Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz.
Los derechos se consiguen luchando por ellos. Históricamente, cuando se logra un derecho, los dueños del poder tratan de limitarlo y, de ser posible, eliminarlo. El voto es un derecho que ha costado sangre al pueblo mexicano. Defenderlo implica asumir una crítica a los que se benefician de su manipulación para seguir imponiendo antidemocráticamente las políticas capitalistas neoliberales, de violencia institucional y feminicidas. No votar por ellos es también ejercer el derecho a decir NO. Sobre todo cuando la crisis ha llegado al extremo de que la mayoría de la ciudadanía no confía en los partidos políticos ni en la policía, los funcionarios públicos, poder legislativo y judicial. El 91% de los mexicanos no confía en los partidos políticos, el 83% no confía en legisladores y el 80% no cree en instituciones del sistema judicial. La crisis institucional en nuestro país llega a las instancias electorales. Hemos solicitado un proceso sancionador al Consejero Presidente por sus comentarios racistas y discriminatorios. Hoy también cuestionamos públicamente la injerencia de la Consejera Presidenta del IMPEPAC en el INE para determinar la eliminación de comisiones donde se expresan voces críticas. Más necesaria que nunca la lucha por la autonomía y la ciudadanización de las instancias electorales que ha dado el pueblo mexicano para terminar con los fraudes electorales y la imposición. Ha trascendido de manera pública, y se puede consultar en la página del INE, el acuerdo para disolver en el Distrito 04 del INE con sede en Jojutla la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Distritales y Municipales Electorales, por injerencia directa de la presidenta de dicho organismo estatal. El motivo fundamental ha sido que la Consejera Paloma Estrada Muñoz, presidenta de dicha comisión, ha solicitado que haya plena autonomía, transparencia y máxima difusión de todas y cada una de las acciones que dicho organismo debe llevar a cabo para dar la certeza de imparcialidad y autonomía a esta instancia electoral federal. No es un caso menor, ya que se ubica en el contexto de un proceso electoral plagado de cuestionamientos y que pone verdaderamente al descubierto vicios y mecanismos que no precisamente hacen honor a la transparencia y certeza que se debe brindar a las y los electores. Por tal motivo, expresamos nuestro respaldo a la Consejera Paloma Estrada Muñoz y exigimos que se respete la autonomía y el derecho a la libertad de expresión, la transparencia y la veracidad con que se debe comportar quienes están ocupando cargos que tanto ha costado conseguir a la ciudadanía en la lucha por el respeto a las libertades democráticas y los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, civiles y políticos específicamente. También elevamos nuestra más enérgica protesta por los comentarios del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, y del Secretario Técnico del Consejo General, que dejan ver una actitud discriminatoria en contra de los pueblos originarios de México, hecho que representa una violencia institucional y que va en contra de lo dispuesto en nuestra Constitución, así como de los Tratados Internacionales contra la Discriminación, violando los derechos humanos y los principios democráticos, y exigimos un proceso sancionador de destitución. Asimismo, el que se exprese de una manera negativa de las y los familiares de los estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, es un hecho vergonzoso que lastima y violenta a las y los familiares y toda la sociedad mexicana. No estamos hablando de un tema menor. El racismo, la xenofobia y la intolerancia son problemas frecuentes en la sociedad. El racismo ha sido históricamente una bandera para justificar las empresas de expansión, conquista, colonización y dominación y ha marchado de la mano de la intolerancia, la injusticia y la violencia. Todos los días, personas de todas las edades soportan el odio, la injusticia y la humillación a causa del color de su piel, su ascendencia, su origen nacional o étnico u otras características supuestamente raciales. Ese tipo de discriminación ha sido la base de la opresión, la pobreza, la esclavitud, el genocidio y la guerra. Esto fue también lo que compartieron a su paso por el territorio nacional el pueblo Yaqui durante la Caravana Nacional por la Vida, el Agua, el Territorio y el Trabajo, hermanando las luchas de pueblos, comunidades y organizaciones para enfrentar las políticas neoliberales de despojo y violencia estructural. Voces desde los rincones olvidados de un país que se niega a seguir siendo oprimido y explotado. Cultura de la resistencia que es la base para decir que no aceptamos lo que nos imponen mediante la violencia. Necesidad de elaborar una estrategia de lucha que cambie esa relación de fuerzas, donde se haga valer toda esa capacidad de indignación sumada a la imaginación y esperanza organizada en la construcción de un mundo diferente. Un mundo construido desde abajo, fraterno, solidario, justo. Por ello es que las marchas en las calles crecen y se multiplican las voces que exigen respeto a los derechos de la sociedad frente a los abusos del poder. Por ello, invitamos a la Marcha del Calvario al zócalo de Cuernavaca, este martes 26 de mayo, 5 pm. No olvidamos: vivos los queremos a los 43 y miles más, alto al feminicidio, Alerta de Género, libertad a Nestora Salgado y todos los presos políticos, justicia para Gustavo y víctimas de violencia institucional, ni un voto a partidos neoliberales, en defensa de la vida, el agua, la tierra y el trabajo.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos 