No callar hasta que la justicia sea.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz.

Cuando la violencia se instala en la cotidianidad del cuerpo social, se degradan los más tiernos sentimientos y se normaliza todo tipo de autoritarismo, logrando que se acepten medidas contrarias a los derechos humanos de todas y todos. La descomposición social no puede ser atribuida a una sola causa, sino al conjunto de factores y contradicciones que llegan a estallar: crisis del sistema económico, social, político, civilizatorio. Cuando desde las alturas del poder se pervierten las leyes e instituciones para ponerlas exclusivamente al servicio del capital, no es el diálogo lo que impera, sino el uso de la fuerza, con todo el daño letal que implica. Los hechos ocurridos en Axochiapan, en Tlatlaya, en Iguala, en estos días, nos dan cuenta de este grado de descomposición del sistema.
50 Tlatlayas quieren, para poder decir que la violencia institucional está fuera de control. Cuando en Tlatlaya fueron 22 jóvenes fusilados por el Ejército, una de ellas de 15 años. Es un crimen de lesa humanidad que no debe permanecer impune. Tampoco debemos permitir que continúen ocurriendo, como ahora en Iguala con estudiantes de Ayotzinapa. Ni en Axochiapan. En ninguna parte deben seguir ocurriendo muertes impunes.
El gobierno de Morelos envió a policías y militares para reprimir al pueblo de Axochiapan. Coinciden Graco y EPN en la misma estrategia, encubierta en «labores humanitarias» pretenden enviar a militares mexicanos a cualquier país del mundo, o cualquier municipio, así como lo hicieron en Axochiapan: «Ante el anuncio hecho por el presidente Enrique Peña Nieto de apoyar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con labores de índole humanitario en beneficio de la población civil en países en donde hay conflictos, Graco Ramírez se sumó al proyecto.» Ya que según él, sólo una persona debe decidir por encima del pueblo: «“Requerimos un modelo policial que parta de dos intenciones: un solo mando único, una sola estrategia y una sola coordinación. No podemos seguir hablando del artículo 115 constitucional y decir que es facultad de los municipios la seguridad pública”.
¡Muy grave lo que ocurre cuando policías y militares actúan contra el pueblo!
24 personas detenidas por la policía y el ejército. El gobierno acusa al pueblo de Axochiapan de acciones de «delincuencia organizada». Una cacería de brujas que genera presos políticos, y criminaliza movimientos sociales, perseguir a quienes buscan ser escuchados, igual sucede a quien se atreve a denuncian los abusos del Mando Único. ¡Y la muerte de una persona ocasionada por policías en Axochiapan, origen de la protesta ¡minimizada y en la impunidad!
Resultados de la política de imposición a fuerza de demostrar poder policíaco: pobladores detenidos, algunos son menores de edad. El pueblo tomó el Palacio y lo incendió. El gobierno respondió con toda la fuerza de policías y militares. Esa es la estrategia del Mando Único. Sin diálogo político, ni justicia, ni respeto a los derechos humanos. Que no haya impunidad en todos los asesinatos en Morelos. No sólo en el caso de los dos policías, cuyas muertes son usadas por Capella para mayor presencia del ejército. ¿Y la mujer asesinada en «fuego cruzado» en Jiutepec entre policías y asaltantes? ¿Y la mujer asesinada y arrojada en el Lago de Tequesquitengo? ¿Y el trabajador muerto en la patrulla del Mando Único? ¿Y la joven trabajadora del TSJ decapitada en Xochitepec? ¿Y el joven en Axochiapan a manos de policías? ¿Y cuantos más de los que ocurren cotidianamente? No podemos dejar de cuestionar: ¿Cuánta violencia feminicida? ¿Cuánta omisión en las investigaciones? ¿Cuánta indolencia en la aplicación de protocolos de identificación de cadáveres? ¿Cuántas mujeres desaparecidas sin que sus familiares sepan su paradero? ¿Cuánto dolor por estas muertes sin fin? ¿Hasta cuándo se sentará la justicia entre nosotros?
¡Basta de tanta muerte impune en Morelos!
Sí. Es una violencia imparable en diversas partes del país. Es el caso de los policías de Guerrero que masacran a 3 estudiantes y tienen presos a 24, cuando realizaban labores de información para invitar a la marcha del 2 de octubre. Demandamos justicia y alto a la represión del gobierno de Ángel Aguirre. Los testimonios son contundentes: Fueron más de 30 policías de las patrullas 018, 020, 027, 028 y la 302 que se llevó a un compañero herido. Cerca de las 24:30 de la madrugada, al momento de que un grupo de normalistas hacían declaraciones a reporteros de diferentes medios de comunicación, un comando armado, del que se desconocen su identidad y policías municipales de Iguala, empezaron a disparar ráfagas en contra de la multitud y de los vehículos que estaban estacionados en la zona. En un primer momento los policías llegaron con los rostros descubiertos pero que se encapucharon cuando los empezaron a rafaguear y a detener. Este es el grado de violencia institucional y criminal. Por ello tratan de ocultar información, como ocurre en casi cualquier asesinato de cientos de hombres y mujeres que ocurren en Morelos y en el país.
Es mediante la participación ciudadana, con información, con conciencia organizada, como se logrará un cambio que se viene gestando décadas atrás y que tiene en el movimiento estudiantil de 1968 un referente histórico en el 2 de octubre, pero sobre todo en la capacidad de lucha de estudiantes, que hoy salen a las calles en defensa del IPN. Hoy más que nunca se requiere poner un alto a esta violencia criminal e institucional. Ni una muerte impune más en Tlatlaya, Axochiapan o Iguala. Elevar nuestra voz por los derechos humanos es parte de la lucha por una vida digna, con justicia y libertad.

