Basta de abusos militares, desapariciones y tortura.

Juliana G. Quintanilla/ La Jornada Morelos
 
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos recibió una nueva queja por abusos militares dos días después de que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias recomendó al gobierno de México que considere a corto plazo el retiro del Ejército de las labores de seguridad pública, toda vez que no está facultado para dicha labor, y por el contrario, su actuación se ha relacionado con el aumento de la criminalidad. La respuesta del gobierno mexicano fue negativa de manera inmediata y cuestionó la labor del Grupo de Trabajo. Reiteró que los militares seguirán en las calles. Al día siguiente, en Morelos, la familia de Samuel Cebrero Organes denunció el allanamiento de su vivienda en la colonia independencia de Jiutepec su detención arbitraria, tortura, amenazas y agresiones por parte de elementos del Ejèrcito mexicano, quienes llegaron a las 3:30 de la madrugada: “15 soldados de la Defensa Nacional, vestidos de verde con manchas cafés y encapuchados quienes con lujo de violencia patearon la puerta de una de las recàmaras, sacando a mi esposo de nombre Samuel Cebrero Organes, al patio de mi casa, en donde fue golpeado en todas las partes de su cuerpo, después dos militares me sacaron de la recàmara jalándome de los pechos y aventándome hacia la pared, amenazàndome para que les dijera que mi esposo forma parte de la delincuencia organizada. Les dije que no sabìa nada y amenazaron con hacer daño a mis dos pequeños hijos. Torturaron a mi esposo en el patio y se lo llevaron. Al dìa siguiente mintieron diciéndo que lo habían detenido en un retén con una granada en el carro. Eso es falso, se lo llevaron de mi casa”, de acuerdo al testimonio de la señora Olga Mondragón Puntos, rendido ante nuestra CIDHM . Por ello, coincidimos en destacar el informe del GTNUDF, en el sentido de que no debe seguir la utilización de las fuerzas armadas como eje de la guerra contra el crimen organizado, puesto que los militares no recibieron entrenamiento para lidiar con civiles y patrullar las calles, sino para combatir a fuerzas extranjeras enemigas. Aunque admitieron que la ola de inseguridad que azota al país es generada principalmente por los delincuentes, en dicho fenómeno también hay una responsabilidad del Ejército y otros cuerpos de seguridad del Estado. Al asumir labores de vigilancia interna que no les corresponden, las fuerzas armadas se han convertido en una amenaza para los derechos humanos de la ciudadanía. Denuncias de desaparición forzada y tortura no siempre se investigan bajo esa categoría, sino como secuestro o abuso de autoridad, lo que dificulta llevar un registro preciso de ellos. Además, la justicia militar se aplica entre los propios militares y en esa medida se perpetúa la impunidad. En lo que va del actual sexenio se han registrado alrededor de 3 mil desaparecidos, incluyendo las víctimas de los secuestros (mal llamados “levantones”) ocurridos por la supuesta guerra contra el narcotráfico, pero no hay investigaciones oficiales que permitan definir la exactitud de dicho número. El gobierno mexicano carece de una política pública integral para prevenir, investigar y sancionar este delito, no garantiza el derecho de las víctimas a la reparación del daño, ni ha sido exitoso en la protección de grupos vulnerables, como niños, mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros. Por todo lo anterior, nos sumamos a la petición del grupo de trabajo de Naciones Unidas,  de que retire pronto al Ejército de las tareas de seguridad pública, generar una base de datos confiable sobre las desapariciones forzadas en el país; incluir ese delito en los códigos penales de todos los estados y crear una ley general en la materia; cumplir a cabalidad los acuerdos internacionales sobre el tema, y aprobar a la brevedad la reforma sobre derechos humanos, que debe ser aprobada por los Congreso Locales, como el de Morelos que no ha dicho cuando abordará el tema. Asimismo, reformar el Código de Justicia Militar para que todas las violaciones graves sean analizadas por tribunales civiles, y crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Demandas que hoy en Morelos cobran mayor relevancia ante los abusos militares y la movilización social que protesta por el incremento de la violencia, el feminicidio, ejecuciones de jovenes, torturas y allanamientos que deben cesar ya. Es un reclamo que nadie podrá callar.