Un ya basta a la desaparición forzada y la represión

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

Durante la 14 jornada global por Ayotzinapa en Cuernavaca saludamos la aprobación de la Iniciativa de ley sobre Desaparición Forzada para el Estado de Morelos y demandamos que se subsanen los errores y limitaciones de la misma, para que se salde la deuda histórica con familiares y víctimas de este crimen de lesa humanidad. Para esclarecer la verdad histórica y la justicia para los 43 de Ayotzinapa, consideramos importante señalar que en su cuarto informe público, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana para el caso Ayotzinapa hizo un balance sobre las peticiones y diligencias que ha solicitado, el nivel de cumplimiento y lo que aún está pendiente. Entre los puntos mencionados están: las autoridades continúan evaluando la petición de hacer entrevistas directas al 27 batallón y hay un avance completo en 30% y parcial en 24% de las diligencias adicionales solicitadas a las autoridades. El grupo resalta el compromiso de la PGR para dar los pasos necesarios para unificar la investigación, la instalación de una unidad de salud para los padres de familia en la normal de Ayotzinapa y la buena disposición de familiares de los jóvenes y de los normalistas sobrevivientes de colaborar con las autoridades para continuar la investigación y enriquecer el expediente, a pesar del impacto y la movilización emocional que supone para ellos la nueva toma de testimonios.  A 9 meses de los hechos, los familiares de los normalistas desaparecidos siguen esperando respuestas y nuevos esfuerzos para la búsqueda de sus hijos. El Grupo ha avanzado en el análisis del expediente, así como en la toma de testimonios, en el contraste entre las distintas versiones, declaraciones y pruebas recogidas, así como en la elaboración de su futuro informe. Se acordó con la procuradora general realizar una reunión para que el GIEI colabore con sus criterios en la valoración y tipificación de los delitos cometidos en las 6 causas abiertas que corresponden a 15 procesos (Tamaulipas, Morelos, Guerrero), según la información proporcionada por las autoridades. Dicha acción es un paso adelante para que hechos tan graves puedan ser investigados de manera integral y juzgados de acuerdo con los estándares internacionales en este tipo de casos.

Más de tres meses después de haber realizado la petición a las autoridades para entrevistar directamente a los militares del 27 batallón, incluyendo aquellos cuyos testimonios no han sido tomados, el GIEI señala con preocupación el retraso en esta decisión. En opinión del Grupo esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos. En el mes pasado se hicieron diversas diligencias en lugares relevantes vinculados con la investigación. El grupo visitó establecimientos policiales, el basurero de Cocula, el río San Juan y una casa de seguridad, entre otros lugares del estado de Guerrero. También hizo una nueva inspección de los sitios en donde se cometieron los ataques en la ciudad de Iguala. Dichas acciones se llevaron a cabo junto con peritos del Grupo, expertos en criminalística de campo y planimetría. Desde que comenzó su mandato, el GIEI ha hecho más de cien peticiones de información relevantes o de diligencias significativas para la evaluación y el impulso de la investigación. Dada la complejidad y la amplitud de las mismas, se ha establecido un sistema para verificar el cumplimiento de dichas solicitudes. Hasta ahora se ha cumplido un 30% de forma completa, un 24% de forma parcial y un 47% aún están pendientes, según la revisión conjunta hecha por el GIEI y la PGR. La agilización de la respuesta a estas peticiones es muy importante para cumplir con el mandato del Grupo en el tiempo establecido. En los próximos días el GIEI hará nuevas solicitudes importantes para el caso. Igualmente, el Grupo resalta la relación de colaboración con la CNDH para el intercambio de información relativa a la investigación. Estos son, brevemente, los avances y los pendientes del trabajo del Grupo a casi cuatro meses de que inició el mandato que le fue encomendado por los peticionarios y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte, el Informe planteado por la CNDH da cuenta que la PGR se apresuró a construir una verdad oficial sobre los hechos sin contar con los elementos probatorios que sustenten sus afirmaciones y justo por ello solicita el desahogo de pruebas múltiples pruebas periciales, reconstrucciones de hechos, determinar la “ruta de desaparición”, recabar diversos testimonios e incluso la realización de elementos básicos para una búsqueda y localización efectiva de los estudiantes como es elaborar fichas de identificación.

Finalmente, el 19 de julio la represión militar en contra de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula Michoacán donde las autoridades y militares pretenden justificar su violenta e ilegal agresión, condenamos los hechos ocurridos en los que murió el niño Idilberto Reyes García, y exigimos que se haga justicia y se esclarezca la verdad de lo ocurrido, que no existan más agresiones, hostigamiento o detenciones en contra de integrantes de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Coahuayana. Así mismo exigimos: Que se garantice la integridad de la comunidad, lo que incluye el respeto a su Policía Comunitaria. La inmediata libertad de Cemeí Verdía Zepeda (Primer Comandante de la Policía Comunitaria y Coordinador General de las Autodefensas). Justicia inmediata y castigo a los culpables de la muerte del niño Idilberto Reyes García, y de las agresiones a la población del domingo pasado.

cidhmorelos@gmail.com

Desaparición Forzada: foro sobre la Ley e historias de dolor.

El Congreso del Estado de Morelos tiene la oportunidad de legislar sobre la Desaparición Forzada y contribuir a que se atienda, prevenga, investigue, sancione y erradique esta terrible práctica de fuerzas del Estado que laceran gravemente la dignidad humana.

La desaparición forzada es un crimen de Lesa Humanidad. La Convención sobre Desaparición Forzada lo describe así: “se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.” (Artículo II) y “constituye una afrenta a la conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana”. En el gobierno de Calderón y el actual de Peña Nieto, se dispararon las cifras de personas desaparecidas en todo el país, bajo la estrategia política de una guerra supuestamente contra el narcotráfico, confiriendo poderes extraordinarios a las corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas, sin detenerse en el argumento que establece claramente que “En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la desaparición forzada de personas. En tales casos, el derecho a procedimientos o recursos judiciales rápidos eficaces se conservará como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. En la tramitación de dichos procedimientos o recursos y conforme al derecho interno respectivo, las autoridades judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puede encontrar a las personas desaparecidas, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar.” Abrir los cuarteles militares, las cárceles clandestinas, los sitios ocultos del poder, las cloacas del sistema, deviene en una demanda de familiares que  buscan por todos los medios posibles. Ejemplo de ello ha sido la lucha desde hace 40 años de las doñas del Comité Eureka y las madres y padres de los 43 de Ayotzinapa, así como quienes integran las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) y muchas otras organizaciones, como Familiares y Ofendidos del Estado de Morelos. Por ello, la lucha por la presentación con vida de todas y todos los desaparecidos sigue siendo fundamental en la hora actual. Analizar, reflexionar y actuar para evitar que continúe esta terrible práctica del Estado en contra de personas que quedan en la indefensión total, es el objetivo de la iniciativa de Ley para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos. Ya fue presentada en el Congreso del Estado y sabemos que está siendo analizada en Comisiones, por lo que consideramos fundamental que la Comisión de Puntos Constitucionales y la Junta Política del Congreso puedan resolver y considerar la urgencia de su discusión y resolución, porque es claro que no se debe esperar los 6 meses para que la Legislación Federal realice una Ley en temas de gran importancia como lo es la Desaparición Forzada, cuando se puede establecer un ordenamiento Estatal que esté en armonía con los más altos estándares internacionales en materia de protección de los derechos de las personas que sufren desaparición, y esa es una razón para que la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos realizamos este Foro contra la Desaparición Forzada en Morelos, este día 9 de julio de 2015 a las 10 de la mañana, en el lobby del Congreso del Estado, donde contamos con la participación de familiares de desaparecidas en la entidad, el Diputado Héctor Salazar Porcayo, el investigador y autor del libro “La Historia de la Desaparición en México” Roberto González Villarreal, quien señala “Lo que está diciendo la sociedad es que ya está cansada de un régimen político que permite las desapariciones; y que no sólo las permite, las realiza. El régimen está en duda. Ya no es sólo la lucha por los desaparecidos. Se trata de un régimen en el que ya no distinguimos quiénes son las autoridades”,  y precisa que: “El secreto, la negativa, la ignorancia, el olvido, la tachadura, la rasgadura, las contradicciones, las confusiones, todas son técnicas para desaparecer a las personas, para difuminar su memoria, desconocer los conflictos, callar las batallas. La tecnología de la desaparición opera en el límite de la existencia política y jurídica de los sujetos, transita siempre entre la desaparición radical y los recuerdos apenas manifiestos. En Historia de la desaparición. Nacimiento de una tecnología represiva los desaparecidos vuelven a estar aquí, tienen nombre, participan en nuevos combates porque cada vez que se les evoca es una jornada política: han abierto una lucha sin cuartel y sin descanso. Su memoria es un arma, su recuerdo anima la exigencia de que regresen, de saber dónde están. Así lo han dicho sus madres, hijos, esposos, hermanos: Vivos los llevaron. Vivos los queremos”. Igualmente, escucharemos los testimonios de familiares de personas desaparecidas en Morelos que estremecen la conciencia y nos conminan a no cejar en nuestra exigencia de tomar todas las medidas para que se esclarezca la verdad y se logre la justicia en todos y cada unos de los casos.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos