Dan Samuel camino junto a su pueblo y supo interpretar sus luchas indigenas desde el sur profundo. Un sur que se queda sin el norte que representaba Don Samuel. Otros pasos seguirán sus huellas. Otras voces se haran eco de su paciente impaciencia. Reconocemos su labor, su vida comprometida con los pobres. Nos deja un legado precioso de lucha, de dignidad, de compromiso. Tatik vive ya en el alma del pueblo!
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos
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El Jueves 20 de enero de 2011 de 6 a 8 de la noche, en La Comuna, Morrow 6-A, Colonia Centro/ Cuernavaca, Morelos, se escuchó la potente y bien modulada voz de VIRIDIANA DIAZ, quien interpretó un interesante repertorio de canciones, donde la melodía y el contenido van de la mano. Joven estudiante del Centro Morelense de las Artes, de la familia en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, dando paso a la poesía por las mujeres en lucha contra la violencia feminicida, en un concierto denominado UNIENDO RESISTENCIAS Y LUCHAS CON LA MUSICA Y LA POESIA.
El asesinato de Susana Chávez en Ciudad Juárez muestra en un sólo caso la gravedad de la situación de violencia a que se ha llegado en México, combinando el feminicidio y la criminalización y represión de la lucha social que ocurre en el marco de la militarización del país impuesta por Felipe Calderón y su supuesta guerra al narcotráfico, como señala la declaración del PRT que ahí se leyó:
“Ciertamente ya había feminicidio antes de la llegada de Calderón por medio del fraude de 2006. Como ya se sabe, cuando hay impunidad, cuando no se frena el asesinato de mujeres (e incluso se exhonera a asesinos confesos como en el caso de Rubí) el crimen se repite, se multiplica y se extiende. El ejemplo más inmediato es el asesinato de la madre de Rubí, la compañera Marisela Escobedo. Pero por lo mismo ya no es solamente Ciudad Juárez. El mensaje de impunidad hace que el feminicidio se extienda. En el Estado de México el número de mujeres asesinadas es mayor y la semana pasada el Gobierno estatal, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación e incluso de «Institutos de la Mujer» de varios estados de la República se opusieron a declarar la «emergencia de género» en aquella entidad por considerar que se quería «politizar» la situación, señalando la responsabilidad del Gobernador Peña Nieto el ptretendido candidato presidencial del PRI para el año 2012. En Colima, en otro extremo del país organismos de defensa de derechos humanos y fenministas están denunciando, al mismo tiempo, el gravísimo incremento en el número de violaciones y agresiones de todo tipo contra las mujeres. La impunidad fomenta y encubre el feminicidio.”
Ahí se compartieron fragmentos de la obra de Susana Chávez, como los de Versos negros: “Niñas mías/ las más pequeñas de mis hijas/ niñas de luz sol y maquila/ niñas de agua arena y lágrimas. Destinadas a ser consagradas/ indigno soy de mencionarlas/ su agonía desgarra mi alma. / Benditas son hoy y siempre entre todas las mujeres”. Un fragmento canta a Ciudad Juárez, una de las ciudades donde se dice ocurre el mayor número de feminicidios “Juárez ofrece a sus hijas/ en sacrificios de paso/ Tlazolteotl : Madre puta/ los gusanos no merecen/ nuestras flores de pureza/ basura más, basura menos/ de noche todas las cruces son pardas./ En tus santuarios las ofrendas/ en el mismo pinche olor/ terminan por confundirse”. Otro más recuerda “Mictlán the border/ llegan los muertos de todos lados/ los que nada tienen los sin memoria/ aquí sus hijas enfrentan día a día/ el silencio que gobierna la oscuridad/ a espantosos demonios/ que con navajas de viento cortan la piel/ nueve llanuras y un río furibundo/ perros de la guarda”.
La gravedad de la situación se ha elevado con el asesinato de mujeres defensoras de derechos humanos, luchadoras sociales y activistas que exigen justicia para los casos de violencia contras mujeres Además del asesinato de Marisela Escobedo ahora el asesinato de Susana Chávez es un caso paradigmático que no hay que subestimar. Se trata de una activista y luchadora social, poetisa, que buscaba vincular el arte y cultura en la lucha contra el feminicidio en Ciudad Juárez y creadora de la consigna: ¡Ni una Muerta Mas! Por eso su asesinato ha generado una gran respuesta de indignación y protesta social. Ahora las autoridades pretenden denostar la memoria de Susana y banalizar su asesinato. Eso es lo que significa la versión oficiosa que pretende explicar el asesinato producto de una borrachera en compañía de personas «inconvenientes». Es una nueva edición de la «explicación» misógina, sexista, que pretende responsabilizar a las mujeres de su muerte por «provocadoras», por su estilo de vida o por su forma de vestir, como solía decir el actual Procurador General de la República, el señor Chávez Chávez, cuando era Procurador de Justicia en Chihuahua y pretendía regañar a las madres de las jóvenes asesinadas por permitirles usar minifaldas. Nada justifica el asesinato de mujeres y las mujeres tienen derecho a vivir, actuar, comportarse, vestir como quieran y no condenadas a vivir encerradas en sus casas, sin poder salir a las calles, especialmente a ciertas horas o rumbos, u obligadamente acompañadas de sus padres o maridos. No queremos ese mundo del terror y de la intolerancia de la derecha y sus valores que quiere ahora imponerse con la impunidad frente a los feminicidios y los crímenes producto de la militarización del país.
Si Susana fue asesinada por atreverse a vivir en libertad es un ejemplo más -contra los que cierran los ojos y ni se atreven a mencionar la palabra feminicido, como los funcionarios de Peña Nieto- de que fue asesinada por ser mujer. Pero conociendo la trayectoria de Susana, lo que escribía y pensaba, las razones por las que luchaba, el asesinato de Marisela, unas semanas antes, las amenazas continuadas contra sus familiares y amigos, las amenazas contra otros activistas, es obvio que el asesinato de Susana también es una abierta agresión contra todo el movimiento y los defensores de derechos humanos, en la persona de una de sus más claras y sensibles compañera.
El sueño de Susana gritando «Ni una muerta más» es posible solamente con la lucha organizada.
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* Suman 60 en la década panista; ninguno caso esclarecido
Redacción / CIMAC
Defensoras del derecho a la información y especialistas en libertad de expresión manifestaron su preocupación por las constantes amenazas y agresiones contra periodistas y por las condiciones de violencia que afectan a la prensa mexicana.
En el documento El derecho a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, editado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH) y difundido el 12 de enero, se concluye que a las y los periodistas mexicanos los matan “casi por cualquier cosa”.
El texto fue redactado por reporteras como Sanjuana Martínez y Marcela Turati; la especialista Brisa Solís, directora ejecutiva de Cencos, y Darío Ramírez, director de Artículo 19, entre otros periodistas y expertos.
Los autores coincidieron en que las y los periodistas mexicanos trabajan en condiciones de desprotección e indefensión, lo que limita el ejercicio periodístico.
De acuerdo con organizaciones civiles, en lo que va del sexenio de Felipe Calderón 30 periodistas han sido asesinados, 11 en 2010, 65 durante una década y 12 más permanecen desaparecidos. Ningún caso se ha resuelto.
Para Sanjuana Martínez, los periodistas de provincia padecen la invisibilidad de la guerra entre las autoridades y el crimen organizado. “En este campo de batalla, los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa y Chihuahua son algunos de los más peligrosos para ejercer el periodismo”, afirmó.
La periodista sostuvo que investigar se ha convertido en una tarea compleja porque las fuentes de información, entre ellas la policiaca, se han cerrado. Los funcionarios se excusan en tener un bajo perfil para evitar dar entrevistas y además el acceso a datos duros es imposible, argumentó.
Advirtió que “preguntar, ver, buscar, cuestionar, puede ponerte en la mira”. Así lo demuestran las recientes amenazas contra la periodista Anabel Hernández, autora del libro Los señores del narco, en el que documenta que el narcotráfico no podría existir sin el apoyo de políticos, banqueros y empresarios.
En diciembre de 2010, Hernández denunció haber recibido información sobre un plan instrumentado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Agencia Federal de Investigación para atentar contra su vida, pese a ello afirmó que continuaría con su trabajo de investigación.
En este contexto, Brisa Solís apuntó que es necesario vislumbrar y analizar el problema de la libertad de expresión mediante el monitoreo y registro de agresiones contra trabajadoras y trabajadores de los medios.
La especialista señaló que la intención es que las y los periodistas denuncien estos hechos con el objetivo de salvaguardar el derecho a la información y el ejercicio periodístico.
El documento completo se puede consultar en www.hchr.org.mx (.)
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| Escrito por DDM Staff, el 20-01-2011 |
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Justifica Marina el uso de fuerza letal. El 16 de diciembre de 2009 un civil murió acribillado en la colonia Del Empleado a manos de marinos que participaban en un operativo en contra de miembros de la delincuencia organizada. No obstante, la Secretaría de Marina se niega a reconocer el crimen y a pagar una indemnización a los afectados. Voces de derechos humanos se pronuncian porque el Estado asuma la responsabilidad de tener fuerzas militares en las calles y garantizar el respeto. |
La fuerza utilizada en el homicidio de un civil el 16 de diciembre de 2009 fue la requerida para el caso y la que es permitida jurídicamente por las leyes mexicanas, justificó la Secretaría de Marina y Armada de México. El hombre, de oficio tortillero, recibió 13 disparos de arma de fuego por parte de los uniformados.
La postura de la Semar ha sido duramente criticada ya que, de acuerdo con especialistas en derechos humanos, pone en riesgo a cualquier ciudadano que tenga el infortunio de toparse tanto con militares como marinos en medio de la lucha que se sigue contra el narcotráfico.
El presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), José Martínez Cruz consideró: “Por parte de la Marina se está asumiendo una actitud que raya francamente en las posiciones más dictatoriales que la Marina y el Ejército tuvieron durante la guerra sucia de los años 70, que significó la muerte y desaparición de miles de personas, y finalmente dichas instituciones armadas cometieron una gran cantidad de violaciones a derechos humanos y que, finalmente fueron tipificados como delitos de lesa humanidad”, enfatizó.
Dijo que una situación similar puede presentarse en la actualidad, “porque el gobierno ha estado modificando las leyes para hacer válido lo ilegal, como los allanamientos, cateos, arraigos”.
A decir de Martínez Cruz el gobierno lo que ha hecho es “justificar la acción de la Marina y del Ejército” ya que cada vez hay más violaciones y cada vez justifican más el proceder de estas instituciones”.
De acuerdo con información oficial, los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acumularon 33 quejas que se remitieron el año pasado a la CNDH en las que se denunciaron presuntas violaciones de las garantías individuales y abusos de autoridad.
El segundo visitador de la CNDH, Marath Paredes Montiel, consideró que todas las vidas tienen un valor y enfatizó que no se puede justificar que se violen los derechos humanos.
“La visión de la CNDH es que el derecho a la vida es un derecho presupuesto para el ejercicio de los demás derechos, como sociedad no podemos justificar que se pierdan vidas inocentes bajo cualquier argumento de seguridad pública, de daño colateral, etcétera. La vida tiene un valor, y no podemos permitir de ninguna manera que se traten a los ciudadanos como objetos”.
No obstante, en el oficio 0258 signado por el capitán de Navío SJN LD Alejandro M. Vázquez Hernández, enfatiza que sus acciones tienen sustento en la Ley Orgánica de la Armada de México y la Ley de Disciplina para el personal de la Armada de México cuyo artículo 20 establece que en caso de agresión, quien ejerza el mando repelerá los ataques con todos los medios disponibles.
Ese 16 de diciembre, Ignacio Aguilar Rodríguez circulaba en su camioneta por la calle 5 de Mayo de la colonia Del Empleado cuando fue atacado por elementos de la Secretaría de Marina, quienes presuntamente lo confundieron con un narcotraficante. El civil falleció en el sitio a consecuencia de los disparos recibidos.
Ante ello se interpuso una denuncia ante la CNDH por abuso de autoridad; en diciembre, el organismo emitió la recomendación número 71/2010, dirigida al secretario de Marina, Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, en la que se exigía a la Semar reparar los daños causados a terceros.
No obstante, la Semar se negó a reconocer su responsabilidad y aceptar la recomendación de la CNDH bajo el argumento de que: “Resulta inconsistente e infundado el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pretenda responsabilizar a esta dependencia, de un supuesto uso desmedido de fuerza cuando los acaecimientos exigían la aplicación de la fuerza que se empleó, misma que atendió estrictamente a los principios establecidos por estándares tanto internacionales como nacionales (…) esta dependencia, no se encuentra en posibilidad de adherirse a la interpretación que esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace de la ley, y en consecuencia, resulta inatendible la recomendación 72/2010”, concluye el oficio.
Al respecto, Martínez Cruz lamentó que la Secretaría Marina (Semar) condicione la indemnización económica a la esposa del señor Ignacio Aguilar Rodríguez y cuestionó las declaraciones emitidas por el titular de la Semar, Francisco Saynez Mendoza, quien acusó que tal pareciera que las comisiones de derechos humanos defienden a los criminales, en lugar de las fuerzas federales.
“El propio secretario de Marina acusa a las organizaciones defensoras de derechos humanos de atacar a la Marina y de proteger a los delincuentes; nosotros queremos recordarle ¿a qué delincuentes se refiere?, a don Ignacio, a la señora Patricia, evidentemente que no son delincuentes, pero los quisieron presentar”, manifestó.
Por su parte, el visitador Marath Paredes reiteró que la no aceptación de la recomendación manda un mensaje que no es afortunado en este contexto. La Comisión no lo va a permitir, vamos a hacer públicas estas situaciones cuantas veces se presenten. Vamos a presentar las denuncias que es lo que nos permite la ley.
“Tener fuerzas militares en las calles implica una responsabilidad e incita a apegarse a normas y protocolos con el efecto de que estas situaciones no sucedan”, concluyó.
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