El Mercado ALM y sus 50 años de vida y resistencia

Marco Aurelio Palma Apodaca y Juliana G. Quintanilla.

Edificado en 1964 nuestro mercado popular ALM ya cumplió medio siglo de vida y sin duda alguna ha logrado consolidar una comunidad de personas (mestizas e indígenas) que interactuamos cotidianamente dentro de un complejo tejido social mezclado de prácticas, formas y costumbres propias. Hasta principios de los años sesenta, existió el antiguo Mercado Colon ó del Reloj. En sus inicios en realidad fue un tianguis indígena, “que fue construido en 1872 y tuvo un costo de 20 mil pesos”. El mercado Colon sufrió una ampliación en 1894 para que se establecieran comercios formales como una botica, peletería, tiendas de ropa, sastrería, mercería, abarrotes, etc. esta surtía la zona del centro de Cuernavaca y se encontraba en las céntricas calles de Guerrero y Degollado hasta Tepetates. Los días de tianguis eran los lunes y jueves y eran los días en que los indígenas de todos los pueblos aledaños llegaban a Cuernavaca a comprar y vender sus mercancías. En 1910, se construyó un nuevo mercado en el lugar donde se encontraba la iglesia de San Miguel, que le da nombre a ese barrio, en un predio llamado “El Piru”. Este era un mercado de ladrillo rojo prensado de la fábrica de los terrenos cercanos a la estación. Tenía una fachada de fierro fundido que estaba muy de moda en esa época. En 1961 se inicio el proyecto para la construcción del mercado. Posteriormente se hizo un concurso y se le dio el proyecto a un Arquitecto joven Mario Pani. Se destinaron y se definieron los espacios que se requerían para ser ocupados como sigue: Un gimnasio; ring de boxeo, Areas verdes y recreativas, Baños y regaderas, Un tianguis-circo (aquí llegarían los circos visitantes a presentar espectáculos) reten de policía, Quemadores para basura, Guardería infantil, Puesto amplios y ordenados; oficinas, Biblioteca. La construcción aproximadamente tardó cuatro años y fue llamado en un principio “El Elefante Blanco” y los comerciantes temerosos de que el cambio les podría perjudicar se negaban a cambiarse. Dos años después de su construcción los comerciantes fueron desalojados del mercado viejo por la fuerza pública. Los nuevos locales fueron rifados y dados en concesión a los locatarios…”. (Fuente Bibliográfica: “Aproximaciones al Mercado de Cuernavaca”, Editado por la Unidad Regional Morelos de Culturas Populares, PACMYC, ICM, UAEM, Primera Edición, 2001, págs: 4 a 7).

En el Mercado ALM se resiste, se lucha día con día contra las grandes cadenas de supermercados e incluso también contra las transnacionales en condiciones diametralmente desiguales. Se lucha contra la globalización económica, y sobre todo contra los continuos deseos gubernamentales por privatizar dicho espacio público a partir de los nombrados “Proyectos de Remodelación y/o Modernización” (y como ejemplo de ello podemos citar el ya derrotado “Proyecto Garrigos- 2011” y posteriormente el conocido “Proyecto Mitre- 2013”), en donde ha quedado de manifiesto que los funcionarios en turno, solo han buscado generar acuerdos y grandes negocios con la Iniciativa Privada sin importarles en nada la forma de vida tradicional de los más de cinco mil comerciantes y otras personas que sobreviven actualmente dentro y fuera de dicho centro de abasto que fuera considerado en su momento uno de los más grandes del país. Actualmente nuestro mercado ALM sufre una crisis en todo los sentidos, ya que por ejemplo los pisos, drenaje, redes eléctricas e hidráulicas presentan malas condiciones tanto físicas como materiales al grado de que la nave monumental construida por el Arquitecto Pani se encuentra en el abandono gubernamental (es decir en “obra negra”), al grado de que ya muestra una serie de cuarteaduras en el techo y  hasta la fecha no ha sido reparada tras el gran incendio de agosto de 2010. Por lo mismo hoy más que nunca, es necesaria la organización de todas y todos los comerciantes para defender sus derechos humanos, generando un plan de acción y lucha que cambie las cosas. Necesitamos trabajar con las y los jóvenes la propuesta de hacer “promotores” que defiendan a nuestro mercado popular con toda su energía e ideas nuevas, a la luz de las experiencias más positivas de nuestros viejos fundadores, a ellas y ellos se les hará un reconocimiento por parte del “Movimiento 17 de Mayo” en este 50 aniversario, a esas mujeres y hombres que han venido forjado durante décadas la identidad de nuestro Mercado ALM, que aún sigue en pie y es posible transformarlo.

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Vivos los queremos.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz.
¿Es una utopía exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa? ¿Acaso un despropósito o una simulación para ocultar una verdad? ¿Están vivos o muertos? Muchas preguntas sin respuestas concluyentes. La incertidumbre está en las mentes y corazones. La duda mata, tanto como la certeza de lo irremediable. Dolor que no permite dilucidar lo que hay de razón y sinrazón. Agobio. Desesperación. Desesperanza. Todos estos sentimientos de angustia se van acumulando en el ánimo colectivo y van dando paso a la frustración y a la angustia. 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa que no sabemos de su paradero. ¿Y cómo estar seguros de lo que ha ocurrido con ellos cuando únicamente tenemos la certeza de que los desaparecieron en un terrible día en que se conjugaron las fuerzas represivas del municipio de Iguala con la estrategia diseñada por el gobierno estatal y federal de criminalizar la lucha social, de acorralar a las Normales Rurales, de impedir el libre ejercicio de la libertad de expresión y de organización, de negar el legítimo derecho a la protesta, con la añeja pretensión de ir cerrando paulatinamente un proyecto educativo que reclama compromiso social y pensamiento critico, justamente cuando las contra reformas neoliberales pretenden eliminar cualquier oposición a la privatización de la educación? No. No hay certeza. Pero tampoco resignación. Ni aceptación de lo inaceptable.
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, cometida por un terrorismo de Estado, que está claramente tipificada como un delito que causa un grave daño al individuo que lo padece y al conjunto de la humanidad, por todas las consecuencias que tiene en causar un dolor mayor al que puede ocasionar un delito común, ya que involucra a varios a la vez, como es desde el inicio de la detención arbitraria, el uso desproporcionado de la fuerza, la tortura, la privación ilegal de la libertad, la desaparición de persona que no es conducida ante autoridad competente, la generación de incertidumbre y un dolor permanente en familiares y personas que desconocen el paradero de quien lo sufre directamente, la posibilidad de mantener en cautiverio durante días, meses o años en el peor de los casos conocidos sin ninguna causa legal o acusación ni derecho a defenderse ante un poder sin rostro que está representado en cualquiera de las fuerzas del estado o de particulares que cuentan con la complicidad, la aquiescencia o la omisión de la autoridad. Por eso, se pierde tiempo en una estrategia de investigación equivocada que para estos casos es de vida. Investigar e intensificar la búsqueda de personas vivas obliga al gobierno a revisar los protocolos de búsqueda de los desaparecidos en cárceles clandestinas y campos militares, no solo en las tumbas que se encuentran cada vez más y van mostrando la gravedad de los crímenes impunes y desapariciones en todo el país que se calcula en más de 27 mil. Amnistía internacional señala en su acción urgente (http://www.alzatuvoz.org/normalistas/)“que se respete el papel de expertos forenses internacionales independientes para garantizar un proceso en el que los familiares puedan confiar y que se hagan públicos los resultados de estas investigaciones y que se lleve a las personas responsables ante la justicia, incluidas quienes son responsables de la operación policial y quienes tengan vínculos con los hombres armados no identificados.” En tanto la CIDH envió 4 recomendaciones al gobierno mexicano para que “Adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal y para proteger la vida e integridad personal de los estudiantes heridos, identificados en el presente procedimiento, quienes actualmente estarían ingresados en un hospital”
En Guerrero se ha documentado históricamente el primer caso de un desaparecido por razones políticas en nuestro país: Efraín Rojas Muñoz, en 1969, de acuerdo a las listas de 600 desaparecidos con que cuenta el Comité Eureka de familiares de desaparecidos y presos políticos. Los familiares, y los instrumentos internacionales del derecho humanitario, como la Convención de la ONU y la Ley sobre Desaparición Forzada o Involuntaria, les dan la razón, no pueden aceptar la muerte de sus desaparecidos hasta contar con pruebas contundentes de que así sea. Es verdad que hay toda una técnica política desarrollada por los estrategas de la represión para que la desaparición forzada cause el mayor daño posible y genere una parálisis social que inhiba la participación política. Los vuelos de la muerte, recientemente exhibidos por la Comisión de la Verdad de Guerrero, donde dan cuenta de 1600 casos de desaparecidos. Esta misma técnica fue aplicada en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil durante las dictaduras militares de los años 60 y 70 del siglo XX. También, debido a la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, se siguen recuperando desaparecidos con vida, después de 30 años de ocurridos los hechos. En México, desaparecidos que permanecieron en el Campo Militar Número Uno, durante meses o años, obtuvieron su libertad y el Comité Eureka da cuenta de más de 150 casos. Oscar Vega Rosales, desaparecido en Puebla a los 4 años de edad, fue recuperado 10 años después. Alejandra Cárdenas y Antonio Hernández, muertos según la DFS, siguen vivos después de sobrevivir la cárcel clandestina y la tortura. El “Guaymas” está vivo y libre aún cuando en la tortura perdió una pierna que le fue amputada. Y las madres de Ciudad Juárez que reclamaban a sus hijas desaparecidas, rechazaron los cuerpos que les entregaron las autoridades de la PGR porque eran restos de diferentes cuerpos. Por ello, decenas de miles de manifestantes en el país y en diversas ciudades del mundo el 8 de octubre y en la próxima jornada internacional del 22 de octubre, seguimos demandando que ¡si vivos se los llevaron, vivos los queremos!
cidhmorelos@gmail.com

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

A 30 días no hay avances en 15 medidas contra feminicidio en Morelos

Se cumplen 30 días de 6 meses que tiene de plazo el gobierno de Morelos para rendir cuentas a la sociedad y a las mujeres sobre 15 medidas contra feminicidio en Morelos.
No se reporta avance alguno hasta el momento.
Al cumplirse el día de hoy el primer mes del plazo establecido por el Grupo de Trabajo que investigó el feminicidio en Morelos, a raíz de la solicitud de Alerta de Violencia de Género presentada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., observamos que el gobierno del Estado no ha tomado las medidas correspondientes para dar cabal respuesta a cada una de las 15 recomendaciones emitidas, ya que no se han dado a conocer los parámetros de cumplimiento de las mismas. El gobierno estatal tiene conocimiento de la ruta critica para dar cumplimiento a las propuestas contenidas en el Informe del grupo de Trabajo para el estudio de la solicitud de Alerta por Violencia de Género para el Estado de Morelos, pero es necesario que haya una real participación de la sociedad, ya que no estamos hablando de información confidencial ni de datos clasificados, sino precisamente de políticas públicas que deben desarrollarse con el conjunto de la sociedad.
Durante las últimas semanas se han presentado varios casos de feminicidio en Morelos sin que se tomen todas las medidas para garantizar la vida y la libertad de las mujeres a una vida libre de violencia.
Estas 15 medidas son las mínimas que un Estado en crisis puede y debe tomar, luego de un diagnóstico oficial que concluye claramente en constatar que existe un entorno de violencia feminicida que, si no se toman medidas, puede seguir creciendo. Y los hechos lo demuestran. Cada muerte violenta de mujer que ocurre en Morelos es una muerte que se podría haber evitado con la participación consciente y organizada de la sociedad para hacer valer los derechos de las mujeres y con la decidida implementación por parte del gobierno de todas y cada una de las acciones que se desprenden de las 15 recomendaciones, emitidas para el Estado de Morelos y son: 1.-En ninguno de los casos de feminicidios reconocidos por el gobierno se ha otorgado reparación integral del daño. El estado debe crear un sistema para garantizar que se reparará a las víctimas de violencia feminicida. 2.-Se debe crear un Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres para tener datos confiables y actualizados. 3.-Garantizar que se investiguen los casos de feminicidio en Morelos, pues la mayoría están inconclusos. Se recomienda proponer la posibilidad de revisar y reabrir los casos en reserva temporal. 4.-Diseñar mecanismos de coordinación entre las fiscalías que atienden a mujeres víctimas de violencia para que se pueda registrar los tipos de violencia que sufren. Actualmente no hay coordinación entre las instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. 5.-Se deben dictar órdenes de protección en todos los casos en los que exista un riesgo de daño a mujeres víctimas de violencia. 6.-Realizar acciones para sensibilizar a los medios de comunicación en el tema de violencia de género, derechos humanos y respeto a las víctimas, pues actualmente se usa un lenguaje de estereotipos y discriminación. 7.-Supervisar que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres cumpla con las obligaciones conforme la ley. Actualmente hay fallas en su operación. 8.-Destinar presupuesto para atender el problema de la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género con políticas públicas y programas permanentes. 9.-Dar capacitaciones en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres que sean eficientes, planeadas y con mecanismos de seguimiento y evaluación. 10.-Que las autoridades encargadas de procuración de justicia conozcan los protocolos de investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres. 11.-Diseñar protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia. 12.-Implementar un programa de prevención de violencia para responder a los datos que indican que el agresor es, en la mayoría de los casos, la pareja o expareja sentimental de la víctima. 13.-Crear un programa estatal con perspectiva de género relativo a la atención y re-educación de personas generadoras de violencia contra las mujeres. 14.-Diseñar modelos de comunicación externos (dirigidos a la población en general) e internos (dirigidos a las funcionarias y funcionarios en todos los niveles del sector público) para concientizar en perspectiva de género. 15.-La infraestructura con la que Morelos cuenta actualmente es insuficiente para atender los casos de violencia, se propone fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención (incluyendo al sector salud), investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres pero también crear centros de atención especializados que proporcionen asistencia jurídica y psicológica. La violencia feminicida es producto de causas estructurales que impiden a las mujeres el libre ejercicio de sus derechos conquistados durante largos años de lucha por el movimiento feminista en diversas partes del mundo, los principales de ellos son precisamente el respeto a una vida digna y a la libertad.
Precisamente cuando hoy se conmemora el 61 aniversario del derecho de las mujeres a ejercer el voto para participar electoralmente, hay que recordar que muchas mujeres integrantes del movimiento sufragista tuvieron que sufrir campañas de odio y descalificación, de persecución y prisión, de muerte a manos de quienes detentaban el derecho al voto en manos exclusivamente de hombres y negaban los más elementales derechos ciudadanos a las mujeres, a quienes denigraban con toda clase de insultos y vituperios y condenaban a ser excluidas de la esfera de las decisiones públicas. Hoy que se reconoce formalmente este derecho al voto, y se establece el criterio de la paridad en los cargos de elección popular, vemos como las reacciones de quienes siguen defendiendo privilegios machistas y patriarcales ya anuncian que será punto menos que imposible conseguir esa paridad entre hombres y mujeres en estos cargos, lo que muestra una cerrazón propia de un pensamiento misógino que desprecia el papel y la capacidad de las mujeres para participar políticamente. En este sentido, el feminicidio es la cara antagónica del derecho al voto. Si se priva de la vida a las mujeres se les arrancan toda clase de derechos y se envía un terrible mensaje de un poder que no les garantiza ni la vida ni la libertad.
Cada día se suman más voces de mujeres que desde diferentes ámbitos elevan su voz para que se cumplan estas 15 recomendaciones, al igual que organizaciones sindicales, sociales, feministas, defensoras de derechos humanos. No podemos dejar de criticar y señalar las omisiones que desde las esferas del poder se siguen practicando aún cuando cambien funcionarios y quienes llegan sigan en la misma actitud de no escuchar el clamor de la sociedad que exige un alto total a los feminicidios en Morelos.
Atentamente. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Resistencias frente a la barbarie capitalista neoliberal.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.
Porque resistir es vivir. No perder la esperanza. No callar. No aceptar. No Claudicar. Así lo hemos asumimos miles de personas en el país que hemos salido a las calles a protestar por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos a manos de policías y la masacre de normalistas en Ayotzinapa. Así lo asumimos quienes marchamos contra el olvido en fechas que se suman al calendario casi cotidiano del memorial de la resistencia, como el 12 de octubre de la dignidad indígena, y antes el 2 de octubre de la Plaza de las Tres Culturas y ahora el 26 de septiembre de Ayotzinapa, no menos que un 11 de octubre del golpe al SME. Memorial del dolor y de la indignación que provoca el abuso del poder, en esta historia de impunidad y complicidad de los dueños del poder que desatan toda la violencia institucional para criminalizar a los movimientos sociales para imponer el neoliberalismo capitalista con la fuerza de las metralletas y la lógica del autoritarismo.
A cinco años del golpe calderonista en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, nuestra solidaridad fraterna con la División Cuernavaca Sindicato Mexicano de Electricistas, que ha sabido resistir y mantener la lucha a casi 100 años de su fundación, como uno de los sindicatos más combativos y conscientes de la clase obrera en México. Por el derecho al empleo y la re inserción laboral de los 16599 trabajadores y trabajadoras, ni un paso atrás.
Ayotzinapa nos duele, como nos duele todo México. Los crímenes que se han cometido contra los normalistas no pueden quedar impunes. Los 43 estudiantes desaparecidos deben ser encontrados vivos y a la brevedad. Memoria, verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición son derechos de las víctimas que habrán de ser garantizados. Como sociedad organizada no aceptaremos otro resultado. Esta situación nos compete, no nos podemos acostumbrar a las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, agresiones a jóvenes y la existencia de fosas clandestinas, exijamos justicia. El 15 de octubre, día de acción global por Ayotzinapa, se hará una concentración masiva en la PGR y en los estados se hará lo mismo en diferentes edificios gubernamentales. El 22 de octubre, día de acción global por Ayotiznapa, en el distrito federal se llevará a cabo una movilización a las 6 de la tarde con veladoras del ángel al zócalo, de igual manera se invita a los estados a que hagan lo mismo y a los distintos países a que organicen esta jornada. En ambos casos la exigencia es la presentación con vida, el castigo a los culpables y la solidaridad con las normales rurales.
Los pueblos originarios de Morelos resisten. Sobreviven en el olvido y la miseria ante políticas neoliberales que los usan como parapeto de sus programas asistencialistas. La inmensa mayoría de los habitantes de los pueblos padecen elevados niveles de pobreza, marginación, desempleo, desnutrición, analfabetismo. Durante siglos los pueblos indígenas han mantenido sus raíces sociales comunitarias, su defensa de la tierra y del territorio, frente al avance depredador del capitalismo que todo lo privatiza. La mayoría de las tierras comunales y ejidales están bajo ataque: los megaproyectos industrializadores y de desarrollo urbano crecen bajo gobiernos que aplican la ley de la máxima ganancia en el menor tiempo posible. Desde las reformas salinistas del artículo 27 hasta las reformas actuales de la oligarquía dominante y sus partidos integrantes del supuestamente ya desaparecido “Pacto por México”, se vive una ofensiva mayor contra los bienes comunes, contra los derechos comunitarios y las grandes reservas de todo tipo de riquezas naturales que se encuentran precisamente en donde viven los pueblos indígenas. El desarrollo capitalista es más excluyente que nunca. Y más depredador y extractivista. Pretenden acabar en el menor tiempo posible con los recursos naturales para elevar sus ganancias y despojar a los pueblos de sus tierras y territorios. En este proceso de sometimiento de la economía nacional al imperialismo norteamericano. Las reformas constitucionales y las leyes secundarias son los instrumentos legales para garantizar el despojo. A la vez que se impone un modelo autoritario, antidemocrático y vertical, altamente centralizado con una lógica policíaca y militarista, en los diferentes niveles de gobierno, tratan de utilizar a los pueblos indígenas como objeto de decoración, y envían iniciativas de leyes para supuestamente crear municipios indígenas cuando no se toman en cuenta las iniciativas de ley indígena que los propios pueblos han elaborado y presentado durante muchos años atrás. Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, nos solidarizamos con sus justas y legítimas demandas. Por la libertad inmediata de todas y todos los presos indígenas, alto a la represión y criminalización de los movimientos sociales en defensa de la tierra y del territorio, presentación con vida de los estudiantes ¡vivos los llevaron, vivos los queremos!
cidhmorelos@gmail.com

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

José Luis Luna Torres, estudiante originario de Amilcingo, Morelos, entre los 43 desaparecidos.

Graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de normalistas, permanecen 43 estudiantes desaparecidos.
José Luis Luna Torres, estudiante originario de Amilcingo, Morelos, entre los 43 desaparecidos.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., recibimos de familiares y habitantes del pueblo de Amilcingo la solicitud de intervención, por la desaparición del joven estudiante José Luis Luna Torres, de 20 años de edad, quien cursaba el primer grado de la Normal de Ayotzinapa. Han solicitado a la vez, la intervención del gobierno de Morelos, del Congreso del estado, para demandar el apoyo para conseguir la presentación con vida de José Luis y de todos los 43 desaparecidos, para que no haya impunidad, firmando más de 300 habitantes de Amilcingo.

Este hecho ocurrió en el marco de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en la cabecera municipal de Iguala, Guerrero, siguen en calidad de desaparecidos 43 normalistas. El Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, ha incumplido con su obligación de realizar la búsqueda exhaustiva de los jóvenes desaparecidos de manera inmediata, con la debida diligencia y conforme a los más altos estándares internacionales en la materia.
No debe pasarse por alto que en el Informe emitido tras su más reciente visita a México, el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada de Personas recomendó: “Que se garantice la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el objetivo de prevenir e investigar la desaparición forzada de personas”. Señalando además que ante las desapariciones: “Se deben utilizar todos los medios disponibles para garantizar que las investigaciones y procedimientos judiciales sean expeditos, de acuerdo con los protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las diferentes instancias involucradas en los procedimientos de investigación y en los procesos judiciales deben contar con los necesarios recursos humanos y materiales para realizar sus labores adecuadamente, de forma independiente e imparcial.
Aquellas personas involucradas en labores de investigación deben contar con garantías de protección. Las investigaciones deben asumir líneas de investigación específicas de acuerdo con los patrones de la zona, tiempo o período y/o autoridad involucrada. Los resultados de todas las investigaciones deben ser públicos”. Recalcando adicionalmente que se debe: “asegurar que no recaiga en las víctimas y sus familiares la obligación de obtener y proporcionar los elementos de prueba”.
Los familiares, con acompañamiento de los organismos civiles de derechos humanos, han acudido a prácticamente todas las instancias para buscar a los estudiantes, agotando poco a poco los recursos legales disponibles.
Primeramente, la identidad de los normalistas desaparecidos ha sido acreditada y ratificada por los padres de familia dentro de la investigación AEBPNL/49/2014 que realiza la Agencia especializada del ministerio público en búsqueda de personas no localizadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Es decir, los padres y las madres han acudido a comparecer formalmente ante el ministerio público a colaborar en la investigación. Así, dentro de la indagatoria ya fueron rendidas las declaraciones de la mayoría de los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas que aún permanecen desaparecidos.
De igual forma, luego de que los familiares presentaran también un juicio de amparo y apelaran a la Justicia Federal para encontrar a sus desaparecidos, el actuario del Juzgado Noveno de Distrito en Iguala, concluyó el día de ayer la revisión de los centros de detención en búsqueda de los estudiantes desaparecidos e hizo constar dentro el amparo número 490/2014 que no fueron encontrados los normalistas en ninguno de estos lugares. Es decir, la posibilidad de que los jóvenes se encuentren retenidos en cárceles o recintos oficiales, está con pruebas descartada.
En el mismo sentido, los familiares acudieron también al sistema ombudsman. El mismo 28 de septiembre se interpusieron dos quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la queja VG/203/2014-II por los hechos de violencia ocurridos el 26 y 27 de septiembre, y la queja VG/204/2014 por la desaparición forzada de los estudiantes normalistas detenidos por la policía preventiva municipal de Iguala. Ninguna de estas ha derivado en la ubicación de los jóvenes desaparecidos; pese a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se ha sumado de forma decidida a los operativos de búsqueda.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió al gobierno mexicano una solicitud de medidas cautelares de protección a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones demanden la presentación con vida de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Como puede advertirse, los familiares han acudido a todas las instancias para pedir su intervención en la búsqueda de los desaparecidos, incluso poniendo su vida en riesgo al desplazarse en el descompuesto contexto de Iguala. Al día de hoy, la búsqueda de los jóvenes desaparecidos tras las agresiones armadas de policías y civiles en Iguala ha sido infructuosa. La situación es de extrema preocupación, dado que con los antecedentes de violencia en Iguala, colocan a los estudiantes en el máximo riesgo.
Llamamos de nuevo a la sociedad civil nacional e internacional a que demanden la inmediata presentación con vida de todos los estudiantes que hoy se encuentran desaparecidos.
Luego de que el sábado 4 de octubre se localizaran seis fosas clandestinas en la colonia Pueblo Viejo en Iguala, la sociedad civil se puso en alerta, pero sobre todo a las familias de los 43 normalistas desaparecidos, ante la posibilidad de que puedan ser los restos de los estudiantes.
Demandamos que se realice una investigación expedita e imparcial para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, que garantice el derecho de los familiares y la sociedad en su conjunto a la verdad y la justicia. En este sentido, exigieron a la Procuraduría General de la República que el proceso de identificación forense se lleve a cabo dentro de los más altos estándares científicos y garantizando el respeto de los derechos de las víctimas en los términos del artículo 21 de la Ley General de Víctimas, que establece, entre otros, el derecho de los familiares a designar peritos independientes.
Este ataque, la ejecución extrajudicial, las desapariciones forzadas en contra de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, es el resultado de la política sistemática de violaciones a los derechos humanos en contra de las y los mexicanos, y una muestra inequívoca de la estrategia de represión dirigida contra el movimiento social organizado, la cual se constituye terrorismo de Estado.
El Sistema de las Naciones Unidas en México (ONU México) condenó “enérgicamente” los hechos de violencia y la desaparición de 43 estudiantes. Difundió mediante un comunicado que están “profundamente conmovidos por lo ocurrido y se une respetuosamente a la zozobra de las familias”. Señalaron que la desaparición de tantas personas, “coloca lo acontecido entre los sucesos más terribles de los tiempos recientes”.
Finalmente, nos sumamos a la convocatoria realizada por padres y madres de familia para llevar a cabo una movilización nacional el 8 de octubre por justicia y verdad y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre quienes se encuentra el joven morelense José Luis Luna Torres, de Amilcingo.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos humanos de Morelos A.C.

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Se crea Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para dar seguimiento a la AVG en Morelos.

Juliana G. Quintanilla, Paloma Estrada Muñoz

El gobierno en Morelos tiene 6 meses para cumplir con las 15 conclusiones (recomendaciones) del Grupo de Trabajo sobre feminicidio, creado ante la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG).
De acuerdo al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para la emisión de la Alerta de Violencia de Género, establece claramente que “El informe del grupo de trabajo debe identificar las violaciones concretas a los derechos humanos de las mujeres, las cuales serán la base para la consolidación de sus conclusiones. En este sentido, el grupo de trabajo analizó las causas y consecuencias de la violencia feminicida, derivada de las violaciones a los derechos humanos a las mujeres. A partir de la definición de tales causas y consecuencias establece, respectivamente, sus conclusiones respecto de las acciones concretas que deberá realizar la entidad federativa para cumplir con sus obligaciones, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 26 de la Ley General de Acceso y las disposiciones que en la materia establece la Ley General de Víctimas.”
Las 15 conclusiones (recomendaciones) emitidas para el Estado de Morelos son: 1.-En ninguno de los casos de feminicidios reconocidos por el gobierno se ha otorgado reparación integral del daño. El estado debe crear un sistema para garantizar que se reparará a las víctimas de violencia feminicida. 2.-Se debe crear un Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres para tener datos confiables y actualizados. 3.-Garantizar que se investiguen los casos de feminicidio en Morelos, pues la mayoría están inconclusos. Se recomienda proponer la posibilidad de revisar y reabrir los casos en reserva temporal. 4.-Diseñar mecanismos de coordinación entre las fiscalías que atienden a mujeres víctimas de violencia para que se pueda registrar los tipos de violencia que sufren. Actualmente no hay coordinación entre las instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. 5.-Se deben dictar órdenes de protección en todos los casos en los que exista un riesgo de daño a mujeres víctimas de violencia. 6.-Realizar acciones para sensibilizar a los medios de comunicación en el tema de violencia de género, derechos humanos y respeto a las víctimas, pues actualmente se usa un lenguaje de estereotipos y discriminación. 7.-Supervisar que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres cumpla con las obligaciones conforme la ley. Actualmente hay fallas en su operación. 8.-Destinar presupuesto para atender el problema de la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género con políticas públicas y programas permanentes. 9.-Dar capacitaciones en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres que sean eficientes, planeadas y con mecanismos de seguimiento y evaluación. 10.-Que las autoridades encargadas de procuración de justicia conozcan los protocolos de investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres. 11.-Diseñar protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia. 12.-Implementar un programa de prevención de violencia para responder a los datos que indican que el agresor es, en la mayoría de los casos, la pareja o expareja sentimental de la víctima. 13.-Crear un programa estatal con perspectiva de género relativo a la atención y re-educación de personas generadoras de violencia contra las mujeres. 14.-Diseñar modelos de comunicación externos (dirigidos a la población en general) e internos (dirigidos a las funcionarias y funcionarios en todos los niveles del sector público) para concientizar en perspectiva de género. 15.-La infraestructura con la que Morelos cuenta actualmente es insuficiente para atender los casos de violencia, se propone fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención (incluyendo al sector salud), investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres pero también crear centros de atención especializados que proporcionen asistencia jurídica y psicológica.
En cada una de las recomendaciones hay medidas de verificación del cumplimiento, mismas que el Gobierno Estatal deberá cumplimentar en 6 meses e ir notificando su avance de manera mensual al Grupo de Trabajo, que valorará su cumplimiento o no.
Es por eso que creemos necesario crear un Grupo de Observación y Verificación de las medidas desde una posición independiente. Este grupo se dio a conocer el pasado 25 de septiembre, figurando mujeres académicas, feministas, sindicalistas, periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos, amplias conocedoras del tema y comprometidas en la lucha por los derechos de las mujeres: Sylvia Marcos (académica), Sara Lovera (periodista), Andrea Medina (abogada feminista), Nirvana Rivera (activista de Yautepec), Lilia Flores (integrante del Pacto por la Soberanía y la democracia), Sindicato de Telefonistas Sección Morelos, Josefina Chávez (directora de Cuadernos Feministas), Angelina Albarrán (periodista de la zona sur de Morelos), Rosalba Aída Hernández (investigadora del CIESAS), Margara Millán (académica e investigadora de la UNAM) y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.
Las mujeres morelenses y de todo México estaremos observando y vigilando el cumplimiento de las medidas. Por la Vida y la Libertad, ¡Ni un feminicidio más!

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

No callar hasta que la justicia sea.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz.

Cuando la violencia se instala en la cotidianidad del cuerpo social, se degradan los más tiernos sentimientos y se normaliza todo tipo de autoritarismo, logrando que se acepten medidas contrarias a los derechos humanos de todas y todos. La descomposición social no puede ser atribuida a una sola causa, sino al conjunto de factores y contradicciones que llegan a estallar: crisis del sistema económico, social, político, civilizatorio. Cuando desde las alturas del poder se pervierten las leyes e instituciones para ponerlas exclusivamente al servicio del capital, no es el diálogo lo que impera, sino el uso de la fuerza, con todo el daño letal que implica. Los hechos ocurridos en Axochiapan, en Tlatlaya, en Iguala, en estos días, nos dan cuenta de este grado de descomposición del sistema.
50 Tlatlayas quieren, para poder decir que la violencia institucional está fuera de control. Cuando en Tlatlaya fueron 22 jóvenes fusilados por el Ejército, una de ellas de 15 años. Es un crimen de lesa humanidad que no debe permanecer impune. Tampoco debemos permitir que continúen ocurriendo, como ahora en Iguala con estudiantes de Ayotzinapa. Ni en Axochiapan. En ninguna parte deben seguir ocurriendo muertes impunes.
El gobierno de Morelos envió a policías y militares para reprimir al pueblo de Axochiapan. Coinciden Graco y EPN en la misma estrategia, encubierta en “labores humanitarias” pretenden enviar a militares mexicanos a cualquier país del mundo, o cualquier municipio, así como lo hicieron en Axochiapan: “Ante el anuncio hecho por el presidente Enrique Peña Nieto de apoyar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con labores de índole humanitario en beneficio de la población civil en países en donde hay conflictos, Graco Ramírez se sumó al proyecto.” Ya que según él, sólo una persona debe decidir por encima del pueblo: ““Requerimos un modelo policial que parta de dos intenciones: un solo mando único, una sola estrategia y una sola coordinación. No podemos seguir hablando del artículo 115 constitucional y decir que es facultad de los municipios la seguridad pública”.
¡Muy grave lo que ocurre cuando policías y militares actúan contra el pueblo!
24 personas detenidas por la policía y el ejército. El gobierno acusa al pueblo de Axochiapan de acciones de “delincuencia organizada”. Una cacería de brujas que genera presos políticos, y criminaliza movimientos sociales, perseguir a quienes buscan ser escuchados, igual sucede a quien se atreve a denuncian los abusos del Mando Único. ¡Y la muerte de una persona ocasionada por policías en Axochiapan, origen de la protesta ¡minimizada y en la impunidad!
Resultados de la política de imposición a fuerza de demostrar poder policíaco: pobladores detenidos, algunos son menores de edad. El pueblo tomó el Palacio y lo incendió. El gobierno respondió con toda la fuerza de policías y militares. Esa es la estrategia del Mando Único. Sin diálogo político, ni justicia, ni respeto a los derechos humanos. Que no haya impunidad en todos los asesinatos en Morelos. No sólo en el caso de los dos policías, cuyas muertes son usadas por Capella para mayor presencia del ejército. ¿Y la mujer asesinada en “fuego cruzado” en Jiutepec entre policías y asaltantes? ¿Y la mujer asesinada y arrojada en el Lago de Tequesquitengo? ¿Y el trabajador muerto en la patrulla del Mando Único? ¿Y la joven trabajadora del TSJ decapitada en Xochitepec? ¿Y el joven en Axochiapan a manos de policías? ¿Y cuantos más de los que ocurren cotidianamente? No podemos dejar de cuestionar: ¿Cuánta violencia feminicida? ¿Cuánta omisión en las investigaciones? ¿Cuánta indolencia en la aplicación de protocolos de identificación de cadáveres? ¿Cuántas mujeres desaparecidas sin que sus familiares sepan su paradero? ¿Cuánto dolor por estas muertes sin fin? ¿Hasta cuándo se sentará la justicia entre nosotros?
¡Basta de tanta muerte impune en Morelos!
Sí. Es una violencia imparable en diversas partes del país. Es el caso de los policías de Guerrero que masacran a 3 estudiantes y tienen presos a 24, cuando realizaban labores de información para invitar a la marcha del 2 de octubre. Demandamos justicia y alto a la represión del gobierno de Ángel Aguirre. Los testimonios son contundentes: Fueron más de 30 policías de las patrullas 018, 020, 027, 028 y la 302 que se llevó a un compañero herido. Cerca de las 24:30 de la madrugada, al momento de que un grupo de normalistas hacían declaraciones a reporteros de diferentes medios de comunicación, un comando armado, del que se desconocen su identidad y policías municipales de Iguala, empezaron a disparar ráfagas en contra de la multitud y de los vehículos que estaban estacionados en la zona. En un primer momento los policías llegaron con los rostros descubiertos pero que se encapucharon cuando los empezaron a rafaguear y a detener. Este es el grado de violencia institucional y criminal. Por ello tratan de ocultar información, como ocurre en casi cualquier asesinato de cientos de hombres y mujeres que ocurren en Morelos y en el país.
Es mediante la participación ciudadana, con información, con conciencia organizada, como se logrará un cambio que se viene gestando décadas atrás y que tiene en el movimiento estudiantil de 1968 un referente histórico en el 2 de octubre, pero sobre todo en la capacidad de lucha de estudiantes, que hoy salen a las calles en defensa del IPN. Hoy más que nunca se requiere poner un alto a esta violencia criminal e institucional. Ni una muerte impune más en Tlatlaya, Axochiapan o Iguala. Elevar nuestra voz por los derechos humanos es parte de la lucha por una vida digna, con justicia y libertad.

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized