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A un año de la aprobación de la Ley General contra la Tortura, instituciones del más alto nivel incumplen y violan la norma

Este 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, se cumple un año de la publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley General). A pesar de los avances en la materia, instituciones de alto nivel como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia han tomado acciones regresivas o abiertamente violatorias de la nueva norma que obstaculizan la erradicación de la tortura en el país.

En ese sentido, resulta sumamente preocupante la adopción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una tesis de jurisprudencia que contradice la regla absoluta de considerar inadmisible cualquier prueba obtenida bajo tortura, la cual es una obligación reconocida en la Ley General, pero también un deber preexistente del Estado mexicano de acuerdo al Derecho Internacional. La tesis, que representa una regresión frente a la jurisprudencia previa del Máximo Tribunal, dispone que no es necesario reponer un proceso penal donde la persona sentenciada afirma que su condena se basó en evidencias fabricadas bajo tortura, salvo que exista autoincriminación (normalmente una confesión)[1]. Este lenguaje deja abierta la posibilidad de utilizar declaraciones obtenidas bajo tortura distintas a una confesión, por ejemplo, cuando se detiene y tortura a un grupo de personas para que se inculpen mutuamente, como ha ocurrido en un sinnúmero de casos conocidos por las organizaciones firmantes.

Por otra parte, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia anunció en febrero de 2018 que había adoptado – mediante un proceso opaco – un nuevo Protocolo Homologado para la investigación de la tortura. Mientras la Ley establece que la denuncia de tortura llevará a una investigación realizada por la Fiscalía Especializada competente, el Protocolo dispone que el o la agente del Ministerio Público que reciba la noticia de tortura realizará una suerte de pre-investigación sin fundamento en norma alguna, y sólo en caso de considerar que existe una presunción de tortura, enviará el caso a la Fiscalía Especializada para que esta lo investigue y lo registre con fines estadísticos[2]. Así, el Protocolo crea una nueva categoría discriminatoria aplicable solamente a víctimas de tortura, al inventar nuevos procedimientos a agotarse antes de abrir una investigación. El Protocolo es actualmente objeto de un juicio de amparo que señala su incompatibilidad con la Ley General, con el nuevo sistema de justicia penal y con el derecho internacional.

En relación a otras acciones requeridas por la nueva Ley General, recordamos que este año se instaló el Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cuyos resultados dependerán del apoyo que reciba del presidente del Comité, que a la vez es presidente de la CNDH, y de la articulación de su aparato ejecutivo con otros actores, incluyendo a las defensorías públicas, que deben coadyuvar en la prevención de la tortura, y las fiscalías, que deben actuar para proteger la integridad de las personas privadas de la libertad en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Por otra parte, resulta cuestionable la falta de avances y de transparencia en el diseño del Programa Nacional contra la tortura previsto en la Ley General contra la tortura.

En conclusión, las organizaciones firmantes consideramos alarmante que diversas instituciones que deberían ser las primeras en comprometerse con el nuevo modelo contra la tortura lo desconozcan en sus acciones. Cumplir la Ley General y erradicar la tortura como estrategia de fabricación de pruebas, represión o con cualquier otro fin debería ser un elemento prioritario y fundamental de la agenda de justicia y seguridad ciudadana de todas aquellas personas que busquen ocupar cargos de elección popular el próximo 1º de julio, especialmente en el caso de los candidatos presidenciales.

Es por ello que, en este Día de Apoyo a las Víctimas de Tortura, hacemos un enérgico llamado a los candidatos y candidatas a cargos de elección popular a comprometerse con el cumplimiento de la Ley General contra la Tortura, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal, y exigimos a las autoridades estatales y federales adoptar inmediatamente acciones encaminadas a erradicar la tortura, tal como lo mandata la legislación aplicable.

 

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-Francia)

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social

Equis, Justicia para las Mujeres

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, s.j.

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana

Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

[1] TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO. Tesis: 1a./J. 101/2017 (10a.) Registro: 2015603.

[2] https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Prot_Inv_Tortura.pdf, p. 28-30.

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Se aprobó la Ley contra la tortura

La tortura es una práctica generalizada entre las corporaciones policíacas y militares en México. Los informes de organizaciones internacionales y nacionales defensoras de derechos humanos así lo demuestran. Prevenir, investigar y sancionar para erradicar la práctica de la tortura es una necesidad apremiante para salvaguardar los derechos humanos de todas las personas en nuestro país. La probación por el Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y sancionar la Tortura y otros Tratos y o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, significa un paso significativo en ésta dirección, sin embargo, será precisamente la aplicación práctica de éste instrumento legal lo que permita evitar que la tortura se siga utilizando para fabricar culpables y mantener la impunidad.

Sobre éste tema, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  Este organismo internacional destacó que la adopción de esta ley atiende una de las recomendaciones formulada al Estado Mexicano por varios mecanismos internacionales de derechos humanos, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, con ocasión de su visita al país en octubre de 2015.

La ley general de tortura es un instrumento fundamental para combatir uno de los retos más críticos que enfrenta el Estado mexicano en materia de derechos humanos. La ley establece la prohibición absoluta de la tortura, sanciona la conducta en todo el país bajo una misma definición acorde con los tratados internacionales, excluye las pruebas obtenidas mediante tortura y otras violaciones a los derechos humanos y determina reglas claras de combate a la impunidad. Asimismo, esta nueva normativa distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno, crea un registro nacional de casos de tortura e incluye medidas para la asistencia, atención y reparación de las víctimas. Igualmente, la ley aprobada establece la adopción de un programa nacional para erradicar el delito, refuerza las medidas de prevención y robustece al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, entre otras medidas transformativas importantes.

“Las potencialidades de la ley adquirirán pleno significado cuando se traduzcan en una práctica observable y evaluable, esto es, cuando se prevenga la tortura, se sancione a los culpables, se excluyan las pruebas obtenidas mediante tortura y se repare de manera integral a las víctimas. Por ello, la ONU-DH hace un llamado para que la ley se promulgue a la brevedad y, sobre todo, se garantice su aplicación efectiva”, sostuvo Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México. “De manera especial, la implementación de la ley debe asegurar que la tortura deje de emplearse como un método de investigación criminal y que sean los torturadores y no las víctimas de tortura quienes enfrenten cargos ante la justicia. Por ello, mi Oficina seguirá de cerca la implementación de esta importante pieza legislativa y aportará su asistencia y cooperación para favorecer su aplicación práctica”, agregó el Sr. Jarab.

Asimismo, la ONU-DH reconoce la apertura y disposición de los diversos actores involucrados en la aprobación de la ley. De manera especial, es destacable el trabajo realizado por el Senado de la República, mismo que fue profundizado por la Cámara de Diputados. De igual forma, merece ser subrayado el impulso desplegado desde la Procuraduría General de la República, así como las importantes contribuciones de la CNDH, de las organizaciones de la sociedad civil y algunas universidades. Pero ante todo, ha sido la valentía de las víctimas la que ha inspirado a múltiples actores a impulsar una ley cuyo objetivo central es erradicar el sufrimiento que implica la inadmisible práctica de la tortura. A las víctimas de tortura, reiteradamente estigmatizadas, así como a quienes defienden sus derechos humanos, la ONU-DH les reitera su solidaridad, respaldo y empatía.

Finalmente, la ONU-DH refrenda su plena disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado y la sociedad civil mexicanos en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.

Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos nos sumamos a la exigencia de que se aplique integralmente éste nuevo ordenamiento general contra la terrible práctica de la tortura hasta lograr su erradicación.

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Sociedad civil insta al Senado a aprobar Ley General contra la Tortura esta semana

  • Urgente contar con marco normativo que cumpla obligaciones internacionales.
  • La Ley aprobada por el Congreso de la Unión debe dar paso a su pronta publicación.

24 de abril de 2017. Las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones abajo firmantes hacemos un llamado al Senado de la República para que apruebe esta semana el dictamen de Ley General contra la Tortura enviado por la Cámara de Diputados el pasado 19 de abril, así posibilitando la publicación y entrada en vigor de la Ley.

Recordamos que, tras un proceso que se destacó por la participación activa de la sociedad civil, hace un año el Senado aprobó una minuta de Ley General que representaba un paso histórico hacia un marco normativo homologado e integral para el combate de la crisis de tortura en nuestro país.

Dicha minuta fue turnada a la Cámara de Diputados desde abril de 2016. Finalmente, el pasado miércoles la Cámara aprobó un dictamen de Ley basada en la minuta del Senado. Entre las modificaciones más destacables que introduce el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, se establece que la prohibición del uso de pruebas obtenidas mediante la tortura es absoluta y no admite excepciones, adecuando la Ley a la Constitución y los tratados internacionales en este punto fundamental. Asimismo, se fortalece el diseño del Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura y se aclara que la responsabilidad penal por actos de tortura no se limita a determinadas formas de autoría.

Saludamos la aprobación del producto legislativo alcanzado, que incorpora obligaciones internacionales. Sin embargo, dicho proceso no incidirá en la apremiante realidad del país hasta traducirse en la entrada en vigor y efectiva implementación de la Ley.

Por lo tanto, instamos al Senado a aprobar el dictamen de Ley General contra la Tortura enviado por la Cámara de Diputados la semana pasada, así dando paso a su publicación y a la etapa de implementación y aplicación de tan importante legislación.

Organizaciones e instituciones académicas nacionales

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social

Equis, Justicia para las Mujeres

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, s.j.

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA)

Laboratorio de Innovación para la Paz, A.C.

Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, Universidad Iberoamericana, Torreón

Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana

 

Organizaciones regionales e internacionales

 

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT Francia)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

 

Redes

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

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Demoras, falta de diálogo y propuestas regresivas en combate a la tortura

  Las modificaciones planteadas en la Ley General contra la Tortura desde la Cámara de Diputados tienden a invisibilizar y debilitar investigaciones por tortura 
 La ley que se apruebe debe incorporar los más altos estándares de protección de derechos humanos, conforme el bloque de constitucionalidad vigente 
 
El pasado 5 de enero se cumplió un año de la fecha límite señalada por el Congreso de la Unión para aprobar, dentro de un plazo de 180 días contados a partir del 10 de julio de 2015, las leyes generales para combatir la tortura y la desaparición forzada. Dicha disposición, deviene de la reforma al artículo 73, fracción XXI de la Constitución, en donde se otorgan facultades al Congreso para legislar sobre esas materias. 
 
Diversos organismos e instituciones internacionales y de la sociedad civil mexicana –como las que firmamos este pronunciamiento–, nos hemos pronunciado en numerosas ocasiones sobre la grave crisis de tortura generalizada que existe en el país. En 2015, el entonces Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó las obligaciones de las autoridades bajo diversos tratados ratificados por México; de la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos de la ONU, han señalado ampliamente la necesidad imperiosa de contar con marcos normativos acordes a los más altos estándares internacionales que conlleven a la erradicación de esta grave práctica. En un primer momento en sede legislativa, el Senado aprobó una minuta sobre la Ley General para Prevenir la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, con avances considerables para cumplir con los más altos estándares de derechos humanos.
 
 La minuta de ley se encuentra actualmente en el seno de la Cámara de Diputados desde mayo de 2016, en donde se frenó el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas que han aportado elementos de discusión y contenidos al debate. Lo anterior, originó que en el último día del período legislativo anterior –el 15 de diciembre de 2016– la Cámara de Diputados pretendiera votar un dictamen sobre la ley, que modificaba regresivamente el dictamen y sin considerar la corrección de algunas expresiones y estipulaciones de la minuta original. 
 
En ese sentido, las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pretendieron: 1) eliminar diversas causales de competencia federal sobre investigaciones por tortura, incluso en casos en que los agentes denunciados por tortura pertenezcan a la misma procuraduría estatal; 2) restringir la facultad actual de las y los jueces de ordenar una investigación cuando personas procesadas denuncien haber sido objeto de tortura, aun cuando esta es no solamente obligación de las autoridades, sino también la única vía por la que muchas víctimas logran iniciar investigación, así como una de las fuentes más relevantes para contar con un diagnóstico del problema; 3) limitar los casos en que proceda la separación de agentes posiblemente implicados en tortura, de las investigaciones correspondientes (medida necesaria para evitar que los agentes implicados se investiguen a sí mismos); y 4) construir el registro de víctimas de tortura únicamente a partir de casos judicializados, dejando fuera a la gran mayoría de víctimas cuyos victimarios nunca enfrentan un proceso penal. Todas las propuestas mencionadas, van encaminadas a un menor acceso a información sobre denuncias de tortura y una menor posibilidad de contar con una investigación imparcial de la misma. 
 
Aunado a lo anterior, dichas comisiones no contemplaron mejorar y elevar los estándares de la ley aprobada por el Senado, que si bien contiene importantes avances en la materia, aún cuenta con algunas deficiencias como: 1) el lenguaje sobre el carácter absoluto de la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura; 2) la tipificación de la tortura en su vertiente de procedimientos médicos o científicos sin consentimiento, práctica que actualmente genera violaciones a los derechos humanos de personas con alguna discapacidad; así como 3) la ausencia de disposiciones claras para establecer responsabilidad de las y los superiores jerárquicos que autoricen, toleren o de otra forma incurran en responsabilidad por actos de tortura. 
 
En diciembre de 2016, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU visitó nuestro país para hacer una documentación sobre la prevención efectiva de la tortura; al fin de su visita a diversos centros de privación de libertad, así como de entrevistas con autoridades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil, concluyeron que “las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”1 . 
 
Por lo anterior, quienes aquí suscribimos exhortamos a la Cámara de Diputados a revertir las demoras y propuestas regresivas que caracterizaron el último periodo legislativo y de aprobar una Ley General en la materia que tienda realmente a la erradicación de la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que fortalezca los controles de prevención y sanción de la misma y elimine cualquier posibilidad de utilizar pruebas obtenidas bajo tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, todo esto, con la convicción de no retroceder en el marco jurídico e interpretaciones ya implementadas en nuestro país, y armonizar el mismo con los estándares más altos para la protección de los derechos humanos. 
 
Firman más de un centenar de organizaciones: 
 
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos, Asociadas por lo Justo (JASS), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social; Equis, Justicia para las Mujeres, Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Fundar, Centro de Análisis e Investigación Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM) I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, s.j., Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA), Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, Universidad Iberoamericana, Torreón. Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana.
 
 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREALDF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

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Tortura en Morelos y propuestas para la Ley General contra la Tortura.

En Morelos la tortura ha sido utilizada de manera creciente por policías del Mando Único y elementos del Ejército. Por eso consideramos que la Ley General  debe tipificar la tortura en toda la República con arreglo al estándar más amplio de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y velar por que las legislaciones federales y estatales contemplen todas las obligaciones y garantías derivadas de la prohibición absoluta de la tortura, como la de investigar, juzgar y sancionar en forma pronta, independiente, imparcial y exhaustiva, la imprescriptibilidad del delito, y la reparación de las víctimas; considerando a la tortura como todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica

Durante los años recientes la presencia del Mando Único y del Ejército en las calles ha significado el crecimiento de las violaciones a los derechos humanos de ciudadanos que no han cometido delito alguno. Actualmente se ha creado una Coordinación Estatal de Seguridad Pública que ha establecido operativos de detención de jóvenes que transitan en motocicletas, y se han multiplicado las denuncias por abusos, malos tratos y golpes, torturas y detenciones arbitrarias. Esta lógica de militarización y estado policiaco implican no solo tortura individual, sino un terrorismo de estado que termina sembrando el miedo y tratando de paralizar la protesta social. En este sentido, impedir la labor de documentar hechos de tortura en personas privadas de su libertad atenta contra su derecho a la investigación de estos hechos y el acceso a la justicia.

Alejandro Avila Ortega fue torturado por policías federales para que se confesara culpable de secuestro en Morelos. Su caso fue documentado por el Relator Especial sobre Tortura de la ONU. La tortura y los malos tratos son generalizados en México. El Relator Especial recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de libertad y conoció varios casos ya documentados que demuestran la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas. La mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada. Es difícil conocer un número real de casos de torturas. No existe actualmente un registro nacional de casos y cada entidad tiene datos propios. Asimismo, muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad. Igualmente el número de denuncias y quejas es muy alto. La tortura se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria. Cuando se detiene en un domicilio, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se producen daños a la propiedad y robos. La detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas. En Morelos hemos recibido diversas denuncias de esta clase de atropellos y torturas,  cuyas quejas han sido presentadas ante diversas instancias, sin que hasta la fecha haya habido una acción de la justicia para reparar el daño y para hacer justicia. Uno de estos casos es el de Alejandro Ávila Arteaga, que nos permite abordar algunas de las principales propuestas elaboradas por decenas de organizaciones de la sociedad civil, entre las que participan varias que forman parte de la Red Todos los derechos para todas y Todos, mismas que compartimos, como son las siguientes:

Para enmarcar el análisis de la regla de exclusión de la prueba ilícita o indirectamente mediante la tortura u otras violaciones a derechos humanos, es necesario incluir los criterios de la Corte Interamericana mismos que son directamente vinculantes en sus términos para toda autoridad judicial del país.

