No callar hasta que la justicia sea.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz.

Cuando la violencia se instala en la cotidianidad del cuerpo social, se degradan los más tiernos sentimientos y se normaliza todo tipo de autoritarismo, logrando que se acepten medidas contrarias a los derechos humanos de todas y todos. La descomposición social no puede ser atribuida a una sola causa, sino al conjunto de factores y contradicciones que llegan a estallar: crisis del sistema económico, social, político, civilizatorio. Cuando desde las alturas del poder se pervierten las leyes e instituciones para ponerlas exclusivamente al servicio del capital, no es el diálogo lo que impera, sino el uso de la fuerza, con todo el daño letal que implica. Los hechos ocurridos en Axochiapan, en Tlatlaya, en Iguala, en estos días, nos dan cuenta de este grado de descomposición del sistema.
50 Tlatlayas quieren, para poder decir que la violencia institucional está fuera de control. Cuando en Tlatlaya fueron 22 jóvenes fusilados por el Ejército, una de ellas de 15 años. Es un crimen de lesa humanidad que no debe permanecer impune. Tampoco debemos permitir que continúen ocurriendo, como ahora en Iguala con estudiantes de Ayotzinapa. Ni en Axochiapan. En ninguna parte deben seguir ocurriendo muertes impunes.
El gobierno de Morelos envió a policías y militares para reprimir al pueblo de Axochiapan. Coinciden Graco y EPN en la misma estrategia, encubierta en “labores humanitarias” pretenden enviar a militares mexicanos a cualquier país del mundo, o cualquier municipio, así como lo hicieron en Axochiapan: “Ante el anuncio hecho por el presidente Enrique Peña Nieto de apoyar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con labores de índole humanitario en beneficio de la población civil en países en donde hay conflictos, Graco Ramírez se sumó al proyecto.” Ya que según él, sólo una persona debe decidir por encima del pueblo: ““Requerimos un modelo policial que parta de dos intenciones: un solo mando único, una sola estrategia y una sola coordinación. No podemos seguir hablando del artículo 115 constitucional y decir que es facultad de los municipios la seguridad pública”.
¡Muy grave lo que ocurre cuando policías y militares actúan contra el pueblo!
24 personas detenidas por la policía y el ejército. El gobierno acusa al pueblo de Axochiapan de acciones de “delincuencia organizada”. Una cacería de brujas que genera presos políticos, y criminaliza movimientos sociales, perseguir a quienes buscan ser escuchados, igual sucede a quien se atreve a denuncian los abusos del Mando Único. ¡Y la muerte de una persona ocasionada por policías en Axochiapan, origen de la protesta ¡minimizada y en la impunidad!
Resultados de la política de imposición a fuerza de demostrar poder policíaco: pobladores detenidos, algunos son menores de edad. El pueblo tomó el Palacio y lo incendió. El gobierno respondió con toda la fuerza de policías y militares. Esa es la estrategia del Mando Único. Sin diálogo político, ni justicia, ni respeto a los derechos humanos. Que no haya impunidad en todos los asesinatos en Morelos. No sólo en el caso de los dos policías, cuyas muertes son usadas por Capella para mayor presencia del ejército. ¿Y la mujer asesinada en “fuego cruzado” en Jiutepec entre policías y asaltantes? ¿Y la mujer asesinada y arrojada en el Lago de Tequesquitengo? ¿Y el trabajador muerto en la patrulla del Mando Único? ¿Y la joven trabajadora del TSJ decapitada en Xochitepec? ¿Y el joven en Axochiapan a manos de policías? ¿Y cuantos más de los que ocurren cotidianamente? No podemos dejar de cuestionar: ¿Cuánta violencia feminicida? ¿Cuánta omisión en las investigaciones? ¿Cuánta indolencia en la aplicación de protocolos de identificación de cadáveres? ¿Cuántas mujeres desaparecidas sin que sus familiares sepan su paradero? ¿Cuánto dolor por estas muertes sin fin? ¿Hasta cuándo se sentará la justicia entre nosotros?
¡Basta de tanta muerte impune en Morelos!
Sí. Es una violencia imparable en diversas partes del país. Es el caso de los policías de Guerrero que masacran a 3 estudiantes y tienen presos a 24, cuando realizaban labores de información para invitar a la marcha del 2 de octubre. Demandamos justicia y alto a la represión del gobierno de Ángel Aguirre. Los testimonios son contundentes: Fueron más de 30 policías de las patrullas 018, 020, 027, 028 y la 302 que se llevó a un compañero herido. Cerca de las 24:30 de la madrugada, al momento de que un grupo de normalistas hacían declaraciones a reporteros de diferentes medios de comunicación, un comando armado, del que se desconocen su identidad y policías municipales de Iguala, empezaron a disparar ráfagas en contra de la multitud y de los vehículos que estaban estacionados en la zona. En un primer momento los policías llegaron con los rostros descubiertos pero que se encapucharon cuando los empezaron a rafaguear y a detener. Este es el grado de violencia institucional y criminal. Por ello tratan de ocultar información, como ocurre en casi cualquier asesinato de cientos de hombres y mujeres que ocurren en Morelos y en el país.
Es mediante la participación ciudadana, con información, con conciencia organizada, como se logrará un cambio que se viene gestando décadas atrás y que tiene en el movimiento estudiantil de 1968 un referente histórico en el 2 de octubre, pero sobre todo en la capacidad de lucha de estudiantes, que hoy salen a las calles en defensa del IPN. Hoy más que nunca se requiere poner un alto a esta violencia criminal e institucional. Ni una muerte impune más en Tlatlaya, Axochiapan o Iguala. Elevar nuestra voz por los derechos humanos es parte de la lucha por una vida digna, con justicia y libertad.

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Se constituye el Grupo de Trabajo de Observación y Verificación de las medidas hacia la Alerta de Violencia de Género en Morelos.

El gobierno en Morelos tiene 6 meses para cumplir con las 15 recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre feminicidio, creado ante la solicitud de Alerta de Violencia de Género.
En cada una de las recomendaciones hay medidas de verificación del cumplimiento, mismas que deberán ser notificadas mensualmente al Grupo de Trabajo.
Por nuestra parte, consideramos que no vemos que exista voluntad política del gobierno para cumplirlas, ya que ha dado sobradas muestras de simulación y doble discurso sobre los derechos de las mujeres y sigue aplicando una violencia institucional que tiene en el feminicidio su expresión extrema.
Por estas consideraciones, es que vemos necesario crear un Grupo de Observación y Verificación de medidas hacia la Alerta de Violencia de Género en Morelos, desde una posición independiente y que responda a la necesidad de luchar porque verdaderamente se tomen las medidas para investigar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que no haya un feminicidio más en la impunidad y que se garantice una vida libre de violencia a las mujeres.
Este grupo de observación y verificación estará conformado por personas conocedoras del tema y comprometidas en la lucha por los derechos de las mujeres: Dra. Sylvia Marcos, Sara Lovera López periodista, Andrea Medina Rosas abogada feminista, Nirvana Rivera defensora en Yautepec, Lilia Flores integrante del Pacto Morelos por la Soberanía, Josefina Chávez Rodríguez feminista directora de Cuadernos Feministas, Angelina Albarrán periodista de la zona sur de Morelos, Rosalba Aída Hernández investigadora en el CIESAS, Margara Millán académica e investigadora de la UNAM.
De acuerdo al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para la emisión de la Alerta de Violencia de Género, establece claramente que “El informe del grupo de trabajo debe identificar las violaciones concretas a los derechos humanos de las mujeres, las cuales serán la base para la consolidación de sus conclusiones. En este sentido, el grupo de trabajo analizó las causas y consecuencias de la violencia feminicida, derivada de las violaciones a los derechos humanos a las mujeres. A partir de la definición de tales causas y consecuencias establece, respectivamente, sus conclusiones respecto de las acciones concretas que deberá realizar la entidad federativa para cumplir con sus obligaciones, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 26 de la Ley General de Acceso y las disposiciones que en la materia establece la Ley General de Víctimas.” Fueron 15 recomendaciones en total las que se hicieron:

1.-En ninguno de los casos de feminicidios reconocidos por el gobierno se ha otorgado reparación integral del daño. El estado debe crear un sistema para garantizar que se reparará a las víctimas de violencia feminicida.
2.-Se debe crear un Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres para tener datos confiables y actualizados.

3.-Garantizar que se investiguen los casos de feminicidio en Morelos, pues la mayoría están inconclusos. Incluso, se recomienda proponer la posibilidad de revisar y reabrir los casos en reserva temporal.

4.-Diseñar mecanismos de coordinación entre las fiscalías que atienden a mujeres víctimas de violencia para que se pueda registrar los tipos de violencia que sufren. Actualmente no hay coordinación entre las instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.

5.-Se deben dictar órdenes de protección en todos los casos en los que exista un riesgo de daño a mujeres víctimas de violencia.

6.-Realizar acciones para sensibilizar a los medios de comunicación en el tema de violencia de género, derechos humanos y respeto a las víctimas, pues actualmente se usa un lenguaje de estereotipos y discriminación.

7.-Supervisar que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres cumpla con las obligaciones que le atañe la ley. Actualmente hay fallas en su operación.

8.-Destinar presupuesto para atender el problema de la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género con políticas públicas y programas permanentes.

9.-Dar capacitaciones en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres que sean eficientes, planeadas y con mecanismos de seguimiento y evaluación.

10.-Que las autoridades encargadas de procuración de justicia conozcan los protocolos de investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres.

11.-Diseñar protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia.

12.-Implementar un programa de prevención de violencia para responder a los datos que indican que el agresor es, en la mayoría de los casos, la pareja o expareja sentimental de la víctima.

13.-Crear un programa estatal con perspectiva de género relativo a la atención y re-educación de personas generadoras de violencia contra las mujeres.

14.-Diseñar modelos de comunicación externos (dirigidos a la población en general) e internos (dirigidos a las funcionarias y funcionarios en todos los niveles del sector público) para concientizar en perspectiva de género.

15.-La infraestructura con la que Morelos cuenta actualmente es insuficiente para atender los casos de violencia, se propone fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención (incluyendo al sector salud), investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres pero también crear centros de atención especializados que proporcionen asistencia jurídica y psicológica.

http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/177/1/images/Informe_morelos.pdf

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Tortura generaliza la impunidad.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

Cuando la tortura se generaliza, pierde la justicia su razón de ser. Los métodos ilegales usados por la policía jamás permitirán combatir la ilegalidad. Los testimonios de tortura en Morelos: “Luis, Arturo y Fermín, estaban en la calle en la colonia Constitución del municipio de Jiutepec, elementos del Mando Único a bordo de por lo menos seis camionetas, los sometieron a golpes sin explicación legal. En el traslado a la sede de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), sufrieron quemaduras graves. Ya en el sótano, fueron sometidos a toques eléctricos mientras eran sumergidos a un tambo con agua: “nos metieron a unas jaula como de dos por dos metros. Cuando me sacaron me metieron a un cuarto ahí me dieron toques en los testículos mientras era sumergido en el tambo. A la fuerza querían que aceptara que pertenecíamos a un cartel”, afirma, Fermin y agrega: “ya no aguanté los golpes y pues se me doblaron las piernas, quede inconsciente, termine en el hospital con golpes por todos lados”. El caso más grave es el de Pablo, un contratista cuyas quemaduras han merecido injertos de piel y cirugías reconstructivas. Él recuerda que mientras los subieron a la patrulla sentía como lo quemaban. En el sótano de la CES, recibió la misma dosis de tortura de los elementos; sólo recuerda el dolor de las quemaduras y los toques eléctricos. Abrió los ojos en un hospital, con médicos a su alrededor y policías custodiándolo. “me desmaye y termine en el hospital. Ahí nos dijeron que éramos acusados de ser sicarios, que traíamos una pistola, que éramos criminales pero después nos dejaron en libertad”, asegura Pablo. También otros 4 jóvenes de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas fueron detenidos arbitrariamente, allanaron viviendas, y los torturaron en el trayecto al sector de la policía en Temixco. Daniel quedó con tres costillas fracturadas.
La tortura y los malos tratos en México están fuera de control, como pone de manifiesto el hecho de que las denuncias hayan aumentado en un 600 por ciento en el último decenio, según un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional. La organización pide al gobierno mexicano que tome medidas con urgencia para poner fin al uso persistente y generalizado de la tortura por parte de la policía y las fuerzas armadas. El informe, titulado Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México, analiza el preocupante aumento del uso de la tortura y otros malos tratos y el clima imperante de impunidad y tolerancia hacia estas prácticas. Sólo siete torturadores han sido declarados culpables en los tribunales federales. Y el número de perpetradores enjuiciados en los tribunales de ámbito estatal es aún menor.
Las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado. El hecho de que apenas se apliquen las salvaguardias para prevenir la tortura y otros malos tratos, y que las investigaciones sobre las denuncias a menudo minimicen la gravedad de los abusos y estén predispuestas contra la persona denunciante, son una clara indicación de que el gobierno no protege los derechos humanos. El alarmante aumento del uso de la tortura significa que existe una amenaza real de malos tratos para cualquier persona en México. En una encuesta encargada por Amnistía Internacional, el 64 por ciento de las mexicanas y los mexicanos encuestados declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia.
En el informe se explica en detalle cómo, desde 2010 hasta finales de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 7.000 quejas por torturas y otros malos tratos. Según informes recientes, en 2014 ha disminuido el número de quejas. Pese a ello, sigue siendo mucho más elevado que hace diez años. Víctimas procedentes de distintas partes del país contaron a Amnistía Internacional que habían sido objeto de palizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y semi-asfixia a manos de la policía o las fuerzas armadas, a menudo con el fin de obtener “confesiones” o para que incriminasen a otras personas en delitos graves. A pesar de que la ley lo prohíbe, el sistema de justicia penal sigue admitiendo pruebas obtenidas como consecuencia de la detención arbitraria o la tortura. Esto no sólo facilita que se siga recurriendo a la tortura y a otros malos tratos, sino que también se traduce en juicios sin garantías y condenas dudosas, socavando aún más la credibilidad del sistema de justicia y los derechos humanos de las personas acusadas en procesos penales.
El procedimiento pericial especial de la Procuraduría General de la República para investigar los casos de torturas y otros malos tratos a menudo incumple las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul. Pese a estas deficiencias, los fiscales y los jueces se basan en las investigaciones oficiales defectuosas y se niegan a aceptar otras pruebas de investigaciones independientes. La ausencia de investigaciones creíbles y exhaustivas sobre las denuncias de tortura supone un abuso por partida doble.
Para prevenir, investigar y castigar la tortura y otros malos tratos, en primer lugar, el gobierno debe reconocer la verdadera magnitud de la tortura policiaca en Morelos y comprometerse públicamente a luchar contra esta grave violación de los derechos humanos como máxima prioridad. Basta de tortura que generaliza la impunidad.

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Mañana 19 de septiembre vence el plazo para que el Ejecutivo de Morelos de respuesta por escrito a la Secretaría de Gobernación

Faltando un día para que se cumpla el plazo establecido por el Grupo de Trabajo creado a partir de la solicitud de Alerta de Violencia de Género en Morelos, aún no se ha recibido notificación por escrito del Gobernador de Morelos sobre su aceptación, tal como lo prevé el Reglamento establecido con este fin, mismo que establece lo siguiente: “En caso de que la o el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente acepte las conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo, tendrá un plazo de 15 días hábiles para informar a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, sobre su aceptación. Transcurrido el plazo señalado, sin que la Comisión Nacional reciba dicha aceptación, o en su caso, la negativa de la entidad federativa correspondiente, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Conavim, emitirá la declaratoria de AVGM, en un plazo no mayor a cinco días naturales contados a partir del vencimiento del plazo referido. Cabe señalar que, para el caso en que el o la Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente aceptara las conclusiones del informe, la Comisión Nacional le solicitará al mismo, en el plazo de los seis meses siguientes, la información necesaria En caso de que la o el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente sobre las acciones realizadas para implementar las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo, la cual deberá remitirse dentro de los cinco días siguientes de haber recibido la solicitud. El grupo de trabajo emitirá un dictamen a partir de la información recibida sobre la implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe, el cual se remitirá a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Comisión Nacional, se determine si la entidad federativa implementó dichas propuestas. La Conavim, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, notificará el dictamen del grupo de trabajo a la organización solicitante. Si el grupo de trabajo considera que no se implementaron las propuestas contenidas en las conclusiones del informe, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional, emitirá la declaratoria de AVGM. Por el contrario, de cumplirse con las conclusiones, la declaratoria de AVGM no será emitida. Ahora bien, si se determina emitir la declaratoria de AVGM, deberá dictarse en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen. Asimismo, se deberá: Implementar las acciones preventivas, de seguridad y de justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres; Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y Hacer del conocimiento público el motivo de la AVGM, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. Finalmente, es necesario señalar que el Estado mexicano, ante la existencia de un contexto de violencia feminicida, de conformidad con el artículo 26 de la Ley General de Acceso, deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.” Es importante destacar que si bien el gobierno de Morelos, a través de la Secretaría General respondió ante la prensa local, que aceptaría las 15 recomendaciones, es necesario que sea el Titular del Ejecutivo estatal quien lo haga de manera oficial y formal con límite que concluye el 19 de septiembre, ya que dicho documento fue entregado el 28 de agosto de 2014.
Este reglamento estable claramente que “El informe del grupo de trabajo debe identificar las violaciones concretas a los derechos humanos de las mujeres, las cuales serán la base para la consolidación de sus conclusiones. En este sentido, el grupo de trabajo analiza las causas y consecuencias de la violencia feminicida, derivada de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que haya identificado. A partir de la definición de tales causas y consecuencias establece, respectivamente, sus conclusiones respecto de las acciones concretas que deberá realizar la entidad federativa para cumplir con sus obligaciones, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 26 de la Ley General de Acceso y las disposiciones que en la materia establece la Ley General de Víctimas.” Fueron 15 recomendaciones en total las que se hicieron: -En ninguno de los casos de feminicidios reconocidos por el gobierno se ha otorgado reparación integral del daño. El estado debe crear un sistema para garantizar que se reparará a las víctimas de violencia feminicida.
-Se debe crear un Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres para tener datos confiables y actualizados.
-Garantizar que se investiguen los casos de feminicidio en Morelos, pues la mayoría están inconclusos. Incluso, se recomienda proponer la posibilidad de revisar y reabrir los casos en reserva temporal.
-Diseñar mecanismos de coordinación entre las fiscalías que atienden a mujeres víctimas de violencia para que se pueda registrar los tipos de violencia que sufren. Actualmente no hay coordinación entre las instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
-Se deben dictar órdenes de protección en todos los casos en los que exista un riesgo de daño a mujeres víctimas de violencia.
-Realizar acciones para sensibilizar a los medios de comunicación en el tema de violencia de género, derechos humanos y respeto a las víctimas, pues actualmente se usa un lenguaje de estereotipos y discriminación.
-Supervisar que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres cumpla con las obligaciones que le atañe la ley. Actualmente hay fallas en su operación.
-Destinar presupuesto para atender el problema de la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género con políticas públicas y programas permanentes.
-Dar capacitaciones en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres que sean eficientes, planeadas y con mecanismos de seguimiento y evaluación.
-Que las autoridades encargadas de procuración de justicia conozcan los protocolos de investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres.
-Diseñar protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia.
-Implementar un programa de prevención de violencia para responder a los datos que indican que el agresor es, en la mayoría de los casos, la pareja o expareja sentimental de la víctima.
-Crear un programa estatal con perspectiva de género relativo a la atención y re-educación de personas generadoras de violencia contra las mujeres.
-Diseñar modelos de comunicación externos (dirigidos a la población en general) e internos (dirigidos a las funcionarias y funcionarios en todos los niveles del sector público) para concientizar en perspectiva de género.
-La infraestructura con la que Morelos cuenta actualmente es insuficiente para atender los casos de violencia, se propone fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención (incluyendo al sector salud), investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres pero también crear centros de atención especializados que proporcionen asistencia jurídica y psicológica.

Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Imparable violencia institucional contra las mujeres en Morelos

Juliana G. Quintanilla y Marco Aurelio Palma Apodaca
El horror. Crecen las violencias menores al amparo de la impunidad de violencias mayores. Se minimizan casos que alimentan violencia feminicida. En Morelos existe falta de compromiso para hacer cumplir las leyes, la Constitución Federal, así como los Tratados y Convenciones Internacionales en materia de Derechos Humanos. Retomando el documento sobre las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo sobre “AVG” -Alerta de Violencia de Género
(www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/carrusel/08_AGOSTO/informe%20final%20del%20grupo%20de%20trabajo.pdf), para que el ejecutivo del Estado atienda y aplique 15 recomendaciones, y dada su trascendencia, consideramos importante transcribir literalmente algunos conceptos y partes sustanciales de dicho informe entregado en semanas recientes por la CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres) para combatir el feminicidio, ante la violencia institucional existente. Observaron que, en un número importante de casos de feminicidios, el agresor es la pareja o ex pareja sentimental de la víctima, ello sugiere la necesidad de un plan de reforzamiento de atención a la violencia contra las mujeres que permita una mejor atención a las víctimas desde sus primeras manifestaciones y la prevención de un escalamiento de la violencia familiar hasta la violencia feminicida. La investigación hace notoria la falta de efectividad del sistema judicial en el estado para atender la violencia feminicida. El TSJ no ha practicado ninguna evaluación para verificar que las sentencias que emite incorporen perspectiva de género (Pág.57). Como conclusiones finales también dice que es necesario hacer del conocimiento de las autoridades los protocolos de actuación e investigación de delitos cometidos contra las mujeres; institucionalizar los procesos de atención a las víctimas de violencia en todas las instancias del estado.
En dicho contexto es necesario referir que en el municipio de Ocuituco se presentó recientemente una denuncia por violencia familiar contra el respectivo presidente municipal, siendo las victimas en este caso la esposa e hija de dicho edil. El juez penal en dicha circunstancia propicia la impunidad, ya que al momento de resolver el referido asunto pasó por alto el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género haciendo realidad el Derecho a la Igualdad” que aprobó en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y donde se señala con toda precisión que busca orientar la actuación de las y los jueces para acabar con los estereotipos que provocan la discriminación en la impartición de justicia y revertir la desigualdad y exclusión sistemática de los grupos históricamente en desventaja, y en donde además claramente se proponen mecanismos para detectar las circunstancias que perpetúan las violaciones a los derechos humanos de las personas, en virtud de su sexo, género u orientación sexual, y enfatiza la relevancia de tomar en cuenta el contexto social, económico y cultural al analizar un caso jurisdiccional. Ante ello es lamentable que dicho juzgador haya argumentado no poder proceder en el caso porque el edil cuenta con fuero. La Constitución es muy clara cuando señala que este fuero se aplica por las opiniones y acciones que manifiesten en el desempeño de su cargo. Fuero no es equivalente de impunidad. En este sentido, el edil de Ocuituco, Juan Carlos Flores Espinosa, es señalado como responsable de actos que deben ser i nvestigados y sancionados como lo marca la propia CEDAW (La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas) y la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, por lo que no se debe seguir con la práctica política institucional del tráfico de influencias. Los abogados de la afectada denunciaron una serie de actos de impunidad que en todo tiempo han favorecido al munícipe. Ante ello, el TSJ debe de tener mayor responsabilidad para defender a la familia y de la misma forma el juez de Cuautla, quien no hizo su trabajo debidamente para proteger a las mujeres víctimas de violencia dentro de la familia. Ningún cargo les da el derecho a golpear y a ejercer violencia económica, emocional y física a la familia y quedar impunes.
Este caso es claro ejemplo de la violencia institucional e incumplimiento de la obligación de respetar los derechos humanos de las mujeres (Pág. 45). Las instituciones tienen obligación de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. En la investigación de los casos de violencia contra las mujeres, el cumplimiento del deber de investigar es una obligación que “debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una formalidad. Las autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias, movilicen todos los medios disponibles para conocer las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar en las que ocurren las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y los actos de violencia cometidos en su contra”. En su décima conclusión, el Grupo de Trabajo observó la ausencia de un registro administrativo de órdenes de protección y la falta de implementación de las mismas por parte de las autoridades facultadas para tal efecto. Ahora bien, investigar con la debida diligencia implica que, una vez que las autoridades tengan conocimiento de hechos constitutivos de violencia, inicien una investigación ex officio y sin dilación, y que la misma sea seria, imparcial y efectiva. Asimismo, es necesario que se realice con todos los medios legales posibles y que esté orientada a la determinación de la verdad, y a la persecución, captura, enjuiciamiento.
El derecho humano a la igualdad plantea que deben usarse todos los instrumentos legales internacionales que permitan entender la obligación del estado de garantizar igualdad y garantizar en acciones, las medidas para proteger derechos. En el caso de Ocuituco es claro que los tres poderes y los tres niveles de gobierno están incumpliendo su obligación de proteger los derechos de las mujeres y ejerciendo violencia institucional, podemos decir que no es el primer caso y sienta un mal precedente en la opinión pública. Grave, muy grave que así sea, y de ninguna manera podemos permitirlo como sociedad, a menos de que nuestra indiferencia contribuya a perpetuar la impunidad y la injusticia. Ninguna mujer debe sufrir violencia. Basta de feminicidio en Morelos.

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Violencia Institucional en Morelos: El feminicidio una prueba de ello.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

El feminicidio en Morelos es sumamente grave y hay responsabilidad oficial al no atenderlo en toda su dimensión, por lo que se confirman los supuestos básicos en el sentido de que hay simulación, omisiones, desconocimiento y descoordinación en las políticas públicas, con lo que se genera la violencia institucional. Las razones y argumentos planteados en la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) son claras. Aun cuando el gobierno falsifica las conclusiones del Informe y minimiza el problema al reconocer una cifra de feminicidios muy menor a la real, el estudio concluye en que no hay garantías para que las mujeres tengan derecho pleno a una vida libre de violencia, porque aún en los casos reconocidos por el gobierno prevalece la impunidad. El informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Morelos y sus 15 conclusiones y recomendaciones al gobierno del Estado de Morelos sobre el feminicidio, es producto de la solicitud realizada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., respaldada por 25 organizaciones feministas, defensoras y defensores de derechos humanos, sindicatos y 2,054 firmas autógrafas de personas, así como 260 peticiones a través de la Red Avaaz.ORG y 128 peticiones desde la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos. Mostrando un interés social ante la magnitud del feminicidio en Morelos. Es importante analizar a la luz de este informe las conclusiones y las recomendaciones emitidas al gobierno del Estado de Morelos sobre la violencia feminicida, pues los objetivos de la declaratoria de la AVG es prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, es absolutamente contundente al señalar que en el Gobierno del Estado Morelos existe una descoordinación entre instituciones para prevenir la violencia contra la mujer, no destina recursos económicos y la mayoría de las carpetas de investigación se encuentran inconclusas por la incapacidad de las fiscalías.

Pero nuevamente el gobierno de Morelos ejerce violencia institucional al tergiversar su contenido, enviando el mensaje de que se descarta esta alerta. La obligación constitucional de respetar los derechos humanos de las mujeres consiste en no obstaculizar, no interferir, ni impedir el goce de sus derechos. Implica así, “una noción de restricción al ejercicio del poder estatal”. Es decir, consiste en la obligación de abstenerse de violar los derechos, por ejemplo, mediante acciones u omisiones que impliquen estereotipos de género, prejuicios o que culpabilicen a las mujeres. A lo largo de este informe, el grupo de trabajo ha hecho alusión a diversas actitudes institucionales que se constataron a través de las visitas in situ, y que denotan violencia institucional en contra de las mujeres. Es importante destacar que a lo largo del informe se establece que existe violencia Feminicida y diversos niveles de violencia institucional, lo que agrava la situación y en lugar de detener se corre el riesgo de que se incremente. “La minimización de la violencia es un ejemplo más del maltrato que sufren las mujeres en manos de las instituciones. Esta minimización está muy arraigada en el sector salud, ya que como se mencionó […] un importante número de casos de violencia no son referidos al Ministerio Público. Otra señal de violencia institucional es la falta de atención oportuna de las autoridades respecto de las denuncias previas de actos de violencia hacia las víctimas de feminicidio” (página 45). “Otro ejemplo, es la práctica de la conciliación para resolver por vía amistosa los casos de violencia contra la mujer o violencia familiar, la cual se ha convertido en un procedimiento que arriesga la integridad y la vida de las mujeres porque los agresores se sienten amenazados, además de ser un impedimento para que ellas puedan acceder al goce de sus derechos, en particular, los derechos de acceso a la justicia y a vivir libres de violencia.” (pág. 45). El grupo de trabajo considera que esta clase de conductas constituyen violencia institucional e implican un incumplimiento de la obligación de respetar los derechos humanos de las mujeres y comprometen el ejercicio efectivo de los mismos, específicamente el derecho a una vida libre de violencia y al acceso a la justicia. Como conclusiones finales también dice que es necesario hacer del conocimiento de las autoridades los protocolos de actuación e investigación de delitos cometidos contra las mujeres; institucionalizar los procesos de atención a las víctimas de violencia en todas las instancias del estado, e implementar el Modelo de Atención Único para las Dependencias que Integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en el Estado de Morelos, emitido en 2012. Así también recomendó crear un programa estatal con perspectiva de género relativo a la atención y reeducación de personas generadoras de violencia contra las mujeres; reparar el daño a las víctimas de feminicidio; integrar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; dictar de manera adecuada órdenes de protección para víctimas de violencia, y asignar el presupuesto adecuado y suficiente para combatir la violencia de género. Si bien estas conclusiones y recomendaciones son importantes, no hay una que establezca la sanción a funcionarios que ejercen violencia institucional y no fija claramente la responsabilidad, investigación y sanción a funcionarios que ejercen la violencia institucional y lo que se debe hacer para resolver todos los casos documentados por nuestro organismo, que, como documentamos una por una, es del doble que la reconocida por el gobierno de Morelos. Mientras que en la CIDHM documentamos 530 (del 2000 y junio de 2013), el gobierno reportó para el mismo periodo 273, los que se desprenden 280 víctimas de feminicidio. De ellos, sólo 108 fueron investigados o enjuiciados como feminicidio, debido a que el tipo penal se creó hasta septiembre de 2011, y las 250 mujeres asesinadas no incluidas, nuevamente se invisibilizan. Ante ello, nuestro máximo criterio de verificación es que no haya un solo feminicidio más, única garantía de no repetición y de prevención para que se avance verdaderamente en la erradicación de la violencia feminicida contra las mujeres. Basta de simulaciones, omisiones, negligencia y complicidades. Ni un feminicidio más, no más impunidad.

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¿Quién teme a la Alerta de Violencia de Género?

Paloma Estrada Muñoz y Juliana G. Quintanilla

¿Quién teme a la Alerta de Violencia de Género? Las mujeres no. Se trata de la vida y de la muerte no convocada. La que llega cuando se puede evitar. Porque se trata de prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia feminicida. Es un derecho. Y los derechos no se negocian, se defienden. Podemos considerar que las razones y argumentos planteados en la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) permiten llegar a la conclusión de que el feminicidio en Morelos es sumamente grave y que hay responsabilidad oficial al no atenderlo en toda su dimensión, por lo que se confirman los supuestos básicos en el sentido de que hay simulación, omisiones, desconocimiento y descoordinación en las políticas públicas, con lo que se genera la violencia institucional. Aun cuando el gobierno trató de minimizar el problema al reconocer una cifra de feminicidios muy menor a la real, el estudio concluye en que no hay garantías para que las mujeres tengan derecho pleno a una vida libre de violencia, porque aún en los casos reconocidos por el gobierno prevalece la impunidad. Es importante analizar a la luz de este informe las conclusiones y las recomendaciones emitidas al gobierno del Estado de Morelos sobre la violencia feminicida, pues los objetivos de la declaratoria de la AVG es prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio. Ni un feminicidio más, no más impunidad. Por ello que consideramos importante transcribir literalmente algunos conceptos contenidos en este informe entregado por la CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/177/1/images/Informe_morelos.pdf):
“[…] Morelos se encuentra entre los seis estados del país con el más alto índice de muertes de mujeres por violencia de género (pág. 23). […] […] Contexto de feminicidios en la entidad que requiere de la urgente intervención del estado para revertir la situación (pág. 26). […] El Estado de Morelos presenta un escenario grave de violencia contra las mujeres que se caracteriza en distintas formas de violencia y en el caso extremo en feminicidios que, en su mayoría, se encuentran impunes […] la violencia contra las mujeres podría agudizarse en el futuro (pág. 31). […] Poca importancia que social e institucionalmente se puede estar dando a determinados tipos de violencia, minimizando las consecuencias de las mismas para la víctima (pág. 36). […] Desarticulación entre el sector salud y las autoridades de la procuración de justicia (Pág. 37). […] Omisión por parte del Estado en la generación y sistematización de información… contribuye a invisibilizar la violencia […] y obstaculiza (pág. 40). […] Invisibilización de la violencia contra las mujeres […] normalización de la violencia extrema (pág. 41). […] Violencia institucional e incumplimiento de la obligación de respetar los derechos humanos de las mujeres (pág. 45). […] Sin importar el número de casos de feminicidios en los que existían denuncias previas por parte de las víctimas, el estado de Morelos no ha cumplido con su obligación de prevenir la violación a los derechos humanos de las mujeres (pág. 47). […] Falta de información… incumplimiento (pág. 51) […] El grupo de trabajo observa que las instancias encargadas de brindar atención a las mujeres víctimas de violencia (Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas, DIF, centros de salud, policía estatal y municipal, entre otras) no cuentan con protocolos de atención y rutas críticas claras que les permitan identificar, por una parte, sus propias funciones con respecto a este tipo de casos, y por otra, qué instancias son las competentes para la canalización adecuada de las víctimas”. No se capacita. Estrategia de prevención debe ser integral (pág. 53). […] 38.83% de casos no se han formulado imputación […] investigaciones no exhaustivas […] impunidad (pág. 55). […] Falta de transversalidad dentro de la PGJ y Fiscalías que explica disparidad de cifras (pág. 55). […] Han sido sancionados con sentencia 59 de un total de 273 casos reconocidos. 47 con sentencia condenatoria y 12 absolutoria (pág. 56). […] Sólo el 21.61% reconocidos como feminicidios obtuvieron sentencia, 17.22% condenatoria (pág. 56). […] El TSJ no ha practicado ninguna evaluación para verificar que las sentencias que emite incorporen perspectiva de género (pág. 57). […] En ningún caso de feminicidio reconocido por el Estado se haya otorgado la reparación correspondiente (pág. 58). […] Se debe tratar a las víctimas como “Titulares de derechos y no como beneficiarios de programas sociales (pág. 60). […] En las campañas se da […] idea de que las personas sufren violencia porque lo permiten (pág. 61). […]Uso de estereotipos en las campañas. Violencia mediática (“Extra”) (pág. 62). […] La violencia obstétrica, por discapacidad y a migrantes, falta incluirlas en la Ley LAMVLVM. (pág. 64). […] Armonización: sobre el tema de la conciliación y abandonar el enfoque asistencialista (Pág. 64). […] Código Penal. Incluir la reparación del daño. (pág. 64). “Más allá de las discrepancias de cifras […] existe evidencia suficiente de un incremento… de la violación de los derechos humanos de las mujeres […] conductas misóginas… impunidad social y del estado […] culminado en feminicidios y otras formas de violencia feminicida (pág. 66). […]”
Una cosa es clara, si no se toman medidas contundentes, prevalece el riesgo de que la violencia feminicida crezca en Morelos. Y no debemos ni podemos permitir que así sea. Es la vida y la libertad de las mujeres.

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