Se constituye el Grupo de Trabajo de Observación y Verificación de las medidas hacia la Alerta de Violencia de Género en Morelos.

El gobierno en Morelos tiene 6 meses para cumplir con las 15 recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre feminicidio, creado ante la solicitud de Alerta de Violencia de Género.
En cada una de las recomendaciones hay medidas de verificación del cumplimiento, mismas que deberán ser notificadas mensualmente al Grupo de Trabajo.
Por nuestra parte, consideramos que no vemos que exista voluntad política del gobierno para cumplirlas, ya que ha dado sobradas muestras de simulación y doble discurso sobre los derechos de las mujeres y sigue aplicando una violencia institucional que tiene en el feminicidio su expresión extrema.
Por estas consideraciones, es que vemos necesario crear un Grupo de Observación y Verificación de medidas hacia la Alerta de Violencia de Género en Morelos, desde una posición independiente y que responda a la necesidad de luchar porque verdaderamente se tomen las medidas para investigar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que no haya un feminicidio más en la impunidad y que se garantice una vida libre de violencia a las mujeres.
Este grupo de observación y verificación estará conformado por personas conocedoras del tema y comprometidas en la lucha por los derechos de las mujeres: Dra. Sylvia Marcos, Sara Lovera López periodista, Andrea Medina Rosas abogada feminista, Nirvana Rivera defensora en Yautepec, Lilia Flores integrante del Pacto Morelos por la Soberanía, Josefina Chávez Rodríguez feminista directora de Cuadernos Feministas, Angelina Albarrán periodista de la zona sur de Morelos, Rosalba Aída Hernández investigadora en el CIESAS, Margara Millán académica e investigadora de la UNAM.
De acuerdo al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para la emisión de la Alerta de Violencia de Género, establece claramente que “El informe del grupo de trabajo debe identificar las violaciones concretas a los derechos humanos de las mujeres, las cuales serán la base para la consolidación de sus conclusiones. En este sentido, el grupo de trabajo analizó las causas y consecuencias de la violencia feminicida, derivada de las violaciones a los derechos humanos a las mujeres. A partir de la definición de tales causas y consecuencias establece, respectivamente, sus conclusiones respecto de las acciones concretas que deberá realizar la entidad federativa para cumplir con sus obligaciones, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 26 de la Ley General de Acceso y las disposiciones que en la materia establece la Ley General de Víctimas.” Fueron 15 recomendaciones en total las que se hicieron:

1.-En ninguno de los casos de feminicidios reconocidos por el gobierno se ha otorgado reparación integral del daño. El estado debe crear un sistema para garantizar que se reparará a las víctimas de violencia feminicida.
2.-Se debe crear un Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres para tener datos confiables y actualizados.

3.-Garantizar que se investiguen los casos de feminicidio en Morelos, pues la mayoría están inconclusos. Incluso, se recomienda proponer la posibilidad de revisar y reabrir los casos en reserva temporal.

4.-Diseñar mecanismos de coordinación entre las fiscalías que atienden a mujeres víctimas de violencia para que se pueda registrar los tipos de violencia que sufren. Actualmente no hay coordinación entre las instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.

5.-Se deben dictar órdenes de protección en todos los casos en los que exista un riesgo de daño a mujeres víctimas de violencia.

6.-Realizar acciones para sensibilizar a los medios de comunicación en el tema de violencia de género, derechos humanos y respeto a las víctimas, pues actualmente se usa un lenguaje de estereotipos y discriminación.

7.-Supervisar que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres cumpla con las obligaciones que le atañe la ley. Actualmente hay fallas en su operación.

8.-Destinar presupuesto para atender el problema de la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género con políticas públicas y programas permanentes.

9.-Dar capacitaciones en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres que sean eficientes, planeadas y con mecanismos de seguimiento y evaluación.

10.-Que las autoridades encargadas de procuración de justicia conozcan los protocolos de investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres.

11.-Diseñar protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia.

12.-Implementar un programa de prevención de violencia para responder a los datos que indican que el agresor es, en la mayoría de los casos, la pareja o expareja sentimental de la víctima.

13.-Crear un programa estatal con perspectiva de género relativo a la atención y re-educación de personas generadoras de violencia contra las mujeres.

14.-Diseñar modelos de comunicación externos (dirigidos a la población en general) e internos (dirigidos a las funcionarias y funcionarios en todos los niveles del sector público) para concientizar en perspectiva de género.

15.-La infraestructura con la que Morelos cuenta actualmente es insuficiente para atender los casos de violencia, se propone fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención (incluyendo al sector salud), investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres pero también crear centros de atención especializados que proporcionen asistencia jurídica y psicológica.

Haz clic para acceder a Informe_morelos.pdf

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Tortura generaliza la impunidad.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

Cuando la tortura se generaliza, pierde la justicia su razón de ser. Los métodos ilegales usados por la policía jamás permitirán combatir la ilegalidad. Los testimonios de tortura en Morelos: «Luis, Arturo y Fermín, estaban en la calle en la colonia Constitución del municipio de Jiutepec, elementos del Mando Único a bordo de por lo menos seis camionetas, los sometieron a golpes sin explicación legal. En el traslado a la sede de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), sufrieron quemaduras graves. Ya en el sótano, fueron sometidos a toques eléctricos mientras eran sumergidos a un tambo con agua: “nos metieron a unas jaula como de dos por dos metros. Cuando me sacaron me metieron a un cuarto ahí me dieron toques en los testículos mientras era sumergido en el tambo. A la fuerza querían que aceptara que pertenecíamos a un cartel”, afirma, Fermin y agrega: “ya no aguanté los golpes y pues se me doblaron las piernas, quede inconsciente, termine en el hospital con golpes por todos lados”. El caso más grave es el de Pablo, un contratista cuyas quemaduras han merecido injertos de piel y cirugías reconstructivas. Él recuerda que mientras los subieron a la patrulla sentía como lo quemaban. En el sótano de la CES, recibió la misma dosis de tortura de los elementos; sólo recuerda el dolor de las quemaduras y los toques eléctricos. Abrió los ojos en un hospital, con médicos a su alrededor y policías custodiándolo. “me desmaye y termine en el hospital. Ahí nos dijeron que éramos acusados de ser sicarios, que traíamos una pistola, que éramos criminales pero después nos dejaron en libertad”, asegura Pablo. También otros 4 jóvenes de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas fueron detenidos arbitrariamente, allanaron viviendas, y los torturaron en el trayecto al sector de la policía en Temixco. Daniel quedó con tres costillas fracturadas.
La tortura y los malos tratos en México están fuera de control, como pone de manifiesto el hecho de que las denuncias hayan aumentado en un 600 por ciento en el último decenio, según un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional. La organización pide al gobierno mexicano que tome medidas con urgencia para poner fin al uso persistente y generalizado de la tortura por parte de la policía y las fuerzas armadas. El informe, titulado Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México, analiza el preocupante aumento del uso de la tortura y otros malos tratos y el clima imperante de impunidad y tolerancia hacia estas prácticas. Sólo siete torturadores han sido declarados culpables en los tribunales federales. Y el número de perpetradores enjuiciados en los tribunales de ámbito estatal es aún menor.
Las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado. El hecho de que apenas se apliquen las salvaguardias para prevenir la tortura y otros malos tratos, y que las investigaciones sobre las denuncias a menudo minimicen la gravedad de los abusos y estén predispuestas contra la persona denunciante, son una clara indicación de que el gobierno no protege los derechos humanos. El alarmante aumento del uso de la tortura significa que existe una amenaza real de malos tratos para cualquier persona en México. En una encuesta encargada por Amnistía Internacional, el 64 por ciento de las mexicanas y los mexicanos encuestados declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia.
En el informe se explica en detalle cómo, desde 2010 hasta finales de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 7.000 quejas por torturas y otros malos tratos. Según informes recientes, en 2014 ha disminuido el número de quejas. Pese a ello, sigue siendo mucho más elevado que hace diez años. Víctimas procedentes de distintas partes del país contaron a Amnistía Internacional que habían sido objeto de palizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y semi-asfixia a manos de la policía o las fuerzas armadas, a menudo con el fin de obtener «confesiones» o para que incriminasen a otras personas en delitos graves. A pesar de que la ley lo prohíbe, el sistema de justicia penal sigue admitiendo pruebas obtenidas como consecuencia de la detención arbitraria o la tortura. Esto no sólo facilita que se siga recurriendo a la tortura y a otros malos tratos, sino que también se traduce en juicios sin garantías y condenas dudosas, socavando aún más la credibilidad del sistema de justicia y los derechos humanos de las personas acusadas en procesos penales.
El procedimiento pericial especial de la Procuraduría General de la República para investigar los casos de torturas y otros malos tratos a menudo incumple las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul. Pese a estas deficiencias, los fiscales y los jueces se basan en las investigaciones oficiales defectuosas y se niegan a aceptar otras pruebas de investigaciones independientes. La ausencia de investigaciones creíbles y exhaustivas sobre las denuncias de tortura supone un abuso por partida doble.
Para prevenir, investigar y castigar la tortura y otros malos tratos, en primer lugar, el gobierno debe reconocer la verdadera magnitud de la tortura policiaca en Morelos y comprometerse públicamente a luchar contra esta grave violación de los derechos humanos como máxima prioridad. Basta de tortura que generaliza la impunidad.

Mañana 19 de septiembre vence el plazo para que el Ejecutivo de Morelos de respuesta por escrito a la Secretaría de Gobernación

Faltando un día para que se cumpla el plazo establecido por el Grupo de Trabajo creado a partir de la solicitud de Alerta de Violencia de Género en Morelos, aún no se ha recibido notificación por escrito del Gobernador de Morelos sobre su aceptación, tal como lo prevé el Reglamento establecido con este fin, mismo que establece lo siguiente: “En caso de que la o el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente acepte las conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo, tendrá un plazo de 15 días hábiles para informar a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, sobre su aceptación. Transcurrido el plazo señalado, sin que la Comisión Nacional reciba dicha aceptación, o en su caso, la negativa de la entidad federativa correspondiente, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Conavim, emitirá la declaratoria de AVGM, en un plazo no mayor a cinco días naturales contados a partir del vencimiento del plazo referido. Cabe señalar que, para el caso en que el o la Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente aceptara las conclusiones del informe, la Comisión Nacional le solicitará al mismo, en el plazo de los seis meses siguientes, la información necesaria En caso de que la o el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente sobre las acciones realizadas para implementar las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo, la cual deberá remitirse dentro de los cinco días siguientes de haber recibido la solicitud. El grupo de trabajo emitirá un dictamen a partir de la información recibida sobre la implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe, el cual se remitirá a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Comisión Nacional, se determine si la entidad federativa implementó dichas propuestas. La Conavim, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, notificará el dictamen del grupo de trabajo a la organización solicitante. Si el grupo de trabajo considera que no se implementaron las propuestas contenidas en las conclusiones del informe, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional, emitirá la declaratoria de AVGM. Por el contrario, de cumplirse con las conclusiones, la declaratoria de AVGM no será emitida. Ahora bien, si se determina emitir la declaratoria de AVGM, deberá dictarse en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen. Asimismo, se deberá: Implementar las acciones preventivas, de seguridad y de justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres; Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y Hacer del conocimiento público el motivo de la AVGM, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. Finalmente, es necesario señalar que el Estado mexicano, ante la existencia de un contexto de violencia feminicida, de conformidad con el artículo 26 de la Ley General de Acceso, deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.” Es importante destacar que si bien el gobierno de Morelos, a través de la Secretaría General respondió ante la prensa local, que aceptaría las 15 recomendaciones, es necesario que sea el Titular del Ejecutivo estatal quien lo haga de manera oficial y formal con límite que concluye el 19 de septiembre, ya que dicho documento fue entregado el 28 de agosto de 2014.
Este reglamento estable claramente que “El informe del grupo de trabajo debe identificar las violaciones concretas a los derechos humanos de las mujeres, las cuales serán la base para la consolidación de sus conclusiones. En este sentido, el grupo de trabajo analiza las causas y consecuencias de la violencia feminicida, derivada de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que haya identificado. A partir de la definición de tales causas y consecuencias establece, respectivamente, sus conclusiones respecto de las acciones concretas que deberá realizar la entidad federativa para cumplir con sus obligaciones, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 26 de la Ley General de Acceso y las disposiciones que en la materia establece la Ley General de Víctimas.” Fueron 15 recomendaciones en total las que se hicieron: -En ninguno de los casos de feminicidios reconocidos por el gobierno se ha otorgado reparación integral del daño. El estado debe crear un sistema para garantizar que se reparará a las víctimas de violencia feminicida.
-Se debe crear un Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres para tener datos confiables y actualizados.
-Garantizar que se investiguen los casos de feminicidio en Morelos, pues la mayoría están inconclusos. Incluso, se recomienda proponer la posibilidad de revisar y reabrir los casos en reserva temporal.
-Diseñar mecanismos de coordinación entre las fiscalías que atienden a mujeres víctimas de violencia para que se pueda registrar los tipos de violencia que sufren. Actualmente no hay coordinación entre las instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
-Se deben dictar órdenes de protección en todos los casos en los que exista un riesgo de daño a mujeres víctimas de violencia.
-Realizar acciones para sensibilizar a los medios de comunicación en el tema de violencia de género, derechos humanos y respeto a las víctimas, pues actualmente se usa un lenguaje de estereotipos y discriminación.
-Supervisar que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres cumpla con las obligaciones que le atañe la ley. Actualmente hay fallas en su operación.
-Destinar presupuesto para atender el problema de la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género con políticas públicas y programas permanentes.
-Dar capacitaciones en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres que sean eficientes, planeadas y con mecanismos de seguimiento y evaluación.
-Que las autoridades encargadas de procuración de justicia conozcan los protocolos de investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres.
-Diseñar protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia.
-Implementar un programa de prevención de violencia para responder a los datos que indican que el agresor es, en la mayoría de los casos, la pareja o expareja sentimental de la víctima.
-Crear un programa estatal con perspectiva de género relativo a la atención y re-educación de personas generadoras de violencia contra las mujeres.
-Diseñar modelos de comunicación externos (dirigidos a la población en general) e internos (dirigidos a las funcionarias y funcionarios en todos los niveles del sector público) para concientizar en perspectiva de género.
-La infraestructura con la que Morelos cuenta actualmente es insuficiente para atender los casos de violencia, se propone fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención (incluyendo al sector salud), investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres pero también crear centros de atención especializados que proporcionen asistencia jurídica y psicológica.

Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.