Para garantizar la plena implementación de la regla de exclusión en el contexto mexicano, la Ley General debe asentar de manera textual que en el proceso penal carecerá de todo valor probatorio la declaración rendida ante una autoridad distinta a la judicial, así como la que se rinda sin abogado defensor o, en su caso, sin intérprete o traductora.

De igual modo, debe establecerse la invalidez del valor preferente que pudieran tener las primeras declaraciones de una persona detenida, disponiendo la inaplicabilidad del criterio de la llamada “inmediatez procesal”, para eliminar la posibilidad de que la intimidación, coacción o presión en el momento de la detención influyan en la valoración de pruebas en el proceso.

Adicionalmente, las autoridades investigadoras y judiciales tienen la obligación de excluir del cuerpo probatorio de los procesos de los cuales conozcan toda prueba en cuya obtención hubieran mediado hechos constitutivos de tortura. Ello toma especial relevancia en las fases preliminares de la actuación de las autoridades de procuración de justicia o de las autoridades judiciales, ya que no debe permitirse que pruebas obtenidas directa- o indirectamente mediante la comisión de tortura sigan siendo utilizadas en las investigaciones y procesos.

Además de actos de tortura la Ley debe establecer explícitamente que las siguientes violaciones a derechos humanos en el marco de las detenciones generen la inadmisibilidad de cualquier prueba obtenida a partir de la violación: detención ilegal o arbitraria, allanamiento ilegal de morada, incomunicación, retención prolongada de manera injustificada, interrogatorio sin presencia de defensor/a, retención en instalaciones militares, o la obtención de una declaración rendida bajo arraigo.

Finalmente, es importante recordar que las actuaciones violatorias de derechos humanos, como lo es la tortura, pueden tener por efecto la invalidez de todo el proceso cuando las únicas pruebas de cargo resultan ser pruebas ilícitas o cuando las violaciones a derechos humanos contaminan la totalidad de las pruebas de manera tal que no es posible afirmar que existan pruebas independientes, por lo que la consecuencia de dichos actos no se puede limitar a la reposición del procedimiento, sino que tendrá que implicar el fin del proceso penal y, en su caso, la inmediata puesta en libertad de la persona procesada. Retener y/o seguir procesando a la persona en ausencia de pruebas en su contra, constituiría una detención arbitraria.

 Dada la relevancia de la documentación médica y psicológica de la tortura, la Ley debe establecer que las personas imputadas penalmente quienes denuncien el uso de la tortura para coaccionar o generar pruebas, tendrán derecho a un peritaje médico y psicológico independiente, profesional e inmediato practicados por expertos(as) seleccionados(as) por la defensa. En caso de no poder realizarse tales exámenes, cualquier prueba impugnada por tortura debe ser excluida.

Recordamos que además de la obligación general de garantizar la independencia e imparcialidad en la investigación de cualquier violación a derechos humanos, las directrices específicas aplicables a la documentación de las secuelas médicas y psicológicas de la tortura son las contenidas en el Protocolo de Estambul. Según sus principios, los Estados tienen la obligación no solamente de tomar en cuenta peritajes independientes, sino que en casos de falta de independencia e imparcialidad de las autoridades se deben buscar peritajes externos e independientes. El Protocolo también dispone que: “el detenido tendrá derecho a obtener una segunda o distinta evaluación médica a cargo de un médico calificado”.

Lo anterior cobra relevancia a la luz del actual uso parsimonioso de los dictámenes médico-psicológicos especializados de las diversas procuradurías del país como herramientas para invisibilizar y encubrir la tortura en vez de documentarla. En 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) aplicó su dictamen en menos de 1 de cada 5 averiguaciones previas abiertas por tortura, y de los 206 dictámenes aplicados, en sólo 6 casos reconoció secuelas de tortura. A nivel estatal, sólo hay 3 dictámenes que reconocen secuelas de tortura en el país en los últimos 5 años. Es decir, si los únicos peritajes practicados o valorados son los ministeriales, las mismas instituciones que sostienen acusaciones penales en contra de las personas denunciantes de tortura sistemáticamente afirman que no existen huellas de tortura, un efecto previsible de su falta de independencia y su interés primordial en no reconocer que sus acusaciones se sostienen en parte o totalmente en pruebas ilícitas. Lo anterior hace necesario tomar en cuenta peritajes independientes.

La Ley General debe establecer la obligación de toda autoridad de denunciar aquellos posibles actos de tortura de los que tenga conocimiento de manera inmediata, de las autoridades de procuración de justicia de iniciar ex oficio y de inmediato una investigación penal ante cualquier denuncia o indicio de la comisión de actos de tortura, así como la obligación de los organismos públicos de documentar la tortura inmediatamente después de recibida la queja y de remitir sus eventuales peritajes y recomendaciones a los órganos de procuración de justicia y judiciales competentes, en su caso. Es importante establecer expresamente que cuando la autoridad judicial de vista sobre posibles hechos constitutivos de tortura, se entienda como denuncia penal ante la autoridad correspondiente.

Actualmente, la práctica de las instituciones de procuración de justicia es no abrir investigaciones en todos los casos de denuncias o indicios de tortura, y/o de condicionar la realización de diligencias a la acreditación de huellas físicas o psicológicas de tortura mediante los dictámenes médico-psicológicos especializados aplicados por las procuradurías muchas veces meses o años después de los hechos denunciados. Lo anterior contradice el Protocolo de Estambul y no es congruente con las técnicas de investigación aplicadas en otros delitos de violencia.

Finalmente, la Ley debe contemplar que las instituciones de procuración de justicia asegurarán que las víctimas cuenten con todas las condiciones necesarias para poder interponer su denuncia, incluyendo entre otros: disponer de personal del sexo femenino para recibir a víctimas mujeres y de personal capacitado para la atención a niños y niñas; contar con mecanismos y protocolos para facilitar la denuncia por personas no ciudadanas y/o que se encuentren en el extranjero; disponer de acceso a intérpretes para facilitar la denuncia por parte de personas cuya lengua materna no sea el español; y tomar las declaraciones de personas con discapacidad en un formato adecuado.

En particular, la Ley que apruebe el Congreso de la Unión deberá prever que cuando las autoridades de los estados de la República no hayan tenido la capacidad o la voluntad de llevar a juicio a las personas responsables de haber cometido tortura, las autoridades federales estarán facultadas para conocer de los casos correspondientes.

Además, las autoridades federales deberán ser competentes de delitos constitutivos de tortura, que en principio serían de competencia local, cuando:

  1. El hecho constitutivo del delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas;
  2. La vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real;
  3. La víctima u ofendido hubiere señalado como probable autor o partícipe a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;
  4. Se pueda ver comprometida la responsabilidad internacional del Estado;
  5. Por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado, se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado mexicano por defecto u omisión en la investigación;
  6. La autoridad local se exceda del plazo razonable para la investigación del delito de tortura.

La Ley debe establecer que la investigación de la tortura se guiará por los principios del Protocolo de Estambul y que las diligencias se realizarán de inmediato en el caso de aquellas relacionadas con la documentación de secuelas físicas de la tortura, y de manera pronta en el caso de otras diligencias necesarias.

La investigación de la tortura debe comprender la búsqueda de cualquier elemento probatorio relevante para esclarecer los hechos, incluyendo mediante la prueba circunstancial, e identificar no sólo a los autores materiales sino también a los autores intelectuales, con el fin de sancionar a los mismos.

Como mínimo, la autoridad competente debe incorporar como medios probatorios dentro de la investigación: cualquier constancia, examen o peritaje médico o psicológico disponible, incluyendo los realizados por personas independientes o adscritas a los organismos públicos de derechos humanos, sin restarles peso o valor probatorio por el mero hecho de no ser documentos oficiales o ministeriales. Asimismo, no se podrá exigir que todo elemento de prueba médico o psicológico cumpla con la totalidad de los requisitos del Protocolo de Estambul, sino que en la medida en que la persona que expida la constancia o documento cuente con la experiencia y pericia necesarias para documentar el o los hechos que consten en el mismo, debe ser considerado un elemento de prueba que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

Además de investigar los actos físicos o psicológicos de tortura, es fundamental que la autoridad se avoque a la documentación de los delitos auxiliares de la tortura, tales como: la detención arbitraria; la retención irregular o por autoridades no competentes; y la incomunicación y/o demora injustificada en la puesta a disposición. El esclarecimiento de tales actos sistemáticamente vinculados a la tortura es importante para aportar elementos de prueba que puedan ayudar a acreditar el testimonio de la presunta víctima y el contexto de ilegalidad en el que actuaron las autoridades implicadas.

Independientemente de la obligación de allegarse de todas las pruebas relevantes, la autoridad tendrá la obligación inmediata, en caso de no existir peritajes médicos o psicológicos que acrediten los actos de tortura denunciados, de ofrecer a la víctima la realización de tales peritajes, previo el consentimiento informado y libre de esta. De preferencia, los peritajes se deben realizar por expertos y expertas independientes, nombrados por la autoridad ministerial para este propósito.

Es de suma importancia que la Ley General recupere los diversos aspectos de esta recomendación del Relator sobre Tortura, ordenando, entre otras cosas:

  • Que los exámenes médicos y psicológicos realizados en el marco de esa normatividad se practiquen conforme al Protocolo de Estambul y con el objetivo enunciado en dicho instrumento de documentar y correlacionar cualquier secuela de actos de tortura o TPCID con la narración de la víctima;
  • Que las personas a quienes se aplican los exámenes, y a su defensa, se le entregue una copia del dictamen médico y/o psicológico que se desprenda de la práctica del examen;
  • Que en todo momento se solicite a la persona examinada el consentimiento informado para la práctica del examen,[1] y que los exámenes se practiquen sin la presencia de agentes de seguridad, custodios u otros funcionarios;[2]
  • Que los exámenes médicos y psicológicos se practiquen con plenas garantías de seguridad para la persona examinada, en lugares seguros, higiénicos, así como con sensibilidad, profesionalismo y perspectiva de género por parte de las personas examinadoras;
  • Que la ausencia de secuelas físicas visibles de tortura en el momento del examen no sea utilizada como justificación para acreditar la ausencia de tortura, cerrar la investigación, limitar la práctica de otras diligencias relevantes o determinar automáticamente el no ejercicio de la acción penal, tomando en cuenta que el Protocolo de Estambul reconoce que muchos actos de tortura no dejan huellas visibles y que “en ningún caso se considerará que la ausencia de señales físicas indica que no se ha producido tortura, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices permanentes” (párr. 161). En este sentido, hace falta valorar debidamente las pruebas disponibles, incluyendo el testimonio de la víctima, acerca de aquellos síntomas agudos que ya no estén presentes: “Con frecuencia, la relación detallada de las observaciones del paciente sobre lesiones agudas y su ulterior proceso de curación son una importante fuente de información que puede corroborar denuncias concretas de tortura o malos tratos.” (párr. 172). Por otro lado, es preciso “Obtener información sobre dolencias físicas que a juicio de la persona estén asociadas a la tortura o a los malos tratos” (párr. 171).
  • Que la persona examinada tiene derecho a impugnar judicialmente el resultado del dictamen médico o psicológico, así como el de oponer un peritaje particular en discordia con el que realice el Estado.

Finalmente, mención particular merece la práctica de la tortura sexual a mujeres. Es fundamental que se reconozca dentro de la exposición de motivos, que de acuerdo con los estándares internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra  México, de observancia obligatoria para las autoridades, la violencia sexual constituye “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. Es decir, es una forma paradigmática de violencia y discriminación contra las mujeres. La violencia sexual se configura, tal como lo estableció el Tribunal Interamericano “con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno”. Por lo que en virtud de su intencionalidad, severidad y propósito, pueden constituir actos de tortura. En ese sentido, todas las autoridades están obligadas a aplicar las directrices establecidas por la Corte Interamericana al momento de resolver asuntos que involucren violencia sexual contra la mujer, incluyendo cuando constituyan actos de tortura.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

[1] Cfr. Protocolo de Estambul, párr. 83: “Los expertos médicos que participen en la investigación de torturas o malos tratos se conducirán en todo momento conforme a las normas éticas más estrictas y, en particular, obtendrán el libre consentimiento de la persona antes de examinarla. Los exámenes deberán respetar las normas establecidas de la práctica médica.”

[2] El Protocolo de Estambul dispone en su numeral 83 que los exámenes “se llevarán a cabo en privado bajo control del experto médico y nunca en presencia de agentes de seguridad u otros funcionarios del gobierno.”

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