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A 29 años de la desaparición forzada de José Ramón García Gómez en Morelos.

Al cumplirse 29 años de la desaparición forzada de José Ramón García Gómez en Morelos no olvidamos y seguimos exigiendo verdad, justicia y castigo a los culpables, para evitar que continúen las desapariciones de manera impune que ya eleva el número de desapareciones a más de 32 mil en todo el país, y la aprobación de la oprobiosa Ley de seguridad Interior el día de ayer por el Congreso de la Unión prefigura un proceso de militarización y represión que podría disparar la cantidad de desapariciones forzadas de activistas y ciudadanos que se opongan a las políticas neoliberales y autoritarias del gobierno en medio de la crisis de dominación del régimen en la coyuntura electoral del 2018. Recordemos que fue precisamente la lucha contra el fraude electoral del salinismo lo que originó la desaparición de José Ramón en Cuautla, Morelos.

El 16 de diciembre de 1988 a José Ramón García Gómez  lo detuvieron en Cuautla unos policías. Los agentes policiacos que lo detuvieron formaban parte del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial, dirigido por Antonio Nogueda y al mando del Comandante Apolo Bernabé Ríos García, creado por mandato del entonces Gobernador Antonio Riva Palacio López, y quien fuera asesor de este gobierno hasta su muerte. Los tres ya fallecidos sin que se hubiese cumplido la justicia. Para investigar el caso se emitieron recomendaciones de la CNDH que pueden ser consultadas  en línea: (http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/1991/Rec_1991_005.pdf)

Durante la investigación de la Fiscalía Especial creada para el caso José Ramón, se logró encontrar una tumba clandestina en el panteón de Amilcingo, en Temoac, donde se encontraron 17 cuerpos de desaparecidos reclamados por esposas que se identificaron como «Las Viudas de Amilcingo» y que aún siguen esperando que haya verdad y justicia. Similitudes con la situación actual por la práctica política de utilizar la desaparición forzada como una biopolítica del poder en contra de luchadores sociales, ahora extendida a miles de personas mediante la acción, omisión o aquiescencia del Estado. Aún a pesar de que haya significativos avances en el instrumental jurídico para investigar, sancionar, prevenir y erradicar la desaparición forzada, que no existía tres décadas atrás, y que ahora existe en el marco internacional con la Convención sobre Desaparición forzada, el Comité ad hoc de la ONU y con la Ley en la materia vigente en Morelos desde el 2 de septiembre de 2015 y la Ley sobre Desaparición Forzada aprobada recientemente por el Congreso de la Unión y publicada hace unas semanas en 2017 (LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN
COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504956&fecha=17/11/2017).

¿Quién tiene la certeza de lo que puede haber ocurrido a un desaparecido hace 29 años? Nadie. Interrogantes que se acumulan y muestran la sinrazón de la barbarie. Las razones de Estado por encima de la racionalidad humanitaria. A 29 años de la desaparición de José Ramón decimos que no olvidamos, porque una sociedad que olvida los crímenes de lesa humanidad está irremediablemente condenada a repetirlos una y otra vez. Y no debemos acostumbrarnos al horror cotidiano. No lo aceptamos como si fuera la única alternativa impuesta desde el poder. Se ha mantenido la lucha histórica de las doñas del Comité Eureka y las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros cientos de organizaciones, para buscar y localizar a las y los desaparecidos, en cárceles clandestinas y campos militares, no solo en tumbas clandestinas. Como asegura Rosario Ibarra: “Durante 40 años hemos buscado la verdad y hemos encontrado muchos rastros, pero mientras no tengamos la certeza, para nosotros, su familia y para todos los que luchan por encontrar a los suyos detenidos-desaparecidos en las cárceles clandestinas del mal gobierno, los seguimos reclamando “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, es mucho más que una consigna, representa una esperanza de que tarde o temprano se esclarecerá el destino y paradero de todos y todas las personas desaparecidas”, miles en todo el país y en Morelos el caso de José Ramón que no olvidamos.

De José Ramón a la actualidad hay una historia de desapariciones que lacera la dignidad humana.

Cuando desaparecieron a José Ramón García Gómez en 1988 se iniciaba el terrible sexenio de Salinas de Gortari que significó más de 600 asesinatos de activistas de oposición. Fue necesario realizar una marcha por la vida a Gobernación, huelgas de hambre, mítines y foros internacionales, intervención de Amnistía Internacional y la creación de una Fiscalía Especial, para enjuiciar a los responsables directos pero no así a los que ordenaron la creación de una policía represiva y una política violatoria a los derechos humanos, mismos que siguen impunes. El PRI-Gobierno manchado de sangre. No puede haber justicia si no se establece plenamente la verdad de lo ocurrido. José Ramón no era terrorista como lo presentaron los informes policiacos. De José Ramón nunca se ha localizado, ni vivo ni muerto, sus familiares emigraron o han muerto, sin despejar una duda lacerante sobre lo ocurrido con él. Ante los miles de desaparecidos en México durante la absurda guerra de Calderón y Peña Nieto, estos ejemplos muestran que es necesario seguir exigiendo el respeto pleno a la vida y la libertad, entendiendo el binomio verdad-justicia como parte sustancial de la lucha contra la desaparición forzada en nuestro país. Una desaparición forzada ocurre cuando una autoridad (o un particular actuando con la protección de una autoridad) detiene a alguien, luego niega tal detención y no da información sobre la suerte o paradero de la persona afectada, con lo que la sustrae de la protección de la ley. La tipificación debe cumplir con todos los elementos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; incluyendo todos los elementos del delito reconocidos por los tratados internacionales y por el derecho internacional consuetudinario: la imprescriptibilidad y el carácter permanente del delito, la imposibilidad de conceder indultos o amnistías, la imposibilidad de considerar la obediencia a superiores como justificación de este crimen y una protección especial a ciertos sectores como migrantes, indígenas, niños, mujeres embarazadas y personas adultas mayores.

Ante la aprobación de la ley de Seguridad Interior, llamamos a la población a no permitir estigmatizar a las personas que haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta social, sale a las calles a manifestar su inconformidad. Pues no es el pueblo el que ejerce la violencia, es el Estado, quien de manera sistemática violenta todos los días nuestros derechos fundamentales,  y quien ejerce la violencia para cerrar cada vez más los espacios de manifestación y disidencia, lo que hace es criminalizar la protesta social. La protesta social es un derecho humano y el Estado es quien está obligado a garantizarlo y también es nuestra obligación ejercerlo y hacerlo respetar. Por ello, debemos continuar la lucha porque el derecho a no ser detenido desaparecido sea una realidad y los desaparecidos sean presentados con vida y los responsables sean castigados. Conforme lo establecen los tratados internacionales vinculantes suscritos y ratificados por México, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la desaparición forzada es un delito de carácter permanente. Este delito persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a los familiares de la víctima mientras se desconoce el paradero de la persona desaparecida. Además del carácter de delitos permanentes que tienen las desapariciones, otro motivo por el cual es indispensable que se investiguen y juzguen los casos ocurridos durante el gobierno anterior y el actual, es que algunas personas que fueron obligadas a confesar mediante torturas aún se encuentran encarceladas por delitos que no cometieron. El clima de violencia, miedo, falta de solidaridad que crea la militarización tiene un efecto de control social y de una suerte de “limpieza social” cuando resulta que la mayoría de las víctimas de esta guerra son pobres, jóvenes y mujeres, estigmatizados como delincuentes, sicarios o narcos. El clima de miedo estimula o busca justificar los llamados a más represión, control militar o policiaco, reformas legales que incremente penas y también la venganza en vez de la justicia. Siendo diferentes los casos derivados de la represión política contra la disidencia, como son los desaparecidos que reclamamos, de los casos actuales derivados de la llamada guerra contra la delincuencia, hay un punto de continuidad. El salvajismo, la crueldad y el cinismo que vemos en la actualidad están alimentados por la impunidad que ha prevalecido en relación a los casos del periodo anterior. Por lo anterior es que el problema es político, de responsabilidad y voluntad políticas y no simplemente de nuevas leyes.  Los crímenes de lesa humanidad lo son desde antes y los derechos violados de las víctimas son derechos sin necesidad de reagruparlos y “volver a reconocerlos”. La descomposición social y política y de instituciones del Estado que se vive actualmente hace que, aunque hay ahora una mayor conciencia y preocupación por los derechos humanos en la sociedad que cuando empezamos nuestra lucha por la presentación de los desaparecidos, la impunidad, falta de voluntad política de la autoridad en todos sus niveles, la corrupción y complicidad frente a este delito de lesa humanidad y las demás violaciones a derechos humanos convierte avances legales, en gestos que son utilizados por el poder para ponerse una máscara y hacerse propaganda como respetuoso y preocupado por la vigencia de estos derechos, al mismo tiempo que los atropella y viola sistemáticamente. Por ello, en Morelos es fundamental que se aplique de manera eficaz la ley en contra de la desaparición forzada, se apliquen los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas y se termine con la criminal práctica de la detención-desaparición forzada por parte del gobierno y las corporaciones policiacas y militares. Será la forma de reconocer que a 29 años de la desaparición de José Ramón no haya más impunidad, que la verdad y la justicia vayan de la mano y que nunca más se vuelva a repetir esta represión política contra activistas y luchadores sociales.

Comisión Independiente de Derechos humanos de Morelos A.C        

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales.

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José Ramón 28 años desaparecido en Morelos.

El 16 de diciembre de 1988 a José Ramón García Gómez  lo detuvieron en Cuautla unos policías. Los agentes policiacos que lo detuvieron formaban parte del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial, dirigido por Antonio Nogueda y al mando del Comandante Apolo Bernabé Ríos García, creado por mandato del entonces Gobernador Antonio Riva Palacio López, y quien fuera asesor de este gobierno. Los tres ya fallecidos sin que se hubiese cumplido la justicia. Durante la investigación de la Fiscalía Especial creada para el caso José Ramón, se logró encontrar una tumba clandestina en el panteón de Amilcingo, en Temoac, donde se encontraron 17 cuerpos de desaparecidos reclamados por esposas que se identificaron como «Las Viudas de Amilcingo» y que aún siguen esperando que haya verdad y justicia. Similitudes con la situación actual en 2016 por la práctica política de utilizar la desaparición forzada como una biopolítica del poder en contra de luchadores sociales, ahora extendida a miles de personas mediante la acción, omisión o aquiescencia del Estado. Aún a pesar de que haya significativos avances en el instrumental jurídico para investigar, sancionar, prevenir y erradicar la desaparición forzada, que no existía tres décadas atrás, y que ahora existe en el marco internacional con la Convención sobre Desaparición forzada, el Comité ad hoc de la ONU y con la Ley en la materia vigente en Morelos desde el 2 de septiembre de 2015 y las iniciativas de ley que se encuentran en el Senado de la República presentadas por organizaciones de familiares y defensoras de derechos humanos, que deberán dictaminarse próximamente y estaremos exigiendo que incluyan las aportaciones enviadas desde la sociedad.

¿Quién tiene la certeza de lo que puede haber ocurrido a un desaparecido hace 28 años? Nadie. Interrogantes que se acumulan y muestran la sinrazón de la barbarie. Las razones de Estado por encima de la racionalidad humanitaria. A 28 años de la desaparición de José Ramón decimos que no olvidamos, porque una sociedad que olvida los crímenes de lesa humanidad está irremediablemente condenada a repetirlos una y otra vez. Y no debemos acostumbrarnos al horror cotidiano. No lo aceptamos como si fuera la única alternativa impuesta desde el poder. Se ha mantenido la lucha histórica de las doñas del Comité Eureka y las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros cientos de organizaciones, para buscar y localizar a las y los desaparecidos, en cárceles clandestinas y campos militares, no solo en tumbas clandestinas. Como asegura Rosario Ibarra: “Durante 40 años hemos buscado la verdad y hemos encontrado muchos rastros, pero mientras no tengamos la certeza, para nosotros, su familia y para todos los que luchan por encontrar a los suyos detenidos-desaparecidos en las cárceles clandestinas del mal gobierno, los seguimos reclamando “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, es mucho más que una consigna, representa una esperanza de que tarde o temprano se esclarecerá el destino y paradero de todos y todas las personas desaparecidas”, miles en todo el país y en Morelos el caso de José Ramón que no olvidamos.

Comisión Independiente de Derechos humanos de Morelos A.C        

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores – Morelos

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Desaparecidos en Morelos: crimen de Estado, impunidad y desmemoria.

Por Roberto González Villarreal.
(Investigador, académico, escritor y colaborador de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos)

En Morelos, la información disponible indica que a pesar de su cercanía con Guerrero, las primeras desapariciones se dan una vez que el fenómeno pasa a las ciudades y a otros sujetos de la desaparición. No los guerrilleros solamente, sino a todos aquellos que pudieran ser considerados individuos peligrosos: por sus relaciones, ideología, aspecto, entre otros. También por vínculos familiares. Es lo que sucedió con los que quizá sean los primeros desaparecidos en el estado: los hermanos Romero Flores, aprehendidos y desaparecidos por el teniente coronel Arturo Acosta Chaparro, el 9 de septiembre de 1976, poco antes de las 8 de la mañana.
Pastor Romero Flores tenía sólo 13 años, su hermano Justino había cumplido ya los 14. Eran hijos de Braulio Romero Vinalay, un militante del Partido de los Pobres, quien había huido de las persecuciones en Guerrero y se había refugiado en Cuernavaca. Pastor y Justino iban a su trabajo, en compañía de un amigo suyo de nombre Erasmo, cuando fueron interceptados por un grupo de agentes de la DFS vestidos de civil. Les dijeron que buscaban a su papá, pero que como no estaba, se los llevaban a ellos. A Erasmo lo soltaron más tarde, a los hermanos no.
Carlos Alberto Benavides Alcocer tenía 22 años, era estudiante, cuando fue desaparecido un 20 noviembre de 1976, también en Cuernavaca. La información de este caso es muy endeble, y muestra todas las perversiones del registro de un desaparecido, porque según otras fuentes fue desaparecido en el metro de la ciudad de México.
Víctor Miguel Álvarez García, era empleado, tenía 29 años, cuando fue detenido un 20 de julio de 1983, en Cuautla, por elementos de la Policía Judicial del estado de Morelos.
Adalberto Boyas Pacheco fue detenido y luego desaparecido un 31 mayo de 1988, en Jiutepec, por agentes de la Policía Judicial.
José Ramón García Gómez ya tiene demasiados años deaaparecido. Militante del PRT, fue detenido el 16 de diciembre de 1988, en Cuautla, por la Policía Judicial del estado cuando se trasladaba de casa de su madre a la casa de Alberto Tapia en donde tendría lugar una reunión del Frente Democrático Nacional. Todos estos casos son conocidos. Y siguen impunes. Es necesario recordarlos, porque en la impunidad se encuentra una de las razones del incremento acelerado de las desapariciones en tiempos recientes.
Para muchos, se ha banalizado la práctica; esto quiere decir que no es incidental, como antes, que no está circunscrita a cuetiones represivas únicamente, sino que desaparecen comerciantes, campesinos, albañiles, estudiantes, amas de casa, jubilados, niños, jóvenes, normalistas, militantes. Cierto: los segmentos sociales donde mayor desaparecen son los jóvenes. Y, en Morelos, ha diferencia de la media nacional, donde casi el 70% de los desaparecidos son hombres, aquí de cada 9 cuatro son mujeres. Jóvenes la gran mayoría.
Hasta junio de este año, refiere 3 desaparecidas del fuero federal, 2 en Cuernavaca, de 20 y 16 años años, la primera el 22 de agosto de 2010 y la segunda el 22 de octubre de 2014. En Jiutepec, desapareció una menor de edad, de 16 años, el 21 de abril de 2014.
En el fuero común, los casos son más. 92 registrados. 40 mujeres y 52 hombres. De estos, la mayoría en la zona conurbada de Cuernavaca. 16 en la ciudad, 9 en Temixco, 3 en Jiutepec, 3 en Zapata, 6 en Xochitepec, 3 en Puente de Ixtla, y 2 en Cuautla, Jojutla y en Tlaquiltenango, y 1 en Tepoztlán, Miacatlán, Ayala, Amacuzac, Zacatepec.
La desaparición de mujeres sigue un patrón similar. 10 en la ciudad de Cuernavaca, 7 en Jiutepec, 2 Xochitepec, 1 en Zapata, 2 en Jojutla, 1 en Puente de Ixtla 1, Cuautla 1, Temixco, 2, Tepoztlán 2, 3 en Yautepec , 1 en Tlaquiltenango, Tlaltizapan y Altavista.
Sin embargo, estas cifras deben tomarse con mucho cuidado. Por dos cuestiones: la primera es la enorme tasa de subregistro en todas las estadísticas criminales. En México más del 90%. Algunas asociaciones de familiares en lucha por la presentación de sus desaparecidos, hablan de que por cada 10 casos reales, se denuncia menos de 1. Y se atienden y resuelven mucho menos. Los cálculos más arriesgados dicen que menos del 2% de los denunciads se resuelven. Pero esto no debe verse como un dato firme, o bien establecido.
La segunda razón es porque estos datos sólo dan cuenta de las denuncias registradas durante 2014 y 2015, aunque se puedan referir a desapariciones ocurridas años antes. Por lo que el subregistro aumenta considerablemente. Tan es así que hace apenas dos años, mas o menos por estas fechas del 2013, se reconocían en el estado más de mil desapariciones ocurridas entre 2011 y 2012, así que todas estas cuestiones siguen esperando una clarificación y un estudio especial por parte de las autoridades responsables.
La cuestión es esto que hemos llamado la banalización de la práctica. Ahora cualquiera puede desaparecer. Las decenas de miles de desaparecidos en el país así l demuestran. Y aunque más de la mitad de los casos siguen concentrados en los estados del norte del país, principalmente en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Sonora, lo cierto es que cada vez más se disemina más.
En conclusión: si la desaparición forzada se conformó como una tecnología política en la guerra irregular, a principios de los años setenta, 40 años más tarde se puso a disposición de cualquier grupo, en cualquier lugar, por prácticamente cualquier cosa. Y cada vez de manera más flagrante. Mas evidente. Más cínica. Es cuando se acompaña del terror, de un sentimiento perceptible, real, que corta el aire, que enrarece los ambientes. Cuando se vuelve un secreto a voces, cuando los campos se llenan de fosas clandestinas, las ciudades se rodean de casas que no se pueden nombrar porque todos y todas saben lo que les o nos puede ocurrir, cuando las ligas entre fuerzas de seguridad, militares, policías federales y municipales con unas u otras fuerzas de las industrias criminales en competencia son tan evidentes que no las ven los sólo los que no quieren verlas y deberían atenderlas. Cuando todos y todas callamos sabiendo lo que ocurre.
Hoy, a nosotros, nos toca recoger la lucha iniciada por los familiares de los desaparecidos políticos desde mediados de los años setenta, y recordar que las decenas de miles desaparecidos de hoy día -en esa lucha que no es contra las industrias criminales, sino con las industriales criminales y contra la población, para expoliar, para inhibir conductas, para generar miedo- han sido posibles porque la práctica de la desaparición es un crimen de Estado, que se alimenta de la impunidad y la desmemoria.

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