Archivo de la etiqueta: desaparición forzada

A 45 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La desaparición de 43 estudiantes normalistas durante la noche del 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, marcó el gobierno de Peña Nieto. Los 43 se convirtieron en un símbolo de las decenas de miles de inocentes que también han desaparecido en la supuesta guerra cínica e ineficaz contra los cárteles del narcotráfico que ha diseminado la complicidad penal y la corrupción por todos los niveles del gobierno. El gobierno decía de dientes para afuera que aceptaba las recomendaciones de los expertos y de otras organizaciones internacionales, pero estaba determinado a cerrar el caso en sus propios términos. En el transcurso del año pasado, básicamente abandonó la investigación. Los estudiantes siguen desaparecidos. El tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad integrada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Ministerio Público de la Federación también formará parte de la comisión, pero su participación será subordinada. Las organizaciones internacionales que han seguido el caso, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, también participarán. El gobierno no tardó en manifestar su desacuerdo con la resolución. México necesita justicia para los 43 estudiantes. Establece las graves irregularidades en que incurrió PGR y ordena crear un mecanismo extraordinario de justicia y verdad. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito, al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dada la gravedad de las irregularidades detectadas, así como la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala. Saludamos la resolución del Tribunal como un importante aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso. Frente a los múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Gobierno federal respondió siempre que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria. Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial. Las impugnaciones que derivaron en esta sentencia fueron presentadas por algunos de los acusados, que refirieron haber sido objeto de tortura. No se trata de juicios promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. La sentencia pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y, en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes. En ese sentido, confirma que la investigación puso especial énfasis en la obtención de declaraciones mediante coacción y que estas alegaciones de tortura y malos tratos no han sido investigadas adecuadamente. Así los magistrados, en el párrafo 764 de la sentencia, señalan: “En el caso, no sólo son las alegaciones sobre tortura, las que involucran al personal de la SEIDO, sino además se cuenta con múltiples casos en los que las personas aseguradas sufrieron lesiones o incremento de las mismas, hasta en tanto estuvieron a disposición de dicha Unidad”. La sentencia también insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía; por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma. Un ejemplo claro de la ausencia de independencia e imparcialidad es lo referido por los magistrados en el párrafo 1033 de la sentencia, pues establecen:  “…no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”. Otro ejemplo es lo señalado por los Magistrados en los párrafos 1148 y 1149 de la sentencia, pues en los mismos establecen: “1148…la investigación precedente, que en general estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el Río San Juan”. La sentencia ordena crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párr. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR. Para su conformación, la resolución pone especial énfasis en la necesidad de que participen las víctimas, sus representantes, la CNDH y organismos internacionales. En este sentido, destaca que el Tribunal refrende la relevancia que ha tenido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el presente caso e inste a que en la nueva etapa de investigación éste sea escuchado mediante sus integrantes, afirmando que “no sólo sería factible sino además recomendable que se vislumbrara un nuevo período de participación” del Grupo (párr. 1134). La resolución del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito viene a confirmar que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha, que el paradero de las víctimas no está esclarecido y que el actual Gobierno federal incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación. Por virtud de la sentencia, esta valoración ya no proviene solo de instancias internacionales, sino que ha sido establecida por un tribunal nacional. Como señala el Tribunal, “es necesario que el asunto sea conducido bajo una nueva óptica y etapa” (parr. 1151). Dada la reiterada resistencia del gobierno de Peña Nieto a descartar definitivamente la hipótesis oficial, exigimos un compromiso público de que en lo que resta del sexenio se cumplirá el fallo y no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del mismo. Toda vez que la sentencia hoy emitida es insistente en que los derechos de las víctimas deben ser el centro de la investigación, desde este momento se hace un llamado a los tres Poderes de la Unión, para que cualquier acción relacionada con la implementación de este fallo sea previamente consultada y acordada con las víctimas y sus representantes.

Para las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la detención y presentación de una persona como participante fundamental de la desaparición de sus hijos a sabiendas de que las autoridades federales conocían que se trataba de una persona ajena a los hechos “viola el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad en su conjunto” y constituye un nuevo y preocupante agravio. Erick Uriel Sandoval Rodríguez, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) presentó como un presunto participante en el caso Ayotzinapa apodado “La Rana” o “El Güereque”, es una persona ajena a los hechos y distinta de quien algunos testigos e indiciados señalan con ese apodo. También señaló que advirtió a la Procuraduría de esta irregularidad, pero ésta decidió seguir adelante con las acusaciones contra el profesor de Educación Física. Señalaron que “es indignante que a estas alturas, pese a que subsiste la atención de la opinión pública sobre el caso e incluso un monitoreo estrecho por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la PGR intente sorprender a las víctimas y a la sociedad. Por ello, las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía exigimos el acatamiento de la sentencia en sus términos.

¡Ayotzinapa vive, nos faltan 43 y miles más!

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo desaparecidos

¿Quién es quién en los derechos humanos en Morelos? Desaparición Forzada.

De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General Región Oriente, Metropolitana y Sur Poniente, a través del IMIPE, las mujeres reportadas como desaparecidas en el Estado son 1742 y 1425 hombres. Aún están en calidad de desaparecidas 207 mujeres y 333 hombres. Es decir, un total de 540 personas.

La Fiscalía Región Oriente reporta datos desde el 2009, la Fiscalía Región Metropolitana desde el 2011 y la Fiscalía Región Sur Poniente desde el 2008. Es así que constatamos que no hay una Base de Datos única para registrar la Desaparición Forzada en el Estado, asimismo, tampoco se cuenta con un registro de todos los casos ocurridos en el Estado, pues aunque solicitamos la información desde el año 2000, sólo nos proporcionaron ésta información.

Así pues, durante los tres últimos sexenios, de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006), Marco Adame Castillo (2006-2012) y Graco Ramírez (2012-2018), no se reconoció la problemática de la Desaparición Forzada en la entidad, ni realizó acciones para investigar, prevenir, atender, sancionar y erradicarla. Hasta que el 15 de julio de 2015 se aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos (http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LDESFORZADAMO.pdf).

En cuanto a las y los titulares de la Fiscalía General Estado, antes Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),  podemos decir que:

Uriel Carmona Gándara, Fiscal actual (2018). Se comprometió en una reunión con el Sub-Secretario de Derechos Humanos de Gobernación atender el tema. Sin embargo no se han visto resultados todavía. No se ha creado la Comisión de Búsqueda ni se ha nombrado a su Titular que debió iniciar su función el 16 de abril del 2018, como lo establece la Ley General En Materia De Desaparición Forzada De Personas, Desaparición Cometida Por Particulares Y Del Sistema Nacional De Búsqueda De Personas(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf)

Javier Pérez Durón (2015-2018). Eximió al Gobernador Graco Ramírez de cualquier responsabilidad en las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla. Dejó la Fiscalía sin un solo consignado por ésos hechos.

Rodrigo Dorantes (2013-2015). En su periodo se descubrió la fosa clandestina en Tetelcingo, Cuautla, donde fueron inhumados 150 cadáveres que habían sido depositados de manera irregular por la propia Fiscalía.

Pedro Luis Benítez Vélez (2009-2012) y Mario Vázquez Rojas (2012). Se suscitó el caso de Jethro Ramsses Sánchez Santana, desaparecido, torturado y asesinado en 2011. Fue detenido por Policías Municipales de Cuernavaca  y entregado a la Policía Federal, quienes lo entregaron a elementos del Ejército Mexicano de la 24 Zona Militar. Su caso estuvo en manos de ambos procuradores.

Francisco Coronato Rodríguez (2006-2009). Durante su período, el 25 de abril de 2009, detienen y desaparecen a 4 jóvenes. Se responsabilizó a la Policía Ministerial del Estado.

Los anteriores titulares de la PGJ fueron José Luis Uriostegui Salgado (2000), Guillermo Tenorio (2000-2004), Hugo Bello (2004-2005) y Claudia Aponte Maysse (2005-2006). En sus periodos no hubo ninguna acción encaminada a investigar y erradicar la Desaparición Forzada.

Finalmente podemos decir que los gobernantes están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes  en beneficio de la población y que asumen un cargo público para garantizar los Derechos Humanos, así como rendir cuentas de su actuación al frente de las instituciones.

¡Ni una persona desaparecida más, ya basta de impunidad!

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Deja un comentario

Archivado bajo desaparecidos

En el corazón 43 x 43.

Boletín de prensa abril 2018

 Este 26 de abril se cumplen 43 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raul Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, durante la noche de Iguala.

El Gobierno sigue sin presentar avances del caso, por el contrario se empeña en mantener su mentira histórica pese a las inconsistencias científicas y facticas de esta hipótesis. Con todo esto el Gobierno pretende cerrar este caso, sin esclarecerlo, para no dejar un proceso abierto al término de su mandato.

 Por ello los Padres y Madres de familia de los 43 y las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberania Alimentaria y Energetica y los Derechos de las y los Trabajadores convocamos a todas las organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, obreras, mujeres, indígenas, LGBTTTI y a todas las personas a participar y elevar su voz por las injusticias que padecemos y por la presentación con vida de los 43 y miles más de desaparecidos en el País, en estos 43 meses del crimen más abominable en la historia reciente de México.

Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural Isidro Burgo de Ayotzinapa, en México, exigieron a los candidatos presidenciales y a la Procuraduría General de la República (PGR) que no abandonen la búsqueda y las investigaciones del paradero de estos jóvenes. No se inclinarán a favor de ningún candidato presidencial, porque toda la clase política es responsable de que no se haya hecho justicia ni detenido a los culpables. De cara a las elecciones presidenciales el Gobierno ni siquiera tiene la intención de ofrecer avances en las líneas de investigación.Por eso decimos que no debe de cerrarse el caso, como pretende el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que hizo durante 2017 fue sólo administrar el tiempo.

 En el marco de las Jornadas de lucha “En el corazón 43 x 43” que llevamos a cabo las Madres y Padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, protestamos en las instalaciones de los Pinos, solicitando el cumplimiento de los acuerdos firmados en la reunión del 29 de octubre de 2014. En esa reunión el Presidente de la República se comprometió a llegar al fondo del asunto hasta encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos. Sin embargo a los 43 meses de la desaparición de nuestros hijos, no hay avances concretos, por el contrario, pretenden cerrar nuestro caso. Al finalizar la protesta la Policía de la Ciudad de México (CDMX) empezó a replegarnos haciéndose un enfrentamiento en el que resultaron 6 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa lesionados. Cuarenta y tres meses de sufrimiento indescriptible, cuarenta y tres meses de caminar, de buscar por todos lados, cuarenta y tres meses de engaño y afrenta de los malos Gobiernos, pero al parecer a los malos gobiernos no les basta lo que nos han hecho, ahora quieren silenciarnos.

 Pero desde aquí les decimos no pararemos, no nos intimida la fuerza policial, nuestras actividades continuarán como están planeadas.

 ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Comité de Padres y Madres de los 43 y Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

Deja un comentario

Archivado bajo desaparecidos

A 29 años de la desaparición forzada de José Ramón García Gómez en Morelos.

Al cumplirse 29 años de la desaparición forzada de José Ramón García Gómez en Morelos no olvidamos y seguimos exigiendo verdad, justicia y castigo a los culpables, para evitar que continúen las desapariciones de manera impune que ya eleva el número de desapareciones a más de 32 mil en todo el país, y la aprobación de la oprobiosa Ley de seguridad Interior el día de ayer por el Congreso de la Unión prefigura un proceso de militarización y represión que podría disparar la cantidad de desapariciones forzadas de activistas y ciudadanos que se opongan a las políticas neoliberales y autoritarias del gobierno en medio de la crisis de dominación del régimen en la coyuntura electoral del 2018. Recordemos que fue precisamente la lucha contra el fraude electoral del salinismo lo que originó la desaparición de José Ramón en Cuautla, Morelos.

El 16 de diciembre de 1988 a José Ramón García Gómez  lo detuvieron en Cuautla unos policías. Los agentes policiacos que lo detuvieron formaban parte del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial, dirigido por Antonio Nogueda y al mando del Comandante Apolo Bernabé Ríos García, creado por mandato del entonces Gobernador Antonio Riva Palacio López, y quien fuera asesor de este gobierno hasta su muerte. Los tres ya fallecidos sin que se hubiese cumplido la justicia. Para investigar el caso se emitieron recomendaciones de la CNDH que pueden ser consultadas  en línea: (http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/1991/Rec_1991_005.pdf)

Durante la investigación de la Fiscalía Especial creada para el caso José Ramón, se logró encontrar una tumba clandestina en el panteón de Amilcingo, en Temoac, donde se encontraron 17 cuerpos de desaparecidos reclamados por esposas que se identificaron como «Las Viudas de Amilcingo» y que aún siguen esperando que haya verdad y justicia. Similitudes con la situación actual por la práctica política de utilizar la desaparición forzada como una biopolítica del poder en contra de luchadores sociales, ahora extendida a miles de personas mediante la acción, omisión o aquiescencia del Estado. Aún a pesar de que haya significativos avances en el instrumental jurídico para investigar, sancionar, prevenir y erradicar la desaparición forzada, que no existía tres décadas atrás, y que ahora existe en el marco internacional con la Convención sobre Desaparición forzada, el Comité ad hoc de la ONU y con la Ley en la materia vigente en Morelos desde el 2 de septiembre de 2015 y la Ley sobre Desaparición Forzada aprobada recientemente por el Congreso de la Unión y publicada hace unas semanas en 2017 (LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN
COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504956&fecha=17/11/2017).

¿Quién tiene la certeza de lo que puede haber ocurrido a un desaparecido hace 29 años? Nadie. Interrogantes que se acumulan y muestran la sinrazón de la barbarie. Las razones de Estado por encima de la racionalidad humanitaria. A 29 años de la desaparición de José Ramón decimos que no olvidamos, porque una sociedad que olvida los crímenes de lesa humanidad está irremediablemente condenada a repetirlos una y otra vez. Y no debemos acostumbrarnos al horror cotidiano. No lo aceptamos como si fuera la única alternativa impuesta desde el poder. Se ha mantenido la lucha histórica de las doñas del Comité Eureka y las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros cientos de organizaciones, para buscar y localizar a las y los desaparecidos, en cárceles clandestinas y campos militares, no solo en tumbas clandestinas. Como asegura Rosario Ibarra: “Durante 40 años hemos buscado la verdad y hemos encontrado muchos rastros, pero mientras no tengamos la certeza, para nosotros, su familia y para todos los que luchan por encontrar a los suyos detenidos-desaparecidos en las cárceles clandestinas del mal gobierno, los seguimos reclamando “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, es mucho más que una consigna, representa una esperanza de que tarde o temprano se esclarecerá el destino y paradero de todos y todas las personas desaparecidas”, miles en todo el país y en Morelos el caso de José Ramón que no olvidamos.

De José Ramón a la actualidad hay una historia de desapariciones que lacera la dignidad humana.

Cuando desaparecieron a José Ramón García Gómez en 1988 se iniciaba el terrible sexenio de Salinas de Gortari que significó más de 600 asesinatos de activistas de oposición. Fue necesario realizar una marcha por la vida a Gobernación, huelgas de hambre, mítines y foros internacionales, intervención de Amnistía Internacional y la creación de una Fiscalía Especial, para enjuiciar a los responsables directos pero no así a los que ordenaron la creación de una policía represiva y una política violatoria a los derechos humanos, mismos que siguen impunes. El PRI-Gobierno manchado de sangre. No puede haber justicia si no se establece plenamente la verdad de lo ocurrido. José Ramón no era terrorista como lo presentaron los informes policiacos. De José Ramón nunca se ha localizado, ni vivo ni muerto, sus familiares emigraron o han muerto, sin despejar una duda lacerante sobre lo ocurrido con él. Ante los miles de desaparecidos en México durante la absurda guerra de Calderón y Peña Nieto, estos ejemplos muestran que es necesario seguir exigiendo el respeto pleno a la vida y la libertad, entendiendo el binomio verdad-justicia como parte sustancial de la lucha contra la desaparición forzada en nuestro país. Una desaparición forzada ocurre cuando una autoridad (o un particular actuando con la protección de una autoridad) detiene a alguien, luego niega tal detención y no da información sobre la suerte o paradero de la persona afectada, con lo que la sustrae de la protección de la ley. La tipificación debe cumplir con todos los elementos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; incluyendo todos los elementos del delito reconocidos por los tratados internacionales y por el derecho internacional consuetudinario: la imprescriptibilidad y el carácter permanente del delito, la imposibilidad de conceder indultos o amnistías, la imposibilidad de considerar la obediencia a superiores como justificación de este crimen y una protección especial a ciertos sectores como migrantes, indígenas, niños, mujeres embarazadas y personas adultas mayores.

Ante la aprobación de la ley de Seguridad Interior, llamamos a la población a no permitir estigmatizar a las personas que haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta social, sale a las calles a manifestar su inconformidad. Pues no es el pueblo el que ejerce la violencia, es el Estado, quien de manera sistemática violenta todos los días nuestros derechos fundamentales,  y quien ejerce la violencia para cerrar cada vez más los espacios de manifestación y disidencia, lo que hace es criminalizar la protesta social. La protesta social es un derecho humano y el Estado es quien está obligado a garantizarlo y también es nuestra obligación ejercerlo y hacerlo respetar. Por ello, debemos continuar la lucha porque el derecho a no ser detenido desaparecido sea una realidad y los desaparecidos sean presentados con vida y los responsables sean castigados. Conforme lo establecen los tratados internacionales vinculantes suscritos y ratificados por México, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la desaparición forzada es un delito de carácter permanente. Este delito persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a los familiares de la víctima mientras se desconoce el paradero de la persona desaparecida. Además del carácter de delitos permanentes que tienen las desapariciones, otro motivo por el cual es indispensable que se investiguen y juzguen los casos ocurridos durante el gobierno anterior y el actual, es que algunas personas que fueron obligadas a confesar mediante torturas aún se encuentran encarceladas por delitos que no cometieron. El clima de violencia, miedo, falta de solidaridad que crea la militarización tiene un efecto de control social y de una suerte de “limpieza social” cuando resulta que la mayoría de las víctimas de esta guerra son pobres, jóvenes y mujeres, estigmatizados como delincuentes, sicarios o narcos. El clima de miedo estimula o busca justificar los llamados a más represión, control militar o policiaco, reformas legales que incremente penas y también la venganza en vez de la justicia. Siendo diferentes los casos derivados de la represión política contra la disidencia, como son los desaparecidos que reclamamos, de los casos actuales derivados de la llamada guerra contra la delincuencia, hay un punto de continuidad. El salvajismo, la crueldad y el cinismo que vemos en la actualidad están alimentados por la impunidad que ha prevalecido en relación a los casos del periodo anterior. Por lo anterior es que el problema es político, de responsabilidad y voluntad políticas y no simplemente de nuevas leyes.  Los crímenes de lesa humanidad lo son desde antes y los derechos violados de las víctimas son derechos sin necesidad de reagruparlos y “volver a reconocerlos”. La descomposición social y política y de instituciones del Estado que se vive actualmente hace que, aunque hay ahora una mayor conciencia y preocupación por los derechos humanos en la sociedad que cuando empezamos nuestra lucha por la presentación de los desaparecidos, la impunidad, falta de voluntad política de la autoridad en todos sus niveles, la corrupción y complicidad frente a este delito de lesa humanidad y las demás violaciones a derechos humanos convierte avances legales, en gestos que son utilizados por el poder para ponerse una máscara y hacerse propaganda como respetuoso y preocupado por la vigencia de estos derechos, al mismo tiempo que los atropella y viola sistemáticamente. Por ello, en Morelos es fundamental que se aplique de manera eficaz la ley en contra de la desaparición forzada, se apliquen los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas y se termine con la criminal práctica de la detención-desaparición forzada por parte del gobierno y las corporaciones policiacas y militares. Será la forma de reconocer que a 29 años de la desaparición de José Ramón no haya más impunidad, que la verdad y la justicia vayan de la mano y que nunca más se vuelva a repetir esta represión política contra activistas y luchadores sociales.

Comisión Independiente de Derechos humanos de Morelos A.C        

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales.

Deja un comentario

Archivado bajo desaparecidos

Pronunciamiento por una Ley que tome en cuenta a los familiares de desaparecidos.

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética hemos dado respuesta positiva al llamado de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para lograr la presentación con vida de sus hijos. En el marco del Día Internacional contra la Desaparición Forzada, diversos colectivos de familiares han elevado una petición al Congreso de la Unión para que la Ley General contra la Desaparición Forzada incorpore sus propuestas, que exigimos sean escuchadas.

 

La Desaparición de personas en México, en la última década, ha tomado dimensiones como nunca en la historia reciente de nuestros Pueblos, el Comité de Desapariciones de Naciones Unidas, señaló que la “información recibida (…) ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”

En nombre de cientos de familiares de todo el país exigimos que la voz de las familias sea tomada en cuenta, que nuestras voces sean verdaderamente escuchadas. La Secretaría de Gobernación reconoció que al 31 de diciembre de 2014 había en México más de 25,230 personas desaparecidas. Sin contar una enorme cifra negra de quienes no han denunciado por diversos motivos. Vivimos una enorme tragedia, una crisis humanitaria que no ha sido reconocida y asumida en su verdadera dimensión, por quien tiene la responsabilidad de esta situación, el Estado.

 

Sabemos que una legislación sobre desaparición forzada y desaparición por particulares no es la solución al problema, que se tienen que hacer muchas cosas más, que se tienen que terminar la complicidad y la impunidad que han dado origen y mantienen esta situación, a pesar de esto, esperamos una ley que nos dé más y mejores herramientas para encontrar a nuestros desaparecidos.

 

Por ello, reclamamos nuestro derecho a participar en la elaboración de esta ley y la legislación correspondiente. Tenemos un aporte fundamental, producto de nuestra experiencia y del diálogo entre nosotros que nos ha permitido construir una visión común y propuestas conjuntas.

 

Hemos realizado junto con numerosas organizaciones civiles y el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas un proceso de consulta con eventos regionales y sectorial: una Consulta de la región occidente; un Encuentro de las organizaciones del Norte; un encuentro de las organizaciones del Centro y regiones cercanas; una reunión de trabajo con quienes abordan los casos de personas migrantes desaparecidas en nuestro país ; otra familiares que pertenecen a comunidades indígenas del sur de México; finalmente una consulta con familiares de desaparecidos de los años setentas.

 

Tuvimos también varias reuniones de trabajo nacionales para definir los puntos fundamentales de los que debe estar en la ley para que no se convierta en letra muerta, para que elimine efectivamente los obstáculos que hemos encontrado, que genere condiciones reales de investigación y búsqueda potenciando y articulando la acciones del Estado con este propósito; que reconozca y garantice el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las medidas de no repetición.

 

Esta Ley debe tener como principios:

 

Reconocer la problemática de las desapariciones forzadas y las desapariciones por particulares en su verdadera dimensión y profundidad: la magnitud, las causas estructurales y condiciones que han generado esta crisis de derechos; las limitaciones y vicios del quehacer institucional, todo ello para dar una respuesta en la medida y alcance necesaria para encontrar a todas las personas desaparecidas.

 

Garantizar la participación de los familiares en la formulación e implementación de la ley, entendiendo ésta como trabajo en conjunto, diseñando para ello los mecanismos y procedimientos adecuados.

 

La ley debe contemplar mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano sobre el desempeño de los servidores públicos y las instituciones en su implementación.

 

Queremos que esta sea una ley desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas.

 

Características de la Ley General:

 

Debe ser una ley Integral, que aborde las diferentes dimensiones de esta problemática.

En ella debe ampliarse el concepto de persona desaparecida para que sea reconocida como sujeto de derecho.

Debe ser autoaplicativa para que con su entrada en vigor se convierta en obligatoria para todas las instituciones en los tres niveles de gobierno.

La ley debe incluir y ser aplicada a todas las desapariciones, las del pasado, presente y las que desgraciadamente puedan ocurrir en el futuro.

La ley debe atender las desapariciones de personas migrantes, y tener un enfoque trasnacional.

Debe formularse desde una visión de derechos y con perspectiva de género.

La ley debe prever un enfoque diferenciado en atención a los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad.

Entendemos que más allá de una ley, se requiere una legislación amplia en la materia. A partir de su aprobación debe generarse un proceso de armonización con todas las leyes y ordenamientos que se requieran para hacer posible su cabal cumplimiento.

A partir de su publicación se debe generar un proceso de información, capacitación y sensibilización de los funcionarios responsables de aplicarla.

Para que se convierta en un instrumento efectivo para los familiares de las personas desaparecidas, debe redactarse en un lenguaje sencillo y ser accesible para todos.

Finalmente la ley debe garantizar las condiciones para la búsqueda inmediata de la persona desaparecida, la investigación científica, transparente y expedita, así como contemplar sanciones a los actores materiales e intelectuales que hayan obstruido la investigación o la búsqueda, a quienes dieron la orden de perpetrar la desaparición, y a quienes de cualquier manera oculten información sobre el paradero de la persona.

 

Petición: Por lo anterior, exigimos a los poderes del Estado un proceso de diálogo horizontal con los colectivos de familiares, organismos de la sociedad civil, legisladores y representantes del ejecutivo federal para la elaboración de la ley y su implementación.

 

Para avanzar en este proceso, entregamos los contenidos básicos de nuestra propuesta, así como algunos insumos adicionales, con el compromiso de continuar entregando los resultados de las consultas realizadas con las organizaciones de familiares.

 

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Atentamente.

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética.

 

Deja un comentario

Archivado bajo desaparecidos

42 años en busca de su hijo

         

Foto | Proceso

Desde la Guerra Sucia de los años 70 a la Guerra contra el narco, iniciada en diciembre de 2006, en México han surgido múltiples organizaciones de Mujeres que han mantenido, y mantienen, la misma proclama ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La activista Rosario Ibarra, quien suma ya 42 años en busca de su hijo Jesús Piedra Ibarra, explica que “fue él quien me parió politicamente; la fortaleza de sus convicciones, su espíritu rebelde y el valor de sus ideales me empujaron a seguir luchando, pero sobre todo me animó la enorme esperanza de haber encontrado con vida a 148 desaparecidos que estuvieron presos en cárceles clandestinas del Ejército y la Marina”.

En 1977 fundó, junto a otros familiares y mujeres conocidas como Las Doñas, el Comité Eureka, aunque confiesa que “nunca imaginé que nuestro grito resonaría nueva mente por todo el orbe para denunciar los miles de casos de desaparecidos que hay actualmente en México victimas de los sátrapas que hoy nos gobiernan “. A las madres que buscan a sus hijos en la actualidad les diria “Que luchen con toda su fuerza, que defiendan a sus hijos como leonas, que exijan justicia que no cejen en su empeño por en contrarlos”.

Ibarra concluye denunciando que “el responsable de la desaparición forzada es el gobierno de México, la desaparición forzada es una política y terrorismo de Estado que tiene a la justicia secuestrada y desaparecida igual que a nuestros familiares. La corrupción y la impunidad son los pilares con que se sostiene”.

 (Sididh – Prodh)

Deja un comentario

Archivado bajo desaparecidos

Ley contra la desaparición forzada, avances y retrocesos

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos considera que es importante la aprobación de la Ley contra la Desaparición Forzada, a la vez que condena los retrocesos legislativos en la materia. Recordamos que en Morelos ya se cuenta con un ordenamiento legal que incorporó un importante Mecanismo de Búsqueda y Localización, mismo que no se ha instrumentado hasta la fecha por el Ejecutivo Estatal y no ha sido vigilado su cumplimiento por el Legislativo local que aprobó dicha ley en la anterior Legislatura.

Compartimos a continuación tres documentos emitidos por la ONU-DH, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos y la Campaña contra la Desaparición Forzada, integrada por familiares y organizaciones de derechos humanos.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reconoce avances y manifiesta reservas en el proyecto de dictamen Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.

Las reservas se refieren a la falta de capacidades y atributos suficientes de la Comisión Nacional de Búsqueda para responder eficazmente a la problemática de la desaparición en el país.
Tras consulta amplia, organizaciones que conforman el Movimiento reconocen algunos avances para responder a esta grave problemática y hace un llamado al legislativo a aprobar la Ley en este período.
Los familiares de personas desaparecidas enfrentamos un profundo dolor desde que arrancaron a nuestros seres queridos de nuestro lado, y la indolencia y falta de respuesta del Estado. Por esta razón hemos exigido al Estado desde hace décadas una legislación en la materia que nos ayude a encontrarles. Desde hace dos años, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx), que agrupa a más de 40 colectivos en México y Centroamérica, hemos venido trabajando con organizaciones, personas expertas en la materia y con legisladores y legisladoras comprometidas para lograr una Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, impulsando nuestro derecho a participar en el proceso y proponer los componentes mínimos que debería tener la Ley a partir de una amplia consulta con colectivos y organizaciones.

En los últimos días la propuesta que veníamos trabajando con el poder legislativo se vio modificada por las observaciones del Ejecutivo, que según nuestra valoración eran inaceptables, como señalamos oportunamente. Tras conocer la última propuesta y un proceso de consulta con las organizaciones que conforman el Movimiento, reconocemos que el Dictamen tiene aspectos que abonan a que el Estado mexicano atienda la problemática, pero deja grandes pendientes: que si bien se creará una Comisión Nacional de Búsqueda, ésta no contará con policía propia y deberá solicitar colaboración al Ministerio Público para la realización de acciones de investigación, todo ello en disminución de su capacidad operativa.

Asimismo, no existe una claridad sobre los criterios para definir quién será el responsable, ya sea la Federación o autoridades locales, de encabezar la búsqueda de personas desaparecidas, se sigue utilizando el término de no localizados aún cuando es contrario a las recomendaciones internacionales que le han hecho al propio Estado mexicano. También se elimina el supuesto que permitiría, de acuerdo con estándares internacionales, fincar responsabilidades al superior jerárquico cuando en razón de sus funciones debió saber lo que las personas a su cargo realizaban.Para el MovNDmx está claro que el gobierno no cumple con su palabra y la voluntad política que dice tener, pues no está demostrada en todo el dictamen.

Sin embargo, como resultado de la consulta realizada, las familias decidimos acompañar el proyecto, pues si bien vemos que el corazón de la ley, que es la búsqueda, no está como creemos funcionaría mejor, la ley es un instrumento más en nuestra exigencia de buscarles y encontrarles y seguiremos reiterando la necesidad de mecanismos de búsqueda operativos y eficaces. Ahora toca al Estado demostrar que la estructura que propone va a funcionar. Las familias estaremos atentas que así sea.

Hacemos un llamado claro a las y los legisladores en ambas cámaras a aprobar la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares durante este período y honrar su compromiso con nuestro dolor y nuestra lucha por encontrarlos y encontrarlas.

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

La ONU-DH reconoce los avances en la ley de desaparición y lamenta la falta de consenso

en el tema de búsqueda

Luego de más de dos años de discusiones en el Senado, pero sobre todo a casi cuatro décadas de que se empezaron a perpetrar las desapariciones de personas en el país, varias de ellas por agentes del Estado, y con un saldo trágico para miles de familiares, la Cámara Alta aprobó el día de hoy la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoce que la ley turnada a la Cámara de Diputados posee avances para enfrentar uno de los problemas más doloroso, urgente y complejo que enfrenta el Estado mexicano. Dichos avances responden a los estándares y a varias recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, incluidas las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita al país en octubre de 2015.

En efecto, la ley establece un tipo penal de desaparición forzada acorde a los estándares internacionales, reconoce el carácter permanente de la conducta, le confiere el carácter de imprescriptible y determina un régimen de sanciones agravadas en determinados supuestos, así como incentivos para dar con el destino de las personas desaparecidas y los responsables. Además, la legislación plasma la obligación del Estado de buscar a toda persona cuyo paradero se desconozca y establece un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y Comisiones Locales de Búsqueda, las cuales operarán con una serie de herramientas y plataformas de información, como son los registros nacionales de personas desaparecidas, personas fallecidas no identificadas y fosas. Se crean los programas nacionales de búsqueda y exhumaciones y se adopta un enfoque diferenciado para responder a determinadas personas, como migrantes, niñas, niños y adolescentes, y a las víctimas de desaparición forzada ocurridas en el contexto de la así denominada “Guerra Sucia”. La ley también regula la declaración de ausencia y refuerza el derecho a la reparación de las víctimas.

La ONU-DH lamenta que no se haya logrado un consenso en el Senado entre las autoridades, los colectivos de víctimas y quienes les acompañamos en el apartado de búsqueda de personas, el más significativo de los temas materia de esta ley, especialmente en relación a las facultades y recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Será responsabilidad de las autoridades acreditar en los hechos y en el corto plazo que, una vez que se haya expedido la ley, el modelo de búsqueda aprobado por ellas sea capaz de dar los resultados necesarios y hacer posible la localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, la identificación certera, el respeto y la restitución digna de sus restos. Para la ONU-DH, el éxito de esta ley dependerá de sus resultados, especialmente en este apartado.

La ONU-DH expresa su reconocimiento a las personas que desde la institucionalidad mexicana, tanto en el Senado como en el Ejecutivo, hicieron el mayor de sus esfuerzos para impulsar los contenidos positivos de la ley. De igual forma, la ONU-DH reconoce al Movimiento Nacional por Nuestros Desparecidos en México y a la Campaña Nacional en contra de la Desaparición Forzada por su perseverancia, empuje y capacidad de construir propuestas, muchas de ellas derivadas de la experiencia del dolor que supone la desaparición de un ser querido y su búsqueda incansable.

La ONU-DH alienta a la Cámara de Diputados a procesar y aprobar a la brevedad posible esta importante ley.

La ONU-DH está consciente de las dificultades que para los colectivos de víctimas ha implicado un proceso legislativo complejo, les reitera su respeto y hace manifiesto su compromiso de seguir trabajando a su lado en la reivindicación de sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación integral, así como en la adopción de medidas para la no repetición.
Finalmente, la ONU-DH refrenda su plena disponibilidad para seguir trabajando con el Estado mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.

No avalamos una Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares que no cumple con los estándares internacionales y se burla de las víctimas
Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, en lo general, no avalamos el Dictamen de Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares que se está discutiendo en el Senado de la República porque es insuficiente, porque se queda corto ante la gravedad de las desapariciones en el país y porque no cumple, de manera general, con los estándares internaciones en materia de derechos humanos ni con las exigencias de las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y populares agrupadas en la Campaña y de miles de familiares de víctimas en todo el país.

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México reconocemos pequeños avances en la Ley General producto de la constante lucha de diversas organizaciones de víctimas y no de la voluntad política del gobierno, quien nos obliga a denunciar que el espíritu general de la Ley General no corresponde a las exigencias y expectativas de las víctimas.

Durante casi dos años hemos sido testigos de la simulación de diálogo por parte del Gobierno Federal y, durante décadas, de la falta de voluntad política para erradicar las desapariciones forzadas en el país. Ejemplo de ello es que mientras el Gobierno Federal simula el diálogo con diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos, las cifras de desapariciones forzadas se han venido incrementando año con año.

La estrategia del Gobierno Federal, desde un inicio, fue desgastar, tratar de dividir y engañar con falsas promesas a las familias y organizaciones que han venido exigiendo la Ley General. Ante ello, en todos los espacios en los que como Campaña logramos estar presentes, conjuntamente con diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos, dimos la lucha para llevar ante el Gobierno Federal las exigencias de miles de víctimas de desaparición forzada que desde la década de los años sesenta han mantenido la demanda de Justicia y Verdad, intentar menos que eso sería como arrancarle el corazón a quienes han dejado todo por encontrar a sus hijos, a sus familiares.

El dictamen de Ley General que está siendo discutido hoy (26 de abril de 2017) en Comisiones significa un grave retroceso respecto a la propuesta de Ley General que elaboramos las organizaciones agrupadas en la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México entregada al Senado de la República en septiembre del 2015 y en la Cámara de Diputados en septiembre del 2016, y también significa un grave retroceso respecto a los mínimos propuestos por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

El Estado mexicano tuvo la oportunidad histórica de dotar al país de un marco jurídico acorde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y, con ello, dar los primeros pasos para garantizar Verdad, Justicia, Memoria, Reparación integral del daño y Medidas de no repetición, no obstante lo que se presenta en el dictamen de Ley General es una caricatura de lo que realmente necesita hacer el Estado mexicano para erradicar las desapariciones forzadas. Un ejemplo de ello es la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda que en realidad ni es nacional ni tiene las capacidades para buscar.

El Estado mexicano incorporó a su dictamen aquellas exigencias de las víctimas que no tocan el centro de su propuesta y muchas de las exigencias las modificó y redujo para que no lo obligaran a prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, las cuales se presentan en el país de manera generalizada y sistemática.

La lucha por contar con un marco jurídico que prevenga y erradique las desapariciones forzadas no se agota con la promulgación de una Ley General que no cumple de manera general con los estándares internacionales ni con las exigencias de las víctimas. Tomaremos y haremos valer lo poco ganado en el marco jurídico nacional y seguiremos luchando por presentación con vida de todas la víctimas de desaparición forzada, por el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales y para que un día el pueblo mexicano logre tener un gobierno que no tenga como política de Estado el desaparecer a su propia gente.

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, de manera general, NO AVALAMOS el dictamen de Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares por lo siguiente:

1.- Bajo el pretexto de que para activar la Búsqueda inmediata y no caer en actos de incongruencia legal, el Estado mexicano deja en el Dictamen el término persona No Localizada. Este término se utiliza también para nombrar el “nuevo registro” de Personas Desaparecidas, el cual llevará el nombre de Registro Nacional de Persona Desaparecidas y No Localizadas. Con lo cual se demuestra que el Estado mexicano, bajo el argumento de “buscar” a todas las personas desaparecidas, oculta intencionalmente la práctica de la Desaparición Forzada que de manera sistemática y generalizada realizan sus propios funcionarios. Además no crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada.

2.- Para poder garantizar impunidad a los responsables intelectuales de cometer desapariciones forzadas, el Estado mexicano se negó a establecer la responsabilidad de los superiores jerárquicos como lo mandata la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada en su Artículo 6; aun a sabiendas de que esto le traerá como consecuencia graves llamamientos y recomendaciones de las instancias internacionales.

3.- Respecto a la creación de instancias eficaces para la Búsqueda, se eliminó la instancia encargada de realizar la Búsqueda inmediata y permanente de las víctimas de desaparición forzada. Eliminaron también establecer, dentro de los mínimos aceptables, el acceso a todos los lugares de probable detención de las víctimas incluidos campos militares y lugares clandestinos. En su lugar se crea una Comisión Nacional, que no es nacional y que no posee atribuciones ni herramientas necesarias para hacer la búsqueda adecuada en campo.

4.-A pesar de que en varias partes de la Ley se reconoce la necesidad de contar con un órgano que realmente sirva para la investigación forense, bajo el alegato de no contar con recursos suficientes, el Estado mexicano se niega a crear un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, y sólo crea una figura llamada Banco Nacional de Datos Forenses, que solamente agrupará Bases de Datos, que serán alimentadas por los mismos peritos dependientes de las Procuradurías, de esas mismas Procuradurías que no investigan y que hacen lo imposible para que los familiares de las víctimas no denuncien.

5.-El Estado mexicano reconoce que las desapariciones forzadas en México de la época de la “guerra sucia” deben ser investigadas, pero no crea una instancia de búsqueda inmediata, es decir, la Ley General no contempla encontrar a las víctimas de desaparición forzada, pese a que la desaparición forzada es un delito continuo.

6.- Como ha sido una constante durante más de cincuenta años, y más aún durante este sexenio, el Estado mexicano se negó a integrar cualquier artículo donde se hiciera alusión a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la imposibilidad de que éstas sean juzgadas bajo su propia jurisdicción.

7.- La Ley General no contempla la reclasificación de los delitos, lo cual seguirá dejando a todos los casos que no son investigados como desapariciones forzadas o desapariciones cometidas por particulares sin la posibilidad de exigir que se clasifiquen adecuadamente al momento de entrada en vigor de la Ley.

8.- Como se ha visto hasta ahora, la Ley General de Víctimas ha sido un mecanismo eficaz para desmovilizar a los familiares de las víctimas, y la Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares hace referencia en todo momento a la Ley General de Víctimas para cualquier petición de búsqueda e identificación de peritos independientes que puedan llegar a solicitar los Familiares.

Por todo lo anterior, como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, en general, NO AVALAMOS LA LEY GENERAL CONTRA DESAPARICIÓN FORZADA Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES que está por ser aprobada en Comisiones. De ser aprobada esta Ley General, se seguirá perpetuando la impunidad y el Estado mexicano continuará sin garantizar a las víctimas, familiares y sociedad en su conjunto los derechos de MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.

Como lo hemos hecho desde hace ya casi siete años, continuaremos con la exigencia y la lucha por la presentación con vida de cada una de las víctimas de desaparición forzada en México. Seguiremos buscando que se castigue a cada uno de los responsables materiales e intelectuales sin importar su jerarquía en la estructura del Estado mexicano.

Por último, hacemos un llamado a las víctimas de desaparición forzada a pronunciarse en contra de una Ley General que generará más impunidad, respetamos el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil que están avalando la Ley General, pero recordemos que una Ley General sin corazón, sin búsqueda, sin justicia y sin verdad, reduce las exigencias históricas de las víctimas de la desaparición forzada y sus familiares a un autoengaño

Presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos Rene Román Salazar, los activistas Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Sántiz, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de desaparición forzada en México.

Atentamente

Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México

Deja un comentario

Archivado bajo desaparecidos