¿Qué se va y qué se queda en la lucha por los derechos humanos en Morelos durante 2016?

Estamos concluyendo un año 2016 complicado y difícil para mantener vigentes los derechos humanos en Morelos. Una violación sistemática de los derechos fundamentales por un gobierno en crisis, muestra que mientras no haya autoridades que representen verdaderamente los intereses de las mayorías, se impondrán políticas autoritarias, represivas, neoliberales y privatizadoras que son contrarias a la mayoría de la población. Nuestro mensaje de solidaridad y compromiso con quienes luchan por una sociedad diferente, parte de constatar una realidad inocultable, para fomentar las posibilidades de construir la memoria y la esperanza organizada.
Algunos elementos que aportamos sobre dos temas fundamentales, como son la desaparición forzada y el feminicidio son los siguientes (Primera parte):
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos. Falta crear el mecanismo de búsqueda y localización.
La CIDHM elaboró, promovió y logró, en conjunto con otras organizaciones de familiares y sociales, que se aprobara por el Congreso del Estado la Ley. Por lo que es reconocido por primera vez en las leyes morelenses este delito y su connotación social.
A partir del jueves 2 de septiembre del 2015, entra en vigor la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, que fue impulsada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, familiares de víctimas y ofendidos, así como organizaciones sociales, Aprobada por la recién extinta LII legislatura.
Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, cobra vigencia esta ley que durante mucho tiempo fue reclamada por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que alertaron sobre el creciente fenómeno delictivo y la tragedia de decenas de familias morelenses que hasta hoy no saben el paradero de hijos, padres, madres y hermanos.
En esta ley la desaparición forzada está tipificada como un delito imprescriptible y se prohíbe tajantemente a los servidores públicos, denegar el acceso a personal de organizaciones internacionales de derechos humanos a edificios o instalaciones en donde se presuma se pudo cometer este ilícito.
También se permite coadyuvar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con el Ministerio Público en la investigación del delito de desaparición forzada; establecer medidas cautelares para la búsqueda y localización de las víctimas; y conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario entre servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial, instituciones educativas y grupos de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, así como expertos en materia de desaparición forzada.
De acuerdo con los artículos transitorios, en tanto no se expida la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, permanecerá vigente la legislación estatal en su respectivo ámbito de aplicación.
Para efecto de instaurar el Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas Desaparecidas y el Comité Consultivo, el Ejecutivo estatal deberá emitir a la brevedad la convocatoria respectiva dirigida a la sociedad en general para que la integración de ambos órganos se concrete en un plazo máximo de 60 días hábiles. Al respecto consideramos importante no esperar todo este tiempo y que ésta convocatoria se emita a la brevedad posible para sentar precedente nacional, ahora que se está discutiendo la Ley General.
El Mecanismo y su consejo consultivo conocerá de los casos de desaparición forzada de personas a través del Ministerio Público una vez que sea presentada la denuncia ante la Fiscalía estatal, y estará integrado por cinco representantes de instituciones y dos representantes de organizaciones civiles.
Su función será dictaminar las medidas necesarias para garantizar la integridad de cualquier persona que como consecuencia de la desaparición forzada se encuentre en riesgo, y ordenar las medidas cautelares que amerite cada caso.
Además, prevé la figura de Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas, la cual consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo fundamental, recuperar la memoria histórica de los hechos y conocer la verdad jurídica de los hechos.
El estado a través de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, creará una Base de Datos con los registros de las personas fallecidas y que se encuentran en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense o en las fosas comunes designadas para la Fiscalía General del Estado, con el fin de obtener su registro morfológico y dental, así como muestras para estudios genéticos, extraídas por personal altamente especializado en el tema.
Esta información generada a partir de la Base de Datos servirá para compararlos con los registros morfológicos y dentales de la o las personas desaparecidas, así como las muestras genéticas de sus familiares.
Monitoreo y vigilancia de Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Morelos. Exigencia de cumplimiento de todas las medidas contra la violencia feminicida.
Morelos se convirtió en el Primer Estado de la República Mexicana que con el Reglamento Vigente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, logra la declartoria de Alerta de Violencia de Género.
En 2014 se solicitó de manera oficial la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Morelos. El 10 de Agosto del 2015 se decretó. En 2016 se cumplió un año de la AVG y exigimos cumplimiento de todas las medidas para proteger la vida y la libertad de las mujeres en Morelos.
En nuestra solicitud de aplicación de la Alerta de Violencia de Género, documentamos 530 casos en 13 años. Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del Gobierno actual encabezado por Graco Ramírez. 891 casos de feminicido se han documentado una vez cruzando la información con los datos de la Fiscalía y la CEDH.
Lejos de ser un problema heredado del pasado, como argumenta, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural.
Es por ello que se hace un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables. Ante este panorama, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C. emprendió una serie de acciones para difundir los Derechos Humanos de las Mujeres y sumar voces a la petición de la Alerta de Violencia de Género en el Estado.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

Agradecemos mensajes de felicitación por Reconocimiento «Ponciano Arriaga Leija 2016»

Un gran agradecimiento por sus mensajes, que son una oportunidad de compartir alegrías y esperanzas.

Ustedes nos han acompañado en este caminar por calles y veredas, elevando la voz, para protestar por cada injusticia que nos golpea y que nos degrada como seres humanos.

Saben que valoramos las muestras de solidaridad porque nos identificamos con quienes luchan cotidianamente por hacer de la dignidad una piedra de toque.

Nos parece muy importante que se reconozca el trabajo que cada integrante de la CIDHM hemos seguido en el proceso de la Alerta de Violencia de Género en Morelos, la cual solicitamos y fue decretada en 2015, porque nos da fortaleza para contnuar luchando.

Con sus palabras de felicitación escritas en diversos mensajes, reconociendo el trabajo y sumándose a la defensa, denuncia  y reclamo de justicia  para las mujeres, es una muestra de que nos estamos solas en ésta lucha.

Y tengan la seguridad que ello nos permite un respiro en medio de un clima de agresiones constantes en este trabajo en la defensa de derechos humanos que realizo desde hace 40 años en Morelos.

Este reconocimiento «Ponciano Arriaga Leija 2016» nos permite visibilizar no solamente a las personas sino a la demanda por la erradicación de la violencia feminicida en México. Nos fortalece para mantener la demanda en alto.

Atentamente.

Juliana G. Quintanilla

Coordinadora General de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

La CIDHM entregó Informe Sombra a un año AVG al Gobernador de Morelos.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos hicimos entrega del Informe Sombra a un año de la Alerta de Violencia de Género, al Gobernador del Estado, Graco Ramírez. En audiencia llevada a cabo en la Casa de Gobierno, luego  de que se reagendó, el 15 de noviembre se llevó a cabo una sesión de trabajo donde se expuso de manera amplia las conclusiones críticas y recomendaciones para el cabal cumplimiento de las medidas de Alerta de Violencia de Género para prevenir, investigar, sancionar y eliminar el feminicidio.

En ésta audiencia señalamos que el feminicidio en Morelos se puede detener con una mayor voluntad política de todas las instituciones de Gobierno. Este derecho a la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres no admite demora alguna. Uno de los acuerdos de ésta sesión es que el próximo 25 de noviembre se presentará el informe y las acciones de seguimiento con las dependencias, los 8 municipios del estado y estaremos presentes integrantes de la CIDHM.

Si bien las causas estructurales de la violencia feminicida están asociadas al sistema capitalista de injusticia social y desigualdad que estamos padeciendo, no implica que haya que esperar hasta su modificación para ver un cambio en cuanto el respeto a los derechos que como mujeres se debe tener por parte del Estado. Es urgente y necesario que se tomen sin dilación alguna todas las medidas decretadas y que no haya negligencia ni simulación alguna sin que implique sanción legal para quienes tienen la obligación y no la cumplen de prevenir, atender, sancionar y erradicar el feminicidio en Morelos.

Por todo ello es claro que no se ha logrado el objetivo fundamental de garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus Derechos Humanos.

Expresamos al Gobernador de Morelos en ésta audiencia las siguientes RECOMENDACIONES:

1. RESTITUCIÓN INTEGRAL

Tomar acciones por parte del Estado para hacer valer el artículo 11 de la Convención Americana, sobre el derecho a la honra y a la dignidad de las personas, en este caso de las mujeres victimizadas, como una medida de restitución integral del daño y garantía de no repetición. Así como asegurar que, en casos necesarios, se deben aplicar medidas cautelares y/o provisionales a favor de sus familiares, así como la atención psico-social que permita enfrentar los duelos por muertes violentas o por desaparición/desaparición forzada.

2. ACCESO PLENO A LA JUSTICIA

La Corte Interamericana ha señalado que los Estados tienen la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. Conforme a lo señalado por la Convención Americana, una de las medidas positivas que los Estados Partes deben suministrar para salvaguardar la obligación de garantía es proporcionar recursos judiciales efectivos de acuerdo con las reglas del debido proceso legal, así como procurar el restablecimiento del derecho conculcado, si es posible, y la reparación de los daños producidos.

Asimismo, ese Tribunal Interamericano ha determinado que el deber de investigar debe cumplirse con seriedad e incluye que: a) se realice con debida diligencia y de manera efectiva; b) se lleven a cabo todas las actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue; c) no depender de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares ni de la aportación privada de elementos probatorios.

3. GARANTÍAS EFECTIVAS DE NO REPETICIÓN

Las Garantías de no Repetición son acciones, medidas y procesos encaminados a evitar repetición de violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres; generar cambios en el funcionamiento de las instituciones; transformar factores estructurales de la violencia y lograr una incidencia positiva en la cultura política de la población y de las autoridades; con el fin de fortalecer la política de prevención general en contra de la Violencia Feminicida.

El objetivo de evitar la repetición de hechos o conductas que generan violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres, implica fortalecer el Estado Social de Derecho y de la Ciudadanía, así como generar contextos de convivencia pacífica y respetar la Vida Libre de Violencia de las Mujeres, por lo que es deber del Estado tomar todas las medidas pertinentes para que se haga justicia y no continúen ocurriendo estas muertes violentas de mujeres.

Además, incidir en las prácticas jurídicas con equidad y congruencia, que serian un buen ejemplo para inhibir las acciones que violan derechos de las mujeres. Buscar los medios legales para enderezar los procesos judiciales y retomar todos los elementos legales para que se aplique la ley en el marco de derechos para las mujeres.

En este sentido, solicitamos que se investigue y sancione a las y los funcionarios, jueces, magistrados, que no aplicaron las leyes nacionales y las establecidas en el marco internacional a favor de los derechos de las mujeres. Asimismo, abrir una investigación a quien o quienes por omisión, complicidad o corrupción desviaron, modificaron y permitieron cambiar la tipificación del delito de homicidio doloso a culposo para evitar que se haga justicia. Se debe considerar de parte de autoridades tomar en cuenta las leyes en su integralidad y buscar el bien común para corregir las fallas en esta materia.

Por ello insistimos que se debe armonizar la legislación local con los más altos estándares en materia de derechos de las mujeres, para superar las contradicciones existentes entre, por un lado el Código Penal en su artículo 129 que establece que no se debe sancionar a quien culposamente pudiese haber ocasionado homicidio culposo a su esposa, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en su artículo 19, que señala que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de derechos humanos, en los ámbitos público y privado conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas violentas de mujeres, así como el Artículo *213 Quintus, del Capítulo III sobre el Feminicidio, que establece: “Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acredite cualquiera de las siguientes hipótesis: Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, cualquier otra relación de hecho;” Por otro lado, se debe preparar y capacitar a las y los juzgadores en materia de derechos de las mujeres, para que al momento de juzgar incluyan estas normas, bajo la perspectiva de género. Propiciar desde los medios de comunicación un enfoque de respeto a la integridad de las mujeres, así como suspender las licencias de funcionamiento a los medios que incumplan. Finalmente, ante el alarmante crecimiento de las muertes violentas de mujeres por motivos de género, que son causadas principalmente por parejas íntimas o en el marco de relaciones familiares, se requiere la visibilización de ese fenómeno social, como algo esencial para que se puedan adoptar medidas adecuadas para erradicarlo.

4. PLAN DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN

Se observó que, en un número importante de casos de feminicidios, el agresor es la pareja o ex pareja sentimental de la víctima, ello sugiere la necesidad de un plan de reforzamiento de atención a la violencia contra las mujeres que permita una mejor atención de esta problemática desde sus primeras manifestaciones y la prevención de un escalamiento de la violencia.

5.- RECOMENDAMOS EN CASO DE MUJERES DESAPARECIDAS

Primero: Atender de inmediato las demandas de las y los familiares de personas desaparecidas.

Segundo: Llevar a cabo todas las medidas de investigación tendientes a localizar y presentar con vida a las personas desaparecidas.

Tercero: Que la Fiscalía General del Estado de Morelos aplique los Protocolos de Investigación adecuados al amparo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y la aprobada para el Estado de Morelos.

Cuarto: Exigimos que se realice y publique el Reglamento de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición de Personas para el Estado de Morelos; asimismo, señalamos que la Reciente Instalación del Comité Consultivo para la Atención de Víctimas y Familiares de Personas Desaparecidas6 es una Falta de Respeto a las Familias de personas Desaparecidas y a las Organizaciones que trabajamos en la Elaboración de Ley para el Estado de Morelos, al no tomarlas en cuenta como lo establece la misma Ley, por lo que hacemos un llamado a la Legalidad y Congruencia Política.

No más Simulación, no más Omisión, no más Revictimización.

Por la Vida y la Libertad de las Mujeres, ¡Ni Una Menos!

Juliana G. Quintanilla recibirá reconocimiento «Ponciano Arriaga Leija 2016»

Juliana G. Quintanilla obtuvo el reconocimiento de derechos humanos por su trayectoria. Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos,  expresamos nuestro agradecimiento a quienes otorgan este reconocimiento y a todas las personas y organizaciones, que han hecho posible sostener una labor durante décadas, en favor de una cultura de respeto a los derechos humanos, expresada en nuestro lema: porque amamos, luchamos!

La CDHDF da a conocer a las ganadoras del reconocimiento “Ponciano Arriaga” 2016

Boletín 231/2016

Norma Laguna Cabral y Juliana García Quintanilla, fueron merecedoras de este Reconocimiento por su compromiso y trabajo a favor de los derechos humanos.

Tras la convocatoria a la ciudadanía en general, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), miembros y grupos de la academia y de instituciones públicas para otorgar el Reconocimiento “Ponciano Arriaga Leija” 2016, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratula en anunciar que el Jurado Dictaminador otorgó este premio en la categoría de “Lucha y Defensa de los Derechos Humanos” a la activista Norma Laguna Cabral, por su compromiso y trabajo en la promoción y salvaguarda de los derechos de las mujeres; mientras que en la categoría de “Trayectoria”, a Juliana García Quintanilla, por su destacado compromiso en favor de los derechos humanos.

El Jurado consideró el trabajo de Juliana García Quintanilla, por su amplia trayectoria como defensora de derechos humanos, y militante comprometida con las causas favorables de los derechos de las mujeres, además de contribuir de manera decidida en la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos en el estado de Morelos y en la República Mexicana.

Su participación en la documentación de casos de violencia feminicida ha obtenido resultados en materia legislativa y en políticas públicas. Desde las investigaciones en coordinación con el Congreso de la Unión sobre la violencia feminicida en el Estado de Morelos, que contribuyeron a impulsar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la tipificación penal del feminicidio, en diversas entidades federativas, hasta la solicitud de Alerta de Violencia de Género, que se aceptó para ocho municipios de Morelos en agosto del 2015.

En tanto, Norma Laguna Cabral se ha destacado en su activismo y se le reconoce por su compromiso social principalmente con las mujeres. En 2010, con la desaparición de su hija, emprendió un camino para la defensa de sus derechos humanos, para posteriormente enlazarse con diversas OSC, como el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C. y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C., entre otras.

En estas agrupaciones, Laguna Cabral ha realizado una exigencia ciudadana junto con otras madres y familiares de mujeres desaparecidas, quienes integraron un espacio colectivo denominado “Mujeres y Familiares Unidas por Nuestras Hijas”, desde donde realizan marchas y manifestaciones, acciones solidarias y dan seguimiento a los compromisos asumidos por las autoridades con la finalidad de exigir justicia, verdad y memoria como sus derechos humanos fundamentales.

La CDHDF instauró este Reconocimiento como un homenaje a quienes contribuyen a la construcción de una cultura de respeto, promoción y defensa de los derechos humanos de las personas en México, en el marco del 200 aniversario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija, quien en 1847 presentó la propuesta para el establecimiento de la Procuraduría de Pobres, como institución defensora de derechos, en su natal estado San Luis Potosí.

La entrega del Reconocimiento “Ponciano Arriaga” 2016 se llevará a cabo el próximo lunes 14 de noviembre, a las 11:00 horas, en la Sala “Digna Ochoa” 1, ubicada dentro de las instalaciones de este Organismo Autónomo.