Archivo mensual: febrero 2019

Justicia y Verdad para Samir Flores y Presentación con vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

En el marco de la 53 Acción Global por los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. En Cuernavaca, estamos en éste acto en el zócalo hoy, 26 de febrero de 2019.  Hasta encontrarlos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, en apoyo a la lucha de las madres y los padres que han logrado avanzar en los siguientes Acuerdos de la Comisión de la verdad y la justicia para los 43 de Ayotzinapa.

«Se comunicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) regresará al caso en una nueva etapa de supervisión internacional. Se espera que en el mes de marzo se instale el equipo de trabajo y expertos que estarán de manera permanente. Se buscará la consolidación de un acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Se acordó continuar el trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República, en pleno respeto a su autonomía, para la creación de la Fiscalía Especial. Finalmente se destacó la importancia de que el Presidente de la República haya reiterado su compromiso con dar con la verdad en su reciente visita a Iguala y de que en esa ciudad haya invitado a la sociedad a colaborar con el esclarecimiento del caso, reiterando la relevancia de que la Comisión reciba información para conocer el paradero de los estudiantes, como ya ha empezado a suceder. Asistieron, además de todo los integrantes de dicha Comisión, conforme lo señala el decreto presidencial, también funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Secretaria de Salud, quienes informaron que se firmará un acuerdo interinstitucional que garantice la atención de médica a los padres de los jóvenes desaparecidos. La próxima sesión se realizará el 20 de marzo de 2018”

En Morelos, un día después de la consulta, se mantiene la resistencia y la polarización social. La condena al artero asesinato del compañero Samir Flores Soberanes y la exigencia de justicia y verdad, sumó voces contra los megaproyectos ecocidas contemplados en el Plan Integral Morelos (PIM), integrado por la Termoeléctrica de Huexca, el gasoducto de Puebla, Tlaxcala y Morelos, así como el acueducto del río Cuautla. Luego de la consulta hoy más que nunca exigimos que se realice una investigación seria para esclarecer la verdad de lo ocurrido y que se haga justicia para Samir y su familia, ya que quedan en la orfandad 4 hijos e hijas además de su viuda, cuyo único sostén era el trabajo de Samir. Ninguna credibilidad tiene el gobierno para llevar a cabo una investigación de ésta naturaleza, por las enormes y directas implicaciones políticas que ello tiene. Por esa razón es que además de que el caso se lleve a instancias nacionales, se requiere elevar las investigaciones en el marco internacional, como en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Las repercusiones políticas en Morelos y en el país de este asesinato son evidentes y coloca al gobierno de López Obrador en el candelero de la historia al plantearle definiciones sobre el tipo de desarrollo que el país y los pueblos originarios requieren. Por supuesto que se requieren mecanismos de democracia participativa, pero sin simulación ni inequidad en los recursos para que la sociedad conozca, valore y decida el rumbo del país y en particular sobre el futuro de obras que son verdaderos monumentos a la corrupción que significa transferir recursos públicos, de toda la nación, para el enriquecimiento de empresas privadas, nacionales e internacionales, como es el caso de la termoeléctrica de Huexca, el gasoducto y el acueducto.

Ya basta de crímenes de luchadores sociales como Samir Flores. Así como se creó una Comisión para esclarecer la verdad y la justicia para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, demandamos que se adopten las mismas medidas para que haya justicia y verdad para Samir.

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

 ¡Justicia para Samir!

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria, Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

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URGENTE ACCIÓN PARA DEFENDER EL TEXCAL COMO RESERVA ECOLÓGICA.

Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos, enero de 2019.

LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA

 CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO

GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS.

PRESENTE.

Por este conducto nos dirigimos a ustedes para solicitar su intervención urgente para ordenen a las dependencias correspondientes, tomar todas las medidas pertinentes a fin de que se defienda la Reserva Ecológica de El Texcal y el Parque Nacional El Tepozteco, que forman parte de las tierras comunales que hemos protegido y cuidado durante muchos años, porque para nuestro pueblo la tierra no se vende, se ama y se defiende.

La comunidad indígena de Santa Catarina, Tepoztlán, hemos mantenido una tradición de preservación de nuestro patrimonio cultural y recursos naturales, haciendo posible la protección de una extensa zona boscosa ubicada al norte de la entidad morelense, conteniendo el crecimiento anárquico del desarrollo urbano, a través de la defensa colectiva de la tierra comunal.

Por Resolución presidencial del 14 de noviembre de 1929, las 23 mil hectáreas de dotación a Tepoztlán se rigen por el sistema de bienes comunales. Asímismo, existen Decretos emitidos por la Presidencia de la República que establece que dichos terrenos forman parte del corredor biológico de flora y fauna del Ajusco-Chichinautzin y de la Reserva Ecológica “El Texcal”. Estos terrenos son vitales para la captación de agua pluvial que alimenta las reservas acuíferas del Valle de Cuernavaca.

En el año de 1992 se realizó la reforma al artículo 27 de la Constitución General y su ley reglamentaria en el sentido de cambiar el régimen de propiedad ejidal y comunal a propiedad privada, lo que significó un cambio profundo del sentido social de ese artículo producto de las más importantes demandas de la revolución mexicana de 1910.

A partir de ese periodo, lucradores de la tierra empezaron a encontrar argumentos jurídicos para fraccionar terrenos ejidales y comunales del territorio de los pueblos originarios de estas tierras, sin embargo la misma ley agraria establece que para cambiar el régimen social de la tierra es necesario que en asamblea donde se encuentren reunidos la mayoría de los comuneros o ejidatarios, ante la presencia un representante de la procuraduría agraria, y ante votación mayoritaria se decida el cambio de régimen, de lo contrario la tierra sigue cumpliendo su carácter social.

La comunidad de Santa Catarina hemos resuelto mediante asamblea general la defensa de la Reserva Ecológica de El Texcal.

La comunidad de Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, en virtud de su colindancia con los municipios de Cuernavaca y Jiutepec, se muestra como un jugoso negocio para especuladores de bienes y raíces al abrirse las puertas del “comercio libre de la tierra”. Por eso, desde el 23 de mayo del año 2000, interpusimos oficios solicitando una respuesta del gobierno para asumir el compromiso de intervenir para impedir la destrucción de El Texcal que pertenece a la reserva ecológica, según el decreto firmado por el entonces Presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río, del día viernes 22 de enero de 1937.

En Santa Catarina se tiene una tradición de lucha en defensa de las tierras, y por eso hemos logrado preservar la mayor parte de nuestras tierras comunales sin que pase a manos privadas. Se defiende el bosque y el área de reserva ecológica de El Texcal, que es una zona vital para la captación de agua de lluvia que alimenta al valle de Cuernavaca.

Desde el Ajusco al Chichinautzin es Parque Nacional el Tepozteco y la reserva ecológica desde la mojonera de Apantongo en línea recta hasta llegar a la mojonera de Acolapa. Este fue decretado el día viernes 22 de enero de 1937 por don Lázaro Cárdenas del Río y el segundo, por decreto del día 3 de mayo de 1988, por Miguel de la Madrid  Hurtado.

En esta Área de protección de la Flora y Fauna Silvestres del Parque Nacional El Tepozteco, publicada en el Diario Oficial de la Federación, está prohibido el cambio de uso de suelo, asentamientos humanos, cacería y cualquier otro tipo de aprovechamiento de recursos naturales o realización de obras sin la autorización correspondiente otorgada por la SEMARNAP. Establece que las sanciones deberán aplicarse según los artículos 170, 171 y 172 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Sin embargo, esto no se hace cumplir, a pesar de que desde el 27 de octubre de 1998 tenemos firmada una serie de minutas con acuerdos interinstitucionales con la SEMARNAP, PROFEPA, SEDAM, INE Ayuntamiento de Tepoztlán y comuneros, pero no se respetan.

En el Texcal se está cometiendo una verdadera devastación ecológica, y para poner un alto a esta situación, exigimos que las autoridades estatales y federales cumplan lo establecido en el artículo 4º. Constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que dice en su artículo 2: “Los gobierno deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad” y en su artículo 13: “Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobierno deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular, los aspectos colectivos de esa relación” y claramente en el artículo 18: “La Ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones”.

Por todo lo anterior, como hemos sostenido en documentos anteriores entregados a las autoridades estatales y federales, exigimos que se adopten todas las medidas para proteger El Texcal, que se elabore un programa de defensa y manejo sustentable por los pueblos indígenas, lo que implica el reconocimiento de nuestra autonomía como pueblo indígena.

Solo de esta manera se podrá preservar El Texcal para el beneficio de toda la población morelense que se abastece del agua captada en esta región que es vital para cerca de la mitad de todos los habitantes del estado de Morelos.

Esperando una respuesta positiva de su parte, nos despedimos de la manera más atenta.

Atentamente.

EL COMISARIADO AUXILIAR DE LOS BIENES COMUNALES DEL POBLADO DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS.

PRESIDENTE

CATALINO SANTIAGO SALAZAR PROVISOR

SECRETARIO

MAURICIO FRANCO SANCHEZ

TESORERO

BRIGIDO JESUS OLAMENDI PEREZ

CONSEJO DE VIGILANCIA

PRESIDENTE

ANTOLIN REMEDIOS PORTUGAL MARTINEZ

SECRETARIO

RELACION DE COMUNEROS DE SANTA CATARINA FIRMANTES DEL OFICIO DIRIGIDO AL PRESIDENTE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Y AL GOBERNADOR CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO

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Luego de la consulta crece la polarización social en Morelos por proyectos ecocidas.

José Martínez Cruz/ La Jornada Morelos

Un día después de la consulta, Morelos a la hora de la polarización social. Las luchas acumuladas durante años estallan en protestas de diversa naturaleza y se extienden por casi todo el estado. La consulta sobre Huexca ha sido el escenario político para confrontar ideas, posturas y estrategias, que confrontan al gobierno de López Obrador con pueblos y organizaciones independientes. Aun cuando se cuestionó la validez de la consulta de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, ésta se llevó a cabo con toda la fuerza del Estado, operada desde Gobernación y con la utilización de la fuerza pública, sobre todo el segundo día, con patrullajes de militares y patrullas resguardando las casillas, luego de que pobladores de Amilcingo y pueblos solidarios llevaran a cabo diversas acciones de protesta en las casillas de la región oriente y se realizaran asambleas rechazando la consulta y diciendo no a la termoeléctrica. Aún en espera de conocer los resultados oficiales, el primer día se informó que votaron poco más de 16 mil y tal vez otro tanto el domingo, de las que 13,297 son de Morelos y el resto de Puebla y Tlaxcala. Muy lejos de los más de 600 mil votos que obtuvo López Obrador y de los 500 mil de Blanco apenas en julio pasado. Y el margen de triunfo muy apretado, siendo evidente que en lugares donde las afectaciones son directas aumenta la oposición. La fotografía de la realidad sin embargo aparece movida, ya que las cifras oficiales no incluyen las actas de asamblea de diversos pueblos que dijeron no a la termoeléctrica y sí a la vida.

Es importante destacar que previamente a la consulta, se llevaron a cabo las primeras manifestaciones de protesta contra el gobierno de López Obrador, que se extendieron por diversas partes del país  en protesta por el asesinato de Samir Flores y contra la termoeléctrica de Huexca. Los resultados de la consulta habrá que evaluarlos aún, pero en el primer día de consulta sobre la termoeléctrica en Huexca, con quema de urnas en Temoac, no instalación en Amilcingo, retiro en Huexca, detenciones de tres activistas opositores en la Paloma de la Paz y su posterior liberación, la propaganda oficial masivamente distribuida y la contrainformación de activistas mediante volantes y carteles, la presencia policiaca en patrullas y helicópteros con vuelos rasantes, con mucha votación en algunas de las 137 casillas y casi vacías en otras, una alta polarización social y política, la exigencia de cancelación y protestas por el asesinato de Samir Flores y un conflicto que avizora continuar y crecer después de esta consulta del 23 y 24 de febrero, que tendría consecuencias graves si no hay las medidas políticas a la altura de la crisis abierta en Morelos. Un día lleno de protestas, luchas y noticias en curso, que indican que la inconformidad social es contra las políticas neoliberales y ecocidas que hoy más que nunca deben cambiarse.

La condena al artero asesinato del compañero Samir Flores Soberanes y la exigencia de justicia y verdad, sumó voces contra los megaproyectos ecocidas contemplados en el Plan Integral Morelos (PIM), integrado por la Termoeléctrica de Huexca, el gasoducto de Puebla, Tlaxcala y Morelos, así como el acueducto del río Cuautla. Ante el clima de violencia, inseguridad y falta de respeto a los más elementales procedimientos democráticos, todo ello coronado con el asesinato de Samir, conocido opositor al PIM, cuestionó la legitimidad de una consulta para realmente conocer la opinión de la mayoría de la población sobre los impactos de la termoeléctrica.

Luego de la consulta hoy más que nunca exigimos que se realice una investigación seria para esclarecer la verdad de lo ocurrido y que se haga justicia para Samir y su familia, ya que quedan en la orfandad 4 hijos e hijas además de su viuda, cuyo único sostén era el trabajo de Samir. Ninguna credibilidad tiene el gobierno para llevar a cabo una investigación de ésta naturaleza, por las enormes y directas implicaciones políticas que ello tiene. Por esa razón es que además de que el caso se lleve a instancias nacionales, se requiere elevar las investigaciones en el marco internacional, como en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. La historia político personal de Samir es importante no solo en el contexto de su asesinato sino de la lucha que el pueblo de Amilcingo ha llevado a cabo históricamente. El tío de Samir, Vihn Flores Laureano, militante del partido comunista mexicano de la época, fue uno de los que encabezaron la lucha por conseguir la creación de la Normal Rural «Emiliano Zapata» de Amilcingo que se creó en los años 70s y se enfrentó al gobierno y los caciques quienes lo mandaron asesinar y tirar su cuerpo en las curvas de Tepexco, rumbo a Puebla.

Las repercusiones políticas en Morelos y en el país de este asesinato son evidentes y coloca al gobierno de López Obrador en el candelero de la historia al plantearle definiciones sobre el tipo de desarrollo que el país y los pueblos originarios requieren. La falta de cumplimiento de la normatividad internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas para llevar a cabo esta consulta, como las establecidas en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, firmadas y ratificadas por México, ya ha sido impugnada inclusive en tribunales y organismos de derechos humanos. Por supuesto que se requieren mecanismos de democracia participativa, pero sin simulación ni inequidad en los recursos para que la sociedad conozca, valore y decida el rumbo del país y en particular sobre el futuro de obras que son verdaderos monumentos a la corrupción que significa transferir recursos públicos, de toda la nación, para el enriquecimiento de empresas privadas, nacionales e internacionales, como es el caso de la termoeléctrica de Huexca, el gasoducto y el acueducto.

Ya basta de crímenes de luchadores sociales que son estigmatizados y señalados por el gobierno de López Obrador y sometidos a ataque sistemático por quienes tratan de mantener la misma política neoliberal y privatizadora a pesar de las exigencias de cambio que millones de personas demandan en éste país.

Un día después de la consulta el escenario es de polarización social y de resistencia en esta lucha por la vida de los pueblos y comunidades de Morelos.

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Archivos y memoria histórica

Abrir los archivos históricos en México es una necesidad para alimentar la memoria y establecer la verdad sobre graves violaciones a los derechos humanos. Si bien es importante que se abran algunos archivos del CISEN que se encuentran bajo secresía, también se requiere de una política integral en materia de archivos, para garantizar que el conjunto de la sociedad tenga conocimiento de los oscuros sótanos del poder.

Compartimos las demandas expresadas en éste sentido por diversas organizaciones.

Piden extender apertura de archivos de seguridad a más dependencias

*Se debe garantizar una política integral de memoria y verdad, señalan organizaciones. 

Ciudad de México, 13 de febrero de 2019. 

Organizaciones de la sociedad civil y especialistas en historia llamaron al Gobierno federal a implementar una estrategia integral en materia de memoria, verdad y justicia que permita que la apertura de archivos de inteligencia anunciada por el titular del Ejecutivo sea de utilidad en el combate contra la impunidad.

El pasado 23 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmará un decreto para abrir los archivos pertenecientes al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), sin que hastel momento se haya decretado ninguna acción al respecto, a pesar de la urgencia por generar medidas de protección para resguardar la integridad del acervo documental de dicha institución, señalaron ARTICLE 19, el Comité Mexicano de Ciencias Históricas y la Escuela Mexicana de Archivos.

“La apertura de archivos del CISEN es un buen precedente para abrir los acervos de otras instituciones de seguridad que cuentan con información relativa a graves violaciones de derechos humanos del pasado y del presente, tales como SEDENA, SEMAR o PGR, así como promover la apertura de archivos en los estados. México se encuentra sumergido en una grave crisis de derechos humanos y la documentación de las instituciones del estado es, sin duda, una fuente importante de información para las víctimas y la sociedad sobre los hechos que no quisiéramos que se repitan”, explicaron las organizaciones.

Algunas de las recomendaciones ofrecidas por las y los expertos para este proceso son: organizar y resguardar estos archivos para garantizar que no sean destruidos en el proceso de la transferencia secundaria; que el Decreto Presidencial contemple la transferencia completa al Archivo General de la Nación con el carácter de documentación histórica; generar un Registro Nacional de archivos vinculados a violaciones de derechos humanos; generar mecanismos de acceso que no pongan en riesgo la integridad de testigos o de personas que fueron objeto de las labores de inteligencia del CISEN; abrir los archivos de todas las fuerzas de seguridad, y en particular de la SEDENA; implementar otras medidas que abonen a la rendición de cuentas en cuanto a concesiones, contratos, designaciones públicas, ejecución de gasto, etcétera; incrementar el presupuesto al Archivo General de la Nación; hacer que la Ley General de Archivos entre en vigor inmediatamente y reglamentar la Ley General de Archivos de manera abierta a la sociedad civil y la academia.

“En este sentido, el Estado debe crear una política integral en cuanto a memoria, verdad y justicia de las violaciones a derechos humanos cometidas en las últimas cinco décadas, que garantice que las víctimas y la sociedad puedan tener acceso a conocer la verdad sobre lo que pasó en esas décadas, sobre quiénes fueron las víctimas, los perpetradores, y en qué contexto se dieron las violaciones a derechos humanos. El derecho a la verdad se convertirá así en un paso indispensable para alcanzar la justicia, y a partir de ahí garantizar la no repetición de violaciones graves a derechos humanos”, finalizaron.

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