Archivo mensual: abril 2012

Entra en vigor sancion feminicidio y anuncios medios trata personas

Maciel Calvo
 Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entraron en vigor las reformas a la legislación penal que tipifican como feminicidio el asesinato de mujeres y se sanciona a los medios de comunicación que publiquen anuncios que propicien la trata de personas.
 
Desde el 2 de septiembre, entraron  en vigor las reformas al Código Penal, Código de Procedimientos Penales y la Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, que clasifica el asesinato de mujeres como feminicidio e imponen una sanción de 30 a 70 años de prisión al o los agresores, así como la pérdida de derechos con respecto a la víctima y ofendidos, incluidos los de carácter sucesorio si hubiese existido alguna relación legal o familiar.
 
Además, se establece la obligación de las instituciones como la procuraduría estatal y otras instancias gubernamentales de crear un sistema de registro público de los delitos cometidos en contra de mujeres, que integre la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar en que ocurrieron, especificando su tipología, características de la víctima y del sujeto activo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño.
 
 
Paralelamente las autoridades deberán elaborar una página de internet en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. Dicha página deberá actualizarse constantemente, la información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas.
 
La fiscalía estatal tendrá que elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los feminicidios y la violencia sexual; y crear una base de Información Genética que contenga la información personal disponible de mujeres y niña desaparecidas; la información genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; la información genética y muestras celulares proveniente de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada.
 
También se deberá habilitar una línea única de atención telefónica para recibir denuncias de violencia contra las mujeres, por parte de la propia víctima o cualquier otra persona, y dar inicio a la investigación respectiva; así como crear una Unidad Especializada para atender y coadyuvar a la investigación de los feminicidios.
 
De acuerdo con el decreto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos deberá emitir, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales  los protocolos para la investigación de desapariciones y un plazo no mayor a 60 días naturales para emitir los lineamientos de investigación de los feminicidios.
 
De acuerdo con datos proporcionados por la Procuraduría estatal, de enero de 2009 a junio de
2010 ocurrieron 44 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales  40 caso se desconoce el móvil del asesinato.
 
El 52% de las víctimas de homicidio doloso tenían entre 21 y 30 años, 31% entre 31 y 50 años y 15% eran mayores de 50 años. Más de la mitad de las mujeres (56%) no tenía relación con su asesino y el 44% mantenía una relación de pareja o conocía a la víctima.
 
En relación con la causa de la muerte, el 34% de las mujeres perdieron la vida como consecuencia del uso excesivo de la fuerza física (golpes y asfixia), el 31% como resultado de heridas punzocortantes y el 25% por disparos de arma de fuego.
 
“Con estos datos se puede reconocer la intencionalidad de los victimarios, pues estos métodos de contacto empleados por los agresores difícilmente causarían la muerte si no hubiera una decisión, una insistencia y un ensañamiento contra las víctimas”, dice el decreto legislativo 1250 publicado en el órgano oficial de difusión.
 
Sanción a medios que promuevan la trata de personas
 
 
Asimismo, entró en vigor la reforma que adiciona un párrafo cuarto al artículo 148 bis, del Capítulo Séptimo denominado de la Trata de Personas del Código Penal para el Estado de Morelos, que prohíbe y sanciona la publicación masiva de anuncios publicitarios que propicien la trata de personas.
 
“La persona que contrate publicidad por cualquier medio de comunicación, así como la persona que publique anuncios que encuadren en alguna de las conductas del delito de trata de personas, será sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 148 ter de este Código”, dice el párrafo adicionado.
 
De acuerdo con el decreto, con esto “se pretende contribuir de manera positiva, con el problema social que se está presentando en la actualidad, que es la existencia de anuncios publicitarios de prostitución, constituyendo con ello una forma de promoción, difusión y facilitación de la actuación de las redes del crimen organizado, a fin de llevar a cabo la práctica del delito de trata de personas, fomentando la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
 
 
Es decir, a partir de ahora está prohibida y sancionada con 8 a 15 años de prisión y de mil a dos mil 500 días de multa, la publicación de mensajes en los que se soliciten damas, edecanes y términos por el estilo, debido a la orientación sexual de éstos que se consideran, promueven conductas que atentan contra las personas en riesgo de caer en redes de tratantes de blancas y otros delitos relacionados.

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Hacia el Primero de Mayo en Cuernavaca 2012

Las organizaciones del pacto Morelos por la Soberanía alimentaria y Energética los Derechos de los Trabajadores y las garantías Constitucionales nos hemos reunido en las instalaciones del SME y aprobado los siguientes RESOLUTIVOS  HACIA UN PRIMERO DE MAYO DE LUCHA PROLETARIA 2012:

 La Marcha de los contingentes sindicales y sociales se llevará a cabo el primero de mayo a partir de las 9 de la mañana desde el IMSS de Plan de Ayala hacia el Zócalo de Cuernavaca en donde se culminará con un Mitin Político.

Esta marcha tiene como objetivo denunciar la política neoliberal que el sistema capitalista viene aplicando en contra de la clase trabajadora en México y en la mayor parte del mundo en crisis.

No estamos dispuestos a permitir que se nos siga cargando en los hombros de la clase trabajadora del campo y la ciudad todo el peso de esta crisis que nosotros no provocamos y que sufrimos por el desempleo creciente y la disminución del poder adquisitivo de los salarios, mayor pobreza y enfermedades, deterioro de nuestra calidad de vida.

La crisis del capital solamente ha significado enriquecimiento de unos cuantos y un ataque sistemático a los derechos laborales y colectivos que los dueños del capital tratan de imponer mediante la reforma a la ley laboral en beneficio exclusivo de sus ganancias y la pérdida de derechos sociales conquistados en más de un siglo y medio de luchas de la clase trabajadora desde los Mártires de Chicago que dieron origen precisamente al establecimiento del primero de mayo como día mundial de la clase trabajadora con las demandas de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de cultura y recreación, lo que estamos ahora más lejos que nunca de conseguir por las extenuantes jornadas laborales que llegan hasta 14 horas diarias lo que implica una verdadera esclavitud asalariada moderna.

Esta ofensiva del capital contra los pueblos del mundo han llevado a verdaderas explosiones sociales como las de Grecia y España en Europa y en nuestro país con la heroica lucha de resistencia que sostienen los 16,590 trabajadores del SME que mantienen su exigencia de creación de una nueva empresa de servicio eléctrico que recontrate y preserve su fuente de trabajo.

Este primero de mayo defenderemos este derecho del SME al trabajo y a la sindicalización. Igualmente defenderemos el derecho a la educación pública y la defensa del patrimonio cultural, en contra de los procesos de privatización y por mayor presupuesto a las Universidades, combatiendo al control caciquil de Elba Esther Gordillo que tanto daño hace a la educación en nuestro país.

Este Primero de Mayo saldremos a defender en las calles a defender las pensiones y jubilaciones a que tenemos derecho luego de haber trabajado durante toda la vida productiva en los trabajos más pesados mientras que los únicos que disfrutan pensiones onerosas son los que abusan del poder.

Defendemos el campo de las agresivas políticas de libre comercio de las trasnacionales que han eliminado la soberanía alimentaria y han propiciado la migración y la miseria de pueblos campesinos y comunidades indígenas.

En defensa de la tierra, el agua y el aire, que significa defender el territorio y los recursos naturales como bienes colectivos que no deben ser privatizados en aras del interés económico de verdaderos depredadores ambientales que nos han llevado a la actual crisis de calentamiento global, como es el desarrollo urbano salvaje que acaba con todas las reservas como es el caso actual en el cerro de la tortuga y antes en el Texcal o en el manantial Chihuahuita.

En la marcha del prmero de mayo enarbolamos la exigencia de una seguridad ciudadana con pleno respeto a los derechos humanos para enfrentar la desigualdad social, la violencia criminal alentada e impulsada por la violencia institucional, con asesinatos de jóvenes y feminicidio creciente, desaparecidos, tortura, presos políticos, ejecuciones extrajudiciales, y más sangre derramada en el país por una política de militarización y estado policiaco.

Estamos en contra de la carestía de la vida y el proceso de privatización de petróleos y la electricidad, los constantes aumentos de precios a la gasolina y la utilización de las finanzas públicas para sostener a los bancos a través del FMI y del banco Mundial mientras los pueblos se ven condenados a la miseria en Europa y en México donde se aplican las brutales recetas neoliberales.

Por ello, en este momento, en el que está ya el proceso electoral 2012, tenemos claro que no vamos a permitir como clase trabajadora que se nos sigan imponiendo gobierno de corte neoliberal, por lo que llamamos a ejercer un voto consciente, critico y diferenciado, en apoyo a candidaturas de la clase trabajadora y que defiendan las demandas que como Pacto Morelos hemos venido sosteniendo durante todos estos años. 

Este primero de Mayo será de lucha contra las políticas empresariales, privatizadoras y neoliberales que aplican los capitalistas y sus partidos. Ni un voto a los dueños del capital y sus representantes. Por la organización independiente de la clase trabajadora. Por defender nuestros derechos laborales.

Atentamente.

Morelos por la Soberanía alimentaria y Energética los Derechos de los Trabajadores y las Garantías Constitucionales

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El Feminicidio y los límites de la ley.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

 Después de que se ha incrementado por miles el feminicidio desde que iniciaron los asesinatos de mujeres de las maquiladoras de Ciudad Juárez y se extendió posteriormente a toda la república, en días pasados el Senado aprobó en comisiones tipificar como delito grave el feminicidio, con penas de 40 a 60 años de prisión.

En Morelos desde el 2 de septiembre de 2011, entraron  en vigor las reformas al Código Penal, Código de Procedimientos Penales y la Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, que clasifica el asesinato de mujeres como feminicidio e imponen una sanción de 30 a 70 años de prisión al o los agresores. 

Así lo documentó la periodista Maciel Calvo, quien señaló que con las modificaciones también se establece la obligación de crear un sistema de registro público de los delitos cometidos en contra de mujeres, que integre la estadística criminal y victimar para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia, por parte de la procuraduría estatal.

De acuerdo con el decreto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos debería haber emitido, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales,  los protocolos para la investigación de desapariciones y un plazo no mayor a 60 días naturales para emitir los lineamientos de investigación del feminicidio. Ha transcurrido en exceso el plazo legalmente establecido y no tenemos conocimiento público de que la PGJ haya cumplido con lo establecido en este Decreto de hace ya más de 240 días.

Este es un tema que tiene un interés también en otras latitudes del mundo. En siete países de América Latina: México, Costa Rica, Guatemala, Chile, El Salvador, Perú y Nicaragua se ha tipificado como delito el feminicidio. En algunos casos el nombre de la ley se refiere expresamente a este fenómeno. En otros a la violencia contra las mujeres o a términos similares y un articulado de la ley recoge el término feminicidio. Pero además, el significado que se da a ambos varía. En algunos casos, la mayoría, se ciñe al feminicidio íntimo, en otros se opta por un concepto amplio de violencia contra las mujeres, como documenta Elena Laporta, en el portal Feminicidio.net.

En México el trabajo realizado por la Comisión para las investigaciones sobre feminicidio del Congreso de la Unión en 2005, donde participamos muchas feministas, concluyó con la aprobación en 2007 de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. El objeto de la ley en México es sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. Se puso énfasis en  la violencia feminicida que define como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.  La ley costarricense, por su parte, no protege todos los casos de violencia contra las mujeres sino tan solo los que se produzcan en una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, así como también cuando las víctimas sean mujeres mayores de quince años y  menores de dieciocho, siempre que no se trate de una relación derivada del ejercicio de autoridad parental. No obstante tipifica el femicidio como delito (aunque sólo abarque el íntimo). A diferencia de otras leyes que regulan el femicidio, en esta ley se utiliza el concepto amplio de violencia contra las mujeres. Así se refleja también en el uso que se hace de la palabra femicidio definida como muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres.  En el caso de Chile, no se trata de una ley específica que regule el femicidio u otras formas de violencia contra las mujeres sino una ley que, como su propio nombre indica, simplemente modifica el Código penal para introducir el femicidio en sentido restrictivo, esto es, se refiere tan sólo al íntimo, para supuestos en los que la víctima era su mujer o convivía con él. La ley salvadoreña reconoce un derecho específico de las mujeres a vivir una vida sin violencia, no restringida a la violencia que sufren a manos de sus parejas. De hecho dice la ley que “los tipos y modalidades de violencia contemplados en la presente ley, tienen como origen la relación desigual de poder o de confianza; en la cual, la mujer se encuentra en posición de desventaja respecto de los hombres”. En Perú la ley regula en el artículo 107 conjuntamente el parricidio y el feminicidio, y define éste último como un feminicidio íntimo, englobando al cónyuge, conviviente o persona con quien haya mantenido relación análoga de afectividad. Finalmente, la ley nicaragüense reconoce el femicidio como tipo penal específico en el marco de una ley que está dirigida a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, entendida ésta en el sentido amplio, de violencia ejercida contra la mujer por el hecho de ser mujer.   

El debate legal está abierto, pero, mientras no cambien las estructuras sociales y culturales que garanticen una vida plena para las mujeres, seguiremos luchando en todos los terrenos para evitar que el feminicidio siga creciendo al amparo de la impunidad.

cidhmorelos@gmail.com

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Mujeres, cuotas y elecciones


 Juliana G. Quintanilla

Todos los partidos políticos registrados incumplieron con la cuota de género, establecida legalmente, aunque se quede por debajo de los derechos de las mujeres a ser reconocidas plenamente de acuerdo a su presencia real en la sociedad. Como bien lo apunta Josefina Chávez en la revista Cuadernos Feministas,  el debate que seguramente tendrá implicaciones mayores, por lo pronto aparentemente, fue saldado con los “ajustes” de última hora. Pero queda en el tintero una polémica, en torno a las formas de elección de las candidaturas en los propios partidos que garanticen las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mexicanas.

El incumplimiento se adujo que se debía a que no hubiera mujeres interesadas en participar, por el contrario, se contaba con candidatas suficientes para cubrir el 40% de representación. Más bien, en algunos casos no se les permitió registrarse o hubo resistencias de algunos dirigentes. Se escuchó la indignación, la decepción por el comportamiento de las direcciones de los partidos, por las componendas, por la falta de respeto a las mismas reglas para la elección de las candidaturas.

Varias de las candidatas habían ganado las encuestas, pero no quedaron y denunciaron los “intercambios” de candidatas con perfiles altos, con experiencia, por, en algunos casos, propuestas de candidatos hombres con orígenes que no representan de ninguna manera, mas bien por el contrario, las trayectorias políticas y de lucha de muchas de las mujeres que han sido tratadas con la punta del pie.

Había más de mil mujeres para contender en todos los cargos. Con estos argumentos se refutó, a quienes como una gran mentira han dicho que no hay mujeres. Aunque la discriminación a las mujeres en las candidaturas se evidenció prácticamente en todos los partidos que, convencidos o no, tenían que cumplir la ley. Las mujeres se unieron en una alianza para unificar estrategias y enfrentar la embestida sin embargo como se ha podido observar, no fue suficiente, para revertir la descalificación y el “mercadeo”.

Curiosamente, en una coyuntura político electoral en donde se juega en muchos sentidos el futuro del país, ahora tenemos que añadir a la lista, una ofensiva más en contra de las mujeres, en este caso, encabezada por quienes se supondría, serían sus aliados; sus compañeros de partidos y corrientes. El daño está hecho. Seguramente se tratará de “reparar” con la corrección de las listas, solo que, nos queda claro, parece que no por voluntad y convicción política, más bien porque el IFE amenaza con aplicar las sanciones. Las mujeres respondieron lanzando una campaña por los derechos políticos de las mujeres, exigir el cumplimiento de lo que marca el COFIPE, no debe haber más de 120, o menos de 120 fórmulas de hombres, ni más de 180 fórmulas de hombres en los 300 distritos. No debe de haber menos de 120 fórmulas de mujeres, ni más de 180 fórmulas de mujeres.

Las candidaturas de mujeres no deben ser de “relleno”, reivindicando al mismo tiempo que también están interesadas y comprometidas con la realización de trabajo en los distritos no competitivos para construir fuerza política en la contienda electoral.

Los graves problemas que enfrentan las mexicanas, como la pobreza, violencia y trata, han quedado subsumidos e invisibilizados por la prioridad del estado en relación al combate a la delincuencia organizada. La lucha no es personal, se trata de los derechos de todas las mexicanas. Las mujeres de izquierda precursoras en cargos de elección popular en puestos directivos en los gobiernos, en las acciones afirmativas, saben que los derechos políticos están contemplados en el marco internacional y México los ha firmado, los derechos no se pueden poner a discusión en cada proceso electoral, se deben acatar. No estamos pidiendo que se nos regale algo, se está hablando del trabajo de muchas mujeres.

La lucha por los derechos políticos de las mujeres ha transitado por varios siglos, del voto a la paridad. Un proceso plagado de exclusiones, obstáculos e invisibilidad. El Congreso Constituyente de 1917 al no incorporar el derecho al voto para las mujeres contribuyó para que éstas se organizaran en la lucha por el sufragio, algunas, en rebeldía, incluso lanzaron candidaturas independientes. Las cuotas son un mecanismo de acción afirmativa para potenciar las capacidades de las mujeres, se requiere la ampliación de acciones afirmativas para erradicar todas las trabas culturales. Se requiere la voluntad política de las direcciones de los partidos. Y eso, ya se vio, está faltando.

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REFORMA AL CODIGO PENAL CONTRARIA A DERECHOS HUMANOS.

Marco Aurelio Palma Apodaca (*)

Diversas organizaciones de derechos humanos nos hemos dirigido a los diputados federales para manifestarles nuestra preocupación por los contenidos del proyecto de reforma del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), basado preponderantemente en la propuesta presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal en septiembre de 2011 y actualmente en discusión por parte del Congreso de la Unión.

Como es del conocimiento público, en junio de 2008 inició una trascendental modificación del sistema penal mexicano, con la reforma constitucional en materia penal y de seguridad pública, por la cual en 2016 deberá completarse la armonización legislativa y la creación de la infraestructura necesaria para que las instalaciones judiciales sea concordantes con el sistema internacional de derechos humanos, que también forma parte de las nueva configuración constitucional gracias a la reforma respectiva.

A cuatro años de cumplir con el plazo constitucional, diversos actores interesados en modificar el saldo de injusticia que caracteriza a los juicios penales mexicanos, entre ellos el propio Congreso de la Unión, han hecho uno de los esfuerzos más significativos para ajustar nuestro sistema jurídico al estándar internacional de derechos humanos. En consonancia con ello, cualquier iniciativa de ley destinada a complementar ese primer esfuerzo, debe hallarse bajo una clara perspectiva: los compromisos internacionales del Estado mexicano para que los juicios penales sean justos, transparentes, respeten los derechos relacionados al debido proceso y redunden en procedimientos eficaces.

En septiembre de 2011, el Presidente de la República presentó una propuesta de nuevo código procesal penal que no toma en cuenta las decenas de recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas, ni las recomendaciones del sistema interamericano, ni la jurisprudencia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente las dirigidas al Estado mexicano.

Por la trascendencia de la propuesta de ley en la transición al sistema penal adversarial, las organizaciones civiles interesadas en la urgente transformación del sistema penal mexicano hacemos las siguientes observaciones, entre las más preocupantes:

§  La propuesta referida no corresponde con la magnitud de las tres grandes reformas constitucionales en materia de sistema penal acusatorio, derechos humanos y juicio de amparo. Por el contrario, las contradice y retorna hacia una configuración que ha generado daños y costos sociales, económicos y humanos para un sinnúmero de personas que han sido víctimas de un Ministerio Público con funciones excesivas de persecución, carente de técnicas de investigación y usualmente arbitrario en sus actuaciones.

 

§  Asimismo, viola estándares internacionales y constitucionales en materia de medidas cautelares, pues permite que el Ministerio Público las imponga durante la etapa de investigación (Artículo 223), en franca contradicción al artículo 19 constitucional que prevé competencia exclusiva del juez para hacerlo. La misma disposición legal, en consecuencia, viola el principio de contradicción establecido en el artículo 20 de la constitución.

 

§  De igual manera, el código prevé un catálogo de delitos graves que excede el techo constitucional del artículo 19 (Art. 264 CFPP). Al respecto cabe precisar que las disposiciones legales y constitucionales en torno a medidas cautelares y prisión preventiva contravienen los estándares internacionales que prohíben la imposición de estas medidas bajo el argumento único de gravedad del delito, lo cual es contrario a la presunción de inocencia que ciertas disposiciones del código dispongan requisitos para la imposición de medidas cautelares que son materia de una sentencia condenatoria, en su caso, y que por lo tanto contradicen sus objetivos procesales (Art. 283).

 

§  Un ejemplo de ello es el contenido del artículo 144, fracción IX, contempla la posibilidad de ser “entrevistado” por el Ministerio Público o la Policía de Investigación, a pesar de que no está contemplado en la Constitución y ello ha sido motivo de diversas recomendaciones sobre tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes. Vistas en conjunto, estas expresiones apuntan a una sola dirección: que el Ministerio Público tenga facultades para autorizar entrevistas o comparecencias, a pesar de que la propia constitución si bien no las prohíbe, tampoco las permite. En nuestra opinión, esta forma de tratar un asunto de suma importancia, permite la interpretación de que el detenido sea abordado por el Ministerio Público, o por sus auxiliares, e incluso de que se le tome su declaración, como podría interpretarse de la lectura del artículo 153 de la propuesta;

 

§  Hay un punto de singular gravedad en la propuesta, a saber, la implementación de cateos sin necesidad de orden judicial (artículo 333) a sitios de acceso público y de operaciones encubiertas y agentes infiltrados (311 a 320), mismos que no dejan claro el modo en que habrá control judicial en todo momento, abriendo la posibilidad de acusaciones inverosímiles, fabricación de culpables y allanamientos arbitrarios.

 

§  En el mismo sentido que el punto anterior, y con no menor gravedad, nos alarma advertir que el nuevo proyecto de CFPP contemple tres excepciones a la regla de exclusión de pruebas ilícitas, lo cual es incompatible con el principio de legalidad y abre la puerta a abusos tan graves como la tortura. Al respecto cabe comentar que, según el artículo 291 del proyecto, “No se considerará violatoria de derechos humanos” información que “aún y cuando haya resultado de una prueba ilícita, habría sido obtenida por otros medios”, o cuyo vínculo a los actos violatorios de derechos humanos sea “atenuado”, un término altamente ambiguo. Conforme al texto comentado, también sería admisible una prueba impugnada siempre y cuando la misma se obtenga de alguna fuente independiente de los abusos cometidos, aunque estuviera relacionada con ellos. Lo anterior, en el contexto actual mexicano, caracterizado por la persistencia y recurrencia de la tortura – lo cual ilustra el incremento de 550% en el número de quejas por este delito ante la CNDH en los últimos dos años -, abre la puerta a que fuerzas federales sigan cometiendo detenciones arbitrarias y coaccionando declaraciones, para después argumentar que habrían llegado a cualquier dato por una vía legal.

En vista de lo anterior, apreciamos que en el Proyecto de Dictamen no hay un estudio sistemático de las tres reformas constitucionales mencionadas (justicia penal y seguridad pública – amparo – derechos humanos), de la armonización con las normas de derechos humanos en los tratados internacionales, ni una franca incorporación de las recomendaciones hechas a México en materia penal. Por ejemplo, del Informe de la Relatora Especial sobre Independencia de Jueces y Abogados sobre su visita a México en 2010; Informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura del Comité contra la Tortura sobre su visita a México en 2008; las Recomendaciones a México durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2009; el Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México, OACNUDH, 2003; el Informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, visita a México en 2002, o el recientemente presentado Informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas, marzo de 2012, entre otras.

 

La responsabilidad del Congreso es garantizar que las propuestas legislativas sean coherentes con las nuevas circunstancias constitucionales que el propio Congreso elaboró; supone, también, que las comisiones legislativas deben elevar su calidad redactora en los proyectos, enfilándolos hacia una nueva teoría legislativa, basada en su compatibilidad con el sistema internacional de los derechos humanos y en el análisis integral.

 

En resumen el proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales se aparta por completo de la reforma constitucional de 2008, e implica de hecho una regresión al modelo inquisitorio bajo formalidades que quieren simular un modelo acusatorio, razón por la que creemos que el proyecto en discusión no debe aprobarse y, en consecuencia, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados debe reorientar el proceso para formular un Código que incorpore efectivamente los derechos tanto de acusados como de víctimas con equidad, que establezca claramente reglas para un debido proceso y sobre todo que haga posible que el sistema ofrezca incentivos reales para proteger y garantizar los derechos humanos.

 

En este sentido, y en los términos del artículo 177 numeral 2 y 179 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los exhortamos a abrir una consulta pública, informada y plural en torno a la reforma del CFPP que asuma la centralidad del respeto a la institucionalidad democrática, los derechos humanos y el espíritu del sistema acusatorio de justicia penal.

(*) Coordinador Jurídico de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Quema el silencio duele la memoria.

Paloma Estrada muñoz y José Martínez Cruz.

La ciudad de Chihuahua, Chihuahua fue sede de la XLIII Asamblea de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para todas y todos”.  Ahí nos encontramos con familiares de las y los desaparecidos: José Angel, Niza Paola, Rocío, Héctor, Guadalupe, Ambrosio, Hugo, Nemesio, Jaime, Oscar, Rosario, Pamela, Felix, Mario. Quema el silencio, duele la memoria. ¿Cómo se llama a los desaparecidos?/Con el corazón apretando por dentro/ allá en el sur del alma/ vivos en la sonrisa de los niños/ en las amargas lágrimas/ en la inocencia perdida/ en la conciencia que nace de conocer la realidad/ para transformarla/ compartiendo el dolor/ recuperando la orientación y saber/ para qué sirve la vida.

Chihuahua, epicentro mexicano del sufrimiento por las desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales que han traído consigo la militarización y la implementación de un Estado Policiaco; aquí, donde la emergencia alimentaria del pueblo Rarámuri (Tarahumara) es crónica y evidencia lo fallido de las políticas gubernamentales de todos los niveles, donde el índice de casos de trata de personas, feminicidios no investigados y por lo tanto impunes, crece día a día.
En esta entidad, en que la persistencia y el valor de los integrantes de  grupos de defensores de derechos humanos, resulta ejemplar y por lo tanto alentador, se subrayó el hecho de que el aumento de la pobreza a nivel nacional continúa generando violencia en todos los planos de las familias, en especial en la falta de oportunidades de trabajo, además de que los jóvenes carecen de acceso a derechos, como el derecho a la educación al que se une la violencia que viven en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
El feminicidio, la trata de personas, la homofobia,  la desaparición forzada a manos de agentes estatales, así como la imposición de mega proyectos devastadores (minería, hidroeléctricas, desarrollos habitacionales, etc.) siguen ocurriendo en todo el país en franca violación a los más elementales derechos humanos. La problemática de las personas migrantes se incrementa al tener que enfrentar una cadena de corrupción criminal entre autoridades e integrantes de grupos delincuenciales. Se mantiene constante la violación grave al debido proceso en materia penal. El rasgo que caracteriza a todos estos problemas es la impunidad.
Como respuesta a las denuncias por violaciones a derechos humanos, la reacción oficial es la creación de leyes e instituciones que solo incrementan la burocracia pero no solucionan de fondo la problemática denunciada. La única respuesta es la simulación. Las y los defensores de los derechos humanos continúan siendo agredidos a pesar de que cuentan con medidas cautelares. Los casos que preocupan a la Red Nacional TDT son las y los defensores integrantes del  Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Comisión de solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C., Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua y del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C. con quienes nos solidarizamos y para quienes exigimos un efectivo respeto a su trabajo e integridad.
Esta asamblea acordó un pronunciamiento que incluye la exigencia a la Presidencia la República para que ordene la investigación y deslinde las responsabilidades de todos los casos que han sido denunciados por las organizaciones integrantes de la Red; se proteja la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos; que se cumpla cabalmente el artículo 1º de la Constitución así como tomar con toda seriedad los resultados presentados por el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas. Así mismo  La Red “Todos los derechos para todas y todos” denunciará ante el Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México (TPP) para que documente, revise y emita dictámenes sobre  violaciones a los derechos humanos. Este Tribunal se instalará en Ciudad Juárez, Chihuahua durante los días 27 y 28 de mayo con la realización de la Audiencia General Introductoria para el Enjuiciamiento al Estado Mexicano.
En el tema electoral la Red TDT fortalecerá su tarea de denuncia y exigencia del cumplimiento de todos los derechos humanos ante todos y cada uno de los actores políticos. Toda vez que se renovará al Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y autoridades en seis estados, proceso que sucederá en medio de una crisis de suma inseguridad, pobreza creciente, desconfianza hacia los partidos políticos y que tiene como resultado una emergencia nacional. Como colectivo de organizaciones de derechos humanos,  consideramos que el país requiere realizar un viraje para que los derechos humanos, no sean discurso, sino realidad tangible para cada una de las personas y sobre todo para quienes históricamente han sido excluidos. Ante tal panorama y en vista de la emergencia en que se encuentra el pueblo de México esta asamblea exigió que el Estado Mexicano garantice efectivamente la integridad física y moral de los defensores y defensoras de derechos humanos, así como de sus familiares, la creación de una Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzadas o Involuntarias en Chihuahua, que se investigue el feminicidio de  Marisela Escobedo, el asesinato de  Ernesto Rábago, defensores de derechos humanos y la masacre de Creel, crímenes que continúan impunes. También que se investigue y castigue el allanamiento perpetrado por el Ejército Mexicano a las oficinas del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C. y  el cumplimiento cabal de la sentencia de Campo Algodonero y se abra el memorial  que permanece cerrado al público.

cidhmorelos@gmail.com

 

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BASTA DE CRIMINALIZAR Y ASESINAR JOVENES ESTUDIANTES EN MORELOS.

Durante  los últimos 5 días fueron asesinados 7 jóvenes estudiantes en Cuernavaca, algunos secuestrados y ejecutados extrajudicialmente, de los 7 jóvenes, 4 de ellos estudiantes de secundaria, del CETIS 44 y de la UTEZ. El más pequeño de 8 años. Dos de 13 años de edad. El mayor, de 21 años. Sus cuerpos mutilados fueron localizados en la Colonia Universo, Colonia Azteca, Chamilpa, Huitzilac y La Pradera.  Estos jóvenes estudiaban en la preparatoria de la Universidad Latina, en la escuela primaria Emiliano Zapata de la colonia Lázaro Cárdenas, del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) número 44 ubicado en la colonia Alta Vista y la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. Ninguno de estos crímenes ha sido esclarecido por la autoridad. Lejos de ello, en un comunicado emitido por la PGJ de Morelos se dan a conocer los nombres completos de los menores y se pretende hacer creer a la población que estarían ligados a actividades ilícitas, violando la secrecía de la investigación ministerial y la ley de protección de datos personales que en su artículo 54 establece claramente: “Las entidades y servidores públicos están obligados a resguardar toda la información de carácter personal y no podrán entregarla a quien la solicite, salvo autorización expresa de la persona directamente afectada o de su representante legal”, lo que evidentemente no se cumple por la PGJ. El número de la Carpeta de Investigación es la SC01/2412/2012.

Por todo lo anterior, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos exige públicamente a las autoridades del estado de Morelos:

Primero: Realizar una investigación de todos y cada uno de los crímenes cometidos en contra de estos jóvenes estudiantes para que ninguno de ellos quede en la impunidad como ha ocurrido con la mayoría de los casos ocurridos con anterioridad.

Segundo: Establecer la verdad de los acontecimientos, sin prejuiciar ni condenar a las víctimas, como ocurre al estigmatizarlas como posiblemente ligados a hechos delictivos, cuando se les debe tratar como víctimas que merecen justicia y no ser re-victimizados con versiones dolosas y faltas de fundamento.

Tercero: Llevar a cabo la revisión y modificación de las políticas gubernamentales en materia de seguridad para una modificación y transformación de fondo, ya que hasta el momento el Estado Mexicano y sus representantes en el estado de Morelos han sido incapaces de brindar seguridad ciudadana, tranquilidad y certeza jurídica a las víctimas y a los presuntos culpables, violando reiteradamente procedimientos a los que tiene la obligación de sujetarse tanto las corporaciones policiacas y ministeriales de procuración de justicia.

Cuarto: No criminalizar a los jóvenes sino brindarles toda la protección y garantías mediante políticas públicas que respeten integralmente los derechos humanos de las y los jóvenes en el estado de Morelos.

 

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