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Libertad de expresión: Amenazas a periodistas y medidas de protección.

 

En Morelos la libertad de expresión está bajo ataque. Periódicos cerrados, periodistas sin empleo, amenazas e intimidaciones policiacas y de grupos criminales contra reporteras y reporteros, utilización de recursos públicos de manera discrecional, son algunos de los elementos que permiten concluir que no está garantizado el derecho a informar y a recibir información, como un aspecto fundamental del respeto a los derechos humanos a la libertad de expresión.

Los casos recientes de ataques de policías del mando único en contra de periodistas que se han comprometido en la búsqueda de mecanismos para la protección de la labor del gremio, Estrella Pedroza, Oswald Alonso y Tonatiuh Olea indica el grado de vulnerabilidad al que se ha llegado, ya que se suma a otros ataques que han sufrido David Monroy, Hugo Barberi, Pedro Tonantzin y Angelina Albarrán y cuando menos unas 30 periodistas que se han documentado sus casos por el propio Mecanismo de Protección a Periodistas. Ninguno de estos casos puede ser minimizado pues el grado de riesgo es creciente cuando se permite impunidad en los casos que afortunadamente no han puesto en peligro sus vidas.

En un importante pronunciamiento, más de cien periodistas del estado de Morelos, se sumaron a la exigencia de que cesen las agresiones contra reporteras y reporteros, especialmente por parte de elementos policiacos. Esta misiva entregada al Secretario de Gobierno, Matias Quiróz, señala: “Nuestra compañera Estrella Pedroza sufrió una agresión física el pasado ocho de junio de 2016 por parte de elementos de la Policía del Mando Único de Cuernavaca, Morelos, cuando documentaba un abuso policiaco en la avenida Universidad, al norte de Cuernavaca”. Dicha acción fue ilegal y coartó sus derechos a la libertad de prensa, expresión e información. La respuesta de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) mediante un comunicado, un día después, tergiversa totalmente los hechos ocurridos esa mañana. El Foro de Periodistas del Estado de Morelos condenó los hechos y exigió atención inmediata de las autoridades municipales, estatales y del comisionado estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, como jefe de las corporaciones policiales en el estado. Es una constante en este sexenio que la CESP revictimice y desacredite las agresiones contra ciudadanos cometidas por policías, de manera especial al gremio periodístico.

Robustecemos este caso con los abusos a otros periodistas, como el de Oswald Alonso Navarro, a quien el pasado 23 de mayo elementos de la CESP le robaron su teléfono celular cuando documentaba una discusión verbal que sostenían los servidores públicos con un taxista, en pleno centro de Cuernavaca, vestidos de civil y armados. De los hechos, se presentó una queja ante Asuntos Internos, sin que se haya investigado a la fecha.

Existen también los abusos policiacos contra los compañeros periodistas Pedro Tonantzin Sánchez, David Monroy y Marco Barberi cuando realizaban coberturas en temas de seguridad, ocurridos durante esta administración.

A estas agresiones policiacas se suma la artera golpiza propinada por elementos de seguridad privada de una empresa propiedad del Alcalde de Yautepec, Agustín Alonso, en contra del reportero Tonatiuh Olea, quien sólo pidió su apoyo tras ser asaltado por un taxista de Jiutepec, en hechos ocurridos el día 12 de junio, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

En todos los casos, las autoridades han minimizado las agresiones y exonerado a los funcionarios responsables.”

Por todo ello, desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos nos sumamos a la exigencia de la agrupación Artículo 19, para que la Fiscalía del estado  investigue a las autoridades por abuso de autoridad y lo que resulte de los hechos sucedidos el ocho de junio en Cuernavaca. Además, demanda a las autoridades policiales del estado que sancionen a los elementos que agredieron a la periodista y a quienes obstaculizaron la presentación de su queja.

En el caso se presentan  situaciones preocupantes que deben ser investigadas y revertidas de inmediato: Se bloqueó con violencia física el ejercicio de libertad de expresión, específicamente el derecho a recabar información de interés público (actuación de funcionarios) en el espacio público. Se obstaculizó el acceso a la justicia a una persona agredida por elementos de seguridad pública en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y públicamente se pretendió estigmatizarla y criminalizarla.

La ciudadanía en general –y los periodistas en particular– tienen derecho a documentar hechos de interés público. En efecto, los hechos de interés público se consideran discurso especialmente protegido por el derecho a la libertad de expresión. En este caso, el interés público de la información radica en la recopilación de información sobre actividades que despliegan servidores públicos, máxime cuando presuntamente están actuando de manera arbitraria.

Por otro lado, es vital para una democracia que las autoridades del Estado, cualquiera que sea su nivel, se abstengan de estigmatizar y criminalizar públicamente a ciudadanos y periodistas debido a su ejercicio crítico de la libertad de expresión. En este sentido, las autoridades son garantes de este derecho, por lo que deben tener mayor cautela al momento de emitir pronunciamientos que pongan en riesgo y mayor grado de vulnerabilidad a quienes se expresan libremente. Esta situación se agrava ante el contexto actual de agresiones sistemáticas a la prensa en el país.
Resulta cuestionable que las autoridades pretendan detener y procesar personas que supuestamente profieren insultos a los servidores públicos. Como ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades tienen el deber de soportar con mayor grado críticas y comentarios que puedan ser mordaces, incómodos, e incluso considerarse ofensivos.
Por ello exigimos a la Fiscalía del estado que investigue a las autoridades por abuso de autoridad y lo que resulte de los hechos sucedidos el 23 de mayo, el 8 de junio en Cuernavaca y el 12 de junio en Yautepec. Además, demandamos a las autoridades policiales del estado que sancione a los elementos públicos y privados que agredieron a la periodista Estrella Pedroza y los periodistas Oswald Alonso y Tonatihu Olea.

Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, no dudamos que será mediante la organización y lucha del propio gremio de trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación como se logrará el respeto a su actividad y, en su caso, la sanción correspondiente a quienes atacan éstos derechos, para que no continúe la impunidad y se repitan esta clase de hechos ominosos que laceran la libertad de expresión, la dignidad y el derecho a la información, la seguridad y la tranquilidad que debe prevalecer en éste que no debe seguir siendo uno de los oficios más peligrosos del mundo.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Informe Defensoras somos Todas/ 2.

Este miércoles 6 de abril presentaremos la propuesta de Protocolo en el Mecanismo de Protección a Periodistas del Estado de Morelos en su Vigésima Segunda Sesión Ordinaria.

En México las defensoras viven y han vivido la violencia de diferente manera, de acuerdo a su contexto individual o familiar, y el contexto propio de su Pueblo, Ciudad y Estado.

Entre el periodo de 1974 a 2015, estas organizaciones consideran que los años con mayor violencia fueron el 2014 con un 16.3%; 2009 y 2015 con un 11.6%; y el 2010 y 2013 con un 9.3.

Este Informe es resultado de la Segunda Etapa del Modelo de Atención a la Violencia Contra las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana, que visibilizó la violencia contra mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México en el ámbito de su activismo social.

  • Tener un Protocolo de Atención en Casos de Violencia Contra Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana que pueda ser implementado a través del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de derechos Humanos y Periodistas, así como de los Mecanismos Estatales.

El desafío de este proyecto es crear instrumentos de participación social que incidan en la toma de decisiones, lo que implica informar y organizar a la Sociedad Civil para que en colaboración con los diferentes Órganos de Gobierno, se elaboren políticas públicas que garanticen la participación y protección de las Defensoras de Derechos Humanos.

El proyecto se estructuró de acuerdo a la teoría feminista de género, con una metodología que incluyó las experiencias positivas de Organizaciones Civiles expertas en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres; la experiencia de Defensoras reconocidas en atención y denuncia de violencia contra las mujeres; y la colaboración de Redes de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

La base jurídica son las Convenciones y Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos y en Particular los Derechos de las Mujeres y de las personas Defensoras; así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia;

Asimismo, se contemplaron Casos Emblemáticos que nos ayudaron a dar seguimiento y realizar un análisis a profundidad sobre el impacto de la violencia en la vida personal y laboral de las defensoras de derechos humanos.

En este sentido y para dar certeza de la información recabada por este Modelo, se utilizaran fuentes verificables y comprobables tales como periódicos, revistas, archivos, entrevistas, una encuesta, entre otras.

El Modelo se aplicó de abril del 2015 a marzo del 2016. Durante este periodo se documentó la violencia sufrida por las Defensoras de Derechos Humanos del 2000 al 2015 (salvo en los casos emblemáticos, los cuales obedecieron a la temporalidad de los mismos), en 20 Estados de la República mexicana, los cuales fueron definidos por la presencia de ONG´s pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

Se realizaron dos talleres, uno al inicio de la investigación y uno a la mitad, entre el equipo del proyecto y las y los actores sociales involucrados (las organizaciones de la Red TDT que han documentado o tenga conocimiento de casos de violencia contra defensoras de derechos humanos y defensoras en lo individual). Del primer taller se definió el grupo focal con el que se trabajó de manera más cercana para establecer los casos emblemáticos y las entrevistas.

Se realizaron 28 entrevistas individuales y colectivas a Defensoras de Derechos Humanos que sufren o han sufrido algún tipo de violencia, se sistematizaron 52 encuestas aplicadas a Defensoras  y Defensores. El estudio abarco a 21 Estados de la República Mexicana (Incluida la Ciudad de México, anteriormente conocida como Distrito Federal).

La violencia psicológica se mantiene como una de las más graves y recurrentes. En las encuestas se les preguntó si han sufrido violencia por pertenecer a la organización y el 61% respondió afirmativamente, mientras que el 39% dijo que no. De quienes respondieron sí destaca que han sufrido violencia psicológica el 44%, por hostigamiento el 35% por difamación el 29%, y amenazas otro 29%.

Han sufrido Violencia Física el 21.2%. Han sufrido Violencia Económica el 21.2%.

Han sufrido Violencia Patrimonial el 15.4% y de Robo en General el 11.5%.

Han sufrido Violencia Sexual el 5.8%. Han sufrido Otras formas de Violencia el 14%

De acuerdo a la encuesta realizada, el 23.1% ha referido que ha sufrido Violencia Institucional. Mientras que el 11.5% dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios.

En tanto que el 5.8% ha sufrido Violencia en la Comunidad.

De los 36 feminicidios de Defensoras de Derechos Humanos acá señalados, el Estado con mayor cantidad de casos es Guerrero con 8, seguido por Chihuahua con 7 y el Distrito federal con 5.

La investigación señala que los agresores son, en su mayoría, agentes del Estado con 23.1%. Mientras que el 11.5% dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios.

Cuando se les pregunto el tipo de violencia sufrida, un 21.2% refirió haber sufrido intimidación gubernamental. Mientras que un 11.5% fue intimidada por  grupos de poder económico y también con el 11.5% por poderes fácticos.

Dentro de los otros agresores registrados se encuentran: grupos caciquiles con un 9.6%, intimidación paramilitar con un 7.7%, y grupos del narcotráfico con un 7.7%.

El mayor porcentaje corresponde a la violencia psicológica con 48%, intimidación gubernamental 31%, hostigamiento 27%, amenazas 25%, difamación 25%, y persecución 17%.

Una de las modalidades de violencia que han sufrido otras personas que integran la organización es la económica y representa el 16%.

Los dos casos de desaparición forzada de las personas mismas y los otros dos de familiares muestran el nivel de violencia e inseguridad nacionales.

De la muestra, quienes responden que han sufrido violencia o conocen de algún caso de violencia relacionado con la organización el 13.5% considera que entre 2009 y 2014 ha sido el periodo con mayor incidencia considerado a partir del año 2000.

Hace casi cuatro años fue publicada la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (26 de junio de 2012) y 5 meses  después el Mecanismo de protección empezó a funcionar (12 de noviembre de 2012). Desafortunadamente muy pronto afloraron las deficiencias en su trabajo al grado que para mediados de 2013 ya era evidente que se acumulaban los casos presentados al Mecanismo y no eran sometidos a Evaluación de Riesgo; que las Medidas que se debían asegurar a las Defensoras, Defensores y Periodistas en riesgo no se hacían efectivas por falta de recursos y, que los Gobiernos locales no realizaban esfuerzos para protegerlos/as. Además, persisten deficiencias en la coordinación interinstitucional entre Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales. Y no ha habido una adecuada capacitación y sensibilización de los funcionarios que operan el Mecanismo.

Al Estado Mexicano se le ha exigido en las instancias internacionales establecer una protección eficaz de las Defensoras que incluya la investigación rápida y eficaz y el levantamiento de cargos por todas las amenazas y ataques dirigidos contra ellas. Garantizarles un entorno seguro, libre e independiente y garantizar que todos los casos de amenazas, violencia, ataques y asesinatos contra ellas sea investigado por Organismos Independientes e Imparciales.

Ante esta situación, consideramos fundamental avanzar en la elaboración e implementación de protocolos de atención y protección, que permitan precisar y clarificar las responsabilidades y acciones de las autoridades para crear condiciones y garantías que permita la salvaguarda de las defensoras y periodistas en riesgo en el desempeño de su labor. Por eso es que hemos elaborado una propuesta de Protocolo partiendo de la experiencia que hemos tenido en el Mecanismo de protección a Periodistas en el Estado de Morelos.

 

5 de abril de 2016.

 

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Periodistas en riesgo ante violencia e inseguridad creciente.

En Morelos, como en diversas regiones de México, hay riesgos crecientes para periodistas ante la violencia e inseguridad crecientes. Hoy se hace necesarias las acciones colectivas y las alternativas de protección y defensa del periodismo, la libertad de expresión y el derecho a la información.
El periodismo es una de las profesiones más peligrosas. No debería serlo. No debemos normalizarlo. Pero ocurre un número creciente de amenazas, intimidaciones, agresiones, violencias, en contra de periodistas. Así lo hemos documentado y denunciado en Morelos durante muchos años. No es algo nuevo, pero las condiciones han cambiado y se tornan más riesgosas cuando no se enfrentan ni se asumen en todas sus consecuencias. Al menos 192 periodistas fueron víctimas de algún tipo de agresión en México durante 2015 por razones vinculadas con su labor informativa. Entre estos se encuentran cinco comunicadores asesinados en Veracruz y Oaxaca, entidades donde se concentraron 47.3% de todos los ataques a la libertad de expresión. Prácticamente uno de cada dos perpetrados en el país. (Nexos. Juan Carlos Romero Puga. Marzo 11, 2016). 75.5% de las víctimas de amenazas y ataques fueron reporteros, fotógrafos y camarógrafos, el primer contacto de las empresas periodísticas con los hechos, con los actores de la información y el rostro visible de los medios ante la sociedad, ante las autoridades y ante los delincuentes. Después de ellos, fueron empresas periodísticas  (13.02%), diarios, emisoras de radio y televisión, las que tuvieron que enfrentarse al desafío de mantener su operación y defender su línea editorial, pese a las presiones externas que al menos en seis casos implicaron ofensivas con explosivos y armas de fuego. Por su parte la Red Nacional de Periodistas documentó 336 casos de violencia contra reporteras del año 2000 al 2015 donde se incluyen 14 feminicidios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la “grave situación” de violencia que viven en México los periodistas y los defensores de los derechos humanos. La CIDH destacó que defensores de derechos humanos y comunicadores se han vuelto un grupo de la población especialmente vulnerable. “Según cifras oficiales, entre 2010 y 2015 fueron asesinados más de 55 periodistas. La mayor parte de estos crímenes permanecen en la impunidad, sobre todo en lo que refiere a autores intelectuales no identificados, lo que ha impedido determinar si tienen una conexión con la labor informativa de las víctimas”, señaló el organismo en un comunicado. La Comisión expresó además su preocupación por los altos índices de impunidad en estos crímenes. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión inició 458 averiguaciones previas de los casos que pueden estar vinculados al ejercicio del periodismo entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de agosto de 2015. De ese total se declaró incompetente en 176 y en 53 se inició proceso contra un presunto responsable ante autoridades judiciales. 
En Morelos la violencia también se está intensificando contra periodistas, quienes no se encuentran exentos del grado de inseguridad e impunidad, lo que afecta la libertad de expresión y el derecho a informar. Las amenazas y agresiones se han propiciado en una forma creciente, en la zona sur, donde un grupo nutrido de periodistas hablan de la tensión y el peligro que ha significado la violencia en general. Así como las amenazas que tienen en su contra por parte de grupos delictivos, pero también por parte de funcionarios públicos, elementos de seguridad y políticos, esta situación para la CIDHM es muy delicada porque estamos hablando que el Estado no garantiza la seguridad del ejercicio del periodismo, y esto sucede también en Cuernavaca y Cuautla, donde se han documentado casos de agresiones por parte de personal al servicio de funcionarios quienes han agredido directamente a periodistas. En la entidad se tienen contabilizados, poco más de 30 casos de agresiones a periodistas, que han requerido la activación del Mecanismo de Protección para Periodistas, sin embargo, la Fiscalía ha permitido la impunidad en la mayoría de los casos, porque la principal falla, es la poca consistencia en la integración de los expedientes. De las principales deficiencias del Mecanismo de Protección a Periodistas en Morelos, el cual fue creado por decreto, por lo tanto no hay una ley, ni un reglamento con medidas que obliguen a cada autoridad a cumplir adecuadamente con todos los procedimientos, que se necesitan en situaciones de emergencia, cuando es el Estado el responsable de garantizar la vida y la seguridad de los derechos de las y los periodistas y su ejercicio. Existen distintos aspectos del Mecanismo para proteger a quienes están sujetos a una situación de amenaza y que ponen en riesgo su vida, sin embargo, es el gobierno estatal primeramente, quien debe garantizar el libre ejercicio de ese oficio, aunque ni siquiera el Estado mexicano ha tomado las medidas de política pública que garantice la vida de los periodistas, quienes están inmersos en la situación de crisis de violencia a la que se acude todos los días, dentro de nuestra sociedad, mientras se sigue sin garantizar su protección. Esto deriva de la falta de especialización y capacitación, a la falta de profesionalidad y compromiso de personas que están al frente de las instituciones y que evidentemente no protegen cuando su  única obligación es conocer los factores de riesgo en determinado momento, es decir si se llegan a ejercer amenazas de violencia; incluso a nivel nacional no existen protocolos adecuados de protección, por lo cual muchos han padecido graves consecuencias, por ello seguimos cuestionando cuando no se cumplen adecuadamente las medidas. Tenemos que organizarnos para poder exigir que se cumplan los mecanismos de protección por medio de la unión de organizaciones de derechos humanos y periodistas que establecen vínculos de solidaridad, apoyo y mecanismos alternativos de protección, los cuales se tienen que generar porque no se puede esperar a que el Estado subsane todas esas omisiones. La libertad de expresión y el derecho para ejercer el periodismo y el respeto a que la sociedad esté informada, debe estar garantizado. Por eso hemos elaborado diversos análisis y propuestas y estamos en ese ejercicio de documentar, analizar y de proponer alternativas de experiencia en protección, porque las omisiones graves en las que está incurriendo el estado de Morelos, pueden generar tragedias irreparables.
Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Necesaria una Ley para periodistas y defensoras.

José Martínez Cruz y Juliana G. Quintanilla.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y los derechos humanos, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen las medidas necesarias para frenar la violencia contra periodistas y defensoras. Defender los derechos humanos y ejercer un periodismo libre y crítico forman parte de un mismo derecho establecido en la búsqueda de una sociedad democrática e informada para determinar el rumbo y los destinos de la mayoría de la población. Temas trascendentales en Morelos como el feminicidio, desaparición forzada y derechos laborales y de los pueblos, por citar algunos, sería menos visibles sin una prensa crítica y personas defensoras de estos derechos. La Alerta de Violencia de Género y la Ley sobre Desaparición Forzada, por ejemplo, son logros de una sociedad que exige derechos y se organiza, contando con periodistas y defensoras conscientes. Por eso es que los temas están vinculados y ameritan ser abordados de manera amplia y con participación de la ciudadanía, como es la necesaria Ley para la Protección de Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos de Morelos que debe abrirse al análisis y participación de estos sectores y de toda la población para que cumpla realmente el objetivo de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su actividad, mediante un mecanismo de protección verdaderamente efectivo, que vaya a las causas que las producen, reducir los factores de riesgo y dar garantías de no repetición. Es necesario realizar una evaluación integral, desde una perspectiva feminista y con participación de las Defensoras de Derechos Humanos, de las deficiencias en la aplicación del Mecanismos Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Así como implementar una campaña amplia de impacto a la población en general para dar a conocer los alcances del mecanismo. Y brindar rendición de cuentas del presupuesto empleado, detallando los rubros en los cuales se ejerció ese recurso. Abrir esta discusión es necesaria para no repetir las deficiencias, contradicciones e ineficiencias que se han tenido a nivel del mecanismo y la ley nacional, denunciado por periodistas y defensoras que en lugar de recibir protección han enfrentado situaciones de mayor vulnerabilidad ante situaciones de riesgo. Es importante por lo tanto partir de definiciones. Considerando que son periodistas todas las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, como establece el proyecto de iniciativa, así como Persona Defensora de Derechos Humanos, las personas físicas integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos. El contexto de violencia es sumamente grave en el país, como lo documenta la revista Horizontal.mx: 88 periodistas han sido asesinados de 2000 a la fecha (de los cuales 82 eran hombres y seis mujeres); 18 han desaparecido (15 hombres y tres mujeres) y 55 instalaciones de medios han sido blanco de ataques violentos. Mientras que los ataques a medios tuvieron un auge de 2010 a 2013, las desapariciones se han mantenido más o menos constantes desde 2003. En cuanto a los asesinatos, los peores años han sido 2006 y 2008, seguidos de cerca por 2009, 2010 y 2011. Sin embargo, no ha habido una disminución significativa desde 2003. En el caso de 2015, a pesar de que el número de asesinatos y ataques a medios ha repuntado, sigue habiendo posibilidad de que las cifras crezcan en los meses que restan del año. Los ataques contra periodistas tienen como principal propósito el control de la información que los reporteros han investigado y pretenden divulgar, es decir, el silencio y la censura. Cuando se mata, amedrenta o desaparece a un periodista, el efecto que se produce es cerrar una ventana de información a la que de otra forma hubiera tenido acceso la población.

Otra consecuencia de ese silencio es que los ciudadanos tienen menos elementos para tomar decisiones. En la medida en que la ciudadanía carece de la información necesaria para exigir la rendición de cuentas de un gobierno o para decidir cambiar de gobernante, el ejercicio democrático se va debilitando. El efecto último de la violencia contra periodistas y defensoras es la indefensión de la población ante un gobierno aparentemente democrático. Ante la debilidad de la democracia lo que prolifera son los gobiernos abusivos, autocráticos o simplemente ineficaces. La importancia de los crímenes contra periodistas trasciende la injusticia, el dolor y la tragedia del crimen per se. Con la muerte o la desaparición de un periodista mueren las herramientas que permiten el fortalecimiento ciudadano y el actuar democrático. Mueren las posibilidades de ejercer la ciudadanía. En un país como México, cuya democracia es precaria, se necesita una población activa e involucrada. El derecho a la libertad de expresión es multidimensional y colectivo. Es multidimensional porque no solo se trata del derecho a decir o pensar cualquier cosa sino también de acceder a la información que deseamos. La prensa sigue siendo la herramienta a través de la cual millones de personas obtienen información; de allí su función social clave en la configuración de una comunidad democrática. Es colectivo porque lo que decimos y escribimos no se limita a la esfera individual sino que genera consecuencias concretas en el resto de la sociedad y permite establecer redes, asociaciones, y da pie a la acción política. El ejercicio libre y seguro del periodismo es un derecho colectivo y compartido, mediante el cual podemos acceder a una serie de derechos que, de no ser por la prensa, seguirían siendo inaccesibles. En última instancia, entender este tipo de violencia, prevenirla, y permitir que la prensa siga aportando la información necesaria para construir una democracia sólida, una ciudadanía más involucrada en la defensa de los derechos humanos y, como consecuencia, un mejoramiento de nuestras condiciones de vida.

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Necesario socializar y discutir públicamente una Ley para periodistas y defensoras de derechos humanos en Morelos.

Hemos tenido conocimiento del Proyecto de Iniciativa de Ley para la protección de Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos de Morelos que tiene la LII Legislatura en estudio en comisiones. Consideramos necesario socializar y discutir públicamente esta iniciativa, con la participación de todo el gremio periodista y organizaciones defensoras de derechos humanos en la entidad para que responda verdaderamente a las necesidades de garantizar la libertad de expresión y combatir los riesgos y amenazas en el desempeño de las actividades. Morelos forma parte de la situación general en México, considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y los derechos humanos, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen las medidas necesarias para frenar la violencia contra periodistas y defensoras. Defender los derechos humanos y ejercer un periodismo libre y crítico forman parte de un mismo derecho establecido en la búsqueda de una sociedad democrática e informada para determinar el rumbo y los destinos de la mayoría de la población. Temas trascendentales en Morelos como el feminicidio, desaparición forzada y derechos laborales y de los pueblos, por citar algunos, sería menos visibles sin una prensa crítica y personas defensoras de estos derechos. La Alerta de Violencia de Género y la Ley sobre Desaparición Forzada, por ejemplo, son logros de una sociedad que exige derechos y se organiza, contando con periodistas y defensoras conscientes. Por eso es que los temas están vinculados y ameritan ser abordados de manera amplia y con participación de la ciudadanía, como es la necesaria Ley para la Protección de Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos de Morelos que debe abrirse al análisis y participación de estos sectores y de toda la población para que cumpla realmente el objetivo de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su actividad, mediante un mecanismo de protección verdaderamente efectivo, que vaya a las causas que las producen, reducir los factores de riesgo y dar garantías de no repetición. Es necesario realizar una evaluación integral, desde una perspectiva feminista y con participación de las Defensoras de Derechos Humanos, de las deficiencias en la aplicación del Mecanismos Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Así como implementar una campaña amplia de impacto a la población en general para dar a conocer los alcances del mecanismo. Y brindar rendición de cuentas del presupuesto empleado, detallando los rubros en los cuales se ejerció ese recurso. Abrir esta discusión es necesaria para no repetir las deficiencias, contradicciones e ineficiencias que se han tenido a nivel del mecanismo y la ley nacional, denunciado por periodistas y defensoras que en lugar de recibir protección han enfrentado situaciones de mayor vulnerabilidad ante situaciones de riesgo. Es importante por lo tanto partir de definiciones. Considerando que son periodistas todas las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, como establece el proyecto de iniciativa, así como Persona Defensora de Derechos Humanos, las personas físicas integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos. El contexto de violencia es sumamente grave en el país, como lo documenta la revista Horizontal.mx: 88 periodistas han sido asesinados de 2000 a la fecha (de los cuales 82 eran hombres y seis mujeres); 18 han desaparecido (15 hombres y tres mujeres) y 55 instalaciones de medios han sido blanco de ataques violentos. Mientras que los ataques a medios tuvieron un auge de 2010 a 2013, las desapariciones se han mantenido más o menos constantes desde 2003. En cuanto a los asesinatos, los peores años han sido 2006 y 2008, seguidos de cerca por 2009, 2010 y 2011. Sin embargo, no ha habido una disminución significativa desde 2003. En el caso de 2015, a pesar de que el número de asesinatos y ataques a medios ha repuntado, sigue habiendo posibilidad de que las cifras crezcan en los meses que restan del año. Los ataques contra periodistas tienen como principal propósito el control de la información que los reporteros han investigado y pretenden divulgar, es decir, el silencio y la censura. Cuando se mata, amedrenta o desaparece a un periodista, el efecto que se produce es cerrar una ventana de información a la que de otra forma hubiera tenido acceso la población.

Otra consecuencia de ese silencio es que los ciudadanos tienen menos elementos para tomar decisiones. En la medida en que la ciudadanía carece de la información necesaria para exigir la rendición de cuentas de un gobierno o para decidir cambiar de gobernante, el ejercicio democrático se va debilitando. El efecto último de la violencia contra periodistas y defensoras es la indefensión de la población ante un gobierno aparentemente democrático. Ante la debilidad de la democracia lo que prolifera son los gobiernos abusivos, autocráticos o simplemente ineficaces. La importancia de los crímenes contra periodistas trasciende la injusticia, el dolor y la tragedia del crimen per se. Con la muerte o la desaparición de un periodista mueren las herramientas que permiten el fortalecimiento ciudadano y el actuar democrático. Mueren las posibilidades de ejercer la ciudadanía. En un país como México, cuya democracia es precaria, se necesita una población activa e involucrada. El derecho a la libertad de expresión es multidimensional y colectivo. Es multidimensional porque no solo se trata del derecho a decir o pensar cualquier cosa sino también de acceder a la información que deseamos. La prensa sigue siendo la herramienta a través de la cual millones de personas obtienen información; de allí su función social clave en la configuración de una comunidad democrática. Es colectivo porque lo que decimos y escribimos no se limita a la esfera individual sino que genera consecuencias concretas en el resto de la sociedad y permite establecer redes, asociaciones, y da pie a la acción política. El ejercicio libre y seguro del periodismo es un derecho colectivo y compartido, mediante el cual podemos acceder a una serie de derechos que, de no ser por la prensa, seguirían siendo inaccesibles. En última instancia, entender este tipo de violencia, prevenirla, y permitir que la prensa siga aportando la información necesaria para construir una democracia sólida, una ciudadanía más involucrada en la defensa de los derechos humanos y, como consecuencia, un mejoramiento de nuestras condiciones de vida.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Ataques a periodistas y a libertad de expresión en el proceso electoral

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Los ataques a periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante el proceso electoral muestran el grado de deterioro de las libertades en nuestro país y en Morelos. Artículo 19 documentó 27 casos de violencia contra la prensa durante la cobertura de la jornada electoral en 10 entidades del país. Según esta lista preliminar de quejas de las que Artículo 19 tuvo reporte, se registró “una detención arbitraria, 10 agresiones físicas, 5 bloqueos informativos (se entiende por bloqueo informativo a todo acto de obstrucción de búsqueda u obtención de información), 4 robos de equipo, 3 ataques cibernéticos y 3 falsificaciones a perfiles de redes sociales de medios. Cuando un funcionario/a o servidor público amenaza, ataca, intimida y agrede verbal y en ocasiones físicamente a quien realiza su trabajo de comunicación, está poniendo en riesgo el derecho de la sociedad a estar informada con veracidad de lo que está ocurriendo en momentos de fuerte polarización social y política. La libertad de expresión es un derecho del conjunto de la población y no es una concesión gratuita por parte del gobierno.  Cuando el interés de quienes tienen el poder se sobrepone a los derechos de la población, se crea una situación de crisis en la relación entre las autoridades y la ciudadanía, donde generalmente termina perdiendo la verdad y el derecho a estar bien informada. Controlar la información es fundamental para ejercer un poder autoritario. Las recientes amenazas a periodistas como Jaime Luis Brito y  Angelina Albarrán, realizadas por funcionarios se ubican en este contexto de intolerancia y abuso de poder, donde no se puede considerar que sean casos menores cuando se termina dañando el derecho de la sociedad a contar con medios de comunicación capaces de mostrar una realidad distinta a la que quieren mostrar los que se sienten dueños del poder.  Exigimos al gobierno de Morelos garantice a los trabajadores de los medio de comunicación el ejercicio de la libertad de expresión consagrada en el artículo 7 de la Constitución mexicana y del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como el cumplimiento del derecho a la información dispuesta en el artículo 6 de la Carta Magna. Asimismo, exigimos al gobernador del Estado ordene a todos los funcionarios que laboran en el poder Ejecutivo y que dependen de éste, que respeten estos derechos y, en caso de que  funcionarios incurran en dichos actos se les aplique el peso de la ley administrativa y penal de los servidores públicos, esto de alguna manera será garantía de no repetición. Señalamos que no lograrán acallar la verdad con ocultarla o descalificarla, no lograrán impedir la libertad de expresión si la defendemos en la práctica. Sin libertad de expresión se impone el autoritarismo y la antidemocracia. Por ello, los medios de comunicación abiertos, plurales e independientes del poder, deben ser instrumentos indispensables para que se refleje la diversidad de opiniones y hechos de una sociedad, que aspira a que mediante la democracia y el respeto a los derechos humanos de todas y todos se resuelvan los graves problemas que se viven cotidianamente. Todo lo anterior está contemplado en la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas publicada en 2012, y aun cuando en Morelos solamente existe un Decreto, es necesario vigilar su cumplimiento, como lo señala en su artículo 1 “la presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la república… para implementar y operar las medidas de prevención, preventivas y urgentes, de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”. Esta situación no es privativa de Morelos, sino a nivel nacional. El 26 de junio de 2012 fue publicada esta Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y el 12 de noviembre del mismo año el Mecanismo empezó a funcionar. A partir de ahí, en sólo 14 meses el Mecanismo entró en crisis fundamentalmente porque crecía de forma constante el número de casos cuyo riesgo no era evaluado y además las contadas medidas de protección que se otorgaban no se cumplían. En Morelos el Mecanismo emitió pronunciamientos públicos para proteger a periodistas en situación de riesgo. En todos los casos las autoridades deben investigar de forma diligente, exhaustiva, imparcial y objetiva. Consideramos de suma importancia que los hechos ocurridos a periodistas, se investiguen documenten y determinen las responsabilidades legales correspondientes de los funcionarios señalados y, en su momento, se sancione efectivamente a los posibles responsables. Las agresiones contra periodistas y comunicadores –aún más durante elecciones– constituyen violaciones a derechos humanos, en particular a las libertades de expresión e información. El ejercicio de estos derechos resulta vital en todo proceso electoral, por lo que su afectación no sólo agravia a los periodistas, sino también a la sociedad al privarla de recibir información y generar sus criterios u opiniones, sobre todo cuando nos enfrentamos a una profunda crisis institucional que se aleja cada vez más de las necesidades reales de la población. Hoy defender estos derechos es vital para impedir que la lógica autoritaria siga causando un grave daño al derecho  a la información y a la libertad de expresión.

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Sumar resistencias y alternativas organizadas.

Marco Aurelio Palma Apodaca y Juliana Quintanilla

En el inicio de 2015 mantenemos como ejes principales de nuestra lucha: la presentación con vida de los 43 estudiantes de esta histórica Normal Rural, el castigo a los responsables de esta desaparición y los asesinatos perpetrados contra compañeros; la caída de Peña Nieto, porque es el brazo ejecutor del Estado y no representa los intereses del pueblo; la libertad inmediata e incondicional de todos las presas y presos políticos, contra las reformas neoliberales y contra la criminalización de los movimientos sociales y la militarización, alto al feminicidio y la inseguridad. Continuaremos realizando acciones en todo el territorio nacional y convocando a las organizaciones, sindicatos y colectivos para unificar nuestra lucha en contra de la política federal neoliberal de desmantelamiento que busca desaparecer a las normales rurales misma que ha dejado en el pasado numerosos procesos de conflicto y enfrentamientos entres los estudiantes organizados que defienden a sus propias escuelas y los gobiernos estatales, que han fungido como la mano dura de una política nacional federal. El conflicto de Ayotzinapa no es un problema de seguridad pública y violencia del crimen organizado, es una crisis que representa el deterioro acelerado del Estado mexicano en su conjunto y del régimen político oligárquico y se desarrolla en medio de tres grandes procesos de conflictividad. El primero de ellos es el crecimiento económico explotador que requiere de mayor precarización, desindustrialización, terciarización y destrucción de derechos colectivos que ha reconvertido al país, fragmentándolo en numerosas zonas de mano de obra barata para el mercado mundial. El segundo es el crecimiento económico depredador que requiere expandirse sobre la tierra, el territorio y los bienes naturales comunes, fragmentando el territorio en zonas de abastecimiento de materias primas, y territorios para nuevos mercados. El tercer proceso es el del crecimiento con tintes gigantescos del conglomerado del mercado criminal de narcotráfico, armas y trata de personas que en la última década se constituyó como la tercera gran vía económica de crecimiento capitalista en nuestro país. Mano de obra barata, abastecimiento de materias primas y zona de industria criminal bien pueden ser las tres coordenadas para comprender al México de hoy.
Esta situación no está aislada. Es parte de la ofensiva neoliberal contra el conjunto de la población trabajadora. Reprimir para explotar es parte de la estrategia del capital. Nunca están separados los procesos políticos de los económicos y sociales en la realidad. El gobierno y el capital apuestan a impedir las movilizaciones de protesta porque les urge imponer su política por la vía autoritaria. Por eso, ante el creciente deterioro de la calidad de vida de la mayoría se necesita luchar contra la explotación capitalista. Impusieron un salario mínimo de burla y un aumento a la gasolina al inicio del año. Es falso que “nadie percibe el salario mínimo, sólo se usa como referencia”, pues casi 7 millones de trabajadores (en mayor porcentaje mujeres) sobreviven con ese nivel de ingresos. De 2008 a la fecha se han creado más empleos con ingresos de entre uno y tres salarios mínimos, a la vez que se han perdido empleos con percepciones de tres o más salarios mínimos. México tiene el peor salario mínimo de la OCDE y uno de los peores de todo el planeta. La productividad laboral de nuestro país es la segunda de la región (sólo después de Chile, cuyo minisalario es tres veces el nuestro), pero nuestro minisalario es equivalente al de los países con menor productividad. Es falso que una política activa de recuperación del salario mínimo generaría inflación o destruiría empleos. De hecho, dadas las condiciones de nuestra economía, esta política podría contribuir a la generación de empleos y al aumento en la productividad. Estos y otros temas se abordaron en la Segunda Asamblea Nacional de las Resistencias, que se llevó a cabo este 10 de enero de 2015 en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, ahí se acordaron tareas y actividades tendientes a fortalecer la coordinación de las diferentes iniciativas y espacios de lucha en contra de las políticas neoliberales del gobierno de la oligarquía encabezado por Peña Nieto. Trazamos la ruta a seguir para dotar al movimiento de una perspectiva programática de lucha independiente. Apoyamos la búsqueda ciudadana de los 43 normalistas desaparecidos. Sumamos nuestra acción para el día 12 de enero cuando se realizarán mítines en los cuarteles militares de todo el país ante la evidencia de que el Ejército mexicano ha participado en la desaparición forzada de personas en el pasado y en la historia reciente, como se ha documentado por el Comité Eureka y todo apunta hacia allá en el caso de los 43 desaparecidos normalistas. El 26 de enero, se llevará a cabo la VIII Jornada global nacional e internacional por Ayotzinapa y por México. Se acuerda una concentración nacional en la Ciudad de México con la realización de 4 marchas simultáneas que arriben al zócalo de la capital del país exigiendo la presentación con vida de los desaparecidos de todo el país. Hoy más que nunca mantener la independencia en la lucha y la organización es vital para defender plenamente los derechos humanos de todas y todos. cidhmorelos@gmail.com

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