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La militarización no garantiza seguridad sino represión.

La militarización del país ha ido de la mano de la grave crisis de derechos humanos. En lugar de mantener a los militares en las calles, deben regresar a sus cuarteles. A nadie escapa que a diez años de la guerra contra el narcotráfico el país es hoy más violento que hace una década. Militarizar no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal.

Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, organizaciones de derechos humanos han llamado a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas, enfatizando que: “El diseño de una política de seguridad compatible con los derechos humanos es urgente y necesaria. Pero esto sólo ocurrirá mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década.”

Este importante conglomerado de ONGs de derechos humanos emitieron un comunicado donde señalan que una Ley de Seguridad Interior plantea un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos. Actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció. Por otro lado, la adopción de una Ley a partir de este concepto rector, incumpliría también con los tratados internacionales que México se ha obligado a respetar y garantizar. En ese sentido, vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos.

Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”.

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Reprime Mando Unico a ejidatarios en Morelos. Uso excesivo de la fuerza contra Apatlaco

La policía de Mando Unico en Morelos reprimió a ejidatarios del pueblo de Apatlaco, Morelos, haciendo uso excesivo de la fuerza, golpeando brutalmente a campesinos, deteniendo a 14 de ellos, luego de criminalizar la legítima protesta que han venido realizando en contra de la construcción de un  Acueducto de 12 km con una capacidad de transporte de 580 l/s de agua, que aunado a una línea de torres de alta tensión de 20 km, y 400 kv, para el gasoducto que  se construye para alimentar a la central termoeléctrica de ciclo combinado ubicada en Huexca, Mpo. Yecapixtla, Morelos.  Exigimos la inmediata liberación de todos los detenidos, alto a la represión y la criminalización de la lucha social del pueblo de Apatlaco.

En un informe presentado ante instancias de la ONU que analizan el papel de las empresas trasnacionales y la violación a los derechos humanos en México, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra hizo un recuento que ubica el significado de lo que está atrás de ésta política represiva y neoliberal que lleva a cabo el gobierno del Estado de Morelos y del Gobierno Federal que ha venido imponiendo las obras  del Plan Integral Morelos.

Al conjunto de las 4 obras de infraestructura le denominaron El PIM se comenzó a instalar desde el año 2012 con el uso de la fuerza pública, estando en zona de riesgo del volcán Popocatépetl, y sin obedecer las observaciones técnicas de riesgo que le hiciera el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) e Instituto de Geofísica de la UNAM. Dicho proyecto es violatorio al Principio de Precaución, pues no se puede saber a ciencia exacta en que momento exista una erupción volcánica de magnitudes significativas, pero existe la suficiente certeza científica que existe un riesgo importante en las poblaciones que habitan las faldas del volcán, por lo que se le monitorea diariamente y existe un Plan de Contingencia que contempla diversas rutas de evacuación las cuales deben estar en buenas condiciones y libres de todo riesgo o bloqueo, sin embargo el Gasoducto Morelos atraviesa todas las rutas de evacuación del volcán Popocatépetl, imponiendo un mayor riesgo a las poblaciones innecesario, pues el proyecto se sustenta en la necesidad de generación eléctrica cuando existe un superávit de producción eléctrica en el país cercano al 40%, mientras que el porcentaje recomendable por la Cepal es del 17%. Del mismo modo la central de ciclo 264 CC Centro se encuentra en una zona de peligro catalogada por el mapa de riesgos como “Alto”, pues es una región denominada de Lahares, los cuales son flujos de lodo que avanzan a grandes velocidades y tienen un alto potencial destructivo, los lahares pueden ser generados por un evento volcánico significativo o a causa de deslaves por una lluvia torrencial. Dichas características y eventos de riesgo no fueron analizados en el Estudio de Riesgo de la Manifestación de Impacto Ambiental de la termoeléctrica. Además del riesgo que implica a la vida y seguridad de las poblaciones, la instalación del PIM tiene el objetivo de cambiar el uso de suelo de las diversas comunidades que atraviesa para convertirlo en uso industrial y urbano, siendo incompatible con los Planes de Ordenamiento Territorial de la Zona de Influencia del Volcán Popocatépetl, ya que estos establecen como restricciones no construir infraestructura de riesgo en la zona y/o que promueva la industrialización y crecimiento poblacional (IS3 Visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y DDHH Puntos desde Sociedad Civil 103 e IS13), debido a que ya está catalogada como zona de peligro y de valor ecológico para la región centro del país.

El PIM se ha impuesto por medio de la fuerza pública estatal y federal que es utilizada para desalojar a los pobladores de las comunidades indígenas que se oponen al proyecto y al mismo tiempo ha sido utilizado el ejército mexicano, en Puebla y Morelos, para resguardo de la maquinaria que va construyendo el ducto de gas. La forma de adquirir los derechos de vía para el proyecto ha sido mediante engaños, amenazas y cuando la gente no sede al paso del ducto, en muchos de los casos atravesaron por sus parcelas sin mediar contrato, autorización ni indemnización alguna, el problema de las irregularidades en la tenencia de la tierra en toda la zona, fue utilizada a ventaja por la CFE, empresa Bonatti, Enagas y Elecnor para instalar el ducto de manera arbitraria. Durante el proceso de construcción del PIM, han sido hostigadas judicialmente al menos 2 autoridades civiles y 3 agrarias en sus comunidades, encarcelando a una de ellas por 10 meses de nombre Enedina Rosas Vélez. Así también han sido hostigados defensores comunitarios y de derechos humanos, siendo encarcelado por el mismo periodo Juan Carlos Flores Solís. Ambos fueron encarcelados arbitrariamente por medio de delitos inventados por la CFE, empresa Bonatti y Gobierno del Estado de Puebla. Actualmente el proyecto encuentra un avance físico de obra significativo en sus 4 componentes (Termoeléctrica, gasoducto, acueducto y torres de alta tensión), sin embargo lleva un retraso de 4 años por problemas legales (dos amparos agrarios mantienen suspendida la obra del acueducto), técnicos y financieros, ya que la empresa encargada de la termoeléctrica, Abengoa S.A., se encuentra en un proceso de quiebra y renegociación de sus activos y pasivos por especular en la adquisición de concesiones y construcción de proyectos energéticos en todo el mundo.

El proyecto afecta directamente a más de 108 ejidos y comunidades, en su mayoría indígenas, las cuales no fueron consultadas, ni debidamente informadas previamente.

La CFE se encargó de coordinarse con la fuerza pública de cada estado, las empresas, el ejército mexicano y los gobiernos de los tres estados para realizar desalojos, protección de maquinaria con fuerzas castrenses, invasiones a predios, campañas de desprestigio, división en comunidades a través de generación de grupos de choque apoyados con programas sociales, etc.

Policía del Mando Único de Morelos.- quien desalojo el 23 de octubre de 2012 a la comunidad de Huexca, el 4 de diciembre de 2012 a la comunidad de Jantetelco, deteniendo arbitrariamente a 4 pobladores, el 19 de septiembre de 2013 deteniendo y torturando a Jaime Domínguez Pérez y el 13 de abril de 2014 atacando con armas de fuego y gas lacrimógeno a la comunidad de Amilcingo, deteniendo y torturando a 4 de sus pobladores.

Gobernación Federal. La actitud generalizada de las autoridades es manifestar la imposibilidad de hacer algo, dando largas al asunto y abandonando las mesas de diálogo cuando ya no hay tanta presión social y pública. En algunas ocasiones los diálogos derivaron en amenazas y formas de identificación de defensores de derechos humanos para su criminalización, como en el caso concreto de Juan Carlos Flores Solís en Morelos y Puebla, el primero Visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y DDHH Puntos desde Sociedad Civil 105 acusándolo en medios masivos de comunicación como agitador social y el segundo interponiendo denuncia penal contra él por encargarse de “asesorar campesinos contra proyectos de infraestructura, extorsionando al gobierno” Con el poder legislativo: Con los diputados y congreso de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y a nivel federal en las Cámaras de Diputados y Senadores se han emitido Puntos de Acuerdo para respetar los DDHH de las comunidades ante el PIM, diálogo y revisión de los procesos judiciales de las personas defensoras de derechos humanos detenidas, sin que haya obtenido de ello una respuesta positiva de las autoridades ejecutivas.

Existen también constantes hostigamientos y amenazas contra defensores comunitarios y de derechos humanos de Ayala, Cuautla, Huexca, Jantetelco, Amilcingo, todos de Morelos y Zacatepec, Puebla.

Todos estos antecedentes muestran que la política represiva del gobierno de Morelos, Puebla y Tlaxcala responden a una estrategia del gobierno federal de imponer el PIM mediante el uso excesivo de la fuerza pública, que eleva los costos sociales y la violación sistemática de los derechos humanos ante el afán desmedido de ganancias de las empresas trasnacionales.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, integrante de la REDTDT .

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Por seguridad humana y ciudadana no a un Estado policíaco.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

En Morelos la violencia impune se mantiene en los más altos niveles. Y corre de la mano de la crisis política y social ante la descomposición de las instituciones. Es indignante que en lugar de justicia y verdad se utilice la lógica del miedo para imponer un estado policiaco. El debate sobre la estrategia de seguridad no puede ser obviado. ¿El Mando Único policíaco en Morelos acaso puede combatir ilegalidad con ilegalidad? La seguridad no surge de más armas en las calles, sino de prevención y medidas integrales, de combate a la impunidad y a la complicidad. Superar la crisis institucional es fundamental para una verdadera seguridad ciudadana. Cuando se prefiere perder libertades a cambio de seguridad se avanza peligrosamente en el terreno del autoritarismo y la antidemocracia. Si no se identifican las causas del crecimiento de la criminalidad y la violencia, se imponen medidas que terminan incrementándolas. Cuando se pretende ocultar la raíz del problema, termina aflorando con mayor fuerza.  En Morelos nos enfrentamos a un grave problema de inseguridad, de violencia criminal e institucional, de impunidad, de silencios cómplices y omisiones gubernamentales que ocultan el hecho de que son los poderosos grupos económicos  quienes son beneficiarios del poder aunque no lo ejerzan directamente sino por medio de sus representantes en los partidos que se reparten el poder. La clase trabajadora y el pueblo pobre sufre la peor violencia desde hace décadas y los patrones no se inmutan: la violencia económica, social y política, las causas de la violencia criminal hay que buscarlas en la injusticia social y económica que beneficia a los dueños del poder y del dinero. ¿Qué violencia mayor que la que nos priva cotidianamente de una vida digna? Es el sistema capitalista violento y destructor de las mejores relaciones humanas, ya que prioriza la ganancia y la competencia antes que la solidaridad y la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. La fotografía de los homicidios de jóvenes y adolescentes en México muestra que el mayor número de los asesinatos violentos ocurren entre la población de 20 a 24 años, la mitad mueren por arma de fuego, y el número de feminicidios respecto a los hombres es mayor que en otros países de Latinoamérica. México es el País que tiene un mayor índice de feminicidios, del total de los homicidios de jóvenes el 12.3 por ciento corresponden al sexo femenino, por encima del 8.9 por ciento de Argentina, 8.7 por ciento de Guatemala, 7.6 por ciento de Colombia y 6.8 por ciento de Brasil.  Factores de riesgos individuales, familiares, escolares y comunitarios son la falta de proyecto de vida, desempleo, exclusión social y discriminación, violencia institucional del Estado, entre otros problemas estructurales del capitalismo actual. El número de policías crece exponencialmente casi a la par de la inseguridad y la violencia. El uso desmedido de la fuerza es propio de gobiernos autoritarios y antidemocráticos que ven cuestionada su legitimidad ante los pueblos. Lejos de garantizar derechos, el uso sistemático de las fuerzas represivas los va eliminando progresivamente. El clima de temor se generaliza, no solo ante la violencia delincuencial, sino ante la presencia de quien usa las armas para imponer su autoridad por encima de cualquier derecho. Las armas de las policías se usan más contra el pueblo que contra los delincuentes. El poder económico de la delincuencia sigue intacto porque así conviene al capital. Las políticas autoritarias y represivas que toman los gobiernos de Peña Nieto, Graco Ramírez y  Cuauhtemoc Blanco, es la misma política con actores distintos y una sola lógica represiva, violatoria de los derechos humanos. Salir a las calles a exigir seguridad es un derecho que nadie debe coartar. Llamamos al pueblo a levantar las banderas de la lucha por las libertades ciudadanas y los derechos a una vida libre de violencia para todas y todos mediante la participación organizada y consciente, organizándonos de manera autónoma e independiente. La ciudadanía requiere de una verdadera seguridad ciudadana, sin militarización de la seguridad pública.

Por otra parte, los gobiernos no promueven ni construyen ciudadanía democrática y participativa, que tiene su base en el ámbito comunitario-municipal. Las garantías y la dignidad de las personas se someten al interés central del Estado. En lugar de ello, debería promover la democratización de las policías, proceso que necesariamente tendrá que pasar por la desmilitarización de la Seguridad Pública; comenzar por el Servicio Civil de Carrera en las policías preventivas e investigadoras, para que las plazas de base, mandos y jefes policiales, sean sometidas a Concurso en base a Convocatoria Pública, calificando y certificando por un órgano autónomo y ciudadano.  Existen comités ciudadanos y rondas comunitarias, procesos de autoorganización en pueblos y colonias que pueden ser fundamentales para una verdadera seguridad ciudadana. Para terminar con las historias del horror que vive el pueblo ante el terrorismo de Estado y la violencia criminal, es fundamental fortalecer la organización popular independiente, la movilización y la lucha por una seguridad humana y ciudadana con respeto a los derechos humanos de todas y todos.

cidhmorelos@gmail.com

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Estado represivo y ley contra desaparición forzada.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz.

Defender los derechos humanos frente a un Estado represivo es un compromiso de vida. Decir Fuera Peña, fue el Estado, es elevar la voz de indignación ante un gobierno represivo, antidemocrático, autoritario y violador de derechos humanos, que está únicamente al servicio del gran capital de la oligarquía y las trasnacionales. Estos tres años han significado mayor miseria, hambre, desempleo, bajos salarios, violencia, muerte, desapariciones, feminicidio, militarización e injusticia social. Ningún avance para la vida digna de las personas ha significado el paquete de reformas aprobado por el gobierno con todos los partidos que integraron el mal llamado pacto por México, que mostró claramente que por encima de la voluntad ciudadana se encuentran los privilegios de la burocracia de todos los partidos que avalaron estas criminales reformas. Ante la creciente inconformidad popular, expresada en miles de movilizaciones en todo el país, el Estado refuerza su poder militar y policíaco, reprimiendo, persiguiendo, encarcelando a personas que protestan y luchan, desapareciendo a activistas y generalizando la práctica de la desaparición forzada a decenas de miles de personas en todo el país, incrementando la inseguridad y los ataques contra la vida y la libertad de mujeres y niños, el feminicidio, la explotación infantil, la trata de personas y la persecución a migrantes y criminalización de los jóvenes. En todas estas políticas el gobierno de Morelos ha seguido el mismo derrotero que el gobierno federal. No hay diferencia cualitativa entre las políticas que aplica Peña Nieto y Graco Ramírez. Los une los mismos objetivos de fortalecer el capital y sus privilegios. Por ello, es que este primero de septiembre denunciamos a los malos gobiernos que no representan los intereses de la mayoría de la población. No aceptamos sus políticas privatizadoras y represivas.

En este contexto, destacamos avances importantes del movimiento el hecho que a partir de este jueves 2 de septiembre de 2015, entró en vigor la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, que fue impulsada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, familiares de víctimas y ofendidos, así como organizaciones sociales y aprobada por la recién extinta LII legislatura. Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, cobra vigencia esta ley que durante mucho tiempo fue reclamada por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que alertaron sobre el creciente fenómeno delictivo y la tragedia de decenas de familias morelenses que hasta hoy no saben el paradero de hijos, hijas, padres, madres y hermanos. (El texto íntegro se puede consultar en: http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2015/5326.pdf) En esta ley la desaparición forzada está tipificada como un delito imprescriptible y se prohíbe tajantemente a los servidores públicos, denegar el acceso a personal de organizaciones internacionales de derechos humanos a edificios o instalaciones en donde se presuma se pudo cometer este ilícito. También se permite coadyuvar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con el Ministerio Público en la investigación del delito de desaparición forzada;  establecer medidas cautelares para la búsqueda y localización de las víctimas; y conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario entre servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial, instituciones educativas y grupos de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, así como expertos en materia de desaparición forzada. Para efecto de instaurar el Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas Desaparecidas y el Comité Consultivo, el Ejecutivo estatal deberá emitir a la brevedad la convocatoria respectiva dirigida a la sociedad en general para que la integración de ambos órganos se concrete en un plazo máximo de 60 días hábiles. Al respecto consideramos importante no esperar todo este tiempo y  que ésta convocatoria se emita a la brevedad posible para sentar precedente nacional, ahora que se está discutiendo la Ley General. El Mecanismo y su consejo consultivo conocerá de los casos de desaparición forzada de personas a través del Ministerio Público una vez que sea presentada la denuncia ante la Fiscalía estatal, y estará integrado por cinco representantes de instituciones y dos representantes de organizaciones civiles. Su función será dictaminar las medidas necesarias para garantizar la integridad de cualquier persona que como consecuencia de la desaparición forzada se encuentre en riesgo, y ordenar las medidas cautelares que amerite cada caso. Además, prevé la figura de Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas, la cual consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo fundamental, recuperar la memoria histórica de los hechos y conocer la verdad jurídica de los hechos. El estado a través de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, creará una Base de Datos con los registros de las personas fallecidas y que se encuentran en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense o en las fosas comunes designadas para la Fiscalía General del Estado, con el fin de obtener su registro morfológico y dental, así como muestras para estudios genéticos, extraídas por personal altamente especializado en el tema. Lo que sigue es exigir la aplicación de esta Ley y sobre todo eliminar las causas políticas de la desaparición, por lo que es un compromiso de lucha y un llamado a la consciencia social para decir: Nunca más!

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Desaparición Forzada: foro sobre la Ley e historias de dolor.

El Congreso del Estado de Morelos tiene la oportunidad de legislar sobre la Desaparición Forzada y contribuir a que se atienda, prevenga, investigue, sancione y erradique esta terrible práctica de fuerzas del Estado que laceran gravemente la dignidad humana.

La desaparición forzada es un crimen de Lesa Humanidad. La Convención sobre Desaparición Forzada lo describe así: “se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.” (Artículo II) y “constituye una afrenta a la conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana”. En el gobierno de Calderón y el actual de Peña Nieto, se dispararon las cifras de personas desaparecidas en todo el país, bajo la estrategia política de una guerra supuestamente contra el narcotráfico, confiriendo poderes extraordinarios a las corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas, sin detenerse en el argumento que establece claramente que “En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la desaparición forzada de personas. En tales casos, el derecho a procedimientos o recursos judiciales rápidos eficaces se conservará como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. En la tramitación de dichos procedimientos o recursos y conforme al derecho interno respectivo, las autoridades judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puede encontrar a las personas desaparecidas, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar.” Abrir los cuarteles militares, las cárceles clandestinas, los sitios ocultos del poder, las cloacas del sistema, deviene en una demanda de familiares que  buscan por todos los medios posibles. Ejemplo de ello ha sido la lucha desde hace 40 años de las doñas del Comité Eureka y las madres y padres de los 43 de Ayotzinapa, así como quienes integran las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) y muchas otras organizaciones, como Familiares y Ofendidos del Estado de Morelos. Por ello, la lucha por la presentación con vida de todas y todos los desaparecidos sigue siendo fundamental en la hora actual. Analizar, reflexionar y actuar para evitar que continúe esta terrible práctica del Estado en contra de personas que quedan en la indefensión total, es el objetivo de la iniciativa de Ley para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos. Ya fue presentada en el Congreso del Estado y sabemos que está siendo analizada en Comisiones, por lo que consideramos fundamental que la Comisión de Puntos Constitucionales y la Junta Política del Congreso puedan resolver y considerar la urgencia de su discusión y resolución, porque es claro que no se debe esperar los 6 meses para que la Legislación Federal realice una Ley en temas de gran importancia como lo es la Desaparición Forzada, cuando se puede establecer un ordenamiento Estatal que esté en armonía con los más altos estándares internacionales en materia de protección de los derechos de las personas que sufren desaparición, y esa es una razón para que la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos realizamos este Foro contra la Desaparición Forzada en Morelos, este día 9 de julio de 2015 a las 10 de la mañana, en el lobby del Congreso del Estado, donde contamos con la participación de familiares de desaparecidas en la entidad, el Diputado Héctor Salazar Porcayo, el investigador y autor del libro “La Historia de la Desaparición en México” Roberto González Villarreal, quien señala “Lo que está diciendo la sociedad es que ya está cansada de un régimen político que permite las desapariciones; y que no sólo las permite, las realiza. El régimen está en duda. Ya no es sólo la lucha por los desaparecidos. Se trata de un régimen en el que ya no distinguimos quiénes son las autoridades”,  y precisa que: “El secreto, la negativa, la ignorancia, el olvido, la tachadura, la rasgadura, las contradicciones, las confusiones, todas son técnicas para desaparecer a las personas, para difuminar su memoria, desconocer los conflictos, callar las batallas. La tecnología de la desaparición opera en el límite de la existencia política y jurídica de los sujetos, transita siempre entre la desaparición radical y los recuerdos apenas manifiestos. En Historia de la desaparición. Nacimiento de una tecnología represiva los desaparecidos vuelven a estar aquí, tienen nombre, participan en nuevos combates porque cada vez que se les evoca es una jornada política: han abierto una lucha sin cuartel y sin descanso. Su memoria es un arma, su recuerdo anima la exigencia de que regresen, de saber dónde están. Así lo han dicho sus madres, hijos, esposos, hermanos: Vivos los llevaron. Vivos los queremos”. Igualmente, escucharemos los testimonios de familiares de personas desaparecidas en Morelos que estremecen la conciencia y nos conminan a no cejar en nuestra exigencia de tomar todas las medidas para que se esclarezca la verdad y se logre la justicia en todos y cada unos de los casos.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

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Alto a la represión policíaca contra pueblo de Amilcingo, Morelos

Boletín de prensa 14 de abril de 2014.

Ante los acontecimientos represivos en contra del pueblo de Amilcingo, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, hemos recibido diversos testimonios sobre los hechos ocurridos el día 13 de abril, en donde dan cuenta de las detenciones arbitrarias de 6 personas, 3 mujeres y tres hombres, un herido de bala y un hospitalizado por lesiones provocadas por golpes durante la detención, por lo que demandamos la libertad inmediata de las y los presos políticos, la atención inmediata a los heridos, una investigación en contra del Mando Unico policiaco por estas acciones represivas, el establecimiento de medidas de protección cautelares para la comunidad indígena de Amilcingo ante la imposición del Plan Integral Morelos que implica que pase por la comunidad el gasoducto considerado de alta peligrosidad, un alto a la política de criminalización del movimiento social por parte del gobierno de Graco Ramírez que viola la libertad de expresión y los derechos políticos de ciudadanos morelenses a los que acusa de ser originarios de Puebla, cuando todo ciudadano o ciudadana en nuestro país, sin importar origen o condición social tiene garantizados sus derechos humanos de acuerdo a lo establecido en el artículo primero de la Constitución, por lo que esta campaña tiene una connotación de discriminación que demandamos sea inmediatamente suspendida, a riesgo de incrementar las reacciones de odio contra las personas provenientes de otros estados de la república, como las que ya vemos en contra del propio gobernador porque él mismo tiene esa condición al igual que muchos migrantes internos.

Ante las versiones oficiales difundidas en el sentido de que fueron los pobladores los que iniciaron estos hechos mediante la quema de maquinaria pesada, exigimos una investigación a fondo, ya que testimonios de los habitantes indican que estos hechos ocurrieron posteriormente a la represión, por lo que señalan la existencia de un montaje para justificarla. Una investigación que deslinde responsabilidades y evite que se fabriquen culpables se hace necesaria.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Anexo:

Boletín del FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y AGUA, MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA

En la última semana en los pueblos del Popocatepetl  se ha desatado un proceso de persecución, hostigamiento y represión por parte de los gobiernos estatales de Puebla y Morelos.  La  lucha que hemos sostenido por más de dos años ha significado  el retraso  a los planes de CFE y de las empresas Elecnor, Abengoa, Enagás y Bonatti, por lo que la presión que han dado a los gobiernos estatales para detener la organización y resistencia de los pueblos que se oponen al Proyecto Integral Morelos es evidente. En diversas ocasiones estos gobiernos han manifestado su preocupación por cuidar la inversión extranjera, por  impulsar este proyecto que para ellos es desarrollo. El jueves 10 de abril, Graco Ramírez y Rafael Moreno Valle se reunieron en el estado de Morelos,   ¿con qué fin esta reunión? ¿fue para establecer  un mecanismo conjunto de represión para imponer este proyecto de muerte en nuestras comunidades? ¿fue para negociar cómo se repartirían las ganancias obtenidas por reprimir y encarcelar  a la oposición a este proyecto?

Nuestros pueblos y culturas milenarias han permanecido en nuestro territorio desde su origen, hemos habitado, cultivado, cuidado y crecido en estas tierras en las faldas del volcán. Pero este mal gobierno con sus políticas económicas, sus mentiras y su dinero ha venido a agredirnos, poniendo precio a nuestra vida y a nuestra madre tierra.  La lucha que hemos emprendido ha buscado los canales del diálogo, la información y la legalidad para  establecer nuestro rechazo y detener el Proyecto Integral Morelos (PIM). Hemos tocado las puertas de las “instituciones”, de los juzgados, de las comisiones de derechos humanos y todas se nos han negado, se nos ha burlado.  En cambio hemos recibido amenazas, hostigamiento, encarcelamiento y órdenes de aprehensión.

Durante esta lucha los pueblos del volcán hemos vivido   la desacreditación, la tortura  y hoy, por cuarta vez la represión y criminalización de manera acrecentada. A partir del 6 de abril se inició un proceso de persecución, encarcelamiento y de terror  hacia  los defensores del territorio. Las detenciones de nuestros compañeros Enedina Rosas, Juan Carlos Flores, Abraham Cordero y Avelino Velázquez, son injustas e ilegales, responden a la política  de cerrazón y violencia hacia todo aquello que impida el desarrollo de megaproyectos.  El gobierno del estado de Puebla ha desatado una serie de rumores sobre  250 posibles órdenes de aprehensión,  a través de llamar por teléfono a las personas que se identifican como más activas en esta lucha, en donde les dicen que dejen de participar, estas acciones son para  infundir miedo en los pueblos.  El día de hoy 14 de abril se define la situación legal de nuestros compañeros detenidos en Puebla, tememos que se dicte el auto de formal prisión y se giren órdenes de aprehensión  a otros líderes de las comunidades. Es importante mencionar que esta ola de represión incluso se ha extendido hacia personas solidarias como el caso del Dr. Ricardo Pérez Avilés, quién por pronunciarse en contra del PIM fue amedrentado y se ha girado una orden de aprehensión en su contra.

Este proceso de hostigamiento, mentira  y criminalización ha escalado  el día de ayer 13 de abril. La represión inició en Puebla y ahora se extiende a Morelos en la comunidad de Amilcingo.

Alrededor de las 12 hrs del día, un grupo de habitantes de la comunidad de Amilcingo fueron reprimidos y encarcelados.  Mientras se encontraban dando un rondín de guardia sobre su territorio, policías del mando único los sorprendieron con balazos al aire y gases lacrimógenos. La versión oficial dice que se encontraban quemando maquinaria y agrediendo a los trabajadores, esto es falso. Los compañeros fueron agredidos y detenidos,  con estos hechos empezó la jornada de violencia hacia esta comunidad. Seis detenciones más, Juvenal Solís, Adán Rosales (60 años), Victorina Ramírez (67años), Yazmín Velázquez, Petra Ramírez  y el ayudante municipal  Aarón Aguilar quien sufrió golpes y se encuentra en el hospital y no fue atendido hasta hace un par de horas por lo que se encuentra con una complicación muy delicada en el estómago.  A los compañeros detenidos se les imputan los cargos de resistencia a particulares, ultrajes a la autoridad y lo que resulte.

Posteriormente a partir de las 14:00 hrs la policía estatal del mando único y la policía federal intentó entrar en la comunidad por lo que provocó dos enfrentamientos  en los que se hirió con 2 balas de goma y una bala de fuego   que impactó en una de las piernas de Julio Solís Barranco de 24 años. El uso de armas de fuego por la fuerza pública, con la presencia de alrededor de 180 elementos que agredieron con el fin de reprimir e intimidar a este pueblo en lucha. Pero la organización y dignidad de Amilcingo pudo contener esta embestida y lograr expulsar a la fuerza pública de su territorio.  En las declaraciones del gobierno estatal se descalifica y responsabiliza de los hechos “a gente de Puebla”, como si en Morelos no existiera la dignidad y  la fortaleza de  sus pueblos para emprender su lucha y defender su territorio, queriendo dar a entender que la inconformidad no está en los pueblos de Morelenses, sin embargo desde hace más de dos años los pueblos de Huexca, Amilcingo, Jantetelco y Ayala se han organizado, y luchado por la autodeterminación de su territorio y una forma de vida digna.

Hacemos un llamado a las organizaciones a externar su solidaridad e indignación por estos hechos, que son la muestra de un proceso nacional de despojo e imposición hacia los pueblos campesinos e indígenas. Estas acciones son claramente impulsadas por el gobierno federal  de Enrique Peña Nieto e instrumentadas por los gobiernos estatales de Rafael Moreno Valle y Graco Ramírez, que son violatorias de los derechos humanos de los pueblos originarios y de los defensores de derechos humanos.

El Frente de pueblos está viviendo una persecución estratégica  que busca terminar con la organización y la resistencia de los pueblos ante este proyecto. Tenemos 10 presos políticos, defensores del territorio y los derechos de los pueblos. Sabemos que vendrán más detenciones y hostigamiento hacia nosotros, por ello:

  • Exigimos la liberación inmediata de nuestras y nuestros compañeros de lucha.
  • Exigimos  cese al hostigamiento y persecución hacia los pueblos en resistencia y defensores de derechos humanos.
  • Exigimos se abra una mesa de diálogo entre los pueblos y los gobiernos tanto federal como estatales.
  • Responsabilizamos a la CFE, gobierno federal y gobiernos estatales de la integridad física y emocional  de los pueblos que se oponen al PIM.
  • Exigimos se respeten los derechos de los pueblos originarios y campesinos de decidir sobre su territorio.

 

¡BASTA DE LA PERSECUCION Y ENCARCELAMIENTO  DE LOS PUEBLOS QUE LUCHAN POR DEFENDER SU TERRITORIO!

¡LIBERTAD A LAS Y LOS PRESOS POLITICOS!

¡CANCELACION INMEDIATA DEL PROYECTO INTEGRAL MORELOS!

¡SEGUIMOS RESISTIENDO!

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y AGUA, MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA

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Foro Alterno de Derechos Humanos y megaproyectos el caso huexca, termoeléctrica, gasoducto y acueducto.

Un proyecto depredador en el oriente de Morelos: El caso de la termoeléctrica en Huexca, el gasoducto y el acueducto.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua hace acto de presencia con compañeros de Amilcingo y Jantetelco en este 25 aniversario de la CIDHM y denuncia la detención arbitraria de 3 habitantes de Amilcingo que en estos días nos hemos estado movilizando para retirar la tubería del gasoducto que ilegalmente quieren construir las trasnacionales españolas en complicidad con el gobierno de Graco Ramírez en Morelos. Así es como quieren normalizar la problemática de Huexca y los pueblos del Popocatépetl, que están a la expectativa del grado de imposición con el que la CFE pretende realizar el Proyecto Integral Morelos. El PIM implica un gasoducto de 160 km, 92 % del trayecto en zona de riesgo volcánico, dos centrales termoeléctricas en Huexca, un acueducto de 12 km y una extracción diaria de 50 millones de litros de agua, afectando directamente a más de un centenar de pueblos.  El problema de la termoeléctrica no sólo es en Huexca, es un problema de desarrollo extractivista que ha afectado gravemente, y en silencio, gran parte del agua que consumimos en México y Estados Unidos. El problema de las termoeléctricas es un problema de distribución, desabasto y contaminación de agua, a la par de una quema de hidrocarburos que ha causado ya graves consecuencias al medio ambiente, y siguen causando en una completa impunidad desatada.  Normalmente cuando se habla de política energética, no se relaciona con una política de aguas nacionales, sin embargo cuando nos dicen generación de luz, nos están diciendo “lugares con agua”. Según el Instituto de Geofísica de los Estados Unidos1, para el año 2000, 40% de su agua fue utilizada para la agricultura, 39% para las termoeléctricas y solo 17 % para una población de 313 millones 914 mil habitantes. Según la Secretaría de Energía en México el 71% de la energía eléctrica es producida por termoeléctricas, 18% las hidroeléctricas, 5% carboeléctricas, 2% nucleoeléctricas y 4% por energías renovables2; en el 99% de todas ellas, el recurso estratégico para que funcionen es: el agua. Pero, bajo la tecnología de las termoeléctricas, en el proceso mucha agua se pierde, y el resto es de difícil recuperación, debido a la evaporación a altos grados de temperatura y la mezcla de químicos lacerantes. Tan sólo la termoeléctrica de Petlacalco, Guerrero consume más agua que el Estado de México y Distrito Federal juntos. Su gasto de agua anual reportado a Conagua es de 3,122 millones de metros cúbicos3, 99 000 litros por segundo, agua suficiente para duplicar el riego de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Las termoeléctricas son las industrias de generación eléctrica que mayor impacto causan al agua, con otras tecnologías el gasto de agua sería casi nulo. El agua de Petlacalco fue ocupada para producir en 2010, 16 234 GWh4, cantidad suficiente para iluminar 2770 millones de hogares con 4 focos de 60w, durante 4 horas los 365 días del año, en México somos 25 millones de hogares. Pero para la SENER y CFE esta cantidad de energía solo es el 5% de la energía eléctrica generada en el país. ¿En realidad estamos consumiendo tanta energía? ¿Necesitamos gastar tanta energía? Hablando de regiones del agua, Petlacalco se encuentra en la Cuenca del Balsas y es en esta misma cuenca donde se está imponiendo la termoeléctrica en Huexca. El gasto de agua para el PIM no es nada despreciable, 50 millones de litros de agua, cantidad suficiente para dotar del vital líquido a la ciudad de Cuautla y sus alrededores, agua que es usada por los campesinos del Municipio de Villa de Ayala, Morelos para mantener sus tierras de riego. Estas acciones implican la violación al derecho humano al agua garantizado por el artículo 4° constitucional. El crecimiento de las termoeléctricas es un desperdicio de agua, si tomamos en cuenta que en el país existe un superávit en la producción energética, mientras que las plantas hidroeléctricas y termoeléctricas del país están produciendo a un 60% de su capacidad, entonces ¿Para qué construir más proyectos de explotación acuífera y de hidrocarburos? ¿Para qué afectar las zonas de vocación agrícola? Ya en Chihuahua se han secado 4 manantiales a causa de las termoeléctricas de Samalayuca5. “Cerrar la llave del agua” es una gran ayuda para “salvar el planeta”, pero más contribución haría cerrar millones de llaves al mismo tiempo, como lo es parar la generación de energía por medio de las termoeléctricas. Sin embargo, las termoeléctricas son las más promovidas en México. De 2001 a 2012, se construyeron 22 termoeléctricas, todas concesiones extranjeras, con una capacidad total de 11 907 MW6, aumentando la generación eléctrica en el país un 20%. Para este año se espera la culminación de otros diez proyectos, 9 de ellos termoeléctricos, que generaran 4109 MW7, un 6% más de energía ya excedente en el país. Este año están en licitación media docena de termoeléctricas más y viene una mayor cascada de ellas, impulsadas muchas de ellas, principalmente, para la generación del mercado del gas natural. Ya lo dijo el Gobernador de Morelos Graco Ramírez, el principal objetivo del Proyecto Integral Morelos es el abasto de gas natural para la inversión industrial en la región. Según datos de la CONAGUA la concesión de agua para las termoeléctricas es 20% más alto que el consumo de agua de toda la industria en el país. Por lo que la instalación de las termoeléctricas con una visión industrial significa un grave impacto a los mantos acuíferos de la región, violando el “Programa de Ordenamiento Ecológico del Volcán Popocatépetl y su Zona de Influencia en el Estado de Morelos”. Ya que la zona es una región estratégica para la recarga de agua que impacta hasta el Distrito Federal, es decir la Cuenca del Balsas. Bajo estas tendencias se deja ver que la generación de energía eléctrica en el país, no es un sector “en necesidad de crecimiento”, sino un negocio energético, y la apertura para un sistemático despojo de la tierra y agua campesina. Pero además, si la generación de energía es un “factor estratégico de crecimiento”, lo es sobre la especulación y la sobreproducción energética, y además no se habla del gasto y contaminación del agua, un eje estratégico de cuidado nacional. Porque hablar de una política energética y crecimiento de la industria eléctrica, significa en los hechos, hablar de una política de aguas nacionales, y por ende de producción agrícola y soberanía alimentaria. La problemática del agua en Morelos se suma a las incongruencias del PIM, debido a los riesgos volcánicos y una política congruente de Protección Civil, se suma a la falta de consulta a los pueblos y la afectación agrícola que causará, como también al medio ambiente y la salud. La lucha por que el agua no se la lleven para la termoeléctrica en Huexca, puede abrir un debate necesario y urgente para el país: “El agua y la generación de energía eléctrica”.  Porque lejos de “hacernos avanzar”, la política energética que se ha implementado en el país, además de las afectaciones ambientales, a la economía local y la salud, existe un descontento nacional por la creación de infraestructura energética de capital privado, un movimiento nacional de usuarios contra las altas tarifas de luz, más de tres millones de quejas contra la CFE y decenas de demandas por autofraude. Y existe todo un movimiento nacional buscando otra política energética. Hoy la instalación de megaproyectos en México son una ley “implícita de desarrollo”, INCUESTIONABLE y el Gobierno solo está dispuesto a negociar “beneficios para la comunidad, como si fuera una reparación previa al daño. Los que no están de acuerdo con los megaproyectos se les pretende imponer por medio de amenazas, desinformación, represiones y asesinatos. Olintla-Puebla, Huexca-Morelos, Ocotlán-Oaxaca o el Istmo de Tehuantepec son claras violaciones a los derechos humanos y la criminalización de la protesta social. Mientras que las autoridades dicen “no es tan grave”, voltean a San Salvador Atenco a ofrecer disculpas amistosas y la promesa de reactivar el proyecto de aeropuerto, atacándolos desde hace más de un año con el despojo de pozos para riego agrícola. En México los megaproyectos y el respeto a los derechos humanos se han convertido en polos opuestos, directamente proporcionales las violaciones que hacen o “están dispuestos a hacer”, a la magnitud del proyecto. 

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