Alto a la represión policíaca contra pueblo de Amilcingo, Morelos

Boletín de prensa 14 de abril de 2014.

Ante los acontecimientos represivos en contra del pueblo de Amilcingo, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, hemos recibido diversos testimonios sobre los hechos ocurridos el día 13 de abril, en donde dan cuenta de las detenciones arbitrarias de 6 personas, 3 mujeres y tres hombres, un herido de bala y un hospitalizado por lesiones provocadas por golpes durante la detención, por lo que demandamos la libertad inmediata de las y los presos políticos, la atención inmediata a los heridos, una investigación en contra del Mando Unico policiaco por estas acciones represivas, el establecimiento de medidas de protección cautelares para la comunidad indígena de Amilcingo ante la imposición del Plan Integral Morelos que implica que pase por la comunidad el gasoducto considerado de alta peligrosidad, un alto a la política de criminalización del movimiento social por parte del gobierno de Graco Ramírez que viola la libertad de expresión y los derechos políticos de ciudadanos morelenses a los que acusa de ser originarios de Puebla, cuando todo ciudadano o ciudadana en nuestro país, sin importar origen o condición social tiene garantizados sus derechos humanos de acuerdo a lo establecido en el artículo primero de la Constitución, por lo que esta campaña tiene una connotación de discriminación que demandamos sea inmediatamente suspendida, a riesgo de incrementar las reacciones de odio contra las personas provenientes de otros estados de la república, como las que ya vemos en contra del propio gobernador porque él mismo tiene esa condición al igual que muchos migrantes internos.

Ante las versiones oficiales difundidas en el sentido de que fueron los pobladores los que iniciaron estos hechos mediante la quema de maquinaria pesada, exigimos una investigación a fondo, ya que testimonios de los habitantes indican que estos hechos ocurrieron posteriormente a la represión, por lo que señalan la existencia de un montaje para justificarla. Una investigación que deslinde responsabilidades y evite que se fabriquen culpables se hace necesaria.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Anexo:

Boletín del FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y AGUA, MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA

En la última semana en los pueblos del Popocatepetl  se ha desatado un proceso de persecución, hostigamiento y represión por parte de los gobiernos estatales de Puebla y Morelos.  La  lucha que hemos sostenido por más de dos años ha significado  el retraso  a los planes de CFE y de las empresas Elecnor, Abengoa, Enagás y Bonatti, por lo que la presión que han dado a los gobiernos estatales para detener la organización y resistencia de los pueblos que se oponen al Proyecto Integral Morelos es evidente. En diversas ocasiones estos gobiernos han manifestado su preocupación por cuidar la inversión extranjera, por  impulsar este proyecto que para ellos es desarrollo. El jueves 10 de abril, Graco Ramírez y Rafael Moreno Valle se reunieron en el estado de Morelos,   ¿con qué fin esta reunión? ¿fue para establecer  un mecanismo conjunto de represión para imponer este proyecto de muerte en nuestras comunidades? ¿fue para negociar cómo se repartirían las ganancias obtenidas por reprimir y encarcelar  a la oposición a este proyecto?

Nuestros pueblos y culturas milenarias han permanecido en nuestro territorio desde su origen, hemos habitado, cultivado, cuidado y crecido en estas tierras en las faldas del volcán. Pero este mal gobierno con sus políticas económicas, sus mentiras y su dinero ha venido a agredirnos, poniendo precio a nuestra vida y a nuestra madre tierra.  La lucha que hemos emprendido ha buscado los canales del diálogo, la información y la legalidad para  establecer nuestro rechazo y detener el Proyecto Integral Morelos (PIM). Hemos tocado las puertas de las “instituciones”, de los juzgados, de las comisiones de derechos humanos y todas se nos han negado, se nos ha burlado.  En cambio hemos recibido amenazas, hostigamiento, encarcelamiento y órdenes de aprehensión.

Durante esta lucha los pueblos del volcán hemos vivido   la desacreditación, la tortura  y hoy, por cuarta vez la represión y criminalización de manera acrecentada. A partir del 6 de abril se inició un proceso de persecución, encarcelamiento y de terror  hacia  los defensores del territorio. Las detenciones de nuestros compañeros Enedina Rosas, Juan Carlos Flores, Abraham Cordero y Avelino Velázquez, son injustas e ilegales, responden a la política  de cerrazón y violencia hacia todo aquello que impida el desarrollo de megaproyectos.  El gobierno del estado de Puebla ha desatado una serie de rumores sobre  250 posibles órdenes de aprehensión,  a través de llamar por teléfono a las personas que se identifican como más activas en esta lucha, en donde les dicen que dejen de participar, estas acciones son para  infundir miedo en los pueblos.  El día de hoy 14 de abril se define la situación legal de nuestros compañeros detenidos en Puebla, tememos que se dicte el auto de formal prisión y se giren órdenes de aprehensión  a otros líderes de las comunidades. Es importante mencionar que esta ola de represión incluso se ha extendido hacia personas solidarias como el caso del Dr. Ricardo Pérez Avilés, quién por pronunciarse en contra del PIM fue amedrentado y se ha girado una orden de aprehensión en su contra.

Este proceso de hostigamiento, mentira  y criminalización ha escalado  el día de ayer 13 de abril. La represión inició en Puebla y ahora se extiende a Morelos en la comunidad de Amilcingo.

Alrededor de las 12 hrs del día, un grupo de habitantes de la comunidad de Amilcingo fueron reprimidos y encarcelados.  Mientras se encontraban dando un rondín de guardia sobre su territorio, policías del mando único los sorprendieron con balazos al aire y gases lacrimógenos. La versión oficial dice que se encontraban quemando maquinaria y agrediendo a los trabajadores, esto es falso. Los compañeros fueron agredidos y detenidos,  con estos hechos empezó la jornada de violencia hacia esta comunidad. Seis detenciones más, Juvenal Solís, Adán Rosales (60 años), Victorina Ramírez (67años), Yazmín Velázquez, Petra Ramírez  y el ayudante municipal  Aarón Aguilar quien sufrió golpes y se encuentra en el hospital y no fue atendido hasta hace un par de horas por lo que se encuentra con una complicación muy delicada en el estómago.  A los compañeros detenidos se les imputan los cargos de resistencia a particulares, ultrajes a la autoridad y lo que resulte.

Posteriormente a partir de las 14:00 hrs la policía estatal del mando único y la policía federal intentó entrar en la comunidad por lo que provocó dos enfrentamientos  en los que se hirió con 2 balas de goma y una bala de fuego   que impactó en una de las piernas de Julio Solís Barranco de 24 años. El uso de armas de fuego por la fuerza pública, con la presencia de alrededor de 180 elementos que agredieron con el fin de reprimir e intimidar a este pueblo en lucha. Pero la organización y dignidad de Amilcingo pudo contener esta embestida y lograr expulsar a la fuerza pública de su territorio.  En las declaraciones del gobierno estatal se descalifica y responsabiliza de los hechos “a gente de Puebla”, como si en Morelos no existiera la dignidad y  la fortaleza de  sus pueblos para emprender su lucha y defender su territorio, queriendo dar a entender que la inconformidad no está en los pueblos de Morelenses, sin embargo desde hace más de dos años los pueblos de Huexca, Amilcingo, Jantetelco y Ayala se han organizado, y luchado por la autodeterminación de su territorio y una forma de vida digna.

Hacemos un llamado a las organizaciones a externar su solidaridad e indignación por estos hechos, que son la muestra de un proceso nacional de despojo e imposición hacia los pueblos campesinos e indígenas. Estas acciones son claramente impulsadas por el gobierno federal  de Enrique Peña Nieto e instrumentadas por los gobiernos estatales de Rafael Moreno Valle y Graco Ramírez, que son violatorias de los derechos humanos de los pueblos originarios y de los defensores de derechos humanos.

El Frente de pueblos está viviendo una persecución estratégica  que busca terminar con la organización y la resistencia de los pueblos ante este proyecto. Tenemos 10 presos políticos, defensores del territorio y los derechos de los pueblos. Sabemos que vendrán más detenciones y hostigamiento hacia nosotros, por ello:

  • Exigimos la liberación inmediata de nuestras y nuestros compañeros de lucha.
  • Exigimos  cese al hostigamiento y persecución hacia los pueblos en resistencia y defensores de derechos humanos.
  • Exigimos se abra una mesa de diálogo entre los pueblos y los gobiernos tanto federal como estatales.
  • Responsabilizamos a la CFE, gobierno federal y gobiernos estatales de la integridad física y emocional  de los pueblos que se oponen al PIM.
  • Exigimos se respeten los derechos de los pueblos originarios y campesinos de decidir sobre su territorio.

 

¡BASTA DE LA PERSECUCION Y ENCARCELAMIENTO  DE LOS PUEBLOS QUE LUCHAN POR DEFENDER SU TERRITORIO!

¡LIBERTAD A LAS Y LOS PRESOS POLITICOS!

¡CANCELACION INMEDIATA DEL PROYECTO INTEGRAL MORELOS!

¡SEGUIMOS RESISTIENDO!

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y AGUA, MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA

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El zapatismo contra neoliberalismo.

José Martínez Cruz y Juliana G. Quintanilla

El aniversario del asesinato de Zapata es escenario de lucha por la herencia del zapatismo en Morelos. El gobierno estatal y federal lucran con la historia para justificar sus políticas neoliberales que han hundido al campo en la crisis, en la miseria, en la falta de precios para los productos del campo y en la apertura al capital extranjero mediante el TLC. La nueva reforma al campo sólo prefigura nuevos ataques al campesinado, acordes a las reformas estructurales privatizadoras. La situación que se vive en el campo mexicano es de descapitalización, falta de inversión pública en infraestructura productiva, de riego, ausencia de caminos rurales, miseria, marginación y desprecio. A lo largo de sexenios, a los pequeños productores se han destinado programas asistencialistas que,  representan apoyos miserables en comparación con los recursos a los que acceden las transnacionales, los empresarios y los grandes agricultores. La reforma no busca garantizar la soberanía alimentaria porque se adecúa a las necesidades de las trasnacionales, que vienen por las tierras comunales y ejidales para sus megaproyectos. En México, en numerosos casos, los megaproyectos son implementados por empresas e industrias, tanto paraestatales, nacionales como extranjeras o por el Estado mismo, en áreas rurales y forestales, así como en territorios sagrados de pueblos indígenas, sin informar ni consultar a las comunidades indígenas o campesinas, destruyendo su territorio, sobrexplotando los recursos naturales y contaminando el medio ambiente. También ha aumentado la persecución  en contra de defensores ambientales, 30 de los cuales han sido asesinados en los últimos años y otros presos o torturados sino exiliados de sus comunidades de origen por las amenazas y agresiones sufridas a manos de las empresas, gobiernos locales o integrantes del crimen organizado. Entre 2009 y 2012 se documentaron más de 50 casos de agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos ambientales, en 17 entidades federativas del país, la mayoría ligados a proyectos de desarrollos mineros y forestales. Prácticamente todas estas agresiones permanecen hasta ahora en la impunidad.  En México, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos, la desertificación, la explotación de recursos naturales y la contaminación de agua y aire son realidades que ponen en riesgo a millones de personas. N o hay desarrollo humano posible sin respeto a los derechos humanos de los pueblos en Morelos.  Existen muchos temas pendientes en materia de derechos y garantías que reconozcan plenamente a la ciudadanía de las diversas luchas en defensa de la tierra en Morelos, como en los municipios de Tepoztlán, Tlayacapan, Yecapixtla y Tepalcingo, los que interpusieron controversias constitucionales en el año 2002 ante la SCJN en contra de la reforma indígena.  Un debate que muestra los límites en la comprensión del significado de los derechos de los pueblos indígenas, que están especificados en la Constitución, en la Declaración de la ONU y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Todos ellos, instrumentos legales vigentes en México, como la Constitución en su artículo 2 de nuestro ordenamiento supremo. Actualmente, en las tierras de Tepoztlan, en  enero pasado el INAH anuncia oficialmente la destrucción del territorio como operadores de las grandes transnacionales, con la destrucción de las ruinas de Tlaxomolco se avala la destrucción de los vestigios arqueológicos, se privilegió la investigación sobre la conservación. La lucha contra las reformas neoliberales y privatizadoras coloca a los pueblos ante una ofensiva del capital privado que pretende ir a fondo en una política de devastación de los recursos naturales para obtener ganancias inmediatas a costa de enajenar el futuro de generaciones enteras. Las empresas privadas trasnacionales son las principales beneficiadas de esta entrega de los recursos naturales. Mientras existe una infraestructura subutilizada para la generación de energía eléctrica, a través de la CFE se pretende realizar el Proyecto Integral Morelos (PIM) que implica un gasoducto de 160 km, 92 % del trayecto en zona de riesgo volcánico, dos centrales termoeléctricas en Huexca, un acueducto de 12 km y una extracción diaria de 50 millones de litros de agua, afectando directamente a más de un centenar de pueblos de la Cuenca del Balsas. Actualmente la política energética que se ha implementado en el país, además de las afectaciones ambientales, a la economía local y la salud, genera un descontento nacional por la creación de infraestructura energética de capital privado, un movimiento nacional de usuarios contra las altas tarifas de luz, más de tres millones de quejas contra la CFE y decenas de demandas por autofraude.  La defensa de las tierras, el territorio y la autonomía de los pueblos, permiten evitar los efectos catastróficos del desarrollo capitalista salvaje que es altamente depredador. Ninguna obra de alto impacto puede ser construida sin tomar en cuenta los efectos ambientes, sociales, económicos y culturales que pueda tener en los pueblos y comunidades. En Morelos los megaproyectos y el respeto a los derechos humanos se han convertido en polos opuestos, cuando se requiere respetar los derechos de los pueblos más que nunca, en este aniversario de Zapata, nuevamente la dramática realidad del campesinado choca contra la demagogia gubernamental, por lo que defender la tierra, tiene que ver directamente con la capacidad por luchar de manera independiente por justicia y libertad.

