de septiembre a las 4:30 p.m, del Calvario al zócalo de Cuernavaca.

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales.

Deja un comentario

Archivado bajo Derecho a la educación, desaparecidos, jovenes

A 45 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La desaparición de 43 estudiantes normalistas durante la noche del 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, marcó el gobierno de Peña Nieto. Los 43 se convirtieron en un símbolo de las decenas de miles de inocentes que también han desaparecido en la supuesta guerra cínica e ineficaz contra los cárteles del narcotráfico que ha diseminado la complicidad penal y la corrupción por todos los niveles del gobierno. El gobierno decía de dientes para afuera que aceptaba las recomendaciones de los expertos y de otras organizaciones internacionales, pero estaba determinado a cerrar el caso en sus propios términos. En el transcurso del año pasado, básicamente abandonó la investigación. Los estudiantes siguen desaparecidos. El tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad integrada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Ministerio Público de la Federación también formará parte de la comisión, pero su participación será subordinada. Las organizaciones internacionales que han seguido el caso, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, también participarán. El gobierno no tardó en manifestar su desacuerdo con la resolución. México necesita justicia para los 43 estudiantes. Establece las graves irregularidades en que incurrió PGR y ordena crear un mecanismo extraordinario de justicia y verdad. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito, al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dada la gravedad de las irregularidades detectadas, así como la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala. Saludamos la resolución del Tribunal como un importante aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso. Frente a los múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Gobierno federal respondió siempre que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria. Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial. Las impugnaciones que derivaron en esta sentencia fueron presentadas por algunos de los acusados, que refirieron haber sido objeto de tortura. No se trata de juicios promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. La sentencia pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y, en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes. En ese sentido, confirma que la investigación puso especial énfasis en la obtención de declaraciones mediante coacción y que estas alegaciones de tortura y malos tratos no han sido investigadas adecuadamente. Así los magistrados, en el párrafo 764 de la sentencia, señalan: “En el caso, no sólo son las alegaciones sobre tortura, las que involucran al personal de la SEIDO, sino además se cuenta con múltiples casos en los que las personas aseguradas sufrieron lesiones o incremento de las mismas, hasta en tanto estuvieron a disposición de dicha Unidad”. La sentencia también insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía; por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma. Un ejemplo claro de la ausencia de independencia e imparcialidad es lo referido por los magistrados en el párrafo 1033 de la sentencia, pues establecen:  “…no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”. Otro ejemplo es lo señalado por los Magistrados en los párrafos 1148 y 1149 de la sentencia, pues en los mismos establecen: “1148…la investigación precedente, que en general estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el Río San Juan”. La sentencia ordena crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párr. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR. Para su conformación, la resolución pone especial énfasis en la necesidad de que participen las víctimas, sus representantes, la CNDH y organismos internacionales. En este sentido, destaca que el Tribunal refrende la relevancia que ha tenido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el presente caso e inste a que en la nueva etapa de investigación éste sea escuchado mediante sus integrantes, afirmando que “no sólo sería factible sino además recomendable que se vislumbrara un nuevo período de participación” del Grupo (párr. 1134). La resolución del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito viene a confirmar que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha, que el paradero de las víctimas no está esclarecido y que el actual Gobierno federal incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación. Por virtud de la sentencia, esta valoración ya no proviene solo de instancias internacionales, sino que ha sido establecida por un tribunal nacional. Como señala el Tribunal, “es necesario que el asunto sea conducido bajo una nueva óptica y etapa” (parr. 1151). Dada la reiterada resistencia del gobierno de Peña Nieto a descartar definitivamente la hipótesis oficial, exigimos un compromiso público de que en lo que resta del sexenio se cumplirá el fallo y no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del mismo. Toda vez que la sentencia hoy emitida es insistente en que los derechos de las víctimas deben ser el centro de la investigación, desde este momento se hace un llamado a los tres Poderes de la Unión, para que cualquier acción relacionada con la implementación de este fallo sea previamente consultada y acordada con las víctimas y sus representantes.

Para las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la detención y presentación de una persona como participante fundamental de la desaparición de sus hijos a sabiendas de que las autoridades federales conocían que se trataba de una persona ajena a los hechos “viola el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad en su conjunto” y constituye un nuevo y preocupante agravio. Erick Uriel Sandoval Rodríguez, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) presentó como un presunto participante en el caso Ayotzinapa apodado “La Rana” o “El Güereque”, es una persona ajena a los hechos y distinta de quien algunos testigos e indiciados señalan con ese apodo. También señaló que advirtió a la Procuraduría de esta irregularidad, pero ésta decidió seguir adelante con las acusaciones contra el profesor de Educación Física. Señalaron que “es indignante que a estas alturas, pese a que subsiste la atención de la opinión pública sobre el caso e incluso un monitoreo estrecho por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la PGR intente sorprender a las víctimas y a la sociedad. Por ello, las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía exigimos el acatamiento de la sentencia en sus términos.

¡Ayotzinapa vive, nos faltan 43 y miles más!

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

Deja un comentario

Archivado bajo desaparecidos

Pronunciamiento por una Ley que tome en cuenta a los familiares de desaparecidos.

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética hemos dado respuesta positiva al llamado de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para lograr la presentación con vida de sus hijos. En el marco del Día Internacional contra la Desaparición Forzada, diversos colectivos de familiares han elevado una petición al Congreso de la Unión para que la Ley General contra la Desaparición Forzada incorpore sus propuestas, que exigimos sean escuchadas.

 

La Desaparición de personas en México, en la última década, ha tomado dimensiones como nunca en la historia reciente de nuestros Pueblos, el Comité de Desapariciones de Naciones Unidas, señaló que la “información recibida (…) ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”

En nombre de cientos de familiares de todo el país exigimos que la voz de las familias sea tomada en cuenta, que nuestras voces sean verdaderamente escuchadas. La Secretaría de Gobernación reconoció que al 31 de diciembre de 2014 había en México más de 25,230 personas desaparecidas. Sin contar una enorme cifra negra de quienes no han denunciado por diversos motivos. Vivimos una enorme tragedia, una crisis humanitaria que no ha sido reconocida y asumida en su verdadera dimensión, por quien tiene la responsabilidad de esta situación, el Estado.

 

Sabemos que una legislación sobre desaparición forzada y desaparición por particulares no es la solución al problema, que se tienen que hacer muchas cosas más, que se tienen que terminar la complicidad y la impunidad que han dado origen y mantienen esta situación, a pesar de esto, esperamos una ley que nos dé más y mejores herramientas para encontrar a nuestros desaparecidos.

 

Por ello, reclamamos nuestro derecho a participar en la elaboración de esta ley y la legislación correspondiente. Tenemos un aporte fundamental, producto de nuestra experiencia y del diálogo entre nosotros que nos ha permitido construir una visión común y propuestas conjuntas.

 

Hemos realizado junto con numerosas organizaciones civiles y el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas un proceso de consulta con eventos regionales y sectorial: una Consulta de la región occidente; un Encuentro de las organizaciones del Norte; un encuentro de las organizaciones del Centro y regiones cercanas; una reunión de trabajo con quienes abordan los casos de personas migrantes desaparecidas en nuestro país ; otra familiares que pertenecen a comunidades indígenas del sur de México; finalmente una consulta con familiares de desaparecidos de los años setentas.

 

Tuvimos también varias reuniones de trabajo nacionales para definir los puntos fundamentales de los que debe estar en la ley para que no se convierta en letra muerta, para que elimine efectivamente los obstáculos que hemos encontrado, que genere condiciones reales de investigación y búsqueda potenciando y articulando la acciones del Estado con este propósito; que reconozca y garantice el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las medidas de no repetición.

 

Esta Ley debe tener como principios:

 

Reconocer la problemática de las desapariciones forzadas y las desapariciones por particulares en su verdadera dimensión y profundidad: la magnitud, las causas estructurales y condiciones que han generado esta crisis de derechos; las limitaciones y vicios del quehacer institucional, todo ello para dar una respuesta en la medida y alcance necesaria para encontrar a todas las personas desaparecidas.

 

Garantizar la participación de los familiares en la formulación e implementación de la ley, entendiendo ésta como trabajo en conjunto, diseñando para ello los mecanismos y procedimientos adecuados.

 

La ley debe contemplar mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano sobre el desempeño de los servidores públicos y las instituciones en su implementación.

 

Queremos que esta sea una ley desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas.

 

Características de la Ley General:

 

Debe ser una ley Integral, que aborde las diferentes dimensiones de esta problemática.

En ella debe ampliarse el concepto de persona desaparecida para que sea reconocida como sujeto de derecho.

Debe ser autoaplicativa para que con su entrada en vigor se convierta en obligatoria para todas las instituciones en los tres niveles de gobierno.

La ley debe incluir y ser aplicada a todas las desapariciones, las del pasado, presente y las que desgraciadamente puedan ocurrir en el futuro.

La ley debe atender las desapariciones de personas migrantes, y tener un enfoque trasnacional.

Debe formularse desde una visión de derechos y con perspectiva de género.

La ley debe prever un enfoque diferenciado en atención a los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad.

Entendemos que más allá de una ley, se requiere una legislación amplia en la materia. A partir de su aprobación debe generarse un proceso de armonización con todas las leyes y ordenamientos que se requieran para hacer posible su cabal cumplimiento.

A partir de su publicación se debe generar un proceso de información, capacitación y sensibilización de los funcionarios responsables de aplicarla.

Para que se convierta en un instrumento efectivo para los familiares de las personas desaparecidas, debe redactarse en un lenguaje sencillo y ser accesible para todos.

Finalmente la ley debe garantizar las condiciones para la búsqueda inmediata de la persona desaparecida, la investigación científica, transparente y expedita, así como contemplar sanciones a los actores materiales e intelectuales que hayan obstruido la investigación o la búsqueda, a quienes dieron la orden de perpetrar la desaparición, y a quienes de cualquier manera oculten información sobre el paradero de la persona.

 

Petición: Por lo anterior, exigimos a los poderes del Estado un proceso de diálogo horizontal con los colectivos de familiares, organismos de la sociedad civil, legisladores y representantes del ejecutivo federal para la elaboración de la ley y su implementación.

 

Para avanzar en este proceso, entregamos los contenidos básicos de nuestra propuesta, así como algunos insumos adicionales, con el compromiso de continuar entregando los resultados de las consultas realizadas con las organizaciones de familiares.

 

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Atentamente.

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética.

 

Deja un comentario

Archivado bajo desaparecidos