Casos de Desaparecidos en México ante la ONU.

Boletín de prensa 28 de febrero 2012

La desaparición de Alan Israel Cerón Moreno es responsabilidad compartida por los gobiernos de Morelos y Guerrero y debe ser investigada como desaparición forzada, al igual que el caso de Jethro Ramssés Sánchez Santana, cuyo caso fue enviado al Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU por parte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. En ambos hay participación directa de funcionarios públicos. El gobierno se niega a investigar y tipificarlos como delitos de lesa humanidad y pretende seguir engañando a la población al adjudicarlos como “levantones” y  relacionados con delincuencia organizada. Por ello, antes que cualquier indemnización económica, los familiares exigen verdad y justicia.

Tres expertos independientes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU que visitaron México en marzo de 2011, responsabilizan a agentes del Estado por desapariciones en la guerra contra el narco, según un informe publicado en Ginebra.

“El Grupo de Trabajo, inició sus deliberaciones 2012 el lunes 27 de febrero. y recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos”, dice el informe, que será debatido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y concluye el 5 de marzo próximo en Ginebra. Dicho Consejo, integrado por 47 países elegidos mediante el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, entre cuyos miembros figura México.  Este Consejo dispone de expertos independientes o “relatores”, quienes obran solos o mancomunados en Grupos de Trabajo, desempeñándose honoríficamente para dar seguimiento a violaciones de los derechos humanos, lo que acontece ahora con México y las desapariciones.

“La participación del Estado en las desapariciones también está presente en el país”, sumadas a las perpetradas por “grupos del crimen organizado”, en total 346 en 2010, alrededor de 3 mil a partir de 2006, contabiliza el informe, que será sometido a un “dialogo interactivo” entre Estados, expertos de la ONU y Organizaciones No Gubernamentales” (ONG) en el seno del citado Consejo.

El documento menciona “detenciones que habrían sido cometidas por elementos militares en contra de civiles quienes habrían sido llevados a instalaciones militares”, como es el caso de Jethro Ramssés. De esta manera cobra vigor el espectro de los centros clandestinos de detención, considerados campos de concentración, donde se perdieran los rastros de varias decenas de miles de desaparecidos en las dictaduras que golpearan las poblaciones civiles del Cono Sur en décadas pasadas, un fenómeno catalogado hoy como imprescriptibles “crímenes de lesa humanidad”.

“Personal militar habría interrogado a personas detenidas”, a menudo “utilizando la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, cuya autoría podría atribuirse a “elementos del ejército y otras fuerzas de seguridad”; y a veces se observan desapariciones “por cortos periodos de tiempo”, lo que se suele denominar “levantones”, precisa el documento.

Estas detenciones se fundamentarían en que las fuerzas estatales aplicarían de forma “excesivamente amplios conceptos de cuasiflagrancia y flagrancia equiparada que permiten a cualquier persona detener a otra varias horas e inclusive días después de la comisión de un delito”, conceptos que propone erradicar inmediatamente de las normas legales.

“Las fuerzas militares se han extendido más allá de las funciones de las operaciones de seguridad”, y “no se limitan a actuar como auxiliares de las autoridades civiles y aceptar sus órdenes, sino que realizan tareas que corresponden exclusivamente” a los “civiles”, consigna la ONU, quien además revela “el temor que desanima a las víctimas a denunciar o insistir en las investigaciones sobre desapariciones forzadas”, y que “en varios casos, familiares de las personas desaparecidas forzosamente han sido objeto de intimidaciones, amenazas y represalias por haber exigido una adecuada investigación”.

Asimismo, los expertos de Naciones Unidas descubrieron durante su visita “omisiones, retrasos y falta de la debida diligencia” en las investigaciones de las desapariciones, y a su vez critican que “sean casi siempre conocidas por la jurisdicción militar”.

Justifican esa crítica en que “las alegaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por elementos castrenses”, estén “sujetas” a la “jurisdicción militar”, mientras que la ONU preconiza que deben ser abordadas “por autoridades civiles”.

“México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas”, y “un gran número de autoridades se negaría a registrar casos de desapariciones dentro del período de 72 horas después de que ocurrió la desaparición”, un período “fundamental para obtener información” sobre el desaparecido “y evitar su asesinato”, añade la ONU.

La ONU reclama garantías e insta a México a “regular el uso de la fuerza por parte del ejército y todas las corporaciones policiales como una medida preventiva respecto a las desapariciones forzadas, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad, legalidad y total respeto a los derechos humanos”.

El documento recuerda que el actual gobierno hizo saber “que el uso de las Fuerzas Armadas es temporal y limitado a determinadas regiones del país sin que se informara de un plan para retirar a las tropas militares”.

Por tanto, la ONU recomienda “considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública”, un “derecho” y un “deber” del Estado, cuyas “acciones correspondientes”, sin embargo, no pueden efectuarse “a expensas del respeto de los derechos humanos, ni permitiendo la práctica de las desapariciones forzadas”.

A tales fines la ONU subraya la necesidad de eliminar de la legislación “la detención mediante arraigo”, una medida que habilita la detención de personas “en casas de seguridad” hasta por 80 días, “sin cargos y con un contacto muy limitado con abogados y familiares, siendo “su paradero frecuentemente desconocido”.

La ONU concluye que “las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, en los ministerios públicos y las fuerzas armadas”, que “la impunidad es un patrón crónico” en México, que no realizaría “los esfuerzos suficientes” para “sancionar” a los autores, y garantizar “verdad y reparación”.

Por lo anterior es que en Morelos hemos exigido una respuesta al gobierno y nos solidarizamos con la marcha convocada por familiares para el 7 de marzo demandando la presentación con vida de Alan Israel Cerón y todos los desaparecidos que han sufrido desaparición forzada: Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

EL MERCADO “ALM”, EN LA DEFENSA DE LA IDENTIDAD Y TRADICIONES FRENTE A LAS CADENAS DE CONSUMO TRANSNACIONAL.

Marco Aurelio Palma Apodaca

Desde la época prehispánica existieron mercados importantes, se les llamaba tianquiztli, que dio origen a la palabra tianguis. El más famoso fue el de Tlatelolco, donde se encontraba frutas como; tunas, cacao,artesanías, ropa, hierbas medicinales, joyas, plumas, pescados, ahuautle, venados, xoloescuintles. Existían autoridades que cuidaban el orden y estaban atentas de que no hubiera robos. Los mercados tradicionaleshan existido en Mesoamérica desde la época prehispánica y los mismos han ido evolucionando de acuerdo al contexto social a lo largo de los siglos. En los mercados populares se puede adquirir todo tipo de productos a un buen precio y que ayudan sin duda a la economía familiar y además permite surtir pequeños comercios. El gran reto de hoy para los mercados tradicionales es la competencia que tienen que enfrentar con los nuevos centros comerciales surgidos por la globalización. Dicha lucha no se da en circunstancias iguales ya que los mercados populares no cuentan con suficientes recursos para lanzar la misma cantidad de publicidad; además de que la mayoría de ellos se encuentran generalmente abandonados por las autoridades locales, como es el caso del Mercado «Adolfo López Mateos» que es el más importante del Estado y uno de los más grandes del país; este mercado fue edificado a mediados del siglo XX, particularmente en 1961 se ordeno por Decreto su construcción en el contexto de las necesidades especificas de la gente de esa época y para que el mismo fuera un logro de carácter tanto social como colectivo y solo para el beneficio del pueblo. Hoy tenemos el compromiso de defenderlo siempre y de manera cotidiana. La sociedad actual reconoce una gran diversidad de sitios naturales y culturales de nuestro planeta, existe un consenso cada vez mayor acerca del valor que tienen prácticas culturales tradicionales como parte del patrimonio oral e intangible de la humanidad (UNESCO, 2003). Los sistemas tradicionales de organización, producción y distribución de alimentos para atender las necesidades básicas forman parte de ese patrimonio que debe ser conservado y que reflejan los elementos esenciales de una cultura. Los cambios que la sociedad globalizada provoca en todas las culturas que se incorporan al desarrollo son innegables. El desarrollo de una cultura hegemónica deja poco espacio para prácticas que no reditúen beneficios económicos inmediatos. Por esta razón el estudio de las consecuencias que políticas públicas generan de manera intencional o por omisión en la conservación de sistemas tradicionales se torna de suma importancia. El aumento de las actividades vinculadas a centros comerciales y la eliminación de los mercados populares como centros de convivencia social pueden ejemplificar los efectos de las políticas públicas; por ejemplo Cadenas de supermercados transnacionales: WAL MART,  que se tragó a Aurrerá con sus filiales Suburbia y los restaurantes Vip´s; y COSTCO, también red estadunidense, absorbió las cadenas Sumesa, Soriana y La Comercial Mexicana, así tambien las peculiares redes de tiendas chiquitas, OXXO, 7 ELEVEN al igual norteamericanas, quienes  han llevado sus tiendas hasta el corazón de las zonas populares ¿y qué mercado popular puede competir con Wal Mart que cuenta con un capital mayor que el PIB de 36 países?.

Este conjunto de redes tienen en México ventas anuales de casi quinientos mil millones de pesos que se van al extranjero, no sólo las ganancias, también la inversión en compras pues se surten de transnacionales, por ejemplo, la Nestlé les entrega el  81 y el 91.8% del café soluble y de la leche en polvo que venden respectivamente. Es claro que actualmente Costco y Wal Mart se encuentran en lucha por el monopolio total.Frente al nuevo modelo de consumo norteamericano implementado en el país a través de los grandes centros comerciales, es necesario impulsar el fortalecimiento de formas tradicionales de distribución y comercialización que se realizan habitualmente en los mercados, plazas y tianguis populares del Estado de Morelos. Es necesario diseñar leyes a nivel local con la finalidad de proteger a los mercados públicos de los grandes comercios transnacionales. (por ejemplo la regulación del uso del suelo, evitaría que se pretendan establecer en las cercanías de los mercados populares), fortalecidas con una política social de estrategia en pro de los mercados populares, de los tianguis, de las zonas de abastecimiento popular para hacerlos más eficientes, más limpios y más atractivos. Así también es indispensable implementar políticas públicas para lograr la seguridad necesaria que permita que la gente de a pie compre en los mismos y no afecte la vida y el tejido social de la comunidad, y se siga fortaleciendo una cadena de comercialización que genere fuentes de empleo. Las plazas públicas son una tradición de consumo popular que no debe perderse en la ciudad. En el Estado existen un conjunto de mercados tradicionales con sus cientos y miles de locatarios cuyo sustento familiar depende de esta actividad, por lo que tenemos que diseñar nuevas normas que ayuden a la protección de su patrimonio, y es una realidad que los mismos se encuentran en crisis y hasta en riesgo de desaparecer por la expansión desmedidas de las cadenas de supermercados, la falta de políticas públicas y el cambio en las costumbres de vida de la población, la corrupción, la falta de mantenimiento y de infraestructura, así como la ausencia de mecanismos de promoción y de proyectos de desarrollo económico al interior ha provocado mercados populares débiles e incompetentes para satisfacer las demandas del actual consumidor, además que la mayoría de sus construcciones están cada vez más deterioradas y hay problemas con las instalaciones eléctricas, además de la falta de impermeabilización. Es necesario integrar a los locatarios como beneficiarios de las políticas públicas  a través de los diversos programas sociales que se pueden implementar, asi también aplicar los recursos autogenerados que se cobran por el uso de sanitarios y estacionamientos en el mantenimiento de los mercados, solicitar a la Secretaría de Finanzas del Estado y Municipio otorgar una partida presupuestal anual para el mantenimiento de éstos, promover publicidad especializada. Priorizar y comprar  en tienditas, tianguis y mercados tradicionales, Si eres comerciante cuida precio, peso, calidad y trato al cliente. Súrtete del país. Queremos que los mercados populares como el “López Mateos” sobrevivan prosperen, porque en ellos trabajan miles de familias y son identidad de la ciudad, centros de barrio, tradición de nuestro pueblo, y queremos que ser parte del presente y contribuir en futuro incluyente.

Reparacion del daño: el derecho a la verdad

José Martínez Cruz y  Juliana García Quintanilla

!No voy a cambiar la vida de mi hijo por una indemnización económica!, contesó Rosario Ibarra cuando el gobierno ofreció indemnización económica a familiares de desaparecidos. ¿Cuánto vale la vida de una persona?, le cuestionó a los presidentes en turno.

Actualmente en Argentina se están dando indemnizaciones económicas a familiares de 30 mil desaparecidos y hay fuertes polémicas, pero ocurre luego de someter a juicio a militares y dictadores y llevarlos a prisión. En México no ha ocurrido eso. Él torturador Nazar Haro murió en la impunidad y Echeverría se mantiene protegido por el sistema. En Morelos los familiares de victimas exigen verdad y justicia, no becas, como lo publicó el esposo de Norely Janet asesinada en la Provinciana. El papá de Jethro Ramses ha explicado lo mismo. Desafortunadamente, abogados han insistido en el aspecto económico, aún antes de que concluyan los juicios. Quienes sin consulta a familiares han pedido que se generalicen las becas a victimas de feminicidio incurren en el mismo error.

La verdad de los hechos deben ser establecidos con el objetivo de reparar el daño causado a la memoria de la víctima.

Los responsables deben ser juzgados por un crimen de lesa humanidad como es la desaparición forzada y no como un delito del orden común, ya que fue cometido durante el ejercicio de sus funciones como elementos policíacos y militares.

Derecho a la verdad, al duelo y al reconocimiento del honor de los caídos en la lucha por la justicia.

Frente a un escenario de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, resulta obligado indagar. No puede haber justicia sin verdad, ni verdad sin justicia. Conocer la verdad y acompañarla de impunidad es una nueva agresión a las víctimas. Hay procedimientos para establecer la verdad histórica; hay procedimientos para establecer la verdad jurídica, para evitar la impunidad. Las víctimas exigen verdad a secas, con todas sus consecuencias. La verdad histórica tiene que llevar a la verdad jurídica. El Estado debe de hacer justicia.

El derecho a la verdad ha sido desarrollado suficientemente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, establece en sus Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Victimas ‘El acceso a información fáctica sobre las violaciones.’ El derecho de los familiares de la víctima de conocer lo sucedido a ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos mortales constituye una medida de reparación y por tanto una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares y a la sociedad como un todo..

Además, es el derecho que tienen las víctimas a que se realice una investigación respecto a la violación que han sufrido de sus derechos fundamentales para el establecimiento de la verdad histórica y de la verdad jurídica.

“Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro (Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1986; www.cidh.oas.org).” No puede permanecer como historia oficial la mentira que se construyó para ocultar y justificar los crímenes de Estado en contra de su propia población.

La restitución del daño engloba varias categorías, las cuales son previstas por la Obligación de Respetar y Hacer Respetar las Normas Internacionales de Derechos Humanos y el Derecho Humanitario, anota entre otras:

La satisfacción que incluye el reconocimiento del daño, la aceptación de responsabilidad, el pedir perdón, el que haya justicia en lugar de impunidad; La compensación e indemnización monetaria o por servicios por los daños físico y moral sufridos, los gastos, las oportunidades y los proyectos de vida sufridos. Resarcir los daños. La restitución o restablecimiento. Restitución de trabajos, pensiones, estado legal, propiedades, reputación: Restablecimiento de la situación que existiría –evidentemente, en tanto esto sea posible-, si la violación no se hubiere cometido; La rehabilitación y readaptación médica, psicológica, legal; La impunidad que se asegura en todos estos casos, es la de los altos funcionarios del Estado que son los artífices de estos crímenes.

Cuando los operarios no logran escapar de la investigación ministerial, se les suele asegurar trato preferencial, castigos cortos y beneficios de reducción de la pena.

La Corte Interamericana  ha sentado jurisprudencia de la obligación de garantía: “La prevención de las violaciones de derechos humanos, entendida como la obligación estatal de organizar todo el aparato delEstado de manera tal que se trate de disuadir la violación de los derechos humanos, y cuando ésta se produzca, se investigue, se juzgue a los presuntos autores, se los castigue con penas adecuadas respetando el debido proceso y se repare el daño sufrido.”

Y como señalo Rosario Ibarra: No estamos pidiendo que nos devuelvan huesos, menos aún reparación del daño, porque con qué le reparan a uno el daño de haberle quitado un hijo. Recibir una indemnización es darles permiso para matar.

Deben ser juzgados por todos los casos ocurridos durante su gestión. Satisfacción y garantías de no repetición. El dinero que ofrecen los gobernantes a familiares de victimas agregan ofensa al vituperio, queriendo transformarlo todo en mercancía, a lo que oponemos el grito en las calles que gritan: !Nuestras vidas valen más que sus ganancias!

Derechos humanos y seguridad ciudadana.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

México atraviesa por una grave crisis de derechos humanos. De manera contradictoria, se ha legislado para llevar a rango Constitucional este derecho y en la práctica aumentan día a día las violaciones a estos derechos. No es suficiente tener un discurso sobre derechos humanos, hay que forjar una verdadera cultura en la vida cotidiana de respeto a los mismos. Conciencia y organización de nuestro pueblo para exigir que se cumplan son el binomio insustituible para conseguir que se apliquen y ejerzan.

Los derechos humanos son progresivos, solo en la medida en que se articulan políticamente y se asumen socialmente, si se logra conjugar un proyecto con la historia y la conciencia organizada.

Derecho que no se conoce no se ejerce. A eso le han apostado los gobiernos neoliberales que niegan el conocimiento de los mismos y tratan de imponer únicamente sus concepciones ideológicas a través de leyes a modo, contradictorias o francamente retardatarias.

En ese sentido la insistencia del gobierno federal en torno a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, que legaliza acciones que desde los derechos humanos, son violatorias del derecho internacional y la dignidad humana. La militarización de la seguridad pública y la presencia del ejército en las calles han incrementado la ola de violencia. La estrategia de combate al crimen organizado ha ocasionado la existencia de miles de víctimas. A este clima de violencia se suman agravios históricos como la desaparición forzada de personas, el feminicidio, la criminalización de movimientos sociales y defensores de derechos humanos.

La guerra llevada a cabo por el gobierno de Calderón por el control monopólico del narcotráfico en México (de acuerdo al Informe Bourbaky) busca utilizar las ganancias capitalistas de este sucio negocio y no eliminarlo. Las ganancias se maximizan, las consecuencias las pagan la mayoría de la sociedad. El consumo de drogas se eleva, casi en la misma proporción que el número de muertos (más de 60 mil según algunas fuentes como el semanario Zeta, 46 mil según el sistema nacional de seguridad pública) desaparecidos (15 mil según algunas fuentes, 1500 documentados por familiares), heridos, presos, huérfanos. Las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada crecen exponencialmente, la tortura se generaliza y el temor se extiende entre poblaciones enteras por los cateos ilegales y las detenciones arbitrarias.  Es la lógica policiaca-militar autoritaria la que busca paralizar la protesta social, se criminaliza a quienes denuncian y se oponen a esta forma de imponer decisiones políticas, la antidemocracia pone en riesgo las más elementales garantías constitucionales y libertades democráticas. La violencia se enfrenta con actos de autoritarismo y  violando los derechos humanos. Las consecuencias están a la vista: Los derechos fundamentales se violan cotidianamente, y se invisibilizan. No se garantiza la justiciabilidad plena de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El capitalismo los viola sistemáticamente en aras del lucro y la ganancia. Sólo respeta el derecho a la propiedad privada de unos cuantos (1% mundial dicen los indignados, 300 familias en México señala AMLO). En un mar de pobreza (56 millones según Boltvinik), informalidad en el empleo (27 millones según Inegi), jóvenes sin acceso a educación y empleo (15 millones según la UNAM), con salarios con poder adquisitivo similar a 1976 (según Fernández Vega), estos derechos son imposible de ejercer por parte de la mayoría de la población. Están en el fondo de la injusticia social, la exclusión, la concentración del poder financiero, la desnacionalización de la economía.

 

Una política de seguridad humana requiere cambiar paradigmas sobre la seguridad pública entendida como protección de las instituciones de gobierno por una seguridad ciudadana, donde la policía esté capacitada, cercana y controlada por la población, un verdadero combate a la impunidad delictiva, así como impedir que las fuerzas armadas del Ejército y la Marina sigan realizando tareas de represión interna que constitucionalmente no les corresponden y que  ha traído un alto costo en vidas humanas, militares y policías incluidos pero sobre todo civiles. El ejército debe estar en los cuarteles y defender la soberanía nacional hoy violada por agentes de la DEA y militares yanquis. La seguridad y los derechos humanos no están peleados, deben ir juntos para enfrentar la violencia y la impunidad. Ni mano dura ni autoritarismo son la solución. Los derechos de las víctimas forman parte indisoluble de los derechos humanos. Es necesario vincular seguridad ciudadana y derechos humanos mediante una política integral que atienda las causas estructurales de la desigualdad, la injusticia y la violencia, con evitar toda clase de abusos por parte de las autoridades.