El 26 de septiembre de 2014 se llevó a cabo una de las más brutales acciones de las fuerzas del Estado para desaparecer a los 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en aquella trágica noche de Iguala que está por cumplir cinco años, este 26 de septiembre de 2019, sin que se logre esclarecer la verdad sobre su paradero y aún con la creación de la Comisión creada por el gobierno de López Obrador, continuamos presenciando estupefactos como liberan a 24 detenidos ligados al caso, producto del desaseo con que actuó el gobierno peñista al arrancar declaraciones bajo tortura para forjar su enorme patraña que resultó la supuesta verdad histórica.
La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país. Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de entre 17 y 25 años de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968. Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.
El saldo de la cruenta noche de Iguala fue brutal: 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura; al menos 40 personas fueron lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.
A pesar del proceso de búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución, la obstrucción de la investigación por parte de las Autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 sea conocido por las familias y por toda la sociedad; y por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos.
Por eso es necesario destacar los planteamientos de las familias durante el encuentro con el Presidente López Obrador
- Que no todas las instituciones –destacadamente, la FGR, Sedena y la Policía Federal- están haciendo los esfuerzos al parejo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas.
- Solicitaron que el Presidente interceda frente al Fiscal General para que reitere su compromiso en la investigación, incluyendo en las investigaciones de los responsables de las irregularidades. A la vez solicitaron que coadyuve con una reunión con el Fiscal General.
- Que se profundizara la ayuda internacional que ha llegado en destiempo.
- Que el titular del Ejecutivo no deje de verlos, que no los deje solos.
Ahí se obtuvieron los siguientes compromisos: La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa iniciarán de cero las averiguaciones sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. El fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, deberá partir de las líneas de investigación aportadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y abrir otras aristas para fincar responsabilidades por las irregularidades en el proceso. Hay una larga lista de funcionarios, como José Murillo Karam, ex Procurador General de la República, y el extitular de la Unidad de Investigación Criminal, Tomás Zerón.
Hacer una investigación independiente, objetiva, clara, que rompa con esa narrativa que se ha venido creando en los años pasados, empezar desde una base sólida, limpia, en donde se quiten todas estas irregularidades y delitos de lo que significa el delito de la desaparición forzada. Como afirmó la compañera Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, tienen “fe y esperanza” en que las autoridades entreguen avances en el mes de diciembre, pese a los cinco años perdidos, pero la confianza la tendrán en el transcurso de la investigación. Es claro que hicieron mal las investigaciones, por lo que el fiscal especial del caso Ayotzinapa debe garantizar que se abran las puertas de nuevo, dar un paso adelante para seguir con las investigaciones. Para el mes de diciembre, cuando menos, la FGR debe determinar quiénes fueron los responsables de las irregularidades en las investigaciones.
Además, como afirmó Vidulfo Rosales, el abogado defensor, que la búsqueda de los normalistas se está realizando en vida, hasta que no encuentren pruebas científicas que digan lo contrario. En diciembre debemos tener avances claros en las líneas de investigación que hemos apuntado, en diciembre debe haber ya responsables por las irregularidades de la investigación. Mientras no tengamos evidencia científica irrefutable de otra cosa, los seguiremos buscando vivos.
El fiscal Omar Gómez Trejo debe ir a fondo en las nueve acciones de búsqueda, las cuales indican que los estudiantes están en Guerrero, como ya había informado el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá cumplir con su obligación de poner a disposición de las autoridades a los militares que estuvieron involucrados directa o indirectamente.
Por todo lo anterior es que a 5 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, En Cuernavaca llevaremos a cabo una Marcha este jueves 26 de septiembre de 2019, a las 4 de la tarde, partiendo del Calvario al zócalo de esta ciudad. Al término de la marcha se llevará a cabo un Foro abierto por la memoria, justicia y verdad, en las escalinatas del zócalo de Cuernavaca. Se concluirá con el encendido de 43 veladoras para iluminar el camino de los desaparecidos a las 7 de la noche.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores. SME, STRM, STUNAM, SITIMTA, SIIINIFAP, MMB, CIDHM, CAT, M17Mayo, MOPIM, Yanga, Jubilados, OPT, PCM, PRT, Sindicato Libre del IMSS, Sindicato de Trabajadores Manuales Técnicos y Profesionistas del INAH.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos 