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Pronunciamiento por una Ley que tome en cuenta a los familiares de desaparecidos.

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética hemos dado respuesta positiva al llamado de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para lograr la presentación con vida de sus hijos. En el marco del Día Internacional contra la Desaparición Forzada, diversos colectivos de familiares han elevado una petición al Congreso de la Unión para que la Ley General contra la Desaparición Forzada incorpore sus propuestas, que exigimos sean escuchadas.

 

La Desaparición de personas en México, en la última década, ha tomado dimensiones como nunca en la historia reciente de nuestros Pueblos, el Comité de Desapariciones de Naciones Unidas, señaló que la “información recibida (…) ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”

En nombre de cientos de familiares de todo el país exigimos que la voz de las familias sea tomada en cuenta, que nuestras voces sean verdaderamente escuchadas. La Secretaría de Gobernación reconoció que al 31 de diciembre de 2014 había en México más de 25,230 personas desaparecidas. Sin contar una enorme cifra negra de quienes no han denunciado por diversos motivos. Vivimos una enorme tragedia, una crisis humanitaria que no ha sido reconocida y asumida en su verdadera dimensión, por quien tiene la responsabilidad de esta situación, el Estado.

 

Sabemos que una legislación sobre desaparición forzada y desaparición por particulares no es la solución al problema, que se tienen que hacer muchas cosas más, que se tienen que terminar la complicidad y la impunidad que han dado origen y mantienen esta situación, a pesar de esto, esperamos una ley que nos dé más y mejores herramientas para encontrar a nuestros desaparecidos.

 

Por ello, reclamamos nuestro derecho a participar en la elaboración de esta ley y la legislación correspondiente. Tenemos un aporte fundamental, producto de nuestra experiencia y del diálogo entre nosotros que nos ha permitido construir una visión común y propuestas conjuntas.

 

Hemos realizado junto con numerosas organizaciones civiles y el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas un proceso de consulta con eventos regionales y sectorial: una Consulta de la región occidente; un Encuentro de las organizaciones del Norte; un encuentro de las organizaciones del Centro y regiones cercanas; una reunión de trabajo con quienes abordan los casos de personas migrantes desaparecidas en nuestro país ; otra familiares que pertenecen a comunidades indígenas del sur de México; finalmente una consulta con familiares de desaparecidos de los años setentas.

 

Tuvimos también varias reuniones de trabajo nacionales para definir los puntos fundamentales de los que debe estar en la ley para que no se convierta en letra muerta, para que elimine efectivamente los obstáculos que hemos encontrado, que genere condiciones reales de investigación y búsqueda potenciando y articulando la acciones del Estado con este propósito; que reconozca y garantice el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las medidas de no repetición.

 

Esta Ley debe tener como principios:

 

Reconocer la problemática de las desapariciones forzadas y las desapariciones por particulares en su verdadera dimensión y profundidad: la magnitud, las causas estructurales y condiciones que han generado esta crisis de derechos; las limitaciones y vicios del quehacer institucional, todo ello para dar una respuesta en la medida y alcance necesaria para encontrar a todas las personas desaparecidas.

 

Garantizar la participación de los familiares en la formulación e implementación de la ley, entendiendo ésta como trabajo en conjunto, diseñando para ello los mecanismos y procedimientos adecuados.

 

La ley debe contemplar mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano sobre el desempeño de los servidores públicos y las instituciones en su implementación.

 

Queremos que esta sea una ley desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas.

 

Características de la Ley General:

 

Debe ser una ley Integral, que aborde las diferentes dimensiones de esta problemática.

En ella debe ampliarse el concepto de persona desaparecida para que sea reconocida como sujeto de derecho.

Debe ser autoaplicativa para que con su entrada en vigor se convierta en obligatoria para todas las instituciones en los tres niveles de gobierno.

La ley debe incluir y ser aplicada a todas las desapariciones, las del pasado, presente y las que desgraciadamente puedan ocurrir en el futuro.

La ley debe atender las desapariciones de personas migrantes, y tener un enfoque trasnacional.

Debe formularse desde una visión de derechos y con perspectiva de género.

La ley debe prever un enfoque diferenciado en atención a los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad.

Entendemos que más allá de una ley, se requiere una legislación amplia en la materia. A partir de su aprobación debe generarse un proceso de armonización con todas las leyes y ordenamientos que se requieran para hacer posible su cabal cumplimiento.

A partir de su publicación se debe generar un proceso de información, capacitación y sensibilización de los funcionarios responsables de aplicarla.

Para que se convierta en un instrumento efectivo para los familiares de las personas desaparecidas, debe redactarse en un lenguaje sencillo y ser accesible para todos.

Finalmente la ley debe garantizar las condiciones para la búsqueda inmediata de la persona desaparecida, la investigación científica, transparente y expedita, así como contemplar sanciones a los actores materiales e intelectuales que hayan obstruido la investigación o la búsqueda, a quienes dieron la orden de perpetrar la desaparición, y a quienes de cualquier manera oculten información sobre el paradero de la persona.

 

Petición: Por lo anterior, exigimos a los poderes del Estado un proceso de diálogo horizontal con los colectivos de familiares, organismos de la sociedad civil, legisladores y representantes del ejecutivo federal para la elaboración de la ley y su implementación.

 

Para avanzar en este proceso, entregamos los contenidos básicos de nuestra propuesta, así como algunos insumos adicionales, con el compromiso de continuar entregando los resultados de las consultas realizadas con las organizaciones de familiares.

 

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Atentamente.

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética.

 

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42 años en busca de su hijo

         

Foto | Proceso

Desde la Guerra Sucia de los años 70 a la Guerra contra el narco, iniciada en diciembre de 2006, en México han surgido múltiples organizaciones de Mujeres que han mantenido, y mantienen, la misma proclama ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La activista Rosario Ibarra, quien suma ya 42 años en busca de su hijo Jesús Piedra Ibarra, explica que “fue él quien me parió politicamente; la fortaleza de sus convicciones, su espíritu rebelde y el valor de sus ideales me empujaron a seguir luchando, pero sobre todo me animó la enorme esperanza de haber encontrado con vida a 148 desaparecidos que estuvieron presos en cárceles clandestinas del Ejército y la Marina”.

En 1977 fundó, junto a otros familiares y mujeres conocidas como Las Doñas, el Comité Eureka, aunque confiesa que “nunca imaginé que nuestro grito resonaría nueva mente por todo el orbe para denunciar los miles de casos de desaparecidos que hay actualmente en México victimas de los sátrapas que hoy nos gobiernan “. A las madres que buscan a sus hijos en la actualidad les diria “Que luchen con toda su fuerza, que defiendan a sus hijos como leonas, que exijan justicia que no cejen en su empeño por en contrarlos”.

Ibarra concluye denunciando que “el responsable de la desaparición forzada es el gobierno de México, la desaparición forzada es una política y terrorismo de Estado que tiene a la justicia secuestrada y desaparecida igual que a nuestros familiares. La corrupción y la impunidad son los pilares con que se sostiene”.

 (Sididh – Prodh)

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Ley contra la desaparición forzada, avances y retrocesos

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos considera que es importante la aprobación de la Ley contra la Desaparición Forzada, a la vez que condena los retrocesos legislativos en la materia. Recordamos que en Morelos ya se cuenta con un ordenamiento legal que incorporó un importante Mecanismo de Búsqueda y Localización, mismo que no se ha instrumentado hasta la fecha por el Ejecutivo Estatal y no ha sido vigilado su cumplimiento por el Legislativo local que aprobó dicha ley en la anterior Legislatura.

Compartimos a continuación tres documentos emitidos por la ONU-DH, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos y la Campaña contra la Desaparición Forzada, integrada por familiares y organizaciones de derechos humanos.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reconoce avances y manifiesta reservas en el proyecto de dictamen Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.

Las reservas se refieren a la falta de capacidades y atributos suficientes de la Comisión Nacional de Búsqueda para responder eficazmente a la problemática de la desaparición en el país.
Tras consulta amplia, organizaciones que conforman el Movimiento reconocen algunos avances para responder a esta grave problemática y hace un llamado al legislativo a aprobar la Ley en este período.
Los familiares de personas desaparecidas enfrentamos un profundo dolor desde que arrancaron a nuestros seres queridos de nuestro lado, y la indolencia y falta de respuesta del Estado. Por esta razón hemos exigido al Estado desde hace décadas una legislación en la materia que nos ayude a encontrarles. Desde hace dos años, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx), que agrupa a más de 40 colectivos en México y Centroamérica, hemos venido trabajando con organizaciones, personas expertas en la materia y con legisladores y legisladoras comprometidas para lograr una Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, impulsando nuestro derecho a participar en el proceso y proponer los componentes mínimos que debería tener la Ley a partir de una amplia consulta con colectivos y organizaciones.

En los últimos días la propuesta que veníamos trabajando con el poder legislativo se vio modificada por las observaciones del Ejecutivo, que según nuestra valoración eran inaceptables, como señalamos oportunamente. Tras conocer la última propuesta y un proceso de consulta con las organizaciones que conforman el Movimiento, reconocemos que el Dictamen tiene aspectos que abonan a que el Estado mexicano atienda la problemática, pero deja grandes pendientes: que si bien se creará una Comisión Nacional de Búsqueda, ésta no contará con policía propia y deberá solicitar colaboración al Ministerio Público para la realización de acciones de investigación, todo ello en disminución de su capacidad operativa.

Asimismo, no existe una claridad sobre los criterios para definir quién será el responsable, ya sea la Federación o autoridades locales, de encabezar la búsqueda de personas desaparecidas, se sigue utilizando el término de no localizados aún cuando es contrario a las recomendaciones internacionales que le han hecho al propio Estado mexicano. También se elimina el supuesto que permitiría, de acuerdo con estándares internacionales, fincar responsabilidades al superior jerárquico cuando en razón de sus funciones debió saber lo que las personas a su cargo realizaban.Para el MovNDmx está claro que el gobierno no cumple con su palabra y la voluntad política que dice tener, pues no está demostrada en todo el dictamen.

Sin embargo, como resultado de la consulta realizada, las familias decidimos acompañar el proyecto, pues si bien vemos que el corazón de la ley, que es la búsqueda, no está como creemos funcionaría mejor, la ley es un instrumento más en nuestra exigencia de buscarles y encontrarles y seguiremos reiterando la necesidad de mecanismos de búsqueda operativos y eficaces. Ahora toca al Estado demostrar que la estructura que propone va a funcionar. Las familias estaremos atentas que así sea.

Hacemos un llamado claro a las y los legisladores en ambas cámaras a aprobar la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares durante este período y honrar su compromiso con nuestro dolor y nuestra lucha por encontrarlos y encontrarlas.

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

La ONU-DH reconoce los avances en la ley de desaparición y lamenta la falta de consenso

en el tema de búsqueda

Luego de más de dos años de discusiones en el Senado, pero sobre todo a casi cuatro décadas de que se empezaron a perpetrar las desapariciones de personas en el país, varias de ellas por agentes del Estado, y con un saldo trágico para miles de familiares, la Cámara Alta aprobó el día de hoy la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoce que la ley turnada a la Cámara de Diputados posee avances para enfrentar uno de los problemas más doloroso, urgente y complejo que enfrenta el Estado mexicano. Dichos avances responden a los estándares y a varias recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, incluidas las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita al país en octubre de 2015.

En efecto, la ley establece un tipo penal de desaparición forzada acorde a los estándares internacionales, reconoce el carácter permanente de la conducta, le confiere el carácter de imprescriptible y determina un régimen de sanciones agravadas en determinados supuestos, así como incentivos para dar con el destino de las personas desaparecidas y los responsables. Además, la legislación plasma la obligación del Estado de buscar a toda persona cuyo paradero se desconozca y establece un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y Comisiones Locales de Búsqueda, las cuales operarán con una serie de herramientas y plataformas de información, como son los registros nacionales de personas desaparecidas, personas fallecidas no identificadas y fosas. Se crean los programas nacionales de búsqueda y exhumaciones y se adopta un enfoque diferenciado para responder a determinadas personas, como migrantes, niñas, niños y adolescentes, y a las víctimas de desaparición forzada ocurridas en el contexto de la así denominada “Guerra Sucia”. La ley también regula la declaración de ausencia y refuerza el derecho a la reparación de las víctimas.

La ONU-DH lamenta que no se haya logrado un consenso en el Senado entre las autoridades, los colectivos de víctimas y quienes les acompañamos en el apartado de búsqueda de personas, el más significativo de los temas materia de esta ley, especialmente en relación a las facultades y recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Será responsabilidad de las autoridades acreditar en los hechos y en el corto plazo que, una vez que se haya expedido la ley, el modelo de búsqueda aprobado por ellas sea capaz de dar los resultados necesarios y hacer posible la localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, la identificación certera, el respeto y la restitución digna de sus restos. Para la ONU-DH, el éxito de esta ley dependerá de sus resultados, especialmente en este apartado.

La ONU-DH expresa su reconocimiento a las personas que desde la institucionalidad mexicana, tanto en el Senado como en el Ejecutivo, hicieron el mayor de sus esfuerzos para impulsar los contenidos positivos de la ley. De igual forma, la ONU-DH reconoce al Movimiento Nacional por Nuestros Desparecidos en México y a la Campaña Nacional en contra de la Desaparición Forzada por su perseverancia, empuje y capacidad de construir propuestas, muchas de ellas derivadas de la experiencia del dolor que supone la desaparición de un ser querido y su búsqueda incansable.

La ONU-DH alienta a la Cámara de Diputados a procesar y aprobar a la brevedad posible esta importante ley.

La ONU-DH está consciente de las dificultades que para los colectivos de víctimas ha implicado un proceso legislativo complejo, les reitera su respeto y hace manifiesto su compromiso de seguir trabajando a su lado en la reivindicación de sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación integral, así como en la adopción de medidas para la no repetición.
Finalmente, la ONU-DH refrenda su plena disponibilidad para seguir trabajando con el Estado mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.

No avalamos una Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares que no cumple con los estándares internacionales y se burla de las víctimas
Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, en lo general, no avalamos el Dictamen de Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares que se está discutiendo en el Senado de la República porque es insuficiente, porque se queda corto ante la gravedad de las desapariciones en el país y porque no cumple, de manera general, con los estándares internaciones en materia de derechos humanos ni con las exigencias de las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y populares agrupadas en la Campaña y de miles de familiares de víctimas en todo el país.

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México reconocemos pequeños avances en la Ley General producto de la constante lucha de diversas organizaciones de víctimas y no de la voluntad política del gobierno, quien nos obliga a denunciar que el espíritu general de la Ley General no corresponde a las exigencias y expectativas de las víctimas.

Durante casi dos años hemos sido testigos de la simulación de diálogo por parte del Gobierno Federal y, durante décadas, de la falta de voluntad política para erradicar las desapariciones forzadas en el país. Ejemplo de ello es que mientras el Gobierno Federal simula el diálogo con diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos, las cifras de desapariciones forzadas se han venido incrementando año con año.

La estrategia del Gobierno Federal, desde un inicio, fue desgastar, tratar de dividir y engañar con falsas promesas a las familias y organizaciones que han venido exigiendo la Ley General. Ante ello, en todos los espacios en los que como Campaña logramos estar presentes, conjuntamente con diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos, dimos la lucha para llevar ante el Gobierno Federal las exigencias de miles de víctimas de desaparición forzada que desde la década de los años sesenta han mantenido la demanda de Justicia y Verdad, intentar menos que eso sería como arrancarle el corazón a quienes han dejado todo por encontrar a sus hijos, a sus familiares.

El dictamen de Ley General que está siendo discutido hoy (26 de abril de 2017) en Comisiones significa un grave retroceso respecto a la propuesta de Ley General que elaboramos las organizaciones agrupadas en la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México entregada al Senado de la República en septiembre del 2015 y en la Cámara de Diputados en septiembre del 2016, y también significa un grave retroceso respecto a los mínimos propuestos por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

El Estado mexicano tuvo la oportunidad histórica de dotar al país de un marco jurídico acorde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y, con ello, dar los primeros pasos para garantizar Verdad, Justicia, Memoria, Reparación integral del daño y Medidas de no repetición, no obstante lo que se presenta en el dictamen de Ley General es una caricatura de lo que realmente necesita hacer el Estado mexicano para erradicar las desapariciones forzadas. Un ejemplo de ello es la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda que en realidad ni es nacional ni tiene las capacidades para buscar.

El Estado mexicano incorporó a su dictamen aquellas exigencias de las víctimas que no tocan el centro de su propuesta y muchas de las exigencias las modificó y redujo para que no lo obligaran a prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, las cuales se presentan en el país de manera generalizada y sistemática.

La lucha por contar con un marco jurídico que prevenga y erradique las desapariciones forzadas no se agota con la promulgación de una Ley General que no cumple de manera general con los estándares internacionales ni con las exigencias de las víctimas. Tomaremos y haremos valer lo poco ganado en el marco jurídico nacional y seguiremos luchando por presentación con vida de todas la víctimas de desaparición forzada, por el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales y para que un día el pueblo mexicano logre tener un gobierno que no tenga como política de Estado el desaparecer a su propia gente.

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, de manera general, NO AVALAMOS el dictamen de Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares por lo siguiente:

1.- Bajo el pretexto de que para activar la Búsqueda inmediata y no caer en actos de incongruencia legal, el Estado mexicano deja en el Dictamen el término persona No Localizada. Este término se utiliza también para nombrar el “nuevo registro” de Personas Desaparecidas, el cual llevará el nombre de Registro Nacional de Persona Desaparecidas y No Localizadas. Con lo cual se demuestra que el Estado mexicano, bajo el argumento de “buscar” a todas las personas desaparecidas, oculta intencionalmente la práctica de la Desaparición Forzada que de manera sistemática y generalizada realizan sus propios funcionarios. Además no crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada.

2.- Para poder garantizar impunidad a los responsables intelectuales de cometer desapariciones forzadas, el Estado mexicano se negó a establecer la responsabilidad de los superiores jerárquicos como lo mandata la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada en su Artículo 6; aun a sabiendas de que esto le traerá como consecuencia graves llamamientos y recomendaciones de las instancias internacionales.

3.- Respecto a la creación de instancias eficaces para la Búsqueda, se eliminó la instancia encargada de realizar la Búsqueda inmediata y permanente de las víctimas de desaparición forzada. Eliminaron también establecer, dentro de los mínimos aceptables, el acceso a todos los lugares de probable detención de las víctimas incluidos campos militares y lugares clandestinos. En su lugar se crea una Comisión Nacional, que no es nacional y que no posee atribuciones ni herramientas necesarias para hacer la búsqueda adecuada en campo.

4.-A pesar de que en varias partes de la Ley se reconoce la necesidad de contar con un órgano que realmente sirva para la investigación forense, bajo el alegato de no contar con recursos suficientes, el Estado mexicano se niega a crear un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, y sólo crea una figura llamada Banco Nacional de Datos Forenses, que solamente agrupará Bases de Datos, que serán alimentadas por los mismos peritos dependientes de las Procuradurías, de esas mismas Procuradurías que no investigan y que hacen lo imposible para que los familiares de las víctimas no denuncien.

5.-El Estado mexicano reconoce que las desapariciones forzadas en México de la época de la “guerra sucia” deben ser investigadas, pero no crea una instancia de búsqueda inmediata, es decir, la Ley General no contempla encontrar a las víctimas de desaparición forzada, pese a que la desaparición forzada es un delito continuo.

6.- Como ha sido una constante durante más de cincuenta años, y más aún durante este sexenio, el Estado mexicano se negó a integrar cualquier artículo donde se hiciera alusión a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la imposibilidad de que éstas sean juzgadas bajo su propia jurisdicción.

7.- La Ley General no contempla la reclasificación de los delitos, lo cual seguirá dejando a todos los casos que no son investigados como desapariciones forzadas o desapariciones cometidas por particulares sin la posibilidad de exigir que se clasifiquen adecuadamente al momento de entrada en vigor de la Ley.

8.- Como se ha visto hasta ahora, la Ley General de Víctimas ha sido un mecanismo eficaz para desmovilizar a los familiares de las víctimas, y la Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares hace referencia en todo momento a la Ley General de Víctimas para cualquier petición de búsqueda e identificación de peritos independientes que puedan llegar a solicitar los Familiares.

Por todo lo anterior, como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, en general, NO AVALAMOS LA LEY GENERAL CONTRA DESAPARICIÓN FORZADA Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES que está por ser aprobada en Comisiones. De ser aprobada esta Ley General, se seguirá perpetuando la impunidad y el Estado mexicano continuará sin garantizar a las víctimas, familiares y sociedad en su conjunto los derechos de MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.

Como lo hemos hecho desde hace ya casi siete años, continuaremos con la exigencia y la lucha por la presentación con vida de cada una de las víctimas de desaparición forzada en México. Seguiremos buscando que se castigue a cada uno de los responsables materiales e intelectuales sin importar su jerarquía en la estructura del Estado mexicano.

Por último, hacemos un llamado a las víctimas de desaparición forzada a pronunciarse en contra de una Ley General que generará más impunidad, respetamos el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil que están avalando la Ley General, pero recordemos que una Ley General sin corazón, sin búsqueda, sin justicia y sin verdad, reduce las exigencias históricas de las víctimas de la desaparición forzada y sus familiares a un autoengaño

Presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos Rene Román Salazar, los activistas Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Sántiz, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de desaparición forzada en México.

Atentamente

Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México

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Recibimiento de la Caravana por los 43 desaparecidos en Cuernavaca.

El 16 de febrero a las 10 de la mañana recibiremos la Caravana de las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en las instalaciones del SME en Cuernavaca.

Colectivamente somos más poderosos que nuestros enemigos que detentan el poder económico y político. Nos debemos a quienes luchan cotidianamente contra la miseria y la explotación, la injusticia y la desigualdad, la violencia y la opresión. Se equivocan si creen que vamos a dejar de luchar por la defensa plena de los derechos humanos para todas y todos, por un mundo de justicia, libertad, igualdad, fraternidad.
El gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) es un gobierno hundido en una profunda crisis de legitimidad que en el 2017,  se volvió una verdadera crisis política de hegemonía, de dominación política, que se expresaría en una nueva irrupción masiva y nacional contra él. Acosado por denuncias de mala administración y corrupción, como la de su “casa blanca”, el gobierno de EPN perdía legitimidad en sectores importantes de la población hasta que ocurrieron los hechos de la noche trágica de Iguala del 26 de septiembre de 2014, en la que 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Para algunos, esa fue la gota que derramó el vaso: el repudio nacional contra el gobierno de EPN llevó a las calles a miles de contingentes que gritaban con fuerza y por todos los medios: ¡Fue el Estado! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Si la contra-reforma energética, privatizadora y anti-nacional, no despertó el esperado repudio popular masivo, la mal llamada reforma educativa sí lo hizo. Mientras el gobierno llenaba de policías y militares las calles para aplastar la insurrección magisterial, ésta mantenía y extendía sus protestas con un creciente apoyo popular.
Es claro que el giro proteccionista de Trump daña por completo el frágil, derruido y dependiente país que los neoliberales en el poder configuraron en estos últimos 30 años. Por eso no nos engañamos y decimos claramente: ¡Ni Trump, ni Peña, fuera capitalistas del poder!
Nuestra agónica economía se sostiene débilmente aún con PEMEX (pese a la caída de precios del petróleo y su acelerado agotamiento), la inversión externa en sectores extractivistas y las remesas de los migrantes… Pero con la presidencia de Trump ese México al modo neoliberal se colapsa: PEMEX ha sido desmantelado y privatizado, de modo que, por ejemplo, importamos gasolina que venden particulares para obtener ganancias privadas; las remesas de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos van a ser recortadas por la masiva expulsión de migrantes del país del norte; la inversión extranjera ya es frenada y desviada de regreso a Estados Unidos. Cuando Trump dijo: “compra y contrata lo estadounidense”, condenó a muerte a la limitada economía exportadora, levantada con orgullo por los neoliberales, que depende en un 80% de la economía estadounidense.
La incapacidad del bloque hegemónico para buscar una alternativa al neoliberalismo y el derrumbe económico del México neoliberal provocan una crisis económica que retroalimenta la crisis de legitimidad del gobierno hasta poner en las calles a millones de mexicanos reclamando con el grito de ¡Fuera Peña Nieto! que se vayan todos los neoliberales del poder.
Esta protesta masiva en el 2017 podría modificar la relación de fuerzas en la lucha de clases mexicana a favor de un polo independiente, proletario y popular que cobraría tal fuerza que podría incidir para provocar un cambio radical en nuestro país a favor de los intereses de los trabajadores y del pueblo.
Las movilizaciones espontáneas contra el gasolinazo fueron nacionales y de inmediato levantaron una consigna política radical: ¡Fuera Peña Nieto! Si al principio las movilizaciones fueron impulsadas por fuerzas muy heterogéneas (transportistas, clase media, organizaciones campesinas), en estos días los sindicatos y organizaciones campesinas y populares se suman a las movilizaciones contra el gasolinazo. Esperamos que estas fuerzas organizadas de los trabajadores retomen el desafío que supone el reclamo de ¡Fuera Peña! En esa consigna no se pide que los gobernantes compongan lo que descompusieron por años sino que se cambie el régimen político y sus políticas.
Pero 2017 apenas comienza y los efectos del giro proteccionista de Trump todavía no se resienten con toda su intensidad. No es difícil prever que las inversiones se derrumbarán, que miles o millones de migrantes regresarán al país este año, que el desempleo crecerá visiblemente, que mes tras mes el fracaso del México neoliberal será patente para los mexicanos, así como la incapacidad de los neoliberales para levantar un país que ellos mismos derrumbaron. Por eso pensamos que la crisis política va a seguir cobrando fuerza y radicalidad.
Estas luchas contra el gasolinazo deben de seguir impulsándose pero es necesario y urgente promover una política de frente único: sin abandonar la consigna de ¡Fuera Peña Nieto!, es necesario ir constituyendo, sin imposiciones ni protagonismos, una Coordinadora de coordinadoras, ir organizando una verdadera Asamblea popular que conjunte un bloque histórico clasista y popular que permita disputar el poder.
Por eso debemos insistir en el fracaso del México neoliberal y la necesidad de reconstruir otro México verdaderamente democrático que salvaguarde los intereses de la mayoría trabajadora.
Por eso, respondemos positivamente a la convocatoria de las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para reunirnos en Cuernavaca y analizar las posibilidades de articular las resistencias en una amplia coordinación de las luchas independientes que defiendan realmente los intereses de la mayoría de la población trabajadora, misma que impulsamos desde las organizaciones del pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética.

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¿Qué se va y qué se queda en la lucha por los derechos humanos en Morelos durante 2016?

Estamos concluyendo un año 2016 complicado y difícil para mantener vigentes los derechos humanos en Morelos. Una violación sistemática de los derechos fundamentales por un gobierno en crisis, muestra que mientras no haya autoridades que representen verdaderamente los intereses de las mayorías, se impondrán políticas autoritarias, represivas, neoliberales y privatizadoras que son contrarias a la mayoría de la población. Nuestro mensaje de solidaridad y compromiso con quienes luchan por una sociedad diferente, parte de constatar una realidad inocultable, para fomentar las posibilidades de construir la memoria y la esperanza organizada.
Algunos elementos que aportamos sobre dos temas fundamentales, como son la desaparición forzada y el feminicidio son los siguientes (Primera parte):
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos. Falta crear el mecanismo de búsqueda y localización.
La CIDHM elaboró, promovió y logró, en conjunto con otras organizaciones de familiares y sociales, que se aprobara por el Congreso del Estado la Ley. Por lo que es reconocido por primera vez en las leyes morelenses este delito y su connotación social.
A partir del jueves 2 de septiembre del 2015, entra en vigor la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, que fue impulsada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, familiares de víctimas y ofendidos, así como organizaciones sociales, Aprobada por la recién extinta LII legislatura.
Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, cobra vigencia esta ley que durante mucho tiempo fue reclamada por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que alertaron sobre el creciente fenómeno delictivo y la tragedia de decenas de familias morelenses que hasta hoy no saben el paradero de hijos, padres, madres y hermanos.
En esta ley la desaparición forzada está tipificada como un delito imprescriptible y se prohíbe tajantemente a los servidores públicos, denegar el acceso a personal de organizaciones internacionales de derechos humanos a edificios o instalaciones en donde se presuma se pudo cometer este ilícito.
También se permite coadyuvar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con el Ministerio Público en la investigación del delito de desaparición forzada; establecer medidas cautelares para la búsqueda y localización de las víctimas; y conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario entre servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial, instituciones educativas y grupos de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, así como expertos en materia de desaparición forzada.
De acuerdo con los artículos transitorios, en tanto no se expida la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, permanecerá vigente la legislación estatal en su respectivo ámbito de aplicación.
Para efecto de instaurar el Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas Desaparecidas y el Comité Consultivo, el Ejecutivo estatal deberá emitir a la brevedad la convocatoria respectiva dirigida a la sociedad en general para que la integración de ambos órganos se concrete en un plazo máximo de 60 días hábiles. Al respecto consideramos importante no esperar todo este tiempo y que ésta convocatoria se emita a la brevedad posible para sentar precedente nacional, ahora que se está discutiendo la Ley General.
El Mecanismo y su consejo consultivo conocerá de los casos de desaparición forzada de personas a través del Ministerio Público una vez que sea presentada la denuncia ante la Fiscalía estatal, y estará integrado por cinco representantes de instituciones y dos representantes de organizaciones civiles.
Su función será dictaminar las medidas necesarias para garantizar la integridad de cualquier persona que como consecuencia de la desaparición forzada se encuentre en riesgo, y ordenar las medidas cautelares que amerite cada caso.
Además, prevé la figura de Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas, la cual consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo fundamental, recuperar la memoria histórica de los hechos y conocer la verdad jurídica de los hechos.
El estado a través de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, creará una Base de Datos con los registros de las personas fallecidas y que se encuentran en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense o en las fosas comunes designadas para la Fiscalía General del Estado, con el fin de obtener su registro morfológico y dental, así como muestras para estudios genéticos, extraídas por personal altamente especializado en el tema.
Esta información generada a partir de la Base de Datos servirá para compararlos con los registros morfológicos y dentales de la o las personas desaparecidas, así como las muestras genéticas de sus familiares.
Monitoreo y vigilancia de Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Morelos. Exigencia de cumplimiento de todas las medidas contra la violencia feminicida.
Morelos se convirtió en el Primer Estado de la República Mexicana que con el Reglamento Vigente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, logra la declartoria de Alerta de Violencia de Género.
En 2014 se solicitó de manera oficial la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Morelos. El 10 de Agosto del 2015 se decretó. En 2016 se cumplió un año de la AVG y exigimos cumplimiento de todas las medidas para proteger la vida y la libertad de las mujeres en Morelos.
En nuestra solicitud de aplicación de la Alerta de Violencia de Género, documentamos 530 casos en 13 años. Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del Gobierno actual encabezado por Graco Ramírez. 891 casos de feminicido se han documentado una vez cruzando la información con los datos de la Fiscalía y la CEDH.
Lejos de ser un problema heredado del pasado, como argumenta, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural.
Es por ello que se hace un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables. Ante este panorama, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C. emprendió una serie de acciones para difundir los Derechos Humanos de las Mujeres y sumar voces a la petición de la Alerta de Violencia de Género en el Estado.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

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José Ramón 28 años desaparecido en Morelos.

El 16 de diciembre de 1988 a José Ramón García Gómez  lo detuvieron en Cuautla unos policías. Los agentes policiacos que lo detuvieron formaban parte del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial, dirigido por Antonio Nogueda y al mando del Comandante Apolo Bernabé Ríos García, creado por mandato del entonces Gobernador Antonio Riva Palacio López, y quien fuera asesor de este gobierno. Los tres ya fallecidos sin que se hubiese cumplido la justicia. Durante la investigación de la Fiscalía Especial creada para el caso José Ramón, se logró encontrar una tumba clandestina en el panteón de Amilcingo, en Temoac, donde se encontraron 17 cuerpos de desaparecidos reclamados por esposas que se identificaron como «Las Viudas de Amilcingo» y que aún siguen esperando que haya verdad y justicia. Similitudes con la situación actual en 2016 por la práctica política de utilizar la desaparición forzada como una biopolítica del poder en contra de luchadores sociales, ahora extendida a miles de personas mediante la acción, omisión o aquiescencia del Estado. Aún a pesar de que haya significativos avances en el instrumental jurídico para investigar, sancionar, prevenir y erradicar la desaparición forzada, que no existía tres décadas atrás, y que ahora existe en el marco internacional con la Convención sobre Desaparición forzada, el Comité ad hoc de la ONU y con la Ley en la materia vigente en Morelos desde el 2 de septiembre de 2015 y las iniciativas de ley que se encuentran en el Senado de la República presentadas por organizaciones de familiares y defensoras de derechos humanos, que deberán dictaminarse próximamente y estaremos exigiendo que incluyan las aportaciones enviadas desde la sociedad.

¿Quién tiene la certeza de lo que puede haber ocurrido a un desaparecido hace 28 años? Nadie. Interrogantes que se acumulan y muestran la sinrazón de la barbarie. Las razones de Estado por encima de la racionalidad humanitaria. A 28 años de la desaparición de José Ramón decimos que no olvidamos, porque una sociedad que olvida los crímenes de lesa humanidad está irremediablemente condenada a repetirlos una y otra vez. Y no debemos acostumbrarnos al horror cotidiano. No lo aceptamos como si fuera la única alternativa impuesta desde el poder. Se ha mantenido la lucha histórica de las doñas del Comité Eureka y las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros cientos de organizaciones, para buscar y localizar a las y los desaparecidos, en cárceles clandestinas y campos militares, no solo en tumbas clandestinas. Como asegura Rosario Ibarra: “Durante 40 años hemos buscado la verdad y hemos encontrado muchos rastros, pero mientras no tengamos la certeza, para nosotros, su familia y para todos los que luchan por encontrar a los suyos detenidos-desaparecidos en las cárceles clandestinas del mal gobierno, los seguimos reclamando “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, es mucho más que una consigna, representa una esperanza de que tarde o temprano se esclarecerá el destino y paradero de todos y todas las personas desaparecidas”, miles en todo el país y en Morelos el caso de José Ramón que no olvidamos.

Comisión Independiente de Derechos humanos de Morelos A.C        

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores – Morelos

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XXV Acción Global por Ayotzinapa en Morelos.

¿Cuánto tiempo buscarías si fuera tu hijo?

2 años y un mes de dolor, incertidumbre e injusticia…

La empatía y solidaridad del pueblo han sostenido la fortaleza de padres y madres de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa.

26 de octubre de 2016

10 de la mañana, frente al Congreso del Estado de Morelos.

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética nos solidarizamos con la lucha de Padres y madres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, quienes instalaron un plantón frente a la Cámara de Diputados para solicitar a los legisladores se les permita exponer su situación ante el pleno camaral. La voz de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa debe ser escuchada en el pleno de este recinto legislativo. El plantón se instaló como parte de la jornada de actividades, a dos años y un mes de los hechos ocurridos en Iguala la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, días en que desaparecieron los estudiantes a manos de elementos policiacos e integrantes del crimen organizado. Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de familia, señaló que el propósito es que el pleno de la Cámara de Diputados escuche su clamor y exigencia de la aparición con vida de sus hijos. Además, denunció que la Comisión Especial para el caso Iguala, formada por la Cámara de Diputados, no les ha presentado ningún informe. No se ha visto el trabajo de esa comisión, por eso la exigencia de que nos escuchen; queremos hacer ese reclamo, porque aparte de su obligación es un derecho de nosotros hacerlo; tenemos derecho a ser escuchados, dijo. Respecto de la reciente detención de Felipe Flores, quien en el momento de la desaparición de los normalistas era el jefe de la policía municipal de Iguala, Melitón Ortega, otro de los voceros de los padres de familia, advirtió que esa aprehensión es relevante siempre y cuando proporcione información importante sobre el paradero de los normalistas, pues de otra forma no tendría sentido, alertó.

Por otra parte, el Mecanismo de Seguimiento a la Medida Cautelar 409/14, otorgada en relación con los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, realizará su primera visita a México del 9 al 12 de noviembre de 2016. Desde el inicio de la implementación del Mecanismo, se ha avanzado en sus etapas internas y preparatorias para su primera visita, durante la cual se realizará la presentación pública de su Plan de Trabajo. Asimismo, se realizarán reuniones bilaterales con actores clave para garantizar su funcionamiento y se realizará un encuentro con los familiares de las víctimas en Ayotzinapa, a fin de explicarles directamente sus funciones y metodologías en el marco de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El Mecanismo es coordinado por el Relator de la CIDH para México, Comisionado Enrique Gil Botero y cuenta con el apoyo de los especialistas técnicos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera visita contará con la participación del  Presidente de la CIDH, Comisionado James Cavallaro y del Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão. Durante la visita, la delegación realizará actividades en Ciudad de México y en Ayotzinapa. El Plan de Trabajo del Mecanismo tendrá una duración de 12 meses e incluirá labores de recopilación de información y documentación sobre el caso. El plan también incluirá la frecuencia con que se pretende realizar las visitas regulares a México y por el tiempo que resulte necesario para el labor del Mecanismo. “La CIDH tiene expectativa de que las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sean debidamente cumplidas y el Mecanismo sirve para dar seguimiento al progreso en la implementación de las mismas”, dijo el Presidente de la CIDH, James Cavallaro. El establecimiento de un Mecanismo de Seguimiento fue acordado entre los peticionarios de la medida cautelar y el Estado, y el 29 de julio de 2016 fue decidido por la CIDH mediante una resolución. Dicha resolución establece que el objetivo es dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en sus dos informes, así como en el marco de la medida cautelar, principalmente la Resolución 42/16. A partir de dicha decisión, la CIDH y el Estado mexicano sostuvieron conversaciones sobre la financiación del mismo. El 9 de septiembre de 2016, la CIDH y el Estado mexicano finalizaron un acuerdo sobre la integralidad de los recursos necesarios para poner en marcha el Mecanismo. “Es fundamental avanzar en la implementación de las recomendaciones con celeridad y tener en cuenta la centralidad de los derechos de las víctimas en todo ese proceso. Buscamos la integral colaboración de las autoridades nacionales y locales, de todos los poderes del Estado, para que se pueda atender cada recomendación de los Informes del GIEI y de la Medida Cautelar”, dijo el coordinador del Mecanismo, Comisionado Gil Botero.

La aprobación de las Leyes Generales en materia de tortura y desapariciones forzadas de acuerdo al derecho internacional aplicable, otro tema prioritario identificado por el Alto Comisionado, constituye una deuda pendiente a más de 10 meses de la presentación de las iniciativas en la materia. Exigimos al Congreso que priorice el cumplimiento de esta recomendación, recordando que la Ley General contra la Tortura está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, mientras la Ley General contra las Desapariciones Forzadas sigue pendiente en el Senado.

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética

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