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Basta ya de violencia e inseguridad.

Marco Aurelio Palma Apodaca, José Martínez Cruz

La clase trabajadora sufre la peor violencia desde hace décadas y los patrones no se inmutan: la violencia económica, social y política, las causas de la violencia criminal hay que buscarlas en la injusticia social y económica que beneficia a los dueños del poder y del dinero. ¿Qué violencia mayor que la que nos priva cotidianamente de una vida digna? Es el sistema capitalista violento y destructor de las mejores relaciones humanas, ya que prioriza la ganancia y la competencia antes que la solidaridad y la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. Las y los jóvenes en Morelos no tienen garantía de acceso a una educación y a un empleo que les permita vivir dignamente. Según cifras del INEGI, existen 35 mil desempleados en el Estado, principalmente en edades de 18 a 35 años. Por lo que se ocupa el lugar 24, ya que Morelos tiene una tasa de desempleo del 6.49% que representa un total de 183,235 personas. Jornadas de trabajo tan largas como cien años atrás y salarios de hambre que muestran cómo crece la esclavitud asalariada moderna. Carencia de prestaciones sociales como vacaciones, días de descanso, seguridad social, jubilaciones. En cambio, becas-salario menores a un salario mínimo que no alcanza ni para los transportes. Casi 40 mil solicitaron entrar a la Universidad y solo hubo 7 mil espacios. El resto, a buscar empleos mal pagados. El desempleo galopante. La miseria creciente. La violencia cada día peor. Casi 70% de las victimas carecía de educación más allá de la primaria o secundaria. Jóvenes que no tienen opción y son víctimas del sistema, ya sea que se incorporen a la delincuencia o sean discriminados por su forma de vestir o ahora inclusive de viajar en motocicleta. La fotografía de los homicidios de jóvenes y adolescentes en México muestra que el mayor número de los asesinatos violentos ocurren entre la población de 20 a 24 años, la mitad mueren por arma de fuego, y el número de mujeres asesinadas respecto a los hombres es mayor que en otros países de latinoamérica. México es el País que tiene un mayor índice de asesinatos de mujeres, del total de los homicidios de jóvenes el 12.3 por ciento corresponden al sexo femenino, por encima del 8.9 por ciento de Argentina, 8.7 por ciento de Guatemala, 7.6 por ciento de Colombia y 6.8 por ciento de Brasil. 
Factores de riesgos individuales, familiares, escolares y comunitarios son la falta de proyecto de vida, desempleo, exclusión social y discriminación, violencia institucional del Estado, entre otros problemas estructurales del capitalismo actual. El número de policías crece exponencialmente casi a la par de la inseguridad y la violencia. El uso desmedido de la fuerza es propio de gobiernos autoritarios y antidemocráticos que ven cuestionada su legitimidad ante los pueblos. Lejos de garantizar derechos, el uso sistemático de las fuerzas represivas los va eliminando progresivamente. Un orden social impuesto mediante el uso exclusivo de la fuerza deviene en un régimen contrario a un estado de derechos humanos para la población. Nos envían  mensajes cotidianos de que solo se impone la ley del más fuerte, del que posee los medios de producción, del que aumenta estratosféricamente sus ganancias mientras se anuncian nuevos efectos apocalípticos por una crisis capitalista que sólo termina afectando a la mayoría de la población. Aumentan las muertes violentas de jóvenes y crece el feminicidio. El clima de temor se generaliza, no solo ante la violencia delincuencial, sino ante la presencia de quien usa las armas para imponer su autoridad por encima de cualquier derecho. Las medidas de fuerza se imponen ante la ausencia de políticas integrales de respeto a los derechos humanos, porque hay simulación, complicidad, intolerancia y una impunidad a todas luces. Es claro que los tres niveles de gobierno son responsables de esta grave situación. Las armas de las policías se usan más contra el pueblo que contra los delincuentes. El poder económico de la delincuencia sigue intacto porque así conviene al capital. Las políticas autoritarias y represivas que toman los gobiernos de Peña Nieto, Graco Ramírez y Morales Barud, es la misma política con actores distintos y una sola lógica represiva, violatoria de los derechos humanos. Salir a las calles a exigir seguridad es un derecho que nadie debe coartar, por ello, lo haremos como ya es tradición de la clase trabajadora, el Primero de Mayo, como lo hemos hecho en la movilización constante. Llamamos al pueblo a levantar las banderas de la lucha por las libertades ciudadanas y los derechos a una vida libre de violencia para todas y todos mediante la participación organizada y consciente, organizándonos de manera autónoma e independiente. La ciudadanía requiere de una verdadera seguridad ciudadana, sin militarización de la seguridad pública.

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Reformas neoliberales, injusticia social.

José Martínez Cruz, Marco Aurelio Palma Apodaca

 El petróleo en manos del capital es como los veneros del diablo que terminan hundiendo en la miseria al pueblo y llenan de lujo y riqueza a las trasnacionales. La reforma energética sólo garantiza que casos de mega-corrupción como el de Oceanográfica se multipliquen hasta el infinito como ya lo vemos con el desmantelamiento de la CFE y el de Pemex.

Diversas organizaciones de la sociedad civil principalmente en Latinoamérica insistimos y Compartimos la idea de que toda víctima de violaciones a los Derechos Económicos Sociales y Culturales, tiene el derecho al resarcimiento adecuado, en la forma de restitución, compensación, rehabilitación o satisfacción o garantías de no repetición.

Recordemos que los derechos humanos, su reconocimiento formal, jurídico ha sido resultado de procesos históricos, principalmente producto de luchas sociales y movimientos reivindicatorios que han conseguido la codificación de diversos derechos humanos en instrumentos jurídicos nacionales, regionales e internacional.

En nuestro país se han hecho reformas estructurales que modifican el marco jurídico interno para generar condiciones más atractivas y favorables a la inversión privada nacional y extranjera, sobretodo en áreas estratégicas que en algún momento fueron protegidas por la legislación interna como actividades reservadas de manera exclusiva al Estado y/o nacionales de un país, y es el caso que con las contrarreformas impulsadas por el Ejecutivo Federal y recientemente aprobadas por los respectivos Congresos, se deja hoy el camino libre para favorecer al Capital nacional y principalmente extranjero.

El petróleo es del pueblo y no del gobierno, la reforma energética y todas las reformas neoliberales pro empresariales violan derechos colectivos. Estamos comprometidos a denunciar que desde el poder y con el apoyo cómplice de panistas y perredistas los priistas venden a las trasnacionales lo que le corresponde al pueblo, El modelo de desarrollo económico global que genera injusticia social y depredación del medio ambiente altera la vida y los derechos de la ciudadanía. La privatización está en marcha desde hace años. No basta ahora reducir todo a reformas secundarias o a oponerse a nuevas privatizaciones soportando las que ya impusieron. Si no hay vida digna no hay respeto a los derechos humanos. La defensa del petróleo y la energía para el pueblo y no para el capital es hoy la demanda de la clase trabajadora.

En Morelos se vivió un retroceso en derechos económicos y sociales. Contrariamente a la imagen propagandizada por el gobierno de que se ha avanzado en una sociedad de derechos, vemos como se aplican las mismas recetas neoliberales y privatizadoras que a nivel nacional.

Obviamente ninguno de los partidos en México, incluso quienes dicen ser de izquierda, está a favor de una perspectiva que va en defensa y recuperación de la soberanía nacional, así como de los intereses del pueblo trabajador. En este momento de grave riesgo para el interés nacional con la nueva ofensiva neoliberal, resalta con mayor claridad la urgencia y necesidad de la independencia política de la clase trabajadora.

La situación es grave. La defensa de la nación exige la más amplia movilización unitaria de todas las organizaciones que se precian de ser defensoras de la soberanía nacional. Movimientos como la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) o de los usuarios de energía eléctrica opuestos a las altas tarifas y cortes de la CFE, así como de los afectados con daños ambientales producto de todas las concesiones mineras, gasera, termoeléctricas, a empresas extranjeras que hoy proliferan por el país. En suma, con todas las organizaciones sindicales, políticas y populares que se precian de ser defensoras de la soberanía nacional, para establecer unidad por la no privatización de Pemex y contra las leyes privatizadoras.

Respaldamos e impulsaremos la Campaña Nacional de Firmas en respaldo a: 1.- Borrón y Cuenta Nueva para todos los usuarios domésticos que adeudan pagos de electricidad y por una Tarifa Social Justa. 2.- La energía eléctrica debe ser considerado un Derecho Humano, elevando su acceso a rango constitucional. 3.- Renacionalización del Sector Eléctrico y Petrolero, alto a su privatización y por la cancelación de todos los permisos otorgados a las transnacionales. Por la defensa de la Soberanía Energética Nacionalizada. 4.- Exigimos Solución al conflicto del SME y de los Usuarios de Energía Eléctrica. Hacemos eco de la convocatoria este 18 de marzo de 2014; y en la ciudad de Cuernavaca, en la Marcha a las 4:00 de la tarde; impulsado acciones para caminar solidariamente. 

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Seguridad ciudadana sin militarización.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Cuando se prefiere perder libertades a cambio de seguridad se avanza peligrosamente en el terreno del autoritarismo y la antidemocracia. Si no se identifican las causas del crecimiento de la criminalidad y la violencia, se imponen medidas que terminan incrementándolas. Cuando se pretende ocultar la raíz del problema, termina aflorando con mayor fuerza.  En Morelos nos enfrentamos a un grave problema de inseguridad, de violencia criminal e institucional, de impunidad, de silencios cómplices y omisiones gubernamentales que ocultan el hecho de que son los poderosos grupos económicos  quienes son beneficiarios del poder aunque no lo ejerzan directamente sino por medio de sus representantes en los tres partidos del pacto por México. No sorprende pero si es un indicador el grado de descomposición de las instituciones del aparato del Estado, que durante años el priismo haya aplicado las peores políticas represivas y que en pocos años el panismo superó con creces y ahora el perredismo se hunda en el pozo del descrédito al continuar con las mismas prácticas represivas, corruptas, autoritarias y aplique las mismas estrategias policiacas y militaristas que sus aliados en la práctica y enemigos en el discurso. Es un juego perverso que los represores criminales sigan impartiendo lecciones de política porque no se les castigó en su momento. Es patético que Carrillo Olea sea tomado como ejemplo por quienes exigen seguridad, así como resulta inaceptable que los dueños del dinero y del poder beneficiarios del sistema quieran encabezar a las víctimas del sistema, como si no fuera precisamente el neoliberalismo capitalista el factor del crecimiento de la inseguridad y la violencia del sistema.  La violencia estructural no se detiene, con la aplicación a rajatabla de las reformas estructurales prvatizadoras, se elevan las ganancias de empresas privadas que aplican toda clase de megaproyectos que dañan el medio ambiente y los derechos a la tierra, al agua y al territorio, a la vez que aumentan los ataques a luchadores y luchadoras sociales, a defensoras de derechos humanos y agresiones a periodistas, como Maciel Calvo quien sufrió esta agresión física enfrente del Congreso, luego de amenazas a reporteras en Amacuzac y a Geovanni Barrios. Mientras el pueblo se autoorganiza en diversas regiones del país, se utiliza todo el poder represivo del Estado contra normalistas y magisterio, contra policías comunitarios y contra todo el que proteste. Actualmente hay muchas voces críticas que se levantan contra los desaciertos del gobierno de Graco en Morelos, de Barud en Cuernavaca y contra Peña Nieto a nivel nacional. Pero no se escuchan, no se toman en cuenta en el diseño de políticas públicas incluyentes. Los niveles de violencia e inseguridad en Morelos han crecido. Y los desatinos también. Siguen siendo asesinados jóvenes en las calles y el feminicidio resulta imparable sin que se aplique la Alerta de Violencia de Género por indolencia burocrática. No hay que olvidar que los gobiernos locales, estatal y federal tienen responsabilidad en el diseño e implementación de las mismas políticas, aun cuando Morales Barud sea del PRI, Graco del PRD y Peña Nieto del PRI, lo mismo hicieron Estrada y Adame del PAN. Nadie se salva. Así que  se trata de manipular con “deslindes” públicos y negociaciones permanentes entre ellos para seguir imponiendo su voluntad contra el pueblo que merece respeto a sus derechos.  La justicia, la seguridad, los derechos humanos deben prevalecer o, en su caso, mejorar, pero nunca retroceder, privilegiando en todo momento el interés público, el bien común, la dignidad y los derechos de las personas. Los primeros resultados, negativos, están a la vista no solo de los “detractores”, sino del pueblo que no comulga con ruedas de molino, pues sabe que  retenes fuertemente armados con la vieja estrategia de militarizar la policía, coloca en mayor riesgo a la ciudadanía en Morelos. Una política de seguridad humana requiere cambiar paradigmas sobre la seguridad pública entendida como protección de las instituciones de gobierno por una seguridad ciudadana, donde la policía esté cercana y controlada por la población, no cada vez más lejana como ocurre con la centralización vertical en un Mando Único en manos de Capella que solo impone el terror pero no la seguridad, cuando lo que se requiere es  un verdadero combate a la impunidad delictiva, así como impedir que las fuerzas armadas del Ejército y la Marina sigan realizando tareas de represión interna que constitucionalmente no les corresponden y que  ha traído un alto costo en vidas humanas, militares y policías incluidos pero sobre todo civiles. El ejército debe estar en los cuarteles y defender la soberanía nacional hoy violada por agentes de la DEA y militares yanquis, y no pasar a ocupar cargos en áreas tan desacreditadas como la procuración de justicia, la que en todo caso requiere cambios reales y no de eternas limpiezas en el pantano de la corrupción. La seguridad y los derechos humanos no están peleados, deben ir juntos para enfrentar la violencia y la impunidad. Ni mano dura ni autoritarismo son la solución. Los derechos de las víctimas forman parte indisoluble de los derechos humanos. Es necesario vincular seguridad ciudadana y derechos humanos mediante una política integral que atienda las causas estructurales de la desigualdad, la injusticia y la violencia, con evitar toda clase de abusos por parte de las autoridades.

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Legítima aspiración a vivir una vida libre de violencia

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

Los derechos de la mujer sobre su cuerpo y su participación en la vida política y económica están bajo ataque. Las mujeres mueren por violencia machista en un sistema capitalista y patriarcal. Es difícil entender las causas, por lo tanto, se oculta. Se exhiben cuerpos destrozados, pero se diluye la responsabilidad de quienes cometieron los crímenes. El 97% están impunes. Y se niega información oficial. Por ello, se repiten hechos violentos y crecen ante el azoro de una sociedad que protesta crecientemente y no es escuchada por autoridades e instituciones que prefieren descalificar los esfuerzos por alcanzar la justicia largamente pospuesta. En lugar de que cada 8 de marzo recuerde la historia violenta contra las mujeres trabajadoras, se trata de opacar la realidad con celebraciones que poco dicen y mucho pervierten ideológica y políticamente. Cinismo, se llama, a la actitud que tienen los gobernantes que no cumplen con la legítima aspiración de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Una joven trabajadora de un centro comercial en Cuernavaca sufre un ataque feminicida que le priva de la vida, un día después de que una enfermera trabajadora del sector salud es localizada sin vida en Ocotepec. Los dos casos de feminicidio ocurridos en 24 horas en Morelos. En ninguno de los femenicidas fueron detenidos. Estos actos de violencia feminicida ocurrieron en medio del más amplio despliegue policiaco anunciado como “Meteoro” por el coordinador de seguridad pública del gobierno del Estado, sin que haya resultado ni por parte del gobierno estatal de Graco Ramírez ni del gobierno municipal de Morales Barud, quienes insisten en esquemas policiacos centralizados que no atienden ni las causas que provocan la violencia feminicida ni la inseguridad reinante. Nuevamente constatamos la criminalización de las mujeres que mueren violentamente, el boletín oficial establece a priori que se trata de hechos relacionados con crimen organizado, con lo que se está re-victimizando a quienes fueron privadas de la vida, en lugar de condenar enérgicamente y llevar a cabo una investigación seria, profunda, profesional, inmediata, para ubicar a los autores y llevarlos ante la justicia para impedir que continúe la impunidad. La exhibición del video por parte del periódico cuyo dueño es el vocero del gobierno muestra hasta dónde ha llegado la falta de ética y el daño que se causa a las víctimas, sin que eso conmueva en lo más mínimo a los dueños del poder gubernamental. En el feminicidio concurren, en tiempo y espacio, daños contra mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales; los hay seriales e individuales y algunos son cometidos por conocidos: parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres. Para que surja el feminicidio concurren de manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado. Durante este gobierno se ha incrementado el número de feminicidios, que de acuerdo al Protocolo de Investigación sobre Feminicidio Vigente en la PGJ y en la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda muerte violenta de mujeres debe ser investigado en primera instancia como feminicidio, lo que desafortunadamente al no hacerse, ni se sanciona ni se toman medidas preventivas para evitar que se siga cometiendo y poniendo en riesgo la vida de otras mujeres en el Estado de Morelos. Lejos de que se tomen estas acciones, el gobierno ha simulado llevar a la práctica las medidas emergentes que el gobierno federal a través del Instituto Nacional de las Mujeres sugirió y que el propio gobierno estatal publicó mediante decreto que no ha cumplido. Las y los funcionarios se han dedicado a realizar campañas de desprestigio de defensoras y defensores de derechos humanos,  Por todo esto, mantemos la exigencia de la emisión de la Alerta de Violencia de Género que hubiese prevenido y evitado que se siguieran perdiendo vidas de mujeres. No callar, no aceptar, es lo mínimo que se debe hacer para empezar a cambiar esta situación.

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Legítima aspiración a vivir una vida libre de violencia

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz
Los derechos de la mujer sobre su cuerpo y su participación en la vida política y económica están bajo ataque. Las mujeres mueren por violencia machista en un sistema capitalista y patriarcal. Es difícil entender las causas, por lo tanto, se oculta. Se exhiben cuerpos destrozados, pero se diluye la responsabilidad de quienes cometieron los crímenes. El 97% están impunes. Y se niega información oficial. Por ello, se repiten hechos violentos y crecen ante el azoro de una sociedad que protesta crecientemente y no es escuchada por autoridades e instituciones que prefieren descalificar los esfuerzos por alcanzar la justicia largamente pospuesta. En lugar de que cada 8 de marzo recuerde la historia violenta contra las mujeres trabajadoras, se trata de opacar la realidad con celebraciones que poco dicen y mucho pervierten ideológica y políticamente. Cinismo, se llama, a la actitud que tienen los gobernantes que no cumplen con la legítima aspiración de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Una joven trabajadora de un centro comercial en Cuernavaca sufre un ataque feminicida que le priva de la vida, un día después de que una enfermera trabajadora del sector salud es localizada sin vida en Ocotepec. Los dos casos de feminicidio ocurridos en 24 horas en Morelos. En ninguno de los feminicidios fueron detenidos. Estos actos de violencia feminicida ocurrieron en medio del más amplio despliegue policiaco anunciado como “Meteoro” por el coordinador de seguridad pública del gobierno del Estado, sin que haya resultado ni por parte del gobierno estatal de Graco Ramírez ni del gobierno municipal de Morales Barud, quienes insisten en esquemas policiacos centralizados que no atienden ni las causas que provocan la violencia feminicida ni la inseguridad reinante. Nuevamente constatamos la criminalización de las mujeres que mueren violentamente, el boletín oficial establece a priori que se trata de hechos relacionados con crimen organizado, con lo que se está re-victimizando a quienes fueron privadas de la vida, en lugar de condenar enérgicamente y llevar a cabo una investigación seria, profunda, profesional, inmediata, para ubicar a los autores y llevarlos ante la justicia para impedir que continúe la impunidad. La exhibición del video por parte del periódico cuyo dueño es el vocero del gobierno muestra hasta dónde ha llegado la falta de ética y el daño que se causa a las víctimas, sin que eso conmueva en lo más mínimo a los dueños del poder gubernamental. En el feminicidio concurren, en tiempo y espacio, daños contra mujeres realizados por conocidos
y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales; los hay seriales e individuales y algunos son cometidos por conocidos: parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres. Para que surja el feminicidio concurren de manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado. Durante este gobierno se ha incrementado el número de feminicidios, que de acuerdo al Protocolo de Investigación sobre Feminicidio Vigente en la PGJ y en la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda muerte violenta de mujeres debe ser investigado en primera instancia como feminicidio, lo que desafortunadamente al no hacerse, ni se sanciona ni se toman medidas preventivas para evitar que se siga cometiendo y poniendo en riesgo la vida de otras mujeres en el Estado de Morelos. Lejos de que se tomen estas acciones, el gobierno ha simulado llevar a la práctica las medidas emergentes que el gobierno federal a través del Instituto Nacional de las Mujeres sugirió y que el propio gobierno estatal publicó mediante decreto que no ha cumplido. Las y los funcionarios se han dedicado a realizar campañas de desprestigio de defensoras y defensores de derechos humanos,  Por todo esto, mantenemos la exigencia de la emisión de la Alerta de Violencia de Género que hubiese prevenido y evitado que se siguieran perdiendo vidas de mujeres. No callar, no aceptar, es lo mínimo que se debe hacer para empezar a cambiar esta situación.

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