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Pronunciamiento por una Ley que tome en cuenta a los familiares de desaparecidos.

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética hemos dado respuesta positiva al llamado de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para lograr la presentación con vida de sus hijos. En el marco del Día Internacional contra la Desaparición Forzada, diversos colectivos de familiares han elevado una petición al Congreso de la Unión para que la Ley General contra la Desaparición Forzada incorpore sus propuestas, que exigimos sean escuchadas.

 

La Desaparición de personas en México, en la última década, ha tomado dimensiones como nunca en la historia reciente de nuestros Pueblos, el Comité de Desapariciones de Naciones Unidas, señaló que la “información recibida (…) ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”

En nombre de cientos de familiares de todo el país exigimos que la voz de las familias sea tomada en cuenta, que nuestras voces sean verdaderamente escuchadas. La Secretaría de Gobernación reconoció que al 31 de diciembre de 2014 había en México más de 25,230 personas desaparecidas. Sin contar una enorme cifra negra de quienes no han denunciado por diversos motivos. Vivimos una enorme tragedia, una crisis humanitaria que no ha sido reconocida y asumida en su verdadera dimensión, por quien tiene la responsabilidad de esta situación, el Estado.

 

Sabemos que una legislación sobre desaparición forzada y desaparición por particulares no es la solución al problema, que se tienen que hacer muchas cosas más, que se tienen que terminar la complicidad y la impunidad que han dado origen y mantienen esta situación, a pesar de esto, esperamos una ley que nos dé más y mejores herramientas para encontrar a nuestros desaparecidos.

 

Por ello, reclamamos nuestro derecho a participar en la elaboración de esta ley y la legislación correspondiente. Tenemos un aporte fundamental, producto de nuestra experiencia y del diálogo entre nosotros que nos ha permitido construir una visión común y propuestas conjuntas.

 

Hemos realizado junto con numerosas organizaciones civiles y el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas un proceso de consulta con eventos regionales y sectorial: una Consulta de la región occidente; un Encuentro de las organizaciones del Norte; un encuentro de las organizaciones del Centro y regiones cercanas; una reunión de trabajo con quienes abordan los casos de personas migrantes desaparecidas en nuestro país ; otra familiares que pertenecen a comunidades indígenas del sur de México; finalmente una consulta con familiares de desaparecidos de los años setentas.

 

Tuvimos también varias reuniones de trabajo nacionales para definir los puntos fundamentales de los que debe estar en la ley para que no se convierta en letra muerta, para que elimine efectivamente los obstáculos que hemos encontrado, que genere condiciones reales de investigación y búsqueda potenciando y articulando la acciones del Estado con este propósito; que reconozca y garantice el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las medidas de no repetición.

 

Esta Ley debe tener como principios:

 

Reconocer la problemática de las desapariciones forzadas y las desapariciones por particulares en su verdadera dimensión y profundidad: la magnitud, las causas estructurales y condiciones que han generado esta crisis de derechos; las limitaciones y vicios del quehacer institucional, todo ello para dar una respuesta en la medida y alcance necesaria para encontrar a todas las personas desaparecidas.

 

Garantizar la participación de los familiares en la formulación e implementación de la ley, entendiendo ésta como trabajo en conjunto, diseñando para ello los mecanismos y procedimientos adecuados.

 

La ley debe contemplar mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano sobre el desempeño de los servidores públicos y las instituciones en su implementación.

 

Queremos que esta sea una ley desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas.

 

Características de la Ley General:

 

Debe ser una ley Integral, que aborde las diferentes dimensiones de esta problemática.

En ella debe ampliarse el concepto de persona desaparecida para que sea reconocida como sujeto de derecho.

Debe ser autoaplicativa para que con su entrada en vigor se convierta en obligatoria para todas las instituciones en los tres niveles de gobierno.

La ley debe incluir y ser aplicada a todas las desapariciones, las del pasado, presente y las que desgraciadamente puedan ocurrir en el futuro.

La ley debe atender las desapariciones de personas migrantes, y tener un enfoque trasnacional.

Debe formularse desde una visión de derechos y con perspectiva de género.

La ley debe prever un enfoque diferenciado en atención a los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad.

Entendemos que más allá de una ley, se requiere una legislación amplia en la materia. A partir de su aprobación debe generarse un proceso de armonización con todas las leyes y ordenamientos que se requieran para hacer posible su cabal cumplimiento.

A partir de su publicación se debe generar un proceso de información, capacitación y sensibilización de los funcionarios responsables de aplicarla.

Para que se convierta en un instrumento efectivo para los familiares de las personas desaparecidas, debe redactarse en un lenguaje sencillo y ser accesible para todos.

Finalmente la ley debe garantizar las condiciones para la búsqueda inmediata de la persona desaparecida, la investigación científica, transparente y expedita, así como contemplar sanciones a los actores materiales e intelectuales que hayan obstruido la investigación o la búsqueda, a quienes dieron la orden de perpetrar la desaparición, y a quienes de cualquier manera oculten información sobre el paradero de la persona.

 

Petición: Por lo anterior, exigimos a los poderes del Estado un proceso de diálogo horizontal con los colectivos de familiares, organismos de la sociedad civil, legisladores y representantes del ejecutivo federal para la elaboración de la ley y su implementación.

 

Para avanzar en este proceso, entregamos los contenidos básicos de nuestra propuesta, así como algunos insumos adicionales, con el compromiso de continuar entregando los resultados de las consultas realizadas con las organizaciones de familiares.

 

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Atentamente.

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética.

 

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Ley contra la desaparición forzada, avances y retrocesos

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos considera que es importante la aprobación de la Ley contra la Desaparición Forzada, a la vez que condena los retrocesos legislativos en la materia. Recordamos que en Morelos ya se cuenta con un ordenamiento legal que incorporó un importante Mecanismo de Búsqueda y Localización, mismo que no se ha instrumentado hasta la fecha por el Ejecutivo Estatal y no ha sido vigilado su cumplimiento por el Legislativo local que aprobó dicha ley en la anterior Legislatura.

Compartimos a continuación tres documentos emitidos por la ONU-DH, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos y la Campaña contra la Desaparición Forzada, integrada por familiares y organizaciones de derechos humanos.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reconoce avances y manifiesta reservas en el proyecto de dictamen Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.

Las reservas se refieren a la falta de capacidades y atributos suficientes de la Comisión Nacional de Búsqueda para responder eficazmente a la problemática de la desaparición en el país.
Tras consulta amplia, organizaciones que conforman el Movimiento reconocen algunos avances para responder a esta grave problemática y hace un llamado al legislativo a aprobar la Ley en este período.
Los familiares de personas desaparecidas enfrentamos un profundo dolor desde que arrancaron a nuestros seres queridos de nuestro lado, y la indolencia y falta de respuesta del Estado. Por esta razón hemos exigido al Estado desde hace décadas una legislación en la materia que nos ayude a encontrarles. Desde hace dos años, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx), que agrupa a más de 40 colectivos en México y Centroamérica, hemos venido trabajando con organizaciones, personas expertas en la materia y con legisladores y legisladoras comprometidas para lograr una Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, impulsando nuestro derecho a participar en el proceso y proponer los componentes mínimos que debería tener la Ley a partir de una amplia consulta con colectivos y organizaciones.

En los últimos días la propuesta que veníamos trabajando con el poder legislativo se vio modificada por las observaciones del Ejecutivo, que según nuestra valoración eran inaceptables, como señalamos oportunamente. Tras conocer la última propuesta y un proceso de consulta con las organizaciones que conforman el Movimiento, reconocemos que el Dictamen tiene aspectos que abonan a que el Estado mexicano atienda la problemática, pero deja grandes pendientes: que si bien se creará una Comisión Nacional de Búsqueda, ésta no contará con policía propia y deberá solicitar colaboración al Ministerio Público para la realización de acciones de investigación, todo ello en disminución de su capacidad operativa.

Asimismo, no existe una claridad sobre los criterios para definir quién será el responsable, ya sea la Federación o autoridades locales, de encabezar la búsqueda de personas desaparecidas, se sigue utilizando el término de no localizados aún cuando es contrario a las recomendaciones internacionales que le han hecho al propio Estado mexicano. También se elimina el supuesto que permitiría, de acuerdo con estándares internacionales, fincar responsabilidades al superior jerárquico cuando en razón de sus funciones debió saber lo que las personas a su cargo realizaban.Para el MovNDmx está claro que el gobierno no cumple con su palabra y la voluntad política que dice tener, pues no está demostrada en todo el dictamen.

Sin embargo, como resultado de la consulta realizada, las familias decidimos acompañar el proyecto, pues si bien vemos que el corazón de la ley, que es la búsqueda, no está como creemos funcionaría mejor, la ley es un instrumento más en nuestra exigencia de buscarles y encontrarles y seguiremos reiterando la necesidad de mecanismos de búsqueda operativos y eficaces. Ahora toca al Estado demostrar que la estructura que propone va a funcionar. Las familias estaremos atentas que así sea.

Hacemos un llamado claro a las y los legisladores en ambas cámaras a aprobar la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares durante este período y honrar su compromiso con nuestro dolor y nuestra lucha por encontrarlos y encontrarlas.

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

La ONU-DH reconoce los avances en la ley de desaparición y lamenta la falta de consenso

en el tema de búsqueda

Luego de más de dos años de discusiones en el Senado, pero sobre todo a casi cuatro décadas de que se empezaron a perpetrar las desapariciones de personas en el país, varias de ellas por agentes del Estado, y con un saldo trágico para miles de familiares, la Cámara Alta aprobó el día de hoy la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoce que la ley turnada a la Cámara de Diputados posee avances para enfrentar uno de los problemas más doloroso, urgente y complejo que enfrenta el Estado mexicano. Dichos avances responden a los estándares y a varias recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, incluidas las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita al país en octubre de 2015.

En efecto, la ley establece un tipo penal de desaparición forzada acorde a los estándares internacionales, reconoce el carácter permanente de la conducta, le confiere el carácter de imprescriptible y determina un régimen de sanciones agravadas en determinados supuestos, así como incentivos para dar con el destino de las personas desaparecidas y los responsables. Además, la legislación plasma la obligación del Estado de buscar a toda persona cuyo paradero se desconozca y establece un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y Comisiones Locales de Búsqueda, las cuales operarán con una serie de herramientas y plataformas de información, como son los registros nacionales de personas desaparecidas, personas fallecidas no identificadas y fosas. Se crean los programas nacionales de búsqueda y exhumaciones y se adopta un enfoque diferenciado para responder a determinadas personas, como migrantes, niñas, niños y adolescentes, y a las víctimas de desaparición forzada ocurridas en el contexto de la así denominada “Guerra Sucia”. La ley también regula la declaración de ausencia y refuerza el derecho a la reparación de las víctimas.

La ONU-DH lamenta que no se haya logrado un consenso en el Senado entre las autoridades, los colectivos de víctimas y quienes les acompañamos en el apartado de búsqueda de personas, el más significativo de los temas materia de esta ley, especialmente en relación a las facultades y recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Será responsabilidad de las autoridades acreditar en los hechos y en el corto plazo que, una vez que se haya expedido la ley, el modelo de búsqueda aprobado por ellas sea capaz de dar los resultados necesarios y hacer posible la localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, la identificación certera, el respeto y la restitución digna de sus restos. Para la ONU-DH, el éxito de esta ley dependerá de sus resultados, especialmente en este apartado.

La ONU-DH expresa su reconocimiento a las personas que desde la institucionalidad mexicana, tanto en el Senado como en el Ejecutivo, hicieron el mayor de sus esfuerzos para impulsar los contenidos positivos de la ley. De igual forma, la ONU-DH reconoce al Movimiento Nacional por Nuestros Desparecidos en México y a la Campaña Nacional en contra de la Desaparición Forzada por su perseverancia, empuje y capacidad de construir propuestas, muchas de ellas derivadas de la experiencia del dolor que supone la desaparición de un ser querido y su búsqueda incansable.

La ONU-DH alienta a la Cámara de Diputados a procesar y aprobar a la brevedad posible esta importante ley.

La ONU-DH está consciente de las dificultades que para los colectivos de víctimas ha implicado un proceso legislativo complejo, les reitera su respeto y hace manifiesto su compromiso de seguir trabajando a su lado en la reivindicación de sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación integral, así como en la adopción de medidas para la no repetición.
Finalmente, la ONU-DH refrenda su plena disponibilidad para seguir trabajando con el Estado mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.

No avalamos una Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares que no cumple con los estándares internacionales y se burla de las víctimas
Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, en lo general, no avalamos el Dictamen de Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares que se está discutiendo en el Senado de la República porque es insuficiente, porque se queda corto ante la gravedad de las desapariciones en el país y porque no cumple, de manera general, con los estándares internaciones en materia de derechos humanos ni con las exigencias de las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y populares agrupadas en la Campaña y de miles de familiares de víctimas en todo el país.

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México reconocemos pequeños avances en la Ley General producto de la constante lucha de diversas organizaciones de víctimas y no de la voluntad política del gobierno, quien nos obliga a denunciar que el espíritu general de la Ley General no corresponde a las exigencias y expectativas de las víctimas.

Durante casi dos años hemos sido testigos de la simulación de diálogo por parte del Gobierno Federal y, durante décadas, de la falta de voluntad política para erradicar las desapariciones forzadas en el país. Ejemplo de ello es que mientras el Gobierno Federal simula el diálogo con diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos, las cifras de desapariciones forzadas se han venido incrementando año con año.

La estrategia del Gobierno Federal, desde un inicio, fue desgastar, tratar de dividir y engañar con falsas promesas a las familias y organizaciones que han venido exigiendo la Ley General. Ante ello, en todos los espacios en los que como Campaña logramos estar presentes, conjuntamente con diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos, dimos la lucha para llevar ante el Gobierno Federal las exigencias de miles de víctimas de desaparición forzada que desde la década de los años sesenta han mantenido la demanda de Justicia y Verdad, intentar menos que eso sería como arrancarle el corazón a quienes han dejado todo por encontrar a sus hijos, a sus familiares.

El dictamen de Ley General que está siendo discutido hoy (26 de abril de 2017) en Comisiones significa un grave retroceso respecto a la propuesta de Ley General que elaboramos las organizaciones agrupadas en la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México entregada al Senado de la República en septiembre del 2015 y en la Cámara de Diputados en septiembre del 2016, y también significa un grave retroceso respecto a los mínimos propuestos por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

El Estado mexicano tuvo la oportunidad histórica de dotar al país de un marco jurídico acorde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y, con ello, dar los primeros pasos para garantizar Verdad, Justicia, Memoria, Reparación integral del daño y Medidas de no repetición, no obstante lo que se presenta en el dictamen de Ley General es una caricatura de lo que realmente necesita hacer el Estado mexicano para erradicar las desapariciones forzadas. Un ejemplo de ello es la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda que en realidad ni es nacional ni tiene las capacidades para buscar.

El Estado mexicano incorporó a su dictamen aquellas exigencias de las víctimas que no tocan el centro de su propuesta y muchas de las exigencias las modificó y redujo para que no lo obligaran a prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, las cuales se presentan en el país de manera generalizada y sistemática.

La lucha por contar con un marco jurídico que prevenga y erradique las desapariciones forzadas no se agota con la promulgación de una Ley General que no cumple de manera general con los estándares internacionales ni con las exigencias de las víctimas. Tomaremos y haremos valer lo poco ganado en el marco jurídico nacional y seguiremos luchando por presentación con vida de todas la víctimas de desaparición forzada, por el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales y para que un día el pueblo mexicano logre tener un gobierno que no tenga como política de Estado el desaparecer a su propia gente.

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, de manera general, NO AVALAMOS el dictamen de Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares por lo siguiente:

1.- Bajo el pretexto de que para activar la Búsqueda inmediata y no caer en actos de incongruencia legal, el Estado mexicano deja en el Dictamen el término persona No Localizada. Este término se utiliza también para nombrar el “nuevo registro” de Personas Desaparecidas, el cual llevará el nombre de Registro Nacional de Persona Desaparecidas y No Localizadas. Con lo cual se demuestra que el Estado mexicano, bajo el argumento de “buscar” a todas las personas desaparecidas, oculta intencionalmente la práctica de la Desaparición Forzada que de manera sistemática y generalizada realizan sus propios funcionarios. Además no crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada.

2.- Para poder garantizar impunidad a los responsables intelectuales de cometer desapariciones forzadas, el Estado mexicano se negó a establecer la responsabilidad de los superiores jerárquicos como lo mandata la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada en su Artículo 6; aun a sabiendas de que esto le traerá como consecuencia graves llamamientos y recomendaciones de las instancias internacionales.

3.- Respecto a la creación de instancias eficaces para la Búsqueda, se eliminó la instancia encargada de realizar la Búsqueda inmediata y permanente de las víctimas de desaparición forzada. Eliminaron también establecer, dentro de los mínimos aceptables, el acceso a todos los lugares de probable detención de las víctimas incluidos campos militares y lugares clandestinos. En su lugar se crea una Comisión Nacional, que no es nacional y que no posee atribuciones ni herramientas necesarias para hacer la búsqueda adecuada en campo.

4.-A pesar de que en varias partes de la Ley se reconoce la necesidad de contar con un órgano que realmente sirva para la investigación forense, bajo el alegato de no contar con recursos suficientes, el Estado mexicano se niega a crear un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, y sólo crea una figura llamada Banco Nacional de Datos Forenses, que solamente agrupará Bases de Datos, que serán alimentadas por los mismos peritos dependientes de las Procuradurías, de esas mismas Procuradurías que no investigan y que hacen lo imposible para que los familiares de las víctimas no denuncien.

5.-El Estado mexicano reconoce que las desapariciones forzadas en México de la época de la “guerra sucia” deben ser investigadas, pero no crea una instancia de búsqueda inmediata, es decir, la Ley General no contempla encontrar a las víctimas de desaparición forzada, pese a que la desaparición forzada es un delito continuo.

6.- Como ha sido una constante durante más de cincuenta años, y más aún durante este sexenio, el Estado mexicano se negó a integrar cualquier artículo donde se hiciera alusión a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la imposibilidad de que éstas sean juzgadas bajo su propia jurisdicción.

7.- La Ley General no contempla la reclasificación de los delitos, lo cual seguirá dejando a todos los casos que no son investigados como desapariciones forzadas o desapariciones cometidas por particulares sin la posibilidad de exigir que se clasifiquen adecuadamente al momento de entrada en vigor de la Ley.

8.- Como se ha visto hasta ahora, la Ley General de Víctimas ha sido un mecanismo eficaz para desmovilizar a los familiares de las víctimas, y la Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares hace referencia en todo momento a la Ley General de Víctimas para cualquier petición de búsqueda e identificación de peritos independientes que puedan llegar a solicitar los Familiares.

Por todo lo anterior, como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, en general, NO AVALAMOS LA LEY GENERAL CONTRA DESAPARICIÓN FORZADA Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES que está por ser aprobada en Comisiones. De ser aprobada esta Ley General, se seguirá perpetuando la impunidad y el Estado mexicano continuará sin garantizar a las víctimas, familiares y sociedad en su conjunto los derechos de MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.

Como lo hemos hecho desde hace ya casi siete años, continuaremos con la exigencia y la lucha por la presentación con vida de cada una de las víctimas de desaparición forzada en México. Seguiremos buscando que se castigue a cada uno de los responsables materiales e intelectuales sin importar su jerarquía en la estructura del Estado mexicano.

Por último, hacemos un llamado a las víctimas de desaparición forzada a pronunciarse en contra de una Ley General que generará más impunidad, respetamos el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil que están avalando la Ley General, pero recordemos que una Ley General sin corazón, sin búsqueda, sin justicia y sin verdad, reduce las exigencias históricas de las víctimas de la desaparición forzada y sus familiares a un autoengaño

Presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos Rene Román Salazar, los activistas Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Sántiz, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de desaparición forzada en México.

Atentamente

Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México

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Estado represivo y ley contra desaparición forzada.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz.

Defender los derechos humanos frente a un Estado represivo es un compromiso de vida. Decir Fuera Peña, fue el Estado, es elevar la voz de indignación ante un gobierno represivo, antidemocrático, autoritario y violador de derechos humanos, que está únicamente al servicio del gran capital de la oligarquía y las trasnacionales. Estos tres años han significado mayor miseria, hambre, desempleo, bajos salarios, violencia, muerte, desapariciones, feminicidio, militarización e injusticia social. Ningún avance para la vida digna de las personas ha significado el paquete de reformas aprobado por el gobierno con todos los partidos que integraron el mal llamado pacto por México, que mostró claramente que por encima de la voluntad ciudadana se encuentran los privilegios de la burocracia de todos los partidos que avalaron estas criminales reformas. Ante la creciente inconformidad popular, expresada en miles de movilizaciones en todo el país, el Estado refuerza su poder militar y policíaco, reprimiendo, persiguiendo, encarcelando a personas que protestan y luchan, desapareciendo a activistas y generalizando la práctica de la desaparición forzada a decenas de miles de personas en todo el país, incrementando la inseguridad y los ataques contra la vida y la libertad de mujeres y niños, el feminicidio, la explotación infantil, la trata de personas y la persecución a migrantes y criminalización de los jóvenes. En todas estas políticas el gobierno de Morelos ha seguido el mismo derrotero que el gobierno federal. No hay diferencia cualitativa entre las políticas que aplica Peña Nieto y Graco Ramírez. Los une los mismos objetivos de fortalecer el capital y sus privilegios. Por ello, es que este primero de septiembre denunciamos a los malos gobiernos que no representan los intereses de la mayoría de la población. No aceptamos sus políticas privatizadoras y represivas.

En este contexto, destacamos avances importantes del movimiento el hecho que a partir de este jueves 2 de septiembre de 2015, entró en vigor la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, que fue impulsada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, familiares de víctimas y ofendidos, así como organizaciones sociales y aprobada por la recién extinta LII legislatura. Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, cobra vigencia esta ley que durante mucho tiempo fue reclamada por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que alertaron sobre el creciente fenómeno delictivo y la tragedia de decenas de familias morelenses que hasta hoy no saben el paradero de hijos, hijas, padres, madres y hermanos. (El texto íntegro se puede consultar en: http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2015/5326.pdf) En esta ley la desaparición forzada está tipificada como un delito imprescriptible y se prohíbe tajantemente a los servidores públicos, denegar el acceso a personal de organizaciones internacionales de derechos humanos a edificios o instalaciones en donde se presuma se pudo cometer este ilícito. También se permite coadyuvar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con el Ministerio Público en la investigación del delito de desaparición forzada;  establecer medidas cautelares para la búsqueda y localización de las víctimas; y conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario entre servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial, instituciones educativas y grupos de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, así como expertos en materia de desaparición forzada. Para efecto de instaurar el Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas Desaparecidas y el Comité Consultivo, el Ejecutivo estatal deberá emitir a la brevedad la convocatoria respectiva dirigida a la sociedad en general para que la integración de ambos órganos se concrete en un plazo máximo de 60 días hábiles. Al respecto consideramos importante no esperar todo este tiempo y  que ésta convocatoria se emita a la brevedad posible para sentar precedente nacional, ahora que se está discutiendo la Ley General. El Mecanismo y su consejo consultivo conocerá de los casos de desaparición forzada de personas a través del Ministerio Público una vez que sea presentada la denuncia ante la Fiscalía estatal, y estará integrado por cinco representantes de instituciones y dos representantes de organizaciones civiles. Su función será dictaminar las medidas necesarias para garantizar la integridad de cualquier persona que como consecuencia de la desaparición forzada se encuentre en riesgo, y ordenar las medidas cautelares que amerite cada caso. Además, prevé la figura de Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas, la cual consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo fundamental, recuperar la memoria histórica de los hechos y conocer la verdad jurídica de los hechos. El estado a través de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, creará una Base de Datos con los registros de las personas fallecidas y que se encuentran en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense o en las fosas comunes designadas para la Fiscalía General del Estado, con el fin de obtener su registro morfológico y dental, así como muestras para estudios genéticos, extraídas por personal altamente especializado en el tema. Lo que sigue es exigir la aplicación de esta Ley y sobre todo eliminar las causas políticas de la desaparición, por lo que es un compromiso de lucha y un llamado a la consciencia social para decir: Nunca más!

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En vigor la ley para prevenir, atender y erradicar la desaparición forzada en Morelos.

A partir de este jueves 2 de septiembre de 2015, entra en vigor la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, que fue impulsada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, familiares de víctimas y ofendidos, así como organizaciones sociales y aprobada por la recién extinta LII legislatura.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, cobra vigencia esta ley que durante mucho tiempo fue reclamada por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que alertaron sobre el creciente fenómeno delictivo y la tragedia de decenas de familias morelenses que hasta hoy no saben el paradero de hijos, padres, madres y hermanos.

En esta ley la desaparición forzada está tipificada como un delito imprescriptible y se prohíbe tajantemente a los servidores públicos, denegar el acceso a personal de organizaciones internacionales de derechos humanos a edificios o instalaciones en donde se presuma se pudo cometer este ilícito.

También se permite coadyuvar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con el Ministerio Público en la investigación del delito de desaparición forzada;  establecer medidas cautelares para la búsqueda y localización de las víctimas; y conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario entre servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial, instituciones educativas y grupos de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, así como expertos en materia de desaparición forzada.

De acuerdo con los artículos transitorios, en tanto no se expida la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, permanecerá vigente la legislación estatal  en su respectivo ámbito de aplicación.

Para efecto de instaurar el Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas Desaparecidas y el Comité Consultivo, el Ejecutivo estatal deberá emitir a la brevedad la convocatoria respectiva dirigida a la sociedad en general para que la integración de ambos órganos se concrete en un plazo máximo de 60 días hábiles. Al respecto consideramos importante no esperar todo este tiempo y  que ésta convocatoria se emita a la brevedad posible para sentar precedente nacional, ahora que se está discutiendo la Ley General.

El Mecanismo y su consejo consultivo conocerá de los casos de desaparición forzada de personas a través del Ministerio Público una vez que sea presentada la denuncia ante la Fiscalía estatal, y estará integrado por cinco representantes de instituciones y dos representantes de organizaciones civiles.

Su función será dictaminar las medidas necesarias para garantizar la integridad de cualquier persona que como consecuencia de la desaparición forzada se encuentre en riesgo, y ordenar las medidas cautelares que amerite cada caso.

Además, prevé la figura de Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas, la cual consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo fundamental, recuperar la memoria histórica de los hechos y conocer la verdad jurídica de los hechos.

El estado a través de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, creará una Base de Datos con los registros de las personas fallecidas y que se encuentran en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense o en las fosas comunes designadas para la Fiscalía General del Estado, con el fin de obtener su registro morfológico y dental, así como muestras para estudios genéticos, extraídas por personal altamente especializado en el tema.

Esta información generada a partir de la Base de Datos servirá para compararlos con los registros morfológicos y dentales de la o las personas desaparecidas, así como las muestras genéticas de sus familiares.

El texto íntegro se puede consultar en:

http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2015/5326.pdf

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Desaparición forzada y lucha colectiva

Marco Aurelio Palma Apodaca y José Martínez Cruz

Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Este lema zapatista se escucha en marchas y movilizaciones a tres años del gobierno de Peña Nieto. La violación creciente y sistemática de los derechos humanos tiene causas políticas, estructurales, donde el capitalismo neoliberal y privatizador agudiza la desigualdad económica y la injusticia social, a través de la violencia institucional que militariza, asesina, desaparece e impone autoritariamente sus decisiones violando la voluntad democrática de la mayoría del pueblo. En México, es uno de los países cuyos gobiernos usan la desaparición forzada para silenciar a sus detractores e infundir miedo, denunció Amnistía Internacional (AI). Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, presentó un reporte con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que revelan que desde 2007 casi 25 mil personas habrían desaparecido en México, esto es durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto. Casi la mitad de las desapariciones, 12 mil 500, ocurrieron durante la actual administración. Al enlistar casos emblemáticos de desaparición forzada, Amnistía Internacional mencionó el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que tuvo gran impacto a nivel mundial. Aún con la atención mundial en el caso, las autoridades mexicanas han fallado en investigar apropiadamente todas las vertientes del caso, especialmente las preocupantes críticas sobre la complicidad de las fuerzas armadas. La organización ha solicitado el Gobierno de México resolver el problema de los desaparecidos y ha organizado una campaña de cartas en español llamada #Noesnormal, instando a Peña Nieto, a que investigue adecuadamente las miles de desapariciones. México es un país de impunidades, en los agravios acumulados: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Ecuandureo, Ostula, Calera. Las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, son hechos oprobiosos que se sumaron las masacres de Apatzingán y Ecuandureo, en Michoacán este 2015. Luego vinieron las ejecuciones en Calera, Zacatecas, y los actos de represión en Ostula. En todas ellos han participado fuerzas federales de seguridad. Por ello es necesario traer a la memoria las palabras de Rosario Ibarra: El 28 de agosto de 1978, a las 11 de la mañana, decidimos iniciar una huelga de hambre en el corazón del país, donde desde 1968 (ya 10 años) no se había realizado ningún acto de protesta. En desigualdad de fuerzas, cuando nadie pensaba que era fundamental la lucha por los derechos humanos, cuando nadie se organizaba para su defensa, los familiares fuimos el motor de un gran movimiento: una huelga de hambre en la Catedral de México, a un lado de Palacio Nacional, símbolo del poder, sede de la Presidencia de la República y en vísperas del segundo informe de gobierno de José López Portillo. El gobierno mexicano no prestaba atención a los familiares del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, hoy ¡Eureka!; las cárceles estaban llenas de presos políticos, 57 exiliados deseaban regresar a su patria; los perseguidos escondiéndose de la furia de la Dirección Federal de Seguridad, de las fuerzas armadas y de la Brigada Blanca, pues podrían correr la misma suerte de los cientos de desaparecidos cautivos en las prisiones clandestinas, campos militares y bases navales. Pretendíamos que se aprobara una ley de amnistía, lo cual se logró gracias a la decisión y a la voluntad de lucha de los familiares y de la gran difusión y solidaridad nacional e internacional. El Estado mexicano, desde sus comandantes supremos de las fuerzas armadas, pasando por procuradores y secretarios de Gobernación, ha hecho escarnio durante 40 años del dolor de los familiares de los desaparecidos. Los abogados de la nación, es decir, los procuradores, durante décadas negaron la existencia de los desaparecidos, hasta hoy que la magnitud de sus actos criminales los ha dejado en evidencia; las desapariciones forzadas y asesinatos cometidos por las fuerzas armadas o policías y por diferentes grupos armados fueron cometidos al amparo, con el resguardo, bajo la tutela e impulsados por el propio gobierno. Este terrorismo es política de Estado, que sólo ha cambiado de métodos y tácticas, pero para ¡Eureka!, el único criminal responsable de todas las desapariciones forzadas sigue siendo el mismo: el mal gobierno de México. Por una ley que erradique la desaparición forzada y castigue a los culpables. Por ello en Morelos seguimos demandando que, en el marco de las medidas y acciones de la Alerta de Violencia de Género, se publique oficialmente la Ley contra Desaparición Forzada ya aprobada por la LIII Legislatura, y que a nivel nacional se tome en cuenta verdaderamente a las organizaciones y familiares de las y los desaparecidos. ¡Vivas y vivos los llevaron, vivos los queremos!
Las 74 organizaciones de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, haremos la presentación de la Agenda de Derechos Humanos, Ante la Adversidad y la Indignación: La construcción Colectiva. Este 2 de septiembre a las 11 a.m. en la Casa Lamm, en la Ciudad de México y próximamente en Morelos.

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Un ya basta a la desaparición forzada y la represión

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

Durante la 14 jornada global por Ayotzinapa en Cuernavaca saludamos la aprobación de la Iniciativa de ley sobre Desaparición Forzada para el Estado de Morelos y demandamos que se subsanen los errores y limitaciones de la misma, para que se salde la deuda histórica con familiares y víctimas de este crimen de lesa humanidad. Para esclarecer la verdad histórica y la justicia para los 43 de Ayotzinapa, consideramos importante señalar que en su cuarto informe público, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana para el caso Ayotzinapa hizo un balance sobre las peticiones y diligencias que ha solicitado, el nivel de cumplimiento y lo que aún está pendiente. Entre los puntos mencionados están: las autoridades continúan evaluando la petición de hacer entrevistas directas al 27 batallón y hay un avance completo en 30% y parcial en 24% de las diligencias adicionales solicitadas a las autoridades. El grupo resalta el compromiso de la PGR para dar los pasos necesarios para unificar la investigación, la instalación de una unidad de salud para los padres de familia en la normal de Ayotzinapa y la buena disposición de familiares de los jóvenes y de los normalistas sobrevivientes de colaborar con las autoridades para continuar la investigación y enriquecer el expediente, a pesar del impacto y la movilización emocional que supone para ellos la nueva toma de testimonios.  A 9 meses de los hechos, los familiares de los normalistas desaparecidos siguen esperando respuestas y nuevos esfuerzos para la búsqueda de sus hijos. El Grupo ha avanzado en el análisis del expediente, así como en la toma de testimonios, en el contraste entre las distintas versiones, declaraciones y pruebas recogidas, así como en la elaboración de su futuro informe. Se acordó con la procuradora general realizar una reunión para que el GIEI colabore con sus criterios en la valoración y tipificación de los delitos cometidos en las 6 causas abiertas que corresponden a 15 procesos (Tamaulipas, Morelos, Guerrero), según la información proporcionada por las autoridades. Dicha acción es un paso adelante para que hechos tan graves puedan ser investigados de manera integral y juzgados de acuerdo con los estándares internacionales en este tipo de casos.

Más de tres meses después de haber realizado la petición a las autoridades para entrevistar directamente a los militares del 27 batallón, incluyendo aquellos cuyos testimonios no han sido tomados, el GIEI señala con preocupación el retraso en esta decisión. En opinión del Grupo esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos. En el mes pasado se hicieron diversas diligencias en lugares relevantes vinculados con la investigación. El grupo visitó establecimientos policiales, el basurero de Cocula, el río San Juan y una casa de seguridad, entre otros lugares del estado de Guerrero. También hizo una nueva inspección de los sitios en donde se cometieron los ataques en la ciudad de Iguala. Dichas acciones se llevaron a cabo junto con peritos del Grupo, expertos en criminalística de campo y planimetría. Desde que comenzó su mandato, el GIEI ha hecho más de cien peticiones de información relevantes o de diligencias significativas para la evaluación y el impulso de la investigación. Dada la complejidad y la amplitud de las mismas, se ha establecido un sistema para verificar el cumplimiento de dichas solicitudes. Hasta ahora se ha cumplido un 30% de forma completa, un 24% de forma parcial y un 47% aún están pendientes, según la revisión conjunta hecha por el GIEI y la PGR. La agilización de la respuesta a estas peticiones es muy importante para cumplir con el mandato del Grupo en el tiempo establecido. En los próximos días el GIEI hará nuevas solicitudes importantes para el caso. Igualmente, el Grupo resalta la relación de colaboración con la CNDH para el intercambio de información relativa a la investigación. Estos son, brevemente, los avances y los pendientes del trabajo del Grupo a casi cuatro meses de que inició el mandato que le fue encomendado por los peticionarios y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte, el Informe planteado por la CNDH da cuenta que la PGR se apresuró a construir una verdad oficial sobre los hechos sin contar con los elementos probatorios que sustenten sus afirmaciones y justo por ello solicita el desahogo de pruebas múltiples pruebas periciales, reconstrucciones de hechos, determinar la “ruta de desaparición”, recabar diversos testimonios e incluso la realización de elementos básicos para una búsqueda y localización efectiva de los estudiantes como es elaborar fichas de identificación.

Finalmente, el 19 de julio la represión militar en contra de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula Michoacán donde las autoridades y militares pretenden justificar su violenta e ilegal agresión, condenamos los hechos ocurridos en los que murió el niño Idilberto Reyes García, y exigimos que se haga justicia y se esclarezca la verdad de lo ocurrido, que no existan más agresiones, hostigamiento o detenciones en contra de integrantes de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Coahuayana. Así mismo exigimos: Que se garantice la integridad de la comunidad, lo que incluye el respeto a su Policía Comunitaria. La inmediata libertad de Cemeí Verdía Zepeda (Primer Comandante de la Policía Comunitaria y Coordinador General de las Autodefensas). Justicia inmediata y castigo a los culpables de la muerte del niño Idilberto Reyes García, y de las agresiones a la población del domingo pasado.

cidhmorelos@gmail.com

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Desaparición Forzada: foro sobre la Ley e historias de dolor.

El Congreso del Estado de Morelos tiene la oportunidad de legislar sobre la Desaparición Forzada y contribuir a que se atienda, prevenga, investigue, sancione y erradique esta terrible práctica de fuerzas del Estado que laceran gravemente la dignidad humana.

La desaparición forzada es un crimen de Lesa Humanidad. La Convención sobre Desaparición Forzada lo describe así: “se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.” (Artículo II) y “constituye una afrenta a la conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana”. En el gobierno de Calderón y el actual de Peña Nieto, se dispararon las cifras de personas desaparecidas en todo el país, bajo la estrategia política de una guerra supuestamente contra el narcotráfico, confiriendo poderes extraordinarios a las corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas, sin detenerse en el argumento que establece claramente que “En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la desaparición forzada de personas. En tales casos, el derecho a procedimientos o recursos judiciales rápidos eficaces se conservará como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. En la tramitación de dichos procedimientos o recursos y conforme al derecho interno respectivo, las autoridades judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puede encontrar a las personas desaparecidas, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar.” Abrir los cuarteles militares, las cárceles clandestinas, los sitios ocultos del poder, las cloacas del sistema, deviene en una demanda de familiares que  buscan por todos los medios posibles. Ejemplo de ello ha sido la lucha desde hace 40 años de las doñas del Comité Eureka y las madres y padres de los 43 de Ayotzinapa, así como quienes integran las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) y muchas otras organizaciones, como Familiares y Ofendidos del Estado de Morelos. Por ello, la lucha por la presentación con vida de todas y todos los desaparecidos sigue siendo fundamental en la hora actual. Analizar, reflexionar y actuar para evitar que continúe esta terrible práctica del Estado en contra de personas que quedan en la indefensión total, es el objetivo de la iniciativa de Ley para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos. Ya fue presentada en el Congreso del Estado y sabemos que está siendo analizada en Comisiones, por lo que consideramos fundamental que la Comisión de Puntos Constitucionales y la Junta Política del Congreso puedan resolver y considerar la urgencia de su discusión y resolución, porque es claro que no se debe esperar los 6 meses para que la Legislación Federal realice una Ley en temas de gran importancia como lo es la Desaparición Forzada, cuando se puede establecer un ordenamiento Estatal que esté en armonía con los más altos estándares internacionales en materia de protección de los derechos de las personas que sufren desaparición, y esa es una razón para que la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos realizamos este Foro contra la Desaparición Forzada en Morelos, este día 9 de julio de 2015 a las 10 de la mañana, en el lobby del Congreso del Estado, donde contamos con la participación de familiares de desaparecidas en la entidad, el Diputado Héctor Salazar Porcayo, el investigador y autor del libro “La Historia de la Desaparición en México” Roberto González Villarreal, quien señala “Lo que está diciendo la sociedad es que ya está cansada de un régimen político que permite las desapariciones; y que no sólo las permite, las realiza. El régimen está en duda. Ya no es sólo la lucha por los desaparecidos. Se trata de un régimen en el que ya no distinguimos quiénes son las autoridades”,  y precisa que: “El secreto, la negativa, la ignorancia, el olvido, la tachadura, la rasgadura, las contradicciones, las confusiones, todas son técnicas para desaparecer a las personas, para difuminar su memoria, desconocer los conflictos, callar las batallas. La tecnología de la desaparición opera en el límite de la existencia política y jurídica de los sujetos, transita siempre entre la desaparición radical y los recuerdos apenas manifiestos. En Historia de la desaparición. Nacimiento de una tecnología represiva los desaparecidos vuelven a estar aquí, tienen nombre, participan en nuevos combates porque cada vez que se les evoca es una jornada política: han abierto una lucha sin cuartel y sin descanso. Su memoria es un arma, su recuerdo anima la exigencia de que regresen, de saber dónde están. Así lo han dicho sus madres, hijos, esposos, hermanos: Vivos los llevaron. Vivos los queremos”. Igualmente, escucharemos los testimonios de familiares de personas desaparecidas en Morelos que estremecen la conciencia y nos conminan a no cejar en nuestra exigencia de tomar todas las medidas para que se esclarezca la verdad y se logre la justicia en todos y cada unos de los casos.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

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