Los sótanos del poder y la memoria.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

La vida y la muerte. Valores absolutos. Sin embargo, la vida sin libertad es parecida a la muerte. Y una muerte sin memoria es como si no hubiese vivido. La muerte en vida es un sufrimiento permanente. No cesa. Terrible. ¿Quién puede causar más daño que el que ejerce un poder para arrebatar la vida y la libertad de las personas?
La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que no prescribe. Nadie desaparece. Lo desaparecen. Lo borran de la vida pública. Lo mantienen en lugares clandestinos. Ocultos. Ilegales. En los sótanos del poder. José Ramón García Gómez está desaparecido desde el 16 de diciembre de 1988. Fue el último día que alguien lo vio en un lugar público. Un cantante pasaba en un autobús de pasajeros cuando observó que lo detenían unos policías. Una señora dueña de una cocina económica se percató también del hecho. No se supo más de él. Existe un expediente de miles de fojas que siguen paso a paso lo ocurrido. Hasta perderse en los archivos del horror.
Una historia que se tejió desde las alturas del poder. Era el año del fraude electoral. Perdió Salinas en Morelos. El pueblo se levantó. Y desde el palacio de Gobierno se movieron los hilos. El Gobernador de entonces, Antonio Riva Palacio López, ordenó la creación del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía judicial. Al frente se encontraba Antonio Nogueda Carbajal como su Comandante. El operador del grupo era dirigido cotidianamente por Apolo Bernabé Ríos García. Los tres ya han fallecido. Este último en prisión acabado por las enfermedades y los remordimientos. El segundo luego de un atentado que le imposibilitó moverse. El primero de ellos, con honores en palacio de Gobierno, rendido por los gobernantes de los distintos partidos políticos, el suyo, el PRI, y el actual del PRD. Las alabanzas se escucharon y escribieron en todos los medios de comunicación. Pero el pueblo no olvida. Fue en las plazas públicas de los municipios del oriente de Morelos donde se recuerda a José Ramón y a una decena de luchadores sociales que fueron desaparecidos por ese grupo de la policía judicial. Un grupo que Riva Palacio negó haber creado.
Hasta que entregó un legajo de documentos a la Fiscalía Especial, en donde se encontraron documentos previos a la desaparición de José Ramón. Ahí se comprobó que se le perseguía políticamente. Y las Recomendaciones 5/91 y 7/92 de la CNDH lo documentaron ampliamente, solicitando investigación contra los autores materiales de la desaparición. Riva Palacio ha muerto, pero se lleva casos sin resolver, aun cuando tuvo que declarar por escrito ante la Fiscalía, la investigación no continuó por la caída del helicóptero donde viajaba el Fiscal, luego de que se apuntaba hacia la responsabilidad política de la desaparición al gobierno del Estado encabezado por Riva Palacio.
Los familiares de estos tres funcionarios han expresado su dolor por su ausencia. Respetamos ese dolor. Como el de cualquier persona que lo experimenta a la hora del adiós. Pero los familiares de José Ramón no han tenido la posibilidad de despedirse de él. Ni velarlo. Ni enterrarlo. Ni guardar luto. Ni experimentar el consuelo de saber lo que pasó. Ni sanar las heridas que muerden la conciencia. Una herida profunda que se abrió en Cuautla el 16 de diciembre de 1988 y no se ha cerrado. Por el contrario, se ha ampliado y extendido por todo el país.
Es verdad que desde el primer caso documentado por el Comité Eureka, de Epifanio Rojas Avilés, en 1969, fueron más de 600 durante los años 60s y 70s durante la guerra de contrainsurgencia encabezada por la Brigada Blanca, creada por Luis Echeverría y López Portillo. En la actualidad, bajo los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, la cifra de desaparecidos ya representa una verdadera catástrofe humanitaria. Más de 27 mil desaparecidos, según algunas fuentes. Otras consideran que es mucho mayor el número. La impunidad campea en todo el país. Los gobernantes causantes de esta tragedia no son llamados a cuentas. Se les rinden homenajes cuando mueren. Se dice que son forjadores de la patria. Se les erigen monumentos. Aun cuando se han interpuesto denuncias penales ante instancias internacionales, como la que existe contra Calderón ante la Corte Penal Internacional. Estos se pasean en lugares exclusivos, disfrutando de las mieles del poder económico y político. Sin rendir cuentas de sus abusos. Sin atender el sufrimiento cotidiano de las familias que siguen muriendo en vida todos los días por no saber el paradero de sus seres queridos. ¿Qué obra más grande podrían hacer que garantizar la vida y la libertad del pueblo, al que juraron servir lealmente con la ley en la mano? Sus nombres en letras de oro no lograrán ocultar las lágrimas de dolor que causaron. Y tal vez, tal vez, algún día se logre establecer la verdad y se alcance la justicia que ellos, en vida, negaron.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Twitter: @cidhmorelos.

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Periodismo y Derechos Humanos.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz.
Crear una cultura de derechos humanos implica un compromiso en la lucha por transformar la realidad que nos toca vivir. Construir un periodismo de derechos humanos necesariamente significa cuestionar todas las formas de poder que hacen posible la violación de estos derechos. Desarrollar una conciencia crítica entre la sociedad para el ejercicio de una ciudadanía requiere defender el derecho a la libertad de expresión desde donde nos encontremos. Asumir la tarea de comunicar e informar con veracidad significa desafiar el poder establecido y comprender los riesgos y los aportes que ello representa para una sociedad que ha luchado por superar la injusticia social y la desigualdad económica, la antidemocracia y la represión, para construir la justicia, la libertad, la igualdad.
Durante 25 años la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos hemos llevado a cabo una relación con periodistas que nos ha permitido contribuir y valorar altamente el compromiso y la responsabilidad de quien se atreve a comunicar las violaciones a los derechos humanos de los diferentes sectores de la población. Por ello, consideramos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser el marco ético del periodismo, como lo establece el manifiesto firmado por cientos de periodistas de diversas partes del mundo, donde establecen que el derecho a la información es una condición fundamental para el desarrollo pleno de la democracia, así como para que los ciudadanos puedan opinar y actuar libremente. Periodistas y empresas periodísticas deben contribuir a que se respeten los derechos humanos, y su labor debe poner de manifiesto todas sus violaciones. Las nuevas tecnologías amplían las posibilidades de acceso a nuevos medios de comunicación: democratizan el derecho a informar y a ser informado, y favorecen el desarrollo del periodismo desde el enfoque de los derechos humanos. La independencia de las y los periodistas es vital para la sociedad, y el periodismo es un servicio público a los ciudadanos que no puede estar sometido a intereses políticos o económicos particulares. La defensa de los Derechos Humanos es una de las tareas primordiales del periodismo y el gremio no podrá ejercer su labor si sus propios derechos humanos son vulnerados. Precisamente hoy, con el desarrollo de nuevas tecnologías, la defensa de los derechos humanos en internet es una necesidad ante las leyes que pretenden ampliar su control y dominación, de imposición de contenidos y de nuevas formas de censura y limitación a la libertad de expresión, por lo que periodistas de todo el mundo también han elaborado un Manifiesto en defensa de los derechos en internet, donde plantean que los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico. Si asumimos como punto de partida una perspectiva de derechos humanos, ésta combina los derechos económicos y políticos, los derechos de toda la humanidad a crear sindicatos, ganar un salario justo, tener vivienda, asistencia social, alimentos y educación. De ahí que la discusión más interesante de quien tiene interés en un periodismo de derechos humanos es lo concerniente al lenguaje y su mala utilización y manipulación. La mala utilización de palabras como justicia y derechos humanos. No se trata solo de que su significado ha sido manipulado sino de que lo han vaciado de significado. Si las palabras que describen un fenómeno ya no tienen ningún significado absoluto, entonces el fenómeno se convierte en lo que deciden quienes detentan el poder. En este mundo la justicia se convierte en venganza y la guerra en intervención humanitaria. Utilizar un lenguaje de respeto a las víctimas de derechos humanos implica hacer un esfuerzo de valorar plenamente el concepto de dignidad. Resulta verdaderamente ofensivo para las víctimas de feminicidio, por ejemplo, describir con profusión la forma en que fueron asesinadas y exhibirlas ante el morbo común, sin un mínimo de respeto ni de comprensión del dolor sufrido. En este, como en otros terrenos, es necesario tener presente el concepto desarrollado por Rysziard Kapuzcinsky: Los cínicos no tienen cabida en este oficio. Abonar en la congruencia y en la ética y hacer un periodismo que desecha las tentaciones que impone el poder del silencio. Indagar sobre causas y hurgar en las raíces. Esta guerra nos acostumbra a no preguntar. Preguntar no sólo es peligroso sino ha sido presentado como indebido. Preguntar es atreverse a escuchar respuestas críticas y darles voz. Las y los periodistas y defensores de derechos humanos son actores clave en toda sociedad democrática. Un número alarmante de esas personas reciben amenazas y son privadas de la vida. 83 periodistas han sido asesinados desde el año 2000. Periodistas que informan sobre la delincuencia y los funcionarios públicos son los que mayores riesgos corren. Desde 2005, 18 defensores de derechos humanos han sido asesinados y muchos otros han recibido amenazas de muerte. Las periodistas y los periodistas como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con pleno respeto a sus derechos humanos. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red, ante cualquier presión que pueda producirse. Si los grandes medios de comunicación imponen los contenidos y estandarizan la información en todo el planeta, de acuerdo con los intereses de las grandes potencias, un periodismo de derechos humanos debe desnudar y poner en evidencia las mentiras y engaños que se pretende imponer como una verdad desde el poder.
cidhmorelos@gmail.com

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Educación y derechos de la niñez.

Marco Aurelio Palma Apodaca y Juliana G. Quintanilla.
Aspectos preocupantes se siguen presentando en el Sistema de Educación Básica en el Estado de Morelos. Es necesario no perder de vista el tema central de la educación de las niñas y niños que cursan la educación primaria. En los recientes años se han impuesto una serie de cambios no tan benéficos para la vida de las escuelas públicas y de los alumnos y alumnas. La consecuencia más insidiosa de la privatización encubierta, es la forma en que están cambiando las relaciones entre docentes, estudiantes y los padres. Cuando la educación se comercializa, los resultados son considerados productos. De esta manera, los responsables escolares se convierten en gerentes de empresa, los docentes se convierten en técnicos y los estudiantes en activo o pasivo de una escuela que compite contra todas sus vecinas. Actualmente, sin realizar una consulta; previa, pública e informada, la Secretaria de Educación Pública de forma impositiva estableció para todos los Estados del país el llamado CONAPASE (Consejo Nacional de Participación Social en la Educación). Sus orígenes se remontan al año de 1992, periodo en que da inicio la aplicación de los resolutivos del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, siendo una de las tantas facetas y múltiples intentos por privatizar la enseñanza pública de nuestro país. En la práctica y específicamente con el CONAPASE se confirman una serie de prácticas y consecuencias sociales lamentables. Es el caso que en escuelas primarias de Morelos, se han venido aplicando un conjunto de encuestas poco claras, imprecisas y tendenciosas al grado de que estas no se encuentran foliadas y sólo muestran un simple logotipo membrete con la leyenda CONAPASE. Se han entregado dichos formatos a los alumnos para que los hagan llegar a sus papás o mamás y así los contesten en su casa. Las preguntas como: Que si le gustaría o no que su hijo tuviera sobrepeso. Que si estás a favor o no, de que coman alimentos altamente azucarados o con demasiada grasa. Que sí estás a favor o no, de que afuera de las escuelas vendan este tipo de alimentos. Que sí estás a favor o no, del comercio ambulante afuera de las escuelas. Que sí estás a favor o no, de que la Autoridad Municipal aplique su reglamento contra el ambulantaje y demás cosas por el estilo. Al respecto podemos decir que dichas encuestas y su contenido nada tienen que ver con el derecho humano a la educación. Por ejemplo, no preguntan nada respecto a temas sustanciales y que tienen que ver con la promoción y fomento de la lectura, al mejoramiento pedagógico en las aulas, al tema de los planes y programas de estudio, o de conocer siquiera la opinión de la sociedad sobre la educación. Así mismo no contienen preguntas para conocer propuestas de acción en la materia. Y podemos decir que al estarse aplicando dicho tipo de encuestas se pasa por alto la Misión y Visión que establece el CONAPASE, por lo que hay una notoria incongruencia por parte de la SEP, quedando de manifiesto que el actual régimen político está dejando de cumplir debidamente sus obligaciones en cuanto al tema de la educación y enseñanza pública. No es verdad que la prioridad para el gobierno sea la educación. El gasto público lo demuestra: La inversión física del sector público en educación cayó 43 por ciento entre enero y mayo de 2014, comparada con la registrada en igual periodo del año pasado, indican reportes de la Secretaría de Hacienda. En los primeros cinco meses de 2013 el gobierno de Peña Nieto destinó 10 mil 697 millones de pesos en inversión física para educación y en este año sólo fueron 6 mil 336 millones de pesos. Así no hay un debido cumplimiento del Derecho Humano a la Educación de los niños y niñas, aun cuando está en ordenamientos que son ley en nuestro país y por lo tanto en nuestro estado. Pero, ¿Qué son los derechos de los niños? En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado explica los derechos de todos los niños a la salud, la educación, condiciones de vida adecuadas, el esparcimiento y el juego, la protección de la pobreza, la libre expresión de sus opiniones y mucho más. Esos son derechos de los que deberían disfrutar todos los niños y las niñas. Pero ¿cómo se puede garantizar el cumplimiento de esos derechos si no se sabe cuáles son? Las y los niños tienen derecho a la libertad de asociación y a compartir sus puntos de vista con otros, dar a conocer sus opiniones, a la información adecuada, a la libertad de pensamiento, a la protección contra toda forma de abuso, entre otros. Puntualizamos algunos de estos derechos contenidos en la Convención, ya que deberían aprovechar estas encuestas para promoverlos y sobre todo aplicarlos, lo que puede ser una de las tareas más urgentes, sobre todo ante el crecimiento de los niveles de violencia social que repercute directamente en las escuelas y lacera gravemente los derechos de quienes están en su etapa de formación y reproducirán lo que la sociedad les enseña, no solo al interior de la escuela, sino en todas las áreas de su vida social, política, económica y cultural. Sólo así lograremos este debido cumplimiento del Derecho a la Educación de niñas y niños, quienes son el futuro y viven un presente donde no se respetan esos derechos.

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Expresa la CIDHM preocupación por proceso de emisión de la Alerta de Violencia de Género en Morelos.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., nos hemos dirigido a través de oficios entregados en el Instituto Nacional de las Mujeres, dirigidos a su presidenta Lorena Cruz Sánchez para manifestar en principio que nos parece importante que ya por fin se admitiera nuestra solicitud de APLICACIÓN DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO en Morelos, ya que de esto se desprenden varias acciones que pueden permitir llegar a adoptar medidas para proteger la vida y salvaguardar la libertad de las mujeres como lo establece la ley.

Por otra parte, y no menos importante, es que han surgido interrogantes necesarias de aclarar, toda vez que nos parece importante que el proceso tenga claridad en todas sus fases para que se llegue a adoptar las medidas señaladas. En este sentido, le queremos expresar nuestro extrañamiento ante los hechos que a continuación señalamos:

Que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) declararon desierta la convocatoria para conformar el Grupo de Trabajo que investigará la violencia feminicida en el estado de Morelos, pero aún así nombraron a investigadores para hacer esta tarea. Pese a la declaración de convocatoria desierta (es decir, sin postulaciones), ambas dependencias conformaron el Grupo de Trabajo del que dependerá la declaración de una eventual Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, ello sin explicar cómo fueron seleccionadas las personas académicas locales que lo integran. De acuerdo con el nuevo Reglamento de la LGAMVLV, el Grupo de Trabajo que investigará y definirá la procedencia de la AVG se conformará por dos personas de la academia a nivel nacional, una persona representante del Inmujeres y una de la Conavim, así como una representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En abril pasado se lanzó una convocatoria a nivel nacional para integrar el Grupo de Trabajo, en la cual resultaron seleccionados Carlos Javier Echarri Cánovas, de El Colegio de México (Colmex), y la maestra Cynthia Galicia Mendoza (también del Colmex). El fallo del Comité de Selección para el caso de Morelos se debió haber publicado el pasado 21 de junio del presente año. Así, los dos representantes de la academia de Morelos se sumarían a Galicia Mendoza y Echarri Cánovas. Sin embargo, las personas académicas que mencionan en el Grupo de Trabajo para investigar la solicitud de AVGH en Morelos son otras, las cuales desconocemos como fueron seleccionadas, por lo que solicitamos se nos pueda brindar la información sobre el procedimiento seguido.
Esperamos una respuesta del INM a nuestros planteamientos, en el entendido de que consideramos muy importante se valore con la profundidad necesaria la solicitud de Alerta de Violencia de Género que el Instituto a su cargo aceptó.
En el mismo sentido, se solicitó formalmente participar en este grupo de Trabajo como lo establece el artículo 36 del Reglamento, así como invitar a académicas e investigadoras independientes, expertas en el tema, que tienen una formación y perspectiva feminista, de tal manera que esta investigación sea lo más completa posible y refleje la realidad de lo que está pasando en el estado de Morelos sobre el feminicidio, para que la decisión sea afirmativa y se tomen todas las medidas que se deben para garantizar la vida y la libertad de las mujeres.

Cuernavaca, Morelos 2 de julio de 2014.
Atentamente.
Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General.
Paloma Estrada Muñoz, Coordinadora de Archivo y estadísticas.
José Martínez Cruz, Coordinador de Comunicación.
Marco Aurelio Palma Apodaca, Coordinador Jurídico.

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No a la criminalización de los movimientos sociales.

Libertad a las y los presos políticos. Las cárceles se llenan de gente que lucha por sus derechos, mientras los delincuentes son protegidos por las autoridades.
La detención de 83 autodefensas en Michoacán y a su dirigente José Manuel Mireles, este viernes cerca de Lázaro Cárdenas, en un operativo conjunto realizado por elementos de la Policía Federal, la Marina, el Ejército Mexicano y la Procuraduría de Justicia del estado; bajo la falsa acusación de violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tiene el objetivo de imponer la “Fuerza Rural” Estatal y pretende terminar con las autodefensas que no fueron incorporados a su control. Las detenciones arbitrarias han implicado una serie de vejaciones y violaciones a sus derechos humanos, poniendo en riesgo su vida en la prisión de Alta seguridad en Sonora y Nayarit.
Estas detenciones ocurren luego del caso del defensor comunitario Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), organización campesina que desde hace más de diez años, se encuentra en resistencia contra la construcción de la Presa Hidroeléctrica “La Parota”, en defensa de sus tierras comunales en el afluente del Río Papagayo, del Municipio de Acapulco, Guerrero, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4, en Tepic Nayarit. En virtud de todo lo anterior, consideramos que hay un claro patrón de criminalización del dirigente del CECOP., la detención del dirigente del CECOP, tiene como claro objetivo debilitar el movimiento de dicha organización campesina, que por más de una década se ha opuesto a la imposición del Proyecto Hidroeléctrico “La Parota”; el cual, cabe recordar, ha sido incluido en el nuevo plan de reconstrucción del estado de Guerrero anunciado por el Ejecutivo Federal denominado “Nuevo Guerrero” y se suma a la larga lista de casos de criminalización de los movimientos sociales en dicho estado.
En el mismo sentido demandamos la libertad de la comandante Nestora Salgado, de la policía comunitaria del Estado de Guerrero, a quien mantienen injustamente presa a pesar de haber obtenido un amparo.
Los pueblos piden dialogar para que se respeten sus derechos a la tierra y al agua, y la respuesta es la imposición de mega-proyectos privatizadores. Los campesinos piden dialogar para que no haya destrucción ambiental y el gobierno responde con asesinatos, como el del compañero Antonio Esteban Cruz, encarcelando a Enedina Rosas Vélez, Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan; Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDAyT); Abraham Cordero Calderón, Juez de Paz al momento de su detención e integrante de la organización denominada “Los de Abajo” y del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada.
En Morelos han detenido arbitrariamente y torturado a Jaime Domínguez de Jantetelco, integrante del FPDAyT, así como a campesinos y campesinas de Amilcingo que se oponen al gasoducto y al Plan Integral Morelos que incluye la termoeléctrica en Huexca y el acueducto desde Ayala y Cuautla.
Por todo ello, las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales, llevamos a cabo un pronunciamiento contra la criminalización de los movimientos sociales, y por la libertad a las y los presos políticos en el país, este miércoles 2 de julio de 2014 a las 10 de la mañana frente al Congreso del estado de Morelos.

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Memoria histórica del movimiento obrero.

 Marco Aurelio Palma Apodaca y José Martínez Cruz

La historia del movimiento obrero en el Valle de Cuernavaca tiene acontecimientos muy significativos que merecen ser preservados en la memoria, para alimentar las perspectivas de futuro. Un aspecto que destacamos en esta ocasión son los esfuerzos de coordinación de las luchas. Con anterioridad hemos documentado parte de estas luchas durante los años 70s y 80s. En esta ocasión reunimos algunos materiales en un libro que da cuenta de las posiciones expresadas públicamente durante los años recientes. Cabe mencionar que tenemos tareas pendientes para integrar todas las experiencias y actividades, sobre todo a raíz del surgimiento de la Convergencia Sindical y Social a principios del siglo XX, cuando las trabajadoras de Confitalia protagonizaron un movimiento que de alguna manera representa la continuación de esas luchas de inicios de los 70s, donde las mujeres trabajadoras se incorporan a las movilizaciones de la clase trabajadora y dan un tono particular a las nuevas formas de organización y movilización.

Las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética hemos asumido el compromiso de luchar de manera unitaria por alcanzar los objetivos de construir una nueva sociedad con justicia social para la clase trabajadora. El programa de lucha está contenido en su propio nombre y los principios democráticos y de independencia de clase nos orientan para coordinar un proceso de organización y movilización colectiva, donde el intercambio de información, el análisis de la realidad y las propuestas de acción, se realizan de manera cotidiana, a través de acuerdos y resolutivos en nuestras asambleas plenarias que se llevan a cabo semanalmente. Los documentos que recopilamos a continuación forman parte de nuestra memoria histórica, ya que son elaboraciones colectivas a partir del intercambio de ideas, propuestas y alternativas que vamos construyendo por consenso  en este espacio de coordinación. En conjunto dan una idea de lo que han sido los aportes y contribuciones de cada organización a la lucha en contra de las políticas capitalistas neoliberales y la defensa de los derechos humanos, laborales, colectivos, que llevamos a cabo durante los años y los días en que nos encontramos para construir un mundo sin explotación ni opresión.  Recuperar nuestras raíces nos permitirá también delinear las alternativas de lucha ante los retos que tenemos por la ofensiva neoliberal y privatizadora del capitalismo. Buscamos socializar en este espacio las etapas del proceso unitario, que durante todos estos años hemos logrado posicionar, el trabajo organizativo de las organizaciones del pacto y dar visibilidad a las demandas que enarbolamos. Nuestras acciones han quedado  documentadas en la prensa local, medios escritos, radiofónicos y televisivos, esta ha sido una manera de difundir y  dar a conocer los objetivos y lo que se ha logrado, y en el camino hemos contribuido en la creación de una cultura de la socialización de la información, de la denuncia y la acción unitaria. En el mes de junio, realizamos un acto en homenaje  a los compañeros: Filemón Juárez Palma, Gabriel Muñoz y Sabas Rendón Galicia, quienes participaron de manera destacada en el sindicalismo independiente y democrático en los 70s, ellos contribuyeron con sus aportes y experiencias, por eso consideramos muy importante recuperar testimonios de vida y análisis que nos permitan conseguir el objetivo de preservar la memoria histórica de la clase trabajadora en Morelos. Compartimos materiales informativos y libros: “50 Años de Sindicalismo”, editado por el FAT, las memorias obreras en Nissan, “La Izquierda y los Movimientos Sociales en Morelos. Desde Abajo”, editado por Convergencia Socialista, entre otros. En este foro escuchamos los testimonios de quienes fueron sindicalistas desde los años 70s como Raymundo Jaimes, Máximo Gómez, Margarita Marrufo, Carlos Ezequiel, y Juliana G. Quintanilla, así como testimonios de familiares de los homenajeados, quienes recibieron estos merecidos reconocimientos de quienes  asumieron un compromiso de vida.

Al hacer el balance histórico también se avizora un futuro de lucha contra el mal gobierno que encabezan los partidos del Pacto por México (PRI, PAN, PRD), porque ellos son los responsables de la mayor contrarrevolución al dar por muertas en la Constitución las conquistas sociales históricamente plasmadas en ella, por lo que decimos claramente un rotundo no a las reformas estructurales, y planteamos la necesidad de organizarnos para no permitir que se sigan aplicando este tipo de políticas que terminan dañando los intereses de la mayoría de la población, como se está demostrando con la reforma petrolera que ya abrió las puertas a las voraces trasnacionales o la reforma fiscal que afecta hasta los más pequeños comerciantes y deja sin tocar a las grandes empresas que no pagan impuestos, o la reforma en telecomunicaciones que sigue favoreciendo al gran capital de las televisoras y golpea a los trabajadores telefonistas, además de que pretende avanzar en el control y censura de internet para impedir la libertad de expresión a través de las redes sociales, así como la reforma laboral que legaliza la explotación mayor del trabajo informal. En este balance se planteó la necesidad de fortalecer nuestra lucha en defensa de los derechos de la clase trabajadora, de la tierra y el agua, así como un alto al feminicidio y la inseguridad, un alto a la militarización y al terrorismo de Estado, lo que significa oponernos a la criminalización de los movimientos sociales, al uso de la tortura y las detenciones arbitrarias, un alto a las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, la libertad de las y los presos políticos y alto a la represión contra pueblos y comunidades o activistas y defensoras y defensores, periodistas y quienes se oponen a seguir siendo víctimas de estas políticas neoliberales y privatizadoras. Estas demandas forman un programa de lucha que se recogen en este libro, que es parte de la memoria y futuro de la lucha: “De la movilización del primero de mayo a la organización y lucha permanente”, 2009-2014, 300 páginas, editado por el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales.

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Por un diálogo incluyente y participativo.

Lighting candle at 2007 ICM

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz Una política de hechos consumados aplica el gobierno estatal y federal. Todas las contrarreformas neoliberales se han impuesto sin diálogo con la sociedad. Las formas autoritarias no son democráticas, por más que se quiera manipular el significado de la palabra diálogo. El gobierno establece un monólogo permanentemente. No escucha las múltiples formas de expresión de la sociedad. Hasta las formas elementales de diálogo se pervierten cuando se trata de imponer las peores reformas privatizadoras, como lo vemos en el Congreso de la Unión, donde se aprueban sin discusión alguna las reformas secundarias que tanto daño hacen al patrimonio nacional para entregarlo a las trasnacionales. Las organizaciones independientes han estado dispuestas a dialogar para encontrar caminos de solución a las demandas populares, sindicales, sociales y políticas. Han dado amplias muestras de ello, al elaborar propuestas y hacerlas del conocimiento de las autoridades. Ha sido inútil. La única respuesta que han encontrado es la cerrazón y la intolerancia, la represión y la persecución, el hostigamiento y las campañas de desprestigio. Un diálogo desde el poder para fortalecer las políticas que unos cuantos deciden no es un verdadero diálogo. Es NO-DIALOGO. Es una simulación. Los pueblos piden dialogar para que se respeten sus derechos a la tierra y al agua, y la respuesta es la imposición de mega-proyectos privatizadores. El pueblo pide dialogar para preservar a Pemex como empresa nacionalizada y el gobierno responde entregándola al gran capital. Los campesinos piden dialogar para que no haya destrucción ambiental y el gobierno responde con asesinatos, como el del compañero Antonio Esteban Cruz, encarcelando a Enedina Rosas Vélez, Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan; Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDAyT); Abraham Cordero Calderón, Juez de Paz al momento de su detención e integrante de la organización denominada “Los de Abajo” y del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada. Los estudiantes exigen derecho a la educación pública gratuita, como lo establece la Constitución, y a cambio recibe beca-salario condicionada políticamente, como la mayoría de programas sociales clientelares. La ciudadanía dialoga en las calles para obtener firmas contra la privatización de la energía y el gobierno niega el derecho a la consulta previamente a las reformas. Se pide dialogar sobre el tipo de impuestos y el gobierno aplica multas y sanciones a quien no puede pagar y sigue aumentando los precios de todos los servicios públicos municipales y elevando cuotas del pago de luz. Las y los trabajadores piden dialogar para que se legisle protegiendo derechos sociales y el gobierno privatiza la seguridad social despojando derechos ya conquistados. El magisterio pide diálogo para mejorar la educación pública y el gobierno les difama acusándolos de guerrilleros y persigue a maestras y maestros que luchan. Feministas y defensoras de derechos humanos pide respeto a la vida y la libertad de las mujeres y el gobierno niega la existencia del feminicidio y la Alerta de Violencia de Género establecida en la Ley. Aun cuando hasta el derecho de petición se niega en muchos casos, la gravedad de la situación nos obliga a insistir en nuestras demandas. Se ha documentado el feminicidio y finalmente el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dieron un primer paso para reconocer la violencia feminicida en el estado de Morelos, al acceder al inicio de una investigación en la materia. Así lo consideramos desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), al dar a conocer que el Inmujeres notificó que fue admitida su solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad. Es de vital importancia que haya sido admitida la petición, pues con ello se valora la labor de las organizaciones civiles en el registro y denuncia de los hechos, y se da un paso en el reconocimiento del problema. Lo verdaderamente importante es que se active la AVG, ya que los nuevos casos de feminicidio no admiten más dilación de todas las medidas para erradicar la violencia feminicida y garantizar la vida y la libertad de las mujeres. Familiares piden dialogar para encontrar con vida a las y los desaparecidos y el gobierno continúa desapareciendo la justicia y la verdad. Las organizaciones defensores resaltan que el gobierno reconoce oficialmente la existencia de 7 mil 615 personas desaparecidas en lo que va de la actual administración de Enrique Peña Nieto. Es decir, que el gobierno reconoce la existencia de 20 mil 810 personas desaparecidas entre 2006 y 2014. Cabe señalar que esta cifra no incluye a las personas desaparecidas durante la Guerra Sucia, que ascienden a mil 200 personas, lo cual constituye una forma de invisibilización de las víctimas del Terrorismo de Estado. Por su parte, comunidades y pueblos piden dialogar para encontrar solución a la inseguridad y a la violencia y el gobierno impone Mando Único y militarización que solo garantiza impunidad y pérdida en vidas humanas. ¿De qué dialogo se habla? En las calles miles de personas demandan solución a sus demandas populares y en los pasillos del poder los funcionarios hacen caso omiso y aplican cada vez más mano dura y aprueban leyes para criminalizar las protestas sociales. ¡Así no hay diálogo posible! Por todo ello, decimos claramente que no nos prestamos a legitimar un diálogo de los de arriba para seguir engañando a los de abajo. Reclamamos solución a las demandas reales de la población que exige pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos. Por un diálogo incluyente y participativo.

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