Archivo de la etiqueta: violencia

Chilapa ante grave violencia y riesgos para personas defensoras

Organizaciones del sur del país respaldan el trabajo del Centro Morelos y expresan su preocupación ante el clima de violencia que afecta su labor como defensores.
Oaxaca, Morelos y Guerrero, a 24 de julio de 2017.- Los hechos recientes que han sacudido a la región de Chilapa, Guerrero, en medio del clima de violencia en el Estado han afectado las actividades del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” a favor de familiares y víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y desplazamiento forzosos dejando expuesta la situación de
vulnerabilidad que enfrentan como defensoras y defensores.
A esto se ha sumado la inacción e indolencia de las autoridades que no han brindado las condiciones necesarias para que ejerzan su derecho a defender derechos humanos. Como personas defensoras de derechos humanos la labor de los integrantes del Centro Morelos aporta sus esfuerzos para lograr un fortalecimiento del estado de derecho y el aumento de la gobernabilidad y el fin de la impunidad de los delitos de alto impacto social.
Además su trabajo como denunciantes, coadyuvantes, gestores y representantes legales de víctimas y familiares en la zona es una confrontación diaria con las autoridades estatales y nacionales, así como ante el actuar impune de perpetradores que sumado a la vulneración de su labor los expone como un blanco propicio para cualquier tipo de agresión directa.
Es por ello, que las organizaciones firmantes respaldamos ampliamente el trabajo del Centro Morelos y hacemos un llamado a las autoridades para que lleven a cabo acciones efectivas de acción y prevención que permitan evitar algún hecho lamentable en contra de estos defensores y defensoras, por lo cual exigimos que:
– Se reconozca y respete la labor de los defensores de derechos humanos en su papel de
representantes jurídicos de las víctimas y sus familiares.
– Se respete y se proteja la integridad personal y seguridad de las y los defensores de derechos humanos del Centro Morelos.

Atentamente
Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”
Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”
Tequio Jurídico
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha
Colectivo Contra la Tortura e Impunidad
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo defensoras

Porque los derechos de las mujeres son derechos humanos.

Porque el feminicidio es la culminación de la violencia, priva de todos los derechos a las mujeres. Es inaceptable. Porque sobrevivir a la violencia es resistir. No en soledad. Porque permanecer indiferente ante el dolor nos deshumaniza. Porque hoy más que nunca decir ya basta es indignarse y actuar. Porque se puede cambiar la historia si somos capaces de organizar la esperanza.

Decimos con claridad que el objetivo de la Alerta de Violencia de Género no ha sido cumplido en Morelos, por lo que mantenemos la demanda del cumplimiento de todas las medidas para que el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación: El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial (Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables); la rehabilitación (Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas); la satisfacción (Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran “La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las Víctimas a la impunidad; el diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.”).

Hoy más que nunca consideramos que la AVG es, sin duda, una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto ante esta violencia feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años. Pues no olvidemos que la Violencia Feminicida proviene de un conjunto de Conductas Misóginas que Perturban la Paz Social, por lo que exigimos se cumplan todas las Medidas Establecidas por el Grupo de Trabajo en su informe, así como las Acciones Mandatadas por la Alerta de Violencia de Género en Morelos.

A un año de la Declaratoria de la AVG, convocamos a toda la sociedad a estar atenta de su implementación y a denunciar cualquier acto de irregularidad, pues entendemos que es el último recurso jurídico para salvaguardar la Vida, la Libertad, la Dignidad, la Memoria y la Justicia para las mujeres.

Las niñas y las mujeres asesinadas en Morelos tenían distintas edades, entre ellas hay niñas y ancianas y mujeres jóvenes y mayores y adolescentes; pertenecían a todas las clases sociales y estratos socioeconómicos, aunque la mayoría eran pobres o marginales, algunas fueron mujeres ricas, de clase alta y de las élites; el abanico abarca analfabetas, con estudios básicos, otras más eran estudiantes, técnicas, universitarias, posgraduadas y con excelencia académica, aunque la mayoría tenía pocos estudios; en su relación con el o los agresores eran: desconocidas, conocidas, cónyuges, parientas y amigas; había entre ellas solteras, casadas, ex esposas, unidas, novias, ex novias, hijas, hijastras, madres, hermanas, nueras, primas y suegras; vecinas, empleadas, jefas, subordinadas, estudiantas, desempleadas, prestadoras de servicios, maestras, meseras, modelos, burócratas, turistas, vacacionistas y transeúntes; la mayoría eran niñas y mujeres de esfuerzo, trabajadoras formales e informales; algunas tenían huellas de violencia sexual; algunas estaban embarazadas; algunas fueron encerradas, otras secuestradas, todas fueron torturadas, maltratadas, atemorizadas y vivieron humillaciones; unas fueron golpeadas hasta la muerte; todas estuvieron en cautiverio; todas quedaron aisladas y desprotegidas, aterradas, vivieron la más extrema impotencia de la indefensión; todas fueron agredidas y violentadas hasta la muerte; algunos de sus cuerpos fueron maltratados aun después de haber sido asesinadas. La mayoría de los crímenes está en la impunidad.

MUNICIPIOS DONDE SE DECRETO LA AVG.

Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco,

Xochitepec y Yautepec.

 RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Durante un año de establecida la AVG en Cuernavaca han ocurrido 17 casos de feminicidio. Los lugares públicos con mayor número de feminicidios son: de Santa María Ahuacatitlán rumbo a Coajomulco, Mercado Adolfo López Mateos, Col. Centro, Ocotepec, Ahuatepec, Av. Plan de Ayala y Universidad, y Autopista México-Cuernavaca.

Del 10 de Agosto del 2015 al 31 de Julio del 2016, los feminicidios sucedieron en por lo menos 22 Municipios diferentes, incluyendo los 8 Municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHM), hemos realizado y publicado investigaciones sobre el Feminicidio en Morelos durante ya casi 16 años, donde hemos confrontado datos, derivados de una revisión pormenorizada de los medios de comunicación y de las denuncias presentadas por las familias de las mujeres asesinadas. Y observamos cómo las autoridades siguen siendo omisas y negligentes. Pues pese a que la Violencia Feminicida crece y se extiende cada vez más allá del dolor de la pérdida individual y se instala en el cuerpo social como una llaga que nos termina afectando a todas y todos, las autoridades intentan disminuir u ocultarla dando cifras erróneas y/o falseadas para señalar que disminuyen los Feminicidios.

Esto es lo que explica que no disminuya la Violencia Feminicida. Pues jamás se podrá erradicar el Feminicidio si se trata de minimizar o si se pretende ocultarlo cuando eso tiene un resultado de mayor pérdida de vidas humanas que se pueden y deben proteger.

Ante esto es obvio que en Morelos, quienes tienen la tarea de aplicar las medidas de la AVG, desconocen su objetivo y sus obligaciones, tareas, responsabilidades y el compromiso que tienen con la sociedad y con las mujeres.

Es necesario propiciar desde los medios de comunicación un enfoque de respeto a la integridad de las mujeres, así como suspender las licencias de funcionamiento a los medios que incumplan.

Ante el alarmante crecimiento de las muertes violentas de mujeres por motivos de género, que son causadas principalmente por parejas íntimas o en el marco de relaciones familiares, se requiere la visibilización de ese fenómeno social, como algo esencial para que se puedan adoptar medidas adecuadas para erradicarlo.

El objetivo de evitar la repetición de hechos o conductas que generan violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres, implica fortalecer el Estado Social de Derecho y de la Ciudadanía, así como generar contextos de convivencia pacífica y respetar la Vida Libre de Violencia de las Mujeres, por lo que es deber del Estado tomar todas las medidas pertinentes para que se haga justicia y no continúen ocurriendo estas muertes violentas de mujeres.

Además, incidir en las prácticas jurídicas con equidad y congruencia, que serian un buen ejemplo para inhibir las acciones que violan derechos de las mujeres.

En este sentido, solicitamos que se investigue y sancione a las y los funcionarios, que no dan atención con pleno respeto de los derechos a las mujeres. Asimismo, abrir una investigación a quien o quienes por omisión, complicidad o corrupción para evitar que se haga justicia

En Morelos hay feminicidio pese a la ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO debido a la persistencia de condiciones de exclusión social, injusticia y violación de los Derechos Humanos. No se respeta el Estado de Derecho y hay Violencia Institucional en cuanto a los Derechos para las Mujeres, que se visibiliza en la falta de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a la justicia y en la impunidad en torno a los casos de Feminicidios.

¡No hay más tiempo! ¡Por la Vida y la Libertad de las Mujeres!

25 de noviembre de 2016

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Deja un comentario

Archivado bajo derechos de las mujeres, Feminicidio, violencia contra mujeres

 Informe Sombra a un año AVG se entregó al Gobernador de Morelos.

Maseual. Cuernavaca, Morelos, México, 16 de noviembre de 2016.-  La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos hicimos entrega del Informe Sombra a un año de la Alerta de Violencia de Género, al Gobernador del Estado, Graco Ramírez. En audiencia llevada a cabo en la Casa de Gobierno, luego  de que se reagendó, el 15 de noviembre se llevó a cabo una sesión de trabajo donde se expuso de manera amplia las conclusiones críticas y recomendaciones para el cabal cumplimiento de las medidas de Alerta de Violencia de Género para prevenir, investigar, sancionar y eliminar el feminicidio.

img_7427

En ésta audiencia señalamos que el feminicidio en Morelos se puede detener con una mayor voluntad política de todas las instituciones de Gobierno. Este derecho a la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres no admite demora alguna. Uno de los acuerdos de ésta sesión es que el próximo 25 de noviembre se presentará el informe y las acciones de seguimiento con las dependencias, los 8 municipios del estado y estaremos presentes integrantes de la CIDHM.

Si bien las causas estructurales de la violencia feminicida están asociadas al sistema capitalista de injusticia social y desigualdad que estamos padeciendo, no implica que haya que esperar hasta su modificación para ver un cambio en cuanto el respeto a los derechos que como mujeres se debe tener por parte del Estado. Es urgente y necesario que se tomen sin dilación alguna todas las medidas decretadas y que no haya negligencia ni simulación alguna sin que implique sanción legal para quienes tienen la obligación y no la cumplen de prevenir, atender, sancionar y erradicar el feminicidio en Morelos.

img_7428

Por todo ello es claro que no se ha logrado el objetivo fundamental de garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus Derechos Humanos.

Expresamos al Gobernador de Morelos en ésta audiencia las siguientes RECOMENDACIONES:

1. RESTITUCIÓN INTEGRAL

Tomar acciones por parte del Estado para hacer valer el artículo 11 de la Convención Americana, sobre el derecho a la honra y a la dignidad de las personas, en este caso de las mujeres victimizadas, como una medida de restitución integral del daño y garantía de no repetición. Así como asegurar que, en casos necesarios, se deben aplicar medidas cautelares y/o provisionales a favor de sus familiares, así como la atención psico-social que permita enfrentar los duelos por muertes violentas o por desaparición/desaparición forzada.

img_7430

2. ACCESO PLENO A LA JUSTICIA

La Corte Interamericana ha señalado que los Estados tienen la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. Conforme a lo señalado por la Convención Americana, una de las medidas positivas que los Estados Partes deben suministrar para salvaguardar la obligación de garantía es proporcionar recursos judiciales efectivos de acuerdo con las reglas del debido proceso legal, así como procurar el restablecimiento del derecho conculcado, si es posible, y la reparación de los daños producidos.

Asimismo, ese Tribunal Interamericano ha determinado que el deber de investigar debe cumplirse con seriedad e incluye que: a) se realice con debida diligencia y de manera efectiva; b) se lleven a cabo todas las actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue; c) no depender de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares ni de la aportación privada de elementos probatorios.

3. GARANTÍAS EFECTIVAS DE NO REPETICIÓN

Las Garantías de no Repetición son acciones, medidas y procesos encaminados a evitar repetición de violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres; generar cambios en el funcionamiento de las instituciones; transformar factores estructurales de la violencia y lograr una incidencia positiva en la cultura política de la población y de las autoridades; con el fin de fortalecer la política de prevención general en contra de la Violencia Feminicida.

img_7432

El objetivo de evitar la repetición de hechos o conductas que generan violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres, implica fortalecer el Estado Social de Derecho y de la Ciudadanía, así como generar contextos de convivencia pacífica y respetar la Vida Libre de Violencia de las Mujeres, por lo que es deber del Estado tomar todas las medidas pertinentes para que se haga justicia y no continúen ocurriendo estas muertes violentas de mujeres.

Además, incidir en las prácticas jurídicas con equidad y congruencia, que serian un buen ejemplo para inhibir las acciones que violan derechos de las mujeres. Buscar los medios legales para enderezar los procesos judiciales y retomar todos los elementos legales para que se aplique la ley en el marco de derechos para las mujeres.

En este sentido, solicitamos que se investigue y sancione a las y los funcionarios, jueces, magistrados, que no aplicaron las leyes nacionales y las establecidas en el marco internacional a favor de los derechos de las mujeres. Asimismo, abrir una investigación a quien o quienes por omisión, complicidad o corrupción desviaron, modificaron y permitieron cambiar la tipificación del delito de homicidio doloso a culposo para evitar que se haga justicia. Se debe considerar de parte de autoridades tomar en cuenta las leyes en su integralidad y buscar el bien común para corregir las fallas en esta materia.

img_7433

Por ello insistimos que se debe armonizar la legislación local con los más altos estándares en materia de derechos de las mujeres, para superar las contradicciones existentes entre, por un lado el Código Penal en su artículo 129 que establece que no se debe sancionar a quien culposamente pudiese haber ocasionado homicidio culposo a su esposa, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en su artículo 19, que señala que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de derechos humanos, en los ámbitos público y privado conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas violentas de mujeres, así como el Artículo *213 Quintus, del Capítulo III sobre el Feminicidio, que establece: “Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acredite cualquiera de las siguientes hipótesis: Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, cualquier otra relación de hecho;” Por otro lado, se debe preparar y capacitar a las y los juzgadores en materia de derechos de las mujeres, para que al momento de juzgar incluyan estas normas, bajo la perspectiva de género. Propiciar desde los medios de comunicación un enfoque de respeto a la integridad de las mujeres, así como suspender las licencias de funcionamiento a los medios que incumplan. Finalmente, ante el alarmante crecimiento de las muertes violentas de mujeres por motivos de género, que son causadas principalmente por parejas íntimas o en el marco de relaciones familiares, se requiere la visibilización de ese fenómeno social, como algo esencial para que se puedan adoptar medidas adecuadas para erradicarlo.

4. PLAN DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN

Se observó que, en un número importante de casos de feminicidios, el agresor es la pareja o ex pareja sentimental de la víctima, ello sugiere la necesidad de un plan de reforzamiento de atención a la violencia contra las mujeres que permita una mejor atención de esta problemática desde sus primeras manifestaciones y la prevención de un escalamiento de la violencia.

5.- RECOMENDAMOS EN CASO DE MUJERES DESAPARECIDAS

Primero: Atender de inmediato las demandas de las y los familiares de personas desaparecidas.

Segundo: Llevar a cabo todas las medidas de investigación tendientes a localizar y presentar con vida a las personas desaparecidas.

Tercero: Que la Fiscalía General del Estado de Morelos aplique los Protocolos de Investigación adecuados al amparo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y la aprobada para el Estado de Morelos.

Cuarto: Exigimos que se realice y publique el Reglamento de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición de Personas para el Estado de Morelos; asimismo, señalamos que la Reciente Instalación del Comité Consultivo para la Atención de Víctimas y Familiares de Personas Desaparecidas6 es una Falta de Respeto a las Familias de personas Desaparecidas y a las Organizaciones que trabajamos en la Elaboración de Ley para el Estado de Morelos, al no tomarlas en cuenta como lo establece la misma Ley, por lo que hacemos un llamado a la Legalidad y Congruencia Política.

No más Simulación, no más Omisión, no más Revictimización.

Por la Vida y la Libertad de las Mujeres, ¡Ni Una Menos!

Anexamos en infografías la evaluación de las acciones de las dependencias sobre AVG.

 

 
¡Porque amamos, luchamos!
– Privada de las Flores 16, colonia San Antón, Cuernavaca, Morelos.
– Teléfono 777318-55-68.
– Correo electronico:  cidhmorelos@gmail.com,

–  www.facebook.Comisión Independiente de Derechos Humanos

Deja un comentario

Archivado bajo derechos de las mujeres, Feminicidio, violencia contra mujeres

Basta ya de violencia e inseguridad.

Marco Aurelio Palma Apodaca, José Martínez Cruz

La clase trabajadora sufre la peor violencia desde hace décadas y los patrones no se inmutan: la violencia económica, social y política, las causas de la violencia criminal hay que buscarlas en la injusticia social y económica que beneficia a los dueños del poder y del dinero. ¿Qué violencia mayor que la que nos priva cotidianamente de una vida digna? Es el sistema capitalista violento y destructor de las mejores relaciones humanas, ya que prioriza la ganancia y la competencia antes que la solidaridad y la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. Las y los jóvenes en Morelos no tienen garantía de acceso a una educación y a un empleo que les permita vivir dignamente. Según cifras del INEGI, existen 35 mil desempleados en el Estado, principalmente en edades de 18 a 35 años. Por lo que se ocupa el lugar 24, ya que Morelos tiene una tasa de desempleo del 6.49% que representa un total de 183,235 personas. Jornadas de trabajo tan largas como cien años atrás y salarios de hambre que muestran cómo crece la esclavitud asalariada moderna. Carencia de prestaciones sociales como vacaciones, días de descanso, seguridad social, jubilaciones. En cambio, becas-salario menores a un salario mínimo que no alcanza ni para los transportes. Casi 40 mil solicitaron entrar a la Universidad y solo hubo 7 mil espacios. El resto, a buscar empleos mal pagados. El desempleo galopante. La miseria creciente. La violencia cada día peor. Casi 70% de las victimas carecía de educación más allá de la primaria o secundaria. Jóvenes que no tienen opción y son víctimas del sistema, ya sea que se incorporen a la delincuencia o sean discriminados por su forma de vestir o ahora inclusive de viajar en motocicleta. La fotografía de los homicidios de jóvenes y adolescentes en México muestra que el mayor número de los asesinatos violentos ocurren entre la población de 20 a 24 años, la mitad mueren por arma de fuego, y el número de mujeres asesinadas respecto a los hombres es mayor que en otros países de latinoamérica. México es el País que tiene un mayor índice de asesinatos de mujeres, del total de los homicidios de jóvenes el 12.3 por ciento corresponden al sexo femenino, por encima del 8.9 por ciento de Argentina, 8.7 por ciento de Guatemala, 7.6 por ciento de Colombia y 6.8 por ciento de Brasil. 
Factores de riesgos individuales, familiares, escolares y comunitarios son la falta de proyecto de vida, desempleo, exclusión social y discriminación, violencia institucional del Estado, entre otros problemas estructurales del capitalismo actual. El número de policías crece exponencialmente casi a la par de la inseguridad y la violencia. El uso desmedido de la fuerza es propio de gobiernos autoritarios y antidemocráticos que ven cuestionada su legitimidad ante los pueblos. Lejos de garantizar derechos, el uso sistemático de las fuerzas represivas los va eliminando progresivamente. Un orden social impuesto mediante el uso exclusivo de la fuerza deviene en un régimen contrario a un estado de derechos humanos para la población. Nos envían  mensajes cotidianos de que solo se impone la ley del más fuerte, del que posee los medios de producción, del que aumenta estratosféricamente sus ganancias mientras se anuncian nuevos efectos apocalípticos por una crisis capitalista que sólo termina afectando a la mayoría de la población. Aumentan las muertes violentas de jóvenes y crece el feminicidio. El clima de temor se generaliza, no solo ante la violencia delincuencial, sino ante la presencia de quien usa las armas para imponer su autoridad por encima de cualquier derecho. Las medidas de fuerza se imponen ante la ausencia de políticas integrales de respeto a los derechos humanos, porque hay simulación, complicidad, intolerancia y una impunidad a todas luces. Es claro que los tres niveles de gobierno son responsables de esta grave situación. Las armas de las policías se usan más contra el pueblo que contra los delincuentes. El poder económico de la delincuencia sigue intacto porque así conviene al capital. Las políticas autoritarias y represivas que toman los gobiernos de Peña Nieto, Graco Ramírez y Morales Barud, es la misma política con actores distintos y una sola lógica represiva, violatoria de los derechos humanos. Salir a las calles a exigir seguridad es un derecho que nadie debe coartar, por ello, lo haremos como ya es tradición de la clase trabajadora, el Primero de Mayo, como lo hemos hecho en la movilización constante. Llamamos al pueblo a levantar las banderas de la lucha por las libertades ciudadanas y los derechos a una vida libre de violencia para todas y todos mediante la participación organizada y consciente, organizándonos de manera autónoma e independiente. La ciudadanía requiere de una verdadera seguridad ciudadana, sin militarización de la seguridad pública.

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

La Defensa Integral de los Derechos Humanos

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

Si se viola un derecho humano se ponen en riesgo todos los demás. Los derechos humanos son integrales. No se pueden dividir. Atañen al concepto fundamental de dignidad. Y la dignidad es lo que permite a las y los seres humanos vivir con conciencia, justicia, libertad, igualdad, sin opresión ni explotación, sin discriminación ni violencia.

En Morelos la lucha por los derechos humanos para todas y todos, forma parte de las luchas sociales desde los años 70s. Tiene fechas históricas importantes: agosto de 1977 permitió unir las luchas sindicales de los obreros textiles de la Sección 51 con 27 organizaciones integrantes del Frente Pro Derechos Humanos garantías Constitucionales y Libertades Democráticas. Lejos estaba aún de que la reforma constitucional incorporara los derechos laborales como parte de los derechos humanos. Sin embargo, ya este frente tenía claro que esos derechos estaban claramente contenidos en leyes y convenciones, y sobre todo, que eran conquistas mediante luchas, movilizaciones, huelgas y diversas formas de protesta de la clase obrera con el apoyo y participación de otros sectores oprimidos y explotados del pueblo. En esos días estalló la huelga en Textiles Morelos y duró 124 días con un plantón en el zócalo de Cuernavaca. Desde las homilías del obispo Méndez Arceo hasta los paros de solidaridad y manifestaciones multitudinarias, se vivieron momentos extraordinarios de lucha en contra de las políticas autoritarias y represivas del gobierno priísta de la época.

Mucha agua ha pasado debajo de los puentes desde esa época, y esas experiencias muestran que los derechos no son producto de la buena voluntad de los de arriba, sino producto de la lucha y del esfuerzo y exigencia desde abajo. Una sociedad de derechos, pregonada como lema por el gobierno de Graco en Morelos, esta lejos de abrevar en esas luchas, pues toma distancia y repite las mismas formas autoritarias ya conocidas.  

Cinco ejemplos: Los sindicatos se encuentran en medio de la ofensiva neoliberal para destruir sus contratos colectivos, la estabilidad en el empleo y generalizar la informalidad y la subcontratación. En Morelos existen 560 mil trabajadoras y trabajadores informales, y con el programa de incorporación de estos a la formalidad, se estableció un convenio entre el gobierno estatal y federal para lograr que un poco más de 6 mil sean inscritos en el IMSS durante 2013, lo que equivale al 1.2% del total, así que en 100 años se alcanzará la meta!

Pobreza: Según las estadísticas del INEGI, el número de personas en pobreza aumentó en 500 mil personas, pasando de 53 millones 800 mil a 54 millones 300 mil, lo que no informan es que las 300 familias de empresas capitalistas tienen el equivalente al ingreso de 60 millones!La pobreza es una forma de violencia del Estado contra su ciudadanía y un signo de la falta de cumplimiento con sus obligaciones frente a la población. El asistencialismo no permite erradicar los problemas estructurales que aquejan al país, las políticas públicas no deben estar alejadas del enfoque de derechos humanos para poder garantizar el pleno goce de los mismos. La pobreza está directamente relacionada con la situación laboral de las y los mexicanos, las pocas oportunidades laborales y las pésimas condiciones de trabajo. En 2012 el desempleo se situó en 5.12 por ciento siendo la población juvenil la más afectada. La pobreza está relacionada con el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud y a la vivienda y, a su vez con el incremento de la violencia en el país.

Violencia: Las cifras de las muertes violentas en México están a la alza de manera tal que según la misma fuente llegaron a 121 mil en el sexenio nefasto de Calderón, y en Morelos sigue creciendo el feminicidio y los asesinatos de jóvenes casi niños. En Morelos el número de homicidios va en aumento; el año pasado se registraron 671, en lo que va del 2013 son ya 456 homicidios; mientras que en el 2006 la cantidad fue de 141, según INEGI.

Represión: el gobierno utiliza dos estrategias frente a movimientos sociales, una de ellas es el sometimiento y la cooptación para frenar las denuncias de no cumplimiento de acuerdos y las demandas de la sociedad. La otra es la criminalización de esos movimientos sociales, donde se incluyen hostigamientos, amenazas, denuncias penales, estigmatización y persecución contra activistas, como ocurrió en Huexca y hoy en Tepoztlán.

Alerta de Violencia de Género: Ante los  siete homicidios de género que por día ocurren en México, y las 16 mil violaciones sexuales registradas en 2012, se encuentra la omisión de las autoridades locales y de las instancias judiciales responsables de impartir justicia. De 1985 a 2010, 36 mil 606 mujeres fueron asesinadas, y lo más grave es que de ese total 6.3 por ciento eran menores de cinco años. Al respecto, Marcela Lagarde desmintió las versiones de algunas titulares de institutos estatales de las Mujeres que han señalado que la Alerta de Violencia de Género (AVG) podría desaparecer de la Ley General debido a su “inoperatividad” a seis años de existencia de la norma. Pues ella señala que la AVG es un mecanismo ligado a la violencia feminicida y ésta incluye todo tipo de muertes violentas contra las mujeres, incluidas las maternas y por abortos inseguros, por lo que no se puede eliminar un mecanismo pensado para erradicar este tipo de violencia. La AVG fue diseñada como un mecanismo para casos de urgencia, ya que el Estado Mexicano no respondía en su obligación de asegurar a las mujeres su derecho a vivir libres de violencia. Actualmente cuando se presenta una solicitud de AVG es porque los gobiernos locales ya fallaron y no cumplieron con el Estado de Derecho.

Son algunos de los temas en materia de derechos humanos que muestran que el paso de los años no siempre significa un avance en su reconocimiento, a pesar de que estos deben ser la base mínima de las garantías humanas cubiertas por los Estados. Por lo que es necesario mantener una lucha constante por difundirlos y crear una cultura de respeto a los mismos. Pues si se viola un Derecho Humano se ponen en riesgo el Estado de Derecho.

http://www.jornadamorelos.com/2013/8/5/politica_nota_07.php

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Emiten Fallo condenatorio por homicidio calificado en juicio oral.

El fallo condenatorio por homicidio calificado del joven José Alfredo Popoca Torres fue emitido de manera unánime por el Tribunal de Justicia Alternativa, en el juicio oral seguido en contra del hasta hoy presunto culpable. La sentencia será emitida en la sesión convocada para el día 6 de agosto a las 11 horas en la sede ubicada en el centro de Cuernavaca.

Fue un juicio en donde se aportaron todos los elementos de prueba por parte de familiares, testigos y peritos que presentó el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Homicidios de la PGJ, no dejando lugar a duda que el autor fue Alfredo “N” de quien nos reservamos apellidos hasta la emisión de la condena correspondiente.

Ante la constante presencia de familiares de la víctima, acompañados de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, quienes en todo momento aportaron pruebas y se desempeñaron como coadyuvantes en el juicio aún cuando fue necesario hacer públicas exigencias ante autoridades para que este caso no quedara en la impunidad como ha ocurrido en otros casos, finalmente se establecieron todos los elementos para determinar que en efecto se trató de un homicidio calificado ocurrido el 26 de septiembre de 2012, en el Bar Debraye, en el centro de la ciudad de Cuernavaca.

Fueron 8 testigos, 3 de los cuales señalaron directamente al acusado de haber disparado con el arma homicida, así como los peritos determinaron la causa de muerte por proyectil de arma de fuego, las fotos y el video para la identificación del cadáver y las pruebas de balística que constituyeron indicios irrefutables con el casquillo, cartucho, ojiva deformada y pistola, así como la propia declaración que rindió de manera espontánea y sin presiones que el acusado realizó ante los jueces, donde corroboró cada una de las hipótesis, ya que aún cuando quiso argumentar en su defensa que había estado en riesgo su vida, no lo acreditó y solo confirmó haber estado ahí, haber usado y disparado el arma, amagado al personal y posteriormente ser detenido con el arma usada.

Aún cuando la defensa del acusado consideró que no se corroboraron del todo las hipótesis del Ministerio Público, los jueces desestimaron los alegatos para considerar que dicho homicidio ocurrió en riña como lo pretendió justificar la defensa para tratar de disminuir la sentencia que será emitida la próxima semana.

Tanto la familia de José Alfredo Popoca Torres como la Comisión Independiente de Derechos Humanos esperamos que la sentencia sea proporcional al daño causado, tal como lo establece el Código Penal vigente para el estado de Morelos, ya que, en este caso como en todos los que ocasionan un daño a las víctimas en sus derechos humanos, mantenemos la exigencia de justicia para que se terminen los niveles de impunidad que son factor fundamental de la existencia de un clima de violencia e inseguridad que no garantiza la vida y la libertad de las personas. La pérdida de la vida de José Alfredo, de 24 años de edad, también deja un daño emocional muy grande tanto en su familia como en su pequeño hijo que queda huérfano a sus 6 años de edad. Estos elementos deberán ser tomados en cuenta en la audiencia de individualización de sentencia y reparación del daño que se llevará a cabo el día 6 de agosto de 2013.

Agradecemos el seguimiento que la opinión pública y los medios de comunicación han tenido a este juicio oral y mantendremos el seguimiento hasta la emisión de la sentencia.

Cuernavaca, Morelos, 31 de julio de 2013.

 

Atentamente.

 

Familia Popoca Torres y

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

La paz no es la seguridad militarizada.

Paloma Estrada Muñoz y Marco Aurelio Palma Apodaca

La paz armada no significa seguridad ciudadana. Quienes quieren la paz mediante la militarización de la seguridad pública están en el poder económico y político. La estrategia de Mando Unico que incluye un esquema militar antes que una seguridad ciudadana, no puede terminar con una delincuencia que se encuentra metida hasta el tuétano de las instituciones encargadas de brindar esa protección. El gobierno estatal ha demostrado que no está interesado en cambiar de orientación, profundizando la estrategia diseñada por el gobierno de Calderón y actualizada por el asesor permanente de Peña Nieto, el General Colombiano, Oscar Naranjo. Sí es posible una estrategia diferente, fincada en la seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos, pero que este gobierno de Graco no está dispuesto ni interesado en asumir. Eso explica que no se acepte la urgencia de una Alerta de Violencia de Género contra el feminicidio creciente: el cuerpo de las mujeres como parte de una concepción de botín de guerra, ya que “la guerra  en México es el resultado de la interrelación y compenetración entre el dominio del orden delincuencial, que constituye una fuerza armada de carácter ilegal y el dominio del orden legal, en todos los niveles de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, con el uso legal pero muchas veces ilegítimo de la fuerza.  Los dos dominios han mostrado tener la misma capacidad de ejercer la violencia en el territorio ya que, según los registros del Equipo Bourbaki, cada uno de ellos es responsable de por lo menos la mitad del costo humano que esta guerra produce”, como señala un estudio del Colectivo Angela Esperanza.

En una guerra la primera baja es la verdad. El gobierno miente con datos. Se manipulan estadísticas. ¿Cuántas historias de dolor hay tras las personas asesinadas, torturadas, violadas, secuestradas, desaparecidas, víctimas de feminicidio?  El Estado reprime a la sociedad civil y a los “desconocidos” más que a los que cometen delitos: genera acciones que provocan cinco veces más muertos en la sociedad que contra policías y militares, y casi cuatro veces más que los que realiza contra grupos delictivos.

Entre  las bajas que producen policías y militares existen  aquellos miembros de la sociedad que luchan para defender sus derechos y los de su colectividad, una cuota de exterminio selectivo, sin embargo, con la imagen actual de violencia social, el asesinato de activistas queda más invisibilizado que antes, en Morelos está el caso de Doña Petra Benítez Barrios y su familia. Por otro lado, esa forma de ejercicio del poder en el país, genera crecientes acciones ilegales, produciendo muertos y desaparecidos tanto en el ámbito delictivo, social y también entre funcionarios públicos y candidatos, como lo demuestran las denuncias hechas  por Human Rights Watch y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México, acerca de las desapariciones forzadas, que señalan estas bajas como producto de una actuación ilegal de parte de las fuerzas del orden legal.

Los mecanismos de esta guerra se sustentan en la idea de la “paz armada”, que consiste en sobreponer la idea de seguridad a la de paz, a partir de una siembra constante de la inseguridad en la población. Hablar de paz para mantener la guerra, muestra la coincidencia política entre Peña Nieto y Graco.

En este modelo de paz y seguridad pública militarizada, las Fuerzas Armadas y policiales se hacen presentes en mayor extensión e intensidad: campos militares en zonas estratégicas como “Los Lagartos”, cientos de patrullas, creación de cuerpos armados especiales como la “Gendarmería”, compra de armamento más sofisticado, detenciones, retenes y desapariciones arbitrarias que escapan cada vez más del control de la sociedad civil y política y avanzan con celeridad e impunidad, a pesar del anuncio de crear Fiscalía y ley de víctimas.

Como dice Rosario Ibarra, quienes detentan el poder no quieren avanzar ni un milímetro en la justicia para las víctimas. El poder está manipulando y expropiando a la sociedad civil del concepto de paz, para vaciarlo de su contenido de justicia, que es la única que da sentido a la paz: que aparezcan los desaparecidos, que haya justicia, dignidad y verdad  para los muertos y que pare la guerra.  

Es necesario denunciar el carácter del exterminio y de la impunidad, que solo se explica por la omisión y complicidad del gobierno, que siguen sin responder a las personas amenazadas, en su búsqueda de seguridad, de justicia: de que se detenga el feminicidio, de que se garantice la seguridad cotidiana en todos los ámbitos de la vida social con pleno respeto a los derechos humanos.

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized