Casos de Desaparecidos en México ante la ONU.

Boletín de prensa 28 de febrero 2012

La desaparición de Alan Israel Cerón Moreno es responsabilidad compartida por los gobiernos de Morelos y Guerrero y debe ser investigada como desaparición forzada, al igual que el caso de Jethro Ramssés Sánchez Santana, cuyo caso fue enviado al Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU por parte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. En ambos hay participación directa de funcionarios públicos. El gobierno se niega a investigar y tipificarlos como delitos de lesa humanidad y pretende seguir engañando a la población al adjudicarlos como “levantones” y  relacionados con delincuencia organizada. Por ello, antes que cualquier indemnización económica, los familiares exigen verdad y justicia.

Tres expertos independientes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU que visitaron México en marzo de 2011, responsabilizan a agentes del Estado por desapariciones en la guerra contra el narco, según un informe publicado en Ginebra.

“El Grupo de Trabajo, inició sus deliberaciones 2012 el lunes 27 de febrero. y recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos”, dice el informe, que será debatido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y concluye el 5 de marzo próximo en Ginebra. Dicho Consejo, integrado por 47 países elegidos mediante el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, entre cuyos miembros figura México.  Este Consejo dispone de expertos independientes o “relatores”, quienes obran solos o mancomunados en Grupos de Trabajo, desempeñándose honoríficamente para dar seguimiento a violaciones de los derechos humanos, lo que acontece ahora con México y las desapariciones.

“La participación del Estado en las desapariciones también está presente en el país”, sumadas a las perpetradas por “grupos del crimen organizado”, en total 346 en 2010, alrededor de 3 mil a partir de 2006, contabiliza el informe, que será sometido a un “dialogo interactivo” entre Estados, expertos de la ONU y Organizaciones No Gubernamentales” (ONG) en el seno del citado Consejo.

El documento menciona “detenciones que habrían sido cometidas por elementos militares en contra de civiles quienes habrían sido llevados a instalaciones militares”, como es el caso de Jethro Ramssés. De esta manera cobra vigor el espectro de los centros clandestinos de detención, considerados campos de concentración, donde se perdieran los rastros de varias decenas de miles de desaparecidos en las dictaduras que golpearan las poblaciones civiles del Cono Sur en décadas pasadas, un fenómeno catalogado hoy como imprescriptibles “crímenes de lesa humanidad”.

“Personal militar habría interrogado a personas detenidas”, a menudo “utilizando la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, cuya autoría podría atribuirse a “elementos del ejército y otras fuerzas de seguridad”; y a veces se observan desapariciones “por cortos periodos de tiempo”, lo que se suele denominar “levantones”, precisa el documento.

Estas detenciones se fundamentarían en que las fuerzas estatales aplicarían de forma “excesivamente amplios conceptos de cuasiflagrancia y flagrancia equiparada que permiten a cualquier persona detener a otra varias horas e inclusive días después de la comisión de un delito”, conceptos que propone erradicar inmediatamente de las normas legales.

“Las fuerzas militares se han extendido más allá de las funciones de las operaciones de seguridad”, y “no se limitan a actuar como auxiliares de las autoridades civiles y aceptar sus órdenes, sino que realizan tareas que corresponden exclusivamente” a los “civiles”, consigna la ONU, quien además revela “el temor que desanima a las víctimas a denunciar o insistir en las investigaciones sobre desapariciones forzadas”, y que “en varios casos, familiares de las personas desaparecidas forzosamente han sido objeto de intimidaciones, amenazas y represalias por haber exigido una adecuada investigación”.

Asimismo, los expertos de Naciones Unidas descubrieron durante su visita “omisiones, retrasos y falta de la debida diligencia” en las investigaciones de las desapariciones, y a su vez critican que “sean casi siempre conocidas por la jurisdicción militar”.

Justifican esa crítica en que “las alegaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por elementos castrenses”, estén “sujetas” a la “jurisdicción militar”, mientras que la ONU preconiza que deben ser abordadas “por autoridades civiles”.

“México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas”, y “un gran número de autoridades se negaría a registrar casos de desapariciones dentro del período de 72 horas después de que ocurrió la desaparición”, un período “fundamental para obtener información” sobre el desaparecido “y evitar su asesinato”, añade la ONU.

La ONU reclama garantías e insta a México a “regular el uso de la fuerza por parte del ejército y todas las corporaciones policiales como una medida preventiva respecto a las desapariciones forzadas, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad, legalidad y total respeto a los derechos humanos”.

El documento recuerda que el actual gobierno hizo saber “que el uso de las Fuerzas Armadas es temporal y limitado a determinadas regiones del país sin que se informara de un plan para retirar a las tropas militares”.

Por tanto, la ONU recomienda “considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública”, un “derecho” y un “deber” del Estado, cuyas “acciones correspondientes”, sin embargo, no pueden efectuarse “a expensas del respeto de los derechos humanos, ni permitiendo la práctica de las desapariciones forzadas”.

A tales fines la ONU subraya la necesidad de eliminar de la legislación “la detención mediante arraigo”, una medida que habilita la detención de personas “en casas de seguridad” hasta por 80 días, “sin cargos y con un contacto muy limitado con abogados y familiares, siendo “su paradero frecuentemente desconocido”.

La ONU concluye que “las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, en los ministerios públicos y las fuerzas armadas”, que “la impunidad es un patrón crónico” en México, que no realizaría “los esfuerzos suficientes” para “sancionar” a los autores, y garantizar “verdad y reparación”.

Por lo anterior es que en Morelos hemos exigido una respuesta al gobierno y nos solidarizamos con la marcha convocada por familiares para el 7 de marzo demandando la presentación con vida de Alan Israel Cerón y todos los desaparecidos que han sufrido desaparición forzada: